Resumen Latinoamericano/ 19 de Agosto 2016 .-
La cita será a las 9 del lunes 12 de septiembre en La Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca, y quienes quieran participar podrán inscribirse hasta dos días antes de esa fecha. El Gobierno nacional convocó hoy a una audiencia pública para considerar el precio del servicio de gas para el próximo lunes 12 de septiembre, en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires, tras el fallo de la Corte Suprema que anuló los incrementos.
El texto indica que en la audiencia pública se considerará
“a) el traslado a tarifas de los precios de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte y
b) las tarifas transitorias de transporte y distribución, que estarán vigentes hasta la aprobación definitiva de los cuadros tarifarios resultantes de la Revisión Tarifaria Integral”. La Resolución 3953/2016 del Enargas precisa que podrán participar “toda persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo, interés simple o derecho de incidencia colectiva”.
Quienes quieran inscribirse, así como informarse sobre las condiciones para participar, deberán presentarse en la Mesa de Entradas del Enargas, lunes a viernes de 10 a 17, hasta dos días antes de la realización de la audiencia.
Tomado de Página12
La Corte y el Tarifazo: Lo gradual, lo razonable y lo confiscatorio
Por Mario Juliano, Revista Anfibia / Resumen Latinoamericano/ 19 de Agosto 2016.-
El impacto del aumento de las tarifas de gas y electricidad en la población me trajo algunas imágenes: vecinas de Necochea que espiaban a hurtadillas por las ventanas y esperaban la llegada del cartero con la infausta noticia de la factura que anunciaba la nueva tarifa de los servicios públicos. Decenas, cientos de vecinos temblorosos, con el sobre de la empresa ante los ojos, dudando entre abrirlo o tirarlo al tacho de la basura. Familias a la luz de una vela, acurrucados para evitar consumir servicios convertidos, de la noche a la mañana, en artículos de lujo. Tres escenas para nada distantes de la realidad, al menos en el interior profundo del país, donde luego de los anuncios oficiales de los aumentos se desató una suerte de paranoia colectiva: “A mí me llegó una factura con el 1.200% de aumento”, “la hermana de mi cuñada tiene una cuenta de gas de 3.700 pesos, con dos calefactores de morondanga”. Y así. Las voces repetidas en la cola del supermercado, en las radios comunitarias, en los foros de los diarios virtuales.
La judicialización de la preocupación ciudadana no tardó en llegar, y también los primeros pronunciamientos, poniendo freno a los tarifazos. Se veía venir: sería la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien habilitaría o rechazaría las medidas del gobierno. La intervención de la Corte ocurrió en un contexto muy particular, que no puede ser soslayado: la sospecha de simpatías o coincidencias del cortesano mayor, Ricardo Lorenzetti, con el nuevo gobierno (no se puede omitir que un mes antes mantuvo una reunión con el Presidente de la Nación, cuyo temario no trascendió, y que llevó a algunos a pensar en recusarlo cuando tuviera que intervenir en esta cuestión), el rol de los nuevos ministros de la Corte en el pleito (en rigor, Horacio Rosatti, que es el único que asumió) y la posibilidad que el máximo tribunal de la República, como se lo suele denominar, apelara al subterfugio de las “cuestiones no justiciables”, que supuestamente se encuentran reservadas a la competencia exclusiva de los otros poderes, como es la de fijar e implementar políticas públicas.
El primer síntoma saludable de la intervención de la Corte es que se haya asignado máxima prioridad al asunto, haciéndose cargo de la realidad, de la preocupación de los usuarios, pero también de las expectativas gubernamentales en un tema que forma parte de su proyecto de país. Lo mismo puede decirse de la intervención de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, que con extrema celeridad produjo su dictamen, aconsejando el rechazo del aumento de las tarifas en la forma en que se había implementado.
La celeridad en el pronunciamiento reafirma la idea de un Poder Judicial que debe abandonar la burbuja de cristal en la que habitualmente vive y consustanciarse con los temas más álgidos de la realidad. Podremos discutir el acierto o el error de los pronunciamientos, de acuerdo al sitio en que nos ubiquemos respecto del caso específico, pero lo que no podemos admitir es que los jueces resuelvan cuando los temas han perdido vigencia y ni siquiera recordamos de qué estamos hablando.
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El fallo de la Corte tiene treinta y ocho páginas (Maqueda y Rosatti hicieron sus propias precisiones, en sentido coincidente) y, si tenemos en cuenta la trascendencia del asunto y la importancia de la decisión, podemos afirmar que se trata de un fallo conciso, económico y, por ende, accesible a la mayoría de los mortales. Lejos del arsenal de argumentos que muchas veces se emplea para tratar de explicar lo inexplicable.
El fundamento central del rechazo al aumento de las tarifas de gas reside en un motivo obvio, previsible, como lo es el incumplimiento de la realización de las audiencias públicas obligatorias, que permiten a los usuarios y consumidores ser escuchados en aspectos esenciales y sensibles a sus intereses. La obligación se desprende del artículo 42 de la Constitución Nacional, incorporado con la reforma de 1994: los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. En su fallo, la Corte se ocupa de recordar que se trata de un derecho operativo: para su materialización no se precisa una ley que reglamente su ejercicio. La sola circunstancia de encontrarse reconocido en la Constitución es un motivo suficiente para que sea cumplido. De esta forma se evita que los derechos y garantías consagrados en la Carta Magna se conviertan en papel pintado, meramente decorativo, sin consecuencias prácticas.
La razón apuntada (el incumplimiento de las audiencias públicas obligatorias previo a la fijación de las tarifas) es la razón obvia. Pero hay más. Como suele ocurrir con las Cortes (la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica es un claro y frecuente ejemplo), pueden leerse ciertos mensajes interlineados, que aparecen como argumentos accesorios a la resolución, pero que no son inocentes ni casuales, y tienen una estrecha relación con el contexto en el que ocurren las cosas. Llaman la atención algunos pasajes del pronunciamiento, que parecen “marcar la cancha a futuro”:
1) El claro ingreso en las cuestiones “no justiciables”. En el considerando 26 se explicita cuáles son las competencias de cada uno de los poderes de la República: al Legislativo la adopción de las pautas propias de la política tributaria federal, al Ejecutivo la fijación de las tarifas del servicio público y al Judicial el control de la razonabilidad de tales decisiones y su conformidad con los derechos fundamentales reconocidos por la Ley Suprema de la Nación.
En ese sencillo párrafo la Corte anuncia que no se va a limitar a observar el cumplimiento de los requisitos formales de la ley (en este caso, la realización de las audiencias públicas), sino que va a avanzar en el control de razonabilidad que, como es de suponer, implica un concepto muy amplio para los márgenes de intervención.
Al final del considerando 27 reafirma el concepto al señalar que debe distinguirse entre el ejercicio del control jurisdiccional de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las tarifas, y el ejercicio mismo de la potestad tarifaria, que no compete a los jueces, sino al poder administrador.
2) A renglón seguido (considerando 30) sostiene que todo reajuste tarifario debe incorporar como criterio de validez jurídica el criterio de gradualidad. Una definición de esta índole, que la Corte espera que sea asumida en el futuro para casos similares, excluye la posibilidad del tarifazo, que tantas zozobras generó en el ánimo de la mayoría de los compatriotas. La gradualidad se encuentra en las antípodas de la brusquedad, característica de las políticas de shock.
3) El último mensaje de la sentencia que despierta mi atención es la recomendación para que el Estado vele por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos ponderando la realidad económico social concreta de los afectados por la decisión tarifaria, con especial atención a los sectores más vulnerables, calificando a la tarifa propuesta por el Ejecutivo como confiscatoria, en tanto ocupa, de modo irrazonable, un porcentaje excesivo de los ingresos del grupo familiar. Los conceptos se encuentran cargados de contenido, pero la caracterización como confiscatorios de los aumentos eximen de mayores comentarios.
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Quedan dos cuestiones a tomar en consideración a futuro, que pueden generar alguna preocupación adicional. Por un lado, las características de la audiencia pública que el gobierno ya anunció para el 12 de septiembre. Existe la posibilidad que el Poder Ejecutivo implemente una apariencia de audiencia pública, donde usuarios y consumidores cumplan un rol meramente decorativo. En palabras de la Corte, para legitimar decisiones verticales tomadas con anterioridad (considerando 19). La posibilidad no es remota, ya que es lo que se intentó hacer días atrás, con una audiencia informativa, ampliamente rechazada por usuarios y consumidores. La Corte se anticipa a este escenario y aclara que la participación de los usuarios con carácter previo a la determinación de la tarifa constituye un factor de previsibilidad, que integra el derecho a una información adecuada y veraz y de legitimidad de las decisiones del poder administrador.
La única cita doctrinaria del fallo está dedicada a John Rawls, que es uno de los mentores de las democracias deliberativas, superando la noción de la democracia representativa (el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes). Las democracias deliberativas se identifican con el protagonismo ciudadano: el debate público mejora la legitimidad de las decisiones (…) para arribar a un consenso entrecruzado.
La segunda cuestión son los usuarios y consumidores que quedaron excluidos de los alcances del fallo de la Corte. La resolución sólo salva del tarifazo a los usuarios domiciliarios, dejando fuera de sus alcances a otros consumidores, como es el caso de comerciantes, pymes, industrias, clubes y otras organizaciones de la sociedad civil. El cálculo de muchos es que la sentencia de Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Rosatti beneficia a menos del 30% de los consumidores de gas. La Corte formuló una opción que sería larga de explicar, pero en forma alguna excluyó a otras categorías de usuarios. Muy por el contrario, si el Poder Ejecutivo no se hace cargo de las vigas maestras que sostienen lo resuelto, no pasará mucho tiempo para que sucedan nuevos reclamos que, sin dudas, serán tratados con la misma vara que inspiró esta decisión.
Lo cierto y lo concreto es que, por el momento, los beneficiados explícitos han sido los eslabones más débiles de la cadena, los que no pueden esperar. Opción que también constituye una decisión política nada inocente. ¿Qué podemos esperar a futuro? ¿Podemos esperar una Corte que recobra sus mejores tradiciones, identificada con los intereses de los necesitados, poniendo el cuerpo a temas postergados que precisan urgentes definiciones, actuando como freno a los excesos de poder?
No me permitiría semejante optimismo. La cautela se funda en el dudoso desempeño que el tribunal exhibió en los últimos tiempos donde, claramente, no hizo gala de transparencia y compromiso ciudadano. Muy por el contrario, en más de una ocasión, alguno de sus integrantes se vio envueltos en intrigas palaciegas que flaco favor hicieron al rol institucional que la mayoría de los argentinos esperamos de sus gestiones.
Amparos para ampliar el fallo de la Corte
Resumen Latinoamericano/ Página12/ 19 de agosto 2016 .-
LA MULTISECTORIAL CONTRA EL TARIFAZO PRESENTARA RECURSOS PARA QUE SE INCLUYA A PYMES, COOPERATIVAS, CENTROS CULTURALES Y CLUBES DE BARRIO
La Multisectorial Contra el Tarifazo anunció que presentará recursos de amparo por sector la semana próxima para pedir que la nulidad dictaminada por la Corte Suprema en su fallo por las nuevas facturas de gas contemple a sus organizaciones.
La Multisectorial abarca a pequeñas y medianas empresas, cooperativas, centros culturales, clubes de barrio y centros de jubilados. “Rescatamos como positivo el fallo de la Corte que anula el tarifazo para las facturas residenciales, que fue producto de las acciones de lucha, y vamos ahora por los sectores que no fueron contemplados en la nulidad”, sostuvo el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionadas (Facta), Federico Tonarelli.
El próximo lunes a las 18 se realizará en el Hotel Bauen una nueva reunión de la Multisectorial con presencia de abogados, jueces y diputados nacionales en el marco de determinar posiciones para la audiencia pública del 12 de septiembre. “Los equipos jurídicos a partir de la semana que viene empezarán a presentar amparos de cada uno de los sectores afectados”, explicó un representante de la Corriente Federal de Trabajadores. Por su parte, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), manifestó en su presentación que observa “con preocupación” que el conflicto es un “problema político porque en el contexto de recesión, liberación de importaciones y caída real del salario se hace difícil afrontar las tarifas”.
“Celebramos como un triunfo de todo el pueblo este alivio para los hogares de todo el país pero como cooperativas sigue un camino de lucha hacia adelante porque todos venimos soportando la recesión y la caída en ventas, a lo que se suma el tarifazo”, apuntó Silvia Díaz de Facta. Por su parte, desde el sindicato del Cuero señalaron que “hay 400 cooperativas que ya cerraron por los tarifazos” y pidió organizar “un plan de lucha para que (las tarifas) sea para todos por igual”.
“Si no logramos superar este tarifazo, 9 de cada 10 clubes corren el riesgo de cerrar y cientos de miles de chicos no van a quedar afuera ni tener donde formarse, hay que trabajar para que el tarifazo se termine de una vez y para todos los sectores”, reclamó en tanto un representante sectorial de clubes de barrio.
COMUNICADO PRENSA / Marcha Federal, Tarifazo, Congreso CGT
Tras una sesión plenaria de la mesa de conducción de la Corriente Federal de Trabajadores se difundió una gacetilla de prensa en donde se tratan varios temas. Por un lado la convocatoria a participar de la Marcha Federal multisectorial a realizarse el próximo 2 de septiembre y otra para el día que se lleve a cabo la audiencia pública impulsada por el Gobierno para avanzar en el tarifazo. Por otro lado, también se expresa de cara al Congreso de la CGT del próximo 22 de agosto. Reitera la necesidad de que el programa presentado días atrás sea tomado en cuenta y propone avanzar con un plan de acción y una medida de fuerza inmediata con un paro de 24 horas.
Fuente: Corriente Politico Sindical Federal
Pilotos de Aerolíneas amenazan con paro para este fin de semana
Así lo resolvieron luego de una asamblea en la que se facultó al Consejo Directivo de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) a realizar las medidas de fuerza que considere pertinentes, tras lo que se informó que hoy habrá asambleas en Ezeiza y Aeroparque.
Pilotos de Aerolíneas amenazan con paro para este fin de semana Pilotos de Aerolíneas Argentinas amenazaron con que “no saldrá un avión durante el fin de semana” tanto en Ezeiza como desde Aeroparque, ante la falta de respuestas de la empresa a las demandas sindicales.
Así lo resolvieron luego de una asamblea en la que se facultó al Consejo Directivo de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) a realizar las medidas de fuerza que considere pertinentes, tras lo que se informó que hoy habrá asambleas en Ezeiza y Aeroparque.
A poco de conocida la decisión gremial, el Ministerio de Trabajo anticipó que dictará la conciliación obligatoria para evitar la huelga este fin de semana. “La negociación paritaria de Aerolíneas Argentinas es complicada, pero queremos que negocien ‘conciliados'”, explicaron las fuentes ministeriales.
Sin embargo, el secretario general de APLA, Pablo Biró, aseguró que desacatarán esa conciliación, por lo que, insistió en que “no va a salir un avión durante todo el fin de semana”. Al comentar los pormenores de la asamblea llevada adelante en la sede de la organización sindical ubicada en el porteño barrio de Almagro, el dirigente gremial señaló que el aval de los pilotos “fue por unanimidad“.
El dirigente sindical consignó que participaron de las deliberaciones “unos 200 pilotos que facultaron al Consejo Directivo de APLA a tomar las medidas de fuerza necesarias en defensa de los intereses de los trabajadores”.
Biró recordó que “tras varias negociaciones reclamando la reapertura de las paritarias y el pago de un bono para compensar los efectos de la inflación, el aumento de precios y los incrementos tarifarios, no logramos conmover a los funcionarios de la empresa”.
Respecto a si ya tienen prevista una fecha para realizar un cese de actividades por parte de los pilotos, Biró respondió que “estamos facultados para definirlo y haremos la medida de fuerza cuando el Consejo Directivo lo crea conveniente”.
Fuente: Diario Popular
En un clima de despidos y suspensiones, se derrumbó 17,4% la producción siderúrgica
Mientras las plantas operan al 60% de su capacidad por las suspensiones. y los despidos en el sector, la Cámara Argentina del Acero aseguró que la producción se desplomó en julio 17,4%.
La producción de acero crudo se derrumbó un 17,4 por ciento en julio, respecto del mismo mes del año pasado, al bajar a 356.100 toneladas, y en lo que va del año acumuló un retroceso del 15,7%.
Así lo precisó este jueves la Cámara Argentina del Acero al dar a conocer su informe sobre la producción siderúrgica nacional correspondiente a julio de 2016, mes en el que se registró una baja del 4,4% respecto de junio.
“A siete meses de 2016, la actividad industrial de la cadena de valor del acero argentino continúa atravesando un escenario de estancamiento, salvo algunas excepciones como la maquinaria agrícola que creció 7% en lo que va del año”, dijo la entidad.
La Cámara también señaló que debido a la situación el nivel de operación de las plantas productoras de acero se encuentra en niveles de utilización “muy bajos, cercano al 60% de la capacidad instalada”.
Por ello, las empresas que integran la Cámara Argentina del Acero aclararon que siguen con la “necesidad de mantener vigentes las medidas vinculadas a la reducción de turnos de producción”, con suspensión de trabajadores.
Además ya se hace sentir la reducción de empleos y se rumorea desde hace tiempo el cierre de la planta de Acindar en Rosario, que en los últimos meses en varias ocasiones despidió trabajadores.
Venegas no ira al congreso de unidad y amaga con armar una CGT amarila
El líder de los peones rurales confirmó que son 66 gremios los que convocó y que buscará impugnar el Congreso del lunes. Marcó sus diferencias con Moyano y hasta piensa en ir en busca de su propia CGT macrista.
Los 66 gremios confederados que participaron ayer en el plenario que ratificó la candidatura a único secretario general de la CGT del ruralista Gerónimo “Momo” Venegas decidieron “no concurrir” al Congreso Normalizador del lunes próximo (que determinará la creación de una sola CGT) e “impugnarlo por nulo ante el Ministerio de Trabajo”.
Lo confirmó el propio Venegas, quien aseguró que “la convocatoria en sí y el Congreso son absolutamente nulos”. El plenario de sindicatos que respaldan la candidatura del líder de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) a único titular de la central obrera sesionó en la sede de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas y definió ir con una estrategia contundente.
“La convocatoria realizada y la propia naturaleza del Congreso de la CGT son absolutamente nulos. Este espacio, por lo mismo, no participará y, de forma inmediata, lo impugnará ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, la autoridad de aplicación”, aseguró. Venegas, líder de “las 62” e integrante del consejo directivo de la CGT Azopardo del dirigente camionero Hugo Moyano, señaló a Télam que “la decisión del plenario de no participar en el Congreso se basó en la imposibilidad de legitimar la convocatoria y autorizar la modificación del Estatuto de la central obrera”.
Venegas exige el cumplimiento a rajatabla del Estatuto, que contempla la figura de un único secretario general y de 35 integrantes del consejo directivo, al igual que el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), el espacio de Jorge Viviani (Peones de Taxis) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), entre otros.
El dirigente sindical explicó que la convocatoria plantea modificar el Estatuto de la CGT para imponer un triunvirato -que conformarían Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña por las CGT Azopardo, Alsina y Azul y Blanca-, “lo que es en sí antiestatutario e imposible de legitimar con la participación”.
Para Venegas, la llamada “mesa chica” de las tres CGT, que formalizó la convocatoria del lunes, debería haber notificado a los gremios confederados previamente respecto de esa propuesta.
“Este espacio impugnará por nulo el Congreso ante Trabajo de forma inmediata. Luego, deberá de manera obligada conformarse una mesa que contemple la participación de la totalidad de los sectores gremiales para convocar a una nueva instancia de debate y de unidad real de la central obrera”, puntualizó el dirigente. Venegas también sostuvo que a pesar de haber decidido no participar en “el nulo Congreso Normalizador del lunes próximo, este espacio de 66 gremios no conformará una CGT paralela”.
Sin embargo el camino planteado del pedido de nulidad ante el Ministerio de Trabajo abre el camino para un posible avance en ese sentido. “La mayoría de los integrantes del consejo directivo de Azopardo no quería a Schmid como candidato. Lo impuso Moyano. ¿Para qué voy a intentar hablar con Hugo entonces? No tiene sentido”, concluyó Venegas -muy próximo a la administración Macri-, señalando de esa forma sus diferencias con el camionero.
La de máxima del “Momo”, si en Trabajo obtiene una respuesta favorable, mantiene el guiño del gobierno y logra hacer crecer los respaldos, sería pedir un nuevo congreso normalizador que podría derivar en la práctica en otra CGT más cercana al Gobierno Nacional.
El MASA se bajó de la unidad de la CGT
Los dirigentes que integran el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) decidieron “no participar” en el Congreso de unidad sindical y mantenerse al margen del proceso.
Las fuentes gremiales de ese espacio confirmaron anoche que el MASA, que lidera el taxista Omar Viviani, “no participará en los Congresos del próximo lunes porque no se debatió de forma previa un proyecto nacional que contemple una agenda programática y objetivos concretos e inmediatos”.
Las organizaciones gremiales que integran esa corriente deliberaron durante varias horas ayer en la sede del Sindicato de Peones de Taxis (SPT). “Se decidió no participar en los Congresos Ordinario y Extraordinario de la CGT, convocados para el lunes próximo, porque no se debatió de forma previa un proyecto nacional que contemple una agenda programática y objetivos concretos e inmediatos a corto, mediano y largo plazo, propuesta que desde un principio impulsó el MASA y que nunca se materializó”, dijeron las fuentes.
También señalaron que la decisión de no participar obedeció del mismo modo a que la convocatoria “no respetó el Estatuto Social de la central obrera” y al hecho de que “algunos pocos dirigentes pretenden determinar la metodología de conducción y definir los destinos del movimiento obrero organizado y de los trabajadores”.
El MASA -que entre otros grandes gremios reúne a la Unión Ferroviaria (UF) de Sergio Sasia, a los mecánicos (SMATA) de Ricardo Pignanelli, a los lucifuercistas (FATLyF) de Guillermo Moser, a los telefónicos (FOETRA) de Osvaldo Iadarola, al legislativo (APL) Norberto Di Próspero y a Viviani-, se sumó así a la decisión previamente adoptada por los sindicatos que respaldan la candidatura del ruralista (UATRE) Gerónimo Venegas, los que tampoco participarán en los Congresos por considerarlos “nulos”.
El MASA exigió “el total respeto” del Estatuto de la CGT, que prevé la elección de un único secretario general y 35 integrantes del consejo directivo, y ratificó la candidatura a secretario general del líder de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio Sasia. Con la decisión adoptada por el MASA y el sector de gremios que responden a Venegas, ya son varias decenas los sindicatos que determinaron ausentarse el lunes próximo de la convocatoria a “la unidad” cegetista en los Congresos convocados en Obras Sanitarias.
Tanto el MASA como el sector de Venegas se oponen de forma terminante a la imposición de un triunvirato, que integrarían Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña en representación de las centrales obreras de Azopardo, Alsina y Azul y Blanca.
Los sindicalistas que impulsan el triunvirato inaugurarán la jornada del lunes con un Congreso Extraordinario, que procurará convalidar ese terceto a través de una cláusula transitoria que se incorporará al Estatuto Social de la CGT y, de aprobarse, abrirán luego el cónclave Ordinario, que elegirá a la nueva conducción.
Trabajadores de Carrefour denuncian a la firma y al gremio por las condiciones laborales
Empleados técnicos de mantenimiento del hipermercado de Av. San Martín y la Av. General Paz denunciaron a este portal el incumplimiento de múltiples derechos laborales, y la completa inacción del sindicato de comercio.
Un empleado técnico de mantenimiento del la firma Carrefour, que tiene la base de mantenimiento en el hipermercado de San Martín, ubicado entre las avenidas General Paz y San Martín, se contactó con InfoGremiales para denunciar las múltiples faltas de la empresa. “Somos como 150 compañeros y no tenemos delegados. Lo que provoca que la empresa haga lo que quiera con nosotros.
Nos obligan a hacer horas extras que no nos pagan. Nos aperciben, suspenden y echan sin razón. Nos cambian los horarios y lugares de trabajos. Nos envían a hacer trabajos peligrosos solos y sin el equipo adecuado”. El trabajador además denunció la falta de ascensos o recategorizaciones.
Él mismo es ayudante desde hace más de siete años. “En fin un montón de cosas a las que si nos negamos se toman represalias”, concluye. Pero su denuncia no termina allí. “Lo peor de todo es que el sindicato está vendido y no nos da bolilla”, sostuvo. “El sindicato de comercio está dividido por zonas.
Fui al de San Martín y me dicen que nosotros pertenecemos al de zona norte porque nuestra planta figura en Martínez. Cuando en Martínez no hay nada, todo está en el hiper: los jefes, la gente, las oficinas, todo.
Y fui al sindicato de zona norte y me dicen que físicamente estamos en San Martín y que ellos no pueden interceder, y así me tienen de un lado a otro”, concluyó.
Nuevos despidos en el Ministerio de Educación
Los trabajadores del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) exigen respuestas por 40 contratos que vencen a fin de mes y que por el momento no hay notificación sobre continuidad y realizaron un escrache a las autoridades del ministerio quienes se encontraban en el relanzamiento del Programa Nacional de Formación Docente Nuestra Escuela.
Entre los presentes en la presentación del relanzamiento del programa de formación docente, se encontraba la secretaría de Innovación y Calidad Educativa, Mercedes Miguel y el asesor legal Mandred Hans Kurchen y desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncian que “el gobierno de Cambiemos ha tomado la decisión de profundizar el vaciamiento de nuestro organismo, encargado de centralizar las políticas públicas que ordenan y desarrollan la formación docente a lo largo y ancho de todo el país”.
“Se caen alrededor de 40 contratos a fin de mes a través de contratos con universidades nacionales y con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y no hubo ninguna notificación de continuidad de ningún tipo”, denunció a El Destape el delegado del INFoD-ATE, Lautaro Pedot.
Al hecho de la no renovación de contratos, advierten que bajo la nueva gestión ya se eliminaron áreas del INFoD como Derechos Humanos y una que instalaba radios en todo el país que daba capacitación técnica a los institutos.
Por su parte, ATE denuncia que el ofrecimiento de 50 pases a planta transitoria “son otorgados con criterios arbitrarios y se les han asignado salarios que no corresponden con los que este mismo ministerio ha ofrecido a compañeros de otras entidades”.
El gremio también advierte que no son respetados los perfiles técnicos y el desarrollo profesional de los trabajadores y se realizan reducciones salariales que superan, en la mayoría de los casos, los cuatro mil pesos.
“Estamos viendo un proceso de vaciamiento en un marco de desjerarquización de la formación docente”, cerró Pedot.
Cuatro listas competirán por el poderoso gremio petrolero de Chubut
La Junta Electoral del sindicato del petróleo y gas privado del Chubut oficializó cuatro listas para las elecciones del 4 de noviembre. Se votará en medio de una crisis marcada por la caída del precio internacional del crudo y la amenaza de cesantías.
El actual secretario general, Jorge “Loma” Avila se presentó a la reelección acompañado por el diputado provincial Carlos Gómez, encabezando la lista Azul con la promesa de “pelear por cada uno de los puestos de trabajo sin caer ni en el oportunismo de los que quieren arrastrar al conflicto permanente, ni en el juego de las operadoras”, según repite su conductor con insistencia.
Avila volverá a confrontar con el ex secretario general del sindicato y el actual diputado provincial Mario Mansilla, quien había anunciado que encabezaría la lista Verde, pero finalmente irá en su lugar Diego González, un delegado de la empresa Halliburton.
La otra lista es la Blanca, encabezada por Carlos Martínez, delegado de la empresa San Antonio Internacional, que fue noticia en los últimos días por tratarse de la firma que despachó telegramas masivos de despidos y colocó al conflicto petrolero en el centro de la escena.
Por último se inscribió la lista Roja y Amarilla, que integran varios actuales delegados de la comisión directiva y de mantenimiento encabezada Albino Kruger, quien en diálogo con Télam pidió que “el gremio empiece a mirar a los petroleros, porque hasta ahora las sucesivas comisiones directivas se dedicaron a hacer política partidaria, nada más”.
Si bien corrieron muchos rumores sobre impugnaciones, voceros de la Junta Electoral con sede en Comodoro Rivadavia consultados por Télam indicaron que “hasta el momento nadie realizó impugnaciones a las listas presentadas”.
El sindicato del petróleo y gas privado del Chubut es uno de los más importantes de la Patagonia y segundo de su rubro en la región, después del de Neuquén.
Segunda jornada de paro docente en Entre Ríos por reapertura de paritarias
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) continúa hoy el paro de actividades por 48 horas en reclamo de mejoras salariales, que se suma a las medidas de fuerza realizadas en los últimos días, confirmaron voceros sindicales.
Las fuentes dijeron que el paro se decidió como consecuencia de “la falta de convocatoria del gobierno provincial para presentar una propuesta de recomposición salarial para los docentes”.
El último congreso de Agmer, realizado en Gualeguaychú el 10 de este mes, emplazó hasta ayer al gobierno entrerriano para presentar una propuesta salarial para el segundo semestre de este año, pero al no tener el gremio una respuesta oficial, decidió hacer efectivas ayer y hoy, las 48 horas de paro que había resuelto.
“La unidad de los docentes en torno al reclamo será una contundente respuesta a las presiones y amenazas de descuentos con que se pretende amedrentar nuestra lucha”, advirtió el sindicato en un comunicado luego del anuncio oficial de que se descontarán los días no trabajados a los docentes que adhieran al paro.
A la medida de fuerza se sumará mañana el Sindicato Argentino de Docentes Privados de Entre Ríos (Sadop), que decidió un paro de 24 horas por “la falta de interés del gobierno nacional para resolver el deterioro salarial” y por “el estado de inacción en el que se mantiene la provincia ante el deterioro social y la pobreza del salario docente”.
Fuente: InfoGremiales
Movilización nacional contra el ratifazo
Pablo Micheli y Hugo Yasky convocan a movilizar en todo el país el día que se convoque a la audiencia pública por el tarifazo.
En la mañana de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que anula el aumento en el servicio de gas para los usuarios residenciales y dictamina que serán necesarias audiencias públicas obligatorias para la fijación de las nuevas tarifas.
Desde la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores celebramos este fallo como fruto de la lucha que se viene llevando adelante contra los brutales aumentos en los servicios de gas y luz determinados por el Gobierno de Mauricio Macri, permitiendo que la Justicia escuche los reclamos y actúe en favor de los trabajadores y el pueblo en general.
En este sentido, creemos pertinente seguir con más acciones para exigir que dichas audiencias públicas sean vinculantes y que resulten de manera favorable a todos los usuarios que alcanza esta medida, como así también, para que este freno en los tarifazos se extienda a las Pymes, Clubes, Teatros, entre otros que, en este escenario, han quedado totalmente desamparados
No estamos dispuestos a acatar en silencio este atropello a los derechos del pueblo mientras el Gobierno Nacional favorece a grandes empresas y sectores concentrados de la economía.
Por este motivo, desde la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores convocamos a movilizar en todo el país el día que se lleve adelante la audiencia pública para hacer escuchar una vez más el clamor del pueblo al calor de la lucha.
Pablo Micheli – Secretario General CTA Autónoma
Hugo Yasky – Secretario General CTA de los Trabajadores
Fuente: Gremiales del Sur
Venegas se bajó del congreso de la CGT y buscará impugnarlo por nulo
El dirigente sindical criticó la figura del triunvirato y tildó de “ilegítima” la convocatoria realizada por la central obrera. Venegas, junto a secretarios generales Venegas, junto a secretarios generales
El líder de UATRE, Gerónimo “Momo” Venegas, y los 66 gremios que lo acompañan no participarán del congreso unificador de la CGT del próximo lunes por considerarlo “absolutamente nulo” y ya advirtió que irá al ministerio de Trabajo para impugnarlo.
“La convocatoria realizada y la propia naturaleza del Congreso de la CGT son absolutamente nulos. Este espacio, por lo mismo, no participará y, de forma inmediata, lo impugnará ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, la autoridad de aplicación”, aseguró. Reunidos en plenario, los más de 60 gremios confederados ratificaron la candidatura a único secretario general de la CGT del ruralista Venegas y decidieron “no concurrir” al Congreso Normalizador del lunes próximo, que determinará la creación de una sola CGT.
Lo confirmó a Télam el propio Venegas, líder de “las 62” e integrante del consejo directivo de la CGT Azopardo del dirigente camionero Hugo Moyano. El Momo señaló que “la decisión del plenario de no participar en el Congreso se basó en la imposibilidad de legitimar la convocatoria y autorizar la modificación del Estatuto de la central obrera”. Venegas exige el cumplimiento a rajatabla del Estatuto, que contempla la figura de un único secretario general y de 35 integrantes del consejo directivo, al igual que el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), el espacio de Jorge Viviani (Peones de Taxis) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), entre otros.
El dirigente sindical explicó que la convocatoria plantea modificar el Estatuto de la CGT para imponer un triunvirato -que conformarían Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña por las CGT Azopardo, Alsina y Azul y Blanca-, “lo que es en sí antiestatutario e imposible de legitimar con la participación”.
También sostuvo que a pesar de haber decidido no participar en “el nulo Congreso Normalizador del lunes próximo, este espacio de 66 gremios no conformará una CGT paralela“.
Más de siete mil municipales bonaerenses marcharon por salario digno
Reclamaron la plena vigencia de la ley de paritarias y rechazaron el decreto de Vidal que “viola el espíritu y la letra con la que fue votada” la norma.
Rubén García encabezó movilización de FESIMUBO Rubén García encabezó movilización de FESIMUBO La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) marchó este jueves a la Casa de la Provincia para reclamar la plena aplicación de la ley paritaria del sector, la que fue distorsionada mediante un decreto que “viola el espíritu y la letra con la que fue votada dicha ley”.
“Le pedimos a la gobernadora que anule el decreto y nos reciba. Ella habla de diálogo, y damos fe que lo tiene con todos los intendentes, ahora necesitamos que escuche la otra campana, que reciba a los trabajadores municipales”, dijo el titular de la FeSiMuBo, Rubén “Cholo” García, en el cierre de la movilización frente a la Casa de la provincia de Buenos Aires en el centro porteño, frente a más de siete mil trabajadores de los 135 distritos bonaerenses.
Los ejes del reclamo fueron presentados en una nota a Vidal: convenios colectivos, paritarias, el pleno cumplimiento de la ley provincial de relaciones laborales y negociación colectiva (14.656) y la constitución del Fondo Compensador Específico para asistir financieramente a los municipios con recursos provinciales.
“Pedimos diálogo, pero que no se confundan porque lo cortés no quita lo valiente: vamos a estar en las calles para defender los derechos de los trabajadores. No provoquen a este gigante dormido, que es la federación”, advirtió García, al anunciar el pedido de audiencia a la gobernadora.
Y agregó: “Los municipales no somos responsables de las malas administraciones de los intendentes. Ellos no cumplen porque nos quieren tener esclavizados y como trabajadores de segunda en un sistema perverso. Nos amenazan con sacarnos las horas extras si no aplaudimos a fulanito en un acto político. Que les quede bien claro: nosotros sabemos a quién aplaudir.
A los que respetan nuestra lucha, no a los que tienen un discurso nacional y popular y después maltratan al trabajador”. La nota presentada a Vidal pide por la inconstitucionalidad del decreto 784, solicita al Ministerio de Trabajo la suspensión de dicho decreto hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva la demanda y que se cree urgentemente el Fondo Compensador para los municipios.
Antes de García se manifestaron en el cierre de la movilización los dirigentes municipales Víctor González (Merlo), Alberto López Camelo (San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas), Aldo Castro (Lomas de Zamora), Rubén Paulillo (La Matanza) y el diputado provincial Hernán Doval.
Nazarre: “La UPSRA y empresarios ocultan la realidad laboral del sector”
El Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA) denunció que las cámaras empresarias de seguridad “quieren ocultar la realidad laboral del sector” al apartar a gremios del VI Encuentro de Seguridad Privada, a realizarse este viernes 19 en Mar del Plata.
“Nos dejan afuera del encuentro porque no les interesa conocer la realidad laboral de los trabajadores de seguridad. Sólo invitaron a la conducción de la UPSRA -Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina- que es cómplice de los atropellos de empresarios contra los derechos del movimiento obrero”, afirmó Leandro Nazarre, secretario general del SUTCAPRA. Así, el gremio repudió el evento organizado por la Cámara de Empresas de Seguridad de Buenos Aires (CAESBA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Invitación (CAESI) que tendrá lugar el viernes 19 de agosto en el Hotel Costa Galana de Mar del Plata, bajo el lema “Cooperación, desafío público y privado para una sociedad más segura”.
Nazarre alertó sobre la “grave situación” que atraviesa el sector de la seguridad privada y subrayó que la problemática se refleja no sólo en el ámbito empresarial formal sino también en el “gran número de empresas que funcionan fuera del marco de la ley y que comenten abusos por incumplimiento de los deberes hacia los trabajadores ante el silencio cómplice de las cámaras y la UPSRA”.
“Mientras ellos se reúnen a solas y a oscuras, los trabajadores siguen siendo la variable de ajuste en un mercado sin reglas claras ante el aprovechamiento de muchos empresarios beneficiados por la nefasta sociedad entre Ángel Alberto García de UPSRA y Aquiles Gorini de CAESI, que han generado una anarquía que hoy se vuelve intolerable”, repudió el líder sindical.
La conducción nacional del SUTCAPRA advirtió que asistirán al panel del Encuentro sobre “Panorama Sindical: Actualidad y futuro” -viernes 19, a las 11.30 horas- junto a integrantes de otros gremios del sector, en defensa de los derechos de los trabajadores de seguridad, para sostener el reclamo por un piso salarial, un mercado libre y competitivo y un programa de capacitación para enaltecer la actividad con mano de obra altamente calificada.
Fuente: Mundo Gremial
Hernán Lombardi será investigado por defraudación
por Juan Manuel Jardim / Resumen Latinoamericano/ 19 de Agosto 2016 .-
La causa se remonta a 2015, cuando el actual responsable de Medios Públicos del Gobierno era ministro de Cultura del gobierno de Macri en la Ciudad. La Cámara Federal revocó su sobreseimiento. Luego de que Gabriela Michetti fuera imputadala semana pasada por el origen del dinero robado de su casa, esta semana el macrismo continúa acumulando denuncias y preocupaciones.
Esta semana se conoció la ampliación de la denuncia contra la vicepresidenta por irregularidades en el manejo de la caja de su fundación, la cual a pesar de no tener empleados registrados en AFIP tuvo gastos por 165 mil pesos en concepto de salarios en 2014. En un nuevo revés, se conoció hoy el fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña que revocó el sobreseimiento dictado por el juez Lijo para Hernán Lombardi, en una causa que lo investiga el delito de defraudación pública.
El pedido realizado por la fiscalía apunta a investigar si existió una maniobra para desviar dinero del Estado hacia la Fundación Pensar, la ’usina de ideas PRO’ El caso se remonta a 2015, cuando en medio de la campaña presidencial la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) hizo una serie de denuncias por lavado de dinero contra dirigentes del PRO.
También se investiga por la misma causa al presidente del Centro de Estudios de Políticas Públicas Aplicadas (CEPPA) y de la Fundación Pensar, Matteo Goretti Comolli. El pedido realizado por la fiscalía apunta a investigar si existió una maniobra para desviar dinero del Estado hacia la Fundación Pensar, la “usina de ideas PRO” según dice su propia página web. Goretti Comolli habría utilizado a la fundación CEPPA como plataforma para concretar el desvío de fondos obtenidos por el Gobierno de la Ciudad, presidido en ese entonces por Mauricio Macri.
Lombardi, actual responsable del sistema de Medios Públicos, fue quien decidió otorgar esos recursos, que se estiman en “al menos $ 1.302.153”, para la promoción de actividades culturales pero los mismos habrían sido desviados hacia la Fundación Pensar para ser utilizados en la campaña presidencial de Macri y Cambiemos.
Por esta causa Lombardi y Goretti Comolli fueron sobreseidos por el juez Lijo, pero tras una apelación los jueces de la Cámara Federal revocaron el sobreseimiento y ordenaron ampliar la investigación. Según la apelación presentada, “se conoce que a través de expedientes administrativos específicos (del ministerio de Cultura porteño) se asignaron partidas presupuestarias a una entidad privada (CEPPA, cuyos gestores están relacionados social, política y partidariamente entre sí) y que esta última, a su vez, los transmitió a otra entidad (Fundación Pensar Argentina).
No se conoce en cambio y a modo de ejemplo: (1) por qué el ente beneficiario de una promoción pública transfirió los fondos recibidos a otra y si estaba autorizado a hacerlo la entrega fue con un cargo específico y por tanto era de cumplimiento intransferible, (2) en qué fueron usados específicamente esos fondos públicos redistribuidos sin autorización del ministerio que los proveyó y en definitiva si ese dinero se usó para el financiamiento de un partido político”.
MOCASE: Manaos sigue amargando la vida campesina indígena
Resumen Latinoamericano/ 19 de Agosto 2016 .-
Ayer jueves, cerca de las 20hs cuando los compañeros de la comunidad de Iaku Cachi se dirigían al poblado vecino Pozo del Toba, para buscar mercadería, fueron interceptados por dos camionetas de los encapuchados de Orlando Canido de la gaseosa Manaos.
A los 3 compañeros les obligaron a bajarse del vehículo a punta de pistola y les obligaron a tirarse cuerpo a tierra, al mas joven le hicieron arrodillar y a punta de pistola le preguntaron si eran del MOCASE, a culatazos de escopetas y patadas les decían que se tienen que ir de las tierras.
El calvario de mas de 10 minutos proporcionado por los sicarios del agro-narco empresario Orlando Canido, se le suma la matanza y robo de las vacas que viene sucediendo de forma continuada en estos últimos 8 meses.
Además, las familias de la Comunidad no envían a sus hijos a la escuela por seguridad, porque los matones encapuchados todos los días rondan por los caminos.
¡¿ hasta cuando territorio liberado para Orlando Canido y sus sicarios?!
Exigimos a los poderes del estado provincial poner freno a las actuaciones impunes, el desarme y detención de la banda armada y de Orlando Canido.
¡Ni un muerto mas por el derecho a la tierra!
Envío:ResumenLatinoamericano
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