CAUSA ÁREA PARANÁ: VÍCTIMA DE TORTURAS DEBIÓ RESPONDER PREGUNTAS DE SU ANTIGUO INTERROGADOR.

Martes, 07 de octubre de 2014
Un juicio donde victimarios interrogan a sus víctimas
Se iniciaron las audiencias orales en la megacausa Área Paraná. El represor Jorge Appiani pudo interrogar a una de sus víctimas. “Ha sido tremendamente violento”, dijo el querellante Ayala
ahoffman@uno.com.ar
Alfredo Hoffman 

Leandro Ríos. Juez de la causa. Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

En el banquillo. Appiani, represor y abogado, formuló las preguntas que se hicieron a los comparecientes. Fotos:UNO/Juan Ignacio Pereira
“Esta última parte de la audiencia ha sido tremendamente violenta. Pienso sobre todo en mis compañeras mujeres, que han sido violadas por estos hijos de puta y van a tener que someterse a este interrogatorio. Y escuchar de nuevo que este tipo me está haciendo preguntas a mí es totalmente violento”. Así finalizó su intervención en la audiencia de ayer el expreso político Eduardo Ayala, en el juicio por lesa humanidad que tramita ante el Juzgado Federal de Paraná. En esta causa, que se realiza por escrito por aplicación de un código procesal de 1880, Ayala estuvo obligado a contestar preguntas efectuadas por el imputado Jorge Appiani, el mismo que interrogaba a los secuestrados durante la dictadura. Eran preguntas vinculadas con su militancia en los 70 que pretendían reinstalar la Teoría de los Dos Demonios.

Ayer se iniciaron las audiencias orales en la etapa de plenario de la megacausa Área Paraná, en la cual se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura cívico-militar. La jornada tuvo como nota saliente la aceptación de parte del juez Leandro Ríos de algunas de las preguntas formuladas por el imputado Appiani hacia el querellante Ayala. Antes de Ayala declaró Alicia Dasso, quien realizó lo que se denomina “ratificación” de sus anteriores testimoniales y acusó a Appiani de haber estado presente cuando fue sometida a un interrogatorio encapuchada en la Unidad Penal N° 1 de Paraná y fue obligada a firmar una declaración falsa.

A su turno Ayala, además de ratificar sus testimoniales, debió soportar un interrogatorio armado por Appiani y efectuado por intermedio del juez, en lo que se conoce como “absolución de posiciones”. Se trataba de afirmaciones sobre las cuales el testigo, por ser querellante en la causa, debía manifestar si eran verdad o si eran falsas.

El represor, quien además de exmilitar es abogado y ejerce su autodefensa, preparó 29 afirmaciones sobre las actividades políticas que desempeñaba Ayala antes del golpe de Estado y sobre el proceso en su contra en los Consejos de Guerra de la dictadura. Desde la querella pidieron la inconstitucionalidad de la absolución de posiciones –a través del abogado Marcelo Baridón– pero el juez rechazó el planteo luego de tomarse un extenso cuarto intermedio para analizar el tema. De todos modos, no hizo lugar a varias de las preguntas por considerarlas improcedentes.

Ayala sorteó la situación sin caer en las trampas del pliego que fue escrito a mano por Appiani y entregado en sobre cerrado. Finalmente, aseguró que se sintió nuevamente interrogado por el mismo represor que tenía a su cargo tomar declaración a los presos políticos en los consejos de guerra de la dictadura.

“No entiendo cómo se puede entrar en esta situación teniendo como válido lo arrancado bajo tortura. Carece totalmente de sentido”, agregó. Ayala había descripto a los consejos de guerra como verdaderos “circos”, donde no se respetaba ninguna garantía de los presos políticos. La audiencia finalizó con el público entonando canciones contra los responsables del genocidio, en respuesta a la situación planteada en la audiencia.

Antes de ser sometido a la “absolución de posiciones”, Ayala debió responder a preguntas de Appiani vinculadas con supuestas contradicciones en las testimoniales que prestó en el sumario militar efectuado por los represores, en 1981 ante el juez Jorge Enriquez en la Unidad Penal de La Plata y en sede de la Justicia federal en mayo de 1983 y –luego de reabierta la causa– en 2008.

El querellante le quitó todo valor a la declaración que le obligaron a firmar, bajo amenazas, quienes lo tenían secuestrado en 1976, en lo que denominó “un circo” y una “puesta en escena total de un supuesto juicio”. En esos consejos de guerra –fue sometido a dos: uno en la Unidad Penal 1 de Paraná y otro en el Comando de Brigada– estaba Appiani como auditor y con voz de mando.

Aclaró, por si hacía falta, que en su declaración de 2008 pudo contar más detalles de lo vivido porque anteriormente no existían garantías y “una cosa es ser indagado y otra es ser querellante”. Además expresó: “Antes la memoria estaba condicionada por el terror. Si en esa época decía la décima parte de lo que digo ahora, no llegaba ni a la esquina”.

Esta causa se tramita por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, vigente al momento de iniciada la investigación con la recuperación de la democracia. Allí se establece que el desarrollo del proceso se realiza de manera escrita, lo cual obstaculiza la difusión de los hechos ventilados, en este caso de gran significación histórica. Por este motivo, organismos de derechos humanos y querellantes solicitaron al juez Ríos que los testimonios en la presente etapa de plenario (equivalente a la instancia oral en el nuevo Código) se realicen de manera oral y pública, petición que fue avalada por el magistrado.

En la causa se investigan secuestros y torturas en centros clandestinos de detención de la costa del Paraná contra 52 personas, cinco ellas víctimas de desaparición forzada: Claudio Fink, Victorio Erbetta, Carlos Fernández, Juan Alberto Osuna y Pedro Sobko. Por esos delitos imprescriptibles están imputados los exmilitares José Appelhans, Jorge Appiani, Oscar Obaid y Alberto Rivas, el expolicía federal Cosme Demonte, la excarcelera Rosa Bidinost, el expolicía Carlos Zapata y el médico Hugo Mario Moyano.


Rechazan la revictimización de testigos en la causa
La Multisectorial de Derechos Humanos manifestó su “profunda preocupación” por la revictimización a la que serán sometidas las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura en el marco de la causa Área Paraná (cuya instancia de plenario oral y público comenzó ayer en la capital entrerriana) de persistir la posibilidad de que el represor Jorge Humberto Appiani, en ejercicio de su defensa, pueda interrogarlas durante el proceso.

En un comunicado, los organismos afirmaron que dicha situación tuvo lugar cuando el militar imputado presentó un escrito con 29 postulados a los que se debía responder por sí o por no, los cuales eran “en su mayoría absolutamente impertinentes y plagados de prejuicios”, y que le fueran efectuados mediante el juez Leandro Ríos a la víctima-querellante Eduardo Ayala.

Esto sucedió luego de que el magistrado rechazara el pedido de inconstitucionalidad de la absolución de posiciones solicitado por las querellas, que previamente y junto al Ministerio Público Fiscal observaron la gran mayoría de esas afirmaciones por contener infinidad de adjetivos y juicios tendenciosos, difamatorios e impertinentes.

Tal como advirtió Ayala ante el juez, la Multisectorial consideró que este mecanismo es “violento, revictimizador e inquisitivo, ya que somete a las víctimas de represores como Appiani a interrogatorios sobre su vida personal y militancia política similares a aquellos llevados a cabo en los ‘Consejos de Guerra’, parodia de juicio donde los militares ‘juzgaban’ a los detenidos en cautiverio y sin ninguna garantía constitucional”.

Algunas de las posiciones que Appiani presentó en sobre cerrado media hora antes de la audiencia, y que debían ser contestadas de manera afirmativa o negativa, contenían afirmaciones consideradas “bizarras” por los organismos, como que la víctima “accedió a cargos públicos con posterioridad a 1983 por el solo antecedente de su militancia en Montoneros y su detención durante el gobierno militar”, como así también afirmaciones extraídas de su declaración en cautiverio que “suscribió voluntariamente, sin ningún tipo de apremios ilegales ni vejámenes” en el acta de acusación que le imputara el fiscal del Consejo de Guerra.

“De persistir el uso de esta herramienta, es posible que víctimas de tortura, vejaciones y violaciones sexuales sean nuevamente interrogadas por aquellos que fueron responsables de esos ilícitos. Es por ello que manifestamos nuestra profunda preocupación al respecto y rechazamos esta práctica oscurantista”, finaliza el comunicado.
Fuente:DiarioUnoER

06.10.2014
Eduardo Ayala se consideró muy violentado por tener que contestarle a Appiani
Causa Área Paraná: Víctima de torturas debió responder preguntas de su antiguo interrogador

Apppiani al bajar del celular que lo condujo al juicio la semana pasada. 
Eduardo Ayala, un querellante en la Causa Área Paraná, que fue sometido a torturas y vejaciones mientras estuvo preso de la última dictadura cívico militar, consideró "tremendamente violento" que uno de los imputados por delitos de lesa humanidad y que ejerce su propia defensa por ser abogado, el capitán (R) Jorge Appiani, lo haya vuelto a interrogar a través de un cuestionario en el inicio de las audiencias públicas de esa causa. 

“Que este tipo me esté preguntando otra vez es tremendamente violento”, dijo Ayala tras responder un cuestionario de 27 preguntas elaboradas por Appiani, quien está imputado por delitos de lesa humanidad cometidos mientras se desempeñaba como auditor de la Segunda Brigada de Caballería Blindada de Paraná en Entre Ríos.

Durante la audiencia de hoy, Ayala tuvo que ratificar sus testimoniales y luego contestar el interrogatorio del Appiani,  en lo que se conoce como “absolución de posiciones”, un mecanismo en el cual el testigo, por ser querellante, debe manifestar si las preguntas son verdaderas o falsas. La querella planteó la inconstitucionalidad de la absolución de posiciones, pero el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, luego de un cuarto intermedio, rechazó el pedido.

Ayala sostuvo que, a causa del mecanismo que se sigue en la causa, se sintió nuevamente interrogado por Appiani, quien tuvo a su cargo tomar declaraciones a los presos políticos en los consejos de guerra del gobierno militar.

“No entiendo cómo se puede entrar en esta situación teniendo como válido lo arrancado bajo tortura. Esto carece totalmente de sentido”, recalcó Ayala al criticar el procedimiento.
La causa Area Paraná se tramita por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, es decir de manera escrita. La Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná, los querellantes y las víctimas solicitaron reiteradamente al juez Ríos que los testimonios de la etapa de plenario se realicen de manera oral y pública, una petición que finalmente fue aceptada por el magistrado.

En la causa se investigan secuestros y torturas en centros clandestinos de detención de la costa del Paraná contra 52 personas. De ese total, se encuentran desaparecidas Claudio Fink, Victorio Erbetta, Carlos Fernández, Juan Alberto Osuna y Pedro Sobko.

Por esos delitos están imputados los ex militares José Appelhans, Jorge Appiani, Oscar Obaid y Alberto Rivas; el ex policía federal Cosme Demonte, la directora de la Cárcel de Mujeres de Paraná, Rosa Bidinost, el ex policía entrerriano Carlos Zapata y el médico militar y de Institutos Penales, Hugo Moyano.

En la audiencia de hoy también tuvo que hacer una ratificación de sus anteriores testimoniales, la ex detenida política Alicia Dasso, quien fue secuestrada en 1976 y permaneció detenida hasta 1982.

Ayala y Dasso ratificaron en la audiencia que bajo amenazas y torturas Appiani los interrogó encapuchados y luego los obligó a firmar una declaración falsa incriminándolos.

Fuente:Telam 

07/10/2014El pliego de preguntas que pretendía Appiani “Para que jure como cierto” El juzgamiento en la Causa Área Paraná se ajusta al viejo Código de Procedimientos en Materia Penal, de 1888. Bajo ese sistema se permitía una instancia en el juicio que se denomina “absolución de posiciones”. Es el momento en que la defensa interroga al testigo querellante. Este lunes, el represor imputado, Jorge Humberto Appiani, quien se autodefiende por ser abogado, entregó un pliego de 29 preguntas para realizarle al testigo querellante Eduardo Ayala, ex detenido político cuando era un joven militante. En esta nota, se pueden leer todas las preguntas que el acusado pretendía formularle al testigo, sin ningún tipo de fundamento ni sustento y solamente para descalificarlo. Es decir, con el mismo tono y perversidad que en los interrogatorios militares, cuando se sacaban confesiones bajo tortura.ANÁLISIS DIGITAL “Para que jure como cierto”. 1- Que en el período previo al advenimiento del Gobierno Militar en 1976, el absolvente militaba clandestinamente en la organización paramilitar ‘Montoneros’. 2- Que como consecuencia de esa militancia clandestina, fue detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. 3- Que su rol en la organización paramiliatr ‘Montoneros’ era la de colaborador e informante, es decir, la obtención evaluación, clasificación y suministro de información de inteligencia sobre estructura y capacidad operacional de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad en la provincia de Entre Ríos. 4- Que en el rol a que se hace referencia en la posición precedente, el absolvente dependía operacionalmente dentro de ‘Montoneros’ de Alfredo Jacinto ramón Ghiglione y Eduardo Ramat. 5- Que como consecuencia de su militancia clandestina en ‘Montoneros’ fue indagado por las autoridades preventoras del Consejo de Guerra Especial Estable de la Subzona de defensa 22 ‘Paraná’. 6- Que ante las autoridades preventoras del Consejo de Guerra precitado, reconoció espontáneamente su militancia clandestina en ‘Montoneros’. 7- Que colaboró con las autoridades preventoras del Consejo de Guerra suministrando información sobre sus responsables y compañeros de militancia en ‘Montoneros’. 8- Que ante las autoridades preventoras del Consejo de Guerra suministró información sobre casos operativos, medios de transporte y armamento de ‘Montoneros’ disponible en la provincia de Entre Ríos. 9- Que ante las autoridades preventoras del Consejo de Guerra reconoció que su nombre de guerra o apodo dentro de ‘Montoneros’ era el de Zorro. 10- Que ante las autoridades preventoras del Consejo de Guerra suministró información sobre la detonación de un artefacto explosivo en la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia de Entre Ríos, sito en calle Laprida de Paraná. 11- Que ante las autoridades preventoras del Consejo de Guerra suministró información sobre la detonación de un artefacto explosivo en el Hotel Mayorazgo de Paraná. 12- Que ante las autoridades preventoras del Consejo de Guerra suministró información sobre la distribución de mercadería en Diamante adquirida con el producto del secuestro extorsivo de los hermanos Born. 13- Que ante las autoridades preventoras del Consejo de Guerra suministró información sobre el homicidio del general Cáceres Monié y de su esposa Sasiain de Cáceres Monié. 14- Que suscribió voluntariamente sin ningún tipo de apremios ilegales ni vejámenes la declaración que presta ante las autoridades preventoras del Consejo de Guerra. 15- Que suscribió voluntariamente sin ningún tipo de apremios ilegales ni vejámenes la notificación de cargos que le formulara el secretario del Consejo de Guerra. 16- Que suscribió voluntariamente sin ningún tipo de apremios ilegales ni vejámenes el acta de acusación que le imputa el fiscal del Consejo de Guerra. 17- Que le fue asignado un defensor militar para refutar los cargos que le imputa el fiscal del Consejo de Guerra. 18- Que prestó declaración indagatoria ante el Consejo de Guerra asistido por su defensor sin ningún tipo de apremios ilegales ni vejámenes. 19- Que suscribió su pedido de pruebas ante el plenario del Consejo de Guerra acompañando el pedimento de su defensor. 20- Que el auditor le dio lectura a las cuestiones de hecho previas a la sentencia sin exigirle ningún tipo de firma. 21- Que el Consejo de Guerra le permitió hacer uso de la palabra al concluir la etapa probatoria, sin ningún tipo de apremios ilegales ni vejámenes. 22- Que habiendo sido condenado, el auditor militar le permitió apelar a la sentencia ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, sin ningún tipo de apremios ilegales ni vejámenes. 23- Que confirmada la sentencia por el Consejo Supremo de las Fuerzas armadas, el auditor militar lo asesoró para que interpusiera recurso extraordinario que prevé la ley 4055. 24- Que el 14/07/1981 prestó declaración en la Unidad Penal de La Plata ante el juez federal de Paraná Dr. Enriquez sin formular imputación contra el ponente. 25- Que el 09/05/1983 prestó declaración en Paraná ante el juez federal Dr. Martín, sin formular imputación contra el ponente. 26- Que el 10/12/2008 prestó declaración ante la Dra. Galizzi previo asesoramiento e instrucciones de letrados y asesores de organismos de derechos humanos. 27- Que ocultó en estos actuados su militancia clandestina en ‘Montoneros’ por asesoramiento e instrucciones de letrados y asesores de organismos de derechos humanos. 28- Que percibió compensaciones económicas de la Secretaría de Derechos Humanos como consecuencia de su detención durante el Gobierno Militar de 1976-1983. 29- Que accedió a cargos públicos con posterioridad a 1983 por el solo antecedente de su militancia en ‘Montoneros’ y su detención durante el Gobierno Militar. El pliego advierte al final: “Me reservo expresamente el derecho de ampliar este pliego absolutorio en la audiencia respectiva”. Las últimas dos preguntas fueron depuradas por la magistratura a cargo de Leandro Ríos. Sin embargo, la instancia de “absolución de posiciones” se dio. Antes de someterse a las preguntas, el testigo Ayala aclaró: “Mi verdad coincide con la del imputado”. Seguidamente, Ríos le advirtió: “Si no contesta tiene una sanción que habilita a la magistratura a tomar como cierta la afirmación que no responde”. A la primera pregunta, Ayala dijo: “No”, y se cayeron las cuatro siguientes. A la sexta pregunta, el testigo respondió negativamente, y aclaró: “Ya dije que desconozco la falsedad jurídica de esos ámbitos que fueron habilitados por el Consejo. Todo lo que salga como resultado de eso, está viciado de toda nulidad jurídica de mi parte. No reconozco a ninguna autoridad militar. No me voy a poner bajo ninguna disciplina que pergeñaron esos tarados”. Con esa negativa se cayeron 20 preguntas siguientes. A la afirmación número 26, Ayala volvió a responder negativamente y aclaró: “Asesoramiento tuve por motus propio. No necesito que me asesoren”. Así se cayó también la afirmación número 27.  Las últimas dos, la 28 y 29, fueron excluidas por el magistrado. Fuente:AnalisisDigital

07/10/2014 Causa Área Paraná “Que me esté preguntando otra vez es tremendamente violento”, lamentó Ayala sobre los interrogantes que Appiani entregó en la primera audiencia oral A la primera audiencia, de los imputados sólo comparecieron dos: Appiani porque es su propio defensor; y Cosme Ignacio Marino Demonte. Para los testigos víctima citados a declarar este lunes, el inicio de las audiencias orales en el marco de la Causa Área Paraná no fue fácil. Tuvieron que aceptar que uno de los represores imputados, que a la vez es su propio defensor, Jorge Humberto Appiani, planteara los puntos sobre los cuáles se indagó a los dos deponentes. Alicia Inés Dasso y Eduardo Héctor Ayala se sometieron a esa metodología porque el expediente se tramita por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, de 1888 -vigente al momento en que ocurrieron los hechos-. Ayala, por ser querellante además de testigo, debió atravesar lo que se denomina “absolución de posiciones”, un interrogatorio en el que el declarante debe responder por sí o por no, punto por punto. En este caso, Appiani entregó un pliego con 29 preguntas que fueron depuradas por la magistratura a cargo de Leandro Ríos y quedaron 27. En el interrogatorio, el represor planteó “para que jure como es cierto”, desde que “en el período previo al advenimiento del Gobierno Militar en 1976, el absolvente militaba clandestinamente en la organización paramilitar Montoneros”; hasta que “ocultó en estos actuados su militancia clandestina en Montoneros por asesoramiento e instrucciones de letrados y asesores de organismos de derechos humanos”. Luego de atravesar la instancia, el testigo querellante expresó: “Esto es contradictorio. Estamos en un momento de democracia y estos mismos personajes utilizan esto para indagar. De este lado se siente la violencia y mucho”.De ANÁLISIS DIGITAL La Causa Área Paraná llegó este lunes a una de las instancias finales del proceso. Fueron 11 años para la instrucción, pero varios más para las víctimas del terrorismo de Estado que aún esperan justicia. Si bien para los acusados debían reservarse varios banquillos, esta mañana apenas alcanzó con un modesto asiento: el único imputado que reposó en ese lugar fue el policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte. Appiani, en tanto, permaneció junto a los defensores. El resto de los inculpados, José Anselmo Appelhans, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; la ex carcelera Rosa Susana Bidinost, el policía provincial Carlos Horacio Zapata; y el médico civil Hugo Mario Moyano, no comparecieron porque así lo permite el viejo código. Juan Carlos Trimarco también fue responsable por los delitos de lesa humanidad investigados en esta causa, pero falleció impune, al igual que otros trece represores. A todos se los juzga por secuestros, torturas, violaciones y asesinatos contra 52 víctimas, entre 1976 y 1983. Cinco de esas víctimas aún permanecen desaparecidas. Se trata de Claudio Fink, Victorio Coco Erbetta, Carlos Fernández, Juan Alberto Osuna y Pedro Sobko. El juez de sentencia es Leandro Ríos; los fiscales son José Ignacio Candioti y Mario Silva. Los querellantes Marcelo Baridón; Martín Uranga; Edgar Olivera y Juan Antonio Méndez; Florencia Amore y Marcelo Boeykens, en representación de la asociación Hijos Regional Paraná; y Lucía Tejera por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Además de Appiani que ejerce su autodefensa; José Esteban Ostolaza y Martín Clapier defienden a Moyano; Alberto Salvatelli a Bidinost; Guillermo Retamar a Demonte; y José Alberto Boxler fue designado por el Ministerio Público de la Defensa. Perica Dasso: “Hay cosas que necesito y quiero saber” Víctimas, testigos, represores, abogados, militantes por los derechos humanos, funcionarios del gobierno provincial y periodistas, entre otros, se congregaron este lunes, en el marco del inicio del juicio por la Causa Área Paraná. Los testigos estaban citados a las 9 y diligentemente, a las 9.30, en la sala de audiencias ya estaban todos ocupando su lugar. La primera declaración fue la de Alicia Dasso, Perica. La mujer se ciñó a ratificar su testimonio prestado en democracia. “Esto es una audiencia de ratificación porque ya declaró varias veces, señora”, le dijo el juez Ríos cuando la testigo ya estaba sentada frente a él. “La audiencia tiene el objetivo de solventar cuestiones que no quedaron cerradas, en torno a cuatro puntos concretos”, agregó el magistrado y le repitió que “lo que ya declaró es prueba en el expediente”. “Todas las preguntas que se le harán son a través del juez, es decir que se las formularé yo”, explicó. “Usted declaró tres veces y hubo un sumario que se hizo extrajudicialmente -en el Consejo de Guerra al que fue sometida estando en la clandestinidad-. Las observaciones que hizo la defensa son cuatro”, le adelantó el juez. “La primera es respecto de una declaración en el sumario extrajudicial. La observación de la defensa es que ese testimonio no se concatena con las declaraciones posteriores. La segunda observación refiere a cuando estaba en el penal de Devoto. El 10 de junio del 81 cambió la declaración, pero no formuló una imputación contra personal militar. En tercer término, la defensa observó que en abril del 83 denunció apremios, pero no identificó victimarios. El cuarto punto marcado por la defensa es sobre su declaración en noviembre de 2008, ya que la cambió y lo reconoció a Appiani cuando recordó un diálogo, pero no brindó precisiones respecto de sus dichos”, le precisó Ríos a la testigo. Si bien el querellante Marcelo Boyekens se opuso a que se indague a Perica por las declaraciones en situación de cautiverio, Ríos no hizo lugar a su pedido. La mujer ratificó lo testificado en democracia. “Yo me opongo a que se me exhiba la primera declaración, y a esto ya lo he dicho: fue bajo amenaza, encapuchada, amenazada por un militar. Entonces, respecto de la primera declaración reconozco mi firma, pero estaba amenazada. Sigamos con la segunda”, planteó la mujer. Sobre la declaración del 10 de junio del 81, Dasso también reconoció su estampa personal. “La firma es mía, lo conceptual me pertenece. Pero la situación en la que estábamos las mujeres que nos habían llevado a Villa Devoto, particularmente a las condenadas por el Consejo de Guerra ilegal, no era fácil. Reconozco mi firma, pero las condiciones no daban para contar con lujo de detalle lo que me había sucedido”. “En abril del 83, también considero que las condiciones no estaban listas para pensar en democracia porque fue abril y no diciembre. Además, a los diez días de esa declaración fui madre otra vez. No obstante las condiciones estaban de alguna manera más abierta. Estábamos acompañados por nuestros abogados y comencé a ampliar sobre las amenazas que sufrimos durante el Consejo de Guerra, aunque estábamos muy dudosos que esto siguiera así. Hablo en plural porque mi familia fue perseguida, pero también por todos aquellos que estaban desaparecidos o muertos. No pensábamos que el cambio democrático se iba a dar como fue. Y la ampliación fue hasta donde los abogados no aconsejaron”, recordó. “Luego de todas las vicisitudes de la democracia me dediqué a pedir justicia. En 2008, cuando se desarchivaron las causas, conté lo que realmente fue. Un día me llamaron desde la UP 1, yo estaba en la UP 6. Me llevaron encapuchada para hacerme firmar una declaración. Esa es la que está en el sumario. Ahí se presentó Appiani con nombre y apellido. Yo estaba encapuchada. Se dio un diálogo que él cuestionó porque yo tenía un familiar que había muerto unos meses antes, que estaba en el Ejército. Además, mi papá había sido liberado dos meses antes. Hablamos de dos o tres nombres más que no los declaré en 2008, porque no los recuerdo. Ese familiar era José Mundano. Ese es uno de los diálogos”, contó Dasso. “El otro es respecto de Claudio Fink. Yo trabajaba en Acción Social del municipio y Claudio en Contaduría. Él me llevaba a la terminal todos los días porque mi marido ya estaba detenido. Claudio vivía a tres cuadras de la Municipalidad. Cuando Appiani me leyó las cosas que yo iba a firmar en la declaración, me dijo ‘no te hagás la boluda porque lo tenemos a Claudio Fink’. En ese momento sabía que Claudio había desaparecido. Desde ahí pretendió hacerme firmar apuntándome con una pistola. Si bien todo el tiempo estuve encapuchada, él dio su nombre. Si no lo dije en el 81 fue porque no pude, pero el diálogo fue con Jorge Appiani”, determinó. “Quiero dejar en claro las circunstancias. Nuestra situación no es que ha cambiado, si no que hoy podemos contar las cosas tal cual nos sucedieron. Yo todavía pregunto dónde está Claudio Fink, Sobko, Erbetta... Esas son las cosas que hoy necesito y quiero saber. Además, si hay algo que quiero pensar en este momento son mis viejos. Ellos no me vieron en libertad porque murieron cuando estaba detenida y no pude enterrarlos. Mi papá era idealista de la justicia, abogado. Creyó que inmediatamente íbamos a salir en libertad y terminar con todo esto, y hoy estamos acá”. La testigo precisó que vio “muchas veces” a Appiani y agregó: “Fue encargado de hacernos firmar la condena. El día que nos condenaron en UP1, en la escena circense del Consejo de Guerra. Él se identificaba con nombre y apellido”. La declaración de Dasso se dio en un marco de puja: los fiscales y las querellas querían que la mujer amplíe sobre otros puntos, más allá de los cuatro ejes que había definido Appiani. Todos pidieron, de una u otra forma, que se le habilite a Dasso otro tipo de relato. En todos los casos, los pedidos fueron negados por el magistrado. “De acuerdo a la resolución del proveído de prueba, los puntos que tiene que contestar la testigo no sólo son los versados por Appiani”, planteó la abogada Lucía Tejera. “La magistratura entiende que debe responder sobre estos cuatro puntos”, acotó de inmediato el juez. “Necesitamos justicia. Que se explique qué pasó. Sé que la justicia no conoce algunas cosas, pero son ellos -los represores- los que no han hablado. Los imputados son los que nos mataron y persiguieron, y seguimos pidiendo justicia. Me acuerdo de Pepita Goyeneche, de Amanda Mayor, de Clarita Fink, de todas las madres que nos enseñaron el camino de la justicia…”, dijo Perica, una de las últimas veces que se pronunció en la audiencia. Appiani: “No se me permite interrogatorio” En este marco, Appiani tampoco dejó de insistir para preguntar aún más de lo que ya se le había permitido. “Ella me adjudica intervención en un trámite de Consejo de Guerra, pero yo no era el auditor”, se regodeó el represor. El juez le advirtió que se ajuste a lo que ya se había definido como preguntas. Appiani probó una y otra vez, pero como Ríos no se lo permitió, terminó amenazando con apelaciones, nulidades, y un planteo de reposición en audiencia. Por último, pidió: “Que se deje constancia en actas que no se me permite interrogatorio”. Eduardo Ayala: “Había una nube de terror sobre las libertades y derechos personales” “Respecto de la declaración en el sumario militar realizada en el 76, desconozco totalmente su contenido, como lo dije cuando me hicieron firmar obligado quienes me tenían secuestrado. Al respecto del Consejo de Guerra militar llevado a cabo, ratifico los términos de puesta en escena teatral de un supuesto juicio llevado a cabo por personas que desconozco. No tiene nada que ver con un juicio. Las firmas son mías pero estampadas en circunstancias de amenaza. El consejo era dirigido por Zapata, que posteriormente fue director de Penitenciaría en la provincia. Appiani que cumplía funciones de auditor, o no sé de qué tipo, andaba constantemente por ahí. A posteriori del Consejo ingresó en una oportunidad a la cárcel: nos encontrábamos en la celda y entró con otra gente para hacer un control de seguridad o riesgo. Controlaron los barrotes del patio de adelante y otros menesteres. Dirigió el operativo”, recordó Eduardo Ayala. “El Consejo de Guerra fue bajo amenaza. Estaba encapuchado. Después me pasaron a una dependencia de adelante, donde me obligaron a firmar la declaración. Otra fue en el edificio del Comando Paraná. Nos ingresaron por calle Urquiza y nos hicieron subir al primer piso, nos hicieron pasar por una mesa grande donde había elementos, armas. Pasé y dije lo que desconocía y me hicieron firmar coaccionado una declaración. En las circunstancias que fui trasladado a ese lugar, encapuchado y esposado”. Ayala recordó que “en la cárcel de La Plata nos pasaban una canción todas las noches que decía ‘te agradezco señor un día más’. Cortaban ahí y apagaban las luces. Estábamos constantemente amenazados. En esas circunstancias fui entrevistado por un juez federal y estuve no menos de 90 días en una cárcel, pero no estaba encausado, ni procesado, ni condenado y nos decían que estábamos bajo área militar. Hasta que llegó el juez Enriquez el 14 de julio del 81, en un intento de concretar los propósitos que tenía, me fue a indagar en calidad de imputado. Pero nunca se me preguntó si habían torturado, matado, no se me preguntó porque no era el objetivo”. Recién en del 83, Ayala se anima a mencionar algunos nombres. “Insisto en la cuestión temporal y las circunstancias. Esa declaración fue realizada ante un juez que uno no sabía hasta dónde tiraba la cuerda ahí. Uno no caminaba por las veredas de Paraná tranquilamente, había expresiones de amenazas constantes. Era una libertad muy condicionada. No había democracia”, recordó. Sobre su declaración de 2008, dijo que la cambió respecto de las anteriores porque “una cosa es ser procesado y otra ser querellante”. “El grado de detalle está dado por las circunstancias políticas democráticas permiten avanzar con los derechos y libertades. Hay mayor garantía que las informaciones que uno pueda dar vayan a dar con un propósito de justicia”. Asimismo, sumó: “La memoria es una cuestión dinámica. Uno se va acordando de más cosas que antes reprimió por el terror que invadió un pueblo entero. Había una nube de terror sobre las libertades y derechos personales. Si decía en ese momento lo que digo acá, no llegaba ni a la esquina. Y a eso lo saben todos. Esto permite que se avance un poquito más sobre la impunidad y la justicia”. “En una cuestión tan grave -y nos estamos dando cuenta la gravedad de los tormentos y el ataque a la vida humana-, no tengo necesidad de mentir acusando a alguien porque se me ocurre. Creo que hay otras personas que tuvieron otros elementos para señalar nombres e identificar características. Pero yo sé que estaban ahí, aunque no puedo adjudicar un hecho concreto porque estaba encapuchado y sería faltar a la verdad. Pero estaban y andaban ahí, sabedores son”, acotó el testigo querellante. Sobre el “escenario circense que significó el Consejo de Guerra, y ante la pregunta de Appiani sobre si contó con defensa, Ayala recordó: “Pusieron una lista para que eligiéramos un defensor. Agarré un veterinario que estaba haciendo la colimba tardía porque yo soy ingeniero agrónomo y tal vez podíamos hablar de vacas. Pero fueron cinco minutos que estuve con él y nada más. Fue una cuestión netamente formal. Pero eso no tiene ninguna situación de análisis jurídico. Eso fue una payasada. Para desconocer. Que aparezca un tipo como defensor que no me defendió nunca de nada. Tiene que haber estado en el Consejo porque había un grupo de personas que estaban ahí. Pero decían cosas como ‘30 años, no pará, 25 más, 25 más...’ sobre la condena. En ningún momento le dimos importancia y creo que ellos tampoco. Había que buscar que opiniones internaciones tuvo el Consejo de Guerra que fue el hazme reír de toda Europa”. Antes de la “absolución de posiciones”, Ayala declaró: “Estuve preso en la UP de La Plata. De ahí se me sacó encapuchado. Es paradójico porque no conozco una sola vereda de La Plata. Cuando me sacaron pensé que pasaba lo peor. Se me llevó a una comisaría. Me bajaron y dijeron ‘este va a pedido del juez federal de Paraná’. Me cargaron de vuelta al celular, encapuchado, y llegamos a la Coordinación General de Buenos Aires. Me sacaron 25 mil fotos. Hubo un responsable militar de esa Coordinación General gritando que yo era de él. ‘Este es mío y no se me escapa’. Era el responsable máximo de la coordinación en ese momento. Luego me llevaron de vuelta al calabozo. Estuve varios días ahí y después me trajeron acá”. Absolución de posiciones La segunda parte de la declaración de Ayala fue una “absolución de posiciones”. Como en esta instancia, Appiani entregó un pliego con 29 preguntas para el testigo, se necesitó de un cuarto intermedio para que las partes pudieran analizarlas. En este punto, la querella ejercida por Marcelo Baridón planteó la inconstitucionalidad de la instancia. “Appiani está imputado por delitos de lesa humanidad. Pero esta suerte de arqueología jurídica nos presenta ante este escenario, donde Appiani puede exigirles a los testigos cuestiones que incluso tienen que ver con su vida personal. Claramente viola la igualdad de armas. No puedo dejar de poner en evidencia estas asimetrías procesales. Me opongo a que este testigo o cualquiera sean sometidos a la absolución de posiciones”, argumentó Baridón. Después de un extenso nuevo cuarto intermedio, el planteo de inconstitucionalidad fue rechazado. De las 29 preguntas que formuló Appiani, quedaron 27. Como el testigo querellante respondió negativamente a la primera, se cayeron varias de las siguientes. Así fue hasta llegar al final de la “absolución de posiciones”. “Esto no se da todos los días y creo que es una responsabilidad y fundamentalmente un derecho y deber expresar lo que significa para mí. Esta última parte de la audiencia, es tremendamente violenta. No sólo en mi caso, sino que me pongo a pensar en mis compañeras violadas por estos hijos de puta. De cosas devenidas de tortura y todo tipo de violencia física y moral. No lo entiendo desde el punto de vista personal. Cuando se tienen en cuenta cómo válidas declaraciones de un consejo de tortura, me parece que no tiene sentido. Hay que escuchar. Esto es una cosa contradictoria, que estemos en un momento de democracia y que estos mismos personajes puedan utilizar esto para indagar. De este lado se siente la violencia y mucho. Escuchar que este tipo me está preguntando otra vez a mí, es tremendamente violento”, cerró la víctima. Fuente:AnalisisDigital