Causa Caballero II: se inician las testimoniales y prevén el relato de casi 50 personas
19/11/2016
Julio y Carlos Aranda, dos expresos políticos, abrirán la ronda de testimoniales el jueves 24 de noviembre en el marco del juicio oral y público por la denominada “Caballero II”. Se espera oír el relato de alrededor de 50 testigos sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en la sede de la Brigada de Investigaciones de Resistencia.
Causa Caballero II: Se reanuda el juicio oral de cara a la etapa de testimoniales
En la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Resistencia, el próximo jueves 24 de noviembre, a partir de las 9, se comenzará a desarrollar la etapa de testimoniales en el marco del juicio oral y público de la denominada causa “Caballero II” donde se imputa a ocho expolicías de la provincia del Chaco y a dos exmilitares por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en la exBrigada de Investigaciones de Resistencia, el más emblemático centro clandestino de detención del norte argentino. La última medida del TOF fue la de incorporar el juzgamiento de los delitos cometidos por Antonio Musa Azar, quién fuera en simultáneo exjefe de Policía de Santiago del Estero y delegado de la SIDE en esa misma provincia y de su segundo, Miguel Tomás Garbi, también por crímenes cometidos en la exBrigada.
Los hermanos Julio y Carlos Aranda relatarán los pormenores de sus detenciones y de su paso por la exBrigada de Investigaciones tras ser detenidos junto a un grupo de sus compañeros estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste. A su vez, se espera oír el testimonio de alrededor de 50 testigos que prolongarían esta etapa durante todo el primer semestre del año 2017, según estimó el fiscal federal ad hoc de Derechos Humanos de Resistencia, Diego Vigay.
Demoras para el inicio de la etapa de testimoniales
Vale recordar que el juicio oral y público se inició el 16 de junio pasado y a las complicaciones generadas por la conformación del tribunal (dos de sus integrantes son de otras provincias) se sumó la demora propiciada por las presentaciones defensivas realizadas por los propios imputados que, según Vigay, “con buen criterio” el tribunal acogió y resolvió para garantizar el derecho a defensa. “Hay que recalcar que los juicios de lesa humanidad son juicios que se llevan adelante con todas las garantías que tiene cualquier imputado en un proceso penal en la Argentina, y en este caso esas garantías se vieron respetadas con creces”, destacó el representante del Ministerio Público que integra la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, en diálogo con FM Impacto.
Otro de los motivos que demoró el inicio de la etapa de testimoniales fue la incorporación de un nuevo caso al juicio: se trata del segundo hecho de violencia sexual cometido contra una detenida política considerado como delito de lesa humanidad que se juzga en este proceso, e involucra al temible exjefe de la Policía santiagueña y delegado de la SIDE, Antonio Muza Asar, y a su segundo, quienes están acusados de haber torturado y abusado sexualmente de una joven de 18 años frente a su propio bebé de pocos meses de edad, también en el centro clandestino de detención de la exBrigada de Investigaciones de Resistencia, donde actualmente funciona la sede de la Casa por la Memoria.
Para Vigay, Musa Azar es un “imputado emblemático” del terrorismo de Estado y ya fue condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en su provincia. Por el caso que se lo juzgará en el Chaco, el fiscal federal advirtió que “vino exclusivamente al Chaco a dirigir sesiones de tortura a esta detenida política por ser de origen santiagueño”. Y recalcó que “el testimonio de esta víctima es interesante porque Muza Azar la tortura a cara descubierta mostrando la impunidad, además de la presión y el tormento psicológico que significaba para una víctima que un torturador esté a cara descubierta porque hacía que su vida no valiera nada, que podía ser ejecutada a la vuelta de la esquina y así le hicieron saber en esas sesiones de tortura”.
¿Qué se juzga y a quiénes?
En este juicio se investiga el tormento psíquico y físico agravado por la condición de detenido político de la víctima, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada de personas, y dos casos de violación considerados como crimen de lesa humanidad (a pedido de la Fiscalía, hecho inédito en el procesamiento global al genocidio en la región). Entre los imputados se encuentran agentes de la Policía del Chaco, entre ellos Gabino Manader, José Francisco Rodríguez Valiente, José Marin, Ramón Esteban Meza, Enzo Breard, Albino Luis Borda, Jorge Ibarra y Miguel Pelozo, y oficiales del Ejército como José Tadeo Luis Bettolli y Luis Alberto Patetta.
Vigay: "El gobierno actual está buscando un punto final"
Con respecto a las declaraciones de funcionarios del actual gobierno nacional que ponen en tela de juicio el número de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar, Vigay consideró que “el gobierno actual está buscando un punto final, un indulto, una amnistía para todos los militares, policías y civiles que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad”. Aclaró que “no lo dicen abiertamente, pero hay evidencias de que existen distintas maniobras con la finalidad de obstaculizar ese proceso de juzgamiento, de deslegitimarlo, de atacar a las víctimas, de poner en cuestionamiento los datos del número de desaparecidos”. En ese contexto, subrayó que “existen documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos donde las Fuerzas Armadas reconocían alrededor de 22 mil crímenes. Ese dato tampoco se puede tomar como verdadero, pero si las Fuerzas Armadas en un intercambio secreto con los Estados Unidos, que tuvieron que ver con el golpe de Estado en la Argentina, con la dictadura militar, reconocen 22 mil crímenes, claramente ahí tenemos un piso, un parámetro para tener en cuenta”.
El fiscal federal de DDHH de Resistencia alertó que “el gobierno nacional, a través de distintas maniobras claramente pergeñadas, intenta instalar un número inferior, y se basa en los trámites de indemnización que se hicieron en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que en realidad es el número de trámites que se hicieron para el cobro de la indemnización y no otra cosa”.
“(El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio) Avruj conoce lo sesgado de ese dato y lo tira de todas maneras como un dato, cierto que después tiene que dar marcha atrás en eso”, puntualizó.
Fuente:ChacoDiaPorDia
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