Los acusados en la Causa Caballero II, en la sala de sesiones del tribunal.
Este jueves 4 de agosto desde las 9hs continuará el juicio por crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones, en el Tribunal Oral Federal de Resistencia. Se espera que el tribunal informe la continuidad del proceso y el inicio de la ronda de testimoniales, tal como lo solicitaron querella y fiscalía, o bien la nulidad del juicio y su culminación, según el pedido de la defensa de los diez imputados.
Luego del receso por la feria judicial este jueves, en Irigoyen 33, serán reanudados los debates de la denominada Causa Caballero II, el cuarto juicio por torturas, desapariciones (y una violación) en el marco del terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura en el ex centro clandestino de detención Brigada de Investigaciones, (hoy Casa por la Memoria). En él figuran como imputados ocho ex policías y dos militares (re).
Se espera que el tribunal que integran los jueces los jueces Eduardo Ariel Belforte (de Formosa), y Mario Alurralde (de Reconquista) Juan Manuel Iglesias y Delfina Deogens, (de Resistencia) decidan continuidad del proceso y el inicio de la ronda de testimoniales, tal como lo solicitó la querella y fiscalía, o bien la nulidad del juicio y su culminación, según el pedido de la defensa.
El juicio oral comenzó el 16 de junio, con la presentación de una síntesis del requerimiento de las partes acusadoras con las imputaciones, víctimas y contexto histórico de los hechos que se juzgan, tormento psíquico y físico agravado por la condición de detenido político de la víctima, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas, y un caso de violación tomado como crimen de lesa humanidad a pedido de la Fiscalía, hecho inédito en el procesamiento global al genocidio en la región.
El 23 de junio, en el segundo día de audiencia, luego de que el tribunal declarara abierto el debate, el defensor oficial de nueve de los diez imputados, Juan Manuel Costilla, pidió la nulidad del juicio y la absolución de sus representados por considerar que la acusación no cumple “con la formulación clara, precisa y circunstanciada de los hechos que se imputan para garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa”.
El 4 de julio los fiscales Carlos Amad, Diego Vigay y Patricio Sabadini, y los querellantes Mario Bosch (Secretaría de DD HH de la Nación), Paulo Pereyra y Silvina Canteros (Secretaría de DD HH de Provincia) pidieron el “rechazo in limine” al planteo defensor en base a dos cuestiones: por un lado remarcaron que se trata de un tema ya resuelto y apelado en instancias precedentes, tanto por la Cámara de Casación, como en la causa Caballero I, y por otro, defendieron los términos de la acusación y alegaron que el requerimiento cumple sustancialmente con los requisitos del artículo 347 del Código Procesal Penal (datos personales del imputado; una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda”). “Tanto en la instrucción del presente juicio como en el anterior se han defendido de imputaciones de tortura, secuestro y desaparición de personas” señaló el fiscal Amad durante su participación en el juicio.
Luego sobrevino la feria judicial, por lo que la causa pasó a un cuarto intermedio de un mes, hasta este jueves, oportunidad en la cual el tribunal zanjará la cuestión. Cabe destacar que hay una lista de casi 40 testigos, (directos y de contexto) convocados para brindar su testimonio.
REPRESORES IMPUTADOS
Entre los imputados en este proceso se encuentran oficiales del Ejército y agentes de la Policía del Chaco, algunos de los cuales ya fueron condenados en la primera parte de la causa Caballero y también durante el juicio por la Masacre de Margarita Belén, realizados en 2010 y 2011, respectivamente. Durante las audiencias permanecen en su sector, alejados del público, flanqueados por agentes del Servicio Penitenciario. Seis años después los achaques del tiempo pueden verse en la desmejorada humanidad del ex Sargento de la Policía del Chaco, Ramón Meza, munido de un bastón, con notorias dificultades auditivas y de gesto somnoliento durante casi la totalidad de las audiencias, o en Enzo Breard, Cabo Primero, canoso y con varios kilos de más. Meza solicitó permanecer con prisión domiciliaria en su vivienda de Pasaje Deschutter 150 en Villa del Carmen, privilegio que fue convenido por el Tribunal atento a su delicada salud para la etapa de las testimoniales. También figuran como encartados José Rodríguez Valiente y Gabino Manader, ambos con un rol protagónico en la “patota de la Brigada” como se conocía al grupo de tareas que tomaron parte en la represión clandestina organizada en torno a la vieja casona de Marcelo T. de Alvear 32. Tanto Manader –sub oficial mayor - como Rodríguez Valiente – Comisario General- tenían voz de mando aún por sobre su rango formal y ya fueron condenados a 25 años de prisión por torturas en la Brigada. Consultado al respecto, Manader se limitó a manifestar su “confianza en el tribunal que lleva la causa”. Otro de los imputados es José Marín, alias “Cabo Sotelo”, ex sargento de la Policía, y uno de los pegadores más sádicos de la Brigada; aficionado a ejecutar un acordeón durante las sesiones de tortura, e incluso obligar a cantar a los detenidos bajo amenaza de sufrir una paliza, es uno de los más taciturnos, se pasa las audiencias clavando la mirada en el piso. Jorge Ibarra, Suboficial Principal, es otro de los policías imputados que asiste por vez primera a un juzgamiento por crímenes de lesa humanidad, lo mismo que Miguel Pelozo, quien al igual que los militares José Tadeo Betolli (Teniente Coronel del Ejército) y Luis Patetta (Teniente Primero) sigue los debates por videoconferencia; Pelozo, aquejado de una grave dolencia, con prisión domiciliaria, se traslada hasta una de las salas de la Cámara de Casación en Buenos Aires; y el par de militares lo hacen desde el penal de Marcos Paz, donde Bettolli purga 25 años por torturas (Caballero I) y Patetta el combo de igual suma para la mencionada causa más una reclusión perpetua por su participación en la Masacre de Margarita Belén. El caso de Albino Borda, Suboficial Principal de la Policía, de rasgos similares a Luis Alberto Patetta, reviste especial interés, en tanto es a quien se le imputa la violación de una detenida política. En relación a esto último, el fiscal federal Diego Vigay precisó que “comenzar a juzgar los delitos de violencia sexual sin subsumirlos en tormentos agravados es un modo de reconstruir con más precisión la sistemática de funcionamiento de los centros clandestinos; hablamos de la desnudez de los detenidos, de los abusos y de las violaciones como crímenes en sí mismos y no parte de la tortura” sostuvo.
JUICIO Y CASTIGO
En declaraciones a la prensa, Juan Carlos Fernández, coordinador del Registro Único de la Verdad de la Comisión Provincial por la Memoria y militante de la agrupación H.I.J.O.S. CHACO, manifestó; “Rescatamos como algo positivo este inicio de la causa y esperamos que a partir de este juicio surjan más datos sobre casos de desapariciones aún sin resolver , por eso convocamos a todos a participar de las audiencias y aportar cualquier información. En el RUV tenemos un listado de 25 casos de desaparecidos que pasaron por la ex Brigada. En relación con este cuarto juicio de lesa y primero bajo el gobierno de Mauricio Macri afirmó; “El gobierno nacional dijo que los juicios iban a seguir adelante pero por debajo se están desfinanciando y desarmando todas las áreas de investigación y conservación de prueba y archivos, se quitan recursos tanto humanos como materiales y se desarticulan políticas públicas en la materia, lo que implica una marcha atrás en el juzgamiento a los genocidas y en particular a los cómplices civiles, pero vamos a seguir en la lucha, hasta conocer el destino final de los desaparecidos y recuperar a los nietos que permanecen apropiados”.
PLAN DE EXTERMINIO
El presente proceso es causa es la continuidad de la causa “Caballero Lucio Humberto y otros s/ tormento agravado” que comenzó el 5 de mayo de 2010 y culminó el 13 de diciembre de ese año, siendo el primer fallo por una causa de crímenes de lesa humanidad en la provincia. Según surge del requerimiento de elevación a juicio presentado por la Fiscalía, “Luego del golpe militar se aplicó a ultranza el Reglamento secreto ilegal `Operaciones contra elementos subversivos, RC-9-1´, que mandaba eliminar a los `activistas en el lugar en que se encuentren (domicilio, trabajo, etc.)´. Así fue como las fuerzas armadas ocuparon militarmente el país que debían defender (…) Dentro de este contexto represivo operó como centro clandestino de detención, torturas y desaparición forzada de personas la división policial conocida como Brigada de Investigaciones (Dirección de Investigaciones) en que además funcionaba el Área Restringida”.
Fuente:DiarioChaco
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