La hija del intendente desaparecido del municipio de General San Martín, Luis Aredes, repasó con indignación lo que fue “un año de fallos que favorecieron a empresarios genocidas”en referencia a Carlos Blaquier, titular de la empresa Ledesma y responsable ideológico del plan de secuestro que provocó la desaparición de su padre.
“Tenemos jueces corruptos que fallan con absoluta impunidad. Tres camaristas designados por Videla que han sido denunciados al Consejo de la Magistratura”, dijo Adriana.
2015 fue un año judicial poco propicio para el avance de las causas más emblemáticas que investigan complicidad empresarial en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, en especial las que involucran a Carlos Blaquier, Vicente Massot y todos los involucrados en el traspaso de las acciones de Papel Prensa.
“Hemos apelado el fallo que pone en evidencia a todos los cómplices de genocidio y los que tiene Blaquier en la justicia, ya que indica que no estaba demostrado el delito de la participación en el terrorismo de Estado”.
“Está totalmente probada su participación y no se puede fallar algo sin haberlo llevado a juicio”, dijo de manera contundente la hija de Olga Aredes.
“Se nos quitó el derecho legítimo que tenemos de defendernos y acusar a quienes nos han dañado”.
“Blaquier espera nuevos aires; están esperando que pasen las elecciones y seguir dilatando para que suceda como Menéndez que murió procesado y nunca debió habérsele permitido estar en libertad a estos civiles empresarios que cometen delitos de lesa humanidad, pagando un dinero”.
En marzo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el procesamiento de Blaquier, dueño del ingenio Ledesma y de Alberto Lemos, su ex administrador, investigados en dos causas por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos cometidos durante la dictadura en perjuicio de más de 30 víctimas, entre trabajadores y vecinos del ingenio azucarero Ledesma de Jujuy. La Cámara consideró probado que la compañía Ledesma colaboró con los represores al prestar sus camionetas para trasladar a secuestrados pero sostuvieron que podrían haberlo hecho sin dolo o conocimiento del uso dado a esos vehículos.
Los fiscales generales ante la Casación Javier De Luca y Ricardo Wechsler recurrieron la falta de mérito que dictó la Sala IV, considerándolo un “sobreseimiento encubierto” y que la responsabilidad de Blaquier y Lemos debe dirimirse en un juicio oral.
A su vez, en una presentación ante el Consejo de la Magistratura, medio centenar abogados de causas de lesa humanidad pidieron la nulidad del fallo y denunciaron a los camaristas por mal desempeño y comisión de delito al haberse pronunciado sobre el fondo de una causa antes de que comenzara el juicio oral.
En cuanto a Vicente Massot, dueño del diario La Nueva Provincia, también en marzo de este año el juez federal de Bahía Blanca Claudio Pontet lo benefició con la falta de mérito. El fallo de este juez interino, que cesó en el cargo cuando el Consejo de la Magistratura no ratificó su designación, fue apelado con severas críticas por los fiscales de la Unidad que interviene en procesos por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, Miguel Palazzani y José Nebbia. La Unidad Fiscal acusa a Massot de ser coautor del homicidio, cometido en 1976, de los obreros gráficos y sindicalistas de base Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola tras un conflicto sindical registrado el año anterior en La Nueva Provincia, principal diario de Bahía Blanca.
También lo acusan de haber efectuado “aportes esenciales” para “el ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica desde las páginas del diario, al servicio de los represores de la dictadura. Finalmente, también en junio último la Cámara Federal porteña desestimó la apelación del fiscal Leonel Gómez Barbella y de la querella de la Secretaria de Derechos Humanos para que el juez Julián Ercolini cite a indagatoria a los empresarios Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, del Grupo Clarín, y Bartolomé Mitre, de La Nación, por el traspaso de acciones de Papel Prensa durante la última dictadura.
Los jueces de la Sala I de la Cámara -Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Luis Ballestero- acompañaron los argumentos de Ercolini para rechazar la citación indagatoria al considerar necesario aguardar pericias contables respecto del valor de la empresa.
En la causa Papel Prensa, impulsada por la familia Graiver desde 2010, Ercolini había rechazado el planteo del fiscal Barbella para indagar a los entonces titulares de Papel Prensa por la supuesta comisión de los delitos de extorsión y de lesa humanidad durante la adquisición de las acciones de la empresa.
Fuente:RadioNacional
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