Desde el Tribunal Federal de Resistencia informaron que se suspendió la lectura de la sentencia prevista para este jueves 24 en el juicio oral y público donde se juzgó a expolicías y militares por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Brigada de Investigaciones de Resistencia. Malestar de organismos de derechos humanos que temen por la "impunidad".
Miércoles, 23 mayo 2018
Los organismos de DDHH que integran la Comisión Provincial por la Memoria manifestaron “malestar ante este nuevo retraso en la causa a casi dos años del inicio del juicio oral, en un proceso que tuvo que lidiar con serios obstáculos como ninguno otro en la región. Planteamos nuestra desconformidad con este destrato hacia el colectivo de DDHH, sobrevivientes, víctimas y sus familias”.
A través de un comunicado señalaron: “nos llama poderosamente la atención este retraso cuando ya sólo queda el pronuciamiento Judicial luego que la comprobación en los debates del plan sistemático de exterminio genocida organizado en la vieja casona de Marcelo T. de Alvear 32, en el cual la mecánica consistió en secuestrar y detener a militantes para interrogatorios sobre sus actividades políticas bajo tortura en la denominada Sala Negra o en los sótanos luego de lo cual se hacía efectivo el “blanqueo” del detenido o bien su desaparición física”.
“Esperamos que esta grosera informalidad no se trate de la antesala a una sentencia en la que se consagre la impunidad para los imputados, acusados de crímenes gravísimos como torturas, secuestros, y violaciones”, sostuvieron.
“Primera sentencia en un contexto regresivo”
Los organismos advirtieron que “esta sentencia, será la cuarta en nuestra provincia, pero la primera en darse en un contexto regresivo para la población, tanto en lo económico, como en lo político, y allí reside buena parte de su importancia. Es imperioso adherir al reclamo de Juicio y Castigo y Cárcel común a los represores juzgados con más fuerza que nunca antes, cuando vemos como recobran renovado impulso teorías falaces como la de los “dos demonios”, y desde el Ejecutivo Nacional se busca desandar el camino de Memoria Verdad y Justicia, al tranco que en el orden local se intenta darle una salida represiva a la respuesta las necesidades de los que menos tienen por la vía de “protocolos antipiquetes” que no hacen otra cosa que criminalizar la protesta social”.
Fuente:ChacoDiaPorDia
MIÉRCOLES, 23 MAYO, 2018
Caballero II: pospusieron la lectura de la sentencia, malestar en los organismos de DDHH
Desde el Tribunal Federal de Resistencia informaron que se suspende la sentencia de este jueves 24 en la que estaba previsto al anuncio de la sentencia en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad en la ex Brigada de Investigaciones . El dictado se postergó al jueves 31.
Los organismos de DDHH que integran la Comisión Provincial por la Memoria manifestaron su malestar ante “este nuevo retraso en la causa a casi dos años del inicio del juicio oral, en un proceso que tuvo que lidiar con serios obstáculos como ninguno otro en la región”. Al mismo tiempo expresaron que “planteamos nuestra disconformidad con este destrato hacia el colectivo de DDHH, sobrevivientes, víctimas y sus familias”.
“Nos llama poderosamente la atención este retraso cuando ya sólo queda el pronunciamiento Judicial luego que la comprobación en los debates del plan sistemático de exterminio genocida organizado en la vieja casona de Marcelo T. de Alvear 32, en el cual la mecánica consistió en secuestrar y detener a militantes para interrogatorios sobre sus actividades políticas bajo tortura en la denominada Sala Negra o en los sótanos luego de lo cual se hacía efectivo el “blanqueo” del detenido o bien su desaparición física”, remarcaron.
“Esperamos que esta grosera informalidad no se trate de la antesala a una sentencia en la que se consagre la impunidad para los imputados, acusados de crímenes gravísimos como torturas, secuestros, y violaciones”, agregaron.
Por último, destacaron que esta sentencia “será la cuarta en nuestra provincia, pero la primera en darse en un contexto regresivo para la población, tanto en lo económico, como en lo político, y allí reside buena parte de su importancia”. Además señalaron que “es imperioso adherir al reclamo de Juicio y Castigo y Cárcel común a los represores juzgados con más fuerza que nunca antes, cuando vemos como recobran renovado impulso teorías falaces como la de los “dos demonios”, y desde el Ejecutivo Nacional se busca desandar el camino de Memoria Verdad y Justicia, al tranco que en el orden local se intenta darle una salida represiva a la respuesta las necesidades de los que menos tienen por la vía de “protocolos antipiquetes” que no hacen otra cosa que criminalizar la protesta social”.
CABALLERO II
Los imputados en el proceso son Gabino Manader, José Rodríguez Valiente, Albino Luis Borda, Jorge Ibarra, y Héctor José Marin, Enzo Breard, Miguel Pellozo y Ramón Meza; los militares (re) Luis Patetta, José Tadeo Bettolli. A esa lista fueron sumados el ex comisario Antonio Musa Azar Curi, exjefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero y el ex comisario Miguel Garbi, mano derecha de Azar. Se los imputa de los delitos de torturas, violación, privación ilegítima de la libertad y desapariciones forzadas. El juicio se caracterizó por testimonios de sobre la crueldad extrema de los represores imputados, que “hicieron lo que quisieron, sin límites de ningún tipo y fuera de los patrones de lo que uno entiende como comportamiento humano”, según precisó una de las últimas declarantes.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de 25 años de prisión por torturas y vejámenes y como pena alternativa, en relación con el destino final del matrimonio Morel-Ayala, una condena a prisión perpetua por homicidio calificado para ocho de los imputados. Asimismo, se solicitó la pena de 21 años de prisión para Gustavo Pellozo, Jorge Ibarra, Antonio Musa Azar Curi, y Miguel Garbi por tormento agravado psíquico y físico por la condición de detenido político de la víctima y privación ilegítima de la libertad (por un hecho).La querella de Secretaría de DDHH de la provincia y de Nación, alegó a fines de febrero, con un pedido de 8 perpetuas y de 4 penas de más de 20 años de prisión.
Fiscales y querellantes dieron por acreditados los hechos y la existencia de una Centro Clandestino de Detención en la vieja casona de Marcelo T. de Alvear 32, en el cual la mecánica consistió en secuestrar y detener a militantes para interrogatorios sobre sus actividades políticas bajo tortura en la denominada Sala Negra o en los sótanos luego de lo cual se hacía efectivo el “blanqueo” del detenido o bien su desaparición física”.Desde la defensa de los imputados se alegó por la nulidad del proceso y la absolución de sus representados.
La última palabra en esta historia la darán a conocer en su dictamen los jueces Eduardo Ariel Belforte (Presidente, de Formosa), y Mario Alurralde (de Reconquista) y Juan Manuel Iglesias (Corrientes).
VIOLACIÓN: CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
Cabe recordar que la Fiscalía Federal incorporó en su acusación a la violación en el contexto de terrorismo de Estado como crimen de lesa humanidad, hecho inédito en la región. El año pasado durante los debates de junio declararon Susana Chiarotti y María Cristina Zurutuza, quienes Desarrollaron la especificidad de los crímenes de índole sexual en el marco del terrorismo de Estado. Chiarotti señaló que “la violencia sexual a los hombres era para humillarlos y buscar su quebranto, en cambio cuando se cometía contra mujeres además tenía como objetivo “ponerlas en su lugar”, un doble castigo hacia las mujeres, por no haber obedecido el mandato patriarcal y meterse en la política y la militancia”. Consultada desde la Fiscalía respecto de si un solo caso de violencia sexual amerita su configuración como práctica sistemática, la testigo explicó que “lo que tiene de sistemático es el plan organizado al efecto, un solo ataque dentro de ese plan lo vuelve sistemático y de lesa humanidad”.
La licenciada en Psicología de la UBA e investigadora en DD HH y Género, Cristina Zurutuza destacó que: “La capacidad destructora de la violencia sexual fue mayor que la tortura”; ya que esta última queda “afuera de la identidad de la víctima”, en cambio la primera se inserta en el núcleo de la subjetividad; “uno pasa a ser otra persona luego de sufrir un violencia de ese tipo”. Por ello planteó que “la reelaboración de esto tiene que ver con lo colectivo, una reparación institucional en la que el Estado y la comunidad castigue estos crímenes como delitos autónomos de violencia sexual en un contexto de torturas en el marco de terrorismo de Estado”. Chiarotti y Zurutuza, son autoras del libro “Grietas en el silencio”, sobre la temática de violencia sexual en el marco del genocidio perpetrado por la dictadura cívico militar.
Fuente:DiarioChaco
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