Derechos humanos: retroceso preocupante
El Consejo Federal de Derechos Humanos que reúne a los responsables del área en cada provincia deliberó esta semana en Tucumán.
5 de Agosto, 2016
Pese a que la agenda estuvo marcada por Nación con un programa que incluyó al Inadi y objetivos de Naciones Unidas de hambre y pobreza, 11 de las 23 provincias lograron consensuar un duro pronunciamiento en paralelo sobre los principales ejes de preocupación por las políticas públicas en el área.
Durante la apertura la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, mantuvo un cruce con el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Claudio Avruj, al señalar que solo se tiene un vínculo de diálogo con la secretaría y que las expresiones del presidente a veces no son muy afines a la necesidad de seguir haciendo “el camino que iniciamos hace muchos años”.
El documento menciona la concesión sistemática de arrestos domiciliarios a represores, fallos que sustraen la calificación de lesa humanidad a asesinatos de las Fuerzas Armadas, la participación en desfiles de represores y referentes de levantamientos contra la democracia, la detención ilegal de Milagro Sala e integrantes de la Tupac Amaru y el intento de desconocer los derechos laborales.
Se trata del segundo documento de los responsables de las áreas de derechos humanos de distintas provincias elaborado desde el cambio de Gobierno. Fue firmado por Tucumán, La Pampa, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Entre Ríos, Río Negro, Chaco, Santa Cruz, Neuquén y Misiones. Un número significativo en un cuadro donde la firma de algunas provincias no aparece por las presiones de los gobernadores.
El contenido final del texto -más menguado de lo deseado por algunos- avanzó varios casilleros sobre el de marzo, más general y de tono preventivo, mientras este presenta una dura interpelación sobre la realidad.
Aun cuando muchas materias quedan pendientes en derechos humanos, como la imprescindible y largamente postergada reforma del sistema carcelario donde el hacinamiento, el maltrato y la tortura siguen siendo moneda corriente, indudablemente la Argentina, en la última década, ha dado grandes pasos en políticas de Estado en derechos humanos.
Lamentablemente, en estos siete meses de gestión del presidente Macri, se constata un importante retroceso que se hace evidente en el atropello a las garantías individuales y colectivos del conjunto de los argentinos, especialmente en los sectores de las mayorías populares con despidos laborales, hostigamientos, persecución de militantes del campo popular y encarcelamientos de referentes sociales o políticos, en la represión del Estado contra manifestaciones de trabajadores, tarifazos, desempleo, ajuste, recesión, caída del salario real, algo que prácticamente había desaparecido durante los últimos años en el país.
La provincia del Chaco, en tanto, adecuó su ley de Mecanismo de Prevención de la Tortura al Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de Naciones Unidas.
La reforma apunta a adecuar la integración del comité a los principios de representación equilibrada entre géneros, igualdad y no discriminación, de adecuada participación de miembros de los pueblos originarios y de las organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales interesados en el cumplimiento de las finalidades previstas en el protocolo facultativo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Con la finalidad de evaluar la reforma y, ante el vencimiento de los mandatos de quienes integran el comité estudiar los antecedentes de los nuevos postulantes, que, a partir de la adecuación de la ley, deberá estar compuesto por representantes de la sociedad civil, abogados y pueblos originarios, se llevó a cabo la consulta pública a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo de la que resultaron 14 postulantes con sus respectivos avales.
La nómina está constituida por Egidio García, Juan Gómez, Roberto Manito, representando a los pueblos indígenas; y por el resto de la sociedad civil: Dfane Zamudio, Lisandra Fabiola Silva, Benedicta Juana Ortiz, Mario Federico Bosch, Silvio Del Balzo, Andrea Marisol Galvez, Juan Carlos Sinkovich, Paola Soledad Quintana Vicente, Darío Edgardo
Tras las intervenciones de los postulantes, entre los que se encuentran abogados, referentes sociales, indígenas, entre otros, la Comisión de Derechos Humanos deberá analizar las postulaciones y efectuar un dictamen proponiendo a los candidatos a ocupar los cargos del Comité para luego elevar a la Cámara de Diputados para su votación.
Fuente:Norte
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