DUFUSIÓN.

San Miguel de Tucumán, 27 de Julio de 2016

Sr. Secretario de DDHH de la Nación

Lic. Claudio Avruj                        

REIVINDICACIONES Y EXIGENCIAS DE LOS OODDHH DEL NOA

ANTE LA REUNION DEL CONSEJO FEDERAL DE DERECHOS HUMANOS EN TUCUMÁN

Ante la reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos en Tucumán,  y en el marco de los 200 años de la Independencia de las  “Provincias Unidas en Sudamérica”, los Organismos de Derechos Humanos de la región NOA reivindicamos una vez más las líneas políticas históricas de nuestro  sector y aquellas acciones de los gobiernos democráticos, que pusieron a nuestro país, a la cabeza de las naciones que promueven y ejecutan no solo los derechos básicos sino los vinculados a los derechos políticos, económicos y sociales y  avanzamos en terrenos que tuvieron que ser construidos, como los de verdad, memoria y justicia.

Queremos hacer llegar a esta reunión nacional de los secretarios de Derechos Humanos del país, una serie de inquietudes y preocupaciones sobre el estado actual de problemáticas específicas, que están presentes a nivel nacional, o en algunas provincias, en particular. 

Comenzamos afirmando que sostenemos la necesidad de garantizar presupuestariamente la realización de todas las etapas que intervienen en la realización de los juicios por delitos de lesa humanidad. Al respecto consideramos que no es suficiente proclamar, como lo han hechos tanto el poder Ejecutivo Nacional como la  Corte Suprema, que esos juicios son “política de estado”. Al respecto tenemos que, contradictoriamente: 

A - se ha dado de baja a personal vinculado a diferentes áreas implicadas en la consecución de justicia;

B - se adeudan pagos desde hace meses, a tareas realizadas por peritos (caso Pozo de Vargas en Tucumán y fosas Arsenal Miguel Azcuénaga en Tucumán; el pago a los taquígrafos de los juicios en Jujuy);

C - los prolongados plazos que la justicia tiene para resolver las cuestiones traídas a su conocimiento, ha terminado implicando que múltiples procesos, pese al tiempo transcurrido, sigan sin tener condenas firmes. Esto ha generado que acusados condenados se encuentren en libertad. A esa situación le sumamos lo que consideramos liviandad con la cual la Justicia Federal concede prisiones domiciliarias a los imputados en causas de lesa humanidad, criterio que rechazamos y acerca del cual, sostenemos no se aplica, con idéntica vara,  en otro tipo de delitos;

D –ha  merecido en su momento nuestra total reprobación y repudio el fallo –que consideramos perverso -- de la sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal por el que se dictó falta de mérito a Carlos Pedro Blaquier, propietario del ingenio Ledesma y a Alberto Lemos, administrador de esa empresa, por casos de la llamada “Noche del Apagón”,  constituyéndose en una clara muestra de la connivencia de la corporación judicial con vistas a mantener  la impunidad sobre la responsabilidad civil y empresarial  implementada por   el Terrorismo de Estado.  

Por ello decimos que  hoy  vemos que los Impunes son los mismos:  no solo los represores  vinculados a las fuerzas militares y de seguridad , sino los dueños del país:  las familias de los grupos económicos, y las grandes empresas,  PRINCIPALES BENEFICIARIOS DE LA IMPUNIDAD: en el NOA, la Minera El Aguilar, La Veloz del Norte, Grafanor, ingenios Ledesma, La Fronterita, y Concepción;  en el cono urbano del sur bonaerense: Alpargata, Molino Río de La Plata, SWIFT, Propulsora Siderúrgica, Astillero Rio Santiago, y Petroquímica Sudamericana; en el norte y oeste de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe: Grafa, Ford, Mercedes Benz, Lozadur y Cattaneo, astilleros Artarsa y Mestrina, Dálmine-Siderca y Acindar; en zona Centro, la Fiat;  en el interior de Buenos Aires,  Loma Negra y La Nueva Provincia  y en el NEA,  Las Marías.

E – Consideramos absolutamente inadmisible,  la decisión de la Cámara de Casación Penal, que resolvió revocar la sentencia condenatoria dictada en el marco de la causa conocida como "Masacre de Capilla del Rosario", argumentando que no existieron crímenes contra la humanidad antes del golpe de Estado de 1976, con lo cual, consideramos, se apunta a retrotraer décadas de discusión y avances en el juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos, implementadas desde el Estado Nacional.

F – sostenemos que tras 32 años de democracia, y del altísimo el costo social y cultural que ha implicado reconstruir unas Fuerzas Armadas que comiencen a pensarse con una vinculación más estrecha con la sociedad civil de su país, el decreto presidencial  721/16  que le da a las misma una autonomía, que en los hechos implica alejamiento y aislamiento del conjunto de la sociedad. Esa misma lógica es la que impulsa iniciativas del ministerio de Seguridad, a que el sector castrense, ahora profesionalizado, se impliquen en la problemática de la Seguridad Interior, posibilidad que rechazamos de plano. 

G -  en relación a nuestra preocupación por el cambio de paradigma dentro de las fuerzas militares instrumentados por el actual gobierno nacional, reiteramos nuestro repudio a la participación, durante el desfile cívico militar, desarrollado en ocasión del cumplirse 200 años de nuestra independencia, de personas que se definieron como “soldados veteranos del Operativo Independencia” en  una clara reivindicación de la criminal acción represiva desarrollada en Tucumán, cuyo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos, entonces, se están juzgando en la actualidad. En igual sentido expresamos nuestro rechazo por la presencia de connotados militares involucrados en los intentos golpistas que debieron soportar los dos primeros presidentes del período iniciado el 10 de diciembre de 1983.

H - sobre la vigencia de los derechos básicos, a partir de la asunción del nuevo gobierno encabezado por el ingeniero Macri, sostenemos que en pocos meses se ha producido un retroceso importante en cuanto a las garantías individuales y colectivas del conjunto de los argentinos, especialmente en los sectores de las mayorías populares, con despidos  laborales, hostigamientos, persecución de militantes del campo popular y  encarcelamientos  de referentes sociales o políticos, cuyos derechos han sido arrasados con la excusa de investigar la corrupción, el nuevo caballito de batalla incorporado para perseguir a líderes políticos. En los ’70 se hablaba de subversión, hoy se habla de corrupción. Esto es particularmente irrefutable en provincia de Jujuy con el encarcelamiento y adjudicación de delitos, en base a extorsiones y causas armadas, lo cual ha puesto en evidencia un poder judicial que ha dejado de lado la imparcialidad y   los principios básicos del derecho a la defensa y del precepto constitucional que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. El caso más notorio es el encarcelamiento de la dirigente Milagro Sala hace 7 meses y en estos días, el de su marido, el periodista y profesor Raul Noro. 

I - por otro lado, en circunstancias de esta reunión de Secretarios de Derechos Humanos del país, hacemos un especial llamado de atención sobre las acciones de las fuerzas de Seguridad que, acorde al vergonzante “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”  promovido por la Ministra Patricia Bullrich, está siendo implementado con lógicas que parten de considerar la libertad de transitar, de expresión, de manifestar, reclamar, peticionar, de reunión (realizar asambleas), como “posibles delitos públicos” que afectarían “el nuevo orden” concebido por el actual gobierno. Sostenemos que este “nuevo orden” se traduce en medidas de control y represión ante las demandas populares. Más allá de acontecimientos que se han dado en los últimos días (Rosario, Catamarca) relacionados a actos oficiales del Presidente en los que se controla y reprime manifestaciones opositoras, enmarcamos esta situación en otros casos concretos de violencia institucional implementada por las fuerzas de seguridad, contra los trabajadores que ejercen derechos como el de solicitar aumento salarial o por reivindicaciones propias de sectores sociales y gremios. Un caso repudiable se ha dado en Jujuy la semana pasada,  con  el Sindicato de Obreros del Ingenio Ledesma cuyos miembros fueron salvajemente atacados con balas de goma, o en esa misma provincia, con  las constantes detenciones ilegales a militantes o familiares de militantes,  en barrios populares y en organizaciones sociales quienes son acosados constantemente por la policía, detenidos ilegalmente sin orden judicial y sin identificación de esas fuerzas policiales y de seguridad que llevan a cabo allanamientos dispuestos por la justicia.

En este contexto político, consideramos que es importante que los funcionarios de los estados nacional y provinciales, se hagan cargo de las duras observaciones del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas- ONU-  realizadas al gobierno del Presidente Mauricio Macri,  acerca del cumplimiento del Estado Argentino del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, observaciones que refirieron a los seis primeros meses de su gobierno al alertar sobre las demoras para investigar la responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad cometidos durante el Terrorismo de Estado; los cambios importantes en áreas del Estado vinculadas a la protección de los Derechos Humanos, la persistencia de prácticas de tortura y malos tratos y la falta de investigación y sanción, el hacinamiento en las cárceles y lugares de detención prohibidos, las detenciones policiales arbitrarias.

POR MAS MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.

POR UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE.

LIBERTAD YA A MILAGRO SALA.

CONTRA LOS DESPIDOS Y LA PRECARIZACIÓN LABORAL.

CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y EL AVANCE DE LAS POLÍTICAS REPRESIVAS.

NO AL CODIGO CONTRAVENCIONAL REPRESIVO.

NO A LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL.

BASTA DE MILITARIZAR EL ESPACIO PÚBLICO.

Firman:

1.        Por TUCUMÁN:     Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Tucumán - Sara Mrad;   Asamblea Permanente por los Derechos Humanos APDH - Pablo Jeger;  H.I.J.O.S. Tucumán - Natalia Ariñez;   Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán - Lilian Reynaga;   Fundación Memoria e Identidades del Tucumán - Marta Rondoletto;  Agrupación de ex Presos Políticos Tuc-Héroes de Trelew - Teresa Sosa;  Comisión Derechos Humanos–Tafí Viejo - Diego Fernández;    Agrupación de Ex Presos Políticos “Bernardo de Monteagudo”- Ma. Magdalena Blanco.

2.        Por JUJUY:   Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy–Línea Histórica - Inés Peña.

3.        Por SANTIAGO DEL ESTERO: Asociación Memoria Verdad y Justicia - Luis Garay; H.I.J.O.S. Santiago del Estero - Alejandra Carreras.

4.        Por SALTA: Asociación Lucrecia Arquet - Cristina Cobos.

5.        Por CATAMARCA: “La Obra”, Asociación de Ex Presos Políticos y Familiares de DD - Claudia Villegas; Casa de la Memoria - Noemí Toledo.

6.        Por LA RIOJA: Ex Presos Políticos La Rioja - Miguel Ángel Godoy.

Envío:AexPPCdba.