SIN EL EJE EMPRESARIO EL JUICIO DE LOS OBREROS TENDRÁ SENTENCIA.

06 de Octubre de 2014

Mañana se conocerá el veredicto. La querella solicitó penas que van de los 18 años de cárcel a la prisió perpetua

Sin el eje empresario, el "juicio de los obreros" tendrá sentencia
El expediente investigó los delitos de lesa humanidad contra una treintena de trabajadores del Conurbano. Por negligencia judicial, los únicos imputados fueron militares, prefectos y policías.

Por Franco Mizrahi

Condenas - Las audiencias del juicio comenzaron el 8 de julio pasado. Mañana, el proceso llegará a su fin y tendrá sentencia.

Este martes se leerá el veredicto del llamado "juicio de los obreros", el undécimo proceso de la megacausa Campo de Mayo, en el que se juzgan los crímenes de lesa humanidad cometidos contra una treintena trabajadores navales y ceramistas de la zona norte del Conurbano Bonaerense, la mayoría con una fuerte militancia sindical de base. Durante las audiencias, que comenzaron el 8 de julio pasado, quedó expuesta la complicidad empresaria con el terrorismo de Estado en el secuestro y desaparición de las víctimas, entre 1976 y 1977. No obstante, por negligencia judicial los únicos imputados fueron cuatro militares, cuatro prefectos y un policía bonaerense. Se espera que en un próximo pleito se incluya a los colaboracionistas civiles.

"Este juicio, en el que abundaron testimonios y pruebas documentales sobre la participación empresarial y gerencial en los secuestros, no debería culminar sólo en condenas a los imputados militares, policías y prefectos. Es una gran oportunidad para que la justicia advierta o exhorte en sus sentencias a que se profundice la investigación sobre aquellos responsables no sólo de instigar a los secuestros, sino que participaron con determinados actos en la comisión de los hechos", afirmó el abogado Pablo Llonto, quien representa a las víctimas, a Tiempo Argentino. "Hay muchos empresarios y jefes de personal en la Argentina que vienen eludiendo los juicios porque ciertos sectores de la justicia son muy generosos con ellos", aseguró el letrado.

"Este caso fue elevado a juicio con pruebas que generamos los familiares. La complicidad civil ni siquiera se investigó. Hubo un trabajo deficiente del Juzgado de Instrucción y no hubo colaboración por parte del fiscal (Jorge) Sica", indicó Liliana Giovannelli, que integra la comisión Memoria, Verdad y Justicia-zona norte e impulsa la pesquisa junto con otros de sus compañeros. Los organismos de Derechos Humanos ya habían solicitado la recusación de Sica en abril del año pasado por su "falta de objetividad y compromiso" a la hora de "investigar y acusar a los responsables de los miles de crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo durante la última dictadura cívico-militar". El procurador fue remplazado luego de realizar casi toda la instrucción. En su lugar fue designado Miguel Blanco García Ordas.

Las empresas involucradas en este pleito, a las que las querellas sindican como colaboracionistas del genocidio, son los Astilleros Astarsa y Mestrina, y las fábricas de cerámica Lozadur y Cattáneo. Los secuestros de los militantes sindicales en estas firmas no se produjeron al azar. Al momento de los hechos, había conflictos gremiales abiertos.
Si bien los trabajadores de cada rubro transitaron un circuito represivo diferente, la mayoría tuvo un destino final común: Campo de Mayo y la muerte. Por eso, se produjo una unidad en el tratamiento judicial. Entre el 8 de julio y el 12 de agosto se abordaron los 17 casos que involucran a obreros navales. Y desde el 12 de agosto se trataron los secuestros de los 13 ceramistas.

IMPUTADOS Y AUSENTES. En el banquillo de los acusados escucharán la sentencia del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín los militares Santiago Riveros, ex jefe del Comando de Institutos Militares, quien lo secundaba en el comando, Reynaldo Bignone; Luís Sadi Pepa, ex director de la Escuela de Comunicaciones; y Eugenio Guañabens Perelló, ex director de la Escuela General Lemos dentro del Comando de Institutos Militares. Junto con el titular de la Comisaría 1ª de Tigre, Juan Demetrio Luna, son sindicados como responsables de los hechos y ya fueron condenados en otros juicios de lesa humanidad. A ellos se suman los prefectos Carlos Gerardi, Héctor Maldonado, Servando Ortega y Roberto Rossin. Los agentes de Prefectura están acusados como ejecutores, aunque en un solo caso: el de los obreros navales Martín Mastinú y Mario Marras. La querella solicitó para Riveros la prisión perpetua. Para Bignone, Sadi Pepa y el prefecto Gerardi, 25 años de prisión. A su vez, solicitó 20 años de cárcel para los prefectos Rossin, Puertas y Maldonado, y 18 años para Perelló.

"Esperemos que se apliquen las condenas que pedimos. Nuestra mayor expectativa es que el tribunal tome en consideración lo que solicitamos y que exija al juez de instrucción que investigue la prueba que surgió en este juicio. Para que se haga justicia se debe condenar a los responsables que quedaron afuera de este proceso. Se debe bajar en la cadena de mando y también apuntar a la evidente complicidad civil y empresarial", señaló Giovannelli en diálogo con este diario. Liliana tenía tan sólo 20 años de edad y ocho meses de casada cuando desaparecieron a su pareja, el obrero ceramista Juan Carlos Panizza.

LA COMPLICIDAD CIVIL. "En el transcurso del juicio declararon testigos como el ceramista José Alonso, quien dijo que la policía de la provincia de Buenos Aires se había infiltrado las fábricas. También declaró un jefe de personal de Lozadur, quien dijo que el dueño de la firma recibía a los militares, que tenía trato fluido con ellos", destacó Llonto.

"También es muy clara la responsabilidad empresaria en el caso de Cerámicas Cattáneo, donde los trabajadores fueron secuestrados y golpeados dentro de la misma fábrica durante su jornada laboral. En algunas ocasiones participó personal de seguridad vinculado a la empresa. En otras, directamente la firma acordó para que el personal de seguridad esté a cargo de grupos de tareas (vestidos) de civil", añadió el abogado.

En el caso de los obreros navales, ex trabajadores relataron que iban a buscar a las víctimas con un listado y en algunos casos tenían hasta una ficha con fotos. Muchos fueron secuestrados en las puertas de los astilleros.

nueva prueba documental

Además de las declaraciones esclarecedoras de los testigos, durante los tres meses que duró el proceso también surgió nueva prueba documental. Se destacan los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), cables desclasificados de los Estados Unidos y el libro de actas de Lozadur que desnudarron la complicidad empresarial.

Un cable desclasificado por el Departamento de Estado que data del 14 de junio de 1978 es contundente: una "fuente que se codea con agentes de inteligencia del Ejército nos dijo que 19 trabajadores de cerámica fueron ejecutados en Campo de Mayo en noviembre 1977". En otro pasaje, se resaltó: "Creemos que hay un alto grado de cooperación generalmente entre representantes de la administración y las agencias de seguridad orientada a eliminar infiltrados terroristas del los lugares de trabajo industriales y a minimizar el riesgo de conflicto industrial." Los documentos, otrora secretos, fueron aportados por Carlos Osorio, quien declaró como testigo mediante Teleconferencia desde el Consulado argentino en Washington.

Los libros de actas del Directorio de Lozadur también reflejaron la participación civil en los secuestros. Allí se plasmaron las reuniones que mantenían los directivos quienes se sentían tan impunes que dejaron por escrito sus deseos de volver a instaurar la "disciplina" en las fábricas.

"La única solución definitiva del problema era la eliminación de todos los elementos vinculados claramente a la acción disfrazada de gremial… por ello se resolvió cerrar el establecimiento y despedir con legal causa a todo el personal…", suscribieron los escribas. Giovannelli explicó: "El 18 de octubre del ’77, Lozadur cerró la fábrica. Echó a todos los obreros. El 24 de noviembre, según consta en las actas, reincorporó a todos, con una salvedad. Los directivos resaltaron que siete operarios no se presentaron a trabajar. Consideraron que su ausencia se debió a una falta ordinaria. Sabían muy bien que estaban desaparecidos."

Los libros de actas donde surge esta información valiosa se encontraban en la causa de la quiebra de Lozadur. Fue pedida por la querella en el 2010 y llegaron al expediente en febrero del 2014 con el caso ya elevado a juicio.

Otro elemento que surgió en el expediente fueron los informes de la ex DIPBA con información sobre las regionales Tigre y La Plata. "Un investigador del CONICET quien revisó los archivos dio cuenta de que una de las fuentes era un alto directivo de la empresa", explicó Giovannelli.
Fuente:TiempoArgentino