Comenzó liberación de reos de Punta Peuco
El Siglo - junio 12, 2016
En fallo dividido la tercera sala de la Corte Suprema entregó libertad condicional a dos internos del penal.
Daniela Pizarro.
Santiago. Lo que se temía hace meses terminó por cumplirse, después de una larga campaña encabezada por el diputado, ex Unión Demócrata Independiente (UDI), José Antonio Kast en conjunto con la alcaldía de Colina, religiosos, abogados y ahora el respaldo de la tercera sala de la Corte Suprema, se inició el proceso para liberar a los condenados del penal Punta Peuco, a través del beneficio de la libertad condicional.
La Corte de Apelaciones de Santiago anteriormente había negado los beneficios a todos los condenados por crímenes de lesa humanidad, tomando en cuenta un informe de Gendarmería, sin embargo la tercera sala de la Corte Suprema cuestionó dicho estudio y solicitó nuevos antecedentes a la municipalidad de Colina, dirigida por el alcalde Mario Olavarría (UDI) –la cárcel se encuentra en Til-Til- y pericias psicológicas al Servicio Médico Legal.
Finalmente la Corte Suprema recientemente revocó los anteriores fallos y brindó libertad vigilada a: José Fuentes Castro quien está condenado a cadena perpetua por los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino; y por el secuestro de otras cinco personas. Gracias a los votos de los ministros: Pedro Pierry, María Eugenia Sandoval y Jaime Rodríguez, mientras que Rosa Egnem y Carlos Aránguiz se mostraron en contra. Y al coronel (R) Hernán Reinaldo Ovalle Hidalgo, quien participó en el crimen de tres trabajadores: Ofelia Villarroel Latín, Donato Quispe Choque y Adrián del Carmen Sepúlveda Farías, pertenecientes a la empresa textil “Sumar”, operativo denominado “Cordón Vicuña Mackenna”.
A favor del beneficio votaron los ministros Pedro Pierry, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval y Manuel Valderrama. En contra se pronunció Carlos Aránguiz. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, en entrevista con El Siglo Web comentó que esta situación es “repudiable” y aseguró que esta campaña “se viene sucediendo a lo menos hace un año y nos provoca una tremenda sensación de injusticia”.
Pizarro señaló que “la justicia chilena en los casos de los juicios por violaciones a los derechos humanos fue tardía. Los pocos que fueron condenados, recibieron sus condenas en base de lo que es la tesis de la media prescripción, es decir, la vida en este país cuesta tres años y un día, siete años y un día, eso es una aberración. Junto con ello, todos fueron destinados a cárceles especiales”.
“El actuar de la Corte Suprema hoy, nos hace recordar mucho al actuar que tuvo durante los años de dictadura cívico-militar, donde finalmente su actuar se tradujo en cientos de miles de víctimas de desaparición forzada, asesinatos y torturas. Su actividad en dictadura no fue de cómplice, fueron parte del andamiaje del Estado que violó los derechos humanos, su silencio y su absoluta tendencia favorable al terrorismo de Estado permitió que el crimen se extendiera por los diecisiete años, y hoy vemos esa misma actitud”, indicó.
Y agregó que “estos sujetos jamás han mostrado tendencia a colaborar, o sea, no tienen ninguna conciencia de la barbaridad que cometieron, más allá del arrepentimiento, no tienen conciencia de que lo que hicieron fue una aberración, un crímen, y ellos (Corte Suprema) van y les otorgan beneficios”. Impunidad biológica José Antonio Kast lidera la iniciativa que busca redimir de culpas a los internos que sobrepasen los 75 años de edad.
En Chile hay 109 condenados en ese margen, de ellos 29 están en el penal de Punta Peuco, según datos de Gendarmería.
Entre los que destacan el general (r) Raúl Iturriaga Neumann, quien se desempeñara como director asistente de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), condenado por la Corte Suprema por el asesinato en 1974 de Carlos Prats; Rolf Wenderoth Pozo, oficial del Ejército integrante de la denominada “Brigada Mulchén” y Hugo Salas Wenzel, general (r) y ex director de la Central Nacional de Informaciones (Cni), sentenciado por la Operación Albania.
Para ello, el parlamentario se reunió con el presidente de la Corte Suprema y con el director de Gendarmería, con el fin de plantear la posibilidad de que los presos mayores de 75 años cumplan sus condenas en sus hogares, para cuidar mejor de sus enfermedades. Para seguir con su cruzada el legislador espera reunirse también con la ministra de Justicia, Javiera Blanco.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, en conversación con este medio se refirió a las consecuencias que esto acarrea para las familias. Dijo que “hoy que salgan en libertad, aunque sea uno, es para los familiares un daño moral y psicológico traumático.
Hemos luchado por más de 42 años, por detener el terrorismo de Estado en la dictadura cívico-militar y 25 años en democracia en búsqueda de la verdad para que se investiguen los crímenes de lesa humanidad, para llegar a los culpables y que sean juzgados”.
“Hay que recordar que estos pobres “ancianos” cometieron los crímenes más atroces contra mujeres y hombres de este país. Buscaremos todos los mecanismos que nos lleve a impedir esta impunidad nuevamente contra las víctimas, los familiares y la sociedad.
Por eso volvemos a exigir al Gobierno que el proyecto de ley de degradación a los militares, sea ley ¡ya!”, sostuvo. Lorena Pizarro apuntó que “la campaña para lograr beneficios carcelarios, se enmarca en una lógica que es perversa, transformar en víctimas a quienes son criminales, tratándolos de “pobres viejitos” que están enfermos de alzheimer, que los tienen que mudar y que están postrados, o sea, la lógica es que ellos son unos pobres viejitos y quienes pedimos verdad y justicia somos unos sanguinarios llenos de venganza y de rencor, que no entendemos que ellos necesiten salir en libertad”.
“Pues bien, el Estado que se haga cargo de ellos si están en estado de salud deplorable, debido a su edad, pero sus crímenes deben pagarlos en la cárcel y deben ser trasladados a cárceles comunes, porque son crímenes de lesa humanidad”, afirmó la activista.
Y recalcó: “así como ellos envejecieron, también, desde este lado los familiares han envejecido y hay muchas madres, esposas, hijos e hijas que han fallecido buscando a su ser querido, sin tener nunca ninguna información, porque precisamente los condenados jamás han colaborado. Esto que está ocurriendo es inaceptable”.
Envío:Sara Waitman -AexPPCdba.
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