Preocupación por prisiones domiciliarias y demoras en los juicios de lesa humanidad
Agosto 9, 2016
La Comisión Provincial por la Memoria advirtió que estas dos cuestiones implican “impunidad”. Además, se ha constatado que “los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles y realizar distintas actividades o paseos”.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó su preocupación “ante las reiteradas resoluciones judiciales que otorgan prisión domiciliaria a criminales de lesa humanidad”. En la mayoría de los casos se alega la elevada edad y/o razones de salud. “Cabe destacar que ambas condiciones se deben a que la justicia ha tardado en llegar.
Esto se explica en la impunidad que lograron con levantamientos contra la democracia en asonadas militares y por la claudicación de gobiernos que desconocieron los caminos más certeros de consolidación de las libertades y los derechos humanos. También en la demora judicial en llevar adelante estos procesos”, planteó el organismo público extra-poderes. A través de un comunicado, la CPM advirtió que “esa impunidad les permitió gozar -jóvenes y sanos- de más de 20 años de libertad.
Tuvieron ese caro privilegio que debe avergonzarnos como sociedad pues circularon como cualquiera de nosotros, cobraron sus sueldos y pensiones de retiro pagados por el erario público, disfrutaron de vacaciones y de sus familias sin ninguna restricción”.
“Lo hicieron como ninguna de sus víctimas pudo hacerlo ni aun las que sobrevivieron, pues la impunidad de los perpetradores constituyó otra forma de revictimización y de actualización permanente del daño a los damnificados”, agregó. Y puntualizó que “sus crímenes han sido contra la humanidad.
La gran mayoría de ellos no ha llegado a cumplir en prisión más de 10 años, muchos menos de los que gozaron ampliamente de su libertad”. Acto seguido, la Comisión recordó que “han tenido un justo y debido proceso, y el trato dispensado por la justicia ha sido preferencial: de los 2.436 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 937 (38,5 %) fueron excarcelados por los jueces mientras tramitan sus causas y solo 1.056 (43,3 %) se encuentran detenidos.
Pero de este total de detenidos, apenas 568 (54 %) cumplen prisión efectiva, mientras que 462 (44 %) gozan de arresto domiciliario. Es decir que sólo un 23 % del total de represores llevados ante la justicia -uno de cada 4- está efectivamente en prisión.
Pero además estas detenciones se cumplen en mejores condiciones de detención y trato que las que actualmente recaen sobre el resto de los detenidos”. Como organismo de control y monitoreo de lugares de encierro, la entidad corroboró que “la gran mayoría de las personas que están dentro del sistema penal no acceden al debido proceso ni a condiciones dignas de detención, lo cual es inadmisible.
Esto desmiente rotundamente las posiciones que sostienen que los genocidas no cuentan con todas la garantías propias del Estado de derecho y que sobre ellos pesa el mayor castigo”. “Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar.
Porque, además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles y realizar distintas actividades o paseos”, alertó. Finalmente, hizo eje en que “la prisión domiciliaria dispuesta para Miguel Etchecolatz por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, condenado en cuatro oportunidades por crímenes de lesa humanidad, es una muestra del deterioro del proceso de justicia.
Es imprescindible sumar a todo esto las circunstancias de la segunda desaparición de Jorge Julio López, en cuya trama aún impune Etchecolatz aparece como un elemento clave a investigar”. “Los genocidas deben terminar sus días en la cárcel. Los juicios por delitos de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse.
Es de estricta justicia. Instamos a los jueces y fiscales a que sigan el camino que nos honra como sociedad: verdad, justicia y memoria”, sentenció la CPM.
Fuente:ANDigital
UNIVERSIDAD
Impunidad a los genocidas: repudio generalizado en la Facultad de Derecho Docentes y abogados de la Universidad de Buenos Aires firman un documento solicitando impunidad para genocidas. Entre docentes y alumnos se expresó un amplio repudio.
Romina Medina
Martes 9 de agosto
El día 29 se público un documento titulado "Manifiesto: la Justicia y los juicios de lesa humanidad" en el cual un grupo de juristas, entre los cuales se encuentran docentes de la UBA, bregan por el final a los juicios sobre los militares procesados argumentando que llevaron a cabo la “represión contra el terrorismo de estado” (sic) y que los delitos prescribieron, y solicitan prisión domiciliaria para los condenados que “cometieron excesos”, además de la reapertura de juicios contra militantes de organizaciones armadas.
Tras el vocabulario jurídico formal, y ultra reaccionario, desplegado en el manifiesto se esconde que estos militares, tanto los procesados como los condenados, son quienes llevaron a cabo la aniquilación sistemática y deliberada de una generación que luchaba contra la explotación y la opresión. Son responsables de genocidio y sus crímenes son considerados de lesa humanidad por lo cual no son prescriptibles. En el manifiesto se refleja la posición conocida como la Teoría de los Dos Demonios, donde se equiparan las acciones de las organizaciones armadas con el accionar de las fuerzas estatales y para estatales en manos de la dictadura cívico militar. Igualan víctimas y victimarios sin considerar el carácter de delitos de lesa humanidad.
El manifiesto trascendió por su publicación en el diario La Nación donde desde la victoria de Mauricio Macri vienen realizando una campaña acérrima y sin tapujos completamente fascista, llamando a los genocidas presos políticos y pidiendo que finalicen los juicios sin justicia para víctimas y familiares.
Parecen olvidar los más elementales principios de derecho internacional y derecho interno que establecen que el delito de genocidio y los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, se debe considerar su gravedad por tratarse de crímenes atroces contra la humanidad y la capacidad de interferir con la investigación de los acusados y condenados por lo cual es inaceptable la finalización de los juicios y las prisiones domiciliarias, deben cumplir sus condenas en cárcel común.
El comunicado está firmado según el editorial de La Nación reconocidos juristas que no necesitan presentación. Pero ¿Quiénes son los que apoyan la vuelta de la teoría de los dos demonios? Entre los firmantes, se encuentran Daniel Sabsay, docente de la UBA desde 1983, actualmente jefe de Cátedra de la materia Derecho Constitucional y titular de la carrera de posgrado de Derecho Constitucional de la UBA. Es un asidUo concurrente a los coloquios de IDEA donde se reúne lo más granado de las patronales nacionales. Gregorio Badeni, profesor adjunto en Derecho Constitucional en el año 1976 y actualmente profesor en la misma materia. Roberto Luqui fue profesor titular ordinario de Derecho Administrativo desde 1982 hasta marzo de 1998, profesor adjunto en 1966 y profesor titular interino en 1976. Guillermo Ledesma fue profesor de la materia Elementos de Derecho Penal y Procesal, actualizó el Tratado de Derecho Penal de Carlos Fontán Balestra y "Derecho Penal Intelectual" de Julio C. Ledesma; a su vez fue galardonado con la Medalla del Bicentenario de la Ciudad de Buenos Aires, con la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación, y con la Medalla Personalidad destacada en el campo de los Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2010). Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y dirigente de la gran patronal de la alimentación (Copal). Alfonso Santiago es reconocido profesor de la Universidad Católica Argentina (UCA) y su adjunto es Mauro Segret, docente de la UBA y defensor acérrimo tanto de la última dictadura militar como del genocidio de la Segunda Guerra Mundial, cuyo caso se dio a conocer a principios de este mismo año por agredir a una estudiante militante del PTS.
Los estudiantes no olvidamos
En la Facultad de Derecho de la UBA el repudio por parte de alumnos al trascender la noticia no se hizo esperar. En las redes sociales y foros que cuentan con la concurrencia de más de 27 mil alumnos se subieron comentarios y denuncias. Incluso se habló de impulsar un escrache contra estos abogados que dan clases en la Facultad, incitando al resto de los estudiantes a que no se anoten a cursar sus materias.
Lorena: “Como futura abogada y alumna de esta facultad, sinceramente siento indignación ante este comunicado. Creo que es una falta de respeto a un montón de derechos básicamente tirados por la basura. Creo que esa no es la idea para transmitirnos, porque si no, ¿para qué luchamos, no? Porque en realidad son crímenes de lesa humanidad que nunca fueron condenados básicamente. Se tapó esta situación y nos parece indignante. Nosotros repudiamos este comunicado”
Patricio Gabriele nos dice: “Como estudiante de Derecho de la UBA, que cuenta con un excelente nivel académico pese a los constantes recortes presupuestarios que ha sufrido, expreso mi repudio sobre las manifestaciones que ejercieron muchos de los docentes firmantes del escrito emitido, que habrían calificado de “instrumentación política del odio y de la venganza” a los juzgamientos efectuados a los responsables de los crímenes más atroces cometidos durante la última dictadura cívico-militar-religiosa Argentina. Es importante su difusión para lograr que todos los estudiantes conozcamos el enfoque de cada una de las cátedras de nuestra universidad, cuáles elegir y cuáles descartar, a fin de que se concluya efectivamente en la libre elección de cátedra como una reivindicación del insoslayable hito de conquista de derechos que existe desde la reforma universitaria de 1918. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla.”
Agustina Altmann dice: “Cuando vi la nota, entré en el grupo de Facebook de la facultad, esperando encontrar muchos comentarios de alumnos indignados. No vi nada. Publiqué la nota esperando repercusión. Nadie dijo nada. No me dan miedo estos dinosaurios, sino el silencio de todos los estudiantes, de los cuales algunos no están enterados y a otros no les pareció importante. No hay Nunca Más sin memoria, justicia y verdad.”
Camila: “El diario la Nación viene haciendo una campaña fascista contra los juicios de lesa humanidad, se olvidan que son crímenes de lesa humanidad y lo que significa eso que deben ser juzgados. La única forma de cerrar esa etapa es con juicio y castigo a los responsables y que de una vez por todas sepamos que paso con todas las víctimas de ese periodo. Es una vergüenza que constitucionalistas hayan firmado este documento que no respeta los pactos más elementales”
Martha Miravete: “Estoy completamente en contra del pueblo tiene memoria, no vemos a dejar que finalicen los juicios ni que los genocidas vuelvan a su casas. Es una un show lo que hicieron el jueves, como intentaron llevar a declarar por la fuerza a una señora de más de 80 años y quieren mandar a su casa a gente verdaderamente peligrosa. Quieren distraernos para que no nos concentremos en lo que está pasando y las cosas que sufrimos todos los días.”
Entrevistamos a Agostina Nejamkin militante de la Juventud del PTS quién había sido agredida por uno de los docentes vinculados con el documento el pasado cuatrimestre: “En la Facultad de Derecho y en las calles los jóvenes no olvidamos, no perdonamos ni nos reconciliamos. Desde el CeProDH hemos iniciado una campaña contra este tipo de docentes y denunciando el plan de estudios de la universidad, es irónico que estos juristas nos enseñen derecho cuando parece que se olvidaron de los principios más elementales. Seguimos en campaña llevando esta denuncia e invitamos a todos los estudiantes y docentes a participar. El próximo jueves 18 a las 18:30 en la biblioteca parlante de la Facultad de Derecho de la UBA realizaremos una reunión abierta para colaborar con la banca de Myriam Bregman -diputada del Frente de Izquierda por el PTS-, y con La Izquierda Diario para que entre estudiantes y docentes sigamos construyendo esta herramienta de denuncia y organización ante el envalentonamiento de estos sectores. Podes contactarte por Whatapps al 1559235020 o acercarte.”
Fuente:laIzquierdaDiario
Preocupación ante la falta de avance en juicios de lesa humanidad
9 AGOSTO, 2016
ATE provincia de Buenos Aires y APDH La Plata brindaron una conferencia de prensa conjunta manifestando su preocupación ante la falta de avance por parte del gobierno en los juicios de lesa humanidad.
Estuvieron presentes Carlos Díaz, secretario adjunto de ATE; Marta Vedio, titular de APDH; Marcelo Ponce Núñez, director del equipo jurídico y Emiliano Hueravillo, director del departamento de derechos humanos del gremio.
Carlos Díaz expresó la preocupación de ATE “ante el avance del poder hegemónico de paralizar el juzgamientos a los responsables de los crímenes de lesa humanidad”. Y manifestó la “solidaridad al juez Carlos Rosansky, quien está siendo atacado por sectores del poder que buscan apartarlo del compromiso que ha tenido en el juzgamiento de los genocidas”
“Ratificamos nuestro compromiso y responsabilidad de seguir exigiendo justicia bajo la bandera de memoria verdad y justicia, teniendo en cuenta que los trabajadores hemos sido los principales perjudicados por la represión estatal en los años negros de la dictadura”, dijo. Marta Vedio argumentó que
“Aunque el gobierno nacional y el provincial han dicho que las causas van a seguir, que el gobierno va a seguir siendo querellante las causas, se necesita mucho más que eso. Se necesitan muchos recursos que venimos reclamando y hoy no están en el poder judicial” Como ejemplos remarcó que “en La Plata hace tiempo que se ha creado el tribunal oral N 3 y nunca se constituyó.
Y por otra parte, el juicio a la CNU tuvo que ser suspendido porque uno de los jueces subrogantes pidió una licencia y no sabemos quién va a integrar el tribunal y cuando se va a hacer el juicio” Vedio denunció “señales negativas muy concretas del gobierno, como son la concesión de prisiones domiciliarias, como la otorgada a Echecolaz.
Esto lo vemos como una señal frente a la que creemos que hay que alzar la voz, dado que no hay argumentos que habiliten tales beneficios porque son genocidas que han cometido delito gravísimos, tienen sentencias firmes a prisión, por lo tanto deben cumplirlas”
“Reclamamos a las autoridades que dediquen al tema de juicios de lesa humanidad todos los recursos que se necesitan y la decisión política para darles continuidad y garantizar el cumplimiento de las penas”
Emiliano Hueravillo, señaló que para el gremio “es muy importante que se avance con los juicios de lesa humanidad” “Vemos en los últimos meses una situación muy crítica donde están parados los juicios, que se están atrasando por la falta de decisión política desde el ejecutivo.
Queremos que se continúe con los juzgamientos para ver a los genocidas en cárcel común y perpetua”
Fuente:ATEPcia.Bs.As.
Preocupación por las prisiones domiciliarias y las demoras en los juicios de lesa humanidad
Desde la Comisión Provincial por la Memoria expresaron su malestar
09.08.2016
Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) manifestaron su preocupación por las reiteradas resoluciones judiciales que otorgan prisión domiciliaria a represores de la última dictadura cívico- militar en la Argentina, y en la mayoría de los casos se argumenta que es debido a la elevada a edad o producto de un delicado estado de salud.
En el comunicado que difundieron expresando su malestar aseguran que "ambas condiciones se deben a que la justicia ha tardado en llegar". "Esa impunidad les permitió gozar -jóvenes y sanos- de más de 20 años de libertad", señalaron desde la CPM y aseguraron que "tuvieron ese caro privilegio que debe avergonzarnos como sociedad pues circularon como cualquiera de nosotros, cobraron sus sueldos y pensiones de retiro pagados por el erario público, disfrutaron de vacaciones y de sus familias sin ninguna restricción".
Además manifestaron que pudieron disfrutar de esos privilegios como "ninguna de sus víctimas pudo hacerlo ni aun las que sobrevivieron, pues la impunidad de los perpetradores constituyó otra forma de revictimización y de actualización permanente del daño a los damnificados" y resaltaron que "la gran mayoría de ellos no ha llegado a cumplir en prisión más de 10 años, muchos menos de los que gozaron ampliamente de su libertad".
Luego muestran algunas cifras que refleja el estado de indignación del organismo conducido por el premio noble Adolfo Pérez Esquivel: "de los 2.436 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 937 (38,5%) fueron excarcelados por los jueces mientras tramitan sus causas y sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos. Pero de este total de detenidos, sólo 568 (54%) cumplen prisión efectiva, mientras que 462 (44%) gozan de arresto domiciliario".
También expresaron que "como organismo de control y monitoreo de lugares de encierro hemos corroborado que la gran mayoría de las personas que están dentro del sistema penal no acceden al debido proceso ni a condiciones dignas de detención, lo cual es inadmisible" y "esto desmiente rotundamente las posiciones que sostienen que los genocidas no cuentan con todas la garantías propias del Estado de derecho y que sobre ellos pesa el mayor castigo", añadieron en el comunicado.
"Los genocidas deben terminar sus días en la cárcel. Los juicios por delitos de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. Es de estricta justicia. Instamos a los jueces y fiscales a que sigan el camino que nos honra como sociedad: verdad, justicia y memoria", concluyeron.
Fuente:Diagonales.com
"Los jueces están avalando que los genocidas terminen de ser juzgados en sus casas" Miércoles 10 de Agosto
Marina Giacometti
Organizaciones de DD.HH. se movilizan mañana en La Plata contra la prisión domiciliaria a Etchecolatz. "Vemos un cambio de estrategia", dijo a Infonews Guadalupe Godoy, abogada querellante en la causa por la desaparición de Julio López.
Organizaciones de derechos humanos, sobrevivientes de la última dictadura militar y familiares querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad en La Plata se movilizarán mañana hasta la Cámara Federal de esa ciudad para reclamar que no se le otorgue la prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz, condenado a reclusión perpetua por genocidio y delitos de lesa humanidad.
Etchecolatz, que se encuentra alojado en el Hospital Penitenciario de Ezeiza, está realizando una huelga de hambre, lo que aceleró un pedido urgente de resolución de su situación. A fines de julio último, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, a cargo de los subrogantes Germán Castelli y Jorge Michelle, le había concedido el beneficio de arresto domiciliario, argumentado que tiene 87 años y un cuadro de hipertensión.
En ese momento, la medida no se hizo efectiva ya que el genocida estaba bajo prisión preventiva a disposición de otros jueces en otras causas. En diálogo con Infonews, Guadalupe Godoy, abogada querellante en la causa por la desparición de Jorge Julio López sostuvo: "tememos que pese a que el Cuerpo Médico Forense dijo que Etchecolatz está en condiciones de mantenerse en prisión efectiva, los jueces resuelvan lo contrario".
"Lo que nosotros queremos señalar es que los jueces de La Plata no estén otorgando domiciliarias porque corresponda -por cuestiones de salud o demás-, sino que están fallando a favor de lo que es una de las estrategias de los genocidas: continuar con los juicios en sus casas", explicó la letrada.
Para Godoy, este tipo de decisiones tiene que ver con el cambio de coyuntura política: "En algunos casos, son jueces que están cambiando estrepitosamente de parecer y en otros, están dejando las causas para dar lugar a otros magistrados que ya anticiparon claramente cuál es la postura que tienen respecto a los juicios de lesa humanidad".
"Muchos se están reposicionando, aduciendo cuestiones humanitarias y están empezando a aceptar las liberaciones masivas", agregó. La abogada señaló que en los últimos meses se comenzó a ver en La Plata "una mecánica en la cual con las mismas condiciones de salud o de edad que hay de los imputados, lo que antes era un rechazo a la prisión domiciliaria, ahora pasa a ser una aceptación.
Tenemos como antecedente el caso de Jaime Smart, hace poco tiempo".
Además, agregó que se han registrado una gran cantidad de beneficios a los represores detenidos, que "de ningún modo los mismos jueces se los concederían a presos por delitos comunes".
En este sentido, puso el ejemplo de Raúl Orlando Machuca -condenado en el juicio por el Circuito Camps- a quien este año, a pocos días de ser condenado en otra causa, le otorgaron salidas extraordinarias para ir a visitar a su hija "que no puede verlo en la cárcel porque se angustia". "Ese tipo de cosas antes no pasaban y mucho menos en nuestra jurisdicción", concluyó.
Fuente:InfoNews
09.08.2016
Cuestionan demoras en juicios y prisiones domiciliarias a represores
La Comisión Provincial por la Memoria apuntó contra “los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles”.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), entidad encabezada por el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, cuestionó “las reiteradas resoluciones judiciales que otorgan prisión domiciliaria a criminales de lesa humanidad” por “elevada edad y/o razones de salud”, como así también apuntó contra la “demora judicial” en los juicios a represores de la última dictadura militar.
Así, se resaltó que “las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son también la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar. Porque, además, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles y realizar distintas actividades o paseos”.
“La justicia ha tardado en llegar”, remarcó el organismo defensor de los derechos humanos para señalar: “Esto se explica en la impunidad que lograron con levantamientos contra la democracia en asonadas militares y por la claudicación de gobiernos que desconocieron los caminos más certeros de consolidación de las libertades y los derechos humanos. También en la demora judicial en llevar adelante estos procesos”.
“Esa impunidad les permitió gozar -jóvenes y sanos- de más de 20 años de libertad. Tuvieron ese caro privilegio que debe avergonzarnos como sociedad pues circularon como cualquiera de nosotros, cobraron sus sueldos y pensiones de retiro pagados por el erario público, disfrutaron de vacaciones y de sus familias sin ninguna restricción. Lo hicieron como ninguna de sus víctimas pudo hacerlo ni aun las que sobrevivieron, pues la impunidad de los perpetradores constituyó otra forma de revictimización y de actualización permanente del daño a los damnificados. Sus crímenes han sido contra la humanidad. La gran mayoría de ellos no ha llegado a cumplir en prisión más de 10 años, muchos menos de los que gozaron ampliamente de su libertad” se expresó en un comunicado.
En la misma línea, la CPM cuestionó que los represores “han tenido un justo y debido proceso, y el trato dispensado por la justicia ha sido preferencial: de los 2.436 represores imputados desde 2006 por crímenes aberrantes, 937 (38,5%) fueron excarcelados por los jueces mientras tramitan sus causas y sólo 1.056 (43,3%) se encuentran detenidos. Pero de este total de detenidos, sólo 568 (54%) cumplen prisión efectiva, mientras que 462 (44%) gozan de arresto domiciliario. Es decir que sólo un 23 % del total de represores llevados ante la justicia -uno de cada 4- está efectivamente en prisión. Pero además estas detenciones se cumplen en mejores condiciones de detención y trato que las que actualmente recaen sobre el resto de los detenidos”.
“La prisión domiciliaria dispuesta para Miguel Etchecolatz por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, condenado en 4 oportunidades por crímenes de lesa humanidad, es una muestra del deterioro del proceso de justicia. Es imprescindible sumar a todo esto las circunstancias de la segunda desaparición de Jorge Julio López, en cuya trama aún impune Etchecolatz aparece como un elemento clave a investigar. Los genocidas deben terminar sus días en la cárcel. Los juicios de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. Es de estricta justicia. Instamos a los jueces y fiscales a que sigan el camino que nos honra como sociedad: verdad, justicia y memoria”, puntualizó la entidad.
Fuente:LetraP
[#ContraLaImpunidad] ” No queremos genocidas sueltos: prisión efectiva para Etchecolatz”
10 agosto, 2016
En La Plata, se define hoy si se le concede prisión domiciliaria a uno de los máximos referentes del terrorismo de Estado en nuestro País, Miguel Etchecolatz.
El genocida con múltiples condenas, vivió en nuestra ciudad, y de concretarse este acto de impunidad podría volver a domiciliarse en el Bosque Peralta Ramos. Concejales del Frente Para la Victoria repudiaron la posibilidad de que se le otorgue cárcel domiciliaria al represor, que sería cumplida en Mar del Plata.
“No podemos permitir que se otorgue este beneficio a una de las figuras más emblemáticas del Terrorismo de Estado en nuestro país”, enfatizaron. A casi diez años de la desaparición de Jorge Julio López durante el juicio contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, desde el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, avalaron su la prisión domiciliaria.
Los votos de los jueces Germán Castelli y Jorge Michelle permitieron que se traslade a su casa en el Bosque Peralta Ramos. Si bien se espera la resolución de la Cámara Federal, los concejales del Frente Para la Victoria Mar del Plata-Batán, manifestaron su preocupación por dicha posibilidad y repudiaron enérgicamente esta sentencia.
“No podemos permitir más impunidad, que se daría al otorgar este beneficio a una de las figuras más emblemáticas del Terrorismo de Estado en nuestro país, con seis condenas por delitos de lesa humanidad en su haber”, indicó la edil Marina Santoro.
“Vamos a continuar luchando porque el excomisario no sea liberado y no venga a nuestra ciudad, en donde ya tenemos a otro represor como es el responsable del Centro Clandestino de Detención conocido como ‘Pozo de Banfield’, Juan Miguel Wolk”, remarcó Santoro, quien recordó el dictamen del Cuerpo Médico Forense, que señaló que Etchecolatz está en condiciones de seguir detenido en cárcel común.
“Represores como Wolk y Etchecolatz deben cumplir condena efectiva en cárcel común si queremos seguir viviendo en un país donde Memoria, Verdad y Justicia sean una realidad”, finalizó.
Fuente:DiarioLaPosta
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