DE LA ECONOMIA A LOS NUEVOS DERECHOS, UNA IDENTIDAD POLITICA
Sin fecha de vencimiento
El reemplazo de Fábrega por Vanoli y la llegada de Biscay al Banco Central muestran una decisión de regular el sistema financiero utilizando todos los instrumentos legales. Esto es parte de una mayor homogeneidad interna de un gobierno que al mismo tiempo plantea una expansión de derechos en diversos campos y se proyecta hacia el futuro como una identidad política, con independencia del resultado de las próximas elecciones.
Por Horacio Verbitsky
Imagem: Guadalupe Lombardo.
¿Qué códigos?
Tanto la eyección de Juan Carlos Fábrega como la identidad de quienes lo substituirán explican la tirria manifiesta del sistema financiero y de sus portavoces, que han elevado a Fábrega al altar de la santidad monetaria. El candidato sin votos Martín Redrado llamó cadete a Vanoli y para el diario Clarín la mera mención de las operaciones ilegales con divisas que realizaba el hermano del renunciante, Rubén Cleofás Fábrega, constituiría una extorsión que “quiebra los códigos” (sic). Hace un mes, Cristina ya había posado sobre Fábrega una crítica mirada que pocos entendieron. Al cerrar la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil dijo que el Banco Central entregó nada menos que 8000 millones de dólares para importaciones fantasma. Aclaró que no se refería a sobrefacturación ni subfacturación “sino a compras en el Mercado Unico Libre de Cambios”, explicó. “Gente que se hizo de los dólares pero las importaciones no ingresaron”. Es impensable que semejante maniobra pueda realizarse sin complicidad de la autoridad monetaria. Hasta su designación como director del Banco Central, Biscay coordinó el área de Fraude Económico y Bancario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). En octubre del año pasado, durante un allanamiento a una cueva del microcentro, el médico que la operaba, Christian Darío Montero, intentó sobornar a Biscay y al funcionario del Banco Central Gabriel Zanni para que no procedieran. “¿Cómo podemos arreglar? ¿Querés un palo verde? Te doy un palo verde. ¿Cuánta plata querés?”, le escuchó decir un testigo. Según declaró Biscay, Montero dijo espontáneamente que “durante la mañana los del Banco Central me avisaron que podía operar tranquilo”, y que “tenía códigos pero alguien los había roto. En el mercado todo tiene precio y la información cuesta”.
Desde la Comisión Nacional de Valores, el nuevo titular del Central impulsó una serie de investigaciones sobre el pasado y el presente, que ahora se proyectarán al futuro. Un documento elaborado bajo su conducción revela cómo durante la última dictadura la CNV fue una pieza decisiva de una maquinaria burocrático-criminal utilizada para perseguir, extorsionar, secuestrar, torturar y desaparecer a más de 130 empresarios, mientras grupos cívico-militares aprovechaban para rapiñar esas empresas. Vanoli destacó como paradigmático el caso de Papel Prensa. La nueva ley de mercado de capitales, apoyada en el Congreso también por partidos de la oposición, extendió y precisó las facultades de control de la CNV sobre las empresas que cotizan en bolsa. Uno de los casos que inspiraron esta regulación fue el de la oferta pública de las acciones del Grupo Clarín, cuya cotización se derrumbó en pocos días, a expensas de los jubilados que las compraron por decisión de su AFPJ. Las investigaciones de Biscay y del titular de la Procelac, Carlos Gonella, fueron mencionadas por CFK al describir la operación del contado con liqui que eleva en forma artificial el precio del dólar y presiona por una devaluación. Hace cuatro meses, Gonella y Biscay denunciaron por la corrida bancaria de enero de este año a directivos de la petrolera Shell y de los bancos Galicia, HSBC, Citi, Francés, Paribas, JPMorgan Chase y de la Provincia de Córdoba y expusieron la operatoria por la que elevaron en forma amañada la cotización del dólar ilegal, forzando la devaluación. En una causa contra el Banco Francés y los operadores Tomás Deane, Juan Alberto Estrada, Carlos Campo y Manuel Enrique Mansilla, describieron con detalle en qué consiste la maniobra, a la que consideran “un canal eficaz para la fuga de capitales”. Esas operaciones ficticias “no perseguían ninguna ganancia ni riesgo bursátil, puesto que cada compra de valores estaba asociada a una venta simultánea de aquellos”, cuando es obvio que “nadie invierte en títulos públicos para tenerlos en cartera durante 1 o 2 minutos, como realizaron los clientes del Banco Francés. Como inversión carece de todo sentido lógico”. Su objetivo real era permitir a sus clientes “ingresar o sacar divisas del país, eludiendo siempre al Mercado Único y Libre de Cambios”.
Sin relación
La sanción del Código Civil no tiene que ver con la visita al papa Francisco ni hay razones para vincular la proyectada despenalización del consumo de estupefacientes con George Soros. Ambos proyectos del Poder Ejecutivo contrarían los deseos de la Iglesia Católica, como dejaron en claro las declaraciones de su Comisión Ejecutiva sobre el nuevo Código y de la Pastoral de Villas del Arzobispado de Buenos Aires respecto de la tenencia de drogas. El Episcopado Católico celebró que se hubiera eliminado del nuevo Código la maternidad subrogada o alquiler de vientres y se reconociera el comienzo de la existencia de la persona desde la concepción. Pero lamentó la regulación de las técnicas de fecundación artificial y el supuesto “debilitamiento de la institución matrimonial” al eliminarse cualquier mención al sexo de los contrayentes y los adoptantes, lo cual para esa institución implica el “desconocimiento del derecho de los niños a un padre y una madre”. Por si quedara alguna duda, el perito designado por los obispos católicos para el seguimiento de la reforma, Juan Navarro Floria, deploró las cuestiones de derecho de familia que contiene, como la simplificación del trámite de divorcio por voluntad de una sola de las partes y sin necesidad de exponer causa y “la manipulación de embriones”. El Centro de Bioética, Persona y Familia de la Fundación Latina de Cultura entendió que el nuevo Código “se enmarca en una tendencia individualista que debilita los vínculos familiares en pos de la autonomía del individuo”, de modo que la familia “queda a merced del poder del Estado”. Su presidente, Nicolás Lafferriere, es el asesor en la materia del Episcopado Católico. Además de los rubros impugnados por la Comisión Ejecutiva, denunció que el artículo 59 permite una forma de eutanasia pasiva al ratificar lo dispuesto por la ley 26742 de muerte digna y permitir la renuncia a la alimentación y la hidratación; que permite “la dación anónima de gametos” y establece “la voluntad procreacional como criterio rector, en lo que constituye un giro individualista”. Queda así claro que el nuevo Código no interfiere con la ley de fertilización asistida, de 2013, y remite a una ley especial la protección del embrión no implantado. Esto descarta su condición de persona humana que reclamaba la entidad confesional. Si bien el artículo 20 del Código proclama que la existencia de la persona humana comienza con la concepción y no incluye la referencia del anteproyecto a la implantación del embrión en la mujer, el 21 especifica que los derechos y obligaciones “del concebido o implantado en la mujer” sólo se adquieren “si nace con vida”, ya que de otro modo “se considera que la persona nunca existió”, una fórmula similar a la que desde hace un siglo y medio contenía el Código de Vélez Sársfield. El riesgo es que la definición caso por caso vuelva a remitirse a los tribunales, donde el sector más conservador prevalece en el derecho privado. Hace dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo en el caso “Artavia Murillo” que no correspondía “otorgar el estatus de persona al embrión”. El año pasado, durante las jornadas Nacionales de Derecho Civil la Comisión Nº 1 votó por mayoría que “el fallo Artavia Murillo no resulta aplicable a la Argentina”. Pero la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina dice que los fallos de la Corte Interamericana sí son obligatorios. El nuevo Código tampoco es incompatible con la despenalización del aborto, como especificó la diputada Diana Conti, quien presidió la Comisión Bicameral que dictaminó sobre el proyecto de reforma. Más aún, la semana pasada el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo como derecho de toda mujer en las primeras doce semanas de la gestación fue incluido en el plan de trabajo de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, pese a la oposición de su presidente, Patricia Bullrich. Firmado por 62 representantes de trece bloques, entre ellos 34 del Frente para la Victoria (incluida su presidente Juliana Di Tullio), tiene serias posibilidades de ser tratado. La presidente CFK no lo promoverá ni lo vetará. En un encuentro con parte del bloque, recordó que Néstor Kirchner y sus dos hijos estaban a favor, mientras ella y su nuera se oponían. Otras leyes especiales para subsanar ausencias del Código Civil, en las que el gobierno se comprometió a trabajar, se refieren a la función social de la propiedad, el acceso a la tierra para vivienda popular, el derecho al agua y la propiedad comunitaria aborigen. Como viene haciendo desde la reforma constitucional de 1949, la oposición en pleno, desde la derecha hasta la izquierda, se retiró del recinto, con aire de dignidad ofendida, y presentó un teatral recurso a la justicia, contra toda lógica y jurisprudencia. Su único argumento conceptual es que hubiera sido necesario mayor debate y consenso y no una aprobación express. Es difícil de sostener, cuando el proyecto se presentó hace dos años, recibió media sanción del Senado en noviembre pasado y se discutió en más de una docena de audiencias públicas con un millar y medio de expositores.
La despenalización
Por Horacio Verbitsky
La despenalización de la tenencia de estupefacientes no es un rapto súbito del oficialismo y precede largamente al encuentro presidencial con Soros. Fue planteada hace casi una década por la comisión asesora del ex ministro Aníbal Fernández, quien llegó a sostenerlo en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. La Argentina lo reiteró hace cuatro meses en una presentación conjunta con Uruguay ante la Asamblea General de la OEA, el mes pasado durante la Asamblea General extraordinaria de esa organización sobre el tema y hace dos semanas ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En todos los casos, reclamó que un enfoque de salud pública y derechos humanos substituyera al paradigma derrotista de la llamada guerra contra las drogas, que a lo largo de medio siglo no redujo el consumo pero generalizó la plaga de la violencia y la criminalidad organizada, generando ingente sufrimiento y violaciones a los derechos humanos, minando la estabilidad política y las instituciones democráticas.
La despenalización también fue admitida por la Corte Suprema de Justicia en el fallo Arriola, de 2009, aunque ahora su presidente Ricardo Lorenzetti trate de borrar con los codos político y mediático lo que escribió la mano jurídica del tribunal por el voto unánime de sus miembros. Con ocasión de la conferencia de jueces que presidió en Mar del Plata, Lorenzetti hundió el nivel del debate en la más oscura de las profundidades: “No se puede pensar que se va a vender droga en un kiosco o que se podrá tomar cocaína, y a la vez se prohíbe fumar; me parece un mensaje contradictorio”. ¿Será necesario recordar que el Estado sólo prohíbe fumar en lugares públicos, para proteger a las personas que no quieren que les arruinen la salud fumándoles encima? Uno de los proyectos preparados por el secretario de prevención de la drogadicción, el cura patagónico Juan Carlos Molina, despenaliza la tenencia de estupefacientes. Su redacción tiene dos versiones. La primera, sólo pena la comercialización. La segunda deja a salvo de castigo el consumo personal e incurre en la riesgosa aventura de cuantificarlo: hasta 6 plantas o 50 gramos de marihuana, hasta 5 gramos de cocaína, hasta 10 de ácido lisérgico y de éxtasis, lo cual no modificaría el esquema represivo, sólo obligaría a policías y jueces a extremar la creatividad. Otros dos proyectos también regulan la publicidad de medicamentos y bebidas alcohólicas que, como lo muestran todas las investigaciones cuantitativas realizadas a lo largo de muchos años, provocan mayor cantidad de internaciones y muertes que las drogas hasta hoy ilegales. De aprobarse, será prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas, su promoción en lugares destinados a menores de 18 años o vinculados al deporte, o con personas públicas o deportistas y el uso de imágenes de personas, situaciones de la vida cotidiana, espacios naturales y animales. La publicidad sólo indicará la clase de bebida, la marca comercial y las especificaciones técnicas sobre su elaboración y no podrá dirigirse a menores de 18 años. Los denominados “medicamentos de venta libre” pasarán a llamarse “de venta sin prescripción médica”. Su publicidad, promoción y patrocinio, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de difusión o comunicación, quedará prohibida. Sólo podrá realizarse dentro de las farmacias, con información técnica sobre el fármaco y emergencias toxicológicas. Tampoco se permitirá el auspicio de sociedades científicas a los medicamentos, en cuyos envases y prospectos se deberán incorporar los nombres genéricos, en una tipografía de mayor tamaño y realce que el nombre comercial. La prohibición se extiende a los suplementos y complementos energéticos destinados a mejorar el rendimiento, cuya comercialización deberá ser autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), y a la publicidad de alimentos reforzados con diferentes componentes. Las multas que se recauden por aplicación de estas leyes serán destinadas al Plan Recuperar Inclusión de la Sedronar. Quince curas de la pastoral villera del Arzobispado porteño, encabezados por el notorio Pepe Di Paola, quien se atribuyó expresar el pensamiento del papa Francisco, objetaron la despenalización en una carta dirigida a la presidente. Dijeron hablar en nombre de las chicas y los chicos pobres consumidores de paco y otras sustancias, huérfanos de amor, y vínculos. Estos sacerdotes asocian adicción con marginalidad y pobreza y en lugar de la despenalización recomiendan una presencia inteligente del Estado, en que la prevención pase por la inclusión social y el acceso a la propiedad de la tierra y la vivienda, como si fueran caminos excluyentes. Creen que la despenalización dejará la educación de los chicos “en manos de los grupos que cantan su apología a la droga y al delito” e instalará la idea de que las drogas no hacen tanto daño. En una contradicción insoluble dicen que no se debe “criminalizar al usuario de drogas”, en el mismo texto en el que se oponen a la reforma de las leyes que lo ordenan. Antes de ello, dicen, sería mejor poblar el territorio de Centros Preventivos Locales de las Adiciones y Casas Educativas Terapéuticas, que es lo que está haciendo la Sedronar. Antes de despenalizar “habría que hacer 1500 CePLAs y 500 CETs”, agregan. La respuesta no provino del Poder Ejecutivo sino del Grupo de Sacerdotes en Opción por los Pobres, que reúne a medio millar de curas de todo el país. En apoyo de Molina dijeron que todo proyecto que afecte intereses provocará resistencia. “Nos parece que el tema es urgente y que este sí es momento de debate: ¿Si no cuándo? La Sedronar viene pidiéndolo desde febrero sin resultados. Es evidente que en estas condiciones, el único criminal es la víctima. Por otra parte el Papa Francisco puede opinar si quiere sobre el tema por sus propios medios. Será una opinión calificada, pero una más entre las muchas voces que debemos escuchar para encontrar caminos de protección del pobre, de lucha por la vida y de criminalizar a los verdaderos criminales”.Chiche
Por Horacio Verbitsky
Las nuevas autoridades del Banco Central suspendieron la licencia para operar de la financiera del Banco Mariva, que cursó casi la mitad de las operaciones recientes de contado con liqui pero no mostró la documentación respaldatoria. Su principal accionista, José Luis “Chiche” Pardo, comenzó con una mesa de dinero que financiaba las ventas de su concesionaria Mercedez Benz, Lonco-Hue. Allí se invertían en la década de 1970 los fondos de grandes empresas, distraídos por sus gerentes financieros para hacer una diferencia con la colocación a interés. Cuando llegó a la gobernación bonaerense, Eduardo Duhalde se mudó a un departamento en el edificio más lujoso de Lomas de Zamora, en la calle Colombres, tasado en medio millón de dólares que aportaron sus amigos. Un colaborador de la financiera compró un departamento en el mismo edificio y le presentó a Pardo. Luego compartieron platea en el club Banfield y formaron una peña de truco, poker, fútbol y negocios. Los sábados y domingos corrían detrás de la pelota en la cancha reducida que Duhalde tenía en su quinta de San Vicente; durante la semana se encontraban en la mansión que Pardo levantó en Banfield, sobre media manzana con una cancha profesional, iluminada para jugar de noche. La mesa de dinero se transformó en banco y sus negocios no se limitaron al justicialismo. En 1997 fueron detenidos el ministro de Economía y el Secretario de Finanzas del gobernador cordobés César Angeloz, Jorge Caminotti y Cristian Asencio, por una transacción con títulos que le produjo a Córdoba un quebranto de ocho millones de pesos/dólares. El gobierno nacional pagó 104 millones en títulos por una deuda de coparticipación federal; la provincia se los vendió al banco de Pardo por debajo de su valor de mercado, con una comisión para un intermediario. Pardo también es investigado por una transferencia de tres millones de dólares de los principales accionistas del Grupo Clarín a una cuenta en la subsidiaria off shore del Mariva, el First Overseas Bank Limited de Bahamas. La operación se realizó en octubre de 2008, en cuanto el gobierno anunció la reestatización del sistema previsional, incluyendo las AFJP que habían realizado la maniobra denunciada como fraudulenta con la oferta pública de acciones del Grupo Clarín.
Por Horacio Verbitsky
Luego de la zambullida del gendarme sobre el capot de un auto y la expulsión del coronel Roberto Angel Galeano ordenada por CFK por su actuación en el episodio, el Secretario de Seguridad Sergio Berni abrió un diálogo con el Partido de los Trabajadores Socialistas y su diputado bonaerense Christian Castillo. Además de formas de convivencia pacífica en la ruta Panamericana, el PTS pidió la reincorporación de unos cuarenta trabajadores despedidos por la autopartista norteamericana Lear. La negociación llegó hasta el despacho del jefe del gabinete de ministros Jorge Capitanich pero contra la voluntad de ambas partes la solución fue vetada por la empresa y por el Sindicato de Mecánicos, Smata. Rota la tregua, ¿qué pasará a partir de mañana?
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario