El secretario Avruj dijo que analiza una presentación; negó que haya un cambio de política en la materia.
martes, 23 de agosto de 2016
En medio de la polémica por un aparente cambio en la política de derechos humanos, el Gobierno anticipó que evalúa objetar ante la Justicia la prisión domiciliaria del represor Miguel Etchecolatz, concedida el viernes pasado por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata en dos causas.
"Estamos revisando el caso Etchecolatz y analizando toda la situación para ver qué se puede hacer", dijo el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Jefe de investigaciones de la policía bonaerense durante la dictadura, Etchecolatz, de 87 años, permanece detenido por mandato del juez federal Ernesto Kreplak, que lo investiga en otro expediente.
Pero la decisión del tribunal oral encendió las luces de alarma de organismos de derechos humanos, que ayer volvieron a movilizarse frente a los tribunales de La Plata. Otro sector ofreció una conferencia de prensa frente a la Secretaría de Derechos Humanos, que funciona en la ex ESMA, en la que se acusó al Gobierno de favorecer las decisiones judiciales favorables a los represores.
"Los genocidas quieren que los juicios se vayan diluyendo y transitar las condenas en el living de su casa", dijo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, el kirchnerista José Cruz Campagnoli, y acusó al Gobierno de estar "alentando esta política, y dejar de apelar las prisiones domiciliarias es parte de ese plan".
En ese marco, Avruj desmintió que haya una orden del Gobierno para que los abogados de la Secretaría de Derechos no apelen más las prisiones domiciliarias en favor de los represores, como había trascendido la semana pasada.
El funcionario aclaró en ese sentido que la secretaría que él encabeza no puede recurrir esas decisiones porque el Código Procesal Penal sólo permite que lo hagan las fiscalías y no las querellas.
De ahí, explicó Avruj, la dificultad para intervenir en el caso Etchecolatz.La información fue corroborada por el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el fiscal Jorge Auat. "Jurídicamente, el Gobierno no puede apelar porque la ley no habilita al querellante a intervenir", explicó Auat.
En efecto, el artículo 491 del Código Procesal indica que "la parte querellante no tendrá intervención" en los incidentes de ejecución de la pena.Las cifras oficiales indican que de los 1056 detenidos en el marco de causas por delitos de lesa humanidad 462 cumplen arresto domiciliario, casi el 44 por ciento del total.
El número no se modificó mucho respecto de septiembre del año pasado, cuando los arrestos domiciliarios sumaban 445. La ley indica que los jueces tienen la facultad de otorgar la prisión domiciliaria en los casos en que los condenados sean mayores de 70 años o tengan problemas de salud.
"Históricamente, la política de la secretaría fue presentarse sólo en casos excepcionales. De todas las prisiones domiciliarias que recibimos al asumir, sólo el 5 por ciento había sido apelado", precisó Avruj, aunque insistió en que la ley impide que la querella intervenga de manera formal.
El funcionario sostuvo que no se produjeron cambios en la política de derechos humanos. "La política de memoria, verdad y justicia sigue siendo una política de Estado. Somos parte querellante en 225 causas de lesa humanidad.
Sería contradictorio que actuáramos para que haya justicia y condenas y que después hiciéramos lo contrario", argumentó. Más allá de esa cuestión, los organismos de derechos humanos alertan sobre el "cambio de aire" en tribunales favorecido por distintas acciones del Gobierno.
Entre ellas, las declaraciones de Mauricio Macri, que dijo que no sabía cuántos desaparecidos había habido en la dictadura y calificó como "guerra sucia" lo sucedido en esos años. También la reunión secreta que el ministro de Justicia, Germán Garavano, mantuvo con Cecilia Pando, defensora de la represión ilegal.
"El Poder Judicial lee los nuevos aires políticos. Es evidente que este gobierno quiere volver a la teoría de los dos demonios y que eso inevitablemente va a conducir a la impunidad", dijo la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman.
Fuente:ElEsquiu
Piden recusar a juez que aprobó prisión domiciliaria para represor argentino
La Asociación de Exdetenidos Desaparecidos de Argentina pidió hoy recusar a uno de los jueces del tribunal que aprobó concederle arresto domiciliario al represor Miguel Etchecolatz, condenado a cuatro cadenas perpetuas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura argentina (1976-1983).
Buenos Aires, 23 ago (EFE).-
La Asociación de Exdetenidos Desaparecidos de Argentina pidió hoy recusar a uno de los jueces del tribunal que aprobó concederle arresto domiciliario al represor Miguel Etchecolatz, condenado a cuatro cadenas perpetuas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura argentina (1976-1983).
Según informó a Efe Carlos Zaidman, integrante de la organización, hoy presentaron un pedido de recusación contra el juez Alejandro Esmoris, que forma parte del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata. La petición de recusación está basada, tal y como explicó Zaidman, en sentencias absolutorias a genocidas que fueron firmadas por el juez en el pasado, tras juicios que, opinó, "fueron un escándalo".
Ahora el propio Tribunal tendrá que pronunciarse sobre esta petición y, en caso de confirmar la recusación, quedaría anulado el beneficio para el represor argentino, quien se desempeñó como jefe de Investigaciones de la Policía bonaerense durante la dictadura. La prisión domiciliaria aprobada el pasado viernes se dispuso en dos de las tres causas agrupadas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield y en la Brigada de Investigaciones de San Justo.
Por ello, está previsto que este mismo Tribunal se pronuncie en los próximos días sobre la última de esas causas, aunque en este caso junto a Esmoris y Roberto Lemos Arias se sentará el juez Nelson Jarazo, en sustitución de Germán Castelli.
La organización también presentó una petición de recusación en la mañana de hoy contra Jarazo, con los mismos argumentos que esgrimió para que aparten a Esmoris. Por otro lado, la decisión está sujeta a otras tres causas que se tramitan en el Juzgado Federal número 3 de La Plata, que el pasado 12 de agosto rechazó el beneficio de la prisión domiciliaria para Etchecolatz, de 87 años.
El represor se declaró el pasado 26 de julio en huelga de hambre en busca de que se le otorgue en todas sus causas el arresto domiciliario por su estado de salud. Lemos Arias, quien votó el pasado viernes en contra de la concesión del beneficio, así como la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, entendieron que "la sola circunstancia de que Etchecolatz supere los 70 años de edad no implica que deba otorgarse el arresto domiciliario".EFE
Fuente:WRadio
Tras las críticas, el Gobierno analiza objetar la prisión domiciliaria del represor Miguel Etchecolatz
"Estamos revisando el caso Etchecolatz y analizando toda la situación para ver qué se puede hacer", señaló el secretario de Derechos Humanos de la Nación
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, afirmó que el Gobierno está "revisando el caso Etchecolatz" y que podría objetar finalmente la prisión domiciliaria del represor, concedida por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata en dos causas.
"Estamos revisando el caso Etchecolatz y analizando toda la situación para ver qué se puede hacer", señaló Avruj en declaraciones a un matutino porteño.
Avruj rechazó que haya una orden del Gobierno para que los abogados de la Secretaría de Derechos no apelen más las prisiones domiciliarias en favor de los represores, como había trascendido la semana pasada.
El funcionario aclaró en ese sentido que la secretaría que él encabeza no puede recurrir esas decisiones porque el Código Procesal Penal sólo permite que lo hagan las fiscalías y no las querellas. Avruj explicó que por eso existe una dificultad para intervenir en el caso Etchecolatz.
"Históricamente, la política de la secretaría fue presentarse sólo en casos excepcionales. De todas las prisiones domiciliarias que recibimos al asumir, sólo el 5 por ciento había sido apelado", precisó Avruj, aunque insistió en que la ley impide que la querella intervenga de manera formal.
El funcionario señaló que no se produjeron cambios en la política de derechos humanos. "La política de memoria, verdad y justicia sigue siendo una política de Estado. Somos parte querellante en 225 causas de lesa humanidad. Sería contradictorio que actuáramos para que haya justicia y condenas y que después hiciéramos lo contrario", agregó.
Fuente:DiarioUno
23.08.2016
NUEVA MARCHA EN LA PLATA
Recusan a uno de los jueces y se posterga la definición sobre la domiciliaria a Etchecolatz
La Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos de La Plata recusó al juez Alejandro Esmoris por su actuación en un juicio previo por delitos de lesa humanidad, cuando votó por la absolución de un represor y relativizó la validez de algunos testimonios.
Cuando se resuelva el planteo sobre el juez se podrá definir la situación del genocida. La Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos de La Plata recusó a uno de los jueces subrogantes del Tribunal Oral Federal 1, que debía resolver si le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz.
La decisión sobre el represor se postergará hasta que se resuelva el planteo sobre el magistrado. El recusado es Alejandro Esmoris, uno de los jueces subrogantes del TOF1 de La Plata.
La Asociación lo recusó por su actuación en el juicio por la desaparición de Carlos Labolita durante la última dictadura, y por sus consideraciones sobre la validez de algunos testimonios.
En aquella causa, Esmoris votó por la absolución del represor Alejandro Duret, algo que luego revirtió Casación. Mientras se resuelve el planteo de recusación, se postergará la definición sobre la domiciliaria a Etchecolatz.
En tanto, organismos de Derechos Humanos de La Plata convocaron a una nueva marcha para mañana miércoles “para exigir no a la domiciliaria, cárcel común, perpetua y de cumplimiento efectivo al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz”.
La concentración será a las 18 en 7 y 50.
Fuente:PoliticaArgentina
Conferencia de prensa
Cárcel común y efectiva para los genocidas
El 22 de agosto de 2016 Organismos de Derechos Humanos, organizaciones gremiales y culturales se manifestaron esta mañana frente a la Secretaría de DDHH de la Nación en la ex ESMA para exigir “no a la impunidad para los represores y genocidas”.
Ante la posibilidad del beneficio de la prisión domiciliaria para el represor Miguel Etchecolatz, hecho que se suma a los 51 represores que alcanzaron ese beneficio a lo largo de este año, y en medio del coro mediático que busca victimizar a los genocidas, la CTA provincia de Buenos Aires se sumó a la convocatoria para acompañar el reclamo de Madres, Abuelas e HIJOS.
Una vez más, como a lo largo de toda nuestra historia, volvemos a exigir la continuidad de los juicios contra los represores con cárcel común y efectiva, la restitución de los nietos apropiados, y el camino de la Memoria la Verdad y la Justicia como garantía de que Nunca Más estos procesos se vuelvan a instalar en nuestra Patria.
Secretaría de DDHH
CTA Provincia de Buenos Aires
CÁRCEL COMÚN Y CONDENA EFECTIVA PARA LOS GENOCIDAS
Martes, 23 Agosto 2016
LA CTERA ESTUVO PRESENTE EN LA CONFERENCIA DE PRENSA JUNTO A ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
La Secretaría de Derechos Humanos de CTERA estuvo presente el día de hoy, en la conferencia de prensa que organizaron los organismos de Derechos Humanos: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo –Línea Fundadora-, H.I.J.O.S., Familiares de Detenidos y Desaparecidos, APDH La Matanza, Liga por los Derechos del Hombre, en reclamo del otorgamiento de la prisión domiciliaria en beneficio del genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, sentenciado por la justicia a prisión perpetua en dos ocasiones.
Además, los organismos se mostraron preocupados por el estado de los juicios en los que se investiga y juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. La conferencia se realizó en la puerta del edificio la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, situado en el predio de la ex-Esma.
Allí estuvieron presentes apoyando a los organismos distintos sindicatos nucleados en la CTA de los trabajadores. En la mesa, que repudió la decisión de los jueces de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria Etchecolatz estuvieron la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto y la Madre Línea fundadora Taty Almeida.
Taty Almeida sentenció “Aquí hay tantísima gente por la Memoria, lamentablemente es la Memoria que le falta al presidente y a los que lo acompañan. De una vez por todas hay que entender que son delitos de Lesa Humanidad, no son admistiables, no pueden estar en su casa por más que tengan 70 años.
Es la justicia Universal la que ha dictado este tipo de sentencias”. Estela destacó la necesidad de realizar acciones, la necesidad de realizar la conferencia de prensa “para revertir lo ignominioso que es darle a este personaje siniestro la Prisión domiciliaria.
Hoy nos toca hablar de Etchecolatz, este personaje tiene tantos crímenes en su espalda que es imposible pensar que pueda estar en cárcel domiciliaria.” A propósito, Estela relató que le tocó vivir en relación a este genocida: “Voy a incluir algo casi personal, los que pasaron por (el Ex Centro Clandestino de Detención) “La Cacha”, pasaron tantas personas, apropiaron tantos niños.
Este personaje fue condenado por esta causa, el día de la condena nos toco estar sentados en la primera fila del tribunal, con mis hijos…y este personaje cuando fue condenado se dio vuelta y nos miró, saco un papel delante de los jueces que decía Julio López. ¿Qué quería decir?:
Que los próximos éramos nosotros, este es Miguel Etchecolatz.”
Buenos Aires, lunes 22 de agosto de 2016
Alejo Demichelis - Sec. Prensa
Rogelio De Leonardi -Sec.Derechos Humanos
Sonia Alesso - Sec. General
NI OLVIDO NI PERDÓN: ATE REPUDIA LA PRISIÓN DOMICILIARIA PARA GENOCIDAS
agosto 23, 2016
El beneficio otorgado al represor Miguel Etchecolatz no es un caso aislado: sólo en 2016 se contabilizan 50 jerarcas de la última dictadura cívico-militar que gozan de la prisión domiciliaria.
El repudio de ATE y un reclamo vigente por Memoria, Verdad y Justicia. A menos de un mes de que se cumplan diez años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, el pasado 19 de agosto los jueces Germán Castelli y Daniel Alejandro Esmoris del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata concedieron la prisión domiciliaria ex Jefe de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz.
La medida no sólo originó el mas amplio rechazo de buena parte del campo popular y organismos de Derechos Humanos, sino también una fuerte repercusión en los medios de comunicación y la sociedad. Es que el juicio por el que se condenó a Etchecolatz en 2006, y cuya sentencia incluyó por primera vez la figura de “genocidio”, fue uno de los mas resonantes tras la anulación en 2003 de las aberrantes leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Sin embargo, esta resolución judicial no es un hecho aislado. Desde principios de 2016, distintos juzgados federales de todo el país concedieron el beneficio a militares y policías enjuiciados y encarcelados por delitos de lesa humanidad. Y si bien no hay datos oficiales, distintos organismos calculan en 50 el número de represores que este año abandonaron la cárcel.
Un número significativo en una población de unos mil condenados y procesados alojados en cárceles comunes en alrededor de 30 establecimientos penitenciarios de todo el país. En este sentido, y aun considerando la independencia de poderes que debiera regir el sistema republicano en Argentina, los guiños del Ejecutivo a la Justicia son mas que claros.
El Gobierno de Mauricio Macri no sólo descartó apelar estas medidas, sino que el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña justificó: “A priori entendemos que tiene criterio que una persona mayor esté detenida en su casa”. Es más, ningún referente del partido gobernante salió a cruzar a los jueces que indicaron que Etchecolatz vuelva a su casa.
A su vez, desde la secretaría de Derechos Humanos que dirige Claudio Avruj salieron a negar que se trate de una liberación masiva de genocidas. Al respecto, y en un intento de compartir la culpa con el Gobierno kirchnerista, desde la Secretaría indicaron que hasta septiembre de 2015 ya se contaban 441 represores con prisión domiciliaria.
Por su parte, la abogada de la familia de Julio López, Guadalupe Godoy, repudió la decisión judicial que otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz, al afirmar que “abre la puerta” para que la mayoría de los imputados por los juicios de delitos de lesa humanidad de la jurisdicción de La Plata “tenga el mismo destino”.
El repudio de ATE
Conocida la resolución judicial y fiel a su historia de defensa de los Derechos Humanos, la Asociación Trabajadores del Estado salió inmediatamente a repudiar el beneficio otorgado a Miguel Etchecolatz. En el mismo tono del Consejo Directivo Nacional de ATE, desde IDEP SALUD expresaron a través de un comunicado: “rechazamos toda medida política, social, o judicial que vaya en contra del esclarecimiento de las causas de lesa humanidad en nuestro país, alentando a que los procesos judiciales, hoy frenados, retomen su curso real, y consecuentemente; que todos los militares y civiles, actores y soportes de la dictadura asesina, paguen hasta el último de sus días por los delitos cometidos con la pena de prisión común y cárcel efectiva”.
PRENSA ATE
OPINIÓN.
Genocidas no se arrepienten, pero piden “indulgencia”
PRISION DOMICILIARIA PARA ETCHECOLATZ
24/08/2016
Los otorgamientos de prisiones domiciliarias a los condenados por delitos de lesa humanidad, han venido creciendo. El fallo que beneficia al ex comisario Miguel Etchecolatz es una muestra de ello.
IRINA SANTESTEBAN
La eximición de prisión efectiva y su cambio a domiciliaria, ordenada por el Tribunal Oral Federal de La Plata, a favor de Miguel Etchecolatz, condenado por decenas de crímenes de lesa humanidad, ha causado profunda indignación, y no sólo en los organismos de Derechos Humanos.
Es que el ex comisario es un símbolo de la represión ilegal y el terrorismo de Estado durante la dictadura cívico militar; su crueldad para con prisioneros y prisioneras fue ampliamente probada en el juicio “circuito Camps”.
También se lo considera el ideólogo de la desaparición del testigo Jorge Julio López en septiembre de 2006, al día siguiente de haber declarado en su contra. El beneficio de la prisión domiciliaria está previsto en la ley 24660, artículo 32, que dispone:
“El Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria: … d) Al interno mayor de 70 años”.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su fallo “Vigo, Alberto Gabriel” (Causa 10.919 del año 2010), estableció un criterio restrictivo en el otorgamiento de este beneficio por parte de los jueces, cuando se trata de detenidos por delitos de lesa humanidad, que están condenados por crímenes gravísimos como homicidios, desaparición de personas, aplicación de tormentos, robo de bebés, etc.
Denuncia de los organismos de DDHH. Desde hace meses los organismos de Derechos Humanos vienen denunciando la aplicación de políticas, por parte de las autoridades nacionales, en desmedro de los grandes avances que la Argentina logró y que le valieron reconocimiento internacional.
Desde programas que ya no tienen presupuesto ni personal, como el que denunciaron las Abuelas de Plaza de Mayo por el equipo que trabajaba en la búsqueda de identidad de hijos de desaparecidos, apropiados durante el cautiverio de sus madres; hasta la actitud del ministro de Justicia, Germán Garavano, de recibir a Cecilia Pando, dirigente que proclama el carácter de “presos políticos” de esos reos y que es una vocera de los genocidas, hasta el punto de justificar el robo de bebés durante la dictadura.
La reciente entrevista al portal de noticias BuzzFeed, en la que el presidente Mauricio Macri dijo muy displicentemente que no tenía “ni idea” del número de desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado, fue la mejor demostración del “cambio” en esta materia.
Empresario “exitoso”.
Ese “ni idea” refleja un desinterés evidente de la máxima autoridad de la Nación, respecto a una etapa de nuestra historia en la que se violaron derechos de los ciudadanos y se cometieron delitos aberrantes.
La actitud del Presidente no debería extrañar, porque es un representante de la clase empresarial que tuvo un crecimiento exponencial durante la dictadura militar. Su padre, Franco, fundador del grupo Macri, pasó de tener siete empresas en 1976 a 53 en 1983. Según la investigación sobre la Deuda Externa que realizó el abogado Alejandro Olmos Gaona y que originó la causa que llevó el juez Ballesteros, la empresa Sevel (propiedad de Macri) adeudaba a fines de 1983, 124 millones de dólares. Sevel, como muchas otras empresas (Acindar, Banco Río, Banco de Galicia, Bridas, Alpargatas, Papel de Tucumán, Juan Minetti, IBM, Ford, Propulsora Siderúrgica, Loma Negra, etc.) se beneficiaron con la estatización de la deuda privada, medida impulsada por el entonces presidente del Banco Central, Domingo Cavallo. Así, el Estado (o sea todos nosotros) se hizo cargo de una deuda enorme, que a fines de 1983 fue calculada en 23 mil millones de dólares, el doble del valor de la deuda externa en aquel momento.
Recortando gastos.
Según refiere la periodista Alejandra Dandan (Página 12, 31/07/2016), el secretario de Justicia Santiago Otamendi, se reunió con miembros del Poder Judicial en distintas jurisdicciones, para explicar la “nueva política criminal”.
El centro de su análisis se enfocó más en el recorte de gastos, que en el mejoramiento de las condiciones de detención de los presos, que ha sido en los últimos años motivo de reiterados reclamos por parte de organismos internacionales.
Y entre las recomendaciones, Otamendi se pronunció a favor del otorgamiento de prisiones domiciliarias a los mayores de 70 años, tal como lo dispone la ley 24660. Como la mayoría de la población carcelaria es joven -se calcula el promedio de edad entre 21 y 34 años-, la franja etárea de más de 70 años corresponde casi exclusivamente a los condenados por delitos de lesa humanidad.
Si bien el funcionario no mencionó esta circunstancia, es seguro que no desconoce estas cifras, con lo cual el gobierno, con la excusa del “recorte de gastos” estaría propiciando las prisiones domiciliarias de los genocidas, tal como lo están denunciando los organismos de DDHH, como una amnistía encubierta.
La edad no redime.
A pesar del tiempo transcurrido, y del repudio mayoritario de la sociedad al accionar criminal de los responsables de los delitos de lesa humanidad, éstos no han evidenciado arrepentimiento. Ni siquiera han tenido una conducta piadosa hacia las familias de los desaparecidos y de los hijos apropiados en aquellos años.
No han revelado ni el destino de los cuerpos ni la identidad de los bebés (hoy adultos), y los
120 jóvenes hoy recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo, lo fueron por el trabajo incansable de esas mujeres valientes. Se calcula que hay otros 400 jóvenes que todavía viven con una identidad falsa, y sin embargo ninguna información han brindado los autores de ese aberrante delito.
Esa conducta criminal fue la base del fallo “Vigo”, de la Corte Suprema, que contradijo una sentencia de la Cámara de Casación Penal, por la que se otorgaba la prisión domiciliaria a un condenado por delitos durante el terrorismo de Estado. Sin embargo, los organismos de Derechos Humanos, han notado un cambio en la doctrina de la Corte, cuando en el fallo sobre la prisión del médico policial Jorge Antonio Bergés, quien intervino en partos clandestinos en el centro de detención conocido como Pozo de Banfield, le fue revocada la prisión domiciliaria, porque su estado de salud no estaba corroborado por informes del Cuerpo Médico Forense.
Entonces ahora, los abogados de los genocidas, piden la intervención de ese cuerpo médico para fundamentar sus pedidos de prisiones domiciliarias para sus defendidos.
“Ignominia”.
La resolución del Tribunal Oral Federal de La Plata, que permite al ex comisario Etchecolatz cumplir condena en su domicilio, es la demostración de estas directivas.
Este personaje fue acusado de haber organizado desde la prisión, con ayuda de “amigos” dentro de las fuerzas de seguridad, el secuestro y posterior desaparición de Julio López, quien el día anterior había declarado contra él en la audiencia.
El testigo se había referido a la extrema crueldad de Etchecolatz, relatando los tormentos propinados a una prisionera, a quien luego ejecutó de un disparo. Para lograr ese fallo favorable, el ex comisario había amenazado con iniciar una huelga de hambre y en un escrito había calificado como una “ignominia” que no se le permitiera gozar del beneficio de la prisión domiciliaria. Justamente él, que no tuvo piedad con la abuela Chicha Mariani, en la búsqueda incansable de su nieta Clara Anahí, luego del asesinato de sus padres, Daniel Mariani y Diana Teruggi.
Mano derecha del general Ramón Camps, Etchecolatz fue también responsable del secuestro, detención, torturas y posterior desaparición de Laura Carlotto, hija de la presidenta de Abuelas. Estela Carlotto tuvo más suerte que Chicha y pudo recuperar a su nieto, Guido Ignacio.
Sentencia histórica.
A pesar de todo, aunque se evidencie un gradual intento de licuar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, los procesos siguen su curso. Mañana jueves 25 de agosto, en Córdoba tendrá lugar una jornada histórica, al leer el Tribunal Oral Federal la sentencia en la Megacausa de los campos de concentración La Perla y La Ribera. Este proceso se conformó con 21 causas que fueron unificadas en lo que se llamó “Megacausa”, en el cual se juzgaron delitos de los que fueron víctimas 716 personas, 340 de ellos sobrevivientes, mientras que 600 testigos declararon en 352 audiencias.
Los acusados, que mañana escucharán el veredicto del Tribunal presidido por Jaime Díaz Gavier, son 43, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez, quien podría recibir su condena número 12 a prisión perpetua, más otras dos a más de veinte años.
El ex mandamás del Tercer Cuerpo de Ejército cumple su pena en su domicilio, beneficio que le fue otorgado, debido a su estado de salud. Sin embargo, no le impidió asistir a muchas de las audiencias, incluso a hacer uso de su derecho de defensa, pronunciando su descargo con los conocidos argumentos de que hubo “una guerra contra el marxismo” y que se estaría juzgando a “los vencedores”.
Sonia Torres estará en la audiencia, como desde diciembre de 2012, cuando comenzó este largo proceso que mañana llegará a su final. Para la presidenta de las Abuelas de Córdoba, sin embargo, no hay final, pues la búsqueda de su nieto nacido durante el cautiverio de su hija Claudia Parodi, sigue vigente.
Cuando declaró en la audiencia, Sonia increpó a los acusados y les rogó que le dijeran dónde estaba su nieto. No tuvo respuesta. ¡Esos son los “ancianos” que piden prisión domiciliaria!
Fuente:LaArena
Se entendió mal
El gobierno argentino negó que haya decidido dejar de apelar las prisiones domiciliarias de los represores.
En este contexto, algunas declaraciones de integrantes del gobierno de Mauricio Macri hacen pensar que el Poder Ejecutivo no hará el esfuerzo de apelar las eventuales decisiones de otorgar ese régimen a los militares condenados.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, dijo al diario Clarín la semana pasada que el gobierno “se ajustará a derecho” y no apelará las decisiones judiciales. Pero ayer el diario La Nación citó declaraciones del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en las que este funcionario negó que exista una orden del gobierno para que los abogados de la Secretaría de Derechos ya no apelen las prisiones domiciliarias dispuestas para los represores.
El 18 de agosto Clarín citó a una fuente de la Secretaría de Derechos Humanos que dijo que “es el tiempo que nos toca vivir”, en referencia a la avanzada edad de los 1.056 detenidos que la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad registraba hasta el 30 de junio.
El Ministerio Público contaba en esa fecha 462 detenidos por crímenes de lesa humanidad con arresto domiciliario. La Secretaría de Derechos Humanos negó que el número de represores que accedieron a ese régimen para cumplir su condena haya pegado un salto desde la asunción de Mauricio Macri.
De acuerdo con Clarín, en setiembre de 2015 el número de represores presos en sus casas era de 441. “Los números demuestran que no se abrieron las cárceles de par en par, como dicen desde el kirchnerismo, y que durante el anterior gobierno también hubo beneficiados en ese sentido”, dijo a ese diario una fuente del Ministerio de Justicia.
Desde febrero, varios juzgados federales han concedido prisión domiciliaria para un total de 50 ex militares y policías que estaban encarcelados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
En todos los casos eran presos mayores de 70 años y sus abogados argumentaron razones de salud para solicitar la salida de la cárcel. Sin embargo, un pedido de este tipo no implica que el beneficio sea automático, sino que depende del criterio de los jueces.
Cambiemos
Además de un cambio en las orientaciones del Poder Ejecutivo, la doctrina de los tribunales judiciales ha variado respecto de la época en que el tema de los derechos humanos era una bandera de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Otro de los cambios respecto a la gestión kirchnerista es que el actual ministro de Defensa del gobierno de Macri, el radical Julio Martínez, habilitó la posibilidad de que los condenados por los delitos de lesa humanidad pudieran volver a atenderse en hospitales militares, lo que había sido prohibido por su antecesor, Agustín Rossi, luego de que dos condenados se fugaran del hospital Militar Central en julio de 2013.
También de acuerdo con Clarín, el Ejército -que en los años kirchneristas cortó los lazos con los ex jerarcas represores- está haciendo cambios. Semanas atrás, el jefe del Estado Mayor, Diego Suñer, envió a un coronel de la fuerza a relevar la situación en las cárceles, y transmitió que pondrá su empeño en que los mayores de 70 y los enfermos puedan acceder a la prisión domiciliaria.
Por su parte, el titular del Episcopado, monseñor José María Arancedo, visitó dos meses atrás a algunos represores encarcelados. La noticia se filtró y desde el máximo organismo de la Iglesia católica argentina se explicó que había sido un gesto por el Año de la Misericordia.
El gobierno de Macri ha tenido desde su asunción, en diciembre, una relación tensa con las principales organizaciones de derechos humanos en Argentina, entre ellas con las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
En mayo, la organización encabezada por Estela de Carlotto denunció que una decisión del Ministerio de Seguridad “desarticuló” el Grupo Especializado de Asistencia Judicial, que había sido creado para colaborar con la extracción de muestras de ADN por vía judicial a fin de permitir la identificación de los hijos de desaparecidos durante la dictadura.
Cuando el presidente evitó precisar la cifra de desaparecidos que hay en Argentina, durante una entrevista con el portal BuzzFeed, de Carlotto dijo que Macri quiere “cambiar la historia a su manera, a su gusto, diciendo que no sabe”.
La dirigente agregó: “Si el presidente cree que vamos a dejar de buscar a los bebés desaparecidos, está muy equivocado”.
Sin embargo, en medio de la polémica por este cambio en la política de derechos humanos, el gobierno de la alianza Cambiemos anunció ayer que evalúa objetar la decisión de la Justicia que otorgó la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz, quien cumple condena por ser responsable de diversos crímenes cometidos durante la dictura: asesinatos, secuestros, desapariciones y sustracción de identidad.
“Estamos revisando el caso Etchecolatz y analizando toda la situación para ver qué se puede hacer”, declaró Avruj a La Nación.
Fuente:LaDiaria
PIDEN INVESTIGAR LA COMPLICIDAD DEL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE CON ETCHECOLATZ
Un represor que también sería estafador
Los fiscales quieren saber si los médicos de la cárcel falsearon la historia clínica. En abril, Etchecolatz pesaba 67 kilos, pero en julio, antes de iniciar la huelga de hambre, figuran 73.
El represor Miguel Etchecolatz fue condenado cinco veces.Imagen: Rafael Yohai
La Unidad Fiscal de delitos de lesa humanidad de La Plata pidió que se investigue si médicos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) falsearon datos sobre el peso de Miguel Etchecolatz para facilitar su estrategia con vistas a obtener el arresto domiciliario. Los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira remarcaron la “diferencia notable” entre los 67 kilos que el Cuerpo Médico Forense (CMF) registró en abril y los supuestos 73 kilos que el SPB apuntó el 25 de julio, cuando el represor comenzó en teoría una huelga de hambre que -según los mismos médicos- le hizo bajar ocho kilos en 18 días. El tribunal que con votos de Germán Castelli y Jorge Michelle le concedió el 22 de julio el arresto domiciliario y rechazó curiosamente el pedido para que se convocara al Cuerpo Médico Forense antes de dictaminar. El CELS, por su parte, calificó de “arbitraria” la resolución del Tribunal Oral Federal 1, destacó que los jueces no analizaron “los riesgos que pueden derivarse” de la detención hogareña y que “mientras Jorge Julio López permanezca desaparecido y el Estado no determine la verdad de lo que le ocurrió, la prisión en una unidad penitenciaria de Etchecolatz es imprescindible”. Claudio Avruj, titular de la Secretaría de Derechos Humanos, minimizó el tema al afirmar que la familia de López debe “entender” que si el principal investigado por su desaparición sale de la cárcel “la pena continúa y sólo cambia el ámbito de reclusión”.
La denuncia de los fiscales la recibió el viernes el juez federal Ernesto Kreplac. “Podríamos encontrarnos ante una posible estafa a la administración de justicia a través de la falsedad ideológica de los informes remitidos” por los médicos del Servicio Penitenciario Bonaerense, advirtieron. La situación “cobra especial interés toda vez que (el peso) resulta un aspecto cuasi determinante a los fines de valorar la incidencia de la huelga de hambre en la salud del imputado”, agregaron. El dato clave, que antes habían advertido los organismos de derechos humanos y había adelantado Página/12, es un informe de abril del CMF, según el cual Etchecolatz pesaba 67 kilos. Tres meses después, cuando la domiciliaria concedida por Castelli y Michelle no se concretó y el policía informó que iniciaba una huelga de hambre, los médicos del SPB apuntaron 73 kilos. “Se consignó, a partir de allí, una escala decreciente en su peso, como supuesta consecuencia de la medida, que lo llevó a perder 8 kilos al 12 de agosto, donde se consigna que pesaba 65 kilos”, se permitieron dudar. “La gravedad de lo advertido” es aún mayor si se considera que para dictaminar ante cada pedido de la defensa de Etchecolatz jueces y fiscales debieron basar su opinión “en tales informes del SPB, confiando en la buena fe de lo consignado”, agregaron, y recordaron que el TOF1 rechazó el pedido para que volviera a dictaminar el CMF antes de concederle el beneficio al ex hombre de confianza de Ramón Camps.
El CELS destacó en un comunicado que “los poderes judicial y ejecutivo deben garantizar que los arrestos domiciliarios sean concedidos por razones fundadas”. “Decisiones arbitrarias de este tipo y su aval por el poder Ejecutivo representan mensajes negativos para el avance del proceso de verdad y justicia”, afirmó. El organismo recordó que Etchecolatz acumula cinco condenas desde 2004, que es investigado por la desaparición de López, que tuvo “actitudes provocadoras” relacionadas con esa desaparición y que en 2006 se le revocó el arresto domiciliario por la tenencia de un arma de fuego. Y destacó que “lo que está en cuestión no es el derecho reconocido por la ley a acceder a la prisión domiciliaria sino que no se hayan analizado con seriedad todos los elementos del caso”.
El secretario de derechos humanos tomó distancia de la discusión sobre los arrestos domiciliario al afirmar que “es prerrogativa del juez” y el Estado “no puede apelar”. Sobre Etchecolatz, dijo conocer “la preocupación de la familia” de López pero pidió “entender” que la domiciliaria “no significa una eximición de la pena sino que la pena continúa y sólo cambia el ámbito de reclusión”.
Fuente:Pagina12
Etchecolatz: médicos penitenciarios habrían falseado estudios para beneficiarlo
En la cárcel de Ezeiza indicaron que el represor perdió 8 kilos en huelga de hambre, pero lo pesaron con 6 kilos más que sus pares del Cuerpo Médico Forense.
Miércoles 24 de Agosto de 2016
Los médicos penitenciarios que lo atendieron al inicio de la huelga hambre, informaron que pesaba 73 kilos y que había bajado hasta 66, mientras que el Cuerpo Médico Forense, en otro estudio anterior, lo había dado por sano con 67 kilos.
Por esa diferencia, los fiscales federales de La Plata pidieron que se investigue si los médicos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) falsearon datos sobre la salud del represor Miguel Osvaldo Etchecolatz e indujeron al error al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 (TOF1) que le otorgó la prisión domiciliaria por razones “humanitarias”.
La denuncia de la Unidad Fiscal de La Plata con competencia en delitos de lesa humanidad, fue formulada el viernes último ante el juzgado federal N°3 del juez federal Ernesto Kreplak.
En la presentación fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira marcaron las diferencias del peso de Etchecolatz entre un informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema elaborado en abril y otro rubricado en julio por los médicos penitenciarios del hospital intramuros de la cárcel de Ezeiza.
El estudio de los médicos del Hospital Penitenciario Central de la Cárcel de Ezeiza, indicaron que el represor perdió 8 kilos durante la huelga de hambre que inició para reclamar su prisión domiciliaria.
En base a esa supuesta pérdida de peso, recomendaron la domiciliaria para el ex comisario. Pero apenas tres meses antes los médicos de la Corte habían advertido que el represor, con 67 kilos, estaba sano y en condiciones de permanecer en prisión.
“Podríamos encontrarnos ante una posible estafa a la administración de justicia a través de la falsedad ideológica de los informes remitidos a la causa por los funcionarios actuantes”, dijeron los fiscales. Y advirteron el “especial interés” que cobra esa diferencia de peso “toda vez que resulta un aspecto cuasi determinante a los fines de valorar la incidencia de la huelga de hambre en la salud del imputado”, indicaron.
La semana pasada, los organismos de derechos humanos y particulares querellantes en causas contra Etchecolatz habían advertido lo mismo y presentaron un escrito al TOF1, en el que señalaban esas diferrencias y advertían que el fallo que se aprestaban a emitir -favorable a la domiciliaria- podía resultar “viciada de nulidad”.
El TOF1 le otorgó la primera domiciliaria el 22 de julio -desoyendo lo que decían los médicos y el dictamen fiscal- y Etchecolatz inició una huelga de hambre porque el beneficio no se hizo efectivo. Fue ahi que los médicos penitenciarios lo pesaron con 8 kilos de más. Pero para la Fiscalía no es creíble que Etchecolatz hubiera aumentado seis kilos en tres meses y que, tras una huelga de hambre de 18 días, hubiera regresado a un peso similar al inicial.
Etchecolatz recibió sentencias favorables de diferentes tribunales: el TOCF N°1 de La Plata le otorgó la prisión domiciliaria en la causa por dos homicidios por los que fue condenado en 2014, en tres causas que están en etapa de ejecución de la pena (la causa Camps de 1986, la causa "Bergés-Etchecolatz" de 2004 y la "causa Etchecolatz" de 2006) y en las causas por los crímenes en el Circuito Camps (condena de 2012 en revisión) y Quilmes, en la que aún no se fijó fecha de debate.
En estas últimas la decisión fue adoptada el viernes pasado y la Unidad Fiscal adelantó a Fiscales que prepara el recurso de casación para solicitar su revocación. El TOCF 6 de la Capital Federal y la Cámara Federal porteña le otorgaron el mismo beneficio en dos causas por los crímenes en el centro clandestino que funcionó en la Brigada Güemes. La domiciliaria no se hizo efectiva porque Kreplak le denegó los pedidos en causas que están en instrucción.
Fuente:Tiempo.ar
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