Por Alfredo Zaiat
El Gobierno otorgó a los fondos buitre encabezados por Singer condiciones aun más ventajosas que al resto: menos quita, pago de los honorarios de sus abogados y lobistas y cobro de intereses adicionales. Encima, mantienen la posibilidad de seguir litigando
LOS PRIVILEGIOS ENTREGADOS A LOS BUITRES MAS AGRESIVOS
A los pies de Singer
Los fondos buitre liderados por Paul Singer definieron condiciones aún más ventajosas que el resto. Menor quita, pago de los honorarios de abogados y lobby y el cobro de intereses adicionales. Lo consiguieron ante la desesperación del gobierno de Macri para cerrar el acuerdo.
Por Alfredo Zaiat
Recibió una quita menor en relación a lo acordado con otros fondos buitre, cobrará intereses adicionales hasta el momento del pago total, consiguió que la millonaria cuenta de honorarios de abogados y de lobby sea abonada por la Argentina, obtuvo el beneficio de no quedar limitado en su capacidad de continuar litigando, exigió que el país no pueda realizar otras emisiones de deuda en dólares, limitando a la vez la nominada en pesos, hasta tanto no se cancele el ciento por ciento de su demanda, tiene la prioridad de recibir los dólares en efectivo antes que el resto de los fondos buitre, y estará facultado a rescindir el acuerdo si no cobra antes de las 12.00 pm, hora del Este, del jueves 14 de abril próximo.
Todos esos privilegios fueron otorgados por el gobierno de Mauricio Macri a Paul Singer, quien lideró el acoso sobre Argentina en todos los años del litigio, y a sus buitres aliados.
Los 36 folios del preacuerdo preliminar con los fondos NML, Aurelius, Blue Angel, Olifant Fund, FYI y FFI Fund forman parte del anexo al proyecto oficial que deroga las leyes Cerrojo y Pago Soberano. De su lectura es muy difícil concluir que hubo una negociación para alcanzar un acuerdo. Más bien es la concreción de lo postulado por Macri, en junio de 2014, de ir al juzgado de Thomas Griesa y hacer lo que él ordene.
La relación con los buitres tiene la misma lógica que el debate sobre el endeudamiento externo. La clave es determinar para qué se emite deuda: si es para financiar obras de infraestructura y actividades que faciliten el repago por la generación de divisas adicionales o si es para financiar la fuga de capitales. Esto último orienta hacia una futura crisis de deuda. En el caso con los buitres, lo relevante para observar es que clase de acuerdo se define. Singer & cía. no vieron recortadas sustancialmente sus pretensiones infladas exageradamente por su juez amigo Thomas Griesa.
La oferta argentina para los buitres con sentencias pari passu (incluyendo a los denominados me too) es con una quita del 30 al 27,5 por ciento del reclamo monetario. En esa categoría ingresaría Singer y buitres aliados, pero la quita que se le aplica es del 25 por ciento, pero con otros beneficios la reduce a 22,5 por ciento. Este acuerdo es el más relevante porque equivale al 78 por ciento del total. O sea, los privilegios otorgados por Argentina son muy onerosos puesto que se aplican sobre 5891 millones de dólares de bonos. Con los otros catorce acuerdos el total suma 7553 millones. Incorporar a Singer era indispensable para el gobierno de Macri y, por esa urgencia, entregó beneficios excepcionales a esos buitres.
La firma del acuerdo preliminar con Singer, firmado por él en puño y letra, y sus buitres aliados tiene fecha del 26 de febrero, y las condiciones a cumplir empezaron a correr a partir del 29 de febrero:
- Argentina reconoce el 75 por ciento del total de la demanda por 5891 millones de dólares radicada en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York sobre los bonos en cesación de pagos: el monto a pagar asciende entonces a 4418 millones de dólares.
- Pero no es todo: también se reconoce un interés del 2 por ciento anual desde el 1° de marzo hasta la última fecha de pago, definida el 14 de abril. Esto significa que hay una tarifa diaria de 322.795 dólares.
- Hay más: Argentina se comprometió a pagar 235 millones de dólares en concepto de reembolso a estos fondos buitre por honorarios legales que abonaron ya sea en Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción a nivel mundial.
- En total, el pago sería de 4553 millones, sin incluir los intereses.
- Los intereses hasta el 14 de abril acumularán 14.525.775 dólares.
- La suma total sería entonces de casi 4568 millones de dólares.
- Así, con ese monto global, la quita disminuye del 25,0 al 22,5 por ciento de la sentencia monetaria.
Argentina reconoce el capital, intereses, intereses punitorios por el default, los intereses por mora aplicados por Griesa más los gastos del juicio. Más los intereses hasta cancelar esa deuda, que también se pagarán “en efectivo, en dólares estadounidenses en fondos de disponibilidad inmediata, mediante giro bancario”. Luego de recibir los dólares, los buitres se comprometen a liberar todos los embargos, ejecuciones pendientes, y “regresarán a la Argentina todos los bienes embargados o incautados”. El detalle que no se menciona es que no hay bienes embargados o incautados del Estado argentino porque los buitres no tuvieron éxito en ese tipo de demandas judiciales presentadas en tribunales estadounidenses y europeos.
El punto 5 del preacuerdo indica las condiciones impuestas por los buitres: la derogación de las leyes Cerrojo y Pago Soberano, y que la ley que las anule haya entrado en vigencia “y permita incondicionalmente” el pago “inmediato”. Recién en esa instancia, las medidas cautelares dispuestas en el juzgado de Griesa se revocarán “automáticamente”. Además Argentina se comprometió, hasta que los buitres no cobren, a no solicitar el levantamiento de esas medidas que bloquean el cobro de los acreedores del canje 2005 y 2010.
Tomo todo
El punto 6 insiste en cuidar los intereses de los buitres, al establecer que “independientemente de cualquier otra disposición en el presente acuerdo, nada aquí impedirá o limitará la capacidad” de los buitres “de litigar para salvaguardar su posición legal”. Reitera la condición referida a que si no reciben el “pago completo” las medidas cautelares “no se pueden levantar”. Argentina se compromete a no emitir otros bonos de deuda para otros fines hasta no cancelar el compromiso con los buitres. Y los dólares obtenidos de la emisión de títulos de deuda por 12 a 15 mil millones serán destinados en primer lugar a los buitres Singer & cía., y serán canalizados por los bancos colocadores de esos papeles. O sea, los dólares de la emisión de deuda argentina no ingresarán en ningún momento al país, y pasarán directamente de los bancos colocadores de los papeles a las cuentas de esos buitres en entidades financieras de Nueva York.
El acuerdo preliminar se rige por la legislación del Estado de Nueva York. Además acordaron rendir ante el mediador Daniel Pollack las eventuales controversias que pudieran surgir, y si en dos días no logran encontrar una solución, Argentina se someterá al “Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, ante el Honorable Thomas P. Griesa, donde se resolverá el caso de manera expedita”. “La República Argentina renuncia a la soberanía y otras inmunidades (y acepta la competencia y la notificación procesal en Nueva York)”, aceptó el equipo económico de Alfonso Prat-Gay.
El punto 7 del acuerdo preliminar retrocede un poco más en la cesión de soberanía financiera, al someterse a una serie de prohibiciones para realizar emisiones de deuda hasta tanto no se cancele el ciento por ciento de lo acordado. A su vez, los primeros fondos obtenidos para el pago se depositarán, por parte de las entidades financieras que actúen en la colocación, directamente en las cuentas que indiquen los fondos buitre. Esto le otorga a Singer & cía. una prioridad absoluta respecto del resto. Esta cláusula cercena la posibilidad endeudarse en dólares y limita la emisión de deuda en pesos a un máximo equivalente de 2000 millones de dólares. Además es riesgosa porque establece la predominancia de unos fondos buitres sobre el resto, lo que puede derivar en nuevos litigios pari passu, o sea la condición de igual trato entre acreedores.
Pagar la cuenta
Los considerandos del proyecto de ley pro buitre señalan que a “los fondos NML, Aurelius Capital, ACP, Aurelius Opportunities, Olifant, FYI, FFI Y Blue Angel, en cuyo acuerdo se contempla una quita inferior a la estipulada en la oferta pari passu, en razón de haber sido ellos a favor de quienes fueron dictadas originariamente las órdenes pari passu. Se informa que se “les ha ofertado el reconocimiento de ciertos gastos en concepto de honorarios (con una quita del 40 por ciento) en virtud de haber resultado vencedores en distintos litigios contra la República Argentina habiendo, asimismo, agotado todas las instancias judiciales posibles, incluyendo la Corte Suprema de Estados Unidos de América. Y finalmente lamenta que esos gastos implicaron “mayores costos en comparación con el resto de los acreedores”, y por ese motivo Argentina se los reconocerá.
El punto 2 del acuerdo con Singer y otros buitres contempla ese pago adicional, que suma 235 millones de dólares “para (a) resolver todos los reclamos afirmados fuera del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a nivel mundial, y (b) para reembolsarles a las Partes Demandantes honorarios legales donde fuere que se hayan incurrido, ya sea en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York o cualquier otra jurisdicción a nivel mundial”.
El monto original reconocido no está discriminado ni se precisa cómo se alcanzó. A esa suma se le aplicó un descuento del 40 por ciento. Pueden estar incluidos casi los 8 millones de dólares para financiar la American Task Force Argentina, entidad de lobby buitre liderada por Paul Singer encargada de la campaña de desprestigio de Argentina. También puede incluir la demanda relacionada con la retención indebida de la Fragata Libertad que implicó costas por 15 millones de dólares pagadas por NML el 23 de julio de 2013, como está registrado en el anexo del acuerdo e incluido en el proyecto de ley. O el financiamiento a políticos locales, como a la ONG Voces Vitales Argentinas, dirigida por la diputada nacional del PRO y actual titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, que recibió 100 mil dólares de Singer.
Aceptar el pago de gastos legales y honorarios de todo tipo implica reconocer que los fondos buitre tenían razón al no participar de los canjes 2005 y 2010 y en impulsar una interpretación extravagante de la cláusula pari passu, convalidada por el juez Thomas Griesa. Esta postura difiere no solo de la que ha tenido Argentina hasta diciembre de 2015, sino también la mayoría de la comunidad internacional. Esto genera además un antecedente que implica un incentivo enorme a que se inicien nuevos litigios contra Argentina, ante el hecho que no solo no se negocia los montos adeudados, sino que el país paga los gastos legales de los buitres.
LEY PRO BUITRE
No es convenientePor Alfredo Zaiat
Opinión
Es importante abordar algunas cuestiones históricas-conceptuales de la relación de la Argentina con el endeudamiento, para encuadrar el debate sobre el litigio con los fondos buitre y la propuesta oficial que se está tratando. El litigio con los fondos buitre está íntimamente ligado con el endeudamiento. Por eso, cuando uno escucha a funcionarios del gobierno o a interesados en este tema, inmediatamente aparece la propuesta del endeudamiento: la posibilidad de salir a colocar deuda, tanto el sector privado como el sector público nacional y provincial, luego de cerrar el capítulo de los buitres. Por lo tanto, es muy relevante hacer un marco histórico para comprender la importancia de la decisión de reiniciar un ciclo de endeudamiento creciente. Resulta fundamental entonces conocer cuál ha sido el recorrido de la deuda externa argentina porque ha tenido rasgos similares a lo largo de toda su historia. Desde el primer empréstito otorgado por los ingleses de la Baring Brothers en 1824 hasta el Megacanje de deuda diseñado por Domingo Felipe Cavallo en 2001, que fue la última estación previa al default.
Las características históricas del endeudamiento argentino fueron:
1. El pago de sobre-tasa en la tasa de interés.
2. Operaciones financieras poco transparentes y corrupción de banqueros y funcionarios.
3. Definición de cláusulas de condicionalidad de la política interna por parte de bancos acreedores primero, y del FMI después, organismo que actuó como auditor de los acreedores.
4. El desvío de los préstamos hacia otros objetivos no previstos al momento de solicitarlos.
5. La aplicación irregular de los recursos obtenidos.
6. Ser el canal para la especulación financiera y la fuga de capitales.
El último ciclo de endeudamiento iniciado en la dictadura militar en 1976, y que ahora se quiere reiniciar, ha servido para implementar una reestructuración económica y social del país en forma regresiva. Definió un cambio estructural de la redistribución del ingreso, con dos sectores perjudicados: los trabajadores y los empresarios nacionales (pequeños y medianos). El endeudamiento del último cuarto del siglo XX dejó el siguiente aprendizaje:
1. El financiamiento internacional fue funcional a las necesidades de los acreedores.
2. El endeudamiento externo, lejos de contribuir al desarrollo productivo, sirvió para reestructurar deudas, transferir utilidades de las multinacionales, formar oligopolios o monopolios, facilitar la compra de activos nacionales por capitales del exterior, y acelerar la fuga de capitales.
3. La imposición de condiciones de ajuste económico para garantizar el repago de la deuda, que condujeron a un profundo deterioro socio-laboral.
El endeudamiento es necesario para financiar la expansión de infraestructura y mejorar la competitividad de la economía. Sin embargo, en la Argentina se ha demostrado que el endeudamiento creciente ha servido fundamentalmente para financiar la fuga de capitales. ¿Se quiere recomenzar un nuevo ciclo de endeudamiento para financiar la fuga de capitales?
Presentado este encuadre histórico, voy a ser sincero y empezar por la conclusión. Este acuerdo con los fondos buitre, que sería el puntapié inicial para reiniciar un nuevo ciclo de endeudamiento creciente, no es conveniente. No es conveniente tal como ha sido presentado. Significará más costos que beneficios. Y cuando hablo de más costos que beneficios no hablo con la lógica de costo financiero. Porque esta decisión no se tiene que tomar con la lógica financiera sino con la del desarrollo nacional.
Como les decía, este acuerdo no es conveniente. ¿Por qué?
1. No es cierto que si no se aprueba este acuerdo necesariamente haya que hacer un ajuste mayor. En política económica no existe una sola receta. La inevitabilidad del ajuste, como era inevitable la megadevaluación, es una decisión de política económica, en base a una concepción ideológica y política. Queda claro, y ya no porque lo digamos en la Argentina, que este acuerdo es impresionantemente favorable a los fondos buitre. Lo dicen todos los medios financieros internacionales; no los locales. Se dice que si no se aprueba esta ley viene un mega ajuste. “Es el acuerdo o el caos”. En este caso, sería más ajuste. Es conocida esa estrategia extorsiva que se desplegó con intensidad durante décadas pasadas. Había que aprobar las leyes de privatizaciones, si no... el caos. Había que aprobar la ley de flexibilización laboral, si no... el caos. Había que aprobar la ley de déficit cero, si no... el caos. Y paradójicamente, todas esas leyes fueron aprobadas para la salvación y el saldo fue un caos económico, político y social.
2. No es cierto que habrá una lluvia de dólares y recuperación de la confianza. No hay que hacer mucha historia. Los economistas, los expertos en finanzas, hablan primero en términos técnicos para después señalar algo que no es fácil de medir que es la confianza. “Esto va a generar confianza”, afirman. Y digo que no hay que hacer mucha historia en relación a ese factor gaseoso de la confianza porque el desarrollo del mercado de cambios de los últimos tres meses es una prueba contundente que ese shock positivo no se registró. Por el contrario, se perdieron 2500 millones de reservas y no hubo una lluvia de dólares fruto de ese shock de confianza. Y eso pasó en los mejores meses de un nuevo gobierno: luna de miel con la sociedad, apoyo empresario, respaldo de los mercados.
3. Cualquier nuevo ciclo de endeudamiento externo es para atender el sector externo, la restricción externa, no es para aliviar el déficit fiscal. El sector externo necesita dólares. Las cuentas públicas, nacionales y provinciales, necesitan pesos. Además, endeudarse en dólares para cubrir gastos corrientes, como seducen a las provincias, es la peor estrategia de endeudamiento. Es el adelanto de una crisis de insolvencia.
4. No es cierto que se baje sustancialmente la tasa de interés. Seguirá en niveles elevados, como el que está previsto del 7,0 al 7,5 por ciento anual para el nuevo endeudamiento. Si existiera ese shock de confianza, si el mercado se aliviara porque se va a cerrar el conflicto con los fondos buitres, ¿por qué cobran esta tasa tan elevada?
5. El debate no es si hay que terminar el litigio con los fondos buitre o no, sino en cómo cerrar ese capítulo. Argentina había avanzado mucho y los buitres no estaban cobrando. Lo dicen todos los medios financieros internacionales. Acá no hubo una negociación.
6. El acuerdo deja abierta la posibilidad de nuevos juicios. No hay una prueba contundente acerca de que no habrá riesgos de nuevos juicios. Entonces, ¿cómo se puede sentenciar que con esta ley se termina el litigio con los fondos buitre? ¿O que se termina el hostigamiento de los fondos buitre a la economía argentina?
7. Se dice que se cierra el capítulo de litigios. Pero solo están incluidos el 85 por ciento de los buitres que estaban en litigio. ¿Y el resto? ¿Se va a hacer otra ley cerrojo para el resto cuando ahora se cuestiona la actual? ¿Qué es lo que se va a decidir sobre el resto que no acepte?
8. Este acuerdo violenta la soberanía nacional. Cada uno puede tener un concepto más estricto o más liviano sobre soberanía nacional. Pero podemos llegar a un acuerdo acerca de algunas cuestiones simples. Las decisiones soberanas de un país son violentadas cuando se fijan las condiciones o son impuestas por un juez que no es de este país, el juez Griesa, quien antes ordenaba lo que tenía que hacer el Poder Ejecutivo, y ahora dice lo que tiene que hacer el Congreso Nacional fijando plazos y a la vez definiendo que el acuerdo con los buitres estará vigente sólo si el Congreso deroga dos leyes (Cerrojo y Pago Soberano).
9. La emisión de los bonos reitera un error de gobiernos anteriores en emisión de deuda: la cesión de la soberanía jurídica. ¿No se aprendió nada después de todo lo que ha padecido la Argentina para que la nueva deuda para pagarle a los fondos buitre sea emitida bajo legislación de Nueva York? La excusa es la tasa de interés. Es una excusa. En los últimos años hubo colocaciones de deuda con legislación argentina y no había diferencia con la tasa de interés de un bono similar con legislación extranjera.
10. Por último, el Congreso queda en una situación de subordinación. No es un debate justo y equitativo. El gobierno ya tiene cerrado el acuerdo con los fondos buitre y pide su aprobación al Congreso solo contra promesas de un futuro mejor. Confiar en las finanzas globales para mejorar las condiciones de vida de la población, de los sectores más vulnerables, es inocente, o una decisión deliberada para beneficiar al mundo de las finanzas.
El acuerdo buitre es oneroso, no evita el ajuste, incrementará los costos de financiamiento, someterá a la política económica, significará abrir la puerta para el regreso del Fondo Monetario para auditar la economía nacional y establecerle condicionalidades, y se perderán márgenes de autonomía de la política económica.
Por eso, para cerrar, creo, humildemente, que no es un acuerdo conveniente para el desarrollo de la economía argentina.
* Exposición realizada en la reunión de la Comisión Conjunta de Presupuesto y Hacienda y Finanzas, en el marco de la discusión del proyecto de ley de normalización de la deuda pública y acceso al crédito público, realizada el lunes en el Congreso Nacional.
ITALIANOS Y ACCIONES DE CLASE “BRECHER”
No se sabe quiénes sonPor Alfredo Zaiat
En los acuerdos alcanzados con la liga de banqueros y lobbistas que dicen representar bonistas italianos y con los abogados que impulsan la acción de clase denominada “Brecher” Argentina pagará los gastos necesarios para “individualizar” quiénes son los acreedores demandantes. No se sabe los nombres de los titulares de los bonos en default ni los montos que poseen cada uno. Igual está en curso las demandas contra Argentina.
Pese a la debilidad de estos casos, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, suscribió un acuerdo que se les reconoce el derecho a cobrar, y además se comprometió a colaborar monetariamente para identificarlos.
El equipo económico de Alfonso Prat-Gay no informó cuál es la justificación de reconocer “gastos administrativos necesarios para individualizar a aquéllos acreedores que se encuentran comprendidos en la clase” Brecher. Queda en evidencia que esa demanda de clase fue presentada para especular con representar más bonistas (que ni siquiera están identificados), para aumentar los honorarios de los abogados que inician este tipo de acciones y para aumentar su poder de extorsión. Argentina ahora se hace cargo de los gastos para identificarlos. Es cómo si el país destinara recursos para facilitar la especulación con bonos en default. En el acuerdo suscripto no se precisan cómo se calculan esos gastos.
Un aporte similar comprometió Prat-Gay con los bonistas italianos, que se estiman en 50 mil agrupados en la Associazione per la Tutela degli Investitori in Titoli Argentini (TFA), pero que no se sabe quienes son y si son tantos. Pero reclaman 2500 millones de dólares, iniciando la demanda en el tribunal de Thomas Griesa y luego en el Ciadi (tribunal arbitral del Banco Mundial). Argentina pagará la cuenta para identificar a esos bonistas que ni tienen una sentencia a favor.
LA GRAVE RESPONSABILIDAD DE ENDEUDAR UNA VEZ MAS A LA ARGENTINA
El tercer ciclo
Es incomprensible que el gobierno y los bloques opoficialistas hayan ignorado la ley que en noviembre declaró de orden público los principios de Naciones Unidas para la reestructuración de deuda soberana. Este podría ser el origen de nuevos reclamos contra la Argentina por parte de quienes negociaron de buena fe peores condiciones de las que ahora se reconocería a los fondos buitre, extendiendo y agravando el problema que se pretende solucionar.
Por Horacio Verbitsky
Con el apoyo de los bloques opoficialistas de Sergio Tomás Massa, Diego Bossio y Margarita Stolbizer, el gobierno nacional confía en obtener la media sanción de la Cámara de Diputados para cumplir con el ultimátum del juez de Wall Street Thomas Griesa. El dictamen de mayoría firmado la semana pasada incluye la derogación de la ley cerrojo (por la cual el Estado no podía mejorar a los fondos buitre la oferta hecha al 93 por ciento de los acreedores que en los canjes de 2005 y 2010 aceptaron reestructurar sus deudas) y la de pago soberano (que en lugar del Bank of New York designó a Nación Fideicomisos como agente fiduciario para esos pagos).
Una parte significativa de los debates en las comisiones del Congreso giró sobre la posibilidad de que pudieran abrirse nuevos juicios por parte de quienes recibieron un trato menos favorable en los canjes voluntarios. El Frente para la Victoria afirmó que ese riesgo era alto e incluso intentó cuantificarlo. El gobierno minimizó esa hipótesis, y explicó que desde el primer día de 2015, cuando venció la cláusula RUFO, no existen restricciones para mejorar la oferta previa. Pero ni siquiera el ministro Alfonso de Prat Gay se animó a garantizar que no hubiera nuevas demandas. Lo llamativo es que el oficialismo haya ignorado una tercera ley, por añadidura más reciente, promulgada hace apenas cuatro meses, que provee de argumentos a los bonistas reestructurados para exigir igual trato que los buitres.
El 10 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por 136 votos a favor contra seis en contra (Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, Canadá e Israel) y 41 abstenciones los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana. Incluyen el derecho discrecional de todo Estado a reestructurar su deuda sin sufrir el obstáculo de medidas abusivas; la buena fe y la transparencia en las negociaciones; la igualdad entre los acreedores; la inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución ante los tribunales extranjeros; el respeto a los requisitos de inclusión y el estado de derecho. También debe contemplarse “el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales”, y “respetando los derechos humanos”. Los acuerdos de reestructuración “no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores, que deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores”. El 4 de noviembre el Congreso sancionó la ley 27207/15, que el Poder Ejecutivo promulgó el 9 de noviembre. Su único artículo dispositivo declara “de orden público” esos Principios Básicos, que acompaña en anexo, “los que forman parte del ordenamiento jurídico de la República Argentina”. Para el lego, la declaración de orden público puede resultar opaca o incluso incomprensible. Pero en el derecho internacional privado, que dirime los conflictos de jurisdicción internacionales, regula la incompatibilidad de una ley extranjera con los principios y valores fundamentales del ordenamiento interno, como es el caso del arbitrario fallo del juez Griesa. Si en noviembre la ley argentina subordinó el cumplimiento de aquella decisión a los principios de las Naciones Unidas, es de alta probabilidad que quienes participaron de buena fe en negociaciones transparentes y formaron una mayoría del 93 por ciento de los acreedores para un acuerdo que, además del interés de los acreedores, permitió un crecimiento económico sostenido e inclusivo, con respeto por los derechos humanos de la población, se sientan perjudicados por el trato que ahora se intenta ofrecer a una minoría no representativa de apenas el 7 por ciento de los acreedores, y busquen que otro juez declare la igualdad entre todos los acreedores y potencie el problema que el gobierno desea clausurar.
Banqueros y lobbystas
En la larga audiencia conjunta de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda de la Cámara de Diputados, del lunes 7, casi todas las exposiciones favorables al proyecto oficial insistieron en que por caro que fuese cualquier arreglo con los buitres resultaría conveniente en comparación con los beneficios que obtendría el país con un nuevo ciclo de endeudamiento externo. Pero ninguno analizó el anteproyecto de ley sometido a discusión ni los borradores de acuerdo con cada acreedor, traducidos del inglés. Ante las insistentes preguntas del diputado Axel Kicillof varios admitieron no haberlos leído. El economista radical Nicolás Dujovne fue presentado como un experto, sin referencia a su histórica relación con el Banco Galicia, que tuvo doble representación, ya que también expuso su presidente, Sergio Grinenco, en representación de la asociación de los banqueros locales, ADEBA. Como un artículo de fe y sin mostrar los datos de su cálculo, Dujovne dijo que el costo del arreglo con los buitres sería inferior al de las reestructuraciones de la década pasada. Grinenco se presentó en compañía del director ejecutivo de ADEBA, Norberto Peruzzotti. Allí se cruzó con el economista Jorge Gaggero, uno de los críticos más incisivos del proyecto oficial. En un artículo publicado en 2009 en la revista Movimiento, Gaggero recordó que cuando la dictadura militar convocó a distintas fuerzas políticas y económicas a una consulta sobre la continuidad del régimen, Peruzotti presentó en nombre de ADEBA una propuesta de reforma institucional que establecía el “voto calificado”. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín integró un denominado Club de la Constitución, cuyo texto inaugural pidió una amnistía para la pacificación nacional.
Peruzzotti ya era director ejecutivo de ADEBA en 1975, el año del fallido intento de imposición de un programa neoliberal por el fugaz ministro de Economía Celestino Rodríguez, y su vice, Ricardo Zinn, quien fue director del Banco de Italia y el Río de la Plata junto con Franco Macrì, padre del actual presidente. Entonces, Gaggero formaba parte de un grupo de reflexión política y económica que asesoraba al secretario de prensa de la CGT, Adalberto Wimer. Como tal, participó en la redacción de la solicitada en apoyo de la movilización que precipitó el alejamiento de José López Rega, en la que la CGT alabó el plan económico de José Gelbard y la CGE, durante la última presidencia de Perón, lo cual remite a un alineamiento afín al actual. Otro tanto puede decirse del estallido inflacionario que sucedió a la salida de Gelbard, a quien la ortodoxia intentó responsabilizar por la disparada de los precios, pasando por alto la devaluación y los aumentos tarifarios dispuestos por Rodrigo. Los planes de vivienda fueron un componente importante del Pacto Social de aquel gobierno. Quien los manejaba era López Rega, de cuyo Ministerio de Bienestar Social dependían la Secretaría de Vivienda y el Banco Hipotecario, ambos a cargo de su colaborador Juan Carlos Basile. Uno de los principales contratistas fue SIDECO, la empresa de los constructores italianos Franco y Antonio Macrì, en la que trabajó Gaggero.
En octubre de 1975, el secretario general de la CGT, Casildo Herrera, le pidió a Wimer que sus asesores recibieran a una persona que tenía una propuesta muy interesante para hacer. Era el banquero Julio Gómez, quien expuso el plan económico que a partir del muy próximo golpe de 1976 ejecutaría José Alfredo Martínez de Hoz. Ante las objeciones de sus interlocutores, les dio un consejo: “Muchachos, no hay otra cosa. Para evitar males mayores, acepten esto. Es lo único viable, lo único factible. Es bueno que lo hagan suyo”, el mismo argumento que hoy se esgrime para justificar el acuerdo con Griesa. Entre marzo y junio de 1981, Gómez fue presidente del Banco Central con el dictador Roberto Viola.
Más allá de los matices que en distintos momentos expresaron los bancos locales y las filiales de los extranjeros, hoy vuelven a coincidir a favor de lo que Gaggero llamó “el tercer ciclo largo del endeudamiento argentino”. El primero, de nada menos que 124 años, arrancó con el banco de los hermanos Baring en 1823 y terminó en 1947 con la cancelación final de toda la deuda. El segundo ciclo, “comenzó con la dictadura cívico-militar en 1976, que nosotros creíamos cerrado en lo sustancial con las reestructuraciones de Kirchner de 2005 y 2010”, agregó. Ahora “temo que vamos a un tercer ciclo largo de endeudamiento”. En la historia argentina con pocas excepciones “los endeudadores han sido los gobiernos autoritarios, de facto, reaccionarios, y los pagadores los gobiernos democráticos populares”. Para el economista, la racionalidad con que se convocó al Congreso es la de la futura deuda a tomar por la Argentina. Los diputados deberían preguntarse para qué. Un juez de un país extranjero puede decidir sobre esa deuda pero es inadmisible que ponga como condición que el Congreso soberano argentino derogue dos leyes y en un plazo perentorio. En esas condiciones “están burlándose de la soberanía argentina, y en particular de las responsabilidades del Congreso”.
Las curvas paralelas
En la exposición más sustancial escuchada, Gaggero advirtió contra el riesgo de que se repita lo sucedido en el ciclo de 1976 a 2001, cuando las curvas del endeudamiento externo y de fuga y acumulación de dinero negro fuera del país fueron paralelas. La única manera de evitarlo es evaluar los proyectos de inversión, incluirlos en el presupuesto y recién entonces tomar deuda para financiarlos. El gobierno debería presentar las obras importantes con un horizonte trienal, como mínimo. En cambio se están eliminando controles incluso a los capitales de corto plazo e “inventando en el aire programas de inversión, por ejemplo, el programa Belgrano”. Si el Congreso no lo controla, la nueva deuda no va a tener aplicación eficaz, “será de corto plazo financiero, alimentará la bicicleta y, lo que es peor, estimulará la fuga estructural del dinero ilegal que nuestro país sufre.
Estimó que el stock de plata negra argentina en el exterior ya supera los 400 mil millones de dólares. En 2012 fue de 30 mil millones de dólares, la mitad como fuga financiera por parte de argentinos, y la mitad mediante otros mecanismos que utilizan las multinacionales: precios de transferencia, préstamos que en realidad son equities, que dan lugar a la remisión de utilidades que no son tales. Objetó que el proyecto no estableciera el monto definitivo de la deuda que vaya a acordarse con el total de los holdouts y que le hubieran enviado un proyecto sin un mensaje de exposición de motivos. Cuando lo reclamó, le permitieron leer de apuro una recopilación minuciosa de antecedentes legales, pero nada sustancial, sobre el pasado, sobre el presente, y menos una perspectiva sobre el futuro. Aclaró que como economista bien formado no se oponía a la deuda, sino a las condiciones en que se la plantea, para que el Congreso otorgue facultades sustanciales cuando no se conoce el monto definitivo y ni siquiera los protagonistas, de modo que algunos que no entren en este acuerdo podrán seguir litigando y “llevándonos en el futuro a encerronas como esta”, pero peor aún: los mismos holdouts con los que ahora se acordaría, pueden tener deudas que no entran en este paquete y no hay ninguna restricción que limite esa posibilidad. Con lo cual lejos de una solución se estaría agravando el problema. La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que el viernes suspendió la aplicación del fallo de Griesa para que otros acreedores puedan continuar negociando con la Argentina, muestra que esta advertencia tiene sólidos fundamentos.
Fuente:Pagina12
Fondos Buitres
La amenaza del Ministro Prat Gay: "Si no hay acuerdo se viene un ajuste tremendo"
Para presionar a senadores y diputados, el gobierno de Macri adelantó que aplicará un "tremendo ajuste", si el Congreso no aprueba el acuerdo con los fondos buitres. Luego de que la justicia de Nueva York frenará una orden de Griesa para levantar el embargo contra Argentina, se puso en riesgo la sesión parlamentaria.
Domingo 13 de Marzo de 2016
El ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, advirtió que el debate por la derogación de la Ley Cerrojo en el Congreso de la Nación, se tendría que aplicar un "ajuste tremendo". Nota relacionada: Prat Gay mandó al frente a un incómodo Diego Bossio
Tal como había adelantado el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, el presidente no tiene "un plan B". Ahora, el encargado de demostrarlo fue el titular de Hacienda.
"Estaríamos forzados a hacer un ajuste fiscal tremendo que no lo queremos hacer. A algunos economistas les encanta el ajuste", señaló el Ministro de Economía.
Además, sobre el litigio con los holdouts, el Ministro dijo que "pasaron 15 años sin resolver el conflicto". "Necesitamos acordar para volver a crecer.
Tenemos un programa de infraestructura y para hacerlo necesitamos crédito, que además va a generar trabajo", evaluó.
Fuente:DiarioRegistrado
Acuerdo con los buitres
Buitres: por el fallo de la Cámara de Nueva York, peligra la sesión del martes
Domingo 13 de Marzo
El bloque Justicialista pidió suspender la sesión en Diputados, en línea con lo solicitado por el jefe de bloque del FPV en el Senado, Miguel Pichetto. El Frente Renovador, en tanto, analiza qué hacer ante el nuevo escenario.
En el PRO afirman que el fallo es "intrascendente" y no afecta el acuerdo. Buitres: por el fallo de la Cámara de Nueva York, peligra la sesión del martes Buitres: por el fallo de la Cámara de Nueva York, peligra la sesión del martes
El fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que dejó en suspenso el levantamiento de las medidas cautelares del juez Thomas Griesa puso en peligro la sesión del martes en la Cámara de Diputados y, por ende, el acuerdo con los fondos buitre al que el gobierno esperaba darle media sanción ese día en el recinto.
Tras la decisión del tribunal de alzada neoyorquino, el bloque Justicialista que responde a Diego Bossio pidió anoche suspender la sesión, en línea con lo que había manifestado antes el jefe del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Pichetto, que había calificado la situación como "muy preocupante".
"Es un hecho nuevo que altera absolutamente todo. Estamos de acuerdo en que hay que resolver este problema, pero hay que actuar con mucha responsabilidad", afirmó al diario La Nación el presidente del bloque bossista, Oscar Romero.
Resta definir qué hará el frente UNA, comandado por Sergio Massa. Por lo pronto, el tigrense mandó a su equipo económico a analizar la cuestión: les ordenó a Marco Lavagna, Guillermo Nielsen y Leonardo Macdur realizar informes y, con esa información, hoy decidirá si se suma al pedido de Romero y Pichetto.
El bloque Justicialista que responde a Diego Bossio pidió anoche suspender la sesión.
Sin el respaldo de los bloques de Bossio y Massa, el oficialismo no logra juntar los votos necesarios para aprobar el proyecto. Por eso, busca calmar las aguas y llevar tranquilidad a esos legisladores.
"Siempre supimos que la Cámara tenía que confirmar el fallo de Griesa. Lo que dijeron el viernes es que el levantamiento de las cautelares sólo es efectivo si ellos confirman el fallo, el 4 de abril", afirmó, también en La Nación, el presidente del bloque PRO en Diputados, Nicolás Massot.
También el secretario de Finanzas, Luis Caputo, minimizó los alcances del fallo: "Es una noticia a la que le han dado un ribete negativo, pero es absolutamente intrascendente. La Cámara responde a una presentación de las dos partes, de ellos y nuestra, en la que nosotros decimos que no vamos a hacer nada hasta que la Cámara de Apelaciones se expida".
Fuente:InfoNews
Un acuerdo oneroso que lesiona una vez más la soberanía nacional
LOS FONDOS BUITRE IMPONEN SUS CONDICIONES
Por Eduardo Lucita /Resumen Latinoamericano / 11 marzo 2016.-
El macrismo desfinanció al Estado con una brutal transferencia de la riqueza a los sectores más poderosos. Por eso necesita endeudarse y para ello promueve pagar todo lo que exigen los fondos buitre.
Continuando la práctica de todos los gobiernos de este tiempo, el actual acaba de validar la deuda con los fondos buitre, con un preacuerdo -porque está condicionado a una serie de exigencias del juez y los acreedores- por demás oneroso que además lesiona la soberanía de la Nación.
Desde 1983 para adelante todos los gobiernos terminaron avalando la deuda externa dejada por la dictadura militar, ninguno se animó a investigarla y auditarla. Luego de planes Brady, megacanjes, blindajes, reestructuraciones y nuevos canjes se llega ahora a este preacuerdo con los fondos buitre -compradores de bonos a precio vil, especuladores de alto vuelo- que de consumarse tendrán una ganancia que según el tipo de bono puede superar el mil por ciento.
Están también los llamados “me too”, los que se sumaron con posterioridad al juicio y los que litigan en otras jurisdicciones. En paralelo se acordó con acreedores italianos y se sigue negociando con alemanes y japoneses.
Reintegrarse al mundo.
El eje que preside toda la acción del gobierno Macri en su plan de corto plazo es reintegrarse al mundo, romper el “aislamiento” en que habría estado inmerso el país en la última década y volver a los mercados voluntarios de crédito. Léase reintegrarse a los flujos financieros globalizados y reendeudarse. Es claro que la muy baja relación deuda externa-PBI dejada por el kirchnerismo es un incentivo para ello.
Tomar nueva deuda es la viga central alrededor de la cual se sostendría el plan, en tanto que el arreglo con los tenedores de bonos que no ingresaron a los canjes del 2005 y 2010 es la llave maestra que abrirá las puertas al poco virtuoso ciclo del reendeudamiento.
El esquema del ministro Prat Gay es muy simple: arreglar con los holdouts (buitres y otros), reendeudarse para pagarles a ellos y hacer frente a otras deudas pendientes luego, con el remanente, financiar parte del déficit y girar algo a las provincias para obra pública. Así, supone, la economía comenzaría a crecer y la inflación a ceder. Y parece no tener un plan B.
El acuerdo.
Según informó el ministro en el Congreso los compromisos asumidos requieren que el Estado nacional pague un total de 11.684 millones de dólares (2.190 corresponden a tenedores sin sentencia, 6.562 a los que tienen fallos a favor y 3.311 a los bonos con legislación de otras jurisdicciones) a los que hay que sumarles la friolera de 379 millones que serían los honorarios de los abogados de los fondos buitre.
Para esto el gobierno nacional emitirá bonos de deuda a cinco, diez y treinta años a una tasa promedio estimada del 7,5 por ciento anual que deberá venderlos, porque la exigencia del pago es en efectivo. Parece ser que ya hay un compromiso asumido por los Bancos J.P.Morgan, HSBC y Santander para concretar la operación. Según el ministro el monto a pagar implica una quita del 38 por ciento promedio del reclamo original en capital e intereses.
Para que el acuerdo sea efectivo el gobierno debe lograr que el Congreso derogue la llamada Ley Cerrojo -que impide reabrir el canje- y la de Pago Soberano -que obliga a los acreedores a cobrar en el Banco de la Nación. Si se cumplen estas condicione el juez Thomas Griesa se comprometió a levantar la cautelar que hasta ahora trababa el pago a los bonistas ya reestructurados. Recordemos que la Ley de Pago Soberano contenía la formación de una comisión bicameral para analizar la deuda, comisión que nunca se constituyó.
Trámite exprés.
El acuerdo ha sido saludado efusivamente tanto por las presidenta del FMI, Christine Lagarde, como por el mediador Dante Pollack (en rigor un representante de los buitres), y otros porque “va a poner fin al largo aislamiento del país en los mercados internacionales de crédito” y “ayudará a restaurar la normalidad de la economía”. Como lo comprometido debe cumplimentarse antes del próximo 14 de abril, el gobierno ya ingresó en Diputados el proyecto de “Ley de Normalización de la Deuda Pública y Acceso al Crédito Público” que incluye la derogación de la leyes señaladas más arriba y la autorización para emitir nueva deuda por 15 mil millones de dólares para saldar obligaciones, que pretende se apruebe rápidamente.
Un déficit mentiroso.
Prisionero de estas urgencias el ministro Prat Gay ha recurrido a un verdadero chantaje público para conseguir la aprobación de la ley por la oposición parlamentaria: “Es esto o más ajuste”. El argumento pivotea sobre la dudosa existencia de un déficit fiscal del orden del 7 por ciento “el más grande de los últimos 30 años”. Para llegar a ese porcentual el nuevo equipo económico se aferra a la ortodoxia y no contabiliza los ingresos producto de la no capitalización de ganancias del BCRA y las utilidades del Fondo de Garantía de la Anses, y por otra parte computa en los gastos la llamada deuda flotante, es decir deuda que se contrae en un ejercicio pero su vencimiento recae en el siguiente. Por otra parte se trata del déficit total, esto es que incluye los intereses de la deuda. Si no se hicieran todos estos arreglos discutibles y cuestionables el déficit primario estaría entre el 3 y el 4 por ciento. ¿Por qué se lo abulta? sencillamente para justificar el ajuste y el reendeudamiento.
La oposición.
El FIT lo rechaza de plano y puede que algún diputado de centroizquierda siga ese camino. En el FPV debaten si darán o no quórum, en tanto que una fracción del kirchnerismo parece decidido a no avalar el proyecto. El resto de la oposición no tendrá problemas en dar quórum y aprobar en general el proyecto de ley aunque sí debatirían cómo se evitaran futuros litigios, exigirían garantías que la nueva deuda no se aplique a financiar déficit y cuestionan el pago de las costas del juicio correspondientes a los fondos buitre. No mucho más.
Desde otra perspectiva me permito reproducir un largo párrafo del historiador y analista Ezequiel Adamovsky, que sintetiza lo que muchos pensamos: “Si se aprueba, el acuerdo Prat Gay-Singer pasará a la historia como una de las estafas más grandes perpetradas contra los ciudadanos de este país, junto con el pacto Roca-Runciman y el Megacanje (en el que, dicho sea de paso, participaron los mismos que hoy proponen este acuerdo y Sturzenegger todavía está procesado).
Disparatado desde el punto de vista económico (siete por ciento de los bonistas se lleva la mitad del dinero que recibió el otro 93 por ciento), jurídicamente riesgoso (porque otro juez de Nueva York tranquilamente puede interpretar que la cláusula pari passu ampara a los bonistas anteriores para pedir lo mismo), contrario a derecho internacional (porque las Naciones Unidas estableció hace poco las pautas que deben seguir las reestructuraciones de deuda y lo que hacen los buitres está expresamente prohibido), ruinoso para el país, que queda endeudado para generaciones futuras con los bonos que hay que emitir y con la deuda que va a salir a tomar este gobierno. Y sobre todo, innecesario”.
Dictamen positivo.
Al momento de cerrar esta nota el oficialismo accedió a limitar el endeudamiento y que el excedente se vuelque al presupuesto, aceptó constituir una comisión bicameral para el seguimiento de la deuda e incorporar precisiones que permitirían bajar el riesgo de demandas futuras de los bonistas; con solo esto consiguió dictamen positivo al proyecto que será tratado la semana próxima.
Conviene recordar que en la campaña los tres principales candidatos presidenciales prometían resolver el problema y traer al país miles de millones de dólares por lo tanto, más allá del previsible griterío concertado, lo más probable es que la ley será aprobada en ambas cámaras.
Como ha sido señalado desde esta columna en varias oportunidades son los costos de haberse negado reiteradamente a auditar e investigar la deuda. Costos que inevitablemente serán pagados, como siempre, por el pueblo trabajador.
* Integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda)
Envío:ResumenLatinoamericano
CORRIENTES
LLAMAMIENTO A REPUDIAR LA SUMISIÓN DEL PUEBLO ARGENTINO A LOS "FONDOS BUITRES"
El lunes 14 de marzo se radicara ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal (Comodoro Py 2002, CABA), una denuncia penal contra todos los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, encabezados por su Presidente, Ing. Mauricio Macri, y contra todo senador y/o diputado nacional, que tenga autoría o participación, serán penalmente responsables, en la delictiva negociación con los "FONDOS BUITRES", que se intenta aprobar a instancias del Juez municipal Thomas Griesa. La acción penal elaborada por los integrantes de la Asociación Civil "INSTITUTO ARTURO ENRIQUE SAMPAY", Dres. Jorge Francisco Cholvis, Arístides Corti y Eduardo S. Barcesat, y que cuenta con la adhesión de otros organismos representativos de los juristas y de organizaciones sociales encabezadas por la Confederación General Económica, califica el obrar de los denunciados como "TRAICIÓN A LA PATRIA" (art. 215, Código penal en concurso con "DEFRAUDACION ESPECIAL" (art. 173, inciso 7, código penal) y "VIOLACIÓN DE DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO Y ABUSO DE AUTORIDAD" (art. 248 del Código Penal), solicitando la aplicación del máximo de la pena privativa de libertad que resulta del concurso delictivo, y la pena accesoria de inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargo o función pública. Se califica asimismo al obrar de los autores y partícipes penalmente responsables, como "INFAMES TRAIDORES A LA PATRIA" (artículo 29 de la Constitución Nacional), y se los responsabiliza por el quiebre del artículo 36 de la Constitución Nacional (DEBER DE OBEDIENCIA A LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN).
Por la misma presentación se pide al juez que disponga suspender la comisión del obrar delictivo hasta tanto recaiga sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, tal como lo establece el artículo 29 de la Constitución Nacional.
En la presentación se hace un extenso y profundo análisis de las disposiciones constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos, así como leyes de la Nación que invisten calidad de orden e interés público, y se pone de relieve que sólo él Congreso de la Nación tiene la potestad constitucional de contraer emprestitos sobre el crédito de la Nación y proceder al arreglo de l deuda externa. La presentación es acompañada por un documento de economistas que acredita que la negociación impulsada por el actual Gobierno Nacional comporta convocar a restablecer la deuda externa argentina reestructurada, lo que llevaría al endeudamiento de nuestro pueblo a la cifra de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES, hipotecando generaciones de argentinos y poniendo en riesgo de entrega nuestros recursos naturales.
Asimismo se acompaña un documento pastoral que resume los postulados esenciales de las encíclicas y pronunciamientos internacionales del Papa Francisco
Por estas consideraciones se CONVOCA AL PUEBLO ARGENTINO Y A TODAS SUS ORGANIZACIONES SOCIALES A REUNIRSE EL LUNES 14 DE MARZO EN EL HALL DE PLANTA BAJA DE Av. COMODORO PY Nro. 2002 PARA FIRMAR Y ACOMPAÑAR LA PRESENTACIÓN.
Difundir por favor gracias viralicemos la información.
Convocatoria general 11: 30 hs
Envío:MEDEHsGoya
Por primera vez, la gestión de Mauricio Macri suma más rechazos que apoyo
11 MARZO 2016
Según una encuesta de la consultora Dicen, el apoyo al presidente cayó notoriamente a tres meses de asumir.
La revolución de la alegría parece haber llegado a su fin. Luego de 3 meses de haber asumido la presidencia de la Nación, la imagen de Mauricio Macri experimentó un fuerte descenso y, por primera vez desde que llegó a la Casa Rosada, quedó por debajo de la negativa, en medio de un fuerte descontento por la actualidad económica del país.
Un sondeo realizado por la consultora Dicen remarca que, a este momento, un 44 por ciento de los consultados rechaza la gestión presidencial, contra un 41 que la aprueba y un 14 por ciento que prefirió la opción "no sabe/no contesta".
El punto de quiebre, según el tracking que hace la empresa que dirige Hilario Moreno, se dio a mediados del mes pasado, cuando, por primera vez, la aprobación quedó por debajo de la desaprobación.
La encuesta, que mide la imagen de los principales dirigentes en Capital Federal y el conurbano, destaca que Macri cosecha más adhesiones en la Capital Federal que en la Provincia, aunque el apoyo en el primer caso descendió casi 10 puntos en un mes.
Allí, siguen siendo mayoría quienes se expresan a favor del ex jefe de Gobierno, situación que se revierte notablemente en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, Macri cosecha más rechazo entre los jóvenes, las personas de ingresos bajos y los que tienen bajo nivel educativo.
El Destape (http://www.eldestapeweb.com/por-primera-vez-la-gestion-mauricio-macri-suma-mas-rechazos-que-apoyo-n15578)
Fuente:ElSubmarino
Ni Ciencia, ni tecnología
Duro análisis de Paenza sobre el gobierno de Macri
El reconocido matemático habló sobre la gestión Cambiemos en sus primeros tres meses. "Es como si entrara un elefante y se llevara puesto todo lo que tanto costó construir" sostuvo. Se mostró muy crítico con los políticas científicas y educativas.
Sábado 12 de Marzo de 2016
El prestigioso matemático y referente en la difusión del conocimiento, Adrián Paenza, otorgó una entrevista a Cynthia García y analizó los primero días de la administración Macri.
"El estado (para el PRO) es un estorbo, la gente en la calle son una molestia" sostuvo. Además en referencia al desmantelamiento del plan "Conectar Igualdad" dijo "Es una política criminal, consistente con lo que está pasando en el país, es como si entrara un elefante y se llevara puesto todo lo que tanto costó construir".
En referencia al plano científico, Paenza dijo que el gobierno macrista "está haciendo algo similar (que en educación), que está cubierto con cierto velo por la continuidad del ministro Barañao y pareciera que todo sigue igual, pero no es así".
Fuente:DiarioRegistrado
Bullrich defiende al nuevo jefe de la Federal, un policía bien relacionado con la DEA
12 marzo 2016 /Página 12.-
La ministra de Seguridad calificó al nuevo titular de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, como “un hombre operativo que va al frente” y rechazó los cuestionamientos que recibió por sus presuntos vínculos con el el exespía Antonio “Jaime” Stiuso, además de su pasado en la DEA.
“Roncaglia es una persona absolutamente reconocida, ha tenido los procedimientos más importantes antidroga de la Argentina”, destacó Patricia Bullrich y, aunque admitió que el nuevo jefe policial “tendrá algunas personas que no lo quieren”, enfatizó que el Gobierno recibió “felicitaciones” desde distintos ámbitos por esa designación.
En declaraciones a radio Continental, la funcionaria resaltó: “A los resultados nos remitiremos, esperaremos estos años y veremos cómo se trabaja. Nosotros creemos que va a hacer una excelente gestión el ahora comisario general Néstor Roncaglia”.
Cuando se le preguntó sobre los cuestionamientos surgidos en las últimas por los supuestos vínculos del hasta el director de la Superintendencia de Drogas Peligrosas y otras presuntas irregularidades en su gestión, Bullrich optó por ponderar la trayectoria de Roncaglia: “Para nosotros es una excelente elección”.
Envío:ResumenLatinoamericano
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