04-02-2015 - Declararon ante la Justicia familiares de dos militantes de la Juventud Peronista y Acción Católica asesinados el 20 de abril de 1975 en San Lorenzo.
"Cuando llegué a la Policía me tiraron las fotos de mi hermano muerto. Lo reconocí por una medalla del Sagrado Corazón que yo le había regalado. Me entregaron su cuerpo desnudo y bañado, con el pelo mojado", relató a la Justicia Ramona de Jesús Díaz Romero, hermana de Ramón Antonio Díaz Romero, un militante de la Juventud Peronista asesinado el 20 de abril de 1975 junto con un compañero en San Lorenzo.
La mujer dio su testimonio ayer a la tarde en el juicio que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal por delitos de lesa humanidad perpetrados contra 18 víctimas durante la década el setenta en la provincia.
Ramón Antonio Díaz Romero y René Locasio Terán pertenecían a la Juventud Peronista y también participaban de tareas solidarias en la organización Acción Católica.
Si bien eran de Tucumán, los mataron en San Lorenzo, donde habían ido a visitar a una compañera.
Ramona de Jesús describió el modo en que actuaban las fuerzas de seguridad. "El 21 de abril a la madrugada me estaba bañando y llaman a mi casa en Tucumán.
Les pregunté qué querían a esa hora y me dijeron que era para comunicar que mi hermano había caído ajusticiado.
Pregunté qué quería decir. Me respondieron "muerto'' y colgaron", recordó.
La mujer aseguró que su madre falleció cuando se enteró de la noticia y que ella tuvo que viajar para buscar el cuerpo a Salta.
También denunció que la Policía la sometió a abusos cuando se presentó a pedir los papeles necesarios para llevarse el cadáver a Tucumán.
"Cuando fui a que me firmaran la autorización para trasladarlo, un policía ordenó requisarme... Me hicieron desnudar delante de todos", dijo.
Ramona de Jesús trabajaba en la gobernación de Tucumán pero aseguró que el interventor de esa provincia, Antonio Bussi, hizo que la despidieran cuando se enteró de que ella había viajado a Salta a buscar los restos de su hermano asesinado.
"Cinco años anduve vendiendo empanadas. Después logré hacer un juicio y la Justicia ordenó que me pagaran 16 millones de pesos, que usé para ayudar a mi familia", señaló.
La mujer describió a su hermano como un joven comprometido con los demás. "Nació en 1948, hijo de un obrero azucarero. No puedo dejar de pensar en él y en su fuerza interior", expresó.
Magdalena Locasio Terán, hermana de René, negó ayer que los jóvenes hayan fallecido mientras combatían con policías o miembros del Ejército, como indica la versión oficial que dieron las fuerzas de seguridad sobre el caso.
"Se habían ido a dormir en la casa de San Lorenzo donde visitaban a una compañera. Tomaron por asalto la vivienda y los asesinaron. Mi hermano tenía un solo tiro en la nuca...
En su cuerpo no había ningún rasguño ni signo de enfrentamiento", manifestó, y agregó que el joven había sido amenazado por la Alianza Anticomunista Argentina.
René estudiaba agronomía y era de Tucumán pero se había mudado a Jujuy por miedo.
Tenía 23 años cuando murió. Tiempo después asesinaron también a su mujer, que había dado a luz seis
Tenía 23 años cuando murió. Tiempo después asesinaron también a su mujer, que había dado a luz seis
meses antes.
"Era muy generoso, sencillo y transparente. Llevó una vida austera. Recibí la noticia de su muerte en la cárcel porque había sido secuestrada", dijo a los jueces Magdalena Locasio Terán, que dio su testimonio por teleconferencia desde Tucumán.
Los seis imputados
El Tribunal Oral Federal juzga homicidios, secuestros y torturas perpetrados contra 18 víctimas en la década del setenta.
Están imputados los coroneles retirados Miguel Raúl Gentil y Vírtom Modesto Mendíaz; el exdirector de Seguridad de la Policía, Joaquín Guil y los excomisarios Antonio Saravia, Abel Guaymás y Néstor Liendro.
Delitos de lesa humanidad
Es la séptima causa que llega a juicio En Salta ya se condenó el secuestro del gobernador Miguel Ragone; el asesinato de 11 presos políticos conocido como Masacre de Palomitas y la muerte de docentes de la universidad, entre otros casos.
La hija de una víctima solicitó no declarar
Inés Cecilia Locasio, hija de uno de los militantes asesinados en 1975, estaba citada a declarar para ayer pero pidió que la excusaran de dar testimonio por recomendación de su psicóloga. El tribunal aceptó su solicitud.
Sin defensor oficial para uno de los acusados
Hasta ayer no estaba definido quién sería el defensor oficial de Antonio Saravia, uno de los imputados. Su abogado original adujo que sus intereses se contraponían con los de otros acusados a los que representa.
Fuente:ElTribuno
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