08.04.2015
Debate
Expresan preocupación por los obstáculos en los juicios de lesa humanidad
Debate
Expresan preocupación por los obstáculos en los juicios de lesa humanidad
Numerosos expositores expresaron en especial su alarma por recientes fallos que favorecieron a empresarios imputados por delitos de lesa humanidad como Pedro Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma en Jujuy, y Vicente Massot, director del diarios La Nueva Provincia, de Bahía Blanca.
La abogada María José Castillo aludió al “estupor y consternación” que causó en sobrevivientes y familiares de víctimas la falta de mérito que benefició a Blaquier en el “fallo absolutamente arbitrario” de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que bloqueó el camino al juicio oral aunque fue recurrido ante la Corte Suprema.
“Esperábamos un juicio oral por toda la prueba existente y nos sorprendió amargamente este fallo sin precedentes. Es la Corte la que tiene que resolver ahora si avanzamos o no en este proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Queremos saber cuánto va a estar la causa Blaquier acá, que resue lvan rápidamente y nos den la posibilidad de juzgar”, expresó la abogada de una de las querellas.
La presidenta de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa, que participó del debate, formuló declaraciones a la prensa pero rehusó opinar sobre el fallo favorable a Blaquier, según explicó, por su desconocimiento del expediente.
“Yo no intervine en esa causa, que es de la Sala IV y en un expediente tan voluminoso sería irresponsable hablar, si yo no lo he tenido en mis manos”, respondió a una pregunta de Télam.
Por su parte, el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, compartió la preocupación expresada por numerosos participantes en la reunión y que seguramente recogerá un documento de conclusiones, si finalmente se concretaba la idea de redactarlo.
“Yo creo que estos últimos fallos son preocupantes y en este sentido, ha sido muy oportuna la convocatoria”, dijo el fiscal Auat en alusión a la tercera reunión de la llamada Mesa de Discusión, que deliberó hoy en la planta baja de la sede de la Procuraduría General de la Nación, en Avenida de Mayo al 700, en el centro porteño.
Para Auat, esas resoluciones judiciales son “una alerta activada”, en especial la del caso Blaquier, y “alimentan esa sensación de que estamos ante un punto final judicial” o un “nuevo cepo de impunidad” cuando la investigación procura avanzar sobre grupos empresariales y otros actores civiles imputados en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
“Nosotros planteamos esta discusión en el escenario judicial pero la decisión de impunidad es una decisión política, aunque la tome un tribunal. Y esto se advierte claramente en el contenido de algunas de las resoluciones que nos preocupan tanto”, subrayó el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
En el debate, diversos participantes atribuyeron además una creciente “inacción” a la Comisión Interpoderes creada por la Corte Suprema para acelerar los juicios e integrada por diversas agencias oficiales de los poderes del Estado.
Según dijeron, para las querellas de sobrevivientes y familiares de víctimas resulta cada vez más difícil acceder a esa Comisión a fin de resolver demoras y otras dificultades en las causas judiciales que los involucran, en especial si tienen a civiles entre los imputados.
En este marco, el abogado Tomás Ojea Quintana dijo a Télam que la causa contra ex directivos de la empresa automotriz Ford por el secuestro de más de 20 trabajadores de la planta de Pacheco, en su mayoría delegados, aún no tiene fecha de juicio.
“La causa Ford está muy bien desde el punto de vista probatorio. Estamos convencidos de que hay muchísima prueba y que alcanza para condenar a los ex gerentes de Ford que están procesados”, explicó.
No obstante, el letrado recordó los problemas surgidos “con la integración del Tribunal Oral Federal de San Martín, con jueces que se excusaron y otros obstáculos que nos presenta el Poder Judicial” en la causa iniciada en el 2003.
“Hemos encontrado alguna respuesta de Casación para que se reconstituya la integración del Tribunal y esta semana vamos a pedir la designación de fecha del juicio oral”, agregó.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa, sostuvo que “la Argentina es el país mejor del mundo” en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, como “resultado del esfuerzo de muchos sectores de la sociedad”, entre los que mencionó a “abogados, organismos, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal”.
Participantes en la reunión valoraron la regla conocida como 1/12 pero propiciaron su actualización, ante estrategias dilatorias desarrolladas por las defensas de los acusados y algunos propusieron además la sanción de legislación especial para acelerar los juicios.
La abogada María José Castillo aludió al “estupor y consternación” que causó en sobrevivientes y familiares de víctimas la falta de mérito que benefició a Blaquier en el “fallo absolutamente arbitrario” de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que bloqueó el camino al juicio oral aunque fue recurrido ante la Corte Suprema.
“Esperábamos un juicio oral por toda la prueba existente y nos sorprendió amargamente este fallo sin precedentes. Es la Corte la que tiene que resolver ahora si avanzamos o no en este proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Queremos saber cuánto va a estar la causa Blaquier acá, que resue lvan rápidamente y nos den la posibilidad de juzgar”, expresó la abogada de una de las querellas.
La presidenta de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa, que participó del debate, formuló declaraciones a la prensa pero rehusó opinar sobre el fallo favorable a Blaquier, según explicó, por su desconocimiento del expediente.
“Yo no intervine en esa causa, que es de la Sala IV y en un expediente tan voluminoso sería irresponsable hablar, si yo no lo he tenido en mis manos”, respondió a una pregunta de Télam.
Por su parte, el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, compartió la preocupación expresada por numerosos participantes en la reunión y que seguramente recogerá un documento de conclusiones, si finalmente se concretaba la idea de redactarlo.
“Yo creo que estos últimos fallos son preocupantes y en este sentido, ha sido muy oportuna la convocatoria”, dijo el fiscal Auat en alusión a la tercera reunión de la llamada Mesa de Discusión, que deliberó hoy en la planta baja de la sede de la Procuraduría General de la Nación, en Avenida de Mayo al 700, en el centro porteño.
Para Auat, esas resoluciones judiciales son “una alerta activada”, en especial la del caso Blaquier, y “alimentan esa sensación de que estamos ante un punto final judicial” o un “nuevo cepo de impunidad” cuando la investigación procura avanzar sobre grupos empresariales y otros actores civiles imputados en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
“Nosotros planteamos esta discusión en el escenario judicial pero la decisión de impunidad es una decisión política, aunque la tome un tribunal. Y esto se advierte claramente en el contenido de algunas de las resoluciones que nos preocupan tanto”, subrayó el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
En el debate, diversos participantes atribuyeron además una creciente “inacción” a la Comisión Interpoderes creada por la Corte Suprema para acelerar los juicios e integrada por diversas agencias oficiales de los poderes del Estado.
Según dijeron, para las querellas de sobrevivientes y familiares de víctimas resulta cada vez más difícil acceder a esa Comisión a fin de resolver demoras y otras dificultades en las causas judiciales que los involucran, en especial si tienen a civiles entre los imputados.
En este marco, el abogado Tomás Ojea Quintana dijo a Télam que la causa contra ex directivos de la empresa automotriz Ford por el secuestro de más de 20 trabajadores de la planta de Pacheco, en su mayoría delegados, aún no tiene fecha de juicio.
“La causa Ford está muy bien desde el punto de vista probatorio. Estamos convencidos de que hay muchísima prueba y que alcanza para condenar a los ex gerentes de Ford que están procesados”, explicó.
No obstante, el letrado recordó los problemas surgidos “con la integración del Tribunal Oral Federal de San Martín, con jueces que se excusaron y otros obstáculos que nos presenta el Poder Judicial” en la causa iniciada en el 2003.
“Hemos encontrado alguna respuesta de Casación para que se reconstituya la integración del Tribunal y esta semana vamos a pedir la designación de fecha del juicio oral”, agregó.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa, sostuvo que “la Argentina es el país mejor del mundo” en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, como “resultado del esfuerzo de muchos sectores de la sociedad”, entre los que mencionó a “abogados, organismos, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal”.
Participantes en la reunión valoraron la regla conocida como 1/12 pero propiciaron su actualización, ante estrategias dilatorias desarrolladas por las defensas de los acusados y algunos propusieron además la sanción de legislación especial para acelerar los juicios.
Fuente:Telam
8-4-2015
Preparan un documento
Preocupación por el retroceso de juicios a cómplices civiles
Preparan un documento
Preocupación por el retroceso de juicios a cómplices civiles
Fiscales y representantes de organismos de derechos humanos analizaron las últimas resoluciones en los casos donde se investiga la responsabilidad de Carlos Blaquier y Vicente Massot en el terrorismo de Estado. También marcaron la necesidad de avanzar en el expediente donde se denunció la apropiación de Papel Prensa.
La preocupación más urgente de funcionarios judiciales y organismos de derechos humanos en la última reunión de la mesa de discusión que instaló la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad fue el estancamiento –cuando no el retroceso- del enjuiciamiento a los colaboradores civiles de la última dictadura militar. “Se debatió cuál debe ser el límite de la investigación de los crímenes de la dictadura: si está en agotar la investigación en la responsabilidad de los represores o si hay que avanzar hacia los civiles.
Y, por otro lado, que la selectividad hacia adentro de los procesos con los grupos económicos o los civiles no hace más que consagrar privilegios”, contó Jorge Auat, el fiscal general que coordina la Procuraduría.
Las mesas de discusión son espacios de reflexión y propuestas que se impusieron cuando Auat se hizo cargo del organismo del Ministerio Público. Se reúnen, tres o cuatro veces al año, los fiscales que instruyen las causas por delitos de Lesa Humanidad, los sobrevivientes del terrorismo de Estado, familiares querellantes y organismos de derechos humanos, para señalar los obstáculos y proponer estrategias jurídicas para avanzar en los juicios. “Éramos más de cien personas llegadas de Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Rosario, Chaco y otras. Lo importante es que con estos últimos fallos a cómplices civiles importantes no se abran nuevamente las puertas a la impunidad”, agregó Auat.
A la reunión asistieron la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, Gabriela Alejandra Vázquez; la titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa; el fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler; y el de Mendoza, Dante Vega; y Martin Niklison, que está a cargo de la Unidad de Asistencia de causas por Violaciones a los Derechos Humanos. También coordinador de la unidad fiscal especializada en casos de apropiación de niños durante la dictadura, Pablo Parenti; representantes de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Cancillería de la Nación; Paula Litvachky y Luz Palma del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), y miembros de los organismos de derechos humanos, como Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. “La causa que más preocupa es la de (Carlos) Blaquier, sin perjuicio de las otras como la de (Vicente) Massot, director del diario La Nueva Provincia y la de Papel Prensa”, completó Auat.
El 13 de marzo, la sala IV de la Cámara de Casación Penal de la Nación –conformada por los jueces Juan Carlos Geminiani, Eduardo Rafael Righi y Gustavo Hornos- revirtió el procesamiento contra Blaquier –propietario del Ingenio Ledesma, en Jujuy-, que había sido confirmado por cuatro jueces. Los camaristas consideraron que no había prueba directa para acreditar que Blaquier y Alberto Lemos, otro directivo de la empresa, sabían que las camionetas del Ingenio fueron utilizadas durante la llamada “Noche del Apagón”. Se trató de un operativo represivo desarrollado el 20 de julio de 1976, cuando se cortó la luz en Libertador General San Martín y Calilegua y hubo unos 400 secuestros.
“Nosotros apelamos la decisión, al igual que la fiscalía, porque lo consideramos un fallo ilógico, que no tiene racionalidad ni argumentos sólidos”, dijo a Infojus Noticias María José Castillo, abogada querellante en la causa por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que también participó del cónclave. “No tuvieron en cuenta el contexto en el que se vivía, la situación de enfrentamiento por pertenecer a gremios que tenían muchos de los secuestrados con la empresa, ni que Blaquier y Lemos eran personas influyentes y no podían desconocer lo que sucedía”, completó.
Todo estaba listo en Jujuy para juzgar al mandamás del ingenio azucarero por su complicidad con la dictadura. Las paredes de San Salvador y el interior de la provincia estaban llenas de pintadas dónde se pedía su juicio por “genocida”. La Fiscalía y las querellas habían pedido la elevación a juicio, y sólo faltaba que el juez de la causa, Fernando Poviña, aceptara la clausura de la investigación, cuando Casación volvió atrás los procesamientos de Blaquier y Lemos. “El mensaje para la sociedad que dan estos jueces es hasta acá se llega con los juicios”, dijo Castillo.
Junto al fallo que favoreció a Blaquier, siguieron otros: uno que puso a salvo del juicio a Massot y los gerentes de los diarios Clarín, La Nación y La Razón en la causa que investiga la apropiación ilegal de Papel Prensa. “El fallo sobre Blaquier ofrece una lectura muy vinculada al contexto actual, y aunque es muy difícil decir que tienen que ver exclusivamente con el contexto, del mismo modo no puedo soslayar el contexto”, reflexionó Auat.
Ahora los fiscales y el resto de los asistentes a la reunión preparan un documento en el que dejarán sentadas estas preocupaciones.
Fuente:Infojus
Lesa Humanidad
Análisis de los nuevos desafíos y consenso de acciones a seguir
Multitudinaria reunión en la Procuración para debatir el futuro de los juicios
Foto: Lucas Herrera / Ministerio Público Fiscal /Fiscales.gob.ar
"Hay una sensación de que se vuelven a instalar los cercos de impinidad que rodearon estas causas" dijo Auat
La Presidenta de la Cámara de Casación Penal, Ana María Figueroa, dijo que "los juicios no tienen vuelta atrás"
El fiscal Auat dijo que "hay sectores del Poder Judicial que no comprenden la dimensión de estos prcesos"
La Presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, celebró la realización del encuentro.
Cristina Taboada de la organización Zona Norte y Campo de Mayo
Ernesto Moureau, representante de APDH
8.04.2015
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad convocó a representantes de agencias estatales y de organismos de derechos humanos para analizar el estado de los procesos. Coincidieron en la necesidad de que la Corte Suprema se pronuncie en causas con recientes fallos adversos a la persecución de civiles y compartieron experiencias de todo el país.Foto: Lucas Herrera / Ministerio Público Fiscal /Fiscales.gob.ar
Y, por otro lado, que la selectividad hacia adentro de los procesos con los grupos económicos o los civiles no hace más que consagrar privilegios”, contó Jorge Auat, el fiscal general que coordina la Procuraduría.
Las mesas de discusión son espacios de reflexión y propuestas que se impusieron cuando Auat se hizo cargo del organismo del Ministerio Público. Se reúnen, tres o cuatro veces al año, los fiscales que instruyen las causas por delitos de Lesa Humanidad, los sobrevivientes del terrorismo de Estado, familiares querellantes y organismos de derechos humanos, para señalar los obstáculos y proponer estrategias jurídicas para avanzar en los juicios. “Éramos más de cien personas llegadas de Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Rosario, Chaco y otras. Lo importante es que con estos últimos fallos a cómplices civiles importantes no se abran nuevamente las puertas a la impunidad”, agregó Auat.
A la reunión asistieron la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, Gabriela Alejandra Vázquez; la titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa; el fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler; y el de Mendoza, Dante Vega; y Martin Niklison, que está a cargo de la Unidad de Asistencia de causas por Violaciones a los Derechos Humanos. También coordinador de la unidad fiscal especializada en casos de apropiación de niños durante la dictadura, Pablo Parenti; representantes de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Cancillería de la Nación; Paula Litvachky y Luz Palma del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), y miembros de los organismos de derechos humanos, como Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. “La causa que más preocupa es la de (Carlos) Blaquier, sin perjuicio de las otras como la de (Vicente) Massot, director del diario La Nueva Provincia y la de Papel Prensa”, completó Auat.
El 13 de marzo, la sala IV de la Cámara de Casación Penal de la Nación –conformada por los jueces Juan Carlos Geminiani, Eduardo Rafael Righi y Gustavo Hornos- revirtió el procesamiento contra Blaquier –propietario del Ingenio Ledesma, en Jujuy-, que había sido confirmado por cuatro jueces. Los camaristas consideraron que no había prueba directa para acreditar que Blaquier y Alberto Lemos, otro directivo de la empresa, sabían que las camionetas del Ingenio fueron utilizadas durante la llamada “Noche del Apagón”. Se trató de un operativo represivo desarrollado el 20 de julio de 1976, cuando se cortó la luz en Libertador General San Martín y Calilegua y hubo unos 400 secuestros.
“Nosotros apelamos la decisión, al igual que la fiscalía, porque lo consideramos un fallo ilógico, que no tiene racionalidad ni argumentos sólidos”, dijo a Infojus Noticias María José Castillo, abogada querellante en la causa por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que también participó del cónclave. “No tuvieron en cuenta el contexto en el que se vivía, la situación de enfrentamiento por pertenecer a gremios que tenían muchos de los secuestrados con la empresa, ni que Blaquier y Lemos eran personas influyentes y no podían desconocer lo que sucedía”, completó.
Todo estaba listo en Jujuy para juzgar al mandamás del ingenio azucarero por su complicidad con la dictadura. Las paredes de San Salvador y el interior de la provincia estaban llenas de pintadas dónde se pedía su juicio por “genocida”. La Fiscalía y las querellas habían pedido la elevación a juicio, y sólo faltaba que el juez de la causa, Fernando Poviña, aceptara la clausura de la investigación, cuando Casación volvió atrás los procesamientos de Blaquier y Lemos. “El mensaje para la sociedad que dan estos jueces es hasta acá se llega con los juicios”, dijo Castillo.
Junto al fallo que favoreció a Blaquier, siguieron otros: uno que puso a salvo del juicio a Massot y los gerentes de los diarios Clarín, La Nación y La Razón en la causa que investiga la apropiación ilegal de Papel Prensa. “El fallo sobre Blaquier ofrece una lectura muy vinculada al contexto actual, y aunque es muy difícil decir que tienen que ver exclusivamente con el contexto, del mismo modo no puedo soslayar el contexto”, reflexionó Auat.
Ahora los fiscales y el resto de los asistentes a la reunión preparan un documento en el que dejarán sentadas estas preocupaciones.
Fuente:Infojus
Lesa Humanidad
Análisis de los nuevos desafíos y consenso de acciones a seguir
Foto: Lucas Herrera / Ministerio Público Fiscal /Fiscales.gob.arEl fiscal Auat dijo que "hay sectores del Poder Judicial que no comprenden la dimensión de estos prcesos"
8.04.2015
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad convocó a representantes de agencias estatales y de organismos de derechos humanos para analizar el estado de los procesos. Coincidieron en la necesidad de que la Corte Suprema se pronuncie en causas con recientes fallos adversos a la persecución de civiles y compartieron experiencias de todo el país.Foto: Lucas Herrera / Ministerio Público Fiscal /Fiscales.gob.ar
"Hay una sensación de que se vuelven a instalar los cercos de impunidad que rodearon estas causas", dijo Auat.
Convocados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en el marco de la Mesa de Diálogo Institucional y Social, los asistentes a la reunión más numerosa de este tipo desarrollada desde la creación del espacio por parte de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, coincidieron en la necesidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise aquellas decisiones.
"Hay una sensación de que se vuelven a instalar los cercos de impunidad que rodearon estas causas", abrió el titular de la Procuraduría, Jorge Auat. El fiscal general señaló que hay sectores del Poder Judicial que "no comprenden la dimensión de estos procesos" y la especial atención que merecen las víctimas del terrorismo de Estado. En ese sentido, convocó a "leer los expedientes desde el lugar de la víctima".
Auat recordó que los fallos adversos en diferentes lugares del país, como en las causas Malvinas, Massot (Bahía Blanca) y Papel Prensa (Buenos Aires), sumados a Blaquier y Botinelli, se conocieron luego de la apertura del año judicial por parte del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. "A pocos días de ese discurso vinieron los fallos que nos generaron tanta preocupación", indicó. "No se puede pensar el terrorismo de Estado ligado sólo a los cuarteles", dijo en referencia al apoyo empresarial que tuvo la dictadura.
La preocupación está centrada en el "nuevo estándar probatorio" requerido por los tribunales para probar los hechos y la importancia de mantener la diferencia entre la instancia del procesamiento y la de juicio. Los ejemplos del caso Blaquier, donde la Cámara de Casación señaló que no estaba acreditado que el dueño del ingenio Ledesma y su administrador conocieran que la camionetas prestadas a las fuerzas de seguridad iban a ser utilizadas para el secuestro de los trabajadores, o el criterio de la Cámara Federal porteña de que se incorporen los cassettes de la falsa entrevista que publicó la revista Para Tí a Thelma Jara de Cabezas mientras estaba cautiva del grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada con el objeto de evaluar la manipulación realizada por el imputado ex secretario de redacción de ese medio Agustín Botinelli anticipan discusiones que debieran darse en el juicio oral y público y cercenan el derecho a mantener la instancia de instrucción, coincidieron los participantes. En palabras de la coordinadora de la Procuraduría, Carolina Varsky, "esos fallos adversos muestran una intención política".
El fiscal Auat y el resto de los asistentes remarcaron la preocupación frente a lo que denominaron "impunidad biológica", en rigor la muerte de los imputados antes de recibir sentencia, pero también se habló de las cientos de víctimas que murieron sin haber visto cómo se hacía justicia. "La viuda de Aredez murió viendo impunidad", ejemplificó Auat acerca del caso Blaquier.
Más tarde, la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, remarcó que el juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado en curso "no tiene vuelta atrás" y que "es imprescindible llevar adelante estos porque la sociedad no puede vivir en impunidad". La jueza enfatizó que en este momento hay un 30 por ciento de vacantes en el Poder Judicial y, entre otros puntos, atribuyó las demoras en el avance de las causas a la falta de jueces. A su turno, la Presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vasquez, celebró la realización de este Foro.
Los representantes de organizaciones de derechos humanos plantearon, por su parte, las realidades diferentes de cada jurisdicción: desde la falta de jueces para componer tribunales, las excarcelaciones masivas y/u otorgamiento de prisiones domiciliarias, hasta la repetición constante de los mismos imputados en todos los juicios, sin resquicios para avanzar sobre otros miembros de las fuerzas de seguridad y civiles.
El caso de Bahía Blanca, con el cuestionamiento del juez subrogante Claudio Pontet que está en el Consejo de la Magistratura desde hace cuatro meses sin que se resuelva, estuvo también entre las preocupaciones.
También, hubo preocupación unánime de los organismos en la situación respecto del imputado César Milani, que actualmente ocupa el cargo de jefe del Ejército. Noemí Labrune, querellante de Neuquén, contó que en 1999 el militar estuvo a cargo de una guarnición de esa ciudad desde donde lideró una campaña contra los incipientes juicios por la verdad.
Marisa Sanauria, de Corrientes, propuso la creación de una instancia similar a la Unidad que investiga las apropiaciones de niños y niñas que se encargue de seguir la ubicación e identificación de los restos de personas desaparecidas, mientras que Ángela Urondo, de Mendoza, reclamó una dependencia que centralice los trámites para la restitución de identidad de quienes desde niños fueron sustraidos, retenidos y ocultados.
En el marco del encuentro, también hubo planteos de los organismos para que el Ministerio Público Fiscal de la Nación cuente con un cuerpo pericial que le permita participar en todo el país de los peritajes médicos en los que se examinan las condiciones de los imputados para ser juzgados o permanecer detenido. Varsky precisó que en el ámbito de la Procuración fue creada la Dirección de Apoyo Técnico a las Investigaciones Fiscales (DATIF), una dependencia que se encuentra en crecimiento y que ya está trabajando en la asistencia a fiscales de todo el país.
En la reunión estuvieron presentes representantes de la Unidad de Lesa humanidad de la Corte Suprema, de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos (DDHH) de la Cámara Federal de Casación Penal, del Consejo de la Magistradura, de la Dirección Nacional de DDHH del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Seguridad de la Nación, de las secretarías de DDHH de la Nación y Bonaerense, del Centro Ulloa de atención a las víctimas, del Programa Verdad y Justicia, del Programa Nacional de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia de la Nación y de la Dirección de DDHH de la Cancillería.
Las organizaciones de la sociedad civil que participaron del cónclave son la Comisión Provincial por la Memoria, Abuelas de Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, H.I.J.O.S. Regional Córdoba, H.I.J.O.S. Regional Capital Federal, H.I.J.O.S. Regional Chaco, H.I.J.O.S. Regional La Plata, H.I.J.O.S. Regional Santa Fe, H.I.J.O.S. Regional Bahía Blanca, APDH (representantes de distintas regiones), Comisión Vesubio y Puente 12, Liga por los Derechos del Hombre, Asociación Ex presos políticos de la ciudad de Buenos Aires, CODESEDH, Madres y Familiares de Jujuy, Familiares Zona Centro y Sur Provincia de Buenos Aires, Familiares de detenidos desaparecidos del cordón industrial de San Lorenzo, Familiares Sur Provincia de Bs. As-Mar del Plata, Memoria por la vida en democracia-Tandil, Comisión grupo Campo de Mayo, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Asociación por la memoria, la verdad y la justicia-Santiago del Estero, Comisión Provincial de DDHH Corrientes, Registro Único de la Verdad de Chaco y Ex presos de Mendoza.
También, estuvieron los abogados querellantes Pablo Llonto y Mirtha Mantaras, y representantes de las querellas de las causas ESMA, Ford y Gobernador Virasoro-Corrientes, abogados y querellantes de Bahía Blanca y Jujuy, y querellantes de Tucumán, Mendoza, Santa Fe y Mar del Plata.
Fuente:Fiscales.gob.ar
Por Lucho Soria.
La urdimbre judicial y política retrasa tiempos y congela juicios. Hace ya más de dos años, voces militantes como las del abogado Pablo Llonto lo advertían. Revertir el panorama impone un accionar colectivo sin más demora: de lo contrario, el punto final está al acecho.
Toda ley tiene un texto y un contexto. Tras la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, hace más de 10 años, se produjo una aceleración de los juicios. Pero desde el año pasado, tienen un andar cansino.
Los datos son didácticos: más de 120 están a la espera de los pasos definitivos para sentar en el banquillo a los que todavía no han sido condenados. Existe una resistencia manipulada, en particular por quienes desde el bloque de poder la aplican a rajatabla, con la morosidad en la conformación de los tribunales, entre otras acciones.
Además, fuentes judiciales dejaron trascender que se dispondrá la libertad de todos los imputados a la espera de la realización de los juicios, que cada día que pasa se torna utópico. Será la continuidad a las decisiones de selectos miembros de Casación, que el año pasado dejaron libres a los más de 40 condenados de Tucumán y Salta, por no estar confirmadas las condenas.
Hay recursos para acelerarlo. Un aporte podría ser que, de la misma forma en que se tiene que dar a conocer la lista de represores prófugos, deba informarse desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, qué obtura cada uno de los juicios. Así como se desclasifican las cuentas bancarias en causas por los atentados a la AMIA, o por la guerra de Malvinas, corresponde que se acabe con este virtual secreto.
Por ejemplo, sobre el juicio por las desapariciones en el establecimiento yerbatero “Las Marías”, en Corrientes, debería informarse quiénes fueron los imputados iniciales y por qué después quedó implicado un solo militar, por supuesto sin los dueños de la empresa. Cabe recordar que en noviembre un alerta de la Agencia de noticias DDHH impidió el inicio de ese juicio al militar solitario, y desde entonces no hay una sola línea de información.
También podría encargarse de informar el Consejo de la Magistratura, dado que tiene un numeroso plantel de auditores que recorren los juzgados federales en busca del estado de las causas. Pero aparentemente rige la prohibición de difundirlo, y se ignora quién dio la orden y las razones que existen para esconder la información.
Pereza judicial
Una conducta que se visualizó a fines de 2013 y se potenció en 2014, y pese a los reclamos institucionales y de la militancia, es que en más de una provincia todo sigue igual, por ejemplo en Santa Cruz, Chaco, Corrientes, La Pampa, Río Negro, San Juan, Catamarca. También en los expedientes que se tramitan por Campo de Mayo, empresarios, ex funcionarios judiciales, capellanes militares, monjas, etc. Tal como se precisó en la nota
Juicios de lesa humanidad: luchar contra el punto final biológico el problema es que el tiempo sigue corriendo.
En ese sentido, hace más de dos años, el abogado y periodista Pablo Llonto advirtió en la reunión en la Cámara de Diputados de la Nación sobre esta llamativa pereza. “O se cambia, o habrá juicios por cien años”, dijo entre otros conceptos respecto de la marcha de la Memoria, Verdad y Justicia y de la urgencia de que se conviertan en mega causas para abarcar la mayor cantidad de imputados.
Consultado por la situación actual, Llonto afirma: “Mientras más años pasan, se necesita más velocidad en los juicios. No podemos conformarnos con 16 o 20 juicios por año en todo el país, porque eso era algo imprescindible y natural. Hay que lograr que los Tribunales Orales Federales ingresen a ritmos de 4 o 5 juicios anuales por jurisdicción. En Lesa Humanidad, teniendo en cuenta que en 2016 se cumplen 40 años del golpe, cada uno de demora equivale a 40 de retraso. No hay más tiempo para esperar y tanto la Comisión Interpoderes, que depende de la Corte, como la Cámara de Casación deben dar urgente tratamiento a este asunto con soluciones excepcionales, o debemos buscar una solución especial por medio de una legislación para el caso. Eso no es crear tribunales especiales, sino resolver situaciones excepcionales”.
Qué hacer
En resumen, no se puede afirmar que la morosidad esté condicionada por las urnas electorales y por quién puede arribar al primer piso de Balcarce 50, a partir del 10 de diciembre. Está dada por miembros del Poder Judicial que definen ese andar cansino y que tienen como modelo a Olivera Pastor y Rabbi Baldi Cabanillas, dos ejemplos de impunidad. Ambos fueron bendecidos por el Consejo de la Magistratura, que dejó pasar el tiempo sin que fueran sancionados por trabar el enjuiciamiento a un represor, pese a las denuncias, que duermen en algún escritorio. Una actitud que es un mensaje para el resto de magistrados y defensores oficiales, empeñados en el mismo objetivo: la dilación. Otro ejemplo reciente es el pedido de análisis de las conductas de los jueces federales sanjuaninos Leopoldo Rago Gallo y Miguel Ángel Gálvez respecto de la fuga de dos represores.
Existe, entonces, una urdimbre judicial/política que obtura la demanda de Memoria, Verdad y Justicia. Por eso hoy va a deliberar la Mesa de Diálogo Institucional y Social en la sede de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, del Ministerio Público Fiscal (Avenida de Mayo 760) en el inicio de una serie de rondas que continuarán en el resto del país, para que, en conjunto, podamos dilucidar qué hacer.
Fuente:Marcha
Envío:AgnDDHH
La urdimbre judicial y política retrasa tiempos y congela juicios. Hace ya más de dos años, voces militantes como las del abogado Pablo Llonto lo advertían. Revertir el panorama impone un accionar colectivo sin más demora: de lo contrario, el punto final está al acecho.
Toda ley tiene un texto y un contexto. Tras la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, hace más de 10 años, se produjo una aceleración de los juicios. Pero desde el año pasado, tienen un andar cansino.
Los datos son didácticos: más de 120 están a la espera de los pasos definitivos para sentar en el banquillo a los que todavía no han sido condenados. Existe una resistencia manipulada, en particular por quienes desde el bloque de poder la aplican a rajatabla, con la morosidad en la conformación de los tribunales, entre otras acciones.
Además, fuentes judiciales dejaron trascender que se dispondrá la libertad de todos los imputados a la espera de la realización de los juicios, que cada día que pasa se torna utópico. Será la continuidad a las decisiones de selectos miembros de Casación, que el año pasado dejaron libres a los más de 40 condenados de Tucumán y Salta, por no estar confirmadas las condenas.
Hay recursos para acelerarlo. Un aporte podría ser que, de la misma forma en que se tiene que dar a conocer la lista de represores prófugos, deba informarse desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, qué obtura cada uno de los juicios. Así como se desclasifican las cuentas bancarias en causas por los atentados a la AMIA, o por la guerra de Malvinas, corresponde que se acabe con este virtual secreto.
Por ejemplo, sobre el juicio por las desapariciones en el establecimiento yerbatero “Las Marías”, en Corrientes, debería informarse quiénes fueron los imputados iniciales y por qué después quedó implicado un solo militar, por supuesto sin los dueños de la empresa. Cabe recordar que en noviembre un alerta de la Agencia de noticias DDHH impidió el inicio de ese juicio al militar solitario, y desde entonces no hay una sola línea de información.
También podría encargarse de informar el Consejo de la Magistratura, dado que tiene un numeroso plantel de auditores que recorren los juzgados federales en busca del estado de las causas. Pero aparentemente rige la prohibición de difundirlo, y se ignora quién dio la orden y las razones que existen para esconder la información.
Pereza judicial
Una conducta que se visualizó a fines de 2013 y se potenció en 2014, y pese a los reclamos institucionales y de la militancia, es que en más de una provincia todo sigue igual, por ejemplo en Santa Cruz, Chaco, Corrientes, La Pampa, Río Negro, San Juan, Catamarca. También en los expedientes que se tramitan por Campo de Mayo, empresarios, ex funcionarios judiciales, capellanes militares, monjas, etc. Tal como se precisó en la nota
Juicios de lesa humanidad: luchar contra el punto final biológico el problema es que el tiempo sigue corriendo.
En ese sentido, hace más de dos años, el abogado y periodista Pablo Llonto advirtió en la reunión en la Cámara de Diputados de la Nación sobre esta llamativa pereza. “O se cambia, o habrá juicios por cien años”, dijo entre otros conceptos respecto de la marcha de la Memoria, Verdad y Justicia y de la urgencia de que se conviertan en mega causas para abarcar la mayor cantidad de imputados.
Consultado por la situación actual, Llonto afirma: “Mientras más años pasan, se necesita más velocidad en los juicios. No podemos conformarnos con 16 o 20 juicios por año en todo el país, porque eso era algo imprescindible y natural. Hay que lograr que los Tribunales Orales Federales ingresen a ritmos de 4 o 5 juicios anuales por jurisdicción. En Lesa Humanidad, teniendo en cuenta que en 2016 se cumplen 40 años del golpe, cada uno de demora equivale a 40 de retraso. No hay más tiempo para esperar y tanto la Comisión Interpoderes, que depende de la Corte, como la Cámara de Casación deben dar urgente tratamiento a este asunto con soluciones excepcionales, o debemos buscar una solución especial por medio de una legislación para el caso. Eso no es crear tribunales especiales, sino resolver situaciones excepcionales”.
Qué hacer
En resumen, no se puede afirmar que la morosidad esté condicionada por las urnas electorales y por quién puede arribar al primer piso de Balcarce 50, a partir del 10 de diciembre. Está dada por miembros del Poder Judicial que definen ese andar cansino y que tienen como modelo a Olivera Pastor y Rabbi Baldi Cabanillas, dos ejemplos de impunidad. Ambos fueron bendecidos por el Consejo de la Magistratura, que dejó pasar el tiempo sin que fueran sancionados por trabar el enjuiciamiento a un represor, pese a las denuncias, que duermen en algún escritorio. Una actitud que es un mensaje para el resto de magistrados y defensores oficiales, empeñados en el mismo objetivo: la dilación. Otro ejemplo reciente es el pedido de análisis de las conductas de los jueces federales sanjuaninos Leopoldo Rago Gallo y Miguel Ángel Gálvez respecto de la fuga de dos represores.
Existe, entonces, una urdimbre judicial/política que obtura la demanda de Memoria, Verdad y Justicia. Por eso hoy va a deliberar la Mesa de Diálogo Institucional y Social en la sede de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, del Ministerio Público Fiscal (Avenida de Mayo 760) en el inicio de una serie de rondas que continuarán en el resto del país, para que, en conjunto, podamos dilucidar qué hacer.
Fuente:Marcha
Envío:AgnDDHH
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