Resumen Latinoamericano/ Redacción CRITERIO/ 15 de marzo 2016.-
Tegucigalpa.-Sin presentar una orden judicial, elementos de la Policía Nacional de Honduras detuvieron este martes al presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) José Ángel Flores y su familia y a Orbelina Flores, del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán.
La acción ilegal se produjo a eso de las 5:40 de la mañana en la comunidad La Confianza del Bajo Aguán, localizada en la zona atlántica de Honduras en tierras en disputa con terratenientes de la palma africana.
El dirigente del MUCA, Yoni Rivas, narró a CRITERIO que los policías llegaron a la vivienda de la familia de Flores, donde propinaron duros golpes a las puertas, aduciendo que tenían una denuncia en contra de los dueños de la casa.
Fue así como sacaron a empujones, además de José Ángel Flores, a Arlene Cáceres Flores, Daysi Nohemí Madrid, Amílcar Antonio Posadas y a Elvin Ochoa. Los capturados fueron trasladados hasta el municipio de Tocoa, Colón, donde horas más tarde fueron liberados, no así Arlene Cáceres Flores y Daysi Nohemí Madrid, quienes aún permanecen retenidas, supuestamente acusadas por un delito que Rivas no precisó, y que solamente apuntó que se trata de una acusación que emana de los vecinos de la féminas.
En tanto la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, informó en su página de Facebook, que también había sido capturada, Orbelina Flores, del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán. La organización también informó que Orbelina Flores será remitida al Ministerio Público para que rinda su declaración y que al momento de su captura se le informó que la detenían por “cuestiones de tierra”.
Por su parte, José Ángel Flores, dijo que fue detenido pese a encontrarse en estado convaleciente y que los policías le indicaron al entrar a la vivienda que andaban buscando armas y drogas, acusación que a su juicio es descabellada y un abuso de autoridad porque nunca ha estado involucrado en delitos de esa índole. Cabe señalar que tanto, José Ángel Flores como Orbelina Flores, gozan de medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Grave situación en Honduras criminalización y ataques a integrantes de organizaciones
Resumen Latinoamericano/ Vía Campesina/ 16 de Marzo 2016 .-
La situación en Honduras a niveles de criminalización insostenibles, en el dia de ayer 15 de marzo sucedieron estos distintos ataques:
1-Atentan contra Cristian Alegria, sobrino de Rafael Alegria diputado de Libre y Coordinador de Via Campesina Honduras, hecho sucedio frente a las oficinas de la Via Campesina, ubicada en Colonia Alameda, Tegucigalpa.
2.- Asesinan a Nelson Garcia Miembro del COPINH y lider de la comunidad que horas de la mañana desalojaron a 150 familias de Rio Lindo, municipio de Santa Cruz, Cortes.
3.- Capturan al Presidente de Muca Juan Angel Flores, a primeras horas de la mañana en el departamento de Colon, acusandolo de supuestamente de vinculacion a narcotrafico, usando esa escusa y que horas despues lo dejan en libertad.
4.- Detienen a la defensora Orbelina Flores Hernandez miembro del observatorio Permanente de DD.HH del Aguan, y mencionan que su detencion es por cuestiones de tierra.
5.- Condenan a 10 años de presion de David Romero periodista de Radio Globo que valientemente a venido denunciando el desfalco del seguro social y los actos de corrupcion dado en Honduras y que vinculan al partido de poder.
Es evidente que estos ataques estan dirigidos a organizaciones sociales beligerante en la lucha por la tierra y la defensa del territorio como es COPINH, Muca y La Via Campesina.
¡Exigimos el fin de la escalada represiva en Honduras!!
Resumen Latinoamericano/ 16 de Marzo de 2016.-
Repudiamos los asesinatos de Berta Cáceres y Nelson Noé García y el intento de asesinato de Christian Mauricio Alegría, integrantes de COPINH y La Vía Campesina.
La Alianza por la Biodiversidad, integrada por organizaciones latinoamericanas que trabajan con los movimientos sociales, comunidades y pueblos del continente que se encuentran en pie de lucha en defensa de sus territorios, sus vidas y su dignidad, repudia enérgicamente la represión desatada contra el movimiento popular y sus líderes en Honduras.
Esta escalada represiva, que intenta amedrentar a los luchadores sociales y criminalizar sus luchas, se ha cobrado hace doce días la vida de Berta Cáceres, líder de la comunidad indígena lenca y movimientos campesinos, defensora de los derechos humanos, e integrante fundadora del COPINH. Hoy nos golpea la noticia del asesinato en Honduras de otro integrante del COPINH, Nelson Noé García, en la comunidad Río Chiquito, departamento de Cortés, durante un desalojo.
A este brutal asesinato se suma también hoy el intento de asesinato de Christian Mauricio Alegría, integrante de La Vía Campesina Honduras, que sobrevivió a disparos de armas de fuego frente a las instalaciones de la oficina de ese movimiento campesino internacional en la colonia Alameda de Tegucigalpa.
Por último hacemos un enérgico llamado al Gobierno de Honduras para que garantice la vida y la integridad de Gustavo Castro Soto, mexicano e integrante de la Organización Otros Mundos Chiapas/Amigos de La Tierra México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), y sobreviviente del asesinato de Berta Cáceres
¡Basta de criminalizar y asesinar a los luchadores populares! ¡Fuera las corporaciones y sus proyectos extractivos de muerte de América Latina!
Exigimos al Gobierno de Honduras el castigo a los culpables materiales y políticos de estos crímenes, y lo hacemos responsable por la vida y la integridad de Gustavo Castro Soto.
Solicitamos con urgencia al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, Michel Forst, y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, una inminente visita especial a Honduras, ante los gravísimos atentados contra los DDHH.
¡No pasarán!
Nos declaramos en alerta permanente, y manifestamos nuestra solidaridad y apoyo incondicional al pueblo de Honduras y sus organizaciones.
Alianza por la Biodiversidad
REDES – Amigos de la Tierra – Uruguay,
ETC Group – México,
GRAIN – Argentina – Chile – México,
Acción Ecológica – Ecuador,
Grupo Semillas – Colombia,
Sobrevivencia – Paraguay,
Acción por la Biodiversidad – Argentina,
Red de Coordinación en Biodiversidad – Costa Rica,
Centro Ecológico – Brasil,
Campaña de Semillas de Vía Campesina – CLOC –
Chile,
CLOC – Vía Campesina América Latina
16 de marzo de 2016
Misión Internacional, “JUSTICIA PARA BERTA”
Resumen Latinoamericano / 16 de marzo del 2016 .-
A partir de hoy, numerosos parlamentarios, juristas y representantes de redes sociales de varias partes del mundo se desplazarán a Honduras en el marco de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres”.
Desde Argentina, participarán Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y Beverly Keene, coordinadora de Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina. También en representación de la red Jubileo Sur/Américas, participará Zulma Larín, coordinadora de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador y de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia.
A iniciativa de las organizaciones hondureñas Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, y personas, colectivos y organizaciones de la solidaridad internacional con el pueblo de Honduras y con la líder indígena lenca Berta Cáceres, su presencia coincidirá con la organización de gran número de movilizaciones de la sociedad civil hondureña en los tres próximos días, en protesta por el asesinato de la líder indígena y en solidaridad con Gustavo Castro, herido en el ataque a Berta y retenido por las autoridades de Honduras a pesar de haber ya atendido los requerimientos de la justicia en numerosas oportunidades y de poder seguir a disposición desde México.
Dos semanas después del asesinato de la líder indígena lenca Berta Cáceres en Honduras, el día de ayer fue acribillado otro líder delConsejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Nelson Noé García, en la comunidad de Río Chiquito (Cortés).
Esta nueva agresión a un defensor de los Derechos Humanos, los Derechos de los Pueblos Indígenas y del medio ambiente se produjo luego del desalojo violento realizado por la Policía Militar de Orden Público y el Comando Especial Cobras de 150 familias lencas del COPINH en Río Lindo, Cortés.
La represión no constituye un hecho aislado, sino que se integra en la violación sistemática de los Derechos Humanos que tiene lugar de forma cotidiana, en el proceso sistémico de asegurar los intereses de las empresas transnacionales.
De hecho, Berta Cáceres se encontraba en la resistencia frente al proyecto “Agua Zarca”, una represa que cuenta con la participación de empresas e instituciones financieras europeas y estadunidenses: la gigante alemana Voith Siemens, el FMO (Netherlands Development Finance Company), el Finnfund (Finnish Fund for Industrial Cooperation), y el CABEI (Central American Bank for Economic Integration). Ante la creciente presión de la sociedad civil a nivel hondureña e internacional, el FMO ha decidido hoy suspender todas sus operaciones en Honduras, incluyendo su participación en “Agua Zarca”.
La Misión Internacional ha previsto reunirse con las más altas autoridades del país para exigir el esclarecimiento del asesinato de Berta Cáceres, con la participación de una Comisión Investigadora Indpendiente; demandar la liberación inmediata del mexicano Gustavo Castro, así como garantizar su integridad personal.
La misión asume como propias las demandas de la familia de Berta Cáceres y el COPINH, que incluye la suspensión inmediata del proyecto Agua Zarca y la anulación de todas las concesiones y proyectos extractivistas de los territorios lencas.
La delegación está conformada por las siguientes personas:
Miguel Urbán Crespo – Europa, Eurodiputado PODEMOS – Grupo de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica GUE/NGL
Nora Cortiñas – Argentina, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
Pedro Arrojo – España, Diputado de PODEMOS en el Congreso de los Diputados de España
Lilián Galán – Uruguay, Parlamentaria de ParlaSur
José Olvera – México, UNT-CSA México, Unión Nacional de Trabajadores / Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas
Beverly Keene – Argentina, Coordinadora Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Mirna Perla Jiménez – El Salvador, Ex Magistrada Corte Suprema de Justicia de El Salvador Brian Finnegan – Estados Unidos, AFL/CIO – CSA. Federación estadounidense del trabajo y congreso de organizaciones industriales – Confederación Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de las Américas
Zulma Larin – El Salvador, Coordinadora Red de Ambientalistas Comunitarios y Coordinación de la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia Natalia Atz Sunuc – Guatemala, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
Gustavo Lozano – México, Académico y Abogado de la coalición de movimientos sociales por el agua y por la tierra (MAPDER y REMA) en articulación con el movimiento centroamericano.
Tom Kucharz – España, Asesor político de la delegación de PODEMOS en el Parlamento Europeo, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Miguel Ángel de los Santos – México, Abogado de la Red Iberoamericana de Jueces. La Misión se quedará en el país hasta el 20 de marzo y sostendrá reuniones con organizaciones del movimiento social, y visitará a la familia de Berta Cáceres y la coordinación del COPINH, en La Esperanza, Intibucá.
El jueves 17 de marzo tendrá lugar la primera Rueda de Prensa de la Misión Internacional en Tegucigalpa.
Contacto con la Misión: misioninternacionaljbc@gmail.com
Universitario asesinado tras participar en protesta por muerte de Berta Cáceres
Resumen Latinoamericano / 16 de marzo de 2016.-
Comité por la Libre Expresión (C-Libre). El estudiante de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), Jairo Ramírez, de 22 años de edad, fue asesinado después de participar en una protesta por la muerte de la ambientalista Berta Cáceres.
A casi 14 días de su asesinato, el caso sigue en la impunidad. El estudiante fue raptado desde el jueves 3 de marzo, por varios sujetos que minutos después le habrían dado muerte. Le quitaron la vida con balazos que le dieron principalmente en el rostro.
Al momento de su hallazgo, ocurrido unas horas después, andaba con el uniforme de campo de su centro de estudios, ubicado en Catacamas, Olancho.
Una situación similar ocurrió en marzo de 2015, cuatro jóvenes que habían participado en protestas estudiantiles aparecieron ejecutados. Tras ese cuádruple asesinato, el ministro de Educación, Marlon Escoto, estigmatizó las declaraciones de prensa y las publicaciones periodísticas que informaron al respecto.
También el diputado jefe de la bancada legislativa del Partido Nacional, Óscar Álvarez, calumnió a C-Libre por informar al respecto.
Periodista recibe atentado frente a su hijo de 4 años
14 de marzo de 2016
Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
La periodista Kenia Arias sufrió un atentado cuando salía en su automóvil, de un canal local. Dos hombres desconocidos, a bordo de una camioneta roja, dispararon contra su integridad. Los hechos ocurrieron la noche del sábado 12 de marzo de 2016, en el departamento de Choluteca.
Según testigos del hecho, al momento de atentado la periodista iba acompañada de su hijo de cuatro años. Ambos salieron ilesos del atentado. Los sicarios seguían a la comunicadora y le dispararon en el momento que ella iba a estacionarse en una popular venta de golosinas, justo atrás de la sede de Cuerpo de Bomberos.
Los malhechores alcanzaron a lanzar tres proyectiles del lado del conductor, relató su esposo, Leonel Ramos. El esposo de la periodista explicó que no sabe qué causó el ataque, pues, no han recibido amenazas a muerte ni mantienen problemas. Kenia Arias tiene 13 años de vivir en Choluteca, fue corresponsal del noticiario Telenoticias de Canal 5. En la actualidad estaba retirada de los medios.
“Vivimos una dictadura institucional en Honduras”
Entrevista a dirigente del COPINH ante otro asesinato de un miembro de la organización
Resumen Latinoamericano / 16 de marzo de 2016 –
La situación en Honduras es de alarma total. El indignante y todavía impune asesinato de Berta Cáceres parece haber marcado una ola de recrudecimiento de la violencia y la persecución en contra de militantes sociales, indígenas y campesinos en un país cuyo pueblo no ha dejado de ser atacado desde el golpe de Estado sufrido en 2009.
En el día de ayer, tras un violento desalojo en la comunidad de Río Chiquito, en el departamento de Cortés, el integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Nelson Garcia fue asesinado a tiros al regresar al lugar en que se estaba quedando.
Mediante un despliegue de fuerzas a todas vistas desmedido, que incluyó efectivos de la Policía, del Ejército, de la Unidad Antimotines y de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), 150 familias campesinas e indígenas fueron desalojadas de las tierras que habitaban y cultivaban desde hace más de 10 años.
“En el desalojo destruyeron los cultivos de frijoles, maíz, yuca, plátanos, así como sus casas”, cuenta Tomás Gómez, integrante del COPINH, y agrega que las familias “han quedado totalmente a la intemperie”.
La comunidad estaba tramitando el otorgamiento del titulo comunitario de esas tierras ante el Instituto Nacional Agrario (INA), pero mediante testaferros el alcalde del Río Lindo, municipio al que pertenece la comunidad, ha comprado las tierras de manera ilegal, según denuncia el COPINH. Según el movimiento, los intereses en esa región están relacionados al aumento del potencial de generación de energía hidroeléctrica.
Luego del desalojo, Nelson García regresa a la casa donde alquilaba un cuarto: “ lo estaban esperando los sicarios que lo asesinaron de cuatro tiros”, cuenta Gómez. “Fue el Estado” “Nosotros decimos que el responsable aquí fue el Estado”, sentencia el militante del COPINH, y prosigue:
“el Estado no ha querido resolver la problemática de adjudicación de tierras de los títulos comunitarios que el COPINH y el pueblo lenca han estado exigiendo para que se legalice la posesión de los pueblos indígenas de esas tierras”.
Con el de Nelson García, se suman ya quince asesinatos de militantes hondureños, incluyendo el de Berta Cáceres, solamente en lo que va de 2016: “es una avalanche de amenazas y asesinatos para desparecernos, para quitarnos todas las tierras. Tierras donde hay minería, donde hay agua, donde hay bienes naturales para concesionarlas”, expresa Tomás Gómez.
Sumando a este argumento de responsabilidad del Estado, el integrante del COPINH denuncia el nulo avance que han tenido las investigaciones y la búsqueda de justicia para Berta Cáceres, un caso que mereció el reclamo de justicia en países de todos los continentes: “Es una dictadura institucional.
Vemos que en países donde hay declaradas guerras se asesinan menos personas” Sobre las demandas actuales de la organización, Tomás cuenta que exigen: quitar proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de territorios del pueblo indígena lenca; cesar la criminalización del COPINH; la desmilitarización del pueblo lenca; anular de inmediato las concesiones de minería, proyectos hidroeléctricos y eólicos en territorios lenca.
Para que se cumplan las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los dirigentes indígenas y los familiares de Berta Cáceres, Tomás afirma que es necesario “ir a la raíz”.
“Y la raíz son las políticas del Estado hondureño, de privatización y concesión del territorio indígena sin la consulta previa, libre e informada”, concluye. Por último, Tomás Gómez mencionó las movilizaciones que estarán realizando el COPINH, OFRANEH y diversas organizaciones en la capital
Tegucigalpa desde hoy 16 hasta el viernes 18 de marzo, y que Radio Mundo Real estará cubriendo.
Imagen: Vía Campesina Honduras
Asesinan a otro integrante del COPINH en Honduras
Resumen Latinoamericano / Desinformemonos / 15 de marzo de 2016 –
Nelson García tenía 38 años y 5 hijos. También era integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Honduras, así como lo fue Berta Cáceres.
En la tarde del martes 15 de marzo, a menos de diez días del asesinato de Berta, Nestor fue asesinado de 4 balazos en la cara por un sicario, mientras estaba en su casa con sus hijos.
Según denunció esa organización y también la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Nelson había apoyado la recuperación de tierras de Río Lindo, que ese mismo día fue violentamente desalojada, “un violento desalojo por parte de la policía militar y cobras”, denunciaron las organizaciones.
Afirmaron además que dos miembros de la Coordinación General del COPINH están siendo amenazados con ser capturados por la policía. Según reportaron desde Honduras, ellos se encuentran junto a los desalojados de Río Lindo, atendiendo a los heridos y a los afectados. Berta Cáceres fue asesinada en su casa en Esperanza, Honduras el 2 de Marzo cuando hombres armados entraron y le dispararon a quemarropa.
Junto a ella estaba Gustavo Castro, también defensor de derechos humanos, integrante de Otros Mundos Chiapas, a quien, a pesar de estar herido y siendo un testigo presencial de esa noche, no se le ha permitido salir de Honduras a pesar de los riesgos que coirre allí su integridad física.
“Alertamos a la solidaridad nacional e internacional. Hasta cuando seguiremos soportando más asesinatos de los que luchan por un mundo más justo, por el derecho a la tierra, por un techo digno, por un trabajo digno y no explotado. Basta ya de exterminio a los pueblos indígenas, negros y campesinos”, reclamaron en un comunicado.
“Que la muerte de Berta y el sufrimiento actual de Gustavo no sean en vano”
Por Sergio Ferrari, Resumen Latinoamericano/ 13 de marzo 2016 .-
El reciente asesinato de Berta Cáceres, – Premio Goldman al Medio ambiente 2015- así como la retención prolongada en Honduras del ciudadano Gustavo Castro Soto, víctima del mismo atentado, develan la lucha de centenas de comunidades mesoamericanas en defensa de sus tierras y territorios.
Y contra la presencia agresiva de megaproyectos, sean éstos mineros o hidroeléctricos. Así lo subraya Philipp Gerber, quien coordina los proyectos de la organización Médico Internacional Suiza en México, donde vive desde hace varios años.
Amigo personal de Gustavo Castro Soto y conocido desde tiempo de la dirigente hondureña recientemente asesinada, Gerber introduce no sólo el retrato personal de sus dos amigos sino que analiza más a fondo la responsabilidad del Norte en esta política invasiva contra los pueblos mesoamericanos.
P: ¿Cuál es el recuerdo, la imagen, que le queda de Berta Cáceres asesinada el 3 de marzo en Honduras?
Philipp Gerber: Berta rompía con los estereotipos de activista de una causa. Era mucho más que una líder de su organización. Se movilizó frontalmente contra el Golpe de Estado en Honduras en 2009.
Denunciaba la presencia de bases militares de Estados Unidos en su país. Se movía con gran facilidad tanto en las redes feministas como en el cabildeo internacional, siempre enfrentando “el poder capitalista, racista y patriarcal”, como solía decir.
Pero, y eso la hacía tan especial, a pesar de sus premios y su visibilidad internacional, no dejó nunca de estar en el territorio, de convivir con la gente, de participar en las manifestaciones locales.
Apenas diez días antes de su asesinato lideró una manifestación -que fue duramente reprimida- contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca por considerarlo una agresión al pueblo indígena Lenca.
Su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ganó la primera lucha contra este proyecto ya que después de cuatro años el Banco Mundial y una constructora china se retiraron en 2013, argumentando el obstáculo que significaba la resistencia local.
Pero ahora llegan fondos de desarrollo de Holanda y Finlandia, acompañados por acciones de supuesta mitigación de impacto ambiental de USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo).
Y por todos los medios quieren implementar ese proyecto argumentando que ahora, supuestamente, el mismo *será limpio*. Berta es la cuarta militante del COPINH asesinada en este nuevo ciclo del proyecto.
Ella temía –así como su organización- que Agua Zarca signifique la entrada de megaproyectos a la región del pueblo Lenca, donde después del golpe militar del 2009 el nuevo Gobierno entregó en concesión una amplia parte del territorio para implementar 17 proyectos hidroeléctricos y una cantidad similar de proyectos mineros.
P: Desde años usted trabaja en México, en la misma región que Gustavo Castro, quien fuera herido en el mismo atentado en que perdió la vida Berta Cáceres. ¿Cuál es el perfil del coordinador de Amigos de la Tierra / México?
R: Lo conozco muy bien desde inicios de los años 90. Gustavo es un activista y defensor de derechos humanos con una larga trayectoria. Desde hace 20 años reside en Chiapas, enfocándose en la defensa de territorios contra la invasión de megaproyectos.
Últimamente, su trabajo y el de las redes del movimiento social en Mesoamérica se ha enfocado en proyectos de energía (hidroeléctricas, eólicas,fracking) y de minería. Gustavo es un activista de actitud modesta, de voz tranquila, pero que siempre insiste en la defensa de los derechos humanos y en la denuncia de las agresiones de las empresas y autoridades contra los territorios mayoritariamente indígenas.
A raíz de estos procesos de resistencia y de paulatina toma de conciencia en los últimos m
eses muchas comunidades se declararon “territorios libres de minería”.
P: Gustavo Castro, según las informaciones públicas, vive una situación muy particular desde el pasado 3 de marzo ¿Tiene informaciones más directas sobre el estado actual de ese defensor de derechos humanos mexicano?
PG: Tengo informaciones de primera mano. Gustavo está viviendo una situación angustiante de “retención” en Honduras. Todo esto, luego del trauma psicológico que le produjo haber salvado milagrosamente su vida en el mismo atentado en que asesinaron a Berta.
P: ¿Podría darnos más elementos precisos…?
PG: Para Gustavo es una situación extrema, porque no sólo vio morir a Berta en sus brazos, sino que luego, siendo víctima sobreviviente del atentado, sufrió maltratos de las autoridades hondureñas.
En las horas y los días posteriores del atentado las autoridades han aplicado tratos crueles e inhumanos al obligarle a mantenerse despierto en prologados interrogatorios a los que lo han sometido haciéndolo declarar ante diferentes instancias.
Se le ha restringido el acceso al agua y a los alimentos. Una de las copartes mexicanas de Médico Internacional Suiza es el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad. En una información de prensa, dicha organización subraya que:
“La falta de atención médica y psicológica, evitar dormir y someter a interrogatorios prolongados y exhaustivos, son equiparables a métodos de tortura y malos tratos”. Por su parte, el médico hondureño Juan Almendares señaló que el dirigente ecologista “no solo es víctima de un atentado sino también víctima de tortura psicológica y de la perversa crueldad del sistema jurídico en este país”.
P: ¿Y la situación de su seguridad en Honduras?
PG: Sabemos que Gustavo se siente inseguro y teme que su vida está en peligro. Y esto con justa razón, porque los asesinos de Berta Cáceres lo dieron por muerto, después de que una bala le rozó la oreja. Nadie puede asegurar que los asesinos fallidos no puedan intentar nuevamente de cumplir con su propósito y agredir, ahora, al único testigo ocular del asesinato de Berta Cáceres.
Gustavo colaboró desde el principio con las autoridades para ayudar a esclarecer el crimen, pero también criticó el maltrato del cual fue objeto. Y denunció la insistencia de las autoridades de tratar de construir un escenario para que el asesinato político aparezca como un crimen pasional o personal.
Las autoridades prolongaron por 30 días la alerta migratoria que le impide salir de Honduras para regresar a México. Haber sobrevivido por pura fortuna a un atentado y sentir que su seguridad está amenazada, constituye, según el derecho internacional, una situación inhumana. No tiene nada que ver con el trato elemental que merece una víctima de violencia extrema.
P: ¿Este atentado del 3 de marzo puede provocar una nueva toma de conciencia ciudadana en torno a los temas que Berta Cáceres y Gustavo Castro denunciaban?
PG: Espero que sí. Que este sacrificio no sea en vano. Ellos denuncian una política intervencionista de grandes empresas trasnacionales e instituciones financieras mundiales que promueven esos megaproyectos, que significan la misma imposición y violación de derechos desde la Patagonia hasta Sonora, a lo largo de todo el continente.
A pesar del bonito discurso del desarrollo “verde” y de la participación de la población afectada, la realidad en el terreno es otra. Esos megaproyectos significan despojo, destierro, corrupción, criminalización de la protesta, rompimiento del tejido social, violencia y migración forzada.
El giro eco-territorial del movimiento social latinoamericano es una reacción a este ataque. Y aunque hay ejemplos de resistencias exitosas, también la presión discursiva sobre la supuesta necesidad de este mal llamado “desarrollo verde” aumenta.
Por ejemplo en el reciente Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, de fines del año pasado, aparece muy fuerte este negocio pintado de verde. Las empresas quieren consumir energía verde, nuestro capital social, nuestros ahorros de jubilación en el Norte tienen que ser invertidos en infraestructura verde, en tanto, en realidad, las comunidades tienen que entregar sus territorios, sus ríos y sus bosques para este propósito.
P: Una reflexión final …
PG: La muerte violenta de Berta no es la primera de una activista mesoamericana, pero el gran eco que tiene su asesinato tiene que servir para exigir un cambio de políticas. No puede ser que con nuestros impuestos que pagamos en tanto ciudadanos suizos, europeos, del Norte desarrollado; con nuestros ahorros; con “nuestras” empresas; se maten a defensoras y defensores comunitarios.
Ya no estamos en los años 80, donde por ejemplo, en la vecina Guatemala se implementaron represas con financiamiento de bancos suizos a costo de masacres de población indígena.
Si una política pública crea mucha crispación social, lo mínimo es hacer un alto en el camino, suspenderla y revisar las condiciones. En toda América Latina hay una preocupante criminalización de la protesta social en el contexto de la movilización contra empresas, como lo acaba de constatar también el Observatorio de DDHH de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Y no hay una regularización clara del derecho a la consulta y al consentimiento de la población afectada. Y que quede claro, consentimiento significa que también la población puede decir NO a un proyecto.
Porque los actuales procesos de consulta muchas veces son una mera simulación, son un trámite más en el diseño de los proyectos y los intereses multinacionales.
* Gustavo Castro Soto retenido en Honduras
Envío:ResumenLatinoamericano
No hay comentarios:
Publicar un comentario