GENDARMERIA Y LA METROPOLITANA DESALOJARON EL BARRIO VECINO A LA VILLA 20
A los palos, vaciaron el Papa FranciscoPor Carlos Rodríguez
El gobierno porteño dijo que había narcos en el barrio, pero no se encontraron evidencias durante el desalojo.Imagen: Bernardino Avila
El operativo fue ayer de madrugada y se suponía que era por unas drogas que nadie encontró. Seis detenidos por resistirse.
Bajo la excusa de un allanamiento destinado a desbaratar una supuesta “mafia” relacionada con el narcotráfico –no se obtuvo ningún elemento que confirme esa denuncia del gobierno porteño–, la Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional realizaron, en la madrugada de ayer, un violento desalojo en el barrio Papa Francisco, instalado desde febrero en un terreno aledaño a la Villa 20. “Acá se produjo el desalojo violento de 500 familias, bajo la excusa de una acusación infundada que incluso vinculaba el operativo con el asesinato de una joven (Melina López, de 18 años, ocurrido hace unos días), pero lo que se hizo fue dejar sin vivienda a familias que desde hace nueve años están esperando que el Gobierno de la Ciudad cumpla con el saneamiento del predio y la construcción de viviendas dignas”, le dijo a Página/12 el legislador de Nuevo Encuentro José Cruz Campagnoli.
La actuación, tanto de la Metropolitana como de Gendarmería, fue repudiada por representantes de un amplio abanico de la política, desde el Movimiento Evita hasta el Partido Obrero y el MST-Nueva Izquierda. El diputado nacional por el Frente para la Victoria Andrés Larroque expresó su rechazo al desalojo “porque cientos de familias quedaron en la calle y el gobierno porteño no pensó en cómo asistirlos”. Larroque cargó contra la Metropolitana, a la que hizo responsable por “la brutal represión, similar a la que ocurrió en su momento en el Hospital Borda; acá golpearon a personas que sólo querían rescatar sus pocas pertenencias”.
El desalojo incluyó la destrucción, mediante el uso de topadoras, de las precarias viviendas que habían sido levantadas por las 500 familias, que estaban esperando el cumplimiento de la ley de urbanización de la Villa 20, votada hace nueve años por la Legislatura, e incumplida hasta hoy por el gobierno de Mauricio Macri. El diputado Alejandro Bodart, del MST-Nueva Izquierda, incluyó en sus críticas al secretario de Seguridad nacional por la intervención de la Gendarmería. “Sergio Berni y Mauricio Macri se jactan de echar a 500 familias con chicos a la calle a punta de pistola.”
En forma irónica, Bodart dijo que se trató de “un ‘valiente’ desalojo que corona la inacción macrista para urbanizar el barrio y la campaña de estigmatización” del barrio, por parte de los medios de difusión, a partir del asesinato de Melina López, ocurrido cerca del predio, pero cuyos autores –no identificados– nada tendrían que ver con las personas que estaban en el asentamiento, en Pola y Avenida Cruz, en Villa Lugano.
Anoche, por pedido de los legisladores que se movilizaron para tratar de frenar el violento operativo, los desalojados se debatían entre trasladarse a paradores del gobierno porteño o volver a alquilar viviendas en la Villa 20, de la que provenían. Angélica, de 52 años y Yeseña, de 18, estaban en el asentamiento con el marido de la mujer, cinco hijos, la pareja del hijo mayor y dos nietos.
“Nosotros vivíamos en la Villa 20 y pagábamos 1800 pesos mensuales para alquilar un departamentito muy chico, por eso, no bien tomaron estas tierras nos vinimos a marcar un lote”, contó Angélica. “Todos nuestros ahorros y todo nuestro trabajo de estos seis meses fueron pasados por arriba por la topadora, adelante de nuestros ojos: habíamos comprado cemento, arena, hierro y ladrillo, ya estábamos levantando nuestras propias paredes, y hoy terminamos en la calle”, dijo con dolor y bronca.
“Vinieron a las siete de la mañana, entraron a los gritos y nos sacaron a empujones y palazos. Apenas pudimos rescatar lo puesto y alguna otra cosa.” Angélica comentó que ni ellas ni los chicos habían podido comer nada hasta entrada la noche, dado que seguían deambulando por la zona a la espera de una solución al problema actual: “Dónde vamos a pasar la noche, dónde vamos a llevar a los niños”.
“El Gobierno de la Ciudad nos va a llevar a un parador, pero ¿qué solución es esa? Además, todas las familias desalojadas de acá ya deben estar buscando alquilar en la villa y, lo que no esté ya ocupado, lo deben cobrar a precio de fortuna”, concluyó. Yeseña, de 18 años, embarazada de ocho meses, en pareja con Martín, de 19, agregó: “Yo trabajo de doméstica y mi marido hace changas. No podíamos sostener un alquiler de 1700 pesos en la villa y por eso nos vinimos a la toma desde el primer día”. Todos los vecinos que estaban en el barrio creían que “como habían pasado más de seis meses, no nos íbamos a ir de acá; mi marido había empezado a construir una casa de ladrillo y chapa que nos tiraron abajo”. Les dijeron que el operativo era “un allanamiento ordenado por cuestiones de seguridad, porque había delincuentes en el barrio; acá no hay ningún delincuente, nadie fue preso por ningún delito”.
Se informó que hubo seis personas detenidas, quienes fueron indagados ayer por el fiscal Carlos Rolero. El abogado del barrio, Ramiro Geber, confirmó que se trata de Bernardo Fernández, Ramiro Ramos, Rafael Fernández, Rubén Cerasolo, Amada López y Cristian Ibarra, delegado del grupo que estaba en el asentamiento. “No se los acusa por ningún delito, sólo los detuvieron por resistencia a la autoridad.”
Marcelo Ramal, legislador del Frente de Izquierda, sostuvo que “el desalojo podrá ser celebrado por Berni o por Macri, pero no aportó nada a la crisis de vivienda de la ciudad, por el contrario, la agrava”. El diputado porteño repudió el “violento desalojo” y reclamó “el castigo a los culpables de la represión”. El diputado Pablo Ferreira, hermano de Mariano Ferreira, mostró fotos suyas en las que muestra heridas de balas de goma. Los diputados presentes denunciaron que “fueron muchos los vecinos golpeados y heridos durante el violento operativo”.
La defensa de Vidal
A pesar de las críticas que llovieron de todos los sectores, la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, ponderó el operativo conjunto entre Ciudad y Nación para desalojar el predio del barrio Papa Francisco. “Para nosotros es un paso adelante haber recuperado el terreno, volver a tener la posesión del lugar y dar un mensaje importante: que ni las mafias ni los narcotraficantes se van a apropiar de un espacio público, de un espacio que es de todos”. Sobre el incumplimiento del plan de saneamiento del lugar, se comprometió a iniciar esa tarea largamente demorada “a partir del próximo lunes”. Por su parte, el secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, criticó a la jueza Gabriela López Iñíguez, porque ordenó el desalojo “por presión de los medios y no por hechos de los que tienen que dar respuesta” los magistrados, en relación con “tres muertes ocurridas” en los alrededores del predio, desde febrero hasta hoy.
23-8-2014
Toma de Lugano
Desalojo: incidentes con la Metropolitana mientras los vecinos se organizan
Toma de Lugano
Desalojo: incidentes con la Metropolitana mientras los vecinos se organizan
El diputado Horacio Pietragalla dijo: "Varios legisladores de la ciudad y diputados nacionales fuimos agredidos a palazos y con balas de goma por la policía Metropolitana". Ocurrió cuando intentaban interceder por un joven detenido en medio del operativo.
Los habitantes del asentamiento Papa Francisco en Villa Lugano, que fueron desalojados esta mañana por policías federales y gendarmes, comenzaron a organizarse sobre la Avenida de la Cruz.
Esta tarde, diputados porteños se hicieron presentes en el lugar y fueron agredidos por personal de la policía Metropolitana, según denunciaron, entre otros, el diputado nacional del Frente para la Victoria, Horacio Pietragalla; el diputado porteño José Campagnoli (Nuevo Encuentro-FPV) y la legisladora María Rachid.
“Varios legisladores de la ciudad y diputados nacionales fuimos agredidos a palazos y con balas de goma por la policía metropolitana, cuando quisimos interceder por un joven detenido mientras se llevaba a cabo el desalojo”, contó a Télam Pietragalla. "El gobierno porteño mantiene la misma linea represora que tuvo la UCEP (Unidad de Control del Espacio Público), que tuvo la represión del Borda, y ahora este desastre”. Y dijo que “la Ciudad tendría que debería haber evaluado mejor las consecuencias de ese operativo. Acá hay cientos de mujeres, ancianos y niños, que van a pasar la noche a la intemperie y sin sus pertenencias”.
La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, María Rachid (FpV) también denunció a la Policía Metropolitana a través de su cuenta de Twitter. “Se llevaron a un pibe que casi no podía hablar del balazo y los golpes al Piñero”. “Se ‘chupan’ a un pibe en medio de la gente, le pegan a legisladores y le tiran gases a embarazadas”, escribió. Y mostró cómo golpearon a algunos legisladores. “Le pegaron al diputado Pietragalla, al Diputado Campagnoli y le pegaron dos balazos de goma al diputado Ferreyra”.
Según pudo confirmar Infojus Noticias, el diputado porteño Pablo Ferreyra recibió dos balazos de goma en el estómago por parte de la Policía Metropolitana. El hecho ocurrió cuando cuestionó la detención de un menor en el desalojo de Villa Lugano. “La Gendarmería tenía trazado un perímetro para que nadie entrara al predio, pero le permitió a Pablo y a otros diputados acceder. Cuando se acercó a la Metropolitana para preguntarle por la detención de un joven, fue recibido a palazos”, dijo un vocero de la oorganización Seamos Libres.
“Acá les pegaban a los legisladores detrás del móvil de la Metropolitana”, publicó Rachid en Twitter.
Además recordó que los habitantes de la villa advirtieron sobre la inseguridad del sector antes del crimen de Melina. “Estas familias hicieron dos marchas a la Comisaría para pedir seguridad. Liberaron la zona y ahora las acusan de delincuentes”.
Cerca de cien uniformados continuaban en el lugar junto a funcionarios de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, y el Voluntariado de Bomberos. Hay decenas de camiones dispuestos para trasladar los colchones, muebles, heladeras y enseres arrumados bajo los árboles. En el corazón de la villa las máquinas retroexcavadoras están desmantelando las casillas desde hace más de ocho horas.
Casi doscientas personas entre mujeres, hombres y niños reposaban esta tarde con sus pertenencias, mientras decidían si aceptar el refugio temporal ofrecido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o permanecen instalados en la vía pública. Los desalojados adoptaron diversas posturas. Algunos cargaron sus objetos hasta los camiones y otros siguen esperando sobre la vereda. “Vamos gente, ya perdimos, no perdamos más”, le gritó uno de ellos a un grupo que reposaba en los colchones. “Ustedes no crean en los papeles. Reunámonos y decidamos qué vamos a hacer, lleguen y opinen”, le respondió La Pony, una líder histórica de la Villa que caminaba hacia Avenida Pola seguida por un grupo de personas.
Yudith, una de las mujeres que tomó el predio desde la primera noche, hace seis meses habló con Infojus Noticias. “Los muchachos venían a jugar fútbol, corrían y le decían a Gendarmería: ‘vamos a tomarnos esta tierra, vamos a tomarnos esta tierra’. Y como los gendarmes dijeron que lo hicieran pacíficamente vinimos una noche y comenzamos a medir, distribuimos y abrimos calles”. Esta mañana a las seis, efectivos de la Gendarmería entraron a su casa. “Estábamos durmiendo cuando escuché gente gritando: ‘hay allanamiento, hay desalojo’. No se sabía nada. Yo le pedí al gendarme que no gritara porque mis niñas estaban durmiendo. Nosotros íbamos a salir, creo que no hacía falta todo esto”.
El Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, dijo hoy desde el lugar del operativo que el terreno "había que desalojarlo desde primer momento" y que por esa razón "la justicia tendría que trabajar pensando en los hechos y no en la presión mediática", expresó luego de confirmar que el desalojo se realizó - al menos hasta ese momento- en “forma pacífica”.
Cómo siguió la toma después del desalojo
En la esquina de Avenida Pola y Avenida de la Cruz, los desalojados se reunieron en círculo para decidir qué hacer. En el centro, junto a La Pony, un hombre con un trapo rojo en la cabeza lideraba: “Gente, primero, todas las organizaciones debemos unirnos para favorecer el barrio. Segundo, necesitamos hacer entrar la televisión. Y tercero, tenemos que ganar el apoyo de los legisladores”. Las cincuenta personas alrededor aplaudieron y comenzaron un cántico: “No se va, Francisco no se va”. En el otro sector, hacia Avenida Escalada, unos cuidaban sus cosas recostados en el pasto. Otros miraban el trabajo de las máquinas subidos en la copa de los árboles más altos.
El operativo, del que participaron 800 agentes, se inició a las 7, en el predio ubicado frente a la Villa 20, a metros de la avenida Cruz y Larraya de Villa Lugano, donde se creó el barrio Papa Francisco luego de que fue ocupado un terreno, el 24 de febrero de este año, informaron fuentes judiciales y del Gobierno porteño a la agencia de noticias Télam. Durante el operativo "se produjeron seis detenciones de personas que se resistieron" informó Montenegro a esa agencia y precisó que resultaron heridos "dos policías de la Metropolitana y un gendarme".
El operativo de allanamiento y desalojo fue ordenado por la jueza Gabriela López Iñíguez, titular del juzgado N°14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente:Infojus
24 de Agosto de 2014
En el operativo detuvieron a seis personas. Anoche 300 familias acampaban frente al predio de Lugano
Desalojaron por la madrugada al nuevo barrio Papa FranciscoPor orden de una jueza, actuaron la Metropolitana y la Gendarmería. Demolieron las viviendas de unas 700 familias.
El operativo ordenado por la jueza Gabriela López Iñíguez especificaba que la Gendarmería debía garantizar la integridad física de la Metropolitana. En febrero, unas 200 familias ocuparon una franja de terrenos en desuso que estaban pegados a la Villa 20 de Lugano. Durante años, ese predio había sido un depósito de automóviles secuestrados o accidentados de la Policía Federal, y varios estudios ambientales determinaron que se trata de terrenos altamente contaminados con plomo. En los seis meses que transcurrieron con aplazamientos judiciales, los vecinos construyeron casas de material que ayer fueron demolidas en cuestión de horas por las topadoras.
La vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, sostuvo que el terreno en cuestión "va a ser saneado" a partir del próximo lunes y se integrará al "Plan de urbanización de la Villa 20", plan que el macrismo desconoció sistemáticamente durante todos los años de gestión.
La funcionaria dijo que la situación de las familias la tiene que resolver la jueza porteña Elena Liberatori, quien "va a decir el orden de adjudicación de viviendas" sociales. En concreto, el GCBA ordenó una represión sin miramientos que incluyó balas de goma y palazos a legisladores (ver aparte), pero no contempló un plan de contingencia para esas familias que quedaron en la calle. Es decir que la Ciudad de Buenos Aires tuvo anoche unas 700 familias nuevas durmiendo a la intemperie.
Colchones, mesas y bolsas con ropa formaban parte del panorama en el bulevar de la avenida Cruz en la tarde de ayer. "No nos vamos a mover de acá", dijo Jonathan, de 27 años, cuando Tiempo Argentino le preguntó qué pensaba hacer. El joven estaba con su esposa y dos niñas de 4 y 3 años. Dice que lo sorprendieron de madrugada, incapaz de resistirse al desalojo y que, una vez afuera, dos policías lo acompañaron a buscar los documentos que se había dejado adentro de su casa. Jonathan trabaja en la construcción y había invertido más de la mitad de su salario para comprar los materiales con los que levantaba su casa.
Hubo seis detenidos por "resistencia a la autoridad" durante el operativo y varias personas hospitalizadas. Anoche Bernardo Fernández, Ramiro Ramos Jacinto, Rafael Fernández, Rubén Cerasolo, Amada López y Cristian Ibarra, delegado, declaraban ante el fiscal Carlos Rolero, contó el abogado Ramiro Geber a Télam.
El operativo se produjo utilizando como excusa las supuestas denuncias por la presencia de narcotraficantes y delincuentes en el barrio. El secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, vinculó el desalojo con el crimen de Melina López, una adolescente de 18 años que fue asesinada el martes de una balazo en la cabeza mientras caminaba con su novio frente al predio. "Da vergüenza que la justicia actúe por presión de los medios y no por hechos de los que tienen que dar respuesta a la sociedad", dijo Berni. Esas familias habían denunciado repetidamente el accionar de las bandas y habían colaborado generando pasillos y espacios para que la policía buscara a los delincuentes.
Elección
Temprano
El procurador general porteño, Julio Conte Grand, dijo que "la madrugada fue un buen momento" para el desalojo porque se logró "sin violencia". Aunque hubo heridos.
24 de Agosto de 2014
PABLO FERREYRA RECIBIÓ EL IMPACTO DE DOS BALAS DE GOMA EN SU CUERPO
Diputados también fueron agredidosCampagnoli, Ferreyra y Pietragalla sufrieron la furia de la Metropolitana cuando intentaron defender a una persona.
Terrible - Ferreyra mostró las marcas y difundió una foto en las redes sociales.
El diputado nacional Andrés Larroque, también en el lugar, consideró: "Nosotros no estamos de acuerdo con el desalojo y tampoco nos parece que esta sea la manera en la que debería haber sido realizado. Acá hay cientos de familias en la calle porque el gobierno porteño no pensó en cómo asistirlos. La Metropolitana ya no nos sorprende en su brutalidad, lo demostró en el Borda y hoy de nuevo acá golpeando a personas que solo querían rescatar sus pocas pertenencias".
El ex jefe de Gobierno porteño y actual diputado Aníbal Ibarra recordó que "durante siete años el Gobierno porteño abandonó ese predio e incumplió una ley que lo obligaba a descontaminar, a hacer un censo, a abrir calles y hacer viviendas, nada de esto se hizo, generando así las condiciones para la usurpación".
El vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto destacó: "Es trágico, la policía y una topadora en un barrio nos trae mucho dolor. También hay medios horadando la sensibilidad de la ciudadanía y es lo peor que nos puede pasar.
Textual
"El gobierno porteño mantiene la misma línea represora que tuvo la UCEP (Unidad de Control del Espacio Público), que tuvo la represión del Borda, y ahora este desastre. Nunca pensó en alternativas para resolver esta situación. Acá hay cientos de mujeres, ancianos y niños."
Horacio Pietragalla
FOTOGALERÍA
Perfil
LA OTRA CARA
23.08.2014
Villa Lugano
Con incidentes desalojaron el asentamiento Papa Francisco y derribaron las casillas
Villa Lugano
Con incidentes desalojaron el asentamiento Papa Francisco y derribaron las casillas
Unas 500 personas del asentamiento fueron desalojadas por la policía Metropolitana y Gendarmería. Por la tarde la policía porteña reprimió a un grupo que se resistió a abandonar el predio y varios ocupantes y legisladores resultaron heridos.
El operativo, del que participaron 800 agentes, se inició a las 7 de la mañana, en el predio ubicado a metros de la avenida Cruz y Lacarra, donde familias sin vivienda se instalaron en casillas precarias el 24 de febrero de este año.
Una vecina desalojada, que se identificó como María, dijo a Télam que "a las 7 de la mañana golpearon la puerta de la casilla y dijeron que había que desalojar el lugar. Mis hijos de 6 y 12 años se asustaron y los tuve que llevar a casa de una vecina, en la villa 20”.
A media mañana, las familias desalojadas que aguardaban en inmediaciones del predio, ingresaron para retirar sus pertenencias que, según les prometieron las autoridades porteñas, fueron llevadas a un depósito propiedad de la Ciudad de Buenos Aires.
Posteriormente, varias topadoras ingresaron al predio desalojado y derribaron las casillas que los vecinos habían construido para vivir.
Tanto el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, como el secretario de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, dijeron que el operativo se realizó "con normalidad".
No obstante, una mujer que se identificó como Beatriz dijo a Télam que "el desalojo fue violento. Nos sacaron a los golpes y empujones y no pude ir a buscar un remedio de mi hijo discapacitado, porque no me dejaron volver a entrar".
En tanto, el médico pediatra Fernando Murias que trabaja en la zona, consideró que el operativo fue "una vergüenza".
"Soy médico pediatra de la Villa 20, conozco a toda la gente que sale a trabajar y viene acá, con sus pesitos, a construir el futuro de sus hijos", dijo Murias, quien contó que junto con el "cura Franco" participaron "de la misa de los miércoles con la gente del barrio. Y yo sentía que Dios estaba allí".
En tanto, Berni, dijo que al predio “había que haberlo desalojado desde el primer momento. La justicia tendría que trabajar pensando en los hechos y no en la presión mediática".
"Fuimos los primeros en pedir el desalojo, sabíamos que esto terminaría así. Ahora hay que hacer una revisión para que esto no vuelva a suceder", dijo Berni.
"Después del desalojo, la Ciudad está trabajando con las máquinas en el lugar. Nosotros por nuestra parte haremos gestiones necesarias para preservar el predio y para que se pueda llevar adelante el plan de viviendas", sostuvo el funcionario.
Durante el operativo "se produjeron seis detenciones de personas que se resistieron" informó Montenegro y precisó que resultaron heridos "dos policías de la Metropolitana y un gendarme".
Las personas detenidas son Bernardo Fernández, Ramiro Ramos Jacinto, Rafael Fernández, Rubén Cerasolo, Amada López y Cristian Ibarra, delegado del grupo que estaba en el asentamiento, informó el abogado que los acompaña Ramiro Geber.
Para la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, el operativo de desalojo permitió "recuperar el predio para la Ciudad de Buenos Aires" y sostuvo que "no se va a permitir que las mafias ni el narcotráfico se apoderen del lugar".
La funcionaria sostuvo, además, que "la toma del espacio público no es una solución para obtener una vivienda", durante una conferencia de prensa que brindó junto a Montenegro, y el secretario de Cooperación, Darío Ruiz, en la que señaló que previo al operativo "hubo muchas instancias de diálogo y mediación" con los habitantes del lugar.
En tanto, Montenegro dijo que el operativo se llevó adelante a partir de "una orden judicial que se recibió anoche" y que se comunicó con el secretario de Seguridad de la Nación para coordinar el desalojo.
Durante la tarde, algunas de las familias optaron por retirarse por sus propios medios a casas de familiares, otros tantos se quedaron en el lugar a la espera de ser trasladados por las camionetas de Buenos Aires Presente a los paradores del gobierno, según informó a Télam la Secretaría de Habitat porteña y otros se quedaron en el lugar por fuera del predio desalojado, resistiendo la decisión de la jueza Gabriela López Iñíguez, titular del juzgado N°14 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
Diputados porteños se hicieron presentes en el lugar y fueron “agredidos por personal de la policía Metropolitana”, según denunció el diputado porteño José Campagnoli (Nuevo Encuentro-FPV).
"Fuimos con (el diputado) Pablo Ferreyra a pedir que no detengan a un pibe y me agarraron y rompieron la camisa", denunció Campagnoli.
En tanto, Ferreyra recibió tres perdigones de bala de goma, según denunció en su cuenta de la red social Twitter.
“Nosotros no estamos de acuerdo con el desalojo y tampoco nos parece que esta sea la manera en la que debería haber sido realizado. Acá hay cientos de familias en la calle porque el gobierno porteño no pensó en cómo asistirlos”, destacó el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Andrés “Cuervo” Larroque, quien también estuvo en el lugar.
Para el secretario general de La Cámpora, “la Metropolitana ya no sorprende en su brutalidad. Lo demostró en el Hospital Borda y hoy de nuevo acá golpeando a personas que solo querían rescatar sus pocas pertenencias”.
En tanto, el diputado nacional del Frente para la Victoria, Horacio Pietragalla, criticó que "el gobierno porteño nunca pensó en alternativas para resolver esta situación. Acá hubo durante meses canales de diálogo abiertos y se presentaron alternativas de urbanización, pero lo único que hicieron fue entrar con las topadoras”.
"La Ciudad tendría que debería haber evaluado mejor las consecuencias de ese operativo. Acá hay cientos de mujeres, ancianos y niños, que van a pasar la noche a la intemperie y sin sus pertenencias”, completó.
Para el secretario general de La Cámpora, “la Metropolitana ya no sorprende en su brutalidad. Lo demostró en el Hospital Borda y hoy de nuevo acá golpeando a personas que solo querían rescatar sus pocas pertenencias”.
En tanto, el diputado nacional del Frente para la Victoria, Horacio Pietragalla, criticó que "el gobierno porteño nunca pensó en alternativas para resolver esta situación. Acá hubo durante meses canales de diálogo abiertos y se presentaron alternativas de urbanización, pero lo único que hicieron fue entrar con las topadoras”.
"La Ciudad tendría que debería haber evaluado mejor las consecuencias de ese operativo. Acá hay cientos de mujeres, ancianos y niños, que van a pasar la noche a la intemperie y sin sus pertenencias”, completó.
23.08.2014
Lugano
Joven desalojada: “Tengo miedo que mi hijo nazca en la calle”
Lugano
Joven desalojada: “Tengo miedo que mi hijo nazca en la calle”
Familias desalojadas del asentamiento Papa Francisco en un operativo de la Policía Metropolitana y Gendarmería se debatían entre alojarse en paradores del Gobierno de la Ciudad, volver a alquilar a la Villa 20 o quedarse en la calle ante la falta de dinero, según contaron Angélica, de 52 años y Yeseña, de 18.
Angélica vivía en el asentamiento con el marido, cinco hijos, la pareja del hijo mayor y dos nietos.
"Nosotros vivíamos en la Villa 20 y pagábamos 1.800 pesos mensuales para alquilar un departamentito muy chico, por eso, ni bien tomaron estas tierras nos vinimos a marcar un lote", contó Angélica a Télam.
"Todos nuestros ahorros y todo nuestro trabajo de estos seis meses fueron pasados por arriba por la topadora, adelante de nuestros ojos: habíamos comprado cemento, arena, hierro y ladrillo, ya estábamos levantando nuestras propias paredes, y hoy terminamos en la calle", describió.
"Vinieron a las siete de la mañana, entraron a los gritos y nos sacaron a empujones y palazos. Apenas pudimos rescatar lo puesto y alguna otra cosa, y ni los chicos ni nosotros comimos ni tomamos nada hasta este momento", lamentó Angélica.
La desalojada dijo: "El Gobierno de la Ciudad nos va a llevar a un parador, pero ¿qué solución es esa? Además, todas las familias desalojadas de acá ya deben estar buscando alquilar en la villa y, lo que no esté ya ocupado, lo deben cobrar a precio de fortuna", estimó.
Yeseña, de 18 años, que está embarazada de ocho meses y en pareja con Martín, de 19, contó a Télam: "Yo trabajo de doméstica y mi marido hace changas. No podíamos sostener un alquiler de 1.700 pesos en la villa y por eso nos vinimos a la toma desde el primer día".
"Como ya pasaron más de seis meses, pensamos que nos íbamos a quedar acá definitivamente, y mi marido había empezado a construir una casilla de ladrillo y chapa que hoy nos tiraron abajo", dijo.
"Cuando llegaron, entraron, nos sacaron a todos de nuestras casas diciéndonos que era un allanamiento por causas de seguridad, y recién cuando nos sacaron, nos avisaron que era un desalojo".
"Ni mi marido ni yo tenemos familia en Buenos Aires y no sabemos qué vamos a hacer esta noche, porque nadie del Gobierno de la Ciudad nos vino a proponer nada. Estamos esperando que alguien nos dé una explicación y una alternativa, porque tengo miedo de que mi hijo nazca en la calle", remarcó la joven.
"Nosotros vivíamos en la Villa 20 y pagábamos 1.800 pesos mensuales para alquilar un departamentito muy chico, por eso, ni bien tomaron estas tierras nos vinimos a marcar un lote", contó Angélica a Télam.
"Todos nuestros ahorros y todo nuestro trabajo de estos seis meses fueron pasados por arriba por la topadora, adelante de nuestros ojos: habíamos comprado cemento, arena, hierro y ladrillo, ya estábamos levantando nuestras propias paredes, y hoy terminamos en la calle", describió.
"Vinieron a las siete de la mañana, entraron a los gritos y nos sacaron a empujones y palazos. Apenas pudimos rescatar lo puesto y alguna otra cosa, y ni los chicos ni nosotros comimos ni tomamos nada hasta este momento", lamentó Angélica.
La desalojada dijo: "El Gobierno de la Ciudad nos va a llevar a un parador, pero ¿qué solución es esa? Además, todas las familias desalojadas de acá ya deben estar buscando alquilar en la villa y, lo que no esté ya ocupado, lo deben cobrar a precio de fortuna", estimó.
Yeseña, de 18 años, que está embarazada de ocho meses y en pareja con Martín, de 19, contó a Télam: "Yo trabajo de doméstica y mi marido hace changas. No podíamos sostener un alquiler de 1.700 pesos en la villa y por eso nos vinimos a la toma desde el primer día".
"Como ya pasaron más de seis meses, pensamos que nos íbamos a quedar acá definitivamente, y mi marido había empezado a construir una casilla de ladrillo y chapa que hoy nos tiraron abajo", dijo.
"Cuando llegaron, entraron, nos sacaron a todos de nuestras casas diciéndonos que era un allanamiento por causas de seguridad, y recién cuando nos sacaron, nos avisaron que era un desalojo".
"Ni mi marido ni yo tenemos familia en Buenos Aires y no sabemos qué vamos a hacer esta noche, porque nadie del Gobierno de la Ciudad nos vino a proponer nada. Estamos esperando que alguien nos dé una explicación y una alternativa, porque tengo miedo de que mi hijo nazca en la calle", remarcó la joven.
23.08.2014
Villa Lugano
Toman declaración a los seis detenidos en el desalojo del barrio Papa Francisco
Villa Lugano
Toman declaración a los seis detenidos en el desalojo del barrio Papa Francisco
El profesional precisó que se trata de Bernardo Fernández, Ramiro Ramos Jacinto, Rafael Fernández, Rubén Cerasolo, Amada López y Cristian Ibarra, delegado del grupo que estaba en el asentamiento.
Durante el desalojo de esta mañana fueron detenidas estas seis personas en la comisaría 4 de la Policía Metropolitana, y esta tarde fueron trasladados a la Unidad Fiscal Sur, ubicada en Paseo Colón el 1300, donde se les está tomando declaración.
Durante el desalojo de esta mañana fueron detenidas estas seis personas en la comisaría 4 de la Policía Metropolitana, y esta tarde fueron trasladados a la Unidad Fiscal Sur, ubicada en Paseo Colón el 1300, donde se les está tomando declaración.
23.08.2014
Tras el desalojo
Pietragalla criticó el accionar de la Metropolitana y aseguró que legisladores también recibieron “palazos y balas de goma”
Tras el desalojo
Pietragalla criticó el accionar de la Metropolitana y aseguró que legisladores también recibieron “palazos y balas de goma”
El diputado nacional del Frente para la Victoria, Horacio Pietragalla, se refirió a los incidentes ocurridos en el desalojo de la villa Papa Francisco y señaló que varios legisladores de la ciudad y diputados nacionales fueron agredidos “a palazos y balas de goma por la policía Metropolitana”.
“Varios legisladores de la ciudad y diputados nacionales fuimos agredidos a palazos y con balas de goma por la policía metropolitana, cuando quisimos interceder por un joven detenido mientras se llevaba a cabo el desalojo”, contó a Télam Pietragalla.
“El gobierno porteño nunca pensó en alternativas para resolver esta situación. Acá hubo durante meses canales de diálogo abiertos y se presentaron alternativas de urbanización, pero lo único que hicieron fue entrar con las topadoras”, criticó el diputado nacional.
Finalmente, sostuvo que “la Ciudad tendría que debería haber evaluado mejor las consecuencias de ese operativo. Acá hay cientos de mujeres, ancianos y niños, que van a pasar la noche a la intemperie y sin sus pertenencias”.
23.08.2014
tras el desalojo
Larroque: “Hay cientos de familias en la calle porque el gobierno porteño no pensó en cómo asistirlos”
tras el desalojo
Larroque: “Hay cientos de familias en la calle porque el gobierno porteño no pensó en cómo asistirlos”
El diputado nacional por el Frente para la Victoria, Andrés “Cuervo” Larroque sostuvo que no está de acuerdo con el desalojo del barrio Papa Francisco, al tiempo que aseguró que ahora allí “hay cientos de familias en la calle porque el gobierno porteño no pensó cómo asistirlos”.
El secretario general de La Cámpora se refirió también a la violenta respuesta de la Policía Metropolitana ante la presencia de dirigentes políticos porteños y nacionales: “La Metropolitana ya no nos sorprende en su brutalidad, lo demostró en el Hospital Borda y hoy de nuevo acá golpeando a personas que solo querían rescatar sus pocas pertenencias”.
“Este operativo demuestra el país que quiere el PRO. Un país para unos pocos donde los pobres no tienen lugar y siempre son acusados de todos los problemas de la sociedad”, agregó.
Fuente:Telam
OPINIÓN.
Deportar no es un deporte
Por Mario Wainfeld
Pero volvamos al tema central, que levantó mucha repercusión. Es un tema que facilita la simplificación, así lo presentaron varios medios y comunicadores. Hubo incluso consultas de sitios on line (que no son encuestas, por carecer de básicos requisitos técnicos) preguntando a secas si se debe deportar a los delincuentes extranjeros. El “sí” en medios de derecha congregó multitudes.
Los ministros Ricardo Casal (sciolista) y Guillermo Montenegro (macrista), dos cuadros de la derecha nativa, bancaron la moción que tratamos. Es una pista sobre su sesgo ideológico. Dime con quién andas...
Como ya se dirá, la Ley de Migraciones 25.871 admite casos de retiro de los permisos de residencia y la salida del país de ciudadanos extranjeros con condena firme. Hasta ahí no habría ninguna novedad ni problema. Aparecen cuando Berni y sus aliados procuran igualar condena firme con detención policial, con “entradas”, con procesamiento y aún con encarcelamiento. Es sabido y remanido que para nuestro derecho sólo es culpable quien fue sancionado por el Poder Judicial.
Lo que Berni pidió, en el primer caso concreto, es una expulsión express basada en la primera información pasada por las fuerzas de seguridad. La mirada de águila de los uniformados, empero, no equivale a un debido proceso legal. Los que a veces tienen el gatillo fácil son (con más ligereza y amplitud) proclives al arresto fácil, a la discriminación, a la condena inapelable de volea. Ese es el punto en cuestión, que no se puede admitir.
Por cierto, son atendibles los pedidos de celeridad a los tribunales, a condición de no arrogarse sus facultades o delegarlas en las fuerzas de seguridad.
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La Ley 25.871 fue dictada en 2004 y reglamentada en 2010, es de pura hechura kirchnerista. Su eje vertebral es la migración concebida como derecho humano. Es una norma de calidad, humanista, coherente con la mejor tradición nacional, expresada incipientemente en el Preámbulo de la Constitución nacional. Ni qué decir que el tránsito cotidiano y la acogida a gentes de a pie provenientes de países limítrofes o cercanos entronca con el mensaje político-regional de la década. La lógica de la Unasur y la integración, tan a menudo ensalzada por los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
La ley es tan coherente cuan superadora.
Eso no obsta a que se prevean supuestos de cancelación de la residencia. Se habilitan procedimientos de expulsión contra quienes: “a) hayan obtenido documentación de modo fraudulento, b) hayan sido condenados a prisión por más de 5 años por delitos dolosos o que sean reincidentes, c) hayan residido fuera de la Argentina por más de dos años, sujeto a excepciones, d) se hayan desnaturalizado las razones que motivaron la concesión de residencia permanente, temporaria o transitoria, o cuando la instalación en el país hubiera sido subvencionada por el Estado argentino y no se cumplieran las condiciones establecidas para la subvención, e) hayan participado en genocidio, crímenes de guerra, terrorismo, crímenes contra la humanidad o actos similares, o que pertenezcan a organizaciones que puedan ser juzgadas por el tribunal penal internacional o por tribunales locales” (artículo 62).
La ley prevé que se ejecutará la expulsión del territorio nacional a los extranjeros que hayan recibido penas privativas de la libertad cuando hayan cumplido la mitad de la condena. Se extingue el resto de la pena. Regresan a su país de origen, sin permitirse su retorno.
El régimen está pensado en aras de resocialización y reinserción, objetivos primordiales de las condenas, que raramente se toman en cuenta en el cruel territorio de los hechos.
Para todos los trámites, las personas que ingresan a la Argentina tienen derecho al debido proceso ante los tribunales, a defensa profesional y a asistencia de las autoridades públicas si no están en condiciones de solventarla.
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Berni se quejó de que pocos extranjeros son procesados o condenados. El porcentaje de extranjeros alojados en cárceles es tan sólo de un 6 por ciento sobre la población total. Eso desbarata la perversa idea de que la política migratoria pueda ser una herramienta de control del delito, que era política oficial en los ’90. Vale la pena evocarla remitiendo a una nota de esa etapa firmada por nuestro compañero Eduardo Videla, desdichadamente fallecido días atrás: http://www.pagina12.com.ar/1999/99-01/99-01-21/pag03.htm
El porcentaje de condenas a quienes no son argentinos nativos, vis a vis con su total, supera en algo al de los nacionales.
El punto es estudiado a fondo en el libro El impacto de las migraciones en Argentina, presentado por la Oficina Regional para América del Sur de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Se elaboró a pedido de autoridades argentinas. Sobre este aspecto, informa y concluye: “comparativamente, los extranjeros son más frecuentemente condenados que los argentinos (...). Esta diferencia en la cantidad de personas condenadas no debe ser interpretada como un indicador de mayor criminalidad atribuida al contingente extranjero. Antes bien, debe ser considerada la hipótesis de cristalización de prácticas policiales y judiciales discriminatorias hacia los migrantes”.
La referencia al libro se agradece a Natalia Belmont, abogada especializada en la materia y referente del Movimiento 17 de Agosto, quien redondea: “Los dichos de Berni reflejan que no sólo las agencias del sistema penal no son ajenas a la xenofobia existente en la sociedad sino que además sus operadores las trasladan a sus prácticas concretas”.
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Berni afirma que no es chauvinista ni discriminador. Claro que lo que define las conductas no es cómo las rotula su emisor. Sus propuestas, en trazos gruesos, buscan agitar a sectores de opinión pública manoduristas. Esas tendencias se excitan en momentos de dificultades económicas, recesión, merma en la creación de empleo. Las réplicas antisociales o regresivas distan de ser un fenómeno doméstico.
Lampedusa, Ceuta, Melilla, las fronteras entre Estados Unidos y México, los resultados de las elecciones de la Unión Europea dan señales de época. Son preocupantes, deben suscitar rechazo, no imitación. Tampoco declaraciones imprudentes (sí que meditadas con fines proselitistas) que agiten los peores reflejos de sectores de la población.
La Argentina es un país hospitalario, los derechos de quienes migran son amplios medidos en términos internacionales. Enhorabuena y que sea por mucho tiempo. Para quienes delinquen están los tribunales y hay sanciones previstas si son condenados en procesos con todas las garantías.
Sobran cuestiones para mejorar en el servicio de Justicia, en su presteza. También mucho por revisar en la conducta de policías nacionales, provinciales o Gendarmería en su relación con el delito, temas ajenos al interés oratorio de Berni. Esos objetivos, todos, son acuciantes y necesarios.
Volver atrás con una ley pionera en materia de derechos humanos es, desde ya, una cuestión opinable. Hacerlo en contradicción con los mejores rumbos impuestos por el kirchnerismo es tan controvertible como lícito. Claro que si lo hace un funcionario nacional, eso amerita réplicas del “palo propio”. Por ahí, las exige.
Fuente:Pagina12
Deportar no es un deporte
Por Mario Wainfeld
El secretario de Seguridad, Sergio Berni, pidió deportaciones expeditivas para los extranjeros que vienen a la Argentina “sólo para delinquir”. Lo hizo en declaraciones radiales, que luego enriqueció o matizó ante otros medios. Es imposible contar con todas, también es difícil detallar los relativos vaivenes de su discurso, en especial cuando debate y grita. Berni es un funcionario nacional que se presta a la discusión cara a cara, lo que no es tan usual y debe ser bienvenido. Su estilo, despectivo y dado a la interrupción constante, deteriora algo el avance.
Pero volvamos al tema central, que levantó mucha repercusión. Es un tema que facilita la simplificación, así lo presentaron varios medios y comunicadores. Hubo incluso consultas de sitios on line (que no son encuestas, por carecer de básicos requisitos técnicos) preguntando a secas si se debe deportar a los delincuentes extranjeros. El “sí” en medios de derecha congregó multitudes.
Los ministros Ricardo Casal (sciolista) y Guillermo Montenegro (macrista), dos cuadros de la derecha nativa, bancaron la moción que tratamos. Es una pista sobre su sesgo ideológico. Dime con quién andas...
Como ya se dirá, la Ley de Migraciones 25.871 admite casos de retiro de los permisos de residencia y la salida del país de ciudadanos extranjeros con condena firme. Hasta ahí no habría ninguna novedad ni problema. Aparecen cuando Berni y sus aliados procuran igualar condena firme con detención policial, con “entradas”, con procesamiento y aún con encarcelamiento. Es sabido y remanido que para nuestro derecho sólo es culpable quien fue sancionado por el Poder Judicial.
Lo que Berni pidió, en el primer caso concreto, es una expulsión express basada en la primera información pasada por las fuerzas de seguridad. La mirada de águila de los uniformados, empero, no equivale a un debido proceso legal. Los que a veces tienen el gatillo fácil son (con más ligereza y amplitud) proclives al arresto fácil, a la discriminación, a la condena inapelable de volea. Ese es el punto en cuestión, que no se puede admitir.
Por cierto, son atendibles los pedidos de celeridad a los tribunales, a condición de no arrogarse sus facultades o delegarlas en las fuerzas de seguridad.
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La Ley 25.871 fue dictada en 2004 y reglamentada en 2010, es de pura hechura kirchnerista. Su eje vertebral es la migración concebida como derecho humano. Es una norma de calidad, humanista, coherente con la mejor tradición nacional, expresada incipientemente en el Preámbulo de la Constitución nacional. Ni qué decir que el tránsito cotidiano y la acogida a gentes de a pie provenientes de países limítrofes o cercanos entronca con el mensaje político-regional de la década. La lógica de la Unasur y la integración, tan a menudo ensalzada por los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
La ley es tan coherente cuan superadora.
Eso no obsta a que se prevean supuestos de cancelación de la residencia. Se habilitan procedimientos de expulsión contra quienes: “a) hayan obtenido documentación de modo fraudulento, b) hayan sido condenados a prisión por más de 5 años por delitos dolosos o que sean reincidentes, c) hayan residido fuera de la Argentina por más de dos años, sujeto a excepciones, d) se hayan desnaturalizado las razones que motivaron la concesión de residencia permanente, temporaria o transitoria, o cuando la instalación en el país hubiera sido subvencionada por el Estado argentino y no se cumplieran las condiciones establecidas para la subvención, e) hayan participado en genocidio, crímenes de guerra, terrorismo, crímenes contra la humanidad o actos similares, o que pertenezcan a organizaciones que puedan ser juzgadas por el tribunal penal internacional o por tribunales locales” (artículo 62).
La ley prevé que se ejecutará la expulsión del territorio nacional a los extranjeros que hayan recibido penas privativas de la libertad cuando hayan cumplido la mitad de la condena. Se extingue el resto de la pena. Regresan a su país de origen, sin permitirse su retorno.
El régimen está pensado en aras de resocialización y reinserción, objetivos primordiales de las condenas, que raramente se toman en cuenta en el cruel territorio de los hechos.
Para todos los trámites, las personas que ingresan a la Argentina tienen derecho al debido proceso ante los tribunales, a defensa profesional y a asistencia de las autoridades públicas si no están en condiciones de solventarla.
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Berni se quejó de que pocos extranjeros son procesados o condenados. El porcentaje de extranjeros alojados en cárceles es tan sólo de un 6 por ciento sobre la población total. Eso desbarata la perversa idea de que la política migratoria pueda ser una herramienta de control del delito, que era política oficial en los ’90. Vale la pena evocarla remitiendo a una nota de esa etapa firmada por nuestro compañero Eduardo Videla, desdichadamente fallecido días atrás: http://www.pagina12.com.ar/1999/99-01/99-01-21/pag03.htm
El porcentaje de condenas a quienes no son argentinos nativos, vis a vis con su total, supera en algo al de los nacionales.
El punto es estudiado a fondo en el libro El impacto de las migraciones en Argentina, presentado por la Oficina Regional para América del Sur de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Se elaboró a pedido de autoridades argentinas. Sobre este aspecto, informa y concluye: “comparativamente, los extranjeros son más frecuentemente condenados que los argentinos (...). Esta diferencia en la cantidad de personas condenadas no debe ser interpretada como un indicador de mayor criminalidad atribuida al contingente extranjero. Antes bien, debe ser considerada la hipótesis de cristalización de prácticas policiales y judiciales discriminatorias hacia los migrantes”.
La referencia al libro se agradece a Natalia Belmont, abogada especializada en la materia y referente del Movimiento 17 de Agosto, quien redondea: “Los dichos de Berni reflejan que no sólo las agencias del sistema penal no son ajenas a la xenofobia existente en la sociedad sino que además sus operadores las trasladan a sus prácticas concretas”.
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Berni afirma que no es chauvinista ni discriminador. Claro que lo que define las conductas no es cómo las rotula su emisor. Sus propuestas, en trazos gruesos, buscan agitar a sectores de opinión pública manoduristas. Esas tendencias se excitan en momentos de dificultades económicas, recesión, merma en la creación de empleo. Las réplicas antisociales o regresivas distan de ser un fenómeno doméstico.
Lampedusa, Ceuta, Melilla, las fronteras entre Estados Unidos y México, los resultados de las elecciones de la Unión Europea dan señales de época. Son preocupantes, deben suscitar rechazo, no imitación. Tampoco declaraciones imprudentes (sí que meditadas con fines proselitistas) que agiten los peores reflejos de sectores de la población.
La Argentina es un país hospitalario, los derechos de quienes migran son amplios medidos en términos internacionales. Enhorabuena y que sea por mucho tiempo. Para quienes delinquen están los tribunales y hay sanciones previstas si son condenados en procesos con todas las garantías.
Sobran cuestiones para mejorar en el servicio de Justicia, en su presteza. También mucho por revisar en la conducta de policías nacionales, provinciales o Gendarmería en su relación con el delito, temas ajenos al interés oratorio de Berni. Esos objetivos, todos, son acuciantes y necesarios.
Volver atrás con una ley pionera en materia de derechos humanos es, desde ya, una cuestión opinable. Hacerlo en contradicción con los mejores rumbos impuestos por el kirchnerismo es tan controvertible como lícito. Claro que si lo hace un funcionario nacional, eso amerita réplicas del “palo propio”. Por ahí, las exige.
Fuente:Pagina12
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