Un fiscal federal dictaminó a favor de investigar si el Fondo Monetario Internacional fue responsable como institución de las reformas económicas en Argentina durante la última dictadura cívico militar hechas “a sangre y fuego” para “ajustar las relaciones sociales” al nuevo patrón de acumulación surgido del Consenso de Washington.
“Entre la represión y las ideas económicas había un nexo genético” advirtió en su dictamen, al que accedió Télam, el fiscal federal Federico Delgado.
En el escrito entregado al juez federal Sebastián Ramos, Delgado le pidió que encomiende una investigación al respecto basada en cables recibidos del Ministerio de Economía, de Relaciones Exteriores, entre otros documentos relativos al FMI.
Delgado sistematizó los documentos y los incorporó a su dictamen para proponer al juez que “encomiende a un organismo del Poder
Ejecutivo Nacional la compulsa de los archivos epocales, para que auxilie al juzgado identificando los documentos compatibles con los trazos de este dictamen”, según el escrito entregado hoy a Ramos.
La fiscalía pidió al juez que encomiende la misma tarea a la delegación argentina en el FMI y al Banco Central para compulsar “todos los archivos que documenten la relación hacia afuera del Estado Nacional, durante el período 1976-83, en particular con el Fondo Monetario Internacional y el resto de los organismos que forman la multilateralidad en materia de créditos institucionales a nivel internacional”.
Para Delgado, “el punto de llegada es verificar si es posible reconstruir el circuito comunicativo del Estado hacia adentro y hacia afuera, a fin de tratar de responder la nueva pregunta que, proponemos, debe guiar la pesquisa: determinar si el FMI es culpable en tanto institución”.
La fiscalía aludió a una “complicidad estructural a nivel macro” y evaluó que “algunos agentes del FMI eran conscientes” de que en la República Argentina se estaba “reformando” a sangre y fuego la sociedad, para “ajustar” las relaciones sociales al nuevo patrón de acumulación que surgía del incipiente “Consenso de Washington” y que “hoy reina como la versión financiera del capitalismo”.
“Esto es, que entre la represión y las ideas económicas había un nexo genético. Y, además, que participaron de esos hechos asumiendo esa relación, sabiendo que el terror dejaría el camino listo para el nuevo rumbo social”, agregó la fiscalía.
El fiscal entendió que se revela “con nitidez que mientras el terror azotaba la subjetividad de los argentinos hacia adentro, hacia afuera se privilegiaba captar los nuevos vientos de la relación social capitalista que mutaba de su faz industrial hacia la financiera”.
Delgado pidió a Ramos que encomiende a la “Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia”, a la representación argentina ante el FMI y al Banco Central la búsqueda de “elementos contextuales necesarios para dirimir la existencia de responsabilidad ‘gruesa’ en los hechos”.
Fuente:24Baires.com
A partir de una denuncia de Patricia Walsh derivada de la causa sobre la deuda externa iniciada por Alejandro Olmos, Delgado señala que tiene la convicción, citando al politólogo Marcelo Cavarozzi, de “la participación que tuvo el FMI en la sustitución de la matriz estado céntrica por la mercado céntrica”, y de la necesidad de una “normalización” (entrecomillado por el fiscal) tendiente a “que la acumulación se realice en principal y sistemático beneficio de sus unidades oligopólicas y más trasnacionalizadas”, en términos de Guillermo O’Donnell. Frente a esa “complicidad estructural” del organismo financiero, el desafío, explica el fiscal, es desentrañar la responsabilidad de los funcionarios que encarnaron la voluntad del FMI, “bajar” la relación a las exigencias probatorias del derecho penal, acreditar que los agentes del FMI “eran conscientes de que en la República Argentina se estaba ‘reformando’ a sangre y fuego la sociedad para ‘ajustar’ las relaciones sociales al nuevo patrón de acumulación que surgía del incipiente ‘Consenso de Washington’ y que hoy reina como la versión financiera del capitalismo”.
Como hasta el momento no hay testigos ni documentos para acreditar esa certeza, Delgado propone al juez Sebastián Ramos intentar dilucidar si el FMI es responsable como institución “de esa relación genética entre el terror y la reforma económica”.
La incipiente investigación del fiscal parte de relevar y analizar “documentos parciales, fragmentados”. Por un lado, los cables de Cancillería sobre la relación de la dictadura con los Estados Unidos, por la influencia de sus políticas para el hemisferio. “Los cables describen un ‘medio ambiente’ que revela la existencia de un ecosistema preparado para recibir las directrices que hilvanaban el ‘Consenso de Washington’”, explica Delgado. Los documentos, en su mayoría de los últimos años de la dictadura, “revelan la tensión” entre la gestión del entonces presidente Jimmy Carter, que cuestionaba las violaciones a los derechos humanos, y “otro sector de la administración que, guiado por la razón instrumental, buscaba remover los obstáculos legales que impedían formalizar una compra de armas”, en referencia a la enmienda Humphrey-Kennedy que prohibía la asistencia militar y la venta de armas a Estados responsables de graves violaciones a las derechos humanos. Revelan también cómo “el paradigma mercantil guiaba a la política local, desesperada por recomponer las relaciones comerciales” con los Estados Unidos, advierte Delgado. Cita como ejemplo la crónica de un viaje de José Alfredo Martínez de Hoz en 1976 en la cual se destaca la cesión de una oficina de la Reserva Federal al ministro de Economía de la dictadura como “un hecho sin precedentes, que demuestra la confianza en el futuro económico de nuestro país”.
La segunda fuente de materiales de estudio que propone el fiscal es el decreto 223 del 27 de abril de 1976, que se propuso buscar soluciones “rápidas y justas” a los diferendos entre el Estado y “diversas empresas privadas, nacionales y extranjeras”. Para ello se crearon “Comisiones Asesoras Honorarias dependientes del PEN”, conformadas cada una por representantes de los ministerios de Economía y de Trabajo, de las tres fuerzas armadas y, si se trataba de empresas extranjeras, de un miembro de la Cancillería. “A la hora de ordenar la economía los litigios escapaban del sistema judicial y la autonomía de la voluntad privada y fugaban hacia la esfera de la administración”, advierte Delgado, y recuerda que un día después del decreto se sancionó la ley 21.299, que suspendió por 180 días los juicios producto de los diferendos con empresas.
Ambos bloques de documentos “revelan con nitidez que mientras el terror azotaba la subjetividad de los argentinos ‘hacia adentro’, ‘hacia afuera’ se privilegiaba captar los nuevos vientos de la relación social capitalista que mutaba de su faz industrial a la financiera”, concluye. Para escrutar “este doble movimiento” y establecer la responsabilidad del FMI propone bucear en los archivos, una tarea que sugiere encomendar a la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia (creada en 2004 para contribuir al proceso de reconstrucción de la memoria en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores), a la representación argentina ante el FMI y al Banco Central.
Fuente:Pagina12
“Entre la represión y las ideas económicas había un nexo genético” advirtió en su dictamen, al que accedió Télam, el fiscal federal Federico Delgado.
En el escrito entregado al juez federal Sebastián Ramos, Delgado le pidió que encomiende una investigación al respecto basada en cables recibidos del Ministerio de Economía, de Relaciones Exteriores, entre otros documentos relativos al FMI.
Delgado sistematizó los documentos y los incorporó a su dictamen para proponer al juez que “encomiende a un organismo del Poder
Ejecutivo Nacional la compulsa de los archivos epocales, para que auxilie al juzgado identificando los documentos compatibles con los trazos de este dictamen”, según el escrito entregado hoy a Ramos.
La fiscalía pidió al juez que encomiende la misma tarea a la delegación argentina en el FMI y al Banco Central para compulsar “todos los archivos que documenten la relación hacia afuera del Estado Nacional, durante el período 1976-83, en particular con el Fondo Monetario Internacional y el resto de los organismos que forman la multilateralidad en materia de créditos institucionales a nivel internacional”.
Para Delgado, “el punto de llegada es verificar si es posible reconstruir el circuito comunicativo del Estado hacia adentro y hacia afuera, a fin de tratar de responder la nueva pregunta que, proponemos, debe guiar la pesquisa: determinar si el FMI es culpable en tanto institución”.
La fiscalía aludió a una “complicidad estructural a nivel macro” y evaluó que “algunos agentes del FMI eran conscientes” de que en la República Argentina se estaba “reformando” a sangre y fuego la sociedad, para “ajustar” las relaciones sociales al nuevo patrón de acumulación que surgía del incipiente “Consenso de Washington” y que “hoy reina como la versión financiera del capitalismo”.
“Esto es, que entre la represión y las ideas económicas había un nexo genético. Y, además, que participaron de esos hechos asumiendo esa relación, sabiendo que el terror dejaría el camino listo para el nuevo rumbo social”, agregó la fiscalía.
El fiscal entendió que se revela “con nitidez que mientras el terror azotaba la subjetividad de los argentinos hacia adentro, hacia afuera se privilegiaba captar los nuevos vientos de la relación social capitalista que mutaba de su faz industrial hacia la financiera”.
Delgado pidió a Ramos que encomiende a la “Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia”, a la representación argentina ante el FMI y al Banco Central la búsqueda de “elementos contextuales necesarios para dirimir la existencia de responsabilidad ‘gruesa’ en los hechos”.
Fuente:24Baires.com
QUIEREN INVESTIGAR AL FMI POR EL ENDEUDAMIENTO DE LA ARGENTINA DURANTE LA ULTIMA DICTADURA
El terror y las reformas económicas
El fiscal Federico Delgado busca establecer la “complicidad institucional” del Fondo con las políticas económicas que acompañaron al terrorismo de Estado. Señala en su dictamen que documentos desclasificados demuestran la influencia de Estados Unidos.
El fiscal dice que el FMI “era consciente de que se estaba ‘reformando’ a sangre y fuego la sociedad”.Imagen: EFE
La responsabilidad del Fondo Monetario Internacional en el proceso de endeudamiento de la Argentina durante la última dictadura está en la mira de la Justicia. Consciente de la dificultad de probar en un proceso penal la responsabilidad concreta de funcionarios y agentes del FMI, el fiscal federal Federico Delgado elaboró un dictamen en el que propone establecer en un primera etapa la “inculpación gruesa” o institucional. Para lograrlo comenzó por analizar documentos de Cancillería sobre la relación entre la dictadura y el gobierno de los Estados Unidos y las negociaciones derivadas de un decreto de 1976 que creó “Comisiones Asesoras Honorarias” para solucionar diferendos entre el Estado y empresas privadas, nacionales y extranjeras. Para profundizar la investigación el fiscal propone encomendar un trabajo de archivo exhaustivo a la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia, al Banco Central y a la representación argentina en el FMI.
La responsabilidad del Fondo Monetario Internacional en el proceso de endeudamiento de la Argentina durante la última dictadura está en la mira de la Justicia. Consciente de la dificultad de probar en un proceso penal la responsabilidad concreta de funcionarios y agentes del FMI, el fiscal federal Federico Delgado elaboró un dictamen en el que propone establecer en un primera etapa la “inculpación gruesa” o institucional. Para lograrlo comenzó por analizar documentos de Cancillería sobre la relación entre la dictadura y el gobierno de los Estados Unidos y las negociaciones derivadas de un decreto de 1976 que creó “Comisiones Asesoras Honorarias” para solucionar diferendos entre el Estado y empresas privadas, nacionales y extranjeras. Para profundizar la investigación el fiscal propone encomendar un trabajo de archivo exhaustivo a la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia, al Banco Central y a la representación argentina en el FMI.
A partir de una denuncia de Patricia Walsh derivada de la causa sobre la deuda externa iniciada por Alejandro Olmos, Delgado señala que tiene la convicción, citando al politólogo Marcelo Cavarozzi, de “la participación que tuvo el FMI en la sustitución de la matriz estado céntrica por la mercado céntrica”, y de la necesidad de una “normalización” (entrecomillado por el fiscal) tendiente a “que la acumulación se realice en principal y sistemático beneficio de sus unidades oligopólicas y más trasnacionalizadas”, en términos de Guillermo O’Donnell. Frente a esa “complicidad estructural” del organismo financiero, el desafío, explica el fiscal, es desentrañar la responsabilidad de los funcionarios que encarnaron la voluntad del FMI, “bajar” la relación a las exigencias probatorias del derecho penal, acreditar que los agentes del FMI “eran conscientes de que en la República Argentina se estaba ‘reformando’ a sangre y fuego la sociedad para ‘ajustar’ las relaciones sociales al nuevo patrón de acumulación que surgía del incipiente ‘Consenso de Washington’ y que hoy reina como la versión financiera del capitalismo”.
Como hasta el momento no hay testigos ni documentos para acreditar esa certeza, Delgado propone al juez Sebastián Ramos intentar dilucidar si el FMI es responsable como institución “de esa relación genética entre el terror y la reforma económica”.
La incipiente investigación del fiscal parte de relevar y analizar “documentos parciales, fragmentados”. Por un lado, los cables de Cancillería sobre la relación de la dictadura con los Estados Unidos, por la influencia de sus políticas para el hemisferio. “Los cables describen un ‘medio ambiente’ que revela la existencia de un ecosistema preparado para recibir las directrices que hilvanaban el ‘Consenso de Washington’”, explica Delgado. Los documentos, en su mayoría de los últimos años de la dictadura, “revelan la tensión” entre la gestión del entonces presidente Jimmy Carter, que cuestionaba las violaciones a los derechos humanos, y “otro sector de la administración que, guiado por la razón instrumental, buscaba remover los obstáculos legales que impedían formalizar una compra de armas”, en referencia a la enmienda Humphrey-Kennedy que prohibía la asistencia militar y la venta de armas a Estados responsables de graves violaciones a las derechos humanos. Revelan también cómo “el paradigma mercantil guiaba a la política local, desesperada por recomponer las relaciones comerciales” con los Estados Unidos, advierte Delgado. Cita como ejemplo la crónica de un viaje de José Alfredo Martínez de Hoz en 1976 en la cual se destaca la cesión de una oficina de la Reserva Federal al ministro de Economía de la dictadura como “un hecho sin precedentes, que demuestra la confianza en el futuro económico de nuestro país”.
La segunda fuente de materiales de estudio que propone el fiscal es el decreto 223 del 27 de abril de 1976, que se propuso buscar soluciones “rápidas y justas” a los diferendos entre el Estado y “diversas empresas privadas, nacionales y extranjeras”. Para ello se crearon “Comisiones Asesoras Honorarias dependientes del PEN”, conformadas cada una por representantes de los ministerios de Economía y de Trabajo, de las tres fuerzas armadas y, si se trataba de empresas extranjeras, de un miembro de la Cancillería. “A la hora de ordenar la economía los litigios escapaban del sistema judicial y la autonomía de la voluntad privada y fugaban hacia la esfera de la administración”, advierte Delgado, y recuerda que un día después del decreto se sancionó la ley 21.299, que suspendió por 180 días los juicios producto de los diferendos con empresas.
Ambos bloques de documentos “revelan con nitidez que mientras el terror azotaba la subjetividad de los argentinos ‘hacia adentro’, ‘hacia afuera’ se privilegiaba captar los nuevos vientos de la relación social capitalista que mutaba de su faz industrial a la financiera”, concluye. Para escrutar “este doble movimiento” y establecer la responsabilidad del FMI propone bucear en los archivos, una tarea que sugiere encomendar a la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia (creada en 2004 para contribuir al proceso de reconstrucción de la memoria en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores), a la representación argentina ante el FMI y al Banco Central.
Fuente:Pagina12
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