12.08.2014
DDHH
Una testigo del "juicio de los obreros" criticó la instrucción de la causa
DDHH
Una testigo del "juicio de los obreros" criticó la instrucción de la causa
Liliana Giovanelli expresó el descontento de familiares de las víctimas con la instrucción de la causa que investigó el secuestro y desaparición de trabajadores ceramistas de las fábricas Cattáneo y Lozadur, entre ellos su esposo, Juan Carlos Panizza.
"Ella expresó el enojo de familiares de las víctimas por el modo en que se desarrolló la instrucción y, en especial, por el hecho de que los casos de ceramistas secuestrados son más del doble de los elevados a juicio", dijo a Télam el abogado Ciro Annicchiarico, de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Las audiencias anteriores del "juicio de los obreros" consideraron los delitos de lesa humanidad cometidos contra obreros navales de Astarsa y Mestrina, entre otros astilleros de la Zona Norte.
"Hay algunos jueces que parece que no investigan adecuadamente y aplican la `obediencia debida`, aunque esa ley de impunidad haya sido anulada", dijo la testigo en su dura crítica a la instrucción de la causa, a la vez que agradeció al Tribunal Oral Federal por la atención con que siguió su extensa declaración.
Al margen de la audiencia, que comenzó pasado el mediodía por la demora del Servicio Penitenciario en el traslado de los procesados, Giovanelli relató a Télam que su esposo, obrero de Cattáneo, fue "detenido dentro de la fábrica el 27 de octubre de 1977".
"La patota se lo lleva a él y a dos compañeros más", a Faustino Romero y a Pedro Ponce -quien sobrevivió y contó después que había visto a Panizza "muy golpeado"-, y el mismo día "secuestraron a Jorge Ozeldín en su domicilio".
Una semana después "detienen a siete obreros de Lozadur, entre ellos cuatro mujeres": Felicidad Abadía Crespo, Dominga Abadía Crespo, Sofía Tomasa Cardozo, Elba María Puente Campo, Ismael Notaliberto, Francisco Palavecino y Ramón Pablo Villanueva.
La represión terrorista de estado apuntó contra delegados y activistas gremiales de Cattáneo y Lozadur -fábricas que ya no existen- que integraban o apoyaban a la combativa Lista Marrón, triunfante en elecciones del Sindicato Ceramista de Villa Adelina arrancadas en 1973 a la Federación nacional del sector.
Desde comienzos de 1976, todavía antes del golpe de estado, "en febrero las 3A secuestran y asesinan a Juan Pablo Lobos", relató Giovanelli. En el mismo año fueron detenidos-desaparecidos los ceramistas Segundo Figueroa y Salvador Miguel Scarpato.
En total fueron secuestrados unos 20 trabajadores de los dos establecimientos, de los cuales 13 siguen desaparecidos y sólo la mitad de las víctimas llegaron a este juicio oral como consecuencia del modo en que se desarrolló la instrucción.
Giovanelli señaló también la complicidad empresarial con la represión.
"La semana en que trabajaba a la noche, antes de las siete (de la mañana) mi esposo estaba en casa, desayunábamos juntos y después yo me iba a trabajar. Ese día, no llegaba. Yo llamo a la fábrica y me dicen que se retiró, cuando lo habían secuestrado ahí", relató.
Respecto de Lozadur, la testigo dijo a esta agencia que "hay testimonios que hablan de gente armada que recorría las secciones de la fábrica, mientras trabajaban, y varias veces el Ejército actuó en la puerta o dentro de la fábrica".
"Lozadur cierra durante una semana antes de que empiecen las desapariciones y echa a todo el personal. Cuando la gente llega a trabajar, en la puerta estaba el Ejército y no dejaba ingresar", contó sobre la cooperación represiva entre militares y patrones, que fue obviada en la instrucción de la causa.
"Hay algunos jueces que parece que no investigan adecuadamente y aplican la `obediencia debida`, aunque esa ley de impunidad haya sido anulada"Giovanelli inició las declaraciones testimoniales en la primera audiencia dedicada a los ceramistas desaparecidos durante la última dictadura, una de las dos causas del juicio iniciado el 8 de julio último, a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín.
Liliana Giovanelli, testigo en la causa
Las audiencias anteriores del "juicio de los obreros" consideraron los delitos de lesa humanidad cometidos contra obreros navales de Astarsa y Mestrina, entre otros astilleros de la Zona Norte.
"Hay algunos jueces que parece que no investigan adecuadamente y aplican la `obediencia debida`, aunque esa ley de impunidad haya sido anulada", dijo la testigo en su dura crítica a la instrucción de la causa, a la vez que agradeció al Tribunal Oral Federal por la atención con que siguió su extensa declaración.
Al margen de la audiencia, que comenzó pasado el mediodía por la demora del Servicio Penitenciario en el traslado de los procesados, Giovanelli relató a Télam que su esposo, obrero de Cattáneo, fue "detenido dentro de la fábrica el 27 de octubre de 1977".
"La patota se lo lleva a él y a dos compañeros más", a Faustino Romero y a Pedro Ponce -quien sobrevivió y contó después que había visto a Panizza "muy golpeado"-, y el mismo día "secuestraron a Jorge Ozeldín en su domicilio".
Una semana después "detienen a siete obreros de Lozadur, entre ellos cuatro mujeres": Felicidad Abadía Crespo, Dominga Abadía Crespo, Sofía Tomasa Cardozo, Elba María Puente Campo, Ismael Notaliberto, Francisco Palavecino y Ramón Pablo Villanueva.
La represión terrorista de estado apuntó contra delegados y activistas gremiales de Cattáneo y Lozadur -fábricas que ya no existen- que integraban o apoyaban a la combativa Lista Marrón, triunfante en elecciones del Sindicato Ceramista de Villa Adelina arrancadas en 1973 a la Federación nacional del sector.
Desde comienzos de 1976, todavía antes del golpe de estado, "en febrero las 3A secuestran y asesinan a Juan Pablo Lobos", relató Giovanelli. En el mismo año fueron detenidos-desaparecidos los ceramistas Segundo Figueroa y Salvador Miguel Scarpato.
En total fueron secuestrados unos 20 trabajadores de los dos establecimientos, de los cuales 13 siguen desaparecidos y sólo la mitad de las víctimas llegaron a este juicio oral como consecuencia del modo en que se desarrolló la instrucción.
Giovanelli señaló también la complicidad empresarial con la represión.
"La semana en que trabajaba a la noche, antes de las siete (de la mañana) mi esposo estaba en casa, desayunábamos juntos y después yo me iba a trabajar. Ese día, no llegaba. Yo llamo a la fábrica y me dicen que se retiró, cuando lo habían secuestrado ahí", relató.
Respecto de Lozadur, la testigo dijo a esta agencia que "hay testimonios que hablan de gente armada que recorría las secciones de la fábrica, mientras trabajaban, y varias veces el Ejército actuó en la puerta o dentro de la fábrica".
"Lozadur cierra durante una semana antes de que empiecen las desapariciones y echa a todo el personal. Cuando la gente llega a trabajar, en la puerta estaba el Ejército y no dejaba ingresar", contó sobre la cooperación represiva entre militares y patrones, que fue obviada en la instrucción de la causa.
Fuente:Telam
12.08-.2014
Liliana Giovanelli, esposa de Juan Carlos Panizza, uno de los 13 desaparecidos
Causa Obreros-Zona Norte: Testigo destacó la complicidad judicial con los secuestros de ceramistas
Liliana Giovanelli, esposa de Juan Carlos Panizza, uno de los 13 desaparecidos
Causa Obreros-Zona Norte: Testigo destacó la complicidad judicial con los secuestros de ceramistas
A la izquierda, la testigo con el retrato de su marido desaparecido.
La venalidad de un Poder Judicial que no investigó como debía sino que fue cómplice de la represión instrumentada por la dictadura con la complicidad de las patronales quedó en evidencia hoy con el valiente testimonio de Liliana Giovanelli, esposa de uno de los 13 detenidos-desaparecidos de las también desaparecidas fábricas de cerámicos Cattáneo y Lozadur. Giovanelli criticó la instrucción de la causa que investigó el secuestro de 20 trabajadores ceramistas y la desaparición de 13 de ellos, entre quienes estaba su esposo, Juan Carlos Panizza, al declarar en el "juicio de los obreros" de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Más de la mitad de los casos de secuestros no fueron elevados a juicio.
La venalidad de un Poder Judicial que no investigó como debía sino que fue cómplice de la represión instrumentada por la dictadura con la complicidad de las patronales quedó en evidencia hoy con el valiente testimonio de Liliana Giovanelli, esposa de uno de los 13 detenidos-desaparecidos de las también desaparecidas fábricas de cerámicos Cattáneo y Lozadur. Giovanelli criticó la instrucción de la causa que investigó el secuestro de 20 trabajadores ceramistas y la desaparición de 13 de ellos, entre quienes estaba su esposo, Juan Carlos Panizza, al declarar en el "juicio de los obreros" de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Más de la mitad de los casos de secuestros no fueron elevados a juicio.
"Ella expresó el enojo de familiares de las víctimas por el modo en que se desarrolló la instrucción y, en especial, por el hecho de que los casos de ceramistas secuestrados son más del doble de los elevados a juicio", dijo a Télam el abogado Ciro Annicchiarico, de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Giovanelli inició las declaraciones testimoniales en la primera audiencia dedicada a los ceramistas desaparecidos durante la última dictadura, una de las dos causas del juicio iniciado el 8 de julio último, a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín.
Las audiencias anteriores del "juicio de los obreros" consideraron los delitos de lesa humanidad cometidos contra obreros navales de Astarsa y Mestrina, entre otros astilleros de la Zona Norte, dónde a momentos de consumarse el golpe de Estado de marzo de 1976 funcionaba una coordinadora zonal intersindical.
"Hay algunos jueces que parece que no investigan adecuadamente y aplican la 'obediencia debida', aunque esa ley de impunidad haya sido anulada", dijo la testigo en su dura crítica a la instrucción de la causa, a la vez que agradeció al Tribunal Oral Federal por la atención con que siguió su extensa declaración.
Al margen de la audiencia, que comenzó pasado el mediodía por la demora del Servicio Penitenciario en el traslado de los procesados, Giovanelli relató a Télam que su esposo, obrero de Cattáneo, fue "detenido dentro de la fábrica el 27 de octubre de 1977".
"La patota se lo lleva a él y a dos compañeros más", a Faustino Romero y a Pedro Ponce -quien sobrevivió y contó después que había visto a Panizza "muy golpeado"-, y el mismo día "secuestraron a Jorge Ozeldín en su domicilio".
Una semana después "detuvieron a siete obreros de Lozadur, entre ellos cuatro mujeres": Felicidad Abadía Crespo, Dominga Abadía Crespo, Sofía Tomasa Cardozo, Elba María Puente Campo, Ismael Notaliberto, Francisco Palavecino y Ramón Pablo Villanueva.
El Terrorismo de Estado apuntó contra delegados y activistas gremiales de Cattáneo y Lozadur -fábricas que ya no existen- que integraban o apoyaban a la combativa Lista Marrón, triunfante en elecciones del Sindicato Ceramista de Villa Adelina, comicios arrancados en 1973 a la burocrática Federación nacional del sector.
Desde comienzos de 1976, todavía antes del golpe de estado, "en febrero, las Tres A secuestraron y asesinaron a Juan Pablo Lobos", relató Giovanelli.
Aquel mismo año fueron desaparecidos los ceramistas Segundo Figueroa y Salvador Miguel Scarpato, continuó.
En total, puntualizó, fueron secuestrados 20 trabajadores de los dos establecimientos, de los cuales 13 siguen desaparecidos y sólo la mitad de las víctimas llegaron a este juicio oral a consecuencia del modo negligente en que se desarrolló la instrucción.
Giovanelli señaló también la complicidad empresarial con la represión.
"La semana en que trabajaba a la noche, antes de las siete (de la mañana) mi esposo estaba en casa, desayunábamos juntos y después yo me iba a trabajar. Ese día, no llegaba. Yo llamé a la fábrica y me dijeron que se había retirado cuando en realidad lo habían secuestrado ahí adentro", relató.
Respecto de Lozadur, la testigo dijo que "hay testimonios sobre gente armada que recorría las secciones de la fábrica así como de que varias veces el Ejército actuó en la puerta o adentro mismo de la fábrica".
"Lozadur cerró durante toda una semana antes de que empezaran las desapariciones. Cerró y echó a todo el personal. Cuando la gente llegaba a trabajar, en la puerta estaba el Ejército y no la dejaba ingresar", recordó.
Está información, con ser pública, no figura en la instrucción de la causa, recordó.
Fuente:Telam
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