Resumen Latinoamericano / Telesur / 18 de abril de 2016 –
La mandataria brasileña aseguró que no existe ningún crimen de responsabilidad para la activación del juicio político en su contra.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, reiteró este lunes que tiene la conciencia tranquila porque no cometió ningún acto ilícito que justifique el juicio político en su contra, que fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora será discutido en el Senado.
“No fueron actos practicados para enriquecerme indebidamente”, aseveró Rousseff y afirmó que “cuando un presidente realiza esos actos administrativos lo hace basado en una cadena de decisiones, técnicos y jurídicos, y entonces ahí el presidente firma esos hechos”.
“Tengo la conciencia tranquila, no los hice ilegalmente”, aseguró la mandataria brasileña.
La jefa de Estado recordó que siempre luchó por la democracia, porque cree en este sistema político. “Cuando era joven enfrenté la dictadura por convicción y ahora enfrento este problema (proceso ilegal para juicio político) por convicción”, agregó.
Reiteró que en la votación del pasado domingo usaron un instrumento antidemocrático para condenar a una inocente.
Rousseff indicó que la “Constitución estipula que es necesario que existan crímenes de responsabilidad para que una persona pueda abandonar el cargo de presidente de la República”.Recordó que cuando fue electa presidenta recibió más de 50 millones de votos.
“Los actos por los que me acusan fueron practicados por otros presidentes antes de mí y no fueron categorizados como actos ilegales”, señaló.
Condenó a la derecha brasileña por no permitirle gobernar en los últimos 15 meses.
Proceso para entregar la decisión de la Cámara al Senado
Informó que el presidente del Senado, Renan Calheiros, estuvo en el Palacio de Planalto, y explicó en cierta medida presentó de manera esquemática para encaminar el juicio político, cuándo se formaría la comisión y esta adelantó que quizá el próximo martes.
Manifestó que el entonces ministro Mauro López, que votó sí por el juicio político contra la presidenta, Rousseff indicó que ya no es funcionario de su Gobierno.
Consideró que puede volver a pactar con los políticos, pero no se trata de modificar ministerios. “Creemos que esas personas que votaron por el juicio, no tienen justificación para que sigan en el Gobierno. Se trata de una cuestión de coherencia en sus propios actos”.
El mundo observa
En conferencia de prensa Rousseff, aseguró que a la sociedad no le gusta los traidores porque saben el dolor que se siente cuando existe una traición.
“El mundo y la historia está observando, me siento animada tengo fuerza y valor aunque me sienta triste”, recalcó.
Comparó que aunque en la dictadura fue sujeto de torturas físicas y psicológicas, ahora en democracia considera que la derecha torura sus derechos. Sin embargo, manifestó categóricamente que no comenzó el fin, apenas “está comenzando la lucha”. “La dictadura es un millón de veces peor que esto”, dijo Rousseff.
¿Qué hará la presidenta Rousseff para defenderse?
“Nosotros no vamos a eliminar ninguno de los insturmentos que tenemos para defendar la democracia, no se trata de judicializar ningún proceso, se trata de tener el derecho a la defensa. Tendremos con los senadores una relación diferente a los que tenemos con los de la Cámara”, detalló.
Relación con expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva
Se espera la autorización del expresidente
Da Silva para que asuma el cargo de jefe de la Casa Civil de la presidencia de Brasil.
De ser necesario, reconstruirán el Gobierno, y “vamos a construir un nuevo camino.
Anunció que lanzará otras medidas aunque adelantó que “no las puedo anticipar, tiene que estar aprobado por el Congreso, (pero) espero que no se queden parados”.
Este domingo 17 de abril la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el pedido de juicio político contra Dilma Rouseff, con 367 votos a favor, 137 en contra, siete abstenciones y dos ausentes. Ahora será el Senado el que decidirá si continúa el proceso.
Este lunes el Senado hará lectura del informe sobre el pedido de juicio. Posteriormente, se creará una comisión especial para analizar lo que ya se aprobó en la Cámara de Diputados.
Seguidamente se aprobará un nuevo informe, que es llevado al plenario de Senado para ser votado. De ser aprobado con mayoría simple se instaura en definitiva el juicio político.
La presidencia de Brasil será asumida por el actual vicepresidente Michel Temer, quien rompió alianza con el Partido de los Trabajadores (PT) y contra quien pesa también un pedido de proceso de juicio político.
Este contenido ha sido publicado originalmente por teleSUR bajo la siguiente dirección: http://www.telesurtv.net/news/Dilma-Rousssef-reitera-que-no-ha-cometido-ningun-acto-ilicito-20160418-0055.html. Si piensa hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y coloque un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. www.teleSURtv.net
Un golpe parlamentario y el retorno reaccionario de la religión, familia, Dios y contra la corrupción
Por Leonardo Boff / Resumen Latinoamericano / ALAI AMLATINA / 18 de abril de 2016 –
Al observar el comportamiento de los parlamentarios en los tres días que discutieron la admisibilidad del impedimento de la presidente, Dilma Rousseff, nos parecía estar viendo niñitos divirtiéndose en un jardín de infantes. Gritos de todos lados. Coros recitando sus mantras en contra o a favor del impedimento. Algunos vinieron engalanados con los símbolos de sus causas. Gente vestida de la bandera nacional, como si fuera un día de carnaval. Letreros con sus consignas repetitivas. En fin, un espectáculo poco digno de personas decentes de quienes se esperaría un mínimo de seriedad. Se llegó incluso a hacer un juego de apuestas como si fuera una lotería o un partido el fútbol.
Pero lo más sorprendente fue la figura del presidente de la Cámara que presidió la sesión, el diputado Eduardo Cunha. Ha sido imputado de muchos crímenes y está acusado por el Tribunal Supremo: un gánster juzgando a una mujer decente contra quien nadie se atrevía a atribuirle algún delito.
Tenemos que cuestionar la responsabilidad del Tribunal Supremo Federal por haber permitido este acto que nos avergonzó nacional e internacionalmente, al punto que el New York Times del 15 de abril, escribió: “Ella no robó nada, pero está siendo juzgada por una banda de ladrones.” ¿Qué interés secreto alimenta al Tribunal Supremo a cometer una omisión tan escandalosa? Nos negamos a pensar que esté participando en una conspiración.
Durante el razonamiento del voto ocurrió algo absolutamente escandaloso. Se trataba de juzgar si la presidenta había cometido un crimen de irresponsabilidad fiscal con otras gestiones administrativas de las finanzas, como base jurídica para un proceso político de impedimento que implicaría remover a la presidenta del cargo que había conseguido mediante el voto popular mayoritario. Gran parte de los diputados ni siquiera se refirieron a esta base jurídica, el famoso “pedaleo” de impuestos, etc. En lugar de apoyarse jurídicamente en el eventual delito, dieron alas a la politización de la insatisfacción generalizada que se extiende a través de la sociedad por la crisis económica, el desempleo y la corrupción en Petrobras. Esta insatisfacción puede representar un error político de la presidenta, pero no constituye ningún delito.
Como en un ritornello, la gran mayoría se centró en la corrupción y los efectos negativos de la crisis. Tildaron hipócritamente al gobierno de corrupto, cuando bien sabemos que un gran número de diputados está bajo sospecha de delitos de corrupción. Buena parte de ellos fue electa con el dinero de la corrupción política, sostenida por las empresas. Generalizando, con honrosas excepciones, los diputados no representan los intereses colectivos, sino los de las empresas que financian sus campañas.
Cabe señalar un hecho preocupante: surgió de nuevo como espantapájaros la vieja campaña que estimuló el golpe militar de 1964: las marchas de la religión, de la familia, de Dios y contra la corrupción. Decenas de parlamentarios de la bancada evangélica lanzaron discursos en tono religioso, invocando el nombre de Dios. Y todos, sin excepción, votaron por el impedimento. Pocas veces se ha ofendido tanto el segundo mandamiento de la ley de Dios que prohíbe usar el santo nombre de Dios en vano. Gran parte de los parlamentarios, de forma pueril, dedicaron su voto a la familia, a la mujer, la abuela, los hijos y nietos, citando sus nombres, en una banal espectacularización de la política. En cambio, quienes se pronunciaron contra el impedimento lo argumentaron y mostraron un comportamiento decente.
Se trató de un juicio de tintes políticos sin bases legales convincentes, lo cual viola el precepto constitucional. Lo que ocurrió fue un golpe parlamentario inaceptable.
Los votos en contra del impedimento no fueron suficientes. Todos salimos disminuidos como nación y con vergüenza de los representantes del pueblo que, en realidad, no lo representan ni tienen la intención de cambiar las reglas del juego político.
Ahora solo nos queda esperar la racionalidad del Senado, que examinará la validez o no de los argumentos legales, la base para un juicio político sobre un posible delito de responsabilidad, negado por destacados juristas del país.
Tal vez aún no hemos madurado como pueblo para poder llevar cabo una democracia digna de ese nombre: la traducción al campo de la política de la soberanía popular.
– Leonardo Boff es articulista de JB online y escritor.
OPINION:
El golpe de los esclavócratas
Por Martín Granovsky / Resumen Latinoamericano / Página12 / 18 de abril de 2016 –
Diez diputados del Estado de Pará votaron Sí a la admisibilidad del juicio político. Siete votaron No. Uno se abstuvo.
A las seis y media de la tarde, en Pará había ganado el golpe.
Ubicado al norte, recostado contra Surinam y el Atlántico, Pará cobija la mayor reserva de mineral de hierro del mundo y es una zona rural. En una superficie de 1.253.164 kilómetros cuadrados (cuatro provincias de Buenos Aires o una Colombia) viven casi ocho millones de habitantes.
El 17 de abril no es un día cualquiera para el Estado. Ayer se cumplían 20 años exactos de la masacre de Eldorado do Carajás, en Pará, cuando 19 trabajadores rurales fueron asesinados por la policía. El periodista Eric Nepomuceno, uno de los corresponsales de Página/12, reconstruyó la historia en su maravilloso libro O Massacre. Califica los asesinatos como “una de las más frías y emblemáticas matanzas de la historia contemporánea de Brasil”. Todos pertenecían al Movimiento de los Sin Tierra, la mayor organización social fuera de los sindicatos.
Hace 20 años Pará tenía registrados 18 mil campesinos en estado de servidumbre. Como el salario no les alcanzaba, quedaban atados al patrón, el fazendeiro, por los vales de almacén. Cuenta Eric que en 2004, ya durante el gobierno de Lula, la familia de hacendados Mutran fue multada en 435 mil dólares por trabajo esclavo. Según la Pastoral de Tierra del Episcopado, solo entre 1971 y 2004 fueron asesinados 772 campesinos por reclamar tierras. “Es más peligroso matar un buey que un hombre”, escribió Eric. “Los matadores de ganado normalmente son apresados y condenados; los matadores de hombres quedan impunes.”
A las cinco de la tarde del miércoles 17 de abril de 1996 155 efectivos de la Policía Militar y quizás también pistoleros parapoliciales dispararon contra 2500 manifestantes del MST.
El gobernador era Almir Gabriel, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el mismo que encabezaba el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso. Lo recordó ayer Valmir Assunçao, diputado del PT por Bahía. Gabriel fue quien dio a la PM la orden de dispersar la marcha. Murió en 2013 sin haber sido investigado ni procesado. La Justicia solo condenó a un coronel y a un mayor. No la pasaron muy mal. Fueron detenidos en noviembre de 2004 y liberados al año siguiente.
El 17 de abril quedó consagrado como Día Mundial de la Lucha por la Tierra.
Ninguno de los diez diputados que ayer votó Sí recordó la matanza. Uno gritó que votaba Sí “contra los ladrones del PT”. Otro vociferó que votaría Sí porque “tengo una familia y un hijo de cuatro años y no quiero que le enseñen sexo en la escuela”.
Sin embargo, esos legisladores de Pará y los otros que votaron Sí comenzaron a cortar un proceso social de integración que necesitaba décadas para afirmarse y ahora puede quedar inconcluso.
Eduardo Cunha (foto), presidente de la Cámara de Diputados y dueño de la sonrisita a lo Giulio Andreotti, es la cara visible de la conspiración para tumbar a Dilma y destruir al Partido de los Trabajadores. La Corte Suprema lo procesó el mes pasado por corrupción en el sistema multimillonario de coimas de Petrobras. Ultraconservador, es autor de proyectos para instituir un Día del Orgullo Heterosexual y penar con 10 años a los médicos que ayuden a abortar.
Cunha pasó por partidos menores y terminó recalando en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, una constelación de jefes estaduales ligados a los poderes locales sin cuyos representantes en el Congreso nadie puede gobernar Brasil. El PMDB fue aliado de Cardoso, aliado pasivo de Lula y después aliado activo del PT, a tal punto que Lula promovió al pemedebista Michel Temer como vicepresidente de Dilma en 2010 y de nuevo en 2014. El PMDB cogobernó mientras pudo obtener ventajas y dejó de hacerlo cuando la crisis económica empezó a notarse en el PBI, que este año puede achicarse un 4 por ciento. El entramado de alianzas se basó en la confluencia de intereses y en la lubricación por coimas. Cuando la crisis y la impericia de Dilma en la gestión presidencial pusieron incómodo al principal aliado, salió a la superficie la lubricación compartida por legisladores del PMDB, del PSDB y por algunos legisladores o funcionarios del PT.
A la suma de corrupción más recesión más conspiración es difícil ganarle. Una presidenta paralizada políticamente quiso huir hacia adelante con un ajuste y un ajustador ortodoxo. El PMDB se corrió para que el descrédito cayera sobre el PT, Dilma y Lula. Si el Senado desplaza a Dilma por 180 días quedará Temer en el Planalto, que por cierto no promete continuar con las políticas neodesarrollistas de Lula sino superar la ortodoxia de Joaquim Levy, el primer ministro de Hacienda en el segundo mandato de Dilma.
Ni el PMDB en versión Cunha-Temer ni el PSDB de Aécio Neves están lejos de Almir Gabriel, aquel gobernador de Pará que ordenó matar. Pero el PT, que siempre encarnó a las fuerzas opuestas a los fazendeiros, quedó enredado y a la defensiva. Parecía imposible imaginar entonces este capítulo para un partido que solo siete años después de la matanza, en 2003, comenzó con Lula la reparación social más imponente de la historia de Brasil.
Los diputados que ayer gritaban como salvajes no son una rareza. Simplemente, su monstruosidad fue televisada. Así funciona Brasil. En circunstancias críticas afloran los valores racistas, clasistas y esclavócratas. Los trabajadores de hoy serían como los esclavos del siglo XIX o como los reducidos a servidumbre en Pará y no deberían molestar asomándose a la casa grande de los amos. Esos valores se trasladan a toda la elite y cubren con una ideología tradicionalista y grotesca los intereses de los bancos transnacionales, el gran empresariado nacional que enarbola la bandera “Renuncia ya” en la sede de la Federación de Industriales de San Pablo, los tránsfugas del sistema político y los medios gigantescos, que en el caso de la televisión abierta conforman un monopolio como Globo. Fue notorio ayer el tono prepolítico de muchos diputados que votaron por el Sí. Algunos invocaron a sus electores. Pero los más mencionaron a sus padres, a sus hijos, a su familia e incluso a sus amigos como fuente legitimadora del voto. O dijeron que votaban Sí “contra el comunismo”, como Jair Bolsonaro de Río, que honró al torturador de Dilma durante la dictadura Brilhante Ustra.
Los motivos del No fueron claros. Como dijo Marcelo Castro, un miembro dilmista del PMDB, Dilma es honesta, Dilma no robó, Dilma no tiene empresas ni cuentas en el exterior, o sea que no hay delito. Y sin delito el juicio es un golpe.
Si después de la admisibilidad votada ayer en Diputados el Senado desplaza a Dilma y, peor, si luego la echa, habrá que releer el análisis de Ciro Gomes. Ex ministro de Lula y opositor a Dilma, pero sobre todo contrario al impeachment, dijo en la revista Carta Capital que si el golpe se consuma “no veo posibilidades de gobierno estable en los próximos 20 años”. Describió que en el odio y la rabia confluyen tres grandes grupos: los electores frustrados de Neves, los afectados por la decadencia económica y los impactados por “novelización del escándalo a cargo de los grandes medios”. Cunha sería la síntesis de esa triple negación. Y Temer, la encarnación “de la ilegitimidad del gobernante y del entreguismo a los intereses internacionales, flagrantemente metidos en este asunto sobre todo cuando hablamos de petróleo”.
El voto de ayer es una horrible noticia para la Argentina. Mauricio Macri fue endiosado por los megaindustriales de la Fiesp. Pero la persistencia de la caída económica y la crisis política en el principal socio de la Argentina achicará aún más las chances de recuperación económica. Golpeará directamente en la industria automotriz y menguará las exportaciones industriales.
La admisibilidad del impeachment es una derrota propia para los millones de argentinos y de sudamericanos que simpatizan con la protección de derechos laborales, con una mayor intervención del Estado, con políticas reformistas, con la integración y con la carta de los Brics como alternativa en materia de financiamiento sin condicionalidades conservadoras.
El Congreso brasileño está retrasando la historia en Brasil y en toda Sudamérica. Como dijo Patrus Ananias, del PT, voto número 100 contra el juicio político, “es un golpe contra los pobres”.
El golpe de los esclavócratas.
Declaración de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad -REDH- No al golpe institucional en Brasil
Resumen Latinoamericano/ 18 de Abril 2016.-
La Secretaría Ejecutiva de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad (REDH) denuncia el intento de golpe institucional que a esta hora tiene lugar en Brasil, comandado por el tándem Temer-Cunha, en desconocimiento del voto de 54 millones de brasileros que hace sólo un año y medio reeligieron de forma legítima a la presidenta Dilma Rousseff.
El intento de golpe en Brasil es un claro ataque a las políticas sociales que los gobiernos del PT promovieran a lo largo de catorce años, para remediar la situación social del país más desigual del planeta, y que se materializaran en programas tales como “Bolsa Familia” y “Mi casa, Mi vida”, a través de los cuales los gobiernos de Lula y de Dilma mejoraron y dignificaron la vida de millones de brasileros de bajos recursos.
Es también un ataque a la integración latinoamericana (Unasur-Mercosur-CELAC) y a los esfuerzos de los gobiernos de Dilma y Lula de avanzar hacia la construcción de un mundo multipolar, a través de los BRICS. La reciente revelación de la agencia Reuters, acerca de que la norteamericana Goldman Sachs conduciría la economía brasilera con Paulo Leme a la cabeza en caso de consumarse definitivamente lasalida de Dilma, demuestra que los intentos destituyentes tienen claras articulaciones externas, orientadas a debilitar los impulsos de los países que vienen contribuyendo a la configuración de un nuevo ordenamiento internacional, en detrimento de la supremacía de los Estados Unidos y la Unión Europea.
Por todo lo expuesto, y en relación directa con las conclusiones de nuestro XII Encuentro Internacional de la REDH, realizado días atrás en la ciudad de Caracas, Venezuela, la REDH reafirma su compromiso con el respeto al voto popular y el orden constitucional, y su solidaridad con el PT, la CUT, el MST y los grandes movimientos sociales brasileros, y los históricos liderazgos de Lula da Silva y Dilma Rousseff.
Los golpistas no pasarán, ni en Brasil ni en América Latina! Secretaría Ejecutiva REDH Lunes 18 de abril de 2016 Foto: La presidenta brasileña Dilma Rousseff negó este lunes las acusaciones en su contra y dijo que es “víctima de una gran injusticia”.
Foto: EFE
ALBA MOVIMIENTOS: “Nuestra herramienta principal tiene que ser la lucha de calle”, afirma Paola Estrada
María Julia Giménez / Resumen Latinoamericano / 18 de abril de 2016 –
Frente a la continuidad del impeachment contra Dilma, los movimientos populares afirman que no abandonarán las calles. FOTO: Paola Estrada, de la Secretaría de Alba Movimientos / Lidyane Ponciano
Tras la votación del proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff en la Cámara de Diputados, movimientos populares y entidades sindicales manifestaron su repudio y afirmaron que no abandonarán las calles, en defensa de la democracia brasileña. Brasil de Fato entrevistó a Paola Estrada, de la Secretaría Operativa de la Articulación Continental de los Movimientos Sociales hacia el Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), en Brasil, para conversar sobre la jornada de movilizaciones del domingo (17), y las perspectivas para los próximos meses.
Según Paola, esta batalla por la democracia brasileña es fundamental, no sólo para Brasil, sino para todo el continente. “No sólo por el sentido político, ideológico; pero también porque es una ofensiva neoliberal sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestros territorios, una ofensiva de privatización, e incluso de reversión de muchos derechos sociales que fueron conquistados en los últimos años”, afirmó.
Brasil de Fato – Frente a la votación en la Câmara de Diputados, ¿Cuál es la posición que toman los movimientos que componen Alba?
Paola Estrada – En Brasil, todos los movimientos de Alba hacemos parte del Frente Brasil Popular y, en los últimos meses, hemos hecho análisis de esos escenarios, tanto de Brasil cuanto de todo el continente, sobre cuáles eran las posibilidades. Entonces, me arriesgo a apuntar ese análisis. Hoy, creo que es una derrota, no sólo para el PT [Partido de los Trabajadores] y el gobierno Dilma, pero es una derrota más amplia. Una derrota para el movimiento popular y para todo un ciclo de avances que tuvimos en los últimos diez, quince años en todo el continente. Pero, aunque acá en Brasil estamos muy tristes y, al mismo tiempo, revoltosos con todo lo que ha pasado, con todo ese escenario de más de 300 diputados [votando a favor del impeachment], es una cosa que nos dá mucha vergüenza, poniendo una presidenta y 54 millones de votos de los brasileños, tirados a la basura, sin ninguna justificativa, sin ningún crimen, sin nada. Entonces, fue una demostración de hipocresía todo el día, algo asqueroso, para todos nosotros que estuvimos asistiendo.
Y aunque eso sea muy triste, y que veamos ese movimiento que es un avance de ese proceso de golpe en Brasil, igualmente salimos con ese gran aprendizaje. Perdimos una batalla, habrá otras, y no se terminó ese proceso. Ahora va para el Senado, hay muchas batallas para hacer en las calles, para dialogar con la gente, para avanzar en ese movimiento por la democracia que ha crecido mucho en toda esa lucha. Yo estoy segura que ahora creció mucho más. Porque ahora el pueblo brasileño asistió a esa votación. Mucha gente que no se interesaba por política asistió a las escenas de esos diputados votando por el impeachmet sin ningún crimen siendo juzgado. Yo creo que ese fue un aprendizaje grande y tenemos que recobrar las energías entre los compañeros y compañeras y seguir adelante.
Sabemos que ese movimiento en Brasil, no es sólo en Brasil, es algo articulado por una ofensiva del imperialismo y de los sectores conservadores en todo el continente, y que eso viene en una ofensiva bien orquestada. Hemos sufrido la derrota electoral en Argentina, todo el proceso de la ofensiva en Venezuela y tenemos muchos otros ejemplos, pero creemos que esa batalla en Brasil es decisiva. No solo para nuestro país, porque si ellos logran una victoria, que aun no la lograron por completo, en Brasil les abre más espacio para avanzar aún más en todo el continente. No sólo en el sentido político, ideológico, pero también en una ofensiva neoliberal sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestros territorios, una ofensiva de privatización e, incluso, de reversión de muchos derechos sociales que fueron conquistados en los últimos años.
Entonces, nosotros vemos ese movimiento de forma bien continental.
¿Cuál el mensaje para el pueblo brasileño y para el pueblo latinoamericano?
Creo que primero, un mensaje a los militantes de los movimientos populares, porque nuestros enemigos ganaron esa batalla, pero no la guerra. Esa fue una de las batallas, ellos tienen sus medios de comunicación que han actuado de forma muy organizada para, efectivamente, organizar los actos de calle y toda esa ofensiva de una forma distinta e la que veíamos en periodos anteriores. Nosotros tenemos nuestros movimientos, nuestra lucha organizada, la gente, los trabajadores y trabajadoras de nuestros países para hacer la defensa de nuestras conquistas y la defensa de avances democráticos y populares en todo el continente. Tenemos que usar todas nuestras herramientas ahora. Y nuestra herramienta principal tiene que ser la lucha de calle. Tenemos que ir a la calle a dialogar con la gente que no es militante y que no está en las organizaciones. Nuestros medios, las redes sociales, son muy importantes, pensar una política de comunicación, pero tenemos que ir a las calles hacer movilización y mostrar que el pueblo organizado puede hacer presión, puede hacer diálogos, puede lograr conquistas. Creo que ese es el mensaje para los militantes.
Y que no nos desanimemos. Eso para toda mi generación, que nació en los ´80, creo que es muy nuevo todo ese movimiento de estar viviendo toda esa ofensiva con tanta fuerza, nuestra generación que no vivió las dictaduras militares y todo eso. Pero tenemos que estar fuertes y estar juntos, y mostrar eso. Hacer el acto de calle y difundir, poner en las redes, crear redes de comunicación y de difusión de información, porque eso nos deja más fuertes, y nos posibilita dialogar aún más con quien no está del otro lado – aunque no esté con nosotros -, tampoco está del otro lado. Así, yo creo que está la batalla en Brasil y en otros países. Hay una gran masa que, aunque cada día tiene más conciencia de lo que está pasando en el país, aun está muy apartado, alejado de todo lo que está pasando. Eso es lo que queremos y tenemos que conquistar, traerlos para nuestro lado, que es el lado de la democracia, de los derechos y de los avances necesarios para el conjunto del pueblo, para todo el pueblo americano – no solo latinoamericano -, que es lo que tenemos como proyecto de integración continental; desde abajo, un proyecto de integración popular. Vamos a estar juntos y tener muchas batallas en las calles.
Juicio político a Dilma: En nombre de Deus
Por Bruno Lupion – Foto: Mídia Ninja / Resumen Latinoamericano / Revista Anfibia / 18 de abril de 2016 –
La votación de los diputados a favor del impeachment a Dilma Rousseff no es la palabra final para su gobierno pero se le acerca bastante. El Senado aún debe aceptar el proceso y recién después votar su destitución. Desde Brasilia, el periodista Bruno Lupion explica los pasos que vienen y desmenuza las causas políticas y económicas que permitieron que la oposición, que no tenía pruebas contra la mandataria, sumergiera a la democracia de Brasil en una de sus peores crisis.
Los accidentes aéreos no ocurren por culpa de un único error, pero sí por una secuencia de ellos. El equipamiento que mide la velocidad se congela, el piloto automático se pierde, el copiloto no se acuerda de lo que aprendió en el entrenamiento y el piloto experimentado se queda sin reacción. Si esto pasa en el medio de una tormenta, las chances de caer son mucho mayores.
El domingo, ante los ojos del mundo, uno a uno los diputados brasileños, dieron durante seis horas sus razones más inverosímiles para decir “si” al juicio político y sumergir a la democracia brasileña en su peor momento. El 33% lo hizo en nombre de Dios, el 36% de la familia, el 25% por Brasil; uno le dedicó su voto al militar que torturó a Dilma Rousseff y otro lo hizo por el golpe de Estado del ‘64.
Las reglas de un accidente aéreo pueden aplicarse al gobierno de la presidente brasileña Dilma Rousseff, tras la votación de los diputados quedó al borde de la destitución por juicio político. La tormenta perfecta la pescó con una gestión que tomó una seria de medidas económicas equivocadas en medio del vendaval de la desvalorización de los commodities y que debió enfrenta una operación anticorrupción, que tocó al corazón del poder. Una lectura rápida podría decir que los presidentes de centro-izquierda están perdiendo fuerza en toda Latinoamérica, pero el contexto internacional no alcanza para explicar lo que pasa en este momento en Brasil. Los elementos entre bastidores que llevaron al drama brasileño son más complejos y permitieron que sin pruebas contra la presidenta se la enjuicie hasta el punto de sacarla del poder.
Errores en la política
El éxito de un gobierno en Brasil está conectado a la capacidad de un presidente de influenciar y mantener un diálogo con los diputados y senadores del Congreso Nacional, que está fragmentado en 25 partidos. Dilma, que nunca había estado en un cargo en el Legislativo o Ejecutivo antes de asumir la presidencia en 2011 cuando sucedió a Lula da Silva, demostró tener dificultad para llevar adelante esta tarea. Entre los errores que le marcan a Dilma está su poco tacto político. La falta de disposición y habilidad para desarrollar relaciones de buena convivencia con políticos del congreso es reconocida por aliados y oposición. Cuando empezó su mandato en 2011, construyó la imagen de una mujer firme que no se mezclaba con políticos por interés.
El enfrentamiento con el Partido de Movimiento Democrático Brasileño fue clave para desencadenar la crisis. El PMDB es el partido más grande de Brasil. Tiene la mayoría de los diputados, senadores, intendentes y gobernadores del país. El vice-presidente de Brasil, Michel Temer, es el presidente nacional del PMDB y asumirá el Palacio del Planalto, la sede del gobierno de Brasil, en el caso de que el Senado acepte someter a Dilma al proceso de juicio político, durante el cual la presidenta será suspendida. Un período que puede llegar a los seis meses.
El PMDB nació durante la dictadura para representar los moderados que defendían la redemocratización, y sirvió de base para los congresistas de varios frentes políticos. Pasados los años, perdió su densidad programática. Es un condominio de facciones regionales, donde los líderes no se unen por afinidad partidaria, pero sí para aumentar su capacidad de defender sus intereses.
Dilma intentó reducir la fuerza del PMDB cuando asumió su segundo mandato el 1º de enero de 2015, apostando al crecimiento de otros dos partidos, el PSD y Pros. El plan falló: éstos no crecieron, el PMDB se sintió amenazado y la relación de deterioró.
La campaña de 2014 quemó puentes
La campaña para la reelección de Dilma fue dura. Las encuestas llegaron a poner a la presidenta empatada con la opositora Marina Silva, y Dilma eligió el ataque para ganar. Además prometió a sus votantes que, si era reelegida, no habría necesidad de un ajuste.
¿Qué es el ajuste fiscal?”, se preguntó Dilma ante los medios. “Un gran recorte por el cual se corta todo para pagar los intereses a los bancos. Eso no es necesario”, aseguró. Ante las cámaras también explicó que si ganaba Marina Silva faltaría la comida en los platos más pobres. Poco después de ser reelegida, Dilma implementó un fuerte ajuste fiscal que empezó a afectar a los más empobrecidos, endureciendo las condiciones para recibir el seguro de desempleo. Esas promesas no cumplidas de campaña fueron recordadas en las protestas recientes contra la presidenta.
El personalismo de Lula
El ex presidente Lula decidió que Dilma sería su sucesora en 2009, cuando era ministra, en un proceso de reflexión individual que no involucró al su partido, el Partido de los Trabajadores (PT). La decisión lo fortaleció personalmente, pero debilitó al partido que tenía otros nombres para disputar el cargo, incluso con más historia partidaria.
Ahora que Lula está siendo investigado por la Justicia, el gobierno federal de Dilma y el PT se fundieron en la defensa jurídica y simbólica del ex presidente. Este escenario tiene trazos común con el personalísimo en la política latinoamericana y vincula al futuro del PT, uno de los más grandes partidos brasileños, al futuro personal de Lula. Las encuestas aseguran que de adelantarse de las elecciones, una posibilidad que maneja el oficialismo para evitar la pérdida del poder, él sería el ganador.
Errores en la economía
El PBI brasileño se quedó estancado en 2014, disminuyó 3,8% en 2015 y deberá caer más 3,6% este año. Es la peor recesión de la historia del país. El desempleo está a punto de superar la línea de los 10%, lo que no pasaba hace nueve años. Además la industria se ha debilitado y la dependencia de las comodities ha crecido. La participación de la industria en el PBI cayó de 18% en 2004 para 9% en 2015. Esto ocurrió por la falta de inversiones en investigación científica, desarrollo e infraestructura. En este escenario se fortaleció la idea de que Brasil sería un país con vocación para entregar granos y minerales al mundo – lo que puede ser viable cuando el precio de las commodities esta alto- pero no, como ahora, cuando son bajos.
Artificios contables
El gobierno Dilma intentó disimular las señales de la fragilidad de la economía por medio de los llamados artificios contables. El principal fue retrasar el pago a los bancos públicos para que den pagos en programas sociales, como por ejemplo el de la “Bolsa Familia” (programa social de subsidio a los más desfavorecidos). La oposición afirma que el gobierno, cuando hizo eso, sacó un préstamo disfrazado, lo que es prohibido por ley, para financiar las ayudas sociales. Esta es una falta administrativa y es el motivo del pedido de juicio político que el domingo tuvo luz verde.
La reelección retardó la corrección de ruta
Las señales del deterioro económico eran claras en 2014, año electoral, pero el gobierno decidió no reducir gastos en 2015 para asegurar la reelección de Dilma. Este retraso empeoró la situación de la economía.
Algunos precios, como lo de los combustibles y la electricidad, y que estaban controlados por el gobierno, sufrieron grandes aumentos en 2015, elevando la inflación. Una vez que se obtuvo su reelección, Dilma también bajó el presupuesto para la construcción de barrios populares, para la financiación de becas universitarias y para estimular a la producción a través de préstamos de bancos públicos. El resultado fue el enfriamiento de la economía.
La tormenta de la operación “Lava Jato”
Además de los equívocos en la conducción de la política económica, Dilma tuvo la mala suerte de ser la presidenta en el mismo tiempo que ocurría la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil.
Iniciada en 2014 con la detención de Alberto Youssef, un personaje que se movía en el mercado cambiario y el contrabando. Una vez detenido, y para obtener los beneficios que otorga la ley a los arrepentidos, habló ante la Justicia para que se abra la investigación sobre los esquemas de corrupción en la más grande empresa brasileña, Petrobras, y que también involucró las mayores constructoras del país y partidos políticos.
El Ministerio Público Federal y la Policía Federal, con la supervisión del juez Sergio Moro, siguió ofreciendo beneficios a los que delataran a otros integrantes del esquema. Los primeros detenidos -la mayoría cueveros de financieras- indicaron el camino hasta los directores de Petrobras, que a su vez, ayudaron a llegar a los presidentes de las constructoras y a los políticos. Hay, por lo menos, 22 diputados y 12 senadores investigados o respondiendo penalmente a cuestiones conectadas al Lava Jato.
El presidente de la más grande constructora del país, Marcelo Odebrecht, fue detenido en junio de 2015 y sigue en la cárcel hasta hoy. Otros presidentes y directores de constructoras también están presos, algo inimaginable en Brasil hasta hace poco tiempo.
La operación también paralizó varias obras de infraestructura, que llevaron a despidos masivos de operarios y a la quiebra de empresas menores. En 2015, la operación tuvo un impacto negativo de 2,5% del PBI, según el cálculo de consultores.
La investigación llamada “Lava Jato” aumentó la inestabilidad del escenario político. El presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha -que llevó adelante toda la operación para votar el “sí” al juicio político a Dilma- y el presidente del senado, Renan Calheiros, están involucrados en el caso Lava Jato. Los dos son del PMDB.
En febrero de 2016, la investigación llegó hasta Lula, acusado de que las obras en una finca usada por él fueron financiadas por constructoras involucradas en la operación “Lava Jato”. También el juez sospecha que él podría haber sido beneficiado por obras en su departamento en Guarujá, ciudad en el litoral del sureste brasileño. Las habrían financiado las constructoras investigadas.
Uno de los días más dramático de la crisis política fue el 16 de marzo, cuando el juez Sergio Moro habría filtrado a la prensa las grabaciones de audios entre el ex presidente y Dilma, quien le decía que le enviaría la documentación de su designación como funcionario de su gobierno para tener fueros en caso de que la Justicia avance sobre él. En ese momento se hablaba del riesgo de que Lula fuera arrestado.
Posteriormente, el ministro Teori Zavascki, del Supremo Tribunal de Justicia, que revisa las acciones de la investigación Lava Jato, frenó las acciones de Moro y criticó la divulgación de las escuchas.
Una protesta en la Avenida Paulista, corazón financiero de la mayor ciudad de Brasil, São Paulo, reunió 500 mil personas. Se la calificó como la mayor manifestación de la historia de la ciudad. Su héroe, Sergio Moro, y el motivo, la lucha contra los corruptos. Congresistas de partidos de oposición, con gran parte de sus miembros investigados por corrupción hablaron ante la multitud y fueron ovacionados. Como respuesta, las calles se llenaron de partidarios del PT para apoyar la continuidad del gobierno. Pero después de que el Lava Jato se acercó al núcleo del PT, la narrativa del “combate a la corrupción” alcanzó su fuerza máxima como discurso para sumar apoyos a políticos que tenían como objetivo sacar a Dilma del poder, aunque ella no fuera investigada. El lema anti-corrupción demostró ser eficaz, aunque corruptos haya en todos los partidos y sobre todo en la Cámara de Diputados: de los 513 legisladores, 299 tienen causas judiciales.
El riesgo de caer
Después de la votación del domingo en la Cámara de Diputados, hay dos grandes obstáculos que Dilma debe superar si no quiere ver caer su gobierno. Uno es que la Cámara de Senadores decida avanzar en el juicio político y la reemplace durante ese proceso –que puede llegar a seis meses- por su vicepresidente Michel Temer, un político del PMDB y que ya ensaya discursos como presidente. La otra es una acusación en la justicia electoral por la financiación en la campaña electoral para su reelección, que habría utilizado dinero desviado de la Petrobras.
Impeachment
En Brasil, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia pidiendo el juicio político (impeachment) de un presidente de la República por “crimen de responsabilidad”. Una categoría que involucra graves delitos específicos, como corrupción, hasta otros tan amplios como infringir la ley de presupuesto.
Los pedidos llegan a la Cámara de Diputados y el presidente de la casa decide si se le da continuidad o se lo archiva. En septiembre del año pasado, tres abogados brasileños presentaron una denuncia que fue aceptada en diciembre por el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, enemigo de Dilma y acusado de recibir coimas y de lavar dinero.
La oposición necesitaba 342 de los 513 diputados para proseguir el impeachment, lo que logró ampliamente el domingo. Ahora, el destino de Dilma se juega en el Senado, donde continúa el proceso. Como sucedió en Diputado, una comisión primero analizará si dará curso al juicio político. Si lo acepta, lo lleva a una votación al plenario que también deberá refrendar la decisión. Por lo menos 41 de los 81 senadores tendrán que votar que “sí”. Recién ahí se abre el juzgamiento. Durante ese proceso, entre la aceptación del impeachment hasta la votación final, la presidenta deberá dejar el poder temporalmente. El lapso puede ser de hasta seis meses. Si no se llega a una decisión, podrá volver al poder mientras sigue el juzgamiento.
Eduardo Cunha es un enemigo personal de la presidenta y también uno de los acusados en la causa de Lava Jato. Empezó en la política juntando recursos para la campaña del ex presidente Fernando Collor, destituido en 1992. Pero él también –además de la acusación en la operación Lava Jato- tiene un proceso en su contra en la Cámara de Diputados, piden la destitución de su cargo acusándolo de mentir cuando dijo no tener cuentas en el exterior y que luego fueron descubiertas pro el Ministerio Público de Suiza.
Aunque en la votación de los diputados del domingo 18 de abril para enjuiciar a Dilma las razones fueron las más diversas, las causas formales son dos. El retraso de un pago al Banco de Brasil para que éste entregue los subsidios de un programa social. El banco pagó sin recibir el depósito oficial lo que se considera una “pedalada” porque según la oposición fue un crédito encubierto, algo que está prohibido. La otra razón fue la firma de decretos para ampliar el presupuesto sin pasar por el Congreso. Formalmente estos cargos fueron los que, tras seis horas de desfile de diputados ante el micrófono, sumaron los 367 votos a favor del impeachment. Hubo 137 votos por el “no”, 7 abstenciones y 2 ausencias. Uno de los últimos legisladores en votar a favor de la continuidad del gobierno calificó al proceso del juicio político como una votación indirecta encabezada por un “ladrón”, Cunha, y un traidor, Temer, con el fin de anular el voto popular del 5 de octubre de 2014.
Luchar hasta el final
El oficialismo, y parte de la clase jurídica, afirman que no hay pruebas de que Dilma cometió un “crimen de responsabilidad”. Para ellos, la oposición quiere aprovechar el momento de crisis para quedarse con el gobierno. Además hay entidades poderosas en Brasil que tienen motivos para apoyar el impeachment. La federación de las industrias del estado de São Paulo es una de las articuladoras que están detrás de la causa contra Dilma y también la apoyan la Orden de los Abogados de Brasil.
Si Dilma logra escapar del impeachment, algo muy difícil en el escenario actual, deberá enfrentar rápidamente la investigación que se tramita en la Justicia Electoral que piden la destitución del gobierno del PT, que incluye a la propia presidenta y esta vez también a su vice, Michel Temer, por la financiación de su campaña para la reelección de 2014.
La acusación aún está por ser probada. Pero el volumen de datos que llegan desde los testimonios del expediente de la Operación Lava Jato no es despreciable. Ante estsa situación, el oficialismo ve una posible salida en el llamado a elecciones anticipadas. La tormenta perfecta que rodea a Dilma la sitúa en una posición muy frágil. A su favor cuenta que nada de lo que se la acusa ha sido probado hasta el momento. Lula sigue como un influyente líder. Parte de la clase jurídica, de estudiantes y artistas apoyan la permanencia de Dilma en el cargo. Esta es una diferencia de lo que ocurrió en 1992 con el ex presidente Fernando Collor, cuando todo el país estaba unido en favor de su destitución.
Por ahora, Dilma aún tiene la lapicera presidencial en su mano y puede negociar con el resto de los partidos. Su base en el Senado es un poco mejor que en la Cámara de Diputados, lo que podría ayudarla a sobrevivir. Una posibilidad remota.
Las próximas semanas van a ser imprevisibles en Brasil y, pase lo que pase, los próximos años serán turbulentos para la población brasileña. La economía va tardar en recuperarse y no hay, en el escenario electoral, una salida clara que atienda a las ansias por la renovación en la política. La historia se hará cargo de responder si esto por fin sucederá o si un representante de la clase política de siempre -y responsable de llevar a Brasil a esta crisis- sea quien ocupe el Planalto.
36 caras del golpe: Los delitos de diputados pro impeachment en Brasil
Resumen Latinoamericano / Telesur / 18 de abril de 2016 –
El orden político de Brasil está en manos de diputados que son investigados por iguales o más cargos de los que acusan a Dilma Rousseff. Los mismos que votaron por abrir un proceso de juicio político contra la presidente.
¿Quiénes promueven el impeachment?
36 de los 38 diputados de la comisión especial de la cámara de diputados que votó a favor de la apertura de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff son procesados por delitos de corrupción.
El periodista brasileño, Beto Almeida, explicó en entrevista especial para el sitio web de teleSUR, que 98 por ciento de la comisión especial es procesada, razón por la que considera incongruente que sean esta instancia la que defina no solo el destino de la jefa de Estado, sino del país entero. Ante este panorama, argumentó que el proceso es una farsa política porque la única que no posee ninguna acusación por corrupción y que no está vinculada al caso Lava Jato, es la presidenta.
También, el periodista y director de Opera Mundi, Breno Altman, en entrevista para teleSUR indicó que de los 38 diputados que votaron a favor de someter a consulta del plenario de la Cámara de diputados la continuidad de la demanda de un impeachment contra Rousseff, unos 28 son señalados de evadir la justicia. “De hecho uno de los líderes del proceso de impeachment es el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien es acusado por el desvío de millones de dólares a cuentas fuera del país”, precisó, para recordar que el proceso responde a intereses de algunos actores pro golpistas.
El abogado general del Estado brasileño y defensor de la jefa de Estado, José Eduardo Cardozo, dijo que Cunha ha impulsado el proceso actuando por un deseo de “venganza”, porque el Gobierno no le ayudó a evitar un proceso por presunta corrupción en la comisión de Ética de la Cámara.
Para que el proceso siguiera su curso, la Cámara de Diputados aprobó el pedido de juicio político con más de 342 votos, y el siguiente paso es que la demanda vaya al senado y, de aprobarse en esta instancia, la mandataria sería separada de su cargo por un máximo de seis meses a la espera de un veredicto, que estará igualmente en manos de la Cámara Alta.
Partido Republicano Brasilero (PRB)
Jhonatan de Jesús
Recibió donaciones de la empresa Queiroz Galvão, implicada en el caso Lava Jato.
Marcelo Squassoni
Declarado culpable de conducta inapropiada por tráfico e influencias. Pesan sobre él investigaciones por delitos como malversación de fondos, corrupción activa y pasiva, en el período en que dirigía la Unión de Patrimonio en Sao Paulo.
Partido Republicano de Orden Social (PROS)
Eros Biondini
Fue secretario de gobierno de Antonio Anastasia (Minas Gerais). Acusado de estar involucrado en el escándalo de las facturas falsas para justificar el gasto público.
Partido Socialista Brasileño (PSB)
Danilo Forte
Recibió donaciones de las empresas Queiroz Galvão, BTG Pactual y Camargo Correa, investigadas por el caso Lava Jato.
Fernando Bezerra
Recibió donaciones de Odebrecht, constructora investigada por el caso Lava Jato.
Tadeu Alencar
Recibió donaciones de Odebrecht, constructora investigada por el caso Lava Jato.
Partido Social Cristiano (PSC)
Eduardo Bolsonaro
Recibió donaciones de OAS, empresa investigada por el caso Lava Jato.
Marco Feliciano
Recibió donaciones de OAS, empresa investigada por el caso Lava Jato y mala rendición de cuenta en las elecciones legislativas de 2014. Es acusado por difamación, injuria, daños morales e incitación al odio, este último delito a causa de declaraciones homofóbicas por un desfile del orgullo LGBT.
Partido Social Democrático (PSD)
Marcos Montes
Recibió donaciones de Odebrecht, empresa investigada por el caso Lava Jato. Tiene una condena en un tribunal estatal en una acción civil por conducta impropia respecto a un contrato de licitación.
Rogério Rosso
Acusado de corrupción electoral.
a Social Democracia Brasileña (PSDB)
Bruno Covas
Recibió donaciones de empresas investigadas por el caso Lava Jato.
Bruno Araujo
Recibió donaciones de Odebrecht, empresa investigada por el caso Lava Jato.
Carlos Sampaio
Investigado por la rendición de cuentas respecto a las elecciones de 1998 y las elecciones municipales de 2008 en Campinas.
Jutahy Junior
Recibió donaciones de Odebrecht, OAS, UTC y Braskem, empresas investigadas por el caso Lava Jato.
Nilson Leitão
Recibió donaciones de Galvão Engenharia y Andrade Gutierrez, empresas investigadas por el caso Lava Jato. Hay 18 causas en su contra, la mayoría por malversación de fondos públicos.
Paul Abi-Ackel
Recibió donaciones de Andrade Gutiérrez y UTC, empresas investigadas por el caso Lava Jato.
Sheridan Oliveira
Recibió una acción civil por conducta impropia en la corte de Roraima, por la titulación irregular de tierras públicas para beneficio propio. Está bajo sospecha de delitos electorales.
Partido Laborista Brasileño (PTB)
Benito Gama
Recibió donaciones de OAS, Braskem y UTC. Culpable en la acción penal 920 por corrupción administrativa, lavado de dinero, malversación, delitos electorales y falsificación.
Jovair Arantes
Demandado por fiscales federales por delitos de malversación administrativa.
Luiz Carlos Busato
Fue objetivo de la investigación Operación Kilovatio Civil de la policía de Río Grande del Sur, que identificó millones de desviaciones de fondos públicos.
Partido Verde (PV)
Evair de Melo
Acusado de delitos electorales.
Solidariedade (SD)
Fernando Francischini
Acusado de malas conductas administrativas.
Paulinho da Força
Recibió donaciones de Odebrecht, BTG Pactual, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão y UTC, empresas investigadas por el caso Lava Jato. Es sospechoso de delitos contra el sistema financiero, lavado de dinero y conspiración.
Los golpes de Estado jurídico-mediáticos
Por Rafael Luis Gumucio Rivas / Resumen Latinoamericano / Nodal / 18 de abril de 2016 –
A partir del golpe de Estado contra el Presidente de Paraguay, Fernando Lugo, la estrategia de las derechas latinoamericanas ha dejado de lado el uso del poder militar para derrocar gobiernos progresistas. La Fuerzas Armadas en los distintos países de área están desprestigiadas después del derrumbe de las dictaduras de seguridad nacional, y hoy, sin necesidad de pagar los costos de cruentos golpes de fuerza, pueden mantenerse como casta privilegiada bajo gobiernos civiles de derecha – por ejemplo, en el ejército de Colombia se ufanan al decir que no ves necesario ser visible ante la ciudadanía, pues de todas maneras tiene el poder, especialmente, por medio del Plan Colombia y su lucha contra la guerrilla; por lo demás, los paramilitares, como brazo armado, realizan el trabajo sucio sin respetar las limitaciones de una democracia burguesa -.
La nueva estrategia de la derecha no sólo está diseñada para desestabilizar gobiernos progresistas, sino también para instalar gobiernos muy serviles a los verdaderos dueños de la democracia formal, los Bancos y el Capital Financiero. Con gobiernos, encabezados por Presidentes millonarios, muy superficiales e ignorantes culturalmente, que podíamos encarnar – para ser más explícito – en Piñera y sus “piñericosas”, y el actual Presidente argentino, Mauricio Macri y sus ridículos bailes que lo hacen ver más payaso que nunca, como rasgos de humor que esconden una notoria regresión hacia una democracia bancaria, que deja sin sustento a la que surge del poder popular.
En la estrategia jurídico-mediática de derrocamiento de gobiernos progresistas e instalación de empresarios payasos, los actores de la pseudo-democracia son los jueces, fiscales y los dueños de los medios de comunicación y sus periodistas lacayos y siempre lo que me atrevo a denominar “los fachos pobres” – clases medias emergentes y aspiracionales, que se han convertido en sostén del tipo de gobierno empresarial Piñera-Macri, y de otros que irán apareciendo con la implementación de este tipo de golpismo.
En Italia – es bueno recordar – la judicialización de la política y la elevación a la santidad de los fiscales, tuvo como efecto, en un comienzo, la balcanización de la Democracia Cristiana y la desaparición de los socialistas de Betino Craxi, y luego se entregó el poder al más corrupto de los mafiosos y ladrones, Silvio Berlusconi – buen amigo de Craxi y, además, propietario de varios medios de comunicación de masas – y su poder no hubiera terminado hasta ahora si no se le hubiera ocurrido hacer orgías con menores de edad. Bastaría recurrir a la historia para temer a la idolatría de fiscales y periodistas que, mucho temo, nos va a conducir a la elección del más pillo de todos los candidatos, el Berlusconi chileno, Sebastián Piñera.
En el caso brasilero, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, en cierto sentido están pagando el precio de haber promovido y construido esta clase media aspiracional que posee una enorme facilidad de convertirse en “fascistas pobres” – habría que sumar situaciones objetivas, como la corrupción del partido gobernante, el PT, y la recesión económica que golpea fuertemente el nivel de vida de una clase media emergente, acostumbrada a estándares desconocidos en ese país-continente -.
El juicio político contra la Presidenta Rousseff, a mi modo de ver, forma parte importante de esta estrategia jurídico-mediática encaminada a poner fin a un gobierno constitucional, de características bastante moderadas en lo político y que no tienen nada que ver con la calificación de “izquierda populista”, que la derecha y el imperio norteamericano colocan como remoquete a los gobiernos de Rafael Correa, Evo Morales y Nicolás Maduro, muy por el contrario, Lula y Bachelet, durante mucho tiempo fueron presentados como modelos de la izquierda sensata, de la socialdemocracia, de la tercera vía.
Hasta ahora, el juicio político contra la mandataria de Brasil ha pasado la barrera de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, y será votada en el Pleno, durante este fin de semana. Es un buen test para medir la capacidad de esta nueva estrategia.
En Argentina, con un poder judicial bastante corrupto, las ha emprendido contra la ex Presidenta, Cristina Kirchner, pero por circunstancias de la historia de ese país, el peronismo tiene enorme poder de convocatoria de masas, lo cual hace muy difícil que la estrategia que hemos descrito logre imponerse sin que medie una respuesta popular que ponga en mal pie al gobierno al gobierno empresarial de Macri – dicho sea de paso, también está acusado por su participación en empresas, ubicadas en paraísos fiscales -. No hay que olvidar que, hasta ahora, ninguno de los últimos Presidentes argentinos pudo gobernar en contra del partido peronista – los casos de los radicales Alfonsín y de La Rúa -.
Al tomar una de las ideas de Ernst Boch, “la oscuridad del momento presente”, creo que estamos pasando por un período de amenaza a la democracia y a la soberanía popular, ya raptada por el poder económico. En este sentido, la corrupción no sólo es estructural, sino que lo que es más grave, forma parte de la esencia de las democracias formales y electorales.
*Historiador y cronista chileno.
Un paso más hacia el golpe de Estado en Brasil
Resumen Latinoamericano / Notas.org.ar / 17 de abril de 2016 –
Este domingo el golpe de Estado orquestado por la derecha brasileña dio el primer paso. Superando los 342 votos afirmativos, la Cámara de Diputados aprobó el impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Ahora quedará en manos del Senado definir si convalida la interrupción del orden constitucional.
Cómo en Honduras en 2009, pero sobre todo -por la metodología- como en Paraguay en 2012, el Congreso brasileño dio un paso contundente este fin de semana para concretar un golpe de Estado contra el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y la presidenta Dilma Rousseff.
Con discursos que buscaban tomar un carácter épico, diputados opositores votaban a favor de la destitución por su familia, por el cambio, por la democracia, en contra de la corrupción, del comunismo, del cambio de sexo y hasta por la paz en Jerusalén.
Pero quizás lo que más impacto generó fue el voto del diputado de extrema derecha Jair Bolsonaro quién dedicó su voto al torturador de Dilma Rousseff y afirmó que “perdieron en el ’64 y pierden ahora” en alusión al último golpe de Estado en Brasil en 1964.
No obstante, a pesar de las declamaciones con una fuerte carga ideológica de los diputados y diputadas que apoyaron el impeachment, cabe recordar que la imputación contra la jefa de Estado no tiene que ver con ninguna causa de corrupción.
La acusación se fundamenta en una resolución del Tribunal de Cuentas brasileño que no aprobó el presupuesto presentado por el Ejecutivo concerniente al año 2014, por supuestamente “haber modificado el déficit”.
El economista Pablo Wahren explica que en concreto “el Estado brasilero gastó más de lo que tenía presupuestado”, por lo tanto decidió modificar los datos del déficit fiscal “mediante un mecanismo conocido como ‘pedalada fiscal’ que implica endeudarse con bancos para financiar el mayor gasto no presupuestado”.
“Es por este motivo que, en definitiva, no deja de ser una política económica”, añade Wahren. Esto sería motivo suficiente para pedir la destitución de la presidenta.
El proceso de impeachment
A esta instancia se llegó luego de un largo proceso que tuvo su comienzo formal en octubre del año pasado, cuando Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), en ese momento parte de la coalición del gobierno, pero paradójicamente principal opositor, realizó un pedido de impeachment que fue anulado temporalmente por el Supremo Tribunal Federal(STF) de Brasil. El STF exigió que para llevar a cabo el procedimiento dos tercios de la Cámara baja dieran el visto bueno para avanzar y no mayoría simple como pretendía Cunha.
En diciembre de ese mismo año, Cunha autorizó la apertura del proceso nuevamente, con las nuevas reglas fijadas por el STF y se conformo una comisión que debía analizar y aprobar el proceso para que esta pueda ser votado por el conjunto de la Cámara de Diputados. El STF suspendió la comisión para analizar posibles irregularidades en su conformación y un día después de que se realizaran movilizaciones en contra del pedido de impeatchment, el STF exigió que la comisión sea reelegida y el proceso se reinicie.
Sin embargo, a la espera de poder volver a jugar esa carta, el 4 de marzo fue detenido y llevado a declarar por la fuerza el ex presidente Lula da Silva, a pesar de no tener ninguna imputación. La respuesta popular fue inmediata con movilizaciones en contra de su detención, las cuales fueron redobladas por la derecha que realizó masivas marchas pidiendo la renuncia de Dilma el 13 de marzo.
El 16 de marzo Rousseff designó a Lula como jefe de Gabinete buscando fortalecer su gobierno e inmediatamente fue acusada de intentar obstruir la investigación de la Justicia,filtración mediante de escuchas telefónicas ilegales entre la mandataria y el ex presidente de por medio. El mismo día el STF aprobó la conformación de la comisión para evaluar el pedido de impeatchment de la presidenta. La misma comisión que hacia poco más de tres meses había sido observada. El 17 de marzo un recurso de amparo frena la designación de Lula.
Luego de iniciado el proceso de destitución las calles fueron ocupadas por los movimentos populares, sindicatos y partidos políticos que se posicionaron en contra y denunciaron que era un golpe de Estado. Bajo las consignas “No van a tener golpe” y “En defensa de la democracia” se realizaron masivas movilizaciones en todo el país el 18 de marzo y el 31 del mismo mes, esta última en conmemoración del inicio de la última dictadura militar brasilera. En el medio de estas marchas, el PMDB abandonó oficialmente la coalición que había permitido a Dilma ser reelecta en el ballotage de octubre del 2014.
Finalmente el 11 de abril pasado la comisión de la cámara aprobó el pedido de impeatchment que fue aprobado este domingo.
¿Cómo sigue?
Ahora el informe pasa al Senado, cámara que tendrá la decisión final. Si 41 de los 81 miembros (con un quórum mínimo necesario de 42) aprueban el juicio político Dilma Rousseff será apartada de su cargo por 180 días en los que asumirá el vicepresidente Michel Temer que pertenece al PMDB que ya no forma parte de la coalición de gobierno.
Esos seis meses de plazo será el tiempo que se tomará la Cámara alta para desarrollar el juicio propiamente dicho. Finalmente en una sesión que debe ser presidida por el presidente del TSF, 54 (dos tercios) de los 81 senadores deben apoyar la salida de Rousseff para concretar su apartamiento definitivo del cargo.
Comunicado de Patria Grande. Golpe en Brasil:
Un nuevo Plan Cóndor en América Latina
Resumen Latinoamericano / 18 de abril de 2016 –
Unidad para resistir la ofensiva derechista
La Cámara de Diputados de Brasil acaba de consumar el primer paso –decisivo- para el golpe de Estado en el vecino país. Ahora, el Senado se apresta a destituir a la presidenta Dilma Rousseff, del PT.
El golpe es tan evidente que se juzga a la presidenta Dilma por decisiones políticas que tomó la fórmula presidencial, para que asuma en su lugar el otro integrante de la fórmula, el actual vicepresidente, Michel Temer, del partido PMDB. No se respeta la voluntad de 60 millones de brasileños y brasileñas que en 2014 eligieron a Dilma como presidenta. Esta decisión de millones es reemplazada por la de un grupo de legisladores que representan al poder económico concentrado y que en su mayoría están sospechados de corrupción. De esta manera, la derecha en América Latina continúa con su legado anti-democrático.
Se trata de un golpe de Estado de características similares al que en 2012 derrocó al presidente de Paraguay, Fernando Lugo. Un nuevo formato para los mismos objetivos: alinear a los países de América Latina y el Caribe con la estrategia de EEUU. El imperio intenta retomar el control del continente tras una década de articulación entre gobiernos de izquierda y progresistas –surgidos, a su vez, como consecuencia de intensas luchas populares contra el neoliberalismo- que marcó una época de integración inédita, alumbrando mecanismos como ALBA, UNASUR y CELAC. Aún en su etapa embrionaria, estos organismos se convirtieron en un freno a los intentos de EEUU de imponer el ALCA y asegurar así el dominio económico, político y militar sobre nuestros territorios. En otros momentos históricos, EEUU necesitó que las fuerzas militares de nuestros países coordinen la represión a sus propios pueblos, para instalar gobiernos dóciles a su política.
Así nació y se ejecutó el plan Cóndor durante los 7´ y 80´, a partir del cual se coordinó el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de miles de compatriotas con el objetivo de aniquilar la movilización popular y aterrorizar a la población para instalar las políticas neoliberales. En esta época, la nueva estrategia es la del llamado “golpe blando”, donde se intenta legitimar la destitución de gobiernos inconvenientes por medio de la articulación entre los medios privados de comunicación, sectores del Poder Judicial y el Parlamento.
También, en ciertos casos, se le puede sumar la utilización de fuerzas especiales de combate militar –sicarios, paramilitares- o comunicacional –laboratorios de operaciones psicológicas-, que realizan acciones combinadas para deslegitimar procesos y crear una situación que habilite el cambio de gobierno. Invariablemente, en todos los casos el cambio de gobierno se realiza por formaciones políticas de derecha, que admiten la democracia solo cuando triunfan, pero operan contra ella apenas quedan fuera del gobierno. Ante esta situación, desde el Movimiento Popular Patria Grande expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Brasil, que está siendo invisibilizado por los medios masivos y que en este momento se encuentra en las calles repudiando el golpe.
A su vez, manifestamos la preocupación por el curso de los acontecimientos en desarrollo, de plena afinidad con los deseos del imperialismo: al triunfo electoral de Mauricio Macri en Argentina, ahora le sigue el golpe en Brasil.
El terreno está preparado para avanzar más decididamente contra los gobiernos y los pueblos de Venezuela, Bolivia y Ecuador y para iniciar un nuevo ciclo de ajuste neoliberal sobre todo el continente, que incluirá la discusión de Tratados de Libre Comercio -que pretenden recortar derechos sociales y limitar la soberanía económica, para beneficio de las trasnacionales- y la “cooperación” entre las fuerzas militares y de seguridad norteamericana (DEA, FBI y Comando Sur del Pentágono) con sus equivalente locales.
Por esto y otros temas es que no daba y no da lo mismo un gobierno de Macri o un golpe de Estado en Brasil. En estas circunstancias, tenemos que redoblar y profundizar el debate político y los procesos de unidad entre las organizaciones populares de cada país y en todo el continente.
Es preciso coordinar las luchas y las movilizaciones en solidaridad con los procesos agredidos y en cada país, disponernos a asumir en unidad un nuevo ciclo de resistencia, con el objetivo de construir la alternativa política de los pueblos.
Movimiento Popular PATRIA GRANDE
en la Articulación de Movimientos hacia el ALBA
Envío:ResumenLatinoamericano
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