EN SINTONIA CON LA COMISION DE LA VERDAD, LLAMO A DEROGAR LA LEY DE AMNISTIA DE 1979
La CIDH instó a Brasil a juzgar a sus represores
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los responsables de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura brasileña deben rendir cuentas de sus actos. “La rendición de cuentas es fundamental”, destacó el organismo.
Dilma Rousseff recibe el informe de la Comisión de la Verdad de manos de Pedro Dallari, presidente de la comisión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó ayer a Brasil a cumplir las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad (CNV) y a derogar la Ley de Amnistía de 1979 para que los responsables de las violaciones de derechos humanos rindan cuentas de sus actos. El documento presentado por la comisión sobre los crímenes de la dictadura se hizo público el miércoles, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
De hecho, la publicación del informe reabrió el debate en Brasil sobre el alcance de la Ley de Amnistía. En este sentido, la CIDH se mostró satisfecha con la conclusión del trabajo de la CNV. “La rendición de cuentas es fundamental para combatir la impunidad y promover y preservar la justicia”, destacó el organismo.
“La lucha contra las graves violaciones de los derechos humanos y la publicación de las conclusiones de la Comisión de la Verdad contribuyen al fortalecimiento del estado democrático y de la democracia en las Américas y en el resto del mundo y da voz y esperanza a las víctimas y sus familiares”, añadió la CIDH, que recordó que “en el derecho internacional de los derechos humanos se reconoce que todos tienen derecho a saber la verdad”.
En el caso de las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, saber la verdad de lo que ocurrió es una forma de reparación, dijo este organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Si bien la CIDH reconoció el esfuerzo de Brasil para garantizar el derecho a la verdad y, en consecuencia, proporcionar una forma de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos, coincidió con la declaración de la comisión de que el informe no marca el comienzo o el fin de las investigaciones de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Brasil, sino que debe considerarse como una guía para el trabajo que todavía queda por hacer.
Además, la CIDH instó al Estado brasileño a cumplir todas las recomendaciones formuladas por la CNV a fin de garantizar plenamente y promover los derechos humanos de las víctimas, sus familiares y “todos los ciudadanos brasileños”.
La CNV consideró que las torturas y asesinatos de opositores formaban parte de una política de Estado durante la dictadura militar brasileña (1964-1985). En el informe se nombran 377 funcionarios públicos responsables de violaciones de derechos humanos cometidas en 230 lugares del país durante ese período. La lista incluye oficiales de alto rango de las fuerzas armadas y ex presidentes.
Según el informe, la represión política dejó al menos 434 muertos y desaparecidos. El informe fue entregado esta semana a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, quien estuvo tres años presa y fue torturada por las fuerzas de represión de la dictadura en los años ’70.
La mandataria ya ha dicho que no pretende anular la Ley de Amnistía, al enfatizar que los brasileños reconquistaron la democracia a través de luchas duras y de sacrificios humanos irreparables, pero también a través de pactos y acuerdos nacionales.
“Este informe contribuirá a que los fantasmas de un pasado muy doloroso y triste no se protejan en la sombra de la omisión”, dijo Rousseff, quien rompió a llorar durante su discurso, y aclaró que las atrocidades relatadas en el documento “no deben ser motivo para odios o ajustes de cuentas”.
El informe detalla en 4500 páginas miles de casos de persecuciones y torturas y cita como responsables a agentes de la dictadura, quienes sin embargo no pueden ser juzgados penalmente debido a una Ley de Amnistía dictada en 1979 por el propio régimen, que amparó a represores y guerrilleros y cuya constitucionalidad fue ratificada hace cuatro años por el Tribunal Supremo.
Para la comisión quedó ampliamente demostrado que las “graves violaciones” de derechos humanos perpetradas durante 21 años fueron una “política de Estado”, rechazando la explicación de las fuerzas armadas de que fueron hechos aislados o excesos. El informe causó el rechazo de los sectores involucrados en la represión y la violación de los derechos humanos, por la revelación de los crímenes cometidos. La voz más resonante fue la de Nilton Cerqueira, quien tuvo cargos jerárquicos durante la dictadura y rechazó el trabajo de la comisión que investigó crímenes cometidos por el régimen y calificó de terrorista a Rousseff.
Fuente:Pagina12
Represión mas allá de las fronteras
La Comisión de la Verdad de Brasil detalla los secuestros en el marco del Plan Cóndor
Heloísa Mendonça
São Paulo 13 DIC 2014
La Comisión de la Verdad de Brasil detalla los secuestros en el marco del Plan Cóndor
Heloísa Mendonça
São Paulo 13 DIC 2014
"Los que más me pegaban eran los brasileños. Digo brasileños porque hablaban en portugués. Me golpearon, me insultaron y comenzaron a revisar todo el piso. Allí no había más que papeles. Yannone [el mayor] se sentó en el suelo. Como le dolían los puños, se quitó un zapato y me golpeó”, relató Lilian Celiberti.
La entonces profesora vivía en Porto Alegre con el estudiante Universindo Rodríguez, ambos ciudadanos uruguayos, cuando fueron secuestrados con los hijos de ella en 1978. Los dos eran militantes del ilegal Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), opositor a la dictadura en Uruguay. Recogían información sobre torturas y se las pasaban a organismos de defensa de los derechos humanos en Europa.
El secuestro de Celiberti y Rodríguez fue una de las acciones de represión practicadas entre Brasil y Uruguay en el ámbito de la Operación Cóndor, una red secreta para el intercambio de informaciones y operaciones extraterritoriales de secuestro, tortura, ejecución y desaparición forzada de opositores políticos exiliados entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Según el informe final de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) brasileña, divulgado el pasado miércoles, la coincidencia de dictaduras militares de orientación ideológica semejante en Sudamérica en las décadas de 1970 y 1980 se reflejó en una intensa cooperación regional para el combate a la subversión. El documento detalla la colaboración extranjera con los militares brasileños y la actuación de agentes y diplomáticos fuera del país.
El informe de la CNV indica la existencia de bases brasileñas en varias capitales del exterior: Asunción, Montevideo, Santiago de Chile, París, Lisboa, Praga, Moscú, Varsovia y Berlín. Además, la Comisión encontró indicios de bases en Caracas, La Paz y Lima. El delegado Sérgio Fleury, uno de los jefes de la represión, viajó a países vecinos con conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, según el informe, que señala que el policía brasileño estuvo en Francia, Uruguay, Argentina y Chile.
Sin la ayuda de Estados Unidos, ningún país de la región habría conseguido organizar el sistema de la Operación Cóndor. Se sabe, por ejemplo, que la CIA proporcionó la tecnología puntera usada en la producción y utilización de una base de datos común a todos los países miembros.
Sin embargo, antes de la formalización de la operación, el régimen brasileño ya mantenía colaboración con los países vecinos a fin de vigilar y restringir los derechos de brasileños exiliados. Este fue, entre otros, el caso del presidente João Goulart, que llegó a Uruguay en abril de 1964. La dictadura brasileña presionó el Gobierno uruguayo en búsqueda de cooperación. La estación de la CIA en Río de Janeiro también colaboró en el control de los exiliados en Uruguay e interfirió directamente en la designación de diplomáticos para la Embajada de Brasil en Montevideo.
Los archivos de Exteriores muestran evidencias de que este Ministerio llegó a estar involucrado directamente en al menos un episodio de detención arbitraria en Uruguay, de manera oficial, aunque de forma secreta. Fueron localizados documentos que comprueban que un ciudadano brasileño, Luiz Bastian Pinto, fue detenido en Uruguay y entregado a la policía brasileña en la frontera, a través de una acción pactada entre el embajador de Brasil y el ministro de Interior uruguayo.
Este episodio, que para la CNV prueba la implicación directa del Ministerio de Relaciones Exteriores, parece no haber sido aislado. Aparecen, en otros documentos, la Embajada y los consulados, el Centro de Informaciones del Exterior (CIEx), la Policía Federal y el Departamento de Orden Política y Social (DOPS) brasileños. Del lado uruguayo, hay registros de participación del Departamento Nacional de Informaciones e Inteligencia y de las jefaturas de policía de Montevideo y otras ciudades.
Hay también, entre telegramas y oficios, muchos documentos que encaminaron informaciones sobre ciudadanos de otras nacionalidades, buscados en los países vecinos.
El Consulado General de Montevideo enviaba regularmente listas de “extranjeros subversivos e indeseables”. Entre los nombres se encontraba, por ejemplo, José Mujica, actual presidente de Uruguay, y u mujer, Lucía Topolansky.
Chile
Las pesquisas en los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil encontraron también evidencias de que la actuación del Estado brasileño respecto a sus ciudadanos que se encontraban en Chile durante la dictadura fue más allá de la omisión de protegerlos.
Una lista divulgada por Manuel Contreras, exjefe de la policía secreta chilena, mostró que 108 brasileños estuvieron presos en el Estadio Nacional, y uno de ellos, Wânio José de Mattos, falleció “en situación de deliberada omisión de socorro”. A muchos de ellos se les podría haber liberado rápidamente, concluye el informe. Las comunicaciones del periodo, entre la Embajada y el Consulado en Santiago y la Secretaria de Estado en Brasilia, muestran que Exteriores llegó a tomar iniciativas para impedir que fueran soltados.
El informe también indica que Exteriores solo se preocupó por obtener datos de brasileños exiliados en Chile para vigilar sus actividades. “El golpe de Estado en Chile, y la subsiguiente persecución de los extranjeros que allá se encontraban, fue para las autoridades brasileñas una ocasión privilegiada para descubrir el paradero de centenares de oponentes al régimen brasileño que habían dejado el país y, de allí en delante, seguir la pista de sus desplazamientos en el exterior”.
Desaparecidos en Buenos Aires
El informe menciona también casos de brasileños que desaparecieron en Argentina. El dirigente del Partido Operario Revolucionario Trotsquista (POR-T) Sérgio Fix Marques de Santos, y editor del periódico Frente Operaria, desapareció en Buenos Aires el 15 de febrero de 1976. El documento también destaca los casos del músico Francisco Tenório y Maria Regina Marcondes Pinto, que también desaparecieron en la capital argentina. Regina estaba bajo constante vigilancia de la represión brasileña, según documentos de Exteriores.
Fuente:ElPaís
Viernes, 12 de diciembre de 2014
Rousseff lloró durante presentación del informe de Comisión de la Verdad
La Comisión de la Verdad de Brasil presentó este miércoles su informe final sobre las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura, en el que estableció que las atrocidades fueron “sistemáticas” y reavivó la polémica por la impunidad que aún
ampara
“Este informe contribuirá a que los fantasmas de un pasado muy doloroso y triste no se protejan en la sombra de la omisión”, dijo la mandataria, quien rompió a llorar en medio de su discurso pero aclaró que las atrocidades relatadas en el documento “no deben ser motivo para odios o ajustes de cuentas”.
El voluminoso informe detalla en sus 4.500 páginas miles de casos de persecuciones y torturas y cita como responsables a 377 agentes de la dictadura, de los cuales unos 200 todavía viven.
Los acusados, sin embargo, no pueden ser llevados a tribunales debido a una Ley de Amnistía dictada en 1979 por el propio régimen, que amparó a represores y guerrilleros y cuya constitucionalidad fue ratificada hace cuatro años por el Tribunal Supremo.
La Comisión de la Verdad, sin embargo, incluyó en un capítulo de “recomendaciones” la sugerencia de que esa amnistía no sea aplicada a aquellos responsables de delitos de lesa humanidad.
Según el documento, la amnistía no puede amparar a responsables de “detenciones ilegales, torturas, ejecuciones, desapariciones forzosas y ocultación de cadáveres, lo cual es incompatible con el derecho brasileño y el orden jurídico internacional”.
Hasta ahora, las Fuerzas Armadas de Brasil han declarado en forma oficial, mediante un documento divulgado este año, que no pueden “negar ni confirmar” que durante la dictadura hubo violaciones de los derechos humanos.
No obstante, en el Tribunal Supremo no parece haber clima para volver a discutir la amnistía.
Fuente:MercoPress
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