Normalidad institucional
Partiendo de un concepto profundamente equivocado y hasta peligroso de nuestro sistema constitucional consideró que mientras estuvo vigente la Ley 15 848, Ley de Caducidad, existió una completa normalidad institucional en el país.
A ninguna persona que tenga medio dedo de frente, mucho menos a un colectivo que sufrió en carne propia las atrocidades de la época, se le ocurre comparar la situación vivida durante el terrorismo de Estado, absoluta falta de libertad y de garantías para los ciudadanos, con las condiciones generales una vez restablecida la democracia a partir de marzo de 1985. No está de más recordar que las elecciones de 1984 en las cuales resultó electo el Dr. Julio María Sanguinetti, se llevaron a cabo con el Gral. Líber Seregni y Wilson Ferreira Aldunate, principales referentes del Frente Amplio y del Partido Nacional proscriptos y con centenares de presos políticos en los campos de concentración de la dictadura.
Lo cierto es que la Ley 15 848, aprobada en diciembre de 1986, estableció la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado para las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar. Al mismo tiempo instituyó que antes de iniciar cualquier proceso o tramitar cualquier denuncia vinculada o relacionada con dichos delitos, los operadores judiciales debían consultar al Poder Ejecutivo y obtener su autorización expresa para poder diligenciarla. En los hechos y para todo lo referido al pasado dictatorial el Poder Judicial estuvo sometido al Poder Ejecutivo, a las decisiones que éste tomara frente a cada denuncia.
Esta forzosa consulta al Poder Ejecutivo establecido por la ley violentó de manera flagrante la independencia del Poder Judicial como poder estatal dispuesto por las normas constitucionales. Fue una clarísima ingerencia del poder político en un ámbito exclusivo de la justicia.
La Constitución de la República establece claramente que el Poder Judicial es independiente. Tiene además el monopolio exclusivo de la justicia, de ejercer el poder punitivo en nombre de la sociedad. A él corresponde, con el auxilio de la Policía, la investigación, el esclarecimiento de los delitos, llegar a la verdad de lo ocurrido y castigar, con todas las garantías del debido proceso, a sus responsables.
La Resolución 365/2009 de la Suprema Corte de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para el caso Nibia Sabalsagaray señaló precisamente que dicha norma violentaba la independencia del Poder Judicial. También precisó que mientras ella estuvo vigente los familiares de las víctimas y ellas mismas estuvieron privadas de su legítimo derecho de acceder libremente a la justicia.
Se ha señalado públicamente por parte de quienes ofician de voceros de los presuntos involucrados en las actividades represivas que será imposible obtener nuevas informaciones sobre el destino de los detenidos desaparecidos debido a que la justicia es un obstáculo para llegar a la verdad. La experiencia histórica indica todo lo contrario. Ha sido la imposibilidad de actuar del Poder Judicial, como factor primordial, lo que impidió que se registraran avances sustanciales para conocer el destino de los detenidos desaparecidos. Durante más de 20 años, hasta que la ley 18 831 restableció la pretensión punitiva, los jueces estuvieron inhibidos de cumplir libremente con sus obligaciones constitucionales.
Las normas de DDHH son una conquista de la humanidad en su larga evolución histórica. Tienen el propósito de contribuir a una convivencia pacífica, gratificante y enriquecedora. Son un freno para limitar a los gobernantes en todos los planos. Se orientan a dignificar la vida de todos los ciudadanos. Los responsables de las violaciones deben ser identificados y castigados para que no continúen cometiéndolas y también para desalentar socialmente dichas conductas.
Al derogar la caducidad de la pretensión punitiva el Artículo 1º de la Ley 18 831 restableció plenamente la independencia del Poder Judicial liberándolo del oprobioso sometimiento al Poder Ejecutivo, en concordancia con el texto constitucional.
Para la comunidad internacional que Uruguay integra desde su creación, desde el Tribunal de Nuremberg, luego de la Segunda Guerra Mundial, las violaciones a los derechos humanos, cuando son masivas, sistemáticas y generalizadas, son Crímenes de Lesa Humanidad. Por lo mismo son inamnistiables e imprescriptibles, no caducan con el simple transcurrir del tiempo. Si fuera por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Segundo Turno, ni un solo criminal del nazismo hubiera sido juzgado.
Al decretar el archivo de la causa el Tribunal de Apelaciones de Segundo Turno falló a favor de los criminales, en contra de las normas de DDHH y de la propia justicia. Desconoció la sentencia de la Corte IDH en el caso Gelman vs Uruguay de febrero de 2011. Nada impide, hasta tanto no haya una profunda reforma constitucional y se clarifiquen las disposiciones para integrar la Suprema Corte de Justicia, que quienes así actuaron puedan llegar a integrar en el futuro el máximo órgano por simple antigüedad.
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Opinando Nº 7- Año 4 - Miércoles 15 de julio de 2015
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TREINTA Y TRES: CRÓNICA DE UNA INFAMIA
Libro denuncia artilugios de la dictadura para detener y torturar
Caras y Caretas – 14 7 15
Abril de 1975. Veinticinco adolescentes de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC) de Treinta y Tres fueron detenidos como parte de un operativo de las Fuerzas Conjuntas contra el PCU. Fueron recluidos en el Batallón de Infantería Nº 10 y, como era la costumbre, torturados por los servicios de inteligencia (S2) de esa unidad militar. Eran varones y mujeres de 13, 14 y 15 años, que sufrieron los mismos tormentos que la amplia mayoría de los presos políticos en Uruguay. No les tuvieron ninguna consideración; todo lo contrario.
El libro Crónica de una infamia. El comunicado más vil de la dictadura, del periodista Mauricio Almada, muestra las diversas formas de violencia que sufrieron aquellos jóvenes, casi niños, del interior uruguayo, sobre quienes la dictadura lanzó uno de los más furibundos ataques represivos. Porque estos adolescentes no sólo fueron víctimas de la tortura y el maltrato psicológico dentro del cuartel, sino que fueron sometidos al escarnio público a través de un comunicado oficial que pretendió justificar su detención y secuestro.
El comunicado, firmado por el Comando General del Ejército, refería a la desarticulación de la organización clandestina (la UJC), pero también hablaba de un campamento en el balneario La Esmeralda (Rocha) en el que estos jóvenes habrían vivido en condiciones de “completa promiscuidad”. El texto decía que allí “los cambios de pareja en hábitos sexuales eran usuales” y que tres de las chicas “rivalizaban en verdaderas competencias de índole sexual para medir sus respectivas resistencias”. “Esta práctica aberrante es el resultado de la prédica marxista, mostrando al descubierto su característica de disolvente y atentatoria de los tradicionales valores morales, los que tal filosofía se empeña en desarraigar”, explicaba.
El comunicado fue publicado en los principales diarios de circulación nacional (El Día, El Diario, La Mañana y El País) y se transformó en una “huella indeleble” para aquellos adolescentes, muchos de los cuales debieron irse de su ciudad, en donde, según afirma Almada en su libro “muchos siguen dando crédito a aquella invención” elaborada por algunos de los principales referentes de la represión durante la dictadura. Fue “una mentira y una manipulación” con “efectos devastadores” para las víctimas. Fue “el comunicado más infame”.
La mentira
Los jóvenes de Treinta y Tres no fueron los únicos menores de edad torturados en los cuarteles de la dictadura. Como todos, los jóvenes sufrieron plantones, picana eléctrica, submarino, quemaduras con cigarrillo, golpes y simulacros de ejecución, a los que, en este caso, se sumó la infamia de ese comunicado. En diálogo con Caras y Caretas, Almada dijo que a estos jóvenes, hoy adultos, se les aplicó el castigo físico y psicológico de la tortura, pero también se levantó contra ellos una acusación moral que “es más perdurable”.
Cuando fueron liberados se enfrentaron a una sociedad que los estigmatizaba y que los denigraba, y los hacía responsables de sus propios padecimientos. Las chicas eran tratadas de “putas”, los varones de “cogedores”. “Hasta el día de hoy hay gente en el pueblo que todavía recuerda a esas chicas descarriadas de la UJC que hacían aquellos alocados campamentos”, afirmó Almada.
Sin embargo, estos chicos “no eran palomitas caídas del cielo” sino que “eran militantes políticos”, por lo que su detención se explica como parte de una avanzada política del régimen. “Tenían un compromiso político y estaban afiliados a una organización prohibida y clandestina, es decir, asumían riesgos. ¿Sabían lo que les iba a pasar? Más o menos, no del todo. Sabían que en el cuartel de la ciudad se torturaba gente, lo sabía todo el pueblo, porque ese cuartel funcionaba como cárcel de mujeres de todo el país, había muchas mujeres del MLN detenidas”, expresó Almada.
Otro hecho paradigmático es que el Batallón “está en pleno casco urbano de la ciudad”. “Cuando torturaban a estos chicos los gritos se escuchaban de todos lados, la gente que pasaba por la puerta los escuchaba; eran adolescentes, algunos gritaban por sus mamás”. Pero nadie parecía querer escuchar lo que ocurría. También se daba otra situación: algunos de los soldados eran compañeros de liceo de los mayores, y algunos oficiales, padres de sus compañeros de estudio.
Durante su detención y cautiverio, los jóvenes fueron inyectados con penicilina “para combatir las supuestas enfermedades venéreas” que habrían contraído en esas orgías sexuales inventadas. “Y lo hicieron adelante de [los soldados de] la tropa para que estos después salieran del cuartel y lo comentaran. Todo cerraba, la gente lo creyó, incluso algunas de las familias de las propias víctimascreyeron en esta historia”. Una de las chicas fue echada de su casa.
El “Goyo” Álvarez
El comunicado fue “una pieza perfecta de comunicación”, por cuanto refería a los preceptos morales que quería imponer la dictadura. “Demostraba la destrucción moral que el marxismo causaba en los jóvenes uruguayos, en la familia uruguaya y por tanto, en la sociedad uruguaya […] Estaba referido a chicos de Treinta y Tres pero reflexionaba sobre la realidad nacional y la gran amenaza que se cernía sobre el país, a través del comunismo internacional y su expresión vernácula, el Partido Comunista y la UJC”, reflexionó Almada.
Almada explicó que el operativo se ejecutó en el marco de la “Operación Morgan” y fue liderado por Gregorio “Goyo” Álvarez, jefe de la División de Ejército IV, con asiento en Minas (Lavalleja), pero con jurisdicción también en Treinta y Tres. “Él toma este operativo como algo muy especial. En 1975 la guerrilla había sido derrotada y toda dictadura precisa un enemigo para justificarse; en este caso, vino como anillo al dedo”.
Álvarez percibió que ahí había “un nicho para actuar, un enemigo sobre el cual dirigir sus acciones y aleccionar a la población sobre esta amenaza que representaba el marxismo, y lo tomó en sus manos”, aseguró Almada. “En esta historia lo encontramos en pleno ascenso, en una carrera ascendente, sumando galardones, y este operativo contra los jóvenes comunistas representó algo muy especial para él”. En el libro se señala, incluso, que Álvarez estuvo en el cuartel de Treinta y Tres mientras estos jóvenes estaban detenidos.
La infamia
El libro recoge dos documentos secretos, actualmente bajo custodia de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, que refieren a este caso. El primero es un informe elevado por Álvarez a sus superiores, en el que se daba cuenta del operativo, de los resultados de la investigación, se hacía referencia someramente al campamento en La Esmeralda y se anunciaba que continuarían los “interrogatorios en profundidad”. Un documento posterior, elaborado por la SIDE y firmado por el coronel Nelson Viar, jefe del Departamento II, incorporó la historia de las orgías, que daría lugar al comunicado público. Así se gestó la infamia.
Almada valoró que contra esos jóvenes se produjo un ensañamiento especial. “La tortura no se justifica nunca, bajo ningún medio, pero los militares que trabajaban en el S2 de los cuarteles la utilizaban para obtener información. En el caso de los chicos de Treinta y Tres no había ninguna información que obtener, porque ya sabían todo: unos días antes había caído en Minas un integrante de la organización que llevaba en uno de los bolsillos de su pantalón el organigrama completo de la UJC de Treinta y Tres: nombres, cargos, dirección. El operativo fue fulminante; en pocas horas los detuvieron a todos”.
Las actividades de este grupo eran conocidas, porque en una ciudad chica como Treinta y Tres todo se sabía. “Sus mayores actividades políticas eran algunas reuniones, pintadas en la calle, alguna volanteada, pero no representaban ningún peligro desde ningún punto de vista”. El comunicado decía que en el campamento también se manejaba la posibilidad de impulsar la lucha armada. “Esto también era falso”, afirmó Almada.
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ESTE JUEVES
Reanudan búsqueda de desaparecidos en Batallón 13
MONTEVIDEO (Uypress) — 14 7 15
Este jueves se retomará la búsqueda de desaparecidos, cuando un equipo de antropólogos ingrese nuevamente al Batallón número 13, en el marco de las actuaciones judiciales por el caso Gelman.
Este jueves 16, sobre la hora 11, está previsto el ingreso de un equipo de antropólogos al Batallón de Infantería Blindado número 13, en Montevideo, para reanudar los trabajos de excavación que se habían suspendido en febrero pasado, en el marco de las actuaciones judiciales por el caso García de Gelman, desaparecida durante la dictadura.
La noticia fue dada a conocer por el diario La República, y se informa que un nutrido grupo de personas recorrerá las instalaciones de la unidad militar, en cuyo predio se presume que podrían hallarse los restos María Claudia García de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman, secuestrada en Argentina y trasladada al Uruguay en avanzado estado de gravidez. Estando recluida en la sede del Servicio de Información de Defensa (SID) dio a luz a una niña en las instalaciones del Hospital Militar a fines de 1976. Esa niña es la hoy diputada Macarena Gelman.
También ingresarán integrantes del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, creado recientemente por el presidente Vázquez, así como los miembros de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, investigadores de los equipos universitarios y representantes del Juzgado Penal de primera instancia de 2º Turno, a efectos de labrar el acta para el levantamiento de las medidas cautelares que rigen en estos predios. El equipo que encabeza la antropóloga Alicia Lusiardo está compuesto por una decena de técnicos.
El Poder Ejecutivo estará representado por el prosecretario de la Presidencia Juan Andrés Roballo, además del director de Asuntos Jurídicos, Notariales y DDHH del Ministerio de Defensa, Roberto Caballero. También concurrirá la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Isabel Wschebor.
En representación de la Comisión por Verdad y Justicia lo harán Mario Cayota, Susana Andrade y Pedro Sclofsky y por la Universidad de la República ingresarán Álvaro Rico y Hugo Rodríguez. Además, ingresarán siete funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que estarán a cargo de los trabajos con maquinaria vial. El equipo técnico también incluirá el georradar como instrumento de apoyo.
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Jueves 16 de JULIO
Hora 18.00
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