EL CEPO A LOS JUICIOS.

BALANCE DE IMPUNIDAD 
Por Roger Rodriguez 
La impunidad es el no castigo y la cultura de impunidad es su consecuencia. Una y mil veces comenzaré con esta frase al referirme al tema de los derechos humanos en Uruguay. Porque en realidad no hablamos de derechos, sino de la falta de ellos.

Es claro que desde antes de la dictadura militar se violaron los derechos humanos en Uruguay. La propia Ley de reparación 18.596 admite que entre el 13 de junio de 1968 (medidas prontas de seguridad) y el 28 de febrero de 1985, existió terrorismo de Estado. 

Terrorismo de Estado que durante el pachequismo, el bordaberrismo y la dictadura, dejó un saldo de miles de torturados, 270 muertos -según admitió días atrás el profesor Alvaro Rico- y 174 desaparecidos, de acuerdo a las cuentas oficiales.

Sobre esa realidad es que en Uruguay se montó un pacto de silencio desde fines de la dictadura. Y a los efectos, no importa si fueron Medina y Sanguinetti cuando se autorizó la Operación Zanahorias, el pacto del Club Naval o una imposición imperial.

El efecto ha sido que el no castigo de los terribles crímenes de lesa humanidad cometidos ha generado una cultura de impunidad que genera nuevas impunidades. Ya no la tortura, la muerte o la desaparición; sino el delito económico, la injusticia y la inhumana desidia.

La impunidad derivó a los crímenes de cuello blanco y a la corrupción constatada en este país desde la propia dictadura: el Plan Conserva, el banco Inglés, Astra, o el vaciamiento del Bafisud, del Panamericano, Del Litoral, Del Plata, Pan de Azúcar, UBUR, De Crédito, Caja Obrera, Comercial, Montevideo, Citibank, al lavado en Cambio Italia.

La impunidad genera pérdida de memoria y los nombres de la corrupción y la delincuencia se mezclan para que nunca recordemos cuál era el caso y las derivaciones que representan los sospechosos de siempre, culpables de ayer, hoy y mañana.

Recordemos a empresarios y operadores como Angelo Bulgaris Angelópulos, Igor Svetogorsky, Stephan Benhamu, Walter Estellano, Carlos y José Rohm, Ignacio Rospide, los hermanos Juan, Dante y José Peirano, Pablo Boselli, los hermanos Espert, Axel Van Hooven, Daniel y Gustavo Trocki, Eduardo Lasalvia, Eduard Yern, los Rupenian, o el fiscal Carlos García Altolaguirre y el abogado Carlos Curbelo Tammaro.

O a los dirigentes políticos Enrique Braga, Pablo García Pintos, Juan Carlos Raffo, José Luis Ovalle, Jaime Trobo, Daniel Cambón, José Andújar, Rosario Pou, Julio Grenno, Iván Coronel, Augustín Uturbey, Ernesto Laguardia, Antonio Marchesano, Samuel Noachas, Julio Kneit, Milka Barbato, Armando Da Silvera, Julio Luis Sanguinetti, Hugo Granucci, Carlos Signorelli, Benito Stern, Juan Justo Amaro, o Juan Carlos Bengoa.

Y también hay impunidad cuando no recordamos los que significaron Focoex, Saudico, Banknord, Plan Fénix, Eufores, Mi Granja, Juncadella y Prosegur, o qué fueron los operativos Cangrejo Rojo, Merluza Negra, o las Safis de Posadas, Vecino & Vecino para lavado de dinero, o triangulación de armas o fuga de capitales.

Y es impunidad que no se sepa quién “suicidó” a Villanueva Saravia, asesinó a Andrés Trigo, patoteó a Jorghinio Goularte, ejecutó a Ronnie Scarzella, mató a la modelo Susana Mazur, estalló a Miriam Mazzeo en la calle Plutarco; o mató a Facal y Morroni en el Filtro. 

Como también es impunidad no saber la verdad sobre todos los crímenes cotidianos transformados en crónicas policiales protagonizadas por el Betito, los Bartolo, el “Cotorra loca”, o el ejecutado Rambo. Ajustes de cuenta, les dicen, para no tener que investigarlos. También fue un “ajuste de cuentas” el asesinato de Eugenio Berríos para que no declarara sobre los crímenes del Cóndor; como lo fue el homicidio de Vladimir Roslik, cuyos asesinos – el Dr Eduardo Sainz y el coronel Sergio Coubarrere- pasean por Fray Bentos.

Y sigue impune la ejecución de los Fusilados de Soca, la forma como acribillaron a las pibas en abril, la vendetta contra el matrimonio Martirena o el homicidio ideológico de los ocho de la Seccional 20.

Aún siguen impunes los homicidios de la JUP sobre Rodríguez Muela y otros como aparato juvenil del Escuadrón, como es impune la fortuna de Armando Méndez, implicado en la muerte de Pascaretta.

Sigue siendo brutalmente impune que no esté en la cárcel el general Pedro Barneix cuando ya se ha confirmado su participación en el asesinato por torturas de Aldo Perrini en el Batallón 4 de Colonia.

Como sigue impune la ausencia de todos los desaparecidos, el secuestro de todos los trasladados, la muerte de todos los asesinados, el dolor de todos los torturados, el tiempo de todos los apresados, la mentira en todas las verdades y el olvido de todo lo ocurrido.

Es impunidad judicial todas las chicanas con las que la Suprema Corte de Justicia, algunos fiscales y algunos jueces han permitido que corran los plazos legales buscando la prescripción de imprescriptibles crímenes de lesa humanidad.

Es impunidad el traslado de la jueza Mariana Mota, el traslado de la fiscal Diana Salvo, el desplazamiento de la jueza Lilian Elhorriburu, las presiones sobre la fiscal Ana María Tellechea y la forma como se designan a dedo y capricho los jueces y fiscales.

Es impunidad la liberación del coronel Juan Carlos Gómez en el caso Gomensoro Josman, como lo es la liberación del comisario Zabala, uno de los asesinos de Julio Castro, o la prisión domiciliaria de Araújo Umpiérrez, ideólogo de los traslados.

Es impunidad que se hayan censurado documentos desclasificados sobre Nibio Melo y Mazucchi, cuando la ley de acceso a la información pública establece en su artículo 12 que no se puede aplicar reserva en casos vinculados a los derechos humanos.

Es impunidad que no se hagan tribunales de honor a los militares presos o fugados, para que sigan cobrando sus salarios y prebendas en la cárcel o en el exterior, porque de eso sobreviven los prófugos Jorge Tróccoli, Manuel Cordero, Hermes Tarigo, y Pedro Mato. Es impunidad que Cordero tenga arresto domiciliario en Buenos Aires, que Pedro Mato haya cruzado la frontera y radicado en Livramento evite ser encausado por la muerte de Luis Batalla, como que todos sepan que Miguel Sofía esta en Miami y no lo arresten.

Son impunidad todos los casos de corrupción confirmados en los gastos de la Armada; y que no se indaguen situaciones similares en las otras armas y la policía; como es impunidad la connivencia con algunas empresas de salud o con el lobby farmacéutico.

Es impunidad que no se interrogue a los marinos Ricardo Dupont y José Uriarte quienes acompañaban a Tróccoli cuando fue a secuestrar a los GAU en Buenos Aires; como lo es que el perro Willie Purtscher diga lo que diga y lo sancionen 6 días sin que se desdiga.

Es impunidad que Eduardo Ferro ande libre y convoque a una reunión de casi un millar de nostálgicos, a quienes le dio un llavero con una bala viva de alto calibre, lo que implica que hay represores que tienen arsenales no controlados.

Es impunidad que en la cátedra de historia de la Escuela Militar dicte cursos el represor Glauco Yanonne y que en estos días el psiquiatra torturador Martín Gutiérrez, denunciado ante el juzgado penal de 7° turno, pretenda un diploma de la Udelar en neurofisiología.

Es impunidad que los represores se constituyan en el Foro Libertad y Concordia y el sistema mediático los acepten, igual que a los directivos del Centro y el Círculo Militar, como voceros válidos del sistema de convivencia republicano democrático.

Es impunidad que personas y grupos supuestamente democráticos pretendan lavar la imagen del general Dalmao, asesino de Nibia Sabalsagaray; como que se quiera dar la libertad a los “viejitos” cuando lo que habría que darles es el Penal de Libertad.

Es impunidad que haya grupos nazis activos en Flores y San Carlos, que se sepa y no se actúe; mientras la sociedad está siendo vigilada por grupos de estudiantes a través de un millar de cámaras, para confirmar las previsiones de George Orwell en 1984.

Es impunidad que cada gobierno que asume intente un punto final desde la “verdad posible” o nombre nuevos grupos de trabajo que tienen que comenzar, casi desde cero, con una investigación que nunca llegará a término si no hay verdadera voluntad política. 

Durante años denunciamos y luchamos para desmantelar el aparato represivo de la dictadura. En parte se ha logrado, pero ahora están generando un nuevo aparato represivo en la institucionalidad democrática: la Metropolitana del Ministerio del Interior.

Lo que no hemos podido desmantelar es la continuidad institucional de cuatro organismos del Estado que han mantenido su impunidad desde los días de la dictadura: las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Los militares siguen decidiendo sobre su sistema educativo y formativo, como sobre las calificaciones para ascensos que definen qué coroneles pueden llegar a generales y la policía mantiene la carrera de algunos impunes que hoy son jefes de policía en el interior. 

Lo mismo ocurre en un Poder Judicial cuya Suprema Corte hace y deshace sobre los jueces y sus destinos; como el Fiscal de Corte también tiene la impunidad de ejercer su “autonomía técnica” designando, ascendiendo o trasladando funcionarios.

Hace unos años escribí un ensayo periodístico para el libro “Réquiem para el movimiento sindical” donde se contaban aquellos días del surgimiento del Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) de los que fui testigo y protagonista a fines de la dictadura.

El artículo comenzaba con la frase “La verdad es, la historia puedes ser...” y con ella trataba de explicar que los hechos son, constituyen la realidad, pero lo que de ellos podemos ver, saber y escribir nunca terminará de abarcarlos.

Nosotros todavía tenemos un largo camino para encontrar la verdad. Una verdad que sin duda exigirá justicia, pero que hoy se enfrenta con una lamentable circunstancia de la que unos y otros somos culpables.

Ellos por desidia, nosotros por ser tan pocos. Si en las actuales circunstancias enfrentara el desafío de escribir otro ensayo, sobre los derechos humanos en Uruguay, tendría que comenzar con una frase parecida a la que aquella vez usé: “La impunidad es, la verdad y la justicia tenemos que encontrarla”.

Y ese, sigue siendo el desafío: actuar, organizarse y dar una batalla pública ideológica para que se comprenda que la cultura de impunidad sólo se modifica con una cultura de derechos humanos, para la cual se exige saber dónde están los desaparecidos.




"Argentina puede recibir sanciones económicas si hay impunidad en casos de lesa humanidad como Papel Prensa o Blaquier" 
Por: Sebastián D. Penelli 
Jorge Auat. El titular de la Procuración contra Crímenes de Lesa Humanidad, Jorge Auat, advirtió por los recientes fallos en las causas Papel Prensa, Carlos Pedro Blaquier, Vicente Massot y Para Ti y aseguró que esas resoluciones pueden perjudicar el cumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos. 

En diálogo con ámbito.com, el fiscal especial rechazó la negativa del juez Julián Ercolini de citar a indagatoria a los directivos de Clarín, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, y de La Nación, Bartolomé Mitre, pero también repudió la falta de mérito dictada al dueño del Ingenio Ledesma, al director del periódico bahiense Nueva Provincia y ex jefe de redacción de la revista femenina, Agustín Botinelli. 

Auat también apuntó contra el Poder Judicial por la "resistencia" a investigar. "Encontró en la dinámica de los procesos una martingala para consagrar impunidad", afirmó. Además, dijo que la muerte de imputados y testigos atenta contra la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia y consagra la impunidad biológica. 

Periodista: ¿Hay preocupación por la lentitud en las causas de lesa humanidad? 
Jorge Auat: No es un tema solamente de lentitud. Lo que disparó el alerta en los últimos días son los fallos que salieron de Papel Prensa, Blaquier, Massot, la revista Para Ti. Observamos que con esa sucesión de fallos se instaló una preocupación en ámbitos judiciales, querellantes y las víctimas. Ellos sienten que se habría abierto nuevamente una puerta a la impunidad, que tanto costó cerrarla.

P.: ¿Qué lectura se hace de esa seguidilla fallos favorables a empresarios?
J. A.: Pensábamos que a partir de la ley de 2003 que decretó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se terminaba este largo tiempo de impunidad. Ante todas las dificultades que tuvimos después, en los propios trámites, con la cronicidad de esos procesos que no terminaban nunca, nos preocupamos por presentar una propuesta de investigación para que se produjera un cambio en la dinámica de las investigaciones. 

P.: ¿En qué consiste esa propuesta?
J. A.: En 2008 se sacó una resolución del (ex) Procurador (Esteban Righi) para instar a los fiscales a una concentración de las causas. Costó que los jueces aceptaran estas propuestas para investigar y concentrar las causas, que tiene por objetivo la economía procesal y mayor celeridad en el trámite. 

Una cantidad importante de imputados, víctimas y hechos permite un mejor aprovechamiento de las pruebas y un beneficio adicional, que es tener un descripción más exacta de lo que fue el terrorismo de Estado. Juzgar a un imputado por una víctima no refleja lo que pasó. Cuando se habla de terrorismo de Estado es necesario reflejar y conocer la extensión de lo que fue ese plan criminal. 

P. Por eso es clave investigar la complicidad de civiles y grupos económicos.
J. A.: Pensamos en ampliar el universo de investigación respecto de quiénes son los responsables civiles y económicos, no solo los de los represores. Por eso hablamos de dictadura cívico militar. No se puede concebir un terrorismo de Estado sin la complicidad de vastos sectores de la sociedad. No hay que olvidar que fue el Estado con todos sus recursos el que pudo ejecutar y viabilizar su plan criminal. 

La Procuración de Delitos de Lesa Humanidad se ocupó de avanzar en la investigación de grupos de poder real, ese poder económico permanente, aunque nos encontramos con dificultades. 

P.: Por ejemplo, cuando el juez frenó indagatorias a Noble, Magnetto y Mitre...
J. A.: Para que alguien sea citado a indagatoria tiene que haber una conducta penalmente reprochable y con pruebas que de algún modo se permita acreditar el hecho que se le imputa. 

Lo que está en discusión es qué tipo de pruebas se necesita para eso ¿es el mismo tipo de pruebas que se necesita para condenar? Cuando el estándar probatorio que el juzgador exige para citar a indagatoria, que vale aclarar que es un medio de defensa, es superior a la media, uno empieza a tener sospechas de que no hay una predisposición en avanzar en la causa. 

P.: ¿Hay otros límites para avanzar en las investigaciones por lesa humanidad? 
J. A.: Sabemos que hay límites temporales, por eso hablamos de la concentración de causas, porque sabemos que estamos en presencia de casos penales con imputados de avanzada edad, que comprometen seriamente la continuidad de los procesos y se da la posibilidad concreta de que se produzca la impunidad biológica. 

El otro límite, es el que se hace a la clasificación de los imputados: ¿se agotó en los represores o podemos pensar en una investigación que comprenda a todos los responsables? Si esto no se da, se rompe un principio, un axioma de profundo contenido ético. 

P.: ¿Hay riesgo de incumplir tratados internacionales de DDHH? 
J. A.: Estos procesos siempre tienen sobre su propio trámite un control tácito de organismos internacionales. Si en la Argentina estos procesos no logran su cometido y no se concluyen con sentencias podría haber peligro en las responsabilidades del Estado nacional frente a la impunidad. 

Cuando se evidencia que no se investigó consagrando la impunidad las consecuencias no son de otros, sino del Estado argentino. 

P.: ¿Y qué consecuencias conlleva? 
J. A.: Los propios organismos de derechos humanos, los querellantes y las víctimas ven frustradas sus expectativas. La Argentina puede recibir sanciones económicas, en la medida que haya una actitud direccionada hacia la impunidad.
(N. del R.: por el caso Bulacio, la Corte Interamericana de DDHH condenó al país a pagar u$s 235.000, en concepto de indemnización a familiares y costas y a reactivar la causa penal) 

P.: ¿Si en diciembre cambia de signo el gobierno peligran los juicios por lesa humanidad?
J. A.: Estamos esperanzados en el discurso de la Corte Suprema en la inauguración del año judicial, de que es Política de Estado y que forma parte del contrato con los argentinos, y que no tiene nada que ver con la coyuntura política ni electoral.

Estoy convencido que no tiene nada que ver, pero de todos modos seguiremos preparados para seguir instando ante las agencias del Estado el avance de las investigaciones y la conclusión de los procesos.

P.: ¿Qué sensación deja el fallecimiento de imputados sin sentencia? 
J. A.: Es una sensación que nos embarca a todos. Tenemos que partir de la base de que hemos llegado tarde. No hay que olvidar que hubo cepos de impunidad que impedían el avance de las causas.

P.: ¿El propio Poder Judicial? 
J. A.: Hubo sectores del aparato judicial que impedían el avance. Hubo jueces que tenían responsabilidad de investigar en su jurisdicción, pero a medida que avanzaban se encontraban de cara a una responsabilidad individual de ellos mismos, como en Mendoza. A medida que avanzaban, se veían involucrados en el mismo caso. El espíritu corporativo de la propia estructura judicial ofreció resistencia. 

El Poder Judicial encontró en la dinámica de los procesos una martingala para consagrar impunidad. Salimos de un cepo normativo y nos encontramos con otros cepos, que eran la resistencia a investigar. El Judicial es el único poder que la democracia no atravesó y que se mantuvo constante en su conformación a lo largo del tiempo. 

P.: También genera desazón la muerte de testigos... 
J. A.: Se genera una sensación de pesimismo, de desesperanza, de que estos procesos pueden terminar con el cometido fundamental de Memoria, Verdad y Justicia. La memoria tiene un fuerte contenido moral y ético. Walter Benjamin dice que la memoria 'abre expedientes que el derecho considera clausurados'. El tiempo es irrecusable, irreparable. Hablamos de la avanzada edad de imputados y testigos. Sin testigos nos faltan elementos de pruebas y la consecuencia es la impunidad. 

P.: ¿Existen cercos mediáticos para algunos imputados en estos casos? 
J. A.: No solo para imputados. Existen sectores que tienen su propia tribuna en algunos medios, que evidentemente militan por el olvido, más allá de algunos sujetos puntuales. Hablan del olvido. Los crímenes del terrorismo de Estado traen anclado en la ejecución y el diseño del plan el discurso estratégico del olvido. Otra vez, como dice Benjamin: 'A la muerte física se la suma la muerte hermenéutica'. 

La banalización, la devaluación de lo que pasó. La víctima es insignificante para esos sectores. La respuesta a este discurso es la resignificación y visibilización de la víctima. Aquí lo que está en juego es la víctima, hay que dar testimonio de su ausencia. Este es el nudo gordiano del problema. 

Esas víctimas fueron los sacrificados en función de un proyecto político y económico, no fue un crimen en masa cualquiera.
Envío:AgnDDHH