PIDIERON OTRA PRISION PERPETUA PARA MENENDEZ Y OTROS 33 REPRESORES
La patota de La Perla atrapada
Junto al ex jefe del III Cuerpo del Ejército, a Ernesto “Nabo” Barreiro, el torturador que se acuarteló y provocó el levantamiento de Semana Santa del 87, también le pidieron prisión perpetua al igual que a Héctor Pedro Vergez.
Desde Córdoba
En una vibrante audiencia a sala llena, el fiscal Facundo Trotta y su equipo integrado por los fiscales Virginia Miguel Carmona y Rafael Vehils Ruiz solicitaron 34 penas de prisión perpetua para Luciano Benjamín Menéndez y otros 33 represores bajo su mando, entre los que sobresalen Ernesto “Nabo” Barreiro y Héctor Pedro Vergez, alias “Vargas”. De ser condenado en agosto, cuando el Tribunal Oral Federal Número 1 presidido por el juez Jaime Díaz Gavier dé su veredicto, el “Cachorro” Menéndez, también llamado “la Hiena” y ex Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura, sumaría la perpetua número 12 a su colección de sentencias; entre las que también cuenta otras dos condenas por una veintena de años. Ayer, once de sus subordinados acusados en este juicio se hicieron acreedores a pedidos de penas entre 25 y 3 años de prisión.
En el caso de Ernesto “Nabo” Barreiro, quien también se hacía llamar “Hernández” o “Rubio” para encubrir sus delitos, este es el primer pedido de condena que obtiene por sus crímenes de lesa humanidad. El represor que participó en el levantamiento carapintada de Semana Santa de 1987 gozó de impunidad por casi cuatro décadas. A pedido del entonces presidente Néstor Kirchner, fue extraditado desde los Estados Unidos, donde estaba viviendo, para este juicio que comenzó el 4 de diciembre de 2012. A Menéndez y sus cómplices se los juzga por crímenes de lesa humanidad contra 716 víctimas entre los años 1975 y 1983.
La de ayer fue la audiencia 327 en un juicio que ya entró en su cuarto año. Mientras que en la sala no cabía un alfiler del lado del público, fueron muy pocos los imputados que estuvieron presentes en el petitorio de penas los fiscales. Uno de los pocos fue Vergez, quien se mantuvo en su banquillo hasta poco antes de que la fiscalía comenzara a pedir las condenas: entonces se levantó ostentosamente, caminó lento hasta su abogado defensor de oficio, le dijo unas palabras al oído y entró a una sala contigua donde todos sus cómplices ven lo que ocurre por un circuito cerrado de tevé.
Ante la mirada expectante de la Abuela de Plaza de Mayo Sonia Torres; la titular de Familiares de ex Presos Políticos, Emi Villares de D’Ambra; sobrevivientes y amigos de las víctimas del terrorismo de Estado, los fiscales dieron un marco legal previo a la solicitud de las penas para Menéndez y los 44 represores que están siendo juzgados.
La fiscal Virginia Miguel Carmona le apuntó a los crímenes sexuales de lesa humanidad que se cometieron en los campos de concentración, y los enmarcó en la llamada “teoría del dominio del hecho”, del jurista alemán Claus Roxin según la cual los que ordenan los crímenes son “autores mediatos” de los que perpetre la mano ejecutora. Así, Menéndez también es responsable de las violaciones y abusos sexuales contra las mujeres y los hombres –en este juicio se conoció que los hubo y muchos– que padecieron el cautiverio en La Perla, el Campo de La Ribera, la D2 y el resto de los campos de tormento y muerte que existieron en Córdoba bajo su mando. La fiscal explicó que “el delito de tormento no expresa ninguna característica de índole sexual, así que es inapropiado encuadrarlo en esos tormentos. Son diferentes. Hacer lo contrario sería otra invisibilización de los delitos sexuales cometidos dentro de un campo de concentración. Las mujeres padecieron un plus de tortura dentro de los campos. Se las violentó dentro de una cultura patriarcal y machista.
Así que otorgarle visibilidad constituye una reparación de nuestra historia presente. Algo que ya comenzó aquí en Córdoba, con el juicio de 2010 (en el cual se juzgó y condenó al dictador Rafael Videla y a Menéndez por el fusilamiento de 31 presos políticos en una cárcel estatal).
El fiscal Rafael Vehils Ruiz, llegado desde La Rioja para este juicio, hizo hincapié en la prisión efectiva de los eventuales condenados. Le pidió al Tribunal se ordenen nuevas pericias médicas para todos los reos: para los que están presos en el penal de Bouwer, y “los que estén en situación de prisión domiciliaria. Resulta imprescindible saber cuáles son las razones humanitarias por las que están en sus domicilios”. El fiscal señaló: “Las cárceles están llenas de presos con delitos que, en comparación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los imputados; pueden ser bagatelas. Así que en caso de que los imputados se hayan mejorado, solicitamos de desde ya que se les envíe nuevamente a un establecimiento penal del Estado”. En esa dirección, Vehils Ruiz pidió “la inmediata detención de los imputados que todavía estén en libertad”. Tal el caso de Antonio Reginaldo Castro, un represor que por su sadismo fue llamado “el Gato Gómez” de Bell Ville, una localidad del sureste cordobés.
Al final del pedido de condenas, el fiscal Facundo Trotta, un hombre tan joven como elocuente en el desarrollo de sus alegatos, se despidió recordando a las víctimas y respondiendo una pregunta: “Cada una de las víctimas de esta causa, señores jueces, tenía proyectos de vida, sueños, metas (...). Todos esos proyectos, sueños y metas fueron literalmente destruidos. Arrasados por mentes perversas que desafían la imaginación. A pesar de haber transcurrido cuatro décadas, todos estos crímenes permanecen inconmovibles en la conciencia, la memoria y el corazón del pueblo argentino. No obstante, existe algún sector de la población, claramente minoritario, que califica la realización de estos procesos como venganza; postulan la concordia y reclaman el cese de estos juicios. Ellos dicen “¿hasta cuándo?”. Hasta cuándo estos juicios. A ellos les decimos hasta cuándo: hasta que no se determinen las responsabilidades de los cómplices civiles de la dictadura. Hasta que no quede una sola víctima sin recibir una respuesta de la Justicia. Hasta que no encontremos al nieto de Sonia Torres y a los demás nietos que las Abuelas siguen buscando, y hasta que no hayamos encontrado el último resto de los desaparecidos”.
La sala estalló en aplausos. Ya fuera del recinto, los fiscales recibieron los abrazos de agradecimiento de los sobrevivientes. El juicio pasó a cuarto intermedio hasta el jueves 17 de mayo, cuando comiencen a alegar los defensores de los 45 imputados que siguen en proceso.
Fuente:Pagina12
04/05/2016
Prisión perpetua, el pedido generalizado de la Fiscalía Menéndez, Barreiro y otros 33 acusados fueron apuntados con esas condenas por los procuradores. Las defensas expondrán sus argumentos desde el martes 17.
Satisfacción. Sonia Torres y otros referentes de los derechos humanos escucharon el planteo del fiscal (Raimundo Viñuekas).
Por Alejandro Mareco
“¿Hasta cuándo?: hasta que se determinen las responsabilidades de los cómplices civiles; hasta que quede una sola víctima sin reparar ante la Justicia; hasta que encontremos al nieto de Sonia Torres y a los otros nietos que faltan, y hasta que encontremos hasta el último resto de los desaparecidos”.
Con esas palabras con acento de proclama, Facundo Trotta cerró ayer el pedido de condenas de la Fiscalía: prisión perpetua para Luciano Benjamín Menéndez, para Ernesto Barreiro (enjuiciado por primera vez) y para otros 33 acusados de un total de 45, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en La Perla, en Campo de la Ribera y en otros centros clandestinos que funcionaron en Córdoba.
El nuevo pedido para Menéndez (que ya acumula 10 condenas perpetuas de otros procesos) es por una impactante suma de delitos: privación ilegítima de la libertad (dos hechos), allanamiento ilegal (uno), robo calificado (uno), privación ilegítima de la libertad agravada (670), imposición de tormentos agravados (655), homicidio calificado (331), sustracción de menores (uno) y tormento seguido de muerte (uno).
Al cabo de seis meses de alegatos sobre los casos en los que se sumaron 716 víctimas, Facundo Trotta afirmó: “Estos crímenes permanecen inconmovibles en la conciencia de los argentinos”. Luego aludió a quienes sostienen que los juicios “tienen que ver con venganza”. Entonces, su oración final fue para responder a la pregunta: “¿Hasta cuándo van a seguir con esto?”.
Trotta definió a los imputados como “terroristas crueles pagados por el Estado, tan crueles que 40 años después nos hemos conmovido al describir sus actos”. La sala del primer piso de Tribunales federales estaba colmada por un numeroso público que en algunas ocasiones interrumpió con aplausos la exposición de los fiscales.
En el comienzo de la audiencia número 327 del juicio que comenzó el 4 de diciembre de 2012, el tribunal concedió 10 días a las defensas para que prepararan el trabajo que ahora les toca en turno exponer, por lo que el proceso se retomará el martes 17 de este mes. Se estima que el fallo se conocerá en agosto próximo.
Antes del pedido de condenas, la fiscal Virginia Miguel Carmona hizo un encendido planteo sobre la necesidad de visibilizar los delitos de violación cometidos en los centros clandestinos de detención, que no han sido considerados específicamente en el juicio, sino que fueron contemplados como tormento o tormento agravado. Estas calificaciones “no expresan la esencia de las agresiones de índole sexual”, dijo.
Pedidos de pena
También se pidió prisión perpetua para Fernando Pérez, Francisco Melfi, Juan Molina, Marcelo Luna, Eduardo Grandi, Alberto Luis Lucero, Calixto Luis Flores, Miguel Ángel Gómez, Mirta Graciela Antón, Antonio Filiz, Yamil Jabour, Herminio Jesús Antón, Carlos Alfredo Yanicelli, Alberto Luis Choux, Carlos Enrique Villanueva, Juan Eusebio Vega, José Andrés Tófalo, Emilio Morard, Orestes Valentín Padován, Juan Carlos Cerutti.
Además, Ricardo Alberto Lardone, Carlos Alberto Díaz, José Hugo Herrera, Arnaldo José López, Héctor Raúl Romero, Jorge Exequiel Acosta, Luis Gustavo Diedrichs, Héctor Pedro Vergez, Carlos Alberto Lucena, Luis Santiago Martella, Héctor Hugo Chilo, Jorge Gorleri y Jorge González Navarro.
Otras condenas recibieron Wenceslao Claro, 22 años; Antonio Reginaldo Castro (Bell Ville), 23; Ángel Corvalán, 3; Carlos Edgardo Monti, 5; Raúl Alejandro Contrera, 16; José Idelfonso Vélez, 17; Rubén Osvaldo Broccos, 15; Miguel Ángel Lemoine, 23 años; José Yáñez, 25, y Enrique Maffei, 25 años.
Planteos al tribunal
Prisión domiciliaria bajo control. El fiscal Rafael Vehils Ruiz solicitó al tribunal que se realicen juntas médicas para todos los acusados que se encuentren gozando del beneficio de la prisión domiciliaria. Recordó que el beneficio está destinado a aquellos prisioneros que padecen una enfermedad que no se pudiera tratar adecuadamente en la cárcel y no correspondiera su internación en un hospital
La responsabilidad de “Isabel”. Facundo Trotta pidió a la Justicia federal que se analice la responsabilidad de la expresidenta María Estela Martínez de Perón por los crímenes de lesa humanidad cometidos entre marzo de 1975 y marzo de 1976, con participación del Estado.
Fuente:LaVoz
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