Polémica por la reubicación de oficinas donde funciona el Espacio para la Memoria
El Gobierno de Mendoza dispuso cederlas al Ministerio Público Fiscal. Organizaciones de DDHH dicen que les están quitando lugar en el ex D2.
El Espacio para la Memoria funciona donde operaba el centro de detención D2. | Marcos García / Archivo Los Andes
La reubicación de algunas oficinas en el Espacio para la Memoria, donde funcionó el centro de detención clandestino D2 durante la última dictadura militar, puso en alerta a organizaciones de Derechos Humanos. Repudiaron un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y piden que se dé marcha atrás con la decisión que le otorga algunas oficinas al Ministerio Público Fiscal.
A través del decreto 1625/16 publicado ayer en el Boletín Oficial se dispuso un menor espacio para el lugar cedido a organismos de derechos humanos ubicado en el Palacio Policial. Un sector de ese predio fue destinado ahora al Ministerio Público Fiscal.
“No estamos en contra de que el Ministerio Público ocupe oficinas pero el único lugar en donde podemos estar los organismos de Derechos Humanos y los sobrevivientes que pasamos en este lugar, es en este lugar”, se quejó Eugenio París, un detenido político de la dictadura.
Y en diálogo con radio Nihuil agregó: “Lo que están haciendo es achicar lo que a nosotros nos corresponde. De acá no nos vamos a ir, es imposible que nos vayamos, este lugar nos corresponde por historia, por presencia, por verdad, por justicia, por todo lo que venimos haciendo desde hace 40 años”.
“Este Decreto fue impuesto sin hacernos parte del debate, siendo que hace más de un año que está en plena actividad el EPM exD2 con visitas guiadas, actividades artístico-culturales y funcionamiento del Archivo Provincial de la Memoria, entre otros”, señaló el Espacio para la Memoria en un comunicado.
De acuerdo a lo explicado en ese escrito, el decreto 499 de 2014, derogado por el actual, establecía que correspondían al EPM todos los espacios que integró el centro clandestino de detención, torturas y exterminio D2. Algunos de esos sectores iban a ser entregados cuando la Policía de Mendoza fuera trasladada al nuevo edificio en la Base Cóndor. “El actual decreto es regresivo por cuanto ni siquiera reconoce la totalidad del lugar otorgado en 2015 y asigna esos espacios pendientes de entrega a otras dependencias”, denunció el comunicado.
Las organizaciones de DDHH señalan que el actual decreto “incumple la Ley Nacional 26.691 de señalización y preservación de sitios del terrorismo de Estado, cuyo ámbito de aplicación es la Dirección Nacional de Sitios de Memoria (DNSM) de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, área que tampoco fue consultada ni informada de esta nueva normativa”.
Según explicó el subsecretario de Justicia, Marcelo D`Agostino, no se trata de una quita de espacio sino de “refuncionalizar algunos sectores”. El funcionario aclaró que en el sector dispuesto a través del nuevo decreto se instalará el registro de huellas genéticas. “Ese sector no es azaroso sino que corresponde que vaya ahí porque arriba está el laboratorio y deben estar unidos. Es un sector que los organismos de Derechos Humanos nunca han ocupado”, señaló D’Agostino.
Para esas asociaciones, “no es una discusión de oficinas ni de distribución de inmuebles”. “Es este el único espacio en el cual puede existir el EPM exD2, en tanto fueron éstas las instalaciones en donde funcionó el mayor centro clandestino de detención tortura y exterminio durante el terrorismo de Estado; y desde donde se debe reivindicar la memoria”, reza el escrito.
Desde la dirección del Espacio para la Memoria pidieron al Ejecutivo provincial que revea el decreto y piden a los legisladores provinciales que traten un proyecto de ley presentado en octubre del año pasado donde se propone la ratificación de la creación del espacio educativo.
Fuente:LosAndes
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