Resumen Latinoamericano/ La Izquierda Diario/ 14 de Abril 2016.–
Las clases han sido suspendidas en 65 escuelas del distrito durante hoy y mañana. Una nena de 4 años falleció mientras iba al Hospital.
No hubo comunicado oficial del municipio aún. Alrededor de 290 casos de gastroenteritis fueron diagnosticados en los últimos días en el distrito.
En el hospital Evita Pueblo fueron atendidos 160 menores y más de 70 adultos. Las autoridades del Ministerio de Salud y la Dirección de Educación provincial conformaron un comité de crisis, que resolvió la suspensión preventiva de las clases en 65 escuelas durante hoy y mañana para desinfectarlas.
El brote causó el fin de semana la muerte de una nena de 4 años, que falleció mientras estaba siendo trasladada al hospital. El municipio no emitió comunicación oficial aún, pero el intendente Juan Patricio Mussi, declaró el 11 de abril en su cuenta personal de Facebook lo siguiente:
“Vecinos, informamos que frente a diferentes casos de gastroenterocolitis registrados en las últimas horas en diversos barrios, desde el Municipio – a través de la Dirección General de Bromatología -, estamos realizando estudios bromatológicos a la red de agua potable, que hasta el momento, dieron como resultado que es apta para el consumo humano.
El mismo resultado se obtuvo en otros exámenes, llevados a cabo por la Municipalidad en casas particulares, que manifestaron su preocupación a las autoridades locales. No obstante, ante la intranquilidad que el tema genera, desde la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Medicina Preventiva, aconsejamos a los vecinos lavarse las manos con agua y jabón antes de ingerir alimentos; y hervir el agua o colocarle 2 gotas de lavandina por litro de agua, antes de utilizarla”.
Esto no explica entonces porqué hay tanta cantidad de enfermos en los hospitales con los mismo síntomas en el mismo distrito y más de un caso de los mismos barrios. De las 25 muestras analizadas en la materia fecal de los enfermos se detectó en nueve de ellas la presencia de la bacteria Sighella, que causa diarrea.
Resulta contradictoria la respuesta de la municipalidad que informa que no hay ningún peligro de contaminación pero pide que los ciudadanos tomen todas las precauciones posibles. Mientras aumentan los casos de gastroenteritis en el distrito, los vecinos continúan sin una respuesta y solución por parte de la intendencia.
Estudiantes marchan por la inmediata implementación del Boleto Estudiantil en La Plata
Revista Venceremos/ Resumen Latinoamericano/ 14 de Abril 2016 -.
La movilización tuvo gran concurrencia. Los estudiantes anticipan una nueva marcha a nivel provincial planeada para el mes de Mayo.
La ley del boleto estudiantil provincial, que permitiría que los estudiantes puedan viajar a sus lugares de estudio con gratuidad, se aprobó el año pasado, sin embargo la implementación nunca llegó y enmarcado en una situación de fuertes tarifazos el movimiento estudiantil de La Plata, los distintos claustros que componen la facultad, secundarios, e incluso algunos gremios marcharon hoy para exigir que se haga valer esta reivindicación que tanto costó.
La concentración comenzó a las 12 en la Plaza Dardo Roca, que se encuentra en el cruce de las avenidas 7 y 60, desde allí los y las estudiantes marcharon hasta la Casa de gobierno de Buenos Aires.
La gobernadora, María Eugenia Vidal, hace unos días declaró que no está en sus prioridades técnicas la implementación de la ley este comunicado marcó la necesidad de una perspectiva que encause la situación.
La negación de este derecho no estaría haciendo más que vulnerar no solo el ingreso de los estudiantes a la educación, sino la permanencia y el egreso también. Los diferentes bloques estudiantiles marcaron la importancia de un plan de resistencia y además convocaron a una nueva marcha que se hará a nivel provincial en el mes de mayo.
PARO de Judiciales bonaerenses: “la perspectiva es la de un conflicto largo”
Por Revista Venceremos/ Resumen Latinoamericano / 14 de abril 2016.-
Entrevistamos a Pablo Abramovich, Secretario General de la Asociación de Judiciales Bonaerenses. Los judiciales realizarán un nuevo paro de 48 horas (13 y 14 de abril) con movilización exigiendo un aumento salarial del 45%.
A esas horas en las cuales el centro de la Ciudad de Buenos Aires comienza a despejarse de gente, me acerque a la Federación Judicial Argentina, allí me esperaba Pablo que a pesar de que al día siguiente el gremio que conduce comenzaba un paro de 48 horas, se encontraba reunido organizando actividades programadas para mitad de año. Una muestra de las múltiples actividades de la militancia gremial. Sin embargo, su cabeza está enfocad en el conflicto paritario de los judiciales bonaerenses:
“Nosotros arrancamos a mediados de febrero con medidas de 24 horas una vez por semana, la semana pasada arrancamos con 48 horas y al no haber una respuesta satisfactoria volvemos a parar 48 horas. Estamos con un reclamo salarial del 45%,esto obedece a dos cuestiones, la primera que la inflación inter-anual que desde marzo del año pasado, en que cerramos la última paritaria está en un 37% y con el atraso histórico que tienen los salarios en la Provincia de Buenos Aires planteamos que el aumento debe estar por encima de la inflación para mejorar el poder adquisitivo del salario. El gobierno ofrece 25% y se planta, eso hace que la perspectiva sea la de un conflicto largo”.
La charla tiene un gran interés, el día anterior Pablo había estado sentado en la mesa paritaria con los representantes del gobierno de María Eugenia Vidal y había calificado las propuestas de estos como una provocación. Dejando los calificativos de lado, me cuenta:
“La semana pasada veníamos de un ofrecimiento por parte del gobierno que tenía dos alternativas un esquema del 25,5% anual o 15% para el primer semestre y reabrir en Julio la paritaria. Este último ofrecimiento es el mismo que acordó UPCN para los estatales y que ATE rechazo. Esta semana luego del paro de 48hs y una movilización de más de 2 mil judiciales, el gobierno elevó la oferta semestral de 15% a 16,7%, lo cual volvimos a rechazar porque está lejos de nuestro reclamo y ratificamos un paro de 48 horas que tenemos el miércoles y jueves (13-4 y 14-4) con movilización el último día a La Plata”.
El reclamo salarial general y los sectoriales no son los únicos que tienen los judiciales bonaerenses. La Ley de Paritarias es un reclamo histórico del gremio, la misma está en la legislatura de la provincia y había sido una promesa (incumplida) de Scioli al gremio. Pero el mayor problema no radica allí:
“No tenemos ley de paritaria porque básicamente la Corte Suprema de justicia provincial se opone sistemáticamente, porque el poder judicial es el poder más conservador dentro del Estado y eso no les permite sentarse con los trabajadores de igual a igual a discutir las condiciones de trabajo”.
Estar frente a un secretario general de menos de cuarenta años es estar frente a un dirigente gremial con gran proyección. Pero Pablo afirma no perder el contacto con el trabajador de oficina. Hacerse presente en las asambleas que puede, lo cree más que necesario. Plantea que el trabajador para votar conscientemente debe conocer los detalles que pueden aportar los dirigentes. Allí hay toda una definición sobre modelo sindical:
“Previo a entrar en conflicto salarial hicimos en el mes de noviembre una ronda de asambleas en las 18 seccionales que tiene nuestro gremio, se sintetizaron los mandatos en un congreso que realizamos en diciembre y se resolvió el reclamo que iba a llevar nuestro gremio a la paritaria. Después la dinámica que tenemos cotidiana es que cada novedad que tenemos, ya sea una convocatoria del gobierno o una propuesta, se convoca a asambleas el mismo día en toda la provincia y estas definen la medida a tomar. Esto requiere tiempo de debate y capacidad de organización, peronosotros tenemos demostrado que cuando las decisiones se toman en asamblea, esos judiciales que participan de las mismas son los primeros que están dispuestos a protagonizar las medidas. Históricamente nuestro gremio le ha resultado mucho más efectivo y tiene mucho más legitimidad eso, que juntarnos cuatro o cinco dirigentes en una pieza y resolver por el resto.
No podía terminar la entrevista sin charlar sobre la política de la gobernadora del PRO, la jornada de lucha llamada por la CTA para el 19, si van a participar en la concentración que la CGT llama para el 29, la posibilidad de una unificación de las dos CTA … Pablo empieza a hablar acelerado y se frena, queres títulos o profundidad me dice. Prefiero que te explayes le digo, lo cual quedara para una pronta segunda parte.
Macri con la CGT: promesa de cambios en Ganancias y plata para las obras sociales
Resumen Latinoamericano/ Info Gremiales/ 14 de Abril 2016.-
Mauricio Macri se reunió con los representantes de las CGT y les aseguró fondos para las obras sociales. Se comprometió a convocar al Consejo del Salario y, con tiempo, enviar un proyecto para modificar Ganancias. Cajonearon la emergencia ocupacional.
“Los dirigentes reconocieron que este gobierno ha generado las condiciones de diálogo para poder trabajar, más allá de que hay momentos y situaciones en las que creemos que se puede alcanzar el común interés y en otras que habrá diferencias”, sintetizó tras la reunión el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Los gremialistas llegaron en caravana a las 17.30 a la Quinta de Olivos. Desde allí fueron conducidos al salón principal de reuniones de la residencia, donde los aguardaban el presidente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el propio Triaca. Dos horas después, abandonaban la casa presidencial sin hacer declaraciones.
“Se habló de la situación social, de la cuestión económica y del trabajo”, enumeró Triaca y amplió que “hemos tomado nota de muchas de las inquietudes de los distintos dirigentes, que nos llevarán a organizar comisiones de trabajo”.
Según dijo Triaca, el primer reclamo de los representantes sindicales fue la convocatoria al Consejo del Salario. “Nos parece una convocatoria razonable”, estimó el funcionario, aunque pero no fijó fecha ni plazo para concretarla.
En el mismo sentido, Triaca mencionó que el gobierno actualizará el seguro de desempleo que hoy se ubica en los 400 pesos y anunció que se consensuó que el Gobierno presente un proyecto de ley en el Congreso para actualizar las alícuotas del impuesto a las Ganancias, que se tratará en el mediano plazo.
Por las centrales sindicales estuvieron Hugo Moyano (Camioneros), Antonio Caló (UOM), Luis Barrionuevo (gastronómicos), Juan Carlos Schmid (CATT), Armando Cavallieri (Comercio), Gerardo Martínez (Uocra), Gerónimo Venegas (Uatre), José Lingeri (SGBATOS) y Andrés Rodríguez (UPCN).
Macri mencionó en un momento de la reunión el “enorme” esfuerzo fiscal de su gestión para devolver a las obras sociales sindicales 28.000 millones de pesos, más los aumentos en las asignaciones familiare y ratificó que habrá un desembolso extra para las obras sociales de los gremios de $ 2.700 millones.
A cambio, el reclamo de emergencia ocupacional, para desincentivar los despidos, quedó cajoneado. El presidente ofreció crear una comisión que integren los representantes de los trabajadores, el gobierno y las patronales para seguir y monitorear el desarrollo del empleo. Alguien dijo alguna vez “si querés que algo no funcione, creá una comisión”.
Jueves 14 de abril de 2016
“Los Panamá Papers explicados, ¿por qué se lame el perro?”
Por Slavoj Zizek / Resumen Latinoamericano/ 14 de Abril 2016.-
Lo único realmente sorprendente sobre los Panamá Papers es que no hay ninguna sorpresa en ellos: ¿no sabíamos de modo preciso lo que esperábamos aprender allí? Aunque una cosa es saber sobre las cuentas bancarias offshore en general y otra, tener pruebas concretas. Es como sospechar que nuestra pareja nos engaña; uno puede aceptar el conocimiento abstracto, pero saltamos de dolor cuando accedemos a los detalles más escabrosos. Y cuando uno tiene fotografías de lo que está pasando… Así que con los Panamá Papers ya estamos frente a las imágenes más sucias de la pornografía financiera del mundo de los ricos, y ya no podemos pretender que no sabemos.
En 1843 el joven Karl Marx afirmó que el antiguo régimen alemán “sólo imaginaba que creía en sí mismo y exigía al mundo que debía imaginar la misma cosa.” En tal situación, avergonzar a quienes están en el poder se convierte en un arma en sí . O, como continuaba Marx, “la presión real debe ser más apremiante si se le añade la conciencia de esa presión, la vergüenza debe ser más vergonzosa mediante su publicidad.
Esta es nuestra situación hoy día: enfrentamos el cinismo descarado del orden mundial existente, cuyos agentes sólo imaginan que creen en sus ideas de democracia, derechos humanos, etcétera, y a través de movimientos como WikiLeaks y las revelaciones de los Panamá Papers, la vergüenza –nuestra vergüenza por tolerar tal poder sobre nosotros–, se hace más vergonzosa mediante su publicación.
Un rápido vistazo a Panamá Papers revela una característica positiva y sobresaliente y otra negativa. Lo positivo es la solidaridad total entre los participantes: en el sombrío mundo del capital global, todos somos hermanos. El mundo occidental desarrollado está allí, incluyendo a los escandinavos no corruptos, quienes se dan la mano con Vladimir Putin. Y el presidente de China, Xi, Irán y Corea del Norte también están ahí. Los musulmanes y los judíos intercambiar guiños amigables, es el verdadero reino del multiculturalismo, donde todos son iguales y todos diferentes. La característica negativa: la contundente ausencia de los Estados Unidos, que le presta cierta credibilidad al reclamo de Rusia y China de que hay involucrados en la investigación intereses políticos particularizados.
Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos estos datos? La primera y predominante reacción es la explosión de furia moralista, por supuesto. Pero debemos cambiar de tema de inmediato, de la moral a nuestro sistema económico: los políticos, los banqueros y gerentes siempre fueron codiciosos, así que ¿qué es lo que nuestro sistema legal y económico les facilitó para que se realizaran en esa avaricia de manera tan desmedida?
Desde la crisis financiera de 2008 en adelante, las figuras públicas, del Papa hacia abajo, nos bombardean con mandatos para luchar contra la cultura de la codicia excesiva y el consumo. Como lo dijo uno de los teólogos cercanos al Papa:
“La crisis actual no es una crisis del capitalismo, sino una crisis de la moral.” Incluso hay sectores de la izquierda que siguen ese camino. No falta anti-capitalismo hoy día: las protestas de Occupy estallaron hace un par de años, e incluso asistimos a una sobrecarga de la crítica de los horrores del capitalismo: libros, investigaciones pormenorizadas y reportajes de televisión abundan en empresas sin piedad, en la contaminación de nuestro medio ambiente, en los banqueros corruptos que obtienen gordas bonificaciones mientras que sus bancos tienen que ser salvados por el dinero público, de los talleres clandestinos que funcionan con horas extras de trabajo infantil.
Hay, sin embargo, un retén a todo este desborde de la crítica: lo que por regla general no se cuestiona es el marco democrático-liberal de lucha contra estos excesos. El objetivo explícito o implícito es democratizar el capitalismo para extender el control democrático sobre la economía a través de la presión de los medios, las investigaciones gubernamentales, leyes más duras, y las investigaciones policiales honestas. Pero el sistema como tal no se cuestiona y el marco institucional democrático del Estado de Derecho sigue siendo la vaca sagrada, incluso las formas más radicales de este “anti-capitalismo ético”, como el movimiento Occupy, no lo toca.
El error a evitar aquí se ejemplifica mejor con la anécdota, acaso apócrifa, sobre el economista izquierdista-keynesiano John Galbraith, quien antes de un viaje a la Unión Sociética, a fines de 1950, escribió a su amigo anticomunista Sidney Hook: “No te preocupes, no me dejaré seducir por los soviéticos para regresar a casa diciendo que tienen socialismo”. A lo que Hook le respondió de inmediato: “¡Pero lo que me preocupa es que regreses alegando la URSS NO es socialista.” Lo que más preocupaba a Hook era la ingenua defensa de la pureza del concepto: si las cosas van mal con la construcción de una sociedad socialista, esto no invalida la idea en sí, sólo significa que no se implementó del modo correcto. ¿No detectamos la misma ingenuidad hoy en día en boca de los fundamentalistas del mercado?
Cuando hace un par de años, durante un debate televisivo en Francia, el intelectual francés Guy Sorman afirmó que la democracia y el capitalismo necesariamente van de la mano, no pude resistir hacerle la pregunta obvia: “¿Pero qué pasa con la China actual” Sorman espetó : “¡En china no hay capitalismo!” Para el Sorman, fanáticamente pro-capitalista, si un país no es democrático, significa simplemente que no es de verdad capitalista, sino que ejerce su versión desfigurada; de la misma exacta manera que una democracia estalinista comunista no es una forma auténtica de comunismo.
El error subyacente no es difícil de identificar, es el mismo que en el célebre chsite: “Mi novio nunca llega tarde a una cita, porque en el momento que llegue tarde ya no es más mi novio.” Así es como los apologistas actuales del mercado, en un secuestro ideológico inaudito, explican la crisis de 2008: no fue el fracaso del libre mercado lo que lo causó, sino la excesiva regulación estatal, es decir, el hecho de que nuestra economía de mercado no era verdadera, que todavía estaba en las garras del Estado de Bienestar.
La lección de los Panamá Papers es que, precisamente, este no es el caso: la corrupción no es una desviación contingente del sistema capitalista global, es parte de su funcionamiento básico.
La realidad que surge de los PP es la de la división de clases, tan simple como eso. Los documentos nos enseñan cómo los ricos viven en un mundo separado en el que se aplican reglas diferentes, en el que el sistema legal y la autoridad se inclinan a su favor y no sólo los protegen, sino que siempre están preparados para torcer sistemáticamente las leyes para acomodarlos.
Ya hay muchas reacciones de la derecha liberal a los Panamá Papers que ponen la culpa en los excesos de nuestro Estado de Bienestar, o lo que queda de él. Dado que la riqueza está tan fuertemente gravada, no es de extrañar que los propietarios traten de moverla a lugares con menores impuestos, ya que en última instancia no hay nada ilegal. Ridículo como esta excusa es que este argumento tiene algo de verdad, y trae dos puntos dignos de mención.
En primer lugar, la línea que separa las transacciones legales de las ilegales es cada vez más difusa, y con frecuencia se reduce a una cuestión de interpretación. En segundo lugar, los dueños de la riqueza que se trasladó a cuentas en el extranjero y a los paraísos fiscales no son monstruos codiciosos, sino individuos que simplemente actúan como sujetos racionales que tratan de salvaguardar su riqueza.
En el capitalismo no se puede tirar el agua sucia de la especulación financiera y mantener sano al bebé de la economía real. El agua sucia es efectivamente la línea de sangre, el linaje del bebé sano.
No debemos temer aquí llegar hasta el final. El sistema jurídico capitalista global es en sí, en su dimensión más fundamental, la corrupción legalizada. La cuestión sobre dónde comienza el crimen (cuáles operaciones financieras son ilegales) no es una cuestión legal, sino una cuestión eminentemente política, atañe a la lucha por el poder.
Entonces, ¿por qué miles de hombres de negocios y políticos hacen lo que documentan los Panamá Papers? La respuesta es la misma que la del antiguo y vulgar enigma popular: ¿Por qué se lamen los perros? Porque pueden.
Artículo tomado de Newsweek
Blog apóstrofe
Imagen tomada de El Cronista.
Envío:ResumenLatinoamericano
TODO QUEDA EN FAMILIA
La colocación de los bonos que Argentina emitirá para pagarles a los buitres será realizada por los mismos bancos que lucraron con los negocios financieros más ruinosos para el país. Casualmente, son los antiguos empleadores del ministro Prat-Gay (JP Morgan) y del negociador del acuerdo Luis Caputo (Deutsche Bank) y el mayor acusado por fuga (HSBC).
EL HSBC, JP MORGAN, DEUTSCHE BANK, CITIGROUP Y UBS, OTRA VEZ ENCARGADOS DE LA DESCOMUNAL COLOCACION DE BONOS DE DEUDA
Vuelve la deuda con los mismos beneficiarios
Bancos internacionales que fueron empleadores del ministro, Alfonso Prat-Gay, y el secretario de Finanzas, Luis Caputo, lideran la venta de los bonos de deuda. Esos dólares se usarán para pagar a los buitres. Por si fuera poco, el FMI vuelve a auditar la economía argentina.
El emblemático JP Morgan no sólo aporta los funcionarios que comandan el equipo económico sino que saca provecho de las necesidades del país.
Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Citigroup y UBS componen el pool de bancos extranjeros contratados para la emisión de deuda externa por 15.000 millones de dólares que realizará el gobierno de Mauricio Macri el lunes para pagarle a los fondos buitre en los términos acordados y financiar gastos corrientes. Las tres primeras entidades tienen una historia en común con el ministro Alfonso Prat-Gay y el secretario de Finanzas, Luis Caputo. Fueron sus empleadores en la década del noventa (JP Morgan y Deutsche Bank, y facilitador de la fuga de capitales hacia cuentas a Suiza a través de una de ella (HSBC). El gobierno de Macri también incorporó a una de las abogadas del HSBC en la conducción Unidad de Información Financiera, y una de sus primeras medidas fue cerrar los casos donde se investigaba a ese banco, que ahora será uno de los encargados de colocar en el mercado deuda argentina. Esta operación financiera con esos bancos quita cualquier velo a la estrecha relación que existe entre la actual conducción del Palacio de Hacienda y el centro de las finanzas internacionales. Los bancos cobrarán como mínimo unos 27 millones de dólares por actuar como coordinadores del regreso de Argentina al mercado de capitales internacionales. De la mano de esta mega emisión de deuda vienen las calificadoras de riesgo y el FMI. Cartón llenó del regreso de Argentina al mundo de las finanzas globales.
Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Citigroup y UBS componen el pool de bancos extranjeros contratados para la emisión de deuda externa por 15.000 millones de dólares que realizará el gobierno de Mauricio Macri el lunes para pagarle a los fondos buitre en los términos acordados y financiar gastos corrientes. Las tres primeras entidades tienen una historia en común con el ministro Alfonso Prat-Gay y el secretario de Finanzas, Luis Caputo. Fueron sus empleadores en la década del noventa (JP Morgan y Deutsche Bank, y facilitador de la fuga de capitales hacia cuentas a Suiza a través de una de ella (HSBC). El gobierno de Macri también incorporó a una de las abogadas del HSBC en la conducción Unidad de Información Financiera, y una de sus primeras medidas fue cerrar los casos donde se investigaba a ese banco, que ahora será uno de los encargados de colocar en el mercado deuda argentina. Esta operación financiera con esos bancos quita cualquier velo a la estrecha relación que existe entre la actual conducción del Palacio de Hacienda y el centro de las finanzas internacionales. Los bancos cobrarán como mínimo unos 27 millones de dólares por actuar como coordinadores del regreso de Argentina al mercado de capitales internacionales. De la mano de esta mega emisión de deuda vienen las calificadoras de riesgo y el FMI. Cartón llenó del regreso de Argentina al mundo de las finanzas globales.
Prat-Gay fue ejecutivo del área de monedas, en Londres, del JP Morgan; y Caputo comenzó su carrera en el mercado en ese mismo banco, para luego pasar a liderar la sucursal Buenos Aires del Deutsche Bank. A la vez, el ministro figura en la documentación filtrada por el técnico informático del HSBC, Hervé Falciani, sobre miles de cuentas de inversores, entre los que se contaban 4040 de clientes argentinos. Entre ellas, están las de Amalita Lacroze de Fortabat, cuyo agente de contacto con la sucursal Ginebra del HSBC era Prat-Gay.
Estos bancos fueron elegidos por el equipo económico para que se encarguen de la mega emisión de deuda externa, la más importante de un país denominado emergente en los últimos veinte años. Esa cercanía con esos bancos explica el optimismo que deja trascender el Ministerio de Hacienda y Finanzas, al asegurar que existe la demanda para superar el monto previsto de 15 mil millones de dólares. La elevadísima tasa que se comprometerá a pagar Argentina por esa deuda, estimada del 7,5 al 8,75 por ciento anual, explica fundamentalmente el atractivo de esos bonos para los financistas.
El equipo de Prat-Gay reconoce, sin embargo, que el acuerdo con los buitres no garantiza la terminación de la litigiosidad en tribunales extranjeros. Si se suma ese grupo de bancos internacionales al nuevo negocio de la deuda argentina, no podía estar ausente otro protagonista de ese mercado: las calificadores de riesgo. La evaluación de los nuevos títulos públicos estará a cargo de Standard & Poor’s.
La colocación y la transferencia de los dólares a los buitres el próximo viernes implicarán el ingreso del país en la lógica del sistema financiero internacional. El ajuste fiscal, la devaluación y la desregulación del mercado cambiario son componentes de la agenda del equipo económico. Dentro de esa estrategia, la normalización del vínculo con el Fondo Monetario Internacional constituye un activo adicional ante inversores extranjeros y futuras colocaciones de deuda externa, al tiempo que los diferencia de sus antecesores en la Casa Rosada. Desde Washington, donde se encuentra el ministro Alfonso Prat-Gay participando de las reuniones anuales del organismo y promoviendo la emisión de bonos del lunes, las autoridades del FMI informaron que regresarán al país en septiembre para realizar su tradicional evaluación de la economía local.
Tienen banca
La operación de endeudamiento para pagarle a los buitres, como Elliott Management que encabeza Paul Singer, tendrá como “coordinadores globales” a los bancos Deutsche, HSBC, Santander y JP Morgan, el banco que formó profesionalmente a gran parte del nuevo equipo económico. La comisión de la colocación de 15.000 millones de dólares en bonos será de 0,18 por ciento (el proyecto de ley que habilitó la toma de deuda estableció un máximo de 0,2 por ciento). Los siete bancos involucrados –Citigroup, UBS y BBVA serán “colocadores”– se repartirán alrededor de 27 millones de dólares. Además de los ingresos que generen con la colocación, la reinserción plena del país en la lógica del sector financiero abrirá el negocio para la banca internacional en el país.
La colocación habilitada el miércoles cuando la Corte de Apelaciones de Nueva York confirmó la decisión del juez Thomas Griesa de levantar las medidas cautelares que bloquean el mecanismo de pago de la deuda externa y el acceso al mercado financiero internacional. Pero la emisión no es el primer encargo del nuevo gobierno para los bancos extranjeros. La tarea inicial requerida al JP Morgan fue la determinación del valor de tres nuevos títulos Bonar con diferentes fechas de vencimiento (2022, 2025 y 2027) que no tenían cotización en el mercado. Los bonos nacidos en el Megacanje II –la conversión de un pasivo intrasector público en deuda pasible de comercializarse en el mercado– fueron utilizados como garantía para el crédito contingente que el JP Morgan, Santander, HSBC, Citi, BBVA y Deutsche y UBS otorgaron al Banco Central. La autoridad monetaria entregó títulos por 10.000 millones de dólares y recibió a cambio 5000 millones. La ganancia de los bancos fue más abultada que las comisiones que cobrarán en esta operación.
Las series de bonos ofrecerán a los inversores interesados una tasa de interés anual del orden del 8 por ciento en dólares y se regirán bajo legislación extranjera.
El regreso del FMI
Como parte del proceso de reinserción definitiva en la lógica del mercado financiero internacional, el Fondo Monetario Internacional regresará al país en septiembre para realizar su primera revisión in situ de la economía argentina en una década. La confirmación del calendario estuvo a cargo del director de la División del Hemisferio Occidental del organismo multilateral, Alejandro Werner, que celebró “el compromiso de las autoridades argentinas con el Fondo”.
La revisión macroeconómica es un requerimiento para los países miembro del FMI que Argentina dejó de permitir en 2006 después del pago de toda la deuda con el organismo. El equipo de técnicos a cargo de la elaboración del informe visitará el país durante dos semanas, en las que pretenden reunirse con funcionarios del Banco Central y representantes de la sociedad civil como algunos consultores de la city porteña. Se trata de una evaluación técnica esos documentos operaron a lo largo de la historia como herramientas para legitimar la implementación de políticas fiscales y monetarias contractivas, la flexibilización del mercado de trabajo, la desregulación comercial y la apertura financiera que no necesariamente eran exigidas por el organismo como contraparte para acceder a un crédito.
Convocados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas el organismo multilateral llegará al país dentro de cinco meses para completar la normalización del vínculo. “Aparentemente iremos por dos semanas en septiembre”, informó ayer el número dos de Werner, Nigel Chalk. De acuerdo a las precisiones ofrecidas por el técnico del FMI la delegación que llegará al país para la primavera “será muy pequeña y estará encabezada por Roberto Cardarelli quien se reunirá con personal del Banco Central y de la sociedad civil”. El economista italiano que será es el jefe de la división de América del Norte en el Departamento para el Hemisferio Occidental. Cardarelli fue uno de los funcionarios del organismo que supervisaron los intercambios oficiales con el Indec alrededor de las mediciones del producto y los precios. “No les vamos a pedir un dólar”, prometen en el Palacio de Hacienda.
EL DOLAR OTRA VEZ EN BAJA
Apuesta a las tasas
El mantenimiento de un esquema contractivo de altas tasas de interés le permitió al Banco Central descomprimir la demanda de dólares. La divisa estadounidense finalizó ayer con una baja de nueve centavos hasta los 14,56 pesos, enlazando su tercera caída consecutiva. La posibilidad que tienen los bancos de colocar el exceso de liquidez a una tasa del 38 por ciento anual en plazos relativamente cortos redujo las compras del billete verde por parte de estas entidades. En el mayorista, donde operan bancos y empresas por montos desde un millón de dólares, cedió 23 centavos a 14,12 pesos, su menor valor en dos meses. El Central compró 120 millones de dólares en el mercado pero las reservas se retrajeron en 116 millones hasta los 28.235 millones.
La estrategia del organismo que conduce Federico Sturzenegger se basa en ofrecer a los bancos cobertura por su liquidez a una tasa alta. Esto tiene por objetivo evitar que los bancos vuelquen el dinero captado de los depósitos a la compra de dólares. Para los bancos es un excelente negocio debido a que la suba de tasas no la trasladaron a los rendimientos de los plazos fijos, que se mantienen en el orden del 29 por ciento, con lo cual obtienen una diferencia de 8 puntos por el simple pase de manos. Esto genera una presión al alza en las tasas de los créditos, que deben competir con la de las letras, instrumentos utilizados por el Central para controlar la base monetaria.
En la Bolsa porteña las acciones líderes finalizaron con una leve alza de 0,2 por ciento promedio. La habilitación que recibió el gobierno de Mauricio Macri (ver aparte) para endeudarse fue uno de los motivos que impulsaron a las cotización de empresas privadas, que podrían aprovechar una baja en las tasas de interés posterior a la operación. En la semana las acciones finalizaron con una mejora del 8,3 por ciento. En títulos públicos los resultados al cierre fueron algo más dispares. Las emisiones en dólares cerraron en rojo, ante la caída del precio de la divisa en el mayorista. El Bonar 2020 retrocedió un 1,7 por ciento; el Bonar 2017, un 0,9; el Bonar 2024, un 0,8; y el Discount bajo ley argentina, un 0,2.
LA CORTE DE NUEVA YORK ADMITE LA POSIBILIDAD DE NUEVOS LITIGIOS
Ojo con buitres agazapados
“La Corte expresamente reconoce que no tiene el poder de forzar a los demandantes a aceptar un acuerdo”, dice el texto de la resolución de la Cámara de Apelaciones, que se conoció recién ayer. Los que no acuerden, podrán litigar.
Por Cristian Carrillo
Por Cristian Carrillo
Daniel Pollack, mediador. Pese al texto del fallo, confió en que otros acordarán y se cerrará el conflicto.Imagen: EFE
El que avisa no traiciona. La Cámara de Apelaciones de Nueva York destacó la actitud negociadora del gobierno de Mauricio Macri con los fondos buitre, pero dejó en claro que los tenedores que no quieran acogerse a la generosa propuesta argentina tienen vía libre para continuar litigando contra el país. Así lo expresa el tribunal en los argumentos conocidos ayer del fallo de miércoles pasado, en el que accedió a suspender las restricciones dictadas contra la Argentina que impedían emitir nueva deuda en los mercados internacionales y pagarle a los acreedores con títulos reestructurados. De esta manera se mantiene abierta la posibilidad a futuros litigios, no sólo de los bonistas que ingresaron al canje sino de los propios holdouts que consideren insuficiente la oferta del equipo económico de Macri, algo sobre lo que la oposición había alertado en reiteradas oportunidades cuando se debatió el proyecto de ley para el pago a los buitres.
El que avisa no traiciona. La Cámara de Apelaciones de Nueva York destacó la actitud negociadora del gobierno de Mauricio Macri con los fondos buitre, pero dejó en claro que los tenedores que no quieran acogerse a la generosa propuesta argentina tienen vía libre para continuar litigando contra el país. Así lo expresa el tribunal en los argumentos conocidos ayer del fallo de miércoles pasado, en el que accedió a suspender las restricciones dictadas contra la Argentina que impedían emitir nueva deuda en los mercados internacionales y pagarle a los acreedores con títulos reestructurados. De esta manera se mantiene abierta la posibilidad a futuros litigios, no sólo de los bonistas que ingresaron al canje sino de los propios holdouts que consideren insuficiente la oferta del equipo económico de Macri, algo sobre lo que la oposición había alertado en reiteradas oportunidades cuando se debatió el proyecto de ley para el pago a los buitres.
El lunes próximo el gobierno hará una colocación por 15.000 millones de dólares, de los cuales 10.800 millones serán para pagarles a los fondos carroñeros que aceptaron el acuerdo de Macri y 4200 millones de dólares para gastos corrientes (ver aparte). Para poder llevar a cabo la operación fue necesario que la Cámara de Apelaciones de Nueva York convalidara el levantamiento de las restricciones impuestas por el juez Griesa, que impedían mediante una caprichosa interpretación de la cláusula pari passu (igualdad de tratamiento entre acreedores) pagarle a los tenedores de deuda reestructurada sin hacer lo mismo con los holdouts. Esto entorpecía la posibilidad de salir al mercado para buscar los fondos con qué pagarle a los buitres.
Esta semana, la Cámara neoyorquina resolvió habilitar al país a colocar deuda en los mercados sin riesgo de embargo por parte de los demandantes, lo que fue celebrado por el equipo económico de Macri. No obstante, fue ayer que se conoció la letra chica de ese permiso. La Corte reconoció que los tenedores que no aceptaron la oferta argentina, en su mayoría pequeños fondos de inversión, podrían acudir a la Justicia para proteger sus intereses. “Levantar el stay no obliga a los tenedores de bonos individuales a aceptar el acuerdo propuesto. La Corte expresamente reconoce que no tiene el poder de forzar a los demandantes a aceptar un acuerdo”, dice el escrito que también destaca la buena fe con que negoció el gobierno.
El mediador designado Daniel Pollack emitió ayer un comunicado en el que anunció que, tras la decisión de la Cámara, Griesa levantará las restricciones luego de que el país certifique la concreción del pago a los holdouts. Según había adelantado el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, la acreditación del pago en las cuentas de los buitres se realizará el viernes próximo, lo que dejará a la Argentina en un vacío legal toda esta semana subordinado a la palabra de Griesa. “La Corte de Apelaciones de Estados Unidos este viernes (por ayer) emitió una orden sumaria que tendrá efectos positivos y enormes en los acuerdos entre Argentina y los holdouts. Explicó y elaboró respecto de su fallo que validó completamente la orden del juez Griesa del 2 de marzo, que levantó el stay condicionalmente en este conjunto de casos”, expresó el mediador designado por Griesa.
El mediador sostuvo que muchos holdouts se acercaron a Argentina, firmaron acuerdos o están en negociaciones activas para hacerlo” e incluso previó que se sumarán nuevos bonistas minoritarios. Sin embargo, hay muchos tenedores que no aceptarán la propuesta y podrían continuar litigando ante el país.
“Los tenedores individuales son libres de continuar negociando, sin un stay, y pueden avanzar para proteger sus intereses aún por medio del litigio”, remarcó la Cámara. Esta aclaración corresponde a la posición más dura que presentaron el miércoles, durante la audiencia en la Cámara, de parte del abogado de inversores más pequeños que reclaman desigualdades en el trato respecto a los fondos NML Capital y Aurelius. El abogado de estos tenedores minoritarios, Michael Spencer, argumentó ante la Cámara que tienen en su poder 600 millones de dólares y ratificó que rechazaban la oferta argentina.
El Gobierno presentó oficialmente una oferta casi inmejorable a los buitres, que les permitirá conseguir una ganancia de hasta 1600 por ciento respecto de sus tenencias. Estas concesiones fueron justificadas por el equipo económico como la posibilidad de sumar la mayor cantidad de adhesiones y dejar al país libre de cualquier tipo de litigios. Durante el debate parlamentario del proyecto para pagarle a los buitres, tanto en Diputados como en la Cámara alta, se señaló la posibilidad de que se mantenga el riesgo de litigio.
Ese riesgo incluye tanto a los bonistas que ingresaron al canje y puedan verse defraudados ante el mejor acuerdo que consiguieron los buitres como entre los mismos holdouts. La inequidad entre lo conseguido por los fondos más grandes respecto al resto podría ser causal de litigio.
Si bien la quita total anunciada oscila el 27 por ciento sobre el total de la operación, a los que más se aplica el recorte es a los fondos más pequeños. A los buitres NML y Aurelius, por ejemplo, se les reconoce hasta los gastos de sus abogados, incluso en instancias que perdieron. La posición oficial es que el apoyo obtenido en la negociación por parte de Griesa –y ahora convalidado por la Cámara– reduciría las chances de que prosperaran nuevas presentaciones contra el país, aunque no se descartaba que pudiesen acudir a otros tribunales permeables a este tipo de demandas, como los fue el de Griesa. Pero la Cámara de Apelaciones de Nueva York fue incluso más concreta sobre esa posibilidad, al reconocerles a los bonistas minoristas que no quieran aceptar el acuerdo con el país el derecho de continuar litigando.
Moody’s puso un Felicitado
La agencia calificadora de riesgo crediticio Moody’s elevó la nota de la deuda argentina a “B3” con perspectiva estable, tras el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que le permite avanzar en la cancelación del pago a los fondos buitre y holdouts. En un comunicado, Moody’s destacó que “la probabilidad de que la Argentina realizará pagos a los tenedores de bonos reestructurados aumentó significativamente después que la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos fallara a su favor”.
La agencia destacó “las mejoras en las políticas económicas que tomó el nuevo gobierno desde diciembre”. Entre ellos puntualizó “el levantamiento de los controles de capital, permitir que el peso flote más libremente, y la reducción de los subsidios a la energía y el transporte”. Estas políticas, la devaluación primero y los tarifazos después, generaron un salto de la inflación, que se proyecta a niveles superiores al 40 por ciento anual, duplicando prácticamente la vigente hasta noviembre de 2015, según la serie elaborado por la Dirección de Estadísticas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En cambio, el informe de Moody’s destacó que “el aumento en las tarifas de electricidad y en las de transporte público se traducirá en un ahorro de más del uno por ciento del PIB”.
Moody’s pronosticó una caída del producto bruto del uno por ciento para este año, pero no como un defecto sino como una virtud de la política económica: adjudica ese resultado a que el gobierno “trata de controlar su alto déficit y la inflación” para “volver al crecimiento en 2017 respaldado por una mayor inversión”.
LE MONDE DESMINTIO EN UNA COMUNICACION UNA INFORMACION PUBLICADA POR CLARIN Y EL PORTAL INFOBAE
Una maniobra para inventar una noticia
En un mail dirigido a los periodistas que trabajan en los Panama Papers, el matutino francés desmintió la información que publicaron ayer Clarín e Infobae, que vinculaba a Néstor y Cristina Kirchner con el lavado de dinero.
La nota original publicada en el diario francés Le Monde.
El diario francés Le Monde desmintió en un mail enviado a periodistas que investigan los Panama Papers la información publicada ayer por el diario Clarín y por el portal Infobae sobre el supuesto vínculo de Néstor y Cristina Kirchner con maniobras de lavado de dinero por medio del estudio panameño Mossack Fonseca. “A través de un mail enviado a todos sus colegas involucrados en Panama Papers, Le Monde aclara que ellos no dijeron lo que parte de la prensa argentina publicó que dijeron”, informó Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que viene informando sobre las revelaciones de los papeles filtrados.Con el objetivo de hacer pasar meras referencias o especulaciones por hechos, Clarín tituló ayer que “El diario Le Monde vincula a Cristina con los Panama Papers por una maniobra con la Cruz Roja” sin citar pruebas, ni mencionar firmas offshore, ni explicar que en verdad la referencia que hacía el diario francés –en modo potencial– a supuestas maniobras de lavado de los Kirchner eran las que en su momento hicieron rodar los propios medios del Grupo.
La nota de Le Monde del 10 de abril pasado se tituló “Mossack Fonseca abusa del nombre de la Cruz Roja para esconder dinero sucio” y en realidad es una adaptación (casi textual) de una investigación publicada por los periodistas Catherine Boss y Christian Brönnimann en el diario Le Matin Dimanche de Suiza, donde está radicada la organización humanitaria.
El artículo explica que el estudio panameño puso a disposición de sus clientes dos fundaciones (Brotherhood Foundation y Faith Foundation) que les permiten enmascarar quién se esconde detrás de una cuenta bancaria. “Según los documentos que pudimos consultar, alrededor de 500 firmas usaban una de estas dos fundaciones”, informa el diario parisino, y bajo el título “La pareja Kirchner cuestionada” sugiere que “este montaje sirvió en particular para desviar decenas de millones de dólares de fondos públicos en Argentina”.
“En 2013, periodistas argentinos revelaron una red de corrupción y blanqueo en torno al ex presidente Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, quien sucedió a su marido en 2001 y dejó la función en diciembre de 2015”, recuerda Le Monde. Clarín e Infobae citaron textualmente el artículo sin aclarar que fueron periodistas del propio Grupo Clarín quienes instalaron el tema en su momento, nunca verificado en la Justicia. “La pareja presidencial, entre otros, habría desviado y sacado del país fondos con la ayuda de un empresario”, continúa Le Monde en potencial. “Habría blanqueado 65 millones de dólares en Nevada usando una gran cantidad de empresas de Mossack Fonseca, según el fiscal argentino a cargo de la causa”, destaca el diario francés y citan los medios argentinos, sin nombrar al fiscal José Campagnoli.
El artículo invoca “documentos de la Justicia norteamericana” y no de los Panama Papers para afirmar que las sociedades offshore vinculadas al estudio panameño “son controladas por dos sociedades pantallas registradas por Mossack Fonseca en Seychelles (Aldyne Ltd. y Garinds Ltd.)”. Agrega que “en los papeles, estas últimas no pertenecen a Mossack Fonseca sino a la Faith Foudation” y –a punto seguido y sin nombrar una sola firma en la que aparezcan dirigentes kirchneristas– concluye: “He aquí cómo, sin saberlo, la Cruz Roja resultó accionista de empresas que controlan el botín que habría desviado el clan Kirchner”.
Al traducir el artículo Clarín e Infobae prescinden del potencial para acusar sin vueltas: “Desviado por el clan Kirchner”. Clarín va todavía más lejos: “El medio francés afirma que hay dos empresas pantallas señaladas en la Ruta del Dinero K entre las 500 firmas que utilizan un sistema de fundaciones que ofrecen Panamá”.
¿En qué consiste la desmentida que Le Monde prefirió no hacer pública y envió por mail privado a un grupo de periodistas? Por el momento no se conoce en su totalidad. “Ellos no dijeron lo que parte de la prensa argentina publicó que dijeron”, se limitó a informar Alconada Mon a través de las redes sociales.
El periodista de La Nación, con acceso a los documentos en manos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), relativizó la nota de Le Monde que levantaron los portales argentinos: “Conecta con dos sociedades en Seychelles, que a su vez acerca de algún modo a los Kirchner”. Y hace un segundo comentario significativo sobre “lo que Le Monde publicó sobre CFK”: “Sabemos qué hay al respecto y no publicamos nada”, en referencia a la versión que dio La Nación días antes. “Lo que hicimos e intentamos hacer es periodismo”, agregó. La defensa fue también porque, un día antes, Le Monde había publicado un artículo en el que criticaba la cobertura que hacía La Nación de los Panama Papers, vinculándolo con su apoyo al gobierno de Mauricio Macri y a que su director Luis Saguier aparecía también vinculado a una offshore.
EL JUEZ TORRES ORDENO SECUESTRAR INFORMACION SOBRE EL MAUSOLEO DE NESTOR KIRCHNER
Procedimientos en Santa Cruz
El magistrado libró un exhorto a la Justicia local, que realizó un allanamiento en la Secretaría de Gobierno provincial. Se busca determinar el financiamiento de la construcción y mantenimiento del lugar donde descansan los restos del ex presidente.
Por Adriana Meyer
Por Adriana Meyer
La intendencia de Río Gallegos le cedió a la provincia el predio donde está ubicado el mausoleo.Imagen: Télam
Río Gallegos se vio ayer convulsionada por una serie de medidas judiciales ordenadas en la causa que investiga el financiamiento de la construcción y el mantenimiento del mausoleo Néstor Kirchner. Sin embargo, se trató de un exhorto de la Justicia Federal porteña, llevado a cabo por una jueza subrogante, en oficinas de la Secretaría de la Gobernación de Santa Cruz y no se produjeron cinco allanamientos como difundieron algunos medios de esa provincia y nacionales.Fue una decisión emitida por el juez federal de la Capital, Sergio Torres, quien libró un exhorto a su colega Marta Yáñez, subrogante del juzgado de Río Gallegos y magistrada de Comodoro Rivadavia, que ordenó el procedimiento en el que actuaron unos 10 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La orden de allanamiento y registro domiciliario los habilitaba para que actuaran en la sede de esa dependencia, en la calle Alcorta 231, como así también de la totalidad de las direcciones, subdirecciones, secretarías y subsecretarías y dependencias pertenecientes a esa cartera. “Ello a fines de proceder al secuestro de la totalidad de la documentación obrante en sus registros físicos y/o digitales, respecto de todo procedimiento, decisión, licitación y/o actuación que se llevara a cabo en relación a la construcción, administración y mantenimiento del Mausoleo donde descansan los restos del ex presidente Néstor Kirchner”, reza la orden a la que tuvo acceso Página/12.
La causa se inició a partir de una denuncia realizada en 2013 por la entonces diputada nacional macrista Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, en el expediente por la llamada “ruta del dinero K” que instruye el juez federal Sebastián Casanello. Pero como el tema no estaba directamente vinculado a esa causa, Casanello abrió un expediente aparte que envió a sorteo, y la denuncia recayó en Torres. La pesquisa tiende a determinar el financiamiento de la construcción y mantenimiento del mausoleo y quién lo administra. Fuentes judiciales dijeron que el predio donde está emplazado era de la intendencia de Río Gallegos, que se lo cedió a la Provincia. Entonces se dispuso abrir una cuenta en un banco, de la cual supuestamente saldrían los fondos para el mausoleo.
A requerimiento del magistrado, la provincia envió documentación sobre la autorización municipal para ceder el predio, y el decreto provincial que ordenó la construcción del mausoleo. También mandó al juzgado de Torres información sobre cómo es su mantenimiento y cómo había sido su construcción. Sin embargo, al magistrado le faltaban los datos sobre esa cuenta bancaria, así como algunos detalles adicionales sobre la forma en que se realizó la concesión de la obra donde están los restos del ex presidente Néstor Kirchner. Y fue por ese motivo que solicitó las pruebas que le faltaban a través de un exhorto para que la jueza Yáñez realizara el procedimiento que se realizó ayer en las oficinas de la gobernación de Santa Cruz. Página/12 pudo saber que, hasta el momento, ninguno de los elementos en poder del juzgado probaría la existencia del delito por el cual Bullrich hizo la denuncia, esto es una presunta violación a la ley de ética pública. De hecho, la causa sigue caratulada “N.N. s/averiguación de delito”.
El imponente edificio ubicado en la parte trasera del cementerio de Río Gallegos permanece cerrado al público desde hace dos meses, y sólo tiene acceso la familia Kirchner. Hasta hace poco había un encargado que lo abría y cerraba los fines de semana.
El Mausoleo, de inmensas puertas de madera y que mide 15 metros de largo por 13 de ancho, ya no cuenta tampoco con seguridad privada, tan sólo lo custodia un efectivo de Infantería.
SUSPENSIONES Y DESPIDOS EN EL SECTOR ELECTRONICO. SIN APOYO OFICIAL, SE COMPRIME LA INDUSTRIA EN TIERRA DEL FUEGO
La isla de las fuentes de trabajo perdidas
La caída del mercado interno para la industria electrónica está produciendo una fuerte reducción de trabajo en Tierra del Fuego. La UOM denunció el agravamiento de la situación por la devaluación y las importaciones.
Manifestaciones en Ushuaia. Preocupación por los despidos en personal de planta y contratados. Este año cayeron las ventas.Imagen: Télam
El fabricante de teléfonos celulares Brightstart que opera en Tierra del Fuego anunció el despido de 120 empleados de planta permanente, al tiempo que dio de baja a la totalidad de los contratados y del personal bajo la modalidad de planta discontinua, con lo que las desafectaciones ascendieron a 258. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) empezó a movilizarse desde este jueves a la noche para intentar frenar el recorte de personal. El gremio presentará una contrapropuesta a la firma para disminuir la carga horaria y salarial a cambio de mantener la plantilla. El sindicato alertó que “la situación en el mercado laboral manifiesta fuertes tensiones” y apuntaron a medidas del equipo económico como la “apertura de las importaciones y la devaluación”. Desde la empresa aseguraron que la decisión de recortar personal se debió a la fuerte caída de las ventas en los primeros meses de este año. Los locales comerciales, según fuentes del sector, cuentan con una sobreacumulación de stock equivalente a casi seis meses de ventas, por efecto del parate del mercado interno desde diciembre pasado.
El fabricante de teléfonos celulares Brightstart que opera en Tierra del Fuego anunció el despido de 120 empleados de planta permanente, al tiempo que dio de baja a la totalidad de los contratados y del personal bajo la modalidad de planta discontinua, con lo que las desafectaciones ascendieron a 258. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) empezó a movilizarse desde este jueves a la noche para intentar frenar el recorte de personal. El gremio presentará una contrapropuesta a la firma para disminuir la carga horaria y salarial a cambio de mantener la plantilla. El sindicato alertó que “la situación en el mercado laboral manifiesta fuertes tensiones” y apuntaron a medidas del equipo económico como la “apertura de las importaciones y la devaluación”. Desde la empresa aseguraron que la decisión de recortar personal se debió a la fuerte caída de las ventas en los primeros meses de este año. Los locales comerciales, según fuentes del sector, cuentan con una sobreacumulación de stock equivalente a casi seis meses de ventas, por efecto del parate del mercado interno desde diciembre pasado.
Los despidos de Brightstart en Tierra del Fuego se sumaron a otras reducciones de plantilla como la baja de 300 contratos en la planta de Iatec, del Grupo Mirgor, y a la situación de la firma Foxman, en la que los trabajadores no cobran los sueldos desde diciembre y la patronal abandonó la fábrica en los últimos días. Otros establecimientos, como el de BGH, también anunciaron planes de no renovar los contratos. Oscar Martínez, el titular de la UOM, afirmó la semana pasada en una jornada de protesta que “existe una incertidumbre notable respecto del futuro de la industria en la provincia”. El congreso de delegados de la UOM de Río Grande ya se había declarado en estado de sesión permanente desde el comienzo del año y llevó adelante un paro el 29 de marzo pasado. El gremio considera que las políticas de apertura irrestricta a las compras del exterior implican la disolución de la industria fueguina, que en los últimos años logró expandirse a partir del crecimiento del consumo interno y la protección estatal.
En la provincia, más allá de los despidos de las últimas semanas, crece la preocupación por la continuidad del Régimen de Promoción Industrial que beneficia al sector y vence en 2022. En una reciente visita a Tierra del Fuego, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que “el gobierno nacional entiende que la promoción Industrial no alcanza para todo lo que necesita la isla. Es necesario sostenerla porque la isla no puede vivir sin eso en este momento. Pero que hay que pensar mucho más en grande”. La idea del equipo económico del nuevo gobierno apunta a domesticar el alza de la inflación en el mercado local a partir de la liberación de las importaciones, lo que permite vincular los precios internos con los del mercado internacional.
Los despidos no son sólo una inquietud de Tierra del Fuego sino que generan tensiones en los grandes centros urbanos del país. Las cinco centrales gremiales (CGT Alsina, Azopardo y Azul Blanca y las dos fracciones de la CTA) convocaron a una movilización conjunta para el 29 de abril. Las consignas claves de la marcha serán “emergencia ocupacional” y “emergencia alimentaria”. Las mismas organizaciones gremiales que hasta el año pasado ponían el eje de los reclamos en la eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, ahora se unen para frenar los despidos. Tendencias Económicas, una consultora que releva la cantidad de conflictos laborales mes a mes, calculó que sólo en el primer trimestre del año se despidieron a 127 mil trabajadores, una cifra que computa desafectaciones del sector público y privado. La construcción, la industria siderúrgica y metalúrgica, mecánicos, alimentos, autopartes, comercio, transporte y prensa fueron los sectores de actividad con mayor cantidad de recortes en las plantillas de personal. El informe resaltó que sólo en marzo se observaron unas 8083 suspensiones, un número 16 veces mayor respecto de los registros del mismo mes de 2015. Las suspensiones de todo el trimestre, en tanto, ascendieron a 27.588, concentradas en rubros industriales.
En tanto, el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut y el de petroleros jerárquicos rechazaron un “procedimiento de crisis” que derive en el despido de trabajadores, tal cual propusieron sectores patronales. La solicitud presentada por la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales fue descalificada pese a que ya tiene un antecedente de aplicación en la provincia de Neuquén.
TERMINO LA CONCILIACION OBLIGATORIA Y NO HUBO ACUERDO EN EL CONFLICTO EN LA CENTRAL NUCLEAR
Puestos de empleo en peligro en Atucha
Aunque las negociaciones no se cortaron, la mayoría de los 2400 trabajadores tercerizados en las centrales nucleares corre el riesgo de quedar en la calle porque el Gobierno propuso que dentro de un mes sólo sigan 700.
La pérdida de puestos de trabajo en Atucha afecta a Zárate y a varias localidades aledañas.
El conflicto por la continuidad de 2400 trabajadores tercerizados en las centrales Atucha I y II se encamina a terminar de la peor manera: “Hoy estamos todos en la calle”, describió a Página/12 Ariel Puebla, secretario adjunto de Uocra Zárate, ciudad cuya economía se mueve en buena parte a partir de los puestos de trabajo directos e indirectos que generan las centrales nucleares. Ayer concluyó la conciliación obligatoria de dos semanas dictada por el Ministerio de Trabajo y no hubo acuerdo. El Gobierno ofreció mantener apenas la mitad de los puestos de trabajo durante dos semanas, y de sólo 700 en el plazo de un mes, propuesta que fue rechazada por la Uocra. En paralelo, el Ministerio de Energía descartó nuevas inversiones para levantar Atucha III hasta 2017. Desde la Uocra acusan al Gobierno de “falta de voluntad política para resolver el conflicto”, y denuncian que ya se perdieron más de 50 mil puestos de trabajo en el sector durante este año. Según el gremio, su titular Gerardo Martínez mantenía ayer “diálogo directo” con el presidente Mauricio Macri, quien le pidió “tiempo” para resolver el conflicto.
El conflicto por la continuidad de 2400 trabajadores tercerizados en las centrales Atucha I y II se encamina a terminar de la peor manera: “Hoy estamos todos en la calle”, describió a Página/12 Ariel Puebla, secretario adjunto de Uocra Zárate, ciudad cuya economía se mueve en buena parte a partir de los puestos de trabajo directos e indirectos que generan las centrales nucleares. Ayer concluyó la conciliación obligatoria de dos semanas dictada por el Ministerio de Trabajo y no hubo acuerdo. El Gobierno ofreció mantener apenas la mitad de los puestos de trabajo durante dos semanas, y de sólo 700 en el plazo de un mes, propuesta que fue rechazada por la Uocra. En paralelo, el Ministerio de Energía descartó nuevas inversiones para levantar Atucha III hasta 2017. Desde la Uocra acusan al Gobierno de “falta de voluntad política para resolver el conflicto”, y denuncian que ya se perdieron más de 50 mil puestos de trabajo en el sector durante este año. Según el gremio, su titular Gerardo Martínez mantenía ayer “diálogo directo” con el presidente Mauricio Macri, quien le pidió “tiempo” para resolver el conflicto.
La mayoría de los 2400 trabajadores cuyos contratos cayeron ayer desempeñaban tareas de mantenimiento de las plantas y realizaban obras complementarias en las piletas de desechos nucleares y en la extensión de las vías del ferrocarril Mitre, todos ellos contratados a través de convenios entre seis empresas contratistas y Nucleoeléctrica Argentina, que administra las centrales nucleares del país. Los 2400 en situación de riesgo se suman a otros 600 trabajadores por jornada anotados en las bolsas de trabajo de la Uocra, que ante la falta de inversión están sin empleo desde hace meses. También corren riesgo de caer los contratos del personal de maestranza, transporte, vigilancia y gastronomía.
“Tiran a los trabajadores a la calle, nos empujan fuera del sistema laboral, y no ofrecen ninguna alternativa”, definió Puebla sobre la actitud del Gobierno. El jueves, luego de tres meses de conflicto y en el filo del cierre de la conciliación obligatoria, el Ministerio de Trabajo acercó la última oferta: consistía en mantener apenas 700 puestos de trabajo dentro de un mes y fue rechazada por los trabajadores de la Uocra reunidos en asamblea. “No parece haber voluntad política de invertir en el proyecto nuclear, lo que termina perjudicándonos a los trabajadores, que somos siempre el fusible. Lo único que hace falta es generar obras para que el trabajador tenga la dignidad del trabajo, pero hasta ahora no hubo respuestas”, explicó Puebla.
Hacia fines de marzo, ante la incertidumbre por su futuro, los trabajadores de Atucha mantuvieron durante dos días un piquete sobre la ruta 9. Apelaron a instancias de negociación con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, luego con la administración nacional, y acercaron proyectos al Concejo Deliberante local y a la Cámara de Diputados provinciales. En ningún caso obtuvieron respuesta.
Desde el cambio de Gobierno, los contratos con las empresas que terciarizan a los trabajadores quedaron en suspenso. A la par, el Ministerio de Energía, que conduce Juan José Aranguren, recortó fondos destinados a la obra pública en Zárate. El intendente, Osvaldo Cáffaro, se ofreció a tomar para el municipio a varios de los trabajadores, siempre y cuando los recursos para pagar los salarios provengan de Nación, pero la propuesta no llegó a concretarse. El anuncio de la “revisión” de los contratos con China, que aportan el 85 por ciento de los fondos para las centrales nucleares, terminó por dibujar el panorama negro para el sector. “Nosotros estábamos muy esperanzados en el arranque de este nueva etapa del proyecto de termoeléctrica nuclear, y esto ha quedado relegado por la no renovación de los contratos y en medio quedaron miles de trabajadores y sus familias en la calle”, sostuvo el secretario general de Uocra Zárate, Julio González, quien describió así la “cruda realidad” que afrontan los obreros de la zona.
Los despidos también afectan a trabajadores de ciudades aledañas a Zárate como Baradero, Exaltación de la Cruz y San Antonio de Areco. “Será muy difícil para los trabajadores seguir adelante y poder mantener a sus familias porque estamos hablando de una plaza chica para la búsqueda de trabajo”, explicó González. “Esto se debe al cambio de Gobierno; hubo una serie de cambios bruscos para los trabajadores y para los que estamos al frente del gremio en Zárate con la paralización de las obras”, definió.
Fuente:Pagina12
Cristina se reunión con diputados del FPV e inauguró el Instituto Patria“Vamos a ser la escribanía del pueblo”
15/04/2016
El día después de su “vuelta” al centro de la escena política nacional, Cristina Fernández de Kirchner mantuvo un encuentro con los diputados nacionales del Frente para la Victoria (FPV), en el que se repasó la situación de cada provincia y se dejó formalmente inaugurado el Instituto Patria. Antes se reunió con Madres y Abuelas.
La ex titular del Ejecutivo ocupó la mesa principal, flanqueada por el titular del bloque, Héctor Recalde, y por la secretaria parlamentaria, María Teresa García. Enfrente, entre el centenar de presencias, se ubicaron en primera fila Juliana Di Tullio, Julio De Vido, Axel Kicillof, Abel Furlán y Carlos Heller.
Entre las presencias extra legislativas se encontraban los ex funcionarios Oscar Parrilli y Teresa Parodi, y los intendentes de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y de Berazategui, Patricio Mussi, entre otros.
En el primer tramo de la reunión, Cristina realizó una breve introducción y luego le dio la palabra a los diputados para que expusieran sobre las situaciones en cada uno de sus distritos, haciendo hincapié en el tema inflación y en lo referente a la situación del empleo.
Al término del encuentro, Recalde comentó que “cuando llegó la presidenta agradeció al bloque por la actuación que ha tenido hasta ahora como oposición”.
“Ella hizo preguntas concretas a cada diputado, por ejemplo a Furlán, del gremio metalúrgico, que está sufriendo despidos en Techint, y recibió como respuesta un relato muy descarnado”, continuó.
Añadió que “en la reunión se habló de que lo que viene es una caída mayor del consumo, y seguramente en el segundo semestre no va a haber aumentos, pero tampoco va a a haber rebajas: porque no va a haber consumo”.
“Como oposición podemos articular iniciativa para contrarrestarlo. Vamos a ser la escribanía del pueblo”, aseveró.
“Dar respuestas concretas”
“Fue una muy buena reunión, en la que se repasó la situación de cada provincia. Cristina vino a escucharnos y nos convocó nuevamente a organizarnos con todos los afectados por el ajuste para construir respuestas concretas”, dijo Marcos Cleri, tras participar en la reunión con la ex presidenta junto con los también santafesinos Josefina González, Silvina Frana, Lucila de Ponti y Eduardo Seminara.
“La orientación es clara: construir cada vez más redes, codo a codo con los trabajadores, los industriales, los comerciantes, los productores, los profesionales, los estudiantes, las instituciones y gobiernos locales, porque a todos nos afectan las medidas de ajuste”, señaló Marcos Cleri. “Acá no importa si somos radicales, peronistas, socialistas. Tenemos que avanzar juntos para volver al camino del fortalecimiento del mercado interno, la industria nacional y la creación de empleo”, remarcó.
En ese sentido, Josefina González destacó que “nadie votó para que haya despidos, tarifazos, aumento desenfrenado de precios. Cristina volvió a marcar que estamos ante un engaño a la gente, a la que le dijeron que no iban a echar a nadie, que no iba a haber devaluación, que se iban a mantener las tarifas, pero ahora están haciendo todo lo contrario”, indicó.
“Por eso lo que nosotros pedimos es que se respete la voluntad popular. Queremos que al país le vaya bien, que al gobierno le vaya bien, pero los medidas que están tomando son equivocadas y hay que dar respuestas concretas desde el Congreso y desde la organización de todos los sectores afectados”, sostuvo la Tana González.
Con las Madres, Abuelas y Familiares
Antes del encuentro con los legisladores del FPV, Cristina se reunió en su domicilio porteño con una delegación de Abuelas, Madres y Familiares de desaparecidos.
“Por momentos fue una charla entre amigas”, contó al término del encuentro Estela Carlotto. “Coincidimos con ella en que debemos entendernos como argentinos para evitar mayores males. Lo que debe primar no es a quién votó tal o cual persona, sino cómo parar los despidos, los ataques a la libertad de expresión y la cercenación de derechos”, remarcó la titular de Abuelas.
La representante de Familiares de desparecidos también Lita Boitano comentó que en la reunión Cristina “fue muy crítica sobre cómo se manejan algunos compañeros a veces desde el enojo, y de cómo la derecha aprovecha eso para destruir”, y que la ex presidenta les dio la tarea de aportar la experiencia de los organismos de derechos humanos.
“Quedamos en que vamos a reunirnos entre los organismos para ver cómo seguimos. La realidad del país nos llevó a volver a nuestro rol de siempre, de denunciar las violaciones a los derechos humanos, y hoy no sólo se vulnera el derecho al trabajo, que es todo en la vida, sino que hay persecución política”, indicó Taty Almeida, de Madres de plaza de Mayo línea fundadora.
Panama Papers: Macri, medios y periodistas locales
Fuera de la costa
16/04/2016
Por Luciano Couso
La difusión de los Panamá Papers revela, más allá de los casos puntuales, un modo de funcionamiento del empresariado y particulares afortunados. Producir riqueza interna y extranjerizarla. Los casos cercanos a Macri. Eduardo López, un vanguardista. Un periodista rosarino con sociedad panameña y la aclaración del diario La Nación.
La proliferación de sociedades offshore registradas por argentinos en países cuya laxitud regulatoria los convierte en paraísos fiscales revela un modo de funcionamiento del empresariado nacional -y de particulares- que se ahogan en llanto por la corrupción estatal y practican sin hesitación la privada. Al escándalo que salpica a las máximas figuras del poder público se suman revelaciones cotidianas sobre el entorno del presidente Mauricio Macri y hasta la de un periodista rosarino que tuvo registrada una sociedad en Panamá, ahora inactiva.
Para desventura del Gobierno, que intentó dar por terminado el affaire Panamá Papers con una explicación pública, una de las dos personas convocadas por el juez federal Sebastián Casanello para prestar declaración en la causa que se le inició al presidente aportó la existencia de una tercera firma offshore ligada al grupo empresario Macri.
El periodista del diario La Nación e integrante del consorcio de periodistas de investigación que participa del análisis de los 11 millones de documentos filtrados de un estudio de abogados de Panamá, Hugo Alconada Mon, reveló ante el juez la existencia de otra sociedad ligada a la familia presencial, Macri Group, aunque aclaró que el mandatario no participaba de ella, según los registros que posee.
Otras figuras y funcionarios ligadas al entorno macrista también aparecen en la filtración de documentos sobre sociedades radicadas en paraísos fiscales. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y los intendentes de Cambiemos en Lanús, Néstor Grindetti, y en Vicente López, Jorge Macri.
Grindetti proviene del Grupo Socma (Sociedades Macri) en la que hizo las inferiores hasta convertirse en gerente de Sideco, el holding que administró las empresas ligadas a la obra y los servicios públicos, cuando los Macri integraron lo que se conoció como Patria Contratista.
Según las revelaciones de los Panamá Papers, Grindetti fue apoderado de la sociedad registrada en ese país llamada Mercier Internacional, constituida en 2010 para gestionar fondos de la compañía depositados en el banco privado suizo Clariden Leu Limited.
Según el diario La Nación, “el estudio Mossack Fonseca, especializado en operar en paraísos fiscales, intercedió para otorgar un poder especial al intendente para manejar Mercier International, según consta en la escritura pública del 2 de julio de 2010. En esos documentos no se revelan quiénes son los accionistas. Sí, en cambio, se aclara que las acciones son al portador y que se dividen en dos mitades. No es un dato menor: el principal objetivo de emitir acciones al portador es evitar que se conozca el nombre del verdadero dueño”.
Durante 2010 y 2013, Grindetti fue el ministro de Hacienda de Buenos Aires, nombrado por el jefe de Gobierno Mauricio Macri. El funcionario no declaró su vinculación con Mercier Internacional ni la cuenta bancaria en Suiza en sus declaraciones patrimoniales de esos años. Hasta ahora no fue citado judicialmente para explicar el asunto.
Yo sabía
Pero, independientemente de las investigaciones judiciales que pudieran iniciarse, lo que revela con contundencia la filtración de documentos es la irredimible atracción del empresariado por colocar sus dineros fuera de las fronteras del país donde lo producen y, en algunos casos, ocultar su propiedad.
Está dicho que registrar una sociedad offshore en un paraíso fiscal no es un delito en sí mismo. Tan dicho como la pregunta acerca de con qué fin se realiza sino con el de eludir al fisco local, en el mejor de los casos, o esconder dinero obtenido ilegalmente, en el peor.
La revelación de los Panamá Papers es útil, claro, para conocer detalles, nombres, números de sociedades, paraísos fiscales en las que fueron registradas. Pero es innecesaria para conocer el modelo financiero preferido por bancos, empresas y particulares afortunados, de extranjerización de sus riquezas y ocultamiento de sus chanchullos.
El investigador del área de Economía y Tecnología de Flacso, Eduardo Basualdo, exhibió en varios trabajos el crecimiento paralelo de la deuda externa argentina y el de la fuga de capitales en el período 1975-2001. El esquema muestra que por cada dólar que ingresaba al país en forma de endeudamiento externo volvía a fugarse en cabeza de las principales firmas nacionales y trasnacionales.
Así, mientras en 1977 la deuda externa era de unos 11 mil millones, la fuga de capitales había trepado a 8 mil quinientos. En 2001 la deuda ascendía a 146 mil millones de dólares y la fuga alcanzaba los 137 mil un año antes.
Es en la voracidad empresaria local, su desapego a la suerte del conjunto y el modelo de capitalismo subsidiado por el Estado donde hay que buscar el origen de las cuentas y sociedades offshore en paraísos fiscales. No parece el problema de un empresario transgresor de las normas sino un modelo estructural de negocios.
Por casa cómo andamos
La publicación en 2016 de las cuentas administradas por el bufete de abogados Mossack Fonseca no viene a destapar una olla recién colocada al fuego.
Muchas de las sociedades offshore fueron registradas hace años a través de los servicios financieros de ocultamiento de la propiedad de las acciones que ofrecen los estudios de abogados montados a esos efectos.
En Rosario hubo un caso notable –aunque tal vez poco conocido- que involucró a un empresario futbolístico y, efímeramente, de medios de comunicación.
Eduardo José López, presidente de Newell’s Old Boys durante 14 años, manejó el diario El Ciudadano en los primeros años de este siglo a través de una sociedad offshore radicada en Montevideo, Uruguay.
El concurso de acreedores del diario fundado en 1998 por Orlando Vignatti –que luego estuvo en manos del grupo Vila-Manzano- hizo público que la propiedad de las acciones de la SA del periódico era controlada por Nifadel, de Uruguay.
Como titular de esa sociedad fantasma figura un capataz de López en la época que explotaba el bingo Montparnasse. El uso de ese tipo de sociedades le permitió al mandamás leproso ocultar su propiedad de la empresa y desligarse de cualquier consecuencia penal o civil por su administración. Los integrantes de Nifadel eran insolventes, López quedaba a resguardo de responsabilidad jurídica. Cerrar el diario, por caso, era una decisión sin consecuencias para su hacienda.
La divulgación de las sociedades offshore en Panamá alcanzó, también, al periodista rosarino Alberto Lotuf. Según el registro público de ese país, el locutor de Radio Dos y Canal Tres –Grupo Televisión Litoral- mantuvo activa una offshore denominada “Alto Americana Sociedad Anónima” entre marzo de 2011 y octubre de 2014.
El agente de esa firma es, justamente, el ahora cuestionado estudio Mossack Fonseca & Co. Lotuf figura como presidente y director de la compañía, mientras que su ex esposa cumplió la función de tesorera y, también, directora. Cargo que también ocupó otra familiar del periodista, que de acuerdo a los registros ofició a la vez como secretario de la sociedad.
Alto Americana SA estuvo radicada en el segundo piso del edificio Mossfon, ubicado en la calle 54 Este de la ciudad de Panamá, según los registros. Es el domicilio del estudio Mossack Fonseca y no la sede real de algún emprendimiento comercial privado.
Los registros panameños de acceso público no permiten determinar si la compañía tuvo actividad de algún tipo.
Lotuf no es funcionario público, por lo que no posee la obligación de presentar declaración jurada de bienes, salvo que sea alcanzado por tributos que así lo dispongan en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Sin embargo, su prédica constante a favor de la transparencia también lo alcanza a él mismo en términos éticos.
Aclarando
En un intríngulis similar se vio enredado el diario La Nación, uno de los medios cuyos periodistas participan de la investigación a través del consorcio internacional (ICIJ) que coordinó la tarea.
Integrante de una sociedad offshore en Panamá, el diario fundado por Bartolomé Mitre se vio obligado a aclarar en sus propias páginas.
“En enero de 2015 SA La Nación vendió sus operaciones de clasificados digitales a la compañía internacional líder del sector, denominada Navent Group Ltd. Parte del precio de venta fue cancelado con acciones de esa compañía, que quedaron en poder de SA La Nación. Las acciones representan menos del 10% del capital accionario de Navent, por lo que desde entonces Luis Saguier figura como integrante del nuevo directorio de Navent”, publicó el diario en sus propias páginas.
“En 2010, cinco años antes de producirse la transacción y cuando se constituyó la sociedad Navent Group Ltd., su registro fue inscripto por el estudio Mossack Fonseca, de Panamá. De allí que SA La Nación aparezca en documentos de los Panamá Papers, según detectaron sus propios periodistas y SA La Nación decidió informar a sus lectores”, concluyó.
Fuente:RedaccionRosario














1 comentario:
El diario Le Monde no desmintió nada porque, en principio no es el dueño de la nota, sólo comenta la investigación de dos periodistas suizos, la nota "original" es esta: http://enquete.lematindimanche.ch/cicr/ y hasta ahora, los suizos no desmintieron nada.
Otro link interesante es: https://fr.wikipedia.org/.../Liste_des_personnes_cit%C3...
Para los que no saben francés: Herramientas, Buscar, Argentina...
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