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Luciano, de 16 años, estaba desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Hoy el CELS confirmó que fue atropellado cerca de General Paz, trasladado al Hospital Santojanni y luego enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. Del crimen no puede despegarse la sombra del accionar de la policía bonaerense. Las dudas de la familia. Cómo sigue el caso.
Arruga
Conferencia de prensa del CELS y la familia
Identificaron el cuerpo de Luciano Arruga: estaba enterrado como NN
Luciano, de 16 años, estaba desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Hoy el CELS confirmó que fue atropellado cerca de General Paz, trasladado al Hospital Santojanni y luego enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. Del crimen no puede despegarse la sombra del accionar de la policía bonaerense. Las dudas de la familia. Cómo sigue el caso.
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Cuando su hijo de 16 años no llegó a su casa del barrio 12 de Octubre en Lomas del Mirador la mañana del 31 de enero de 2009, Mónica Alegre lo buscó por todos lados. Recorrió las comisarías, los hospitales y las salitas cercanas. Uno de los lugares en los que preguntó por el “Negrito”, como le decía ella, fue en el Hospital Santojanni. Allí le dijeron que no estaba. Que sólo había entrado un muchacho atropellado. El chico accidentado era su hijo: Luciano Arruga. Ella no lo supo hasta este mediodía. Lo habían atropellado cerca de General Paz, luego lo enterraron como NN en el cementerio de Chacarita. El crimen no puede despegarse de la sombra del accionar de la policía bonaerense: frente a las calles donde ocurrió el accidente hay una garita que no actuó ese día y el último día de su vida Luciano fue visto en un destacamento policial de La Matanza. Por la desaparición fueron acusados ocho policías: fueron desplazados en 2013, aunque no llegaron a ser procesados. Con la exhumación del cuerpo, que aún no fue decidida por la Justicia, comenzará a develarse cómo murió Luciano y que pasó la noche de su desaparición.
El hallazgo lo confirmó esta tarde Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La conferencia de prensa fue el inicio de un luto que se atrasó casi seis años. En algún momento uno de los presentes esbozó un aplauso. Ninguno lo acompañó: no había nada que festejar.
La versión policial señala que la madrugada del último día de enero de 2009 un joven de 21 años llamó a la policía para denunciar un accidente. Había atropellado a un chico que cruzaba apurado por la vía rápida en General Paz y Emilio Castro. Al accidentado lo trasladaron hasta el hospital de Mataderos en una ambulancia del SAME. Lo operaron y no sobrevivió a la intervención. Murió a las 8 de la mañana del 31 de enero. El cuerpo de Luciano estuvo en la morgue judicial hasta el 11 mayo de 2009, cuando lo enterraron en el cementerio de Chacarita. No tenía documentos. Por eso, lo anotaron como NN.
El 9 de febrero, tras la autopsia, le tomaron las huellas digitales. Quedaron registradas en un expediente judicial que se tramita en el Juzgado de Instrucción 16 de la ciudad de Buenos Aires. Por el accidente hubo un juicio: el conductor que lo atropelló fue sobreseído por la jueza Laura Bruniard. Las pericias determinaron que manejaba a una velocidad normal.
La primera sospecha que apunta al encubrimiento policial es por qué Luciano cruzó desde Capital hacia provincia, la avenida General Paz por la vía rápida en lugar de hacerlo por el puente, un camino más seguro. "No cierra con decir que un pibe cruzó la calle y lo atropellaron. Hay que saber la verdad", dijo hoy Vanesa Orieta, la hermana.
La identificación del cuerpo se logró luego de la aprobación judicial del habeas corpus, que puso en marcha los mecanismos de búsqueda del Estado. El recurso había sido presentado por los abogados del CELS en abril. Primero, lo rechazó el Juzgado Federal Número Uno de Morón, a cargo de Juan Pablo Salas. Luego, la Justicia federal de San Martín. La familia apeló y la causa llegó por primera vez a los Tribunales de Comodoro Py: la Sala IV de Casación Penal pidió a Salas “realizar la totalidad de las diligencias conducentes a establecer lo ocurrido” a Luciano. El fallo de Gustavo M. Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky fue contundente. En tres meses Salas, en coordinación con distintos funcionarios del Estado nacional y provincial, trabajaron para la búsqueda.
El Ministerio de Seguridad dispuso la revisación de la totalidad de los libros matrices de la
Policía Científica para encontrar cuerpos que no estuvieran identificados. “Se realizó un informe pericial que cruza las huellas tomadas de Luciano en diciembre de 2008 con las del cadáver NN”, explicó Verbitsky. Pero el cuerpo de Luciano todavía no fue exhumado. Según fuentes judiciales consultadas porInfojus Noticias esa será la primera medida que pedirá el juez Salas. Luego, se analizará la autopsia para evaluar si hubo torturas previas a la muerte.
Torturas en la comisaría
A Luciano los policías del destacamento de Lomas del Mirador ya lo habían torturado en 2008. La hermana lo escuchó gritar cuando lo fue a buscar a la dependencia de la calle Indart 106. Los testigos de la causa cuentan que la noche de su desaparición Luciano pasó por esa misma delegación policial. Algo que no quedó registrado, porque se comprobó que el ingreso de detenidos fue adulterado. La familia denunció siempre que Luciano era hostigado por los policías porque se negaba a robar para ellos.
"Hubo desidia absoluta para llegar a la información que hoy tenemos, que es insatisfactoria. Ni para la familia ni para el CELS cierra el caso", dijo el titular del organismo. A su lado estaban sentadas Mónica y Vanesa. Hacía dos horas que se habían enterado de que Luciano estaba muerto. Mónica escuchó en silencio hasta que en un momento no aguantó más y se desmayó. “Mi vieja se descompuso porque tenía la esperanza de encontrar a su hijo con vida. Ahora confirmó que está muerto”, dijo Vanesa con el micrófono en la mano.
Verbitsky insistió en no perder el foco en la responsabilidad de la policía bonaerense: "La aparición del cuerpo marca el inicio de la verdad y de las responsabilidades implicadas en su desaparición. La familia ha sido maltratada por el encubrimiento".
La familia y sus amigos esperaron cinco años y ocho meses para tener esta mínima certeza. Durante este tiempo su mamá y su hermana empujaron el pedido de Justicia y la causa judicial con marchas, conferencias de prensa y movilizaciones. Primero el expediente tuvo irregularidades, después estuvo estancado. Durante cuatro años la causa estuvo caratulada como “averiguación de paradero”. Recién el 9 de enero del año pasado el legajo pasó a manos del juez federal Salas y se recaratuló como “desaparición forzada”. “Estos seis años demuestran el desprecio de la sociedad y la Justicia con los jóvenes pobres como Luciano Arruga. Esto no hubiera ocurrido si Luciano hubiera desaparecido en Palermo”, dijo Verbitsky.
Esta tarde en la mesa central también estaban Paula Litvachky del CELS y los abogados de la causa, Juan Manuel Combi y Maximiliano Medina. Estuvieron presentes los familiares de otras víctimas de violencia institucional: Angélica Urquiza, la mamá de Kiki Lezcano; Miriam Medina, la madre de Sebastián Bordón y Pablo Ferreyra, hermano de Mariano Ferreyra. También estaba el diputado nacional del Frente para la Victoria, Leonardo Grosso, que encabeza la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.
Cuando terminó de hablar el titular del CELS, Vanesa pidió la palabra. Con la fortaleza que la caracteriza habló. "Quiero agradecer a mis compañeros, a mi familia. Vencimos. Eso es lo primero viene a la mente. Vencimos a la desidia, vencimos a la impunidad, vencimos con el caso de Luciano", dijo. "A mí me falta terminar de completar la etapa previa de este proceso de investigación, que se termina cuando se determine que ese cuerpo es mi hermano. Si es así logramos el objetivo: lo encontramos. Ahora vamos a descansar", agregó. “Los pobres tenemos derechos. Necesitamos hacer el duelo, es justo y necesario, dijo la joven.
Una historia de violencia
La muerte de Luciano comenzó a nacer en 2007. Fue con las movilizaciones para reclamar un nuevo destacamento policial, que había motorizado la agrupación Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador (Valomi). Eran las movilizaciones para pedir “seguridad”, a secas, sin mayores profundidades. Lograron tener una dependencia propia, bajo la órbita de la Comisaría 8 de La Matanza, y allí se fue reuniendo el grupo policial que reclutaba adolescentes pobres para salir a robar en zonas previamente liberadas. Eran todos menores de edad. A Luciano le ofrecieron sumarse pero se negó. Lo detuvieron varias veces.
Luciano tenía 16 años y vivía en el barrio 12 de Octubre, una villa pequeña organizada por pasillos y casitas de material. Los barrios de enfrente son de clase media. Algunas casas tienen más de una planta y garaje con autos de alta gama. En ese otro territorio se incubó Valomi, fogoneada por Gabriel Lombardo, que impulsó la candidatura de Francisco de Narvaez en la zona. Lombardo también participó del corte de cinta que dejó inaugurado el nuevo destacamento, en Indart 106.
Ahí reunieron los policías que reclutaron, bajo amenaza de muerte, jóvenes pobres para robar en barrios de clase media. Completaban así una suerte de círculo perfecto: reclamo de mayor seguridad por parte de las capas medias, organizaban los robos, daban cobertura policial y generaban nuevos pedidos de mayor seguridad. El esquema les aseguraba –además del enriquecimiento personal- un sistema de fortalecimiento circular y creciente que les garantizaba mayor poder territorial con hombres y armas.
Luciano fue detenido al menos dos veces. Una vez fue el 22 de septiembre de 2008. Ese día lo golpearon casi delante de Vanesa y Mónica Alegre, su mamá. Ellas primero escucharon sus gritos, luego vieron los golpes en el cuerpo de Luciano y, por último, la amenaza que le soltó un policía delante de ellas. La segunda vez fue el 31 de enero de 2009 y no apareció más. Hay dos testigos que aseguraron que lo vieron tirado en el piso, muy golpeado, casi muerto. Ese día hubo ocho policías de guardia, según consta en el libro de actas del destacamento.
Hasta llegar al juez Salas la causa se movió en un pantano jurídico. La fiscal Roxana Castelli no tomó en cuenta las denuncias de la familia y finalmente fue apartada en 2009. Estuvo acusada de distraer el expediente y delegar la pesquisa en los propios policías del destacamento. A todos ellos, Vanesa los había señalado como sospechosos de la desaparición de Luciano. El CELS, la APDH de La Matanza y los familiares denunciaron a la fiscal pero la causa siguió avanzando por un pantano. También señalaron a la fiscal Celia Cejas, que había intervenido los teléfonos de la madre y la hermana de Luciano. Estaba convencida de que ellas sabían dónde estaba.
Mientras tanto, el destacamento siguió funcionando durante dos años. Eso sucedió pese a que una pericia demostró que los libros de los detenidos habían sido adulterados: nombres tachados y utilización de corrector. Tampoco importó que los perros rastreadores señalaron que Luciano había estado en el destacamento, en un patrullero y en un terreno cercano.
Finalmente, el 1 de febrero de 2013, los policías Damián Sotelo, Ariel Herrera, Daniel Vázquez, Sergio Fekter, Emiliano Márquez, Néstor Díaz, Hernán Zeliz y Damián Borrego fueron pasados a disponibilidad. Todos ellos habían sido apartados en 2010 del destacamento de Lomas del Mirador pero reubicados, por decisión del entonces ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, en otras jurisdicciones.
Junto con el reclamo de justicia y la aparición de Luciano o de su cuerpo, los familiares habían pedido resignificar el destacamento donde se sabe que Luciano pasó sus últimas horas. Sobre el fin del 2013 acamparon durante setenta días frente al edificio y lograron que el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, le cediera a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) el inmueble. Allí se construirá un espacio de la memoria.
18-10-2014
Arruga
Macri fue denunciado penalmente
La justicia ya denunció que las morgues porteñas son un agujero negro
Arruga
Macri fue denunciado penalmente
La justicia ya denunció que las morgues porteñas son un agujero negro
Una investigación del juez Andrés Gallardo documentó el estado calamitoso de los depósitos de cadáveres de la Ciudad de Buenos Aires. Se observaron irregularidades en las morgues de varios hospitales porteños. Porqué el caso de Luciano Arruga no es una excepción.
Telam
El informe del juez es clave para etender porqué el cuerpo de Luciano Arruga estuvo desde el 31 de enero al 11 de mayo de 2009 en la morgue judicial y luego fue enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Gallardo comprobó que en ningún caso se cumplía con el protocolo de identificación de los cuerpos, que deben tener una cartilla atada al pulgar del pie izquierdo, en vez de bolsas con etiquetas, tal como halló en el mejor de los casos. Cuando terminó los primeros operativos, Gallardo continuó por otros de centros de salud, hasta completar todos los hospitales porteños que tienen morgue.
La recorrida del juez Gallardo por las morgues porteñas y el informe posterior surgieron cuando la Procuración General pidió autorización a Gallardo para sepultar 23 cuerpos que estaban depositados en las heladeras de cuatro hospitales porteños: Durand, Ramos Mejía, Muñiz y Rivadavia. El juez detectó irregularidades en los registros legales de los cadáveres y comenzó una investigación. Terminó allanando las 22 morgues de los hospitales de la ciudad, la Dirección General de Cementerios y la Procuración General de la ciudad. Lo acompañaron agentes de la Policía Científica y de la División Tanatología de la Federal.
Después de acumular pruebas en 22 hospitales de la Ciudad, empezó a preparar un informe. En su juzgado se acopiaron los registros de las morgues, las historias clínicas que se pudieron encontrar, y la documentación secuestrada de la Dirección de Cementerios y de la Procuración porteña. En las morgues aparecieron cuerpos que no figuran registrados en los libros de ingreso y egreso, y más de 70 cadáveres que -según los libros- debieran estar en las heladeras pero no aparecen. De esos casos consta el ingreso, no el egreso: no se sabe dónde están.
El Gobierno porteño reaccionó rápido. Gallardo citó a declarar a los directores de los hospitales y las morgues, y a otras autoridades porteñas del Ministerio de Salud. Pero el Gobierno respondió recusando al juez no una, sino dos veces. La gestión de Mauricio Macri dilató el proceso de investigación durante más de un año, y al día de hoy, no se avanzó ni un ápice en el análisis del expediente. Las toneladas y toneladas de papel que componen la causa circularon por varias oficinas del fuero administrativo de la ciudad durante catorce meses, pero nadie pudo sentarse a trabajar sobre la documentación.
Hace catorce meses: el allanamiento
Gallardo fue al Hospital Muñiz a buscar el cuerpo de un hombre no identificado, supuestamente fallecido el 9 de febrero de 2009. Se encontró con cuatro cadáveres -uno de ellos podría ser este NN- y otros tres identificados. Los registros eran irregulares y no existía control de entrada ni de salida de los cuerpos. Los cadáveres estaban “en avanzado estado de descomposición” y las condiciones de higiene y mantenimiento eran “absolutamente deficientes e inadecuadas para un centro de salud”. En una de las cámaras de frío (en la que se guardan los cuerpos), había envases de cerveza y un televisor.
Gallardo llegó al Ramos Mejía para encontrar los cuerpos de dos bebés fallecidos poco después de nacer, en 2008. El director Eduardo Seoane le entregó dos bolsas de polietileno etiquetadas con los nombres de ambos bebés. Una bolsa tenía un cuerpo disecado. La otra “un líquido sanguinoliento y gelatinoso”, que según las autoridades, eran los restos del otro bebé. ¿La explicación? Que el hospital no tiene freezer. En la misma bolsa estaba el pie amputado de un adulto.
El único registro de esa morgue era de julio. No individualizaba los cuerpos almacenados, no reflejaba ingresos ni egresos, faltaban datos, y los que estaban tenían tachaduras. Al revisar las heladeras, los empleados encontraron el cadáver de un adulto en una bolsa. A sus pies, otra bolsa de consorcio con dos fetos. Uno de ellos tenía una etiqueta con el mismo nombre del primer cuerpo disecado.
En el Hospital Rivadavia aparecieron cuatro de los cinco cuerpos que fueron a buscar, y otros nueve de los que había algún registro. Los directivos del área “mencionaron que había otros cadáveres en un número indeterminado” que por su antigüedad, y la falta de datos, no podían identificar. El cuerpo de un bebé en una caja y fuera de las cámaras de frío desde el día anterior, otros restos tapados por cartones y en avanzado estado de putrefacción, y 73 ingresos anotados pero cuyos cuerpos no aparecen, son algunas de las señales de alarma que se activaron con el allanamiento.
El misterio de los féretros del Ramos Mejía
En dos cuartos contiguos a la morgue, había ocho féretros casi nuevos, de apariencia lujosa. En una habitación estaban los de madera, en otra los de metal, dos de ellos importados de México. Las autoridades se contradijeron: el director sostuvo que eran donaciones provenientes de un cementerio privado de Burzaco, y que no tenían ningún registro porque “habían sido ofrendas de buena voluntad”.
Daniel Priano, que se identificó como el “morguero”, dijo que habían sido enviados desde el crematorio de la Dirección de Cementerios, porque “sólo se creman los cadáveres, los ataúdes se reutilizan”. Por los féretros metálicos respondió que, como en los nichos de los cementerios locales los cuerpos ya no entran, “se utilizan para enviarlos al exterior” (sic).
El juez Gallardo ordenó realizar pericias sobre estos féretros, que hasta ahora no arrojaron resultados significativos. Mientras, se trabaja en conjunto con la Cancillería y la Aduana para determinar si los ataúdes provenían del exterior.
Explicaciones y responsabilidades
En ese entonces, Gallardo dijo aInfojus Noticias que la investigación continuaría con la organización y el análisis de la información secuestrada. El primer paso era la identificación de los cuerpos. Para eso, también pensaba citar a declarar a las autoridades de los primero cuatro hospitales allanados.
Tenían que hacerse presentes los directores, los responsables de Anatomía Patológica y los jefes de las morgues del Muñiz, el Rivadavia, el Ramos Mejía y el Durand. Pero entonces llegó la primera recusación, y después una denuncia penal contra Gallardo por abuso de autoridad y violación de secretos, delitos por los que fue sobreseído.
En base a la información procesada, Gallardo preparaba un informe que sirviera de base para una investigación penal. Denunció a Macri, pero con la recusación le retiraron los documentos y el informe nunca se pudo preparar.
17-10-2014
Arruga
El CELS confirmó hoy que identificaron el cuerpo
Luciano Arruga: cronología de una desaparición
Arruga
El CELS confirmó hoy que identificaron el cuerpo
Luciano Arruga: cronología de una desaparición
El adolescente desapareció en 2009, luego de ser detenido en un destacamento policial de Lomas del Mirador. Una pericia determinó que los libros de detenidos de la dependencia estaban adulterados. La causa tuvo varios idas y vueltas judiciales. El Estado había fijado una recompensa de un millón de pesos por información.
Luciano Arruga, desaparecido por la policía en 2009, había dejado el colegio pero era curioso. En un cuarto de hotel donde vivió había empezado a leer a Julio Verne. Le habría gustado estudiar guitarra, hacer boxeo e ir a la cancha a ver a River, pero no podía, ni siquiera trabajando hasta doce horas continuadas en una fundidora de metal para hacer hebillas de zapatos. “Es el hecho más grave de violación a los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires” asegura el abogado del Cels Maximiliano Medina.
6 de marzo de 2009. Se organiza en Lomas del Mirador una marcha para reclamar justicia por el asesinato del profesor de educación física Hernán Landolina y el florista de Susana Giménez Gustavo Lanzavecchia. Las cámaras de televisión desestimaron a los familiares de Luciano Arruga que llegaron hasta allí para pedir su aparición con vida.
Abril de 2009. - Es desplazada la fiscal de la causa Roxana Castelli, acusada de distraer el expediente y delegar la pesquisa en los propios policías del destacamento, que Vanesa Orieta ya había señalado en su primera declaración como sospechosos de la desaparición de Luciano. El año pasado, el Cels, APDH La Matanza y la familia, le iniciaron un juicio político a ella y a la fiscal Celia Cejas, pero el expediente avanza lento.
-Los registros de localización de los patrulleros revelan que dos móviles estuvieron dos horas y media en un predio llamado Monte Dorrego. Un perro adiestrado olfatea rastros de Luciano. El rastrillaje ordenado por la fiscal Celia Cejas no relevó todo el campo, los informes del georradar tardaron muchísimo y no quedaron constancias en un acta. “Se hizo tan mal que tuvo que repetirse a los dos años”, dijo a Infojus Noticias Maxi Medina, el abogado del Cels que lleva adelante la querella. “El día que se iba a comenzar, un abogado anunció que había un testigo que sabía dónde estaba Julio López. Todo fue falso, pero el georradar se utilizó allí y demoró diez días el segundo rastrillaje”.
Julio de 2009. Una pericia determina que los libros de detenidos que llevaba la dependencia estaban adulterados. Había nombres tachados, incluso con corrector, la noche de la desaparición de Luciano y otras anteriores. El Ministerio de Seguridad provincial no sancionó ningún policía.
3 de agosto de 2009. Dos jóvenes irrumpen en vivo ante las cámaras de CQC con una bandera que exigía el esclarecimiento del caso. Son retirados por personal de seguridad al aire, y criticados por los conductores. Una semana después, el programa hace un informe sobre el tema y el caso llega a la televisión.
Agosto de 2012. En medio del estancamiento de la pesquisa, y luego de varios pedidos, el gobernador Daniel Scioli recibe a la familia, acompañada por APDH La Matanza y la Comisión Provincial por la Memoria. Prometió donar el Destacamento a familiares y amigos para que levanten un centro cultural y un sitio de memoria, condenar públicamente la desaparición de Luciano y exonerar a los ocho policías del destacamento de Lomas del Mirador sospechados de su tortura y secuestro. Cumplió parcialmente, mucho tiempo después.
7 de enero de 2013. Detienen y exoneran a Julio Diego Torales, en el marco de una causa paralela que investiga “severidades y vejaciones” contra Luciano, en la misma dependencia, en septiembre de 2008. “¡Vos me pegabas mientras otros dos me sostenían!”, dijo Luciano cuando lo soltaron, según contó su madre Mónica Alegre.
9 de enero de 2013. A pocos días de cumplirse el cuarto aniversario de su desaparición, el juez criminal de La Matanza, Gustavo Blanco, declinó su competencia y la causa pasó al fuero Federal. La recibe el juez federal de Morón Juan Pablo Salas. Además, la causa se recaratuló de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada”.
1 de febrero de 2013. Damián Sotelo, Ariel Herrera, Daniel Vázquez, Sergio Fekter, Emiliano Márquez, Néstor Díaz, Hernán Zeliz y Damián Borrego son pasados a disponibilidad. El fiscal Carlos Stornelli, los había pasado en abril de 2010 -siendo ministro de Seguridad de la provincia- cuando el caso aún repicaba en la prensa, pero en julio de ese año los reincorporó en otras jurisdicciones.
2 de octubre de 2013. Varios meses después del traslado de la causa, llega un legajo reservado que demostró que la fiscal Cejas había intervenido el teléfono fijo, y los celulares de Vanesa Orieta, Mónica Alegre –su madre- y sus abuelos, sospechando que sabían dónde estaba. “Los intervino desde que tomó la causa y durante un año y medio. Ahí cerró el círculo de impunidad: entendimos por qué no está Luciano”, denuncia el abogado querellante.
Noviembre del 2013. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comienza a trabajar en el último lugar donde se vio con vida a Luciano. La medida fue resuelta por el juzgado Federal N° 1 de Moron después de que el Secretario de Derechos Humanos, Martin Fresneda, visitara el acampe de familiares y amigos de Arruga se comprometiera a “articular todas las políticas que sean necesarias para lograr que la Justicia fije fecha para comenzar la prospección que el EAAF debe realizar en este lugar para detectar cualquier rastro que el paso de Luciano haya dejado”.
Diciembre de 2013. El intendente de La Matanza cedió a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de esa localidad, el inmueble donde funcionó el destacamento policial en el que desapareció Luciano Arruga en 2009, para que ahí funcione un espacio de la memoria. Era uno de los dos pedidos de los familiares. El otro era la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Abril de 2014. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presenta un habeas corpus para conocer el paradero del joven. “Las incontables irregularidades judiciales cuando la causa estuvo radicada en el Departamento Judicial de La Matanza explican el fracaso de la justicia provincial para determinar que pasó. Sin embargo, las primeras obstrucciones a la averiguación de la verdad provinieron justamente de parte de agentes de la Policía Bonaerense”, explicó el comunicado. Luego sería rechazado hasta llegar a la Cámara de Casación Penal.
Julio de 2014. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al habeas corpus presentado por los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que representan a la familia de Luciano Arruga. “No puede pasarse por alto que a casi cinco años y seis meses desde el inicio de la investigación penal, NADA se supo acerca del paradero del menor, sumado a las serias irregularidades advertidas durante el comienzo de su tramitación”, dicen los jueces en el fallo.
19 de septiembre de 2014. Se conoce la noticia de la detención de tres jóvenes, dos de ellos testigosdel caso por la desaparición de Luciano Arruga, por policías en Lomas del Mirador, localidad de La Matanza. Antes de ser golpeado, y en un intento de defenderse, el joven que expresó ser amigo de Luciano. La respuesta del policía fue: “¿Qué Luciano?, ¿qué me importa?” y posteriormente “cómo chapean con Luciano Arruga...”.
23 de septiembre de 2014. Se realiza audiencia con funcionarios de distintas dependencias de del Estado nacional y provincial. Asisten la ministra de Seguridad de la Nación, María Cecilia Rodríguez; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martin Fresneda, y el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Abel Córdoba. También participaron representantes del Programa Nacional de Protección de Testigos, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
15 de octubre de 2014. El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires aumenta a un millón de pesos la recompensa para quienes aporten información fehaciente que contribuya a dar con el paradero o esclarecer la desaparición de Luciano. La resolución firmada por el titular de la cartera de seguridad bonaerense ofrecía de 300 mil a un millón de pesos por nuevos datos.
17-10-2014
Arruga
El CELS confirmó que se identificó el cuerpo
El caso Arruga en imágenes
El 31 de enero de 2009, Luciano fue detenido por la policía a pocas cuadras de su casa. Tres presos declararon que lo vieron en la Comisaría Octava de La Matanza desvanecido por una paliza. Luego habría pasado por el Destacamento policial de Lomas del Mirador.
Por Soledad Vallejos
DESPUES DE CASI SEIS AÑOS, ENCONTRARON EL CUERPO DE LUCIANO ENTERRADO EN EL CEMENTERIO DE LA CHACARITA
Arruga, una causa que mantiene muchas dudasPor Soledad Vallejos
Vanesa, la hermana de Luciano, junto al presidente del CELS, Horacio Verbitsky, al anunciar el hallazgo del cuerpo.Imagen: Sandra Cartasso
El joven desaparecido en 2009 fue atropellado en la vía rápida de la General Paz y operado en el Santojanni, donde luego murió. Fue inhumado como NN en la Chacarita. Y recién fue descubierto ayer. El CELS y la familia reclaman saber “la verdad de lo que pasó”.
Luciano Arruga fue enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita en febrero de 2009, cuando su familia ya llevaba tres días buscándolo por comisarías y hospitales sin que nadie le diera una respuesta. Había sido atropellado en la General Paz, internado y operado en el Hospital Santojanni; había muerto poco después. Su madre, Mónica Alegre, y su hermana, Vanesa Orieta, lo supieron ayer a media tarde; dos horas después, estaban informándolo en conferencia de prensa, acompañadas por el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, la abogada Paula Litvachky y su par Juan Manuel Combi. Verbitsky dijo que ellas estaban “bajo el impacto de la noticia todavía”, que “durante seis años ha habido por el Estado una desidia absoluta para llegar a la información que hoy tuvimos y que aclara (qué pasó), aunque es insuficiente, es insatisfactoria. Ni para la familia ni para el CELS cierra el caso”. Vanesa advirtió: “Esto no termina acá”. “Necesitamos la verdad” acerca de qué pasó, cómo llegó Luciano al medio de la autopista esa medianoche, porque “hay elementos que requieren explicación”. Y sin embargo la hermana del adolescente, que semanas antes de desa-parecer había sido torturado por oficiales de la Policía Bonaerense para quienes se negaba a robar, también dijo: “Vencimos”. “Mi objetivo era encontrar a mi hermano y lo encontré. Vencimos a la desi-dia, vencimos a la impunidad y vencimos a la mirada discriminante y criminalizante de los jóvenes.”
A un metro, sentada a la misma mesa, la madre de Vanesa miraba el vacío; poco después, se desvaneció y debió ser sacada de la sala donde su hija siguió hablando, dando información, repasando la búsqueda de su hermano y pidiendo ser escuchada. “La voz oficial está acá, no en otro lugar”, dijo.
La noche en que su familia empezó a buscarlo, Luciano fue atropellado por un auto en la vía rápida de la General Paz, en el cruce con Mosconi (del lado de provincia, que en suelo porteño toma el nombre de Emilio Castro), frente a un destacamento de la Policía Bonaerense. Se dirigía de provincia hacia la ciudad de Buenos Aires, pero atravesaba la autopista por un lugar que los peatones no usan para cruzar. El hombre que lo embistió, un joven de 21 años, dio el aviso. A las 3.21 de la mañana una ambulancia del SAME recogió a Luciano y lo llevó hasta el Hospital Santojanni, el mismo centro médico en el que estaba siendo operado de madrugada, cuando a su madre, Mónica Alegre, en la recepción le decían que había entrado un chico atropellado pero que nada sabían de su hijo. A las ocho de la mañana, ya fuera del quirófano, Luciano murió. Tenía 16 años; su hermana lo había visto por última vez a las 9 de la noche del día anterior.
A Luciano se le practicó la autopsia, se le tomaron huellas digitales; fue enterrado. Durante más de cinco años nadie cotejó esas huellas con las del expediente en cuyo marco se lo buscaba. Recién en febrero de este año el juez federal Juan Pablo Salas concedió el hábeas corpus pedido por la familia del chico, la APDH La Matanza y el CELS, y pidió algo sencillo, de rutina: comparar las huellas digitales del joven con las de NN ingresados a cementerios. El Ministerio de Seguridad de la Nación ordenó el cotejo con los libros oficiales en los que se registran NN. Las huellas del joven atropellado en la General Paz coincidieron en 30 puntos con las huellas registradas de Luciano por haber estado, previamente, detenido en la comisaría de Lomas del Mirador. La información sobre qué había sucedido con Luciano obraba en poder del Estado, pero el mecanismo para vincularla y dar respuesta a su familia no funcionó.
Lo señalaron Verbitsky y la hermana de Arruga durante la conferencia de prensa, lo ratificó el comunicado distribuido luego por el CELS: “El cruce de información que permitió encontrar el cuerpo del joven se hizo cinco años y ocho meses después de que la familia comenzara a buscarlo”. “Durante todo este tiempo, sus familiares fueron maltratados y desatendidos por la Justicia de la provincia de Buenos Aires. Desde el momento en que Luciano fue visto por última vez, múltiples instituciones del Estado intervinieron. Ninguna de estas instituciones buscó a Luciano ni se ocupó de investigar con seriedad para encontrar una respuesta. Una medida tan elemental como el cotejo de huellas llevó casi seis años de un terrible derrotero judicial para la familia. Dos investigaciones judiciales desatendieron el caso: la que tenía que buscar a Luciano y la que archivó una causa en la que había un menor de edad fallecido sin hacer ninguna investigación.”
En la conferencia de prensa, Verbitsky fue específico, y coincidió con la lectura de Vanesa, al señalar que durante la busca de Luciano la familia sufrió maltrato institucional simplemente por ser humilde. Entre el pedido de hábeas corpus y el hallazgo del cuerpo en el cementerio de la Chacarita, dijo Verbitsky, mediaron sólo seis meses. “Seis meses bastaban para encontrar a Luciano Arruga. Hubo mucha desidia. No hubiera pasado si hubiera sucedido en Palermo rúcula y él hubiera sido un chico de clase media porteña. Sabemos todos que hay discriminación y violencia institucional contra los varones jóvenes de barrios pobres del Gran Buenos Aires”, aseguró. También señaló que “es una práctica generalizada en la provincia de Buenos Aires” que los policías obliguen a adolescentes pobres a robar bajo su protección. “Chicos varones pobres de barrios populares (eran obligados) con amenazas de muerte” para acceder, agregó.
Al momento de la conferencia de prensa, los abogados de la familia y el CELS no habían llegado a leer exhaustivamente el expediente sobre el accidente que sufrió Luciano en la General Paz, por lo que pidieron para informar algunos detalles de la causa. Sin embargo, indicaron que aunque la autopsia practicada al adolescente no menciona específicamente signos de tortura, “es una conclusión apresurada decir por ello que la hubo o que no la hubo”. No descartaron pedir nuevos peritajes. La familia de Luciano adelantó que solicitará exámenes genéticos.
El expediente detalló que el cuerpo del joven, entonces NN, presentaba traumatismos en la cabeza, un brazo, el torso y los tobillos, que las lesiones se habían debido al accidente de tránsito y que por ellas había fallecido. Esa causa penal tramitó a cargo de la jueza de instrucción Laura Bruniard y la fiscal Marcela Sánchez.
VANESA, LA HERMANA DE LUCIANO ARRUGA
“Esto recién empieza”Por Soledad Vallejos
“Estuvimos cinco años y ocho meses pidiendo que se busque a Luciano”, dijo Vanesa Orieta, su hermana, que a lo largo de la conferencia de prensa, aun con dificultad en algunos momentos, habló con firmeza, con evidente dolor pero sin quebrarse, y sólo se permitió llorar cuando todo había terminado, en el abrazo inmenso de Miriam Medina, la madre de Sebastián Bordón.
Vanesa mencionó esos cinco años y ocho meses para poner en contexto que sólo gracias el hábeas corpus pedido y concedido hace seis meses fue posible dar con su hermano. Con eso, repasó, lograron “dar con el cuerpo de un pibe enterrado como NN. Eso nos tiene que replantear un conjunto de cosas como sociedad: el poco valor que se da a la vida de los jóvenes”. En 2009, cinco días después de empezar a buscar a Luciano, ella y su madre presentaron un hábeas corpus pensado, redactado por ellas; el juez de Garantías de La Matanza Gustavo Banco lo rechazó.
“Esto se podía haber resuelto muchísimo antes, eso quiero que entiendan. Nosotros estuvimos cinco años y ocho meses golpeando todas las puertas, organizándonos, para que la sociedad tome conciencia, para que en su conjunto ponga a disposición todas las herramientas con las que cuenta para poder encontrar a Luciano, y lo logramos. Pero esto no termina acá, esto recién empieza, porque nosotros necesitamos saber la verdad. Encontramos a Luciano, ahora necesitamos aclarar todo este panorama”, dijo.
Cuando Verbitsky desplegaba la información del expediente por el accidente de tránsito, cuando repasaba el derrotero de las causas, Vanesa asentía levemente. Habló por propia voluntad, aun cuando poco antes el presidente del CELS había advertido que la familia prefería no responder preguntas. Vanesa quiso dar testimonio y explicar, repetir una vez más, también, que ellas habían buscado a Luciano y el Estado no respondió. “Nosotros vamos a seguir. Esto tiene que ver con un cambio de mirada. Los pobres tenemos derechos”. En la otra punta de la mesa, su madre sollozaba suavecito; poco después, se descompensó y fue retirada; Vanesa permaneció allí.
“Acá lo importante es denunciar que existió por parte de policías bonaerenses el ofrecimiento para que Luciano saliera a robar, que ante su negativa empezaron con las detenciones sistemáticas”, dijo. Desde que el adolescente desa-pareció, “faltaron respuestas de todas las instituciones del Estado. Todos son responsables. Ahora podemos encontrar respuestas, pero eso no borra cinco años y ocho meses. Cuando necesitamos, no existió acompañamiento, hubo violencia institucional”. En el mismo hospital donde Luciano murió, recordó, ella y su madre lo buscaron más de una vez, siempre con respuestas negativas. “Recorrimos hospitales, comisarías, más de una vez, entre ellos el Santojanni, fueron días sin dormir. ¿Si fuimos? ¡Sí, fuimos! Lo hicimos muchas veces, por eso es un desastre esta desidia total, esta falta de respeto a la vida, a los pobres. Quien se desmayó es la mamá de Luciano, yo soy la hermana. Mi vieja tenía la esperanza de encontrar a su hijo con vida. Yo no esperaba eso.”
Vanesa agregó que el hallazgo del cuerpo de su hermano es sólo un nuevo principio. “Ahora necesitamos saber qué pasó con Luciano esa noche. Esto no cierra hoy.”
EL DERROTERO DE LA BUSQUEDA DEL JOVEN
La fallida investigaciónPor Adriana Meyer
Luciana Granovsky
Habían pasado dos meses de su desaparición cuando su hermana, Vanesa Orieta, le decía a Página/12 que lo buscaban con vida, pero “conscientes de que quizá ya no se apunte a eso”. Ya había empezado su peregrinar por las instituciones exigiendo respuestas sobre el pibe que para ese momento, marzo de 2009, ya habría cumplido 17 años, que era solidario con los chicos de la calle, trabajaba en una fundición y cartoneando, le gustaba escuchar cumbia y reggaeton, y era fanático de River. Fueron años de bregar en soledad y juntar bronca e impotencia por la inacción policial, judicial e institucional. Los ocho policías implicados en el caso jamás fueron indagados y siguen en actividad. A pocas horas de que fuera aumentada a un millón de pesos la recompensa por información sobre el paradero de Luciano, quienes siguieron la investigación desde la primera hora comparten las mismas dudas y sospechas de la familia y sus abogados, y sostienen que el hallazgo del cuerpo no completa el rompecabezas que se desarmó, probablemente, cuando Arruga se negó a delinquir para los policías bonaerenses que lo hostigaban en el barrio 12 de Octubre, partido de La Matanza.
El 21 de septiembre de 2008 Luciano fue llevado al destacamento ubicado en Indart 106, de Lomas del Mirador. “¡Vanesa, me están pegando!”, gritó mientras su hermana esperaba que lo liberaran. Cuando salió señaló uno a uno a los golpeadores, pero se negaron a darle sus nombres. “Acá no te hicimos nada. Negrito de mierda, te vamos a llevar a la 8ª para que te violen, o terminás en un zanjón”, lo amenazaron. En el policlínico de San Justo verificaron los golpes, y, según relató Orieta en aquella entrevista con este diario, lo volvieron a parar cada vez que andaba por la calle.
Ese destacamento, que parece un chalet de familia más que una unidad policial, había nacido al calor del reclamo de mano dura impulsado por un grupo de vecinos luego de ocurridos un par de casos resonantes de “inseguridad”, entre ellos el asesinato del florista de Susana Giménez. Años más tarde los familiares y amigos de Arruga tuvieron que dar otra larguísima batalla para lograr su desafectación y la creación de un espacio de memoria, pero también de “contención para que los pibes y pibas del barrio tengan una alternativa ante el acoso policial”, según decían.
Luciano vivía con su madre y sus hermanos menores. Vanesa, hija de diferente padre, contaba que cuando cartoneaba la policía lo paraba acusándolo de robo, que ella lo iba a buscar a la comisaría y preguntaba a los policías si el móvil para robar era el carrito de cartoneo. “Hubo dos semanas de incertidumbre, y por un llamado extorsivo la DDI de San Justo intervino teléfonos y apretó a amigos de mi hermano en la brigada. Era una pantomima, no lo estaban buscando”, decía la hermana.
El sábado 31 de enero, cuando su mamá, Mónica Alegre, se levantó temprano Arruga ya no estaba. Así comenzó la búsqueda por comisarías y hospitales. Junto a Pablo Pimentel, de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) de La Matanza, presentaron un hábeas corpus que fue rechazado. En esas horas fue cuando, según explicó Horacio Verbitsky en la conferencia de prensa de ayer, en el hospital Santojanni le negaron información.
A las dos semanas, un chico del barrio se quebró y contó a la familia que un compañero de secundaria había estado detenido junto a Luciano, y que ambos habían sido “reventados a palos”. Este chico lo vio a Luciano aparentemente muerto en la delegación, y por eso estaba muy asustado. “Nos mataron a golpes, a Luciano lo vi muy mal”, había dicho. Se habría cumplido la amenaza que recibió en septiembre, cuando lo detuvieron y lo llenaron de moretones. Ya por entonces Pimentel aseguraba que “en la causa hay testigos que declararon que la policía lo levantó de la calle”. Ya por entonces Pimentel aseguraba que lo de Luciano no había sido un hecho aislado. “En varios barrios humildes los policías reclutan pibes chorros y les liberan zonas”, describía.
Jueces y fiscales, no sabe no responde
Ante la inacción de la UFI 7, a cargo de Roxana Castelli, acudieron a la Fiscalía General, que pasó el caso a la fiscal Cecilia Cejas (UFI 1), que tampoco activó la investigación. En mayo de 2011, en plena movilización para lograr el cierre del destacamento policial, los familiares y amigos de Arruga denunciaron que seguían recibiendo amenazas. “Mientras la causa principal siga siendo por ‘averiguación de paradero’ (N.d.R. el expediente aún estaba en la Justicia provincial), como si Luciano estuviera vivo, y los policías sospechados sigan en funciones nosotros debemos soportar las amenazas, porque esas personas sienten que tienen la libertad de amedrentar”, se lamentaban.
En enero de 2013, a instancias del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la causa pasó al fuero federal para investigar la desaparición forzada de Arruga. En abril pasado, la madre y hermana del joven, patrocinadas por Juan Manuel Combi y Paula Litvachky, presentaron por segunda vez un recurso de hábeas corpus que, al igual que el primero, fue rechazado, esta vez por el juez federal de Morón, Juan Pablo Salas, y por la Cámara Federal de San Martín. De no haber sido admitido por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal ninguna instancia judicial se hubiera ocupado de cotejar las huellas de Arruga con los cuerpos NN. En cambio, con ese fallo se tuvieron que poner en acción todas las agencias del Estado para llegar a este resultado.
Los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky tomaron en cuenta que los familiares de la víctima “oportunamente denunciaron que policías bonaerenses detuvieron ilegalmente a Luciano Arruga, que tenía 16 años, el 31 de enero de 2009”, y que “existe una relación causal entre la desaparición, hostigamiento constante y amenazas que sufría Luciano desde 2008, principalmente las dos detenciones efectuadas por agentes del destacamento policial de Lomas del Mirador, donde fue severamente golpeado el 22 de julio y el 22 septiembre de 2008”. La familia precisó que “esa persecución comenzó cuando se negó a ‘trabajar’ para el destacamento, cuyos efectivos le habían ofrecido un arma y ‘garantías’ para robar”. El fallo de Casación también tuvo en cuenta las “serias y reiteradas irregularidades en la investigación”: la fiscal Castelli “delegó la investigación en la misma fuerza policial sospechada”, y luego la fiscal Cejas tampoco hizo avance alguno en el expediente. La familia terminó impulsando el jury de enjuiciamiento contra ambas funcionarias y contra el juez Gustavo Banco.
Para Vanesa Orieta y Mónica Alegre aún no hay una respuesta definitiva para su tragedia familiar, que con los años transformaron en militancia contra esa práctica sistemática de la policía de reclutamiento de jóvenes pobres para obligarlos a delinquir. “Recién con las pruebas de ADN voy a cerrar este capítulo, pero habrá que iniciar otro más para saber la verdad”, dijo ayer Orieta sobre la etapa que se abre tras el hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga.
EL EXPEDIENTE POR LA MUERTE DE LUCIANO ARRUGA. POR QUE NO SE LO IDENTIFICO ANTES
Una sumatoria de desidias y torpezas
El accidente se produjo la misma noche en que su familia denunció su desaparición. Pero no hubo cotejo con el cuerpo que en ese momento estaba en el Santojanni. En la autopsia figuraron las huellas de identidad y fotografías del cuerpo.
El lugar donde está enterrado como NN el cuerpo de Luciano Arruga en el cementerio de la Chacarita.
El juez federal de Morón, Juan Pablo Salas, el encargado de la búsqueda de Luciano Arruga, se sentía anoche muy mal. Quienes lo conocen dicen que se sentía “avergonzado” por el papel del Estado en la búsqueda de Luciano. Más allá de que todavía hay muchísimas cosas sin explicación, un primer elemento es que una persona buscada en la provincia de Buenos Aires, pero cuya muerte se produjo del lado de Capital, depende del mejor o peor trabajo de algún funcionario para que se haga el cotejo de huellas. El accidente se produjo en la misma noche en que la familia de Luciano denunció su desaparición y sin embargo no se hizo ningún cotejo con el cuerpo que en ese momento estaba en el Hospital Santojanni.
Otro hecho que llevó a los casi seis años de falta de explicaciones es que la autopsia sostiene que se trata de un varón de 25 a 30 años, cuando Luciano tenía apenas 16. Pero en la autopsia que se hizo en el hospital, sí figuraron las huellas de identidad y fotografías del cuerpo, de manera que una búsqueda seria –tratándose de un accidente y una desaparición producidas el mismo día– debió permitirle al Estado una identificación inmediata. Según explican hoy algunos funcionarios, en aquel momento no estaba informatizada la División Búsqueda de Personas de la Policía Federal, que es la que actuó en el hecho de la muerte en la General Paz, pero lo cierto es que no se trataba de unir dos casos ocurridos en días distintos y a kilómetros de distancia, sino la búsqueda de un chico que desapareció a 20 cuadras de donde fue atropellado y todo ocurrió en la misma noche.
En el caso hubo una especie de casualidad. El cuerpo fue enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita, pero esas tumbas se remueven a los dos años, es decir que estaba previsto removerlo en 2011. Sin embargo, seguramente también por desidia, la tumba quedó allí. El magistrado, que trabajó en el caso junto al fiscal Sebastián Basso, dictó una medida de no innovar, es decir que no se puede tocar la sepultura. Es que ahora Salas ordenará dos medidas:
- En primer lugar, un estudio de ADN, con las muestras que se reservaron en la autopsia que se hizo en el Santojanni. Existe un protocolo que si hay un cuerpo NN deben preservarse elementos para hacer un eventual ADN.
- A posteriori, tomará muestras del cuerpo sepultado para asegurarse de que quien yace en esa tumba sea efectivamente Luciano Arruga.
Una vez puestos en marcha ambos estudios, el cuerpo será entregado a la familia.
Por ahora, lo que permitió confirmar que el joven enterrado en la tumba NN del cementerio de la Chacarita es Luciano Arruga son las huellas digitales, por un lado, y las fotografías, por el otro, ambas reservadas en el Santojanni. En las tomas se ven claramente los dos tatuajes que la familia identificó como los del joven.
El accidente en el que murió Luciano Arruga ocurrió en la misma noche de su desaparición cerca de las seis de la mañana, en Emilio Castro y General Paz. Quien conducía el vehículo es un joven que en ese momento tenía 21 años y que hoy en día vive en Monte Grande. Según su declaración en aquel entonces, Luciano dudó en cruzar o no cruzar y de golpe se lanzó a la avenida, lo que llevó a que lo atropellara. Es decir, que este joven vio a Luciano con vida.
El juez se puso en comunicación con la persona que atropelló a Luciano y le tomará declaración en la semana que se inicia el lunes.
Una duda que obviamente queda flotando en el ambiente es si a Luciano no lo mataron previamente y luego lo arrojaron a la avenida. El conductor dice que no, que él vio a Luciano con vida en la circunstancia de cruzar o no cruzar. El conductor no huyó, se quedó al lado de Luciano hasta que llegó el SAME unos minutos más tarde.
Para el magistrado es casi seguro que no se va a poder hacer una autopsia del cuerpo, ya que lleva mucho tiempo enterrado en una zona del cementerio donde es difícil que esté preservado. De manera que sólo podrá hacerle el estudio de ADN.
En la causa judicial que hubo por la muerte del NN que resultó ser Luciano Arruga, el conductor fue absuelto. El pedido lo hizo directamente la fiscal, quien consideró que se trató de un accidente en el que el factor decisivo fue que Luciano cruzó por un lugar indebido.
De todas maneras, el juez Salas tomará la declaración al conductor nuevamente y está evaluando con qué encuadramiento legal.
Fuente:Pagina12
18 de Octubre de 2014
Lo anunció su familia junto con el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky
Hallaron muerto a Luciano Arruga, tras casi seis años de búsquedaSus restos fueron encontrados en una tumba NN en el cementerio de la Chacarita a raíz de un cruce de huellas dactilares. En los reportes figura que fue atropellado por un auto el día de su desaparición, pero hay dudas.
Dolor - La madre de Luciano participó de la conferencia de prensa con fortaleza, aunque en un momento se descompensó y hubo que asistirla.
La información sobre la muerte de Luciano estaba en una causa judicial del fuero de Instrucción de la Ciudad de Buenos Aires donde constaba que "la misma noche de su desaparición, el 31 de enero de 2009, Luciano fue atropellado por un automóvil en la avenida General Paz y Emilio Castro", informó Verbitsky. Fue a las 3:21 de la mañana, a unas 20 cuadras de donde había desaparecido. "En ese lugar hay un destacamento de la Policía Bonaerense", resaltó el titular del CELS. Y señaló uno de los tantos elementos de la pesquisa "que requiere una explicación": el lugar donde fue embestido Luciano "no es de ninguna manera un lugar habitual para cruzar la General Paz, es la vía rápida, no se cruza por ahí".
Quien manejaba el automóvil era un joven de 21 años cuyo nombre se mantiene bajo reserva. En el expediente que se abrió –donde figuran las fotografías del auto chocado– consta que fue el conductor quien avisó del accidente. Sus declaraciones serán sumamente importantes para determinar en qué situación se produjo la embestida. En el CELS no descartan ninguna hipótesis.
Tras el choque, que se produjo sobre la General Paz, intervino la Policía Federal y el SAME. Arruga fue llevado en ambulancia al Hospital Santojanni donde fue operado. La familia de Luciano había visitado ese nosocomio aquella misma noche buscando noticias sobre su ser querido, pero no obtuvieron respuestas. "¿Por qué en el hospital no les dijeron nada? ¿Qué pasó? Les dijeron que había un chico atropellado por un auto pero no les habían dado ninguna explicación al respecto. Allí se tomaron huellas digitales y fotografías que son los materiales que permitieron llegar a esta identificación", afirmó el abogado y periodista. Según los registros del hospital –que hasta ayer remitían a un NN–, el joven muró cerca de las 8 de la mañana. Consultado por la prensa, Verbtisky explicó que tres días después –previo paso por la Morgue– fue llevado al cementerio de la Chacarita.
La cadena de responsabilidades que evidencia por lo menos negligencia en diversas áreas del Estado es muy extensa. El presidente del CELS (organismo que representa legalmente a la familia en la causa judicial que se abrió por "desaparición forzada", en 2010) apuntó a la Policía Bonaerense, funcionarios judiciales, instituciones de la Ciudad de Buenos Aires y la Morgue "porque no puede ser que una persona desaparezca de esa manera y haya sido enterrada como NN cuando estaba siendo buscada desde el primer momento por su familia".
El caso tomó un giro luego de que el CELS presentara un habeas corpus cuya aceptación no fue fácil en tribunales. "Inicialmente fue rechazado por la justicia y luego aceptado por una decisión de la Cámara de Casación Penal", relató Verbitsky en la conferencia. Cuando la causa pasó el año pasado a manos del juez federal de Morón Juan Pablo Salas, la pesquisa se terminó de alinear. El magistrado hizo lugar al pedido del organismo y se pusieron en marcha las acciones que permitieron la identificación del cuerpo, que fue concretada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
"A raíz del habeas corpus, el ministerio de Seguridad fue convocado por el juez Salas e hizo una compulsa" que arrojó el resultado positivo. Salas había obtenido la única huella dactilar de Arruga: la que se le había tomado cuando fue detenido y torturado por la policía de Lomas del Mirador, en 2008. Según explicaron desde el Ministerio de Seguridad a Tiempo Argentino, Luciano no tenía renovación de DNI, es decir, poseía el documento de los 8 años (antiguo) que no contenía las huellas dactilares. Tampoco tenía cédula ni pasaporte.
Esa huella dactilar que había obtenido Salas fue entregada el martes pasado al Ministerio. Las huellas fueron cotejadas primero con los archivos de la División Dactiloscopía de la Superintendencia de Policía Científica de Policía Federal Argentina y con aquellas incorporadas al sistema AFIS, pero el resultado fue negativo. Finalmente, se procedió a compulsar la totalidad de los libros matrices de la Superintendencia de Policía Científica.
Esto derivó en la elaboración del informe pericial N° 56, donde se determinó que las huellas que poseía la Bonaerense coincidían con las de la persona que había fallecido en el Santojanni en 2009. Ayer por la mañana se conoció el resultado del cruce.
La familia se enteró de la noticia pocas horas antes del inicio de la conferencia de prensa, que se realizó a las 17:30. Desbordada por tanto dolor, la madre de Luciano, Mónica Alegre, se descompuso. "Yo no tenía esperanza de encontrarlo vivo. Mi vieja sí esperaba encontrarlo con vida. La luchó por cinco años", dijo Vanesa Orieta, hermana de Luciano, con mucha entereza.
"Hay interrogantes que siguen pendientes y que requieren investigación y que de ninguna manera modifican el hecho previo de la detención anterior (de Luciano)", indicó Verbtisky (ver aparte). "¿Cómo no se cotejaron las muestras antes?", se preguntó el presidente del CELS. "Hubo falta de voluntad para llegar a la identificación. Hay un componente de discriminación y de violencia institucional contra los varones jóvenes de los barrios pobres de la provincia de Buenos Aires", expresó.
El presidente de la APDH de La Matanza, Pablo Pimentel, coincidió: hubo una "fuerte criminalización de los sectores más pobres", dijo. Y consideró que las instituciones intervinientes "van a tener que dar respuestas" por su "desidia".
Ante este escenario, el presidente del CELS concluyó: "Todo esto no es más que el inicio de un proceso de develamiento de la verdad de su muerte y de las responsabilidades implicadas en su desaparición." "Nuestro deseo es que este caso sea un punto de inflexión en la Argentina para que no haya más una desaparición de personas en estas condiciones y este maltrato a una familia; para que no se reitere esta práctica absolutamente inadmisible al cabo de 30 años de democracia", sentenció.
"encontré a mi hermano"
* Mensaje de Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga
"Vencimos. Eso es lo que se me viene primero a la mente. Vencimos a la desidia, vencimos la impunidad, vencimos la mirada discriminadora y criminalizante que hay hacia los jóvenes, con un ejemplo, con el caso de Luciano. Con el caso de Luciano logramos vencer. A mí me falta terminar de concretar algunas etapas propias de este proceso de investigación, que se termine con las pruebas que se tengan que hacer para terminar de confirmar que ese cuerpo encontrado es mi hermano. Recién ahí, cuando las pruebas genéticas digan ese chico encontrado es Luciano Nahuel Arruga, nosotros, como familiares, vamos a cerrar una etapa. Logramos el objetivo, si es así. El que tenía yo era encontrar a mi hermano. Lo encontré. Ahora vamos a descansar. Les pedimos, si es que se puede, si podemos llegar al corazón de cada uno de ustedes y de los medios de comunicación, el mayor de los respetos. La voz oficial está acá, no está en otro lugar. Nosotros seguimos denunciando la criminalización y la discriminación hacia los jóvenes, seguimos denunciando la violencia institucional. Y hoy más que nunca denunciamos la violencia institucional en su conjunto. Cinco años y ocho meses pidiendo que se busque a Luciano, y lo logramos con la aceptación de un hábeas corpus, que pudo dar con el cuerpo de un pibe enterrado como NN. Y eso nos tiene que replantear un conjunto de cosas como sociedad: el poco valor que se da a la vida de los pobres. Cinco días después de desaparecido mi hermano, nosotros presentamos un hábeas corpus. Lo hicimos nosotros, lo confeccionamos nosotros, fue rechazado por el juez Blanco. Esto se podría haber resuelto muchísimo antes. Esto quiero que entiendan: esto se podría haber resuelto antes. Y nosotros estuvimos cinco años y ocho meses, golpeando todas las puertas, organizándonos, haciendo todas las actividades posibles para que se visibilice la causa, para que la sociedad tome conciencia, para que el Estado en su conjunto ponga a disposición todas las herramientas con las que cuenta para poder encontrar a Luciano, y lo logramos. Pero esto no termina acá, y como se dijo en esta mesa, recién empieza, porque nosotros necesitamos saber la verdad. Encontramos a Luciano. Ahora necesitamos aclarar todo este panorama. Y los únicos que les vamos a poder aclarar este panorama a ustedes somos nosotros. Todos los que hablen por nosotros no sabrán la verdad. Remítanse a nosotros, a los familiares de Luciano. Y sepan todos los familiares que conocimos en este tiempo, de los pibes de gatillo fácil, de las personas desaparecidas, que nosotros vamos a seguir, porque esto ya no tiene que ver con Luciano. Esto tiene que ver con la problemática de violencia institucional. Y esto tiene que ver con cambiar una mirada: los pobres tenemos derechos. ¡Tenemos derechos!. Algo más: respeto por mi familia por favor. Necesitamos descansar ahora más que nunca, hacer un duelo que es justo y necesario, y hacerlo en familia. Nada más. Gracias por estar hoy."
18 de Octubre de 2014
LA INVESTIGACIÓN PENAL
Una causa que es un símbolo de la impunidadPese a que fue torturado en 2008, jueces y fiscales evitaron comprometer a la policía con la desaparición del chico de 16 años.
Víctima - Luciano Arruga había salido de su casa el 31 de enero de 2009.
Cuando se despertó a la mañana siguiente, su madre, Mónica Alegre, no lo encontró en su cama, por lo que junto a su hija Vanesa Orieta comenzaron a buscarlo en las comisarías y hospitales de la zona.
Temían que estuviera detenido en Lomas del Mirador, donde Luciano había sido torturado en septiembre de 2008, tras negarse a robar para la policía. Pero tampoco lo encontraron allí, aunque un amigo suyo afirmó que los agentes de esa seccional los habían molido a palos en los calabozos.
La causa, que fue caratulada como "averiguación de paradero", estuvo a cargo de la fiscal Roxana Castelli, que en abril de ese año fue apartada, acusada de entorpecer la investigación al delegar la instrucción en los propios agentes de Lomas del Mirador, sospechados por la desaparición de Luciano.
La causa pasó a la fiscal Celia Cejas, que ordenó un rastrillaje en el predio Monte Dorrego, donde según los registros de localización habían estado durante dos horas dos patrulleros del destacamento el 31 de enero, pero la medida se hizo de forma muy irregular, a tal punto que tuvo que repetirse dos años después.
Unos seis meses más tarde, se descubrió que los libros de detenidos de la dependencia policial habían sido adulterados la noche que desapareció Luciano. Sin embargo, ningún efectivo fue sancionado por ese delito.
En abril de 2010, el entonces ministro de Seguridad provincial, Carlos Stornelli, pasó a disponibilidad a ocho policías, pero los reincorporó tres meses después.
Casi tres años más tarde, el 7 de enero de 2013 fue detenido y exonerado el policía Julio Diego Torales, acusado de "severidades y vejaciones" en la causa que investiga las torturas que sufrió Luciano en 2008.
Dos días después, el juez de La Matanza Gustavo Blanco se declaró incompetente. La causa pasó al fuero Federal y comenzó a ser investigada por el juez Juan Pablo Salas. El expediente fue recaratulado como "desaparición forzada". Al cabo de un mes, los policías Damián Sotelo, Ariel Herrera, Daniel Vázquez, Sergio Fekter, Emiliano Márquez, Néstor Díaz, Hernán Zeliz y Damián Borrego fueron pasados a disponibilidad, por segunda vez, aunque serían reincorporados nuevamente por el ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados.
En octubre de 2013, se descubrió que la fiscal Cejas había intervenido durante un año y medio los teléfonos de la familia de la víctima, a quienes investigó bajo la sospecha que sabían dónde estaba el adolescente.
En abril de 2014, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un habeas corpus para conocer el paradero del joven.
El miércoles pasado, el gobierno bonaerense había elevado a 1 millón de pesos la recompensa para quienes pudieran brindar información fehaciente que permitiera esclarecer el caso de Luciano.
Fuente:TiempoArgentino
FuenteFotos:Perfil
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