CONDENAN A UN DOCENTE POR DENUNCIAR A UN PCI
Un fallo para el espía
En Bahía Blanca, la Justicia decidió que un profesor indemnice a un colega que se sintió ofendido por una campaña de denuncia sobre su rol como agente de la dictadura.
En la Universidad del Sur sigue cajoneado el juicio académico a Néstor Montezanti
La Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca dispuso que un docente de la Universidad Nacional del Sur deberá pagarle 70 mil pesos al ex agente de inteligencia de la dictadura Néstor Luis Montezanti, conjuez de la Cámara Federal de esa ciudad, por lacerar su “privacidad, tranquilidad y honra” al difundir un afiche con su foto, sonriente y con boina militar, con la leyenda “Fuera de la UNS”. El fallo se conoció la misma semana en que se cumplieron tres años del pedido de juicio académico a Montezanti, que hiberna en el Consejo Departamental de Derecho de la UNS, controlado por abogados cercanos al magistrado. La Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti se movilizó el lunes a la sede del consejo para exigir que se expida, y le recordó al decano Andrés Bouzat y al vicedecano José Luis Centurión que están vencidos todos los plazos que fija el reglamento de juicios académicos.
La Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca dispuso que un docente de la Universidad Nacional del Sur deberá pagarle 70 mil pesos al ex agente de inteligencia de la dictadura Néstor Luis Montezanti, conjuez de la Cámara Federal de esa ciudad, por lacerar su “privacidad, tranquilidad y honra” al difundir un afiche con su foto, sonriente y con boina militar, con la leyenda “Fuera de la UNS”. El fallo se conoció la misma semana en que se cumplieron tres años del pedido de juicio académico a Montezanti, que hiberna en el Consejo Departamental de Derecho de la UNS, controlado por abogados cercanos al magistrado. La Coordinadora por el Juicio Académico a Montezanti se movilizó el lunes a la sede del consejo para exigir que se expida, y le recordó al decano Andrés Bouzat y al vicedecano José Luis Centurión que están vencidos todos los plazos que fija el reglamento de juicios académicos.
Titular de tres cátedras en el Departamento de Derecho de la UNS, Montezanti revistó como Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Destacamento de Inteligencia 181 de Bahía Blanca, donde prestaban servicio los interrogadores del centro clandestino La Escuelita y varios de los condenados a prisión perpetua en el primer juicio a represores de la ciudad. Quien lo presentó a fines de 1980 fue el coronel José Osvaldo Riveiro, notorio miembro de la Triple A, actualmente prófugo, que dijo conocerlo desde 1975. Según el listado de PCI difundido por el general César Milani, Montezanti, que ya era profesor en la UNS, se desempeñó como “asesor universitario”. Según su foja de calificaciones de mayo de 1982, la última como PCI, era “asesor de la 1ª Sección Ejecución”.
El profesor Dante Patrignani promovió en octubre de 2011 ante el rector Guillermo Crapiste el juicio académico de Montezanti. Tres meses antes, la Asamblea Universitaria había declarado que “la participación en tareas de inteligencia durante la dictadura cívico-militar está reñida con toda norma ética y moral aceptable, dentro de la comunidad universitaria en particular y en el marco ciudadano en general”. Patrignani recordó que la “falta de ética” era una de las causales de remoción previstas en el reglamento y que nombres, direcciones y actividades de víctimas del terrorismo de Estado “eran suministrados a los grupos de tareas por los agentes civiles de inteligencia”, que por lo tanto “han sido partícipes necesarios en estos delitos”.
Montezanti recurrió a la Justicia federal, donde goza de óptimos contactos, e impugnó la resolución de la Asamblea Universitaria que lo aludía sin nombrarlo. Gracias a una medida cautelar logró suspender el juicio académico durante más de dos años. En mayo, la Corte Suprema rechazó la impugnación del camarista y dejó sin efecto la cautelar que lo protegía. La decisión fue celebrada por quienes se niegan a compartir la UNS con personas vinculadas con el terrorismo de Estado, pero la conducción de Derecho nunca acusó recibo.
En paralelo, Montezanti había pedido el procesamiento de Patrignani y una indemnización de 70 mil pesos. Argumentó que la campaña por el pedido de remoción afectaba su “buen nombre y honor”. Entre sus testigos ofreció a Bouzat y a Centurión. En primera instancia, la Justicia le ordenó a Patrignani remover los afiches de las paredes y de su perfil de Facebook. La Cámara agregó la indemnización. El fallo lo firman Miguel Angel Díaz y Guillermo Ribichini, ex conscripto del Destacamento de Inteligencia 181 durante la dictadura.
Montezanti ya había recurrido a la Justicia en 2006 contra un ex alumno que lo había acusado de ser “cómplice de los crímenes en esta universidad”. El juez José Luis Ares consideró “convincentes y veraces” las declaraciones de cinco testigos que lo vieron en medio de un grupo de matones que a punta de pistola ocupaba la Universidad Tecnológica Nacional. El episodio data de 1974 y esa misma banda, que sigue impune, fue poco después el núcleo duro local de la Triple A, la organización que integró Balita Riveiro, el hombre que conocía a Montezanti desde 1975. Ares acreditó la existencia en el estudio del abogado de un diploma de la Liga Anticomunista Argentina, firmado por el represor Carlos Suárez Mason, y aclaró que “de ello sólo se puede extraer a todo evento una filiación ideológica” dado que “la Triple A no otorgaba diplomas”.
Fuente:Pagina12
7-10-2014
Dictadura
Lo resolvió la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Buenos Aires
Un docente tiene que pagarle 70 mil pesos a un ex agente de inteligencia
Dictadura
Lo resolvió la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Buenos Aires
Un docente tiene que pagarle 70 mil pesos a un ex agente de inteligencia
Por haber lacerado su “privacidad, tranquilidad y honra” en un afiche en el que se ve al actual conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Norberto Montezanti, con una boina militar. El docente Dante Patrignani ya había pedido tres años atrás un juicio académico contra Montezanti por engrosar las nóminas de personal civil de inteligencia (PCI)
Por una resolución de la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la justicia bonaerense, Dante Patrignani, un docente del Departamento de Física de la Universidad Nacional del Sur (UNS), deberá pagarle 70.000 pesos al ex agente civil de Inteligencia durante la dictadura, Norberto Montezanti, por haber lacerado su “privacidad, tranquilidad y honra” en un afiche en el que se ve al actual conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca con una boina militar.
Patrignani, el hombre que fue condenado a pagar –de acuerdo a la sentencia que rubrican los jueces Miguel Ángel Diez y Guillermo Ribichini-, es el mismo que tres años atrás promovió un juicio académico contra Montezanti cuando se supo que su nombre engrosaba las nóminas de personal civil de inteligencia (PCI) durante la dictadura, que fueron desclasificadas por un decreto presidencial en el año 2010. Ese pedido de enjuiciamiento está pendiente violando los plazos de los estatutos universitarios. Quienes deben resolverlo son los pares de Montezanti en el Deparatamento de Derecho.
Montezanti es un hombre con mucho poder dentro de la academia: es titular de las cátedras de Ciencia Política, Introducción al Derecho y Derecho Administrativo del Departamento de Derecho de la UNS, además de su cargo como conjuez en la decisiva Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad del sur bonaerense.
El 3 de octubre de 2011, Patrignani pidió que Montezanti fuera separado de sus cargos, apoyándose en las causas de falta de ética reconocidas por los reglamentos universitarios y en una resolución casi unánime de la Asamblea Universitaria que decía que “la participación en esa tareas de inteligencia está reñida con toda norma ética y moral aceptable dentro de la comunidad universitaria (…) quedando comprendida en las causales de impugnación de los artículos 21 del Reglamento de Concursos de Profesores Ordinarios”.
“Cháchara efectista”
Montezanti montó en cólera. La respuesta a la acusación de su par es una pieza literaria y jurídica que no tiene desperdicio. Para descalificar la denuncia de Patrignani, refirió que “eso de las tareas de inteligencia, la participación necesaria en genocidio (sic) no es más que cháchara efectista, muy mal redactada además, de un inepto resentido, que lo único que sabe es mamar insaciablemente de la ubre ubérrima de nuestro pobre Estado, y tiene por esto tiempo de sobra para dedicarse a estas enormes minucias”.
Entre los argumentos a su favor, el catedrático ofreció la absolución de Galtieri, Anaya y Lami Dozo –integrantes de la junta militar mientras fue agente civil de inteligencia- por crímenes de Lesa Humanidad, aunque estén probados asesinatos incluso en 1983, como el de los militantes peronistas Osvaldo Agustín Cambiaso y Eduardo Daniel Pereyra Rossi.
Judicialmente, el conjuez recurrió al fuero Federal impugnando la resolución de la Asamblea Universitaria y pidiendo una medida cautelar que suspendió el juicio por más de dos años, hasta que la Corte Suprema de la Nación, en mayo de este año, rechazó su impugnación y dejó sin efecto la cautelar. Pero sus pares del Departamento de Derecho no se expidieron sobre el pedido de enjuiciamiento académico. Paralelamente, Montezanti pidió ante la justicia provincial el procesamiento de Patrignani y una indemnización de 70.000 porque la campaña del docente de física –con afiches y publicaciones en medios de prensa y redes sociales- afectaba su buen nombre y honor. Los testigos de su presentación eran gente de confianza: Andrés Bouzat -decano del Departamento de Derecho-, José Luis Centurión -Vicedecano del mismo cuerpo- y José Ignacio Pazos Crocitto –profesor adjunto en una de sus cátedras-. Una jueza de primera instancia sostuvo que Patrignani había “ejercido de manera irrazonable su libertad de expresión” ridiculizándolo “mediante la manipulación de la imagen”, pero no ordenó nada sobre los muros de Facebook y la prensa, y consideró que la indemnización era improcedente. Sin embargo, el 30 de septiembre los camaristas Miguel Ángel Diez y Guillermo Ribichini -colega en Derecho del denunciante- dictaron la condena contra Patrignani, ordenándolo a pagar lo que pidió Montezanti.
“Más allá de la condena personal, la cuestión más grave es lo institucional”, dijo Patrignani a Infojus Noticias. “El consejo del Departamento de Derecho, el decano y vicedecano, están violando los plazos que imponen los reglamentos”, concluyó.
Las tres A
Bahía Blanca, y en particular su alta Casa de Estudios, fue uno de los blancos predilectos de las fuerzas represivas que actuaban en la zona. El V Cuerpo del Ejército bajo el mando del general Adel Vilas y la Marina, asentada en la base Naval Puerto Belgrano, hicieron un operativo de pinzas sobre la militancia barrial, fabril y universitaria. En la UNS –que como todo enclave universitario tenía altos índices de activismo político- desembarcó el rector-interventor Remus Tetu.
Montezanti asumió como “Asesor Universitario” en el Comando de Inteligencia 181 del Comando Quinto Cuerpo de Ejército el 1 de enero de 1981 y se mantuvo en el cargo hasta el mismo día de 1982. La primer foja de su legajo personal, muestra que el aval –en la práctica, ideológico y moral- que todos los agentes necesitaban se lo dio el represor prófugo de la justicia José Osvaldo “Balita” Riveiro. Riveiro fue condenado en Francia por su participación en el Plan Cóndor, trabajó para la CIA en Honduras contra la Revolución Sandinista y estuvo en la Triple A. En su presentación, dijo que conocía a Montezanti desde 1975.
Pero sus vinculaciones –y simpatías- a la versión bahiense de la Alianza Anticomunista Argentina van más allá de su hoja de servicios. En un juicio por calumnias e injurias que propio Montezanti le inició al ex alumno Alberto Rodríguez, el juez correccional José Luis Ares consideró “convincentes y veraces” las declaraciones de cinco testigos que en 1974 lo vieron a las risas con un grupo de matones que, a punta de pistola, ocuparon la Universidad Tecnológica Nacional. Como consignó entonces Página 12, Rodríguez había presenciado en abril de 1975 el asesinato de su compañero David Cilleruelo y lo había acusado como “cómplice de los crímenes en esta universidad”.
Sus simpatías políticas con los hombres de la extrema derecha peronista no terminaron ahí. En 1983, cuando se armaban las listas para las elecciones presidenciales, Montezanti y Rodolfo Ponce, líder del gremio de la Junta Nacional de Granos –e indicado como el líder de la Triple A- compartieron lista electoral Azul y Blanca en la interna del Partido Justicialista. “Su patota andaba en ‘la fiambrera’ matando zurdos”, dice irónicamente una fuente judicial que lo investigó. La “fiambrera” era una especie de camioneta donde se movía la patota parapolicial. “Le decían así porque hacían raids asesinando militantes de izquierda. Hay unas cincuenta víctimas antes del 24 de marzo”, dice la misma fuente.
Fuente:Infojus
Patrignani, el hombre que fue condenado a pagar –de acuerdo a la sentencia que rubrican los jueces Miguel Ángel Diez y Guillermo Ribichini-, es el mismo que tres años atrás promovió un juicio académico contra Montezanti cuando se supo que su nombre engrosaba las nóminas de personal civil de inteligencia (PCI) durante la dictadura, que fueron desclasificadas por un decreto presidencial en el año 2010. Ese pedido de enjuiciamiento está pendiente violando los plazos de los estatutos universitarios. Quienes deben resolverlo son los pares de Montezanti en el Deparatamento de Derecho.
Montezanti es un hombre con mucho poder dentro de la academia: es titular de las cátedras de Ciencia Política, Introducción al Derecho y Derecho Administrativo del Departamento de Derecho de la UNS, además de su cargo como conjuez en la decisiva Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad del sur bonaerense.
El 3 de octubre de 2011, Patrignani pidió que Montezanti fuera separado de sus cargos, apoyándose en las causas de falta de ética reconocidas por los reglamentos universitarios y en una resolución casi unánime de la Asamblea Universitaria que decía que “la participación en esa tareas de inteligencia está reñida con toda norma ética y moral aceptable dentro de la comunidad universitaria (…) quedando comprendida en las causales de impugnación de los artículos 21 del Reglamento de Concursos de Profesores Ordinarios”.
“Cháchara efectista”
Montezanti montó en cólera. La respuesta a la acusación de su par es una pieza literaria y jurídica que no tiene desperdicio. Para descalificar la denuncia de Patrignani, refirió que “eso de las tareas de inteligencia, la participación necesaria en genocidio (sic) no es más que cháchara efectista, muy mal redactada además, de un inepto resentido, que lo único que sabe es mamar insaciablemente de la ubre ubérrima de nuestro pobre Estado, y tiene por esto tiempo de sobra para dedicarse a estas enormes minucias”.
Entre los argumentos a su favor, el catedrático ofreció la absolución de Galtieri, Anaya y Lami Dozo –integrantes de la junta militar mientras fue agente civil de inteligencia- por crímenes de Lesa Humanidad, aunque estén probados asesinatos incluso en 1983, como el de los militantes peronistas Osvaldo Agustín Cambiaso y Eduardo Daniel Pereyra Rossi.
Judicialmente, el conjuez recurrió al fuero Federal impugnando la resolución de la Asamblea Universitaria y pidiendo una medida cautelar que suspendió el juicio por más de dos años, hasta que la Corte Suprema de la Nación, en mayo de este año, rechazó su impugnación y dejó sin efecto la cautelar. Pero sus pares del Departamento de Derecho no se expidieron sobre el pedido de enjuiciamiento académico. Paralelamente, Montezanti pidió ante la justicia provincial el procesamiento de Patrignani y una indemnización de 70.000 porque la campaña del docente de física –con afiches y publicaciones en medios de prensa y redes sociales- afectaba su buen nombre y honor. Los testigos de su presentación eran gente de confianza: Andrés Bouzat -decano del Departamento de Derecho-, José Luis Centurión -Vicedecano del mismo cuerpo- y José Ignacio Pazos Crocitto –profesor adjunto en una de sus cátedras-. Una jueza de primera instancia sostuvo que Patrignani había “ejercido de manera irrazonable su libertad de expresión” ridiculizándolo “mediante la manipulación de la imagen”, pero no ordenó nada sobre los muros de Facebook y la prensa, y consideró que la indemnización era improcedente. Sin embargo, el 30 de septiembre los camaristas Miguel Ángel Diez y Guillermo Ribichini -colega en Derecho del denunciante- dictaron la condena contra Patrignani, ordenándolo a pagar lo que pidió Montezanti.
“Más allá de la condena personal, la cuestión más grave es lo institucional”, dijo Patrignani a Infojus Noticias. “El consejo del Departamento de Derecho, el decano y vicedecano, están violando los plazos que imponen los reglamentos”, concluyó.
Las tres A
Bahía Blanca, y en particular su alta Casa de Estudios, fue uno de los blancos predilectos de las fuerzas represivas que actuaban en la zona. El V Cuerpo del Ejército bajo el mando del general Adel Vilas y la Marina, asentada en la base Naval Puerto Belgrano, hicieron un operativo de pinzas sobre la militancia barrial, fabril y universitaria. En la UNS –que como todo enclave universitario tenía altos índices de activismo político- desembarcó el rector-interventor Remus Tetu.
Montezanti asumió como “Asesor Universitario” en el Comando de Inteligencia 181 del Comando Quinto Cuerpo de Ejército el 1 de enero de 1981 y se mantuvo en el cargo hasta el mismo día de 1982. La primer foja de su legajo personal, muestra que el aval –en la práctica, ideológico y moral- que todos los agentes necesitaban se lo dio el represor prófugo de la justicia José Osvaldo “Balita” Riveiro. Riveiro fue condenado en Francia por su participación en el Plan Cóndor, trabajó para la CIA en Honduras contra la Revolución Sandinista y estuvo en la Triple A. En su presentación, dijo que conocía a Montezanti desde 1975.
Pero sus vinculaciones –y simpatías- a la versión bahiense de la Alianza Anticomunista Argentina van más allá de su hoja de servicios. En un juicio por calumnias e injurias que propio Montezanti le inició al ex alumno Alberto Rodríguez, el juez correccional José Luis Ares consideró “convincentes y veraces” las declaraciones de cinco testigos que en 1974 lo vieron a las risas con un grupo de matones que, a punta de pistola, ocuparon la Universidad Tecnológica Nacional. Como consignó entonces Página 12, Rodríguez había presenciado en abril de 1975 el asesinato de su compañero David Cilleruelo y lo había acusado como “cómplice de los crímenes en esta universidad”.
Sus simpatías políticas con los hombres de la extrema derecha peronista no terminaron ahí. En 1983, cuando se armaban las listas para las elecciones presidenciales, Montezanti y Rodolfo Ponce, líder del gremio de la Junta Nacional de Granos –e indicado como el líder de la Triple A- compartieron lista electoral Azul y Blanca en la interna del Partido Justicialista. “Su patota andaba en ‘la fiambrera’ matando zurdos”, dice irónicamente una fuente judicial que lo investigó. La “fiambrera” era una especie de camioneta donde se movía la patota parapolicial. “Le decían así porque hacían raids asesinando militantes de izquierda. Hay unas cincuenta víctimas antes del 24 de marzo”, dice la misma fuente.
Fuente:Infojus


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