07-05-2018
BUENOS AIRES- Hebe Vessuri, la investigadora principal a la que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) acaba de rescindirle el contrato, es según el propio organismo “la primera investigadora de América latina en recibir el premio John D. Bernal”, de la Society for Social Studies of Science, un reconocimiento que se otorga anualmente a un académico que haya hecho una contribución fundamental en el campo de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad. La antropóloga es también autora de 31 libros, cientos de artículos e informes gubernamentales en inglés, español, francés y portugués y fue la primera científica latinoamericana en llegar al Instituto de Antropología de Oxford (Inglaterra).
El propio CONICET reconoce que es una “personalidad fundamental para el desarrollo de los estudios sobre la ciencia en América Latina, referente para varias generaciones que se interesaron por estos temas y se formaron bajo su influencia y consejos”. Aún así, por directiva del Ministerio de Modernización, no le renovaron su contrato. Ahora, Vessuri, que no ha podido completar sus aportes previsionales en Argentina a causa de una biografía de exilios, sólo cobra dos dólares por mes como jubilación por su trabajo en Venezuela. A partir de que este mes se conoció la noticia, según reporta el portal Info Blanco sobre Negro, la reacción de los científicos de todo el país fue una campaña de recolección de firmas para reclamar su reincorporación.
La doctora relató: “En diciembre se terminó mi contrato con el Conicet y no lo renovaron. El argumento que dieron es que ya estaban pasados los límites porque este año cumplo 76 años. El tema es que no tengo otro ingreso, me tuve que ir de Argentina hace 50 años y no tengo jubilación”.
A los 18 años Vessuri empezó a estudiar Antropología en la Universidad de Buenos Aires. Al año siguiente se fue a vivir a Inglaterra, donde continuó sus estudios en Oxford. A la tesis de doctorado la hizo sobre el campesinado sin tierra en la zona de riego del Río Dulce, en Santiago del Estero, bajo la tutoría de los antropólogos David Maybury-Lewis y Ramond Carr. En 1966, se fue a vivir a Canadá donde se dedicó a la docencia con una beca del Canada Council. En 1971 volvió a la Argentina, donde ingresó a la Universidad Nacional de Tucumán y realizó investigaciones en torno a la organización familiar y laboral entre los obreros rurales de los ingenios azucareros en esa provincia.
Con la llegada de la dictadura, se exilió a Venezuela, donde empezó a trabajar en el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela. Tras volver al país, Vessuri fue contratada como docente e investigadora del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales, dependiente del CCT CENPAT- CONICET, de Puerto Madryn.
Fuente:ElCiudadanodeBs.As.
Por las señales de la CGT, el Senado enfría la Reforma Laboral
El Senado no activará en lo inmediato el debate de los tres proyectos de ley de reforma laboral que impulsa el oficialismo. El interbloque Argentina Federal se apoyan en los dichos de la CGT y se niegan a tratarlo.
Aunque desde el oficialismo pretenden convocar a la comisión de Salud -que preside el radical Mario Fiad- para comenzar a discutir el proyecto que crea la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), no hay señales de que los otros dos proyectos vayan a ser puestos a consideración de los legisladores.
Los tres proyectos fueron presentados a fines de abril por el presidente provisional del Senado, el macrista porteño Federico Pinedo, con el respaldo del Poder Ejecutivo Nacional.
Desde el peronismo, el jefe del bloque de senadores, Miguel Angel Pichetto, advirtió varias veces que sin el apoyo de la CGT ningún proyecto de índole laboral pasará con éxito por el Congreso.
Ya lo había anticipado el rionegrino a fines del año pasado, luego de que la central obrera no unificara su postura sobre proyectos de similares características presentados por el Ejecutivo y que fueron la antesala de la discusión de la ley de reforma jubilatoria.
“No vamos a tratar ningún proyecto que perjudique el mundo del trabajo. Si es una ley de blanqueo no tienen por qué poner una modificación en las indemnizaciones. Es querer usar el blanqueo para flexibilizar los despidos. De ninguna manera vamos a tratar eso”, dijo el rionegrino el viernes.
En tanto, la CGT emitió un comunicado argumentando que “las modificaciones a la legislación laboral atentan contra los derechos individuales de los trabajadores y disminuyen las indemnizaciones laborales”.
En realidad, la mayor resistencia tanto en el peronismo como en el sector sindical está vinculada con uno solo de los tres proyectos: el de blanqueo.
Si bien la regularización de los trabajadores en “negro” es algo que la oposición ve con buenos ojos, se cuestiona duramente el capítulo que deja afuera de la indemnización al aguinaldo, premios, bonos y otros beneficios.
El proyecto de regularización del empleo no registrado, la lucha contra la evasión en la seguridad social, la registración laboral y la creación del fondo de cese sectorial pretende lograr un blanqueo laboral con beneficios a quienes normalicen esa situación.
Según la iniciativa, quienes cumplan con la ley deberán hacerlo dentro del plazo de 360 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación del proyecto y podrían tener condonaciones de multas de hasta el 100%.
También se crea un Fondo de Cese Laboral Sectorial para sustituir la cobertura en materia de preaviso y despido sin causa del trabajador.
En el caso de las indemnizaciones por antigüedad, el tope indemnizatorio no podrá perjudicar al empleador en más de un 33 por ciento.
En tanto, el proyecto que crea el Sistema Nacional de Formación Laboral Continua también incluye las Prácticas Formativas, la creación de la Red Federal de Servicios de Empleo y del Seguro de Desempleo Ampliado.
Las Prácticas Formativas, o pasantías, están destinadas a los estudiantes mayores de 18 años, para que inicien su carrera laboral en empresas privadas o instituciones públicas.
La Red Federal de Servicios de Empleo, por su parte, pretende agilizar la búsqueda de empleo, mientras que el Seguro de Desempleo Ampliado para trabajadores desvinculados de “Empresas de Transformación Productiva”, está destinado a empresas con dificultades competitivas.
Finalmente, la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET) deberá realizar estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar la oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio (PMO).
La justicia porteña frenó el tarifazo al subte y mañana no habrá aumento
La jueza porteña Patricia Vergara hizo lugar a un amparo presentado por Myriam Bregman y ordenó suspender el alza del pasaje, que iba a aumentar a partir de mañana de 7,50 a 11 pesos, y junio volvería a subir a 12,50.
A contrareloj, la izquierda porteña consiguió frenar el tarifado al subte. Este lunes a la noche, la jueza Patricia Vergara hizo lugar a un amparo presentado por la legisladora del FIT Myriam Bregman y ordenó suspender preventivamente el incremento total del 66 por ciento del valor del boleto.
La suba estaba prevista que se diera en dos tramos: a partir de mañana martes, el viaje iba a pasar a valer de los $7,50 actuales a $11, y en junio volvería a subir a $12,50. Sin embargo, la jueza porteña requirió al gobierno de la Ciudad y a Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) que remitan “en el plazo de 5 días” toda la documentación y los informes de la Facultad de Ingeniería donde detallan el estado contable del servicio y la necesidad del incremento pactado.
Apertura de molinetes y paros parciales en las líneas A, B y C
Otra semana de protestas en el subte
Las medidas de fuerza comienzan hoy en la Línea A, con apertura de molinetes de 17.30 a 20.30 y desde ese horario paro total hasta las 23.30, cuando finaliza el servicio. El plan de lucha continúa el miércoles en la Línea B y el viernes en la C.
Imagen: DyN
Los Metrodelegados comienzan la semana con un renovado plan de lucha que implicará hoy la liberación de molinetes en la estación de Plaza de Mayo, cabecera de la línea A, de 17.30 a 20.30 y continuará con un paro total de esa línea hasta las 23.30, cuando finaliza el servicio. El secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), Néstor Segovia, volvió a denunciar que la gestión del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se niega a sentarse a la mesa de negociación salarial con el argumento de que el acuerdo paritario se cerró con la UTA, gremio que tiene la personería gremial, pero escasa representatividad.
“El otro gremio no existe. Es lo mismo que yo diga que soy secretario general de los colectiveros. Es una trampa para perjudicarnos y no discutir paritarias”, apuntó Segovia y agregó: “Hay una política del Gobierno para desprestigiar a nuestro cuerpo de delegados y a nuestro sindicatos”.
La protesta de los trabajadores del subte continuará el miércoles en la línea B, con la misma modalidad que hoy. Desde las 17.30 y hasta las 20.30 se levantarán los molinetes en la estación terminal Leandro N. Alem y luego comenzará un paro hasta el final del servicio. En tanto, el viernes, será el turno de la línea C, con el mismo plan de lucha.
“Sube el dólar, sube todo, lo lógico es que el Gobierno se siente a negociar”, insistió Segovia al rechazar el 15 por ciento acordado por el gobierno porteño con la UTA, encabezada por Roberto Fernández. “El pueblo argentino se está acostumbrando a escuchar mentiras. Nosotros tenemos personería jurídica, así que no podemos firmar, pero podemos discutir”, resaltó el Metrodelegado.
La gestión Larreta se amparó en un fallo judicial reciente de la Corte Suprema que ordenó desconocer la personería gremial de los Metrodelegados, obtenida a fines de 2015 tras años de intentar una compulsa con la UTA. “Es una maniobra dolosa para que la conversación se torne en este discusión y no por lo que nosotros estamos peleando que es nuestro sueldo”, concluyó Segovia, en diálogo con A24.
Subte: continúan las medidas de lucha contra el tarifazo, los despidos y por el salario
Hoy desde las 17:30 hasta las 20:30 habrá apertura de molinetes en la linea A. Luego comenzará el paro, en la misma línea hasta el cierre. El miércoles será el turno de la línea B y el viernes la C también con apertura de molinetes por la tarde y paro total desde las 20:30.
La liberación de molinetes será desde las 17:30 horas en la estación Plaza de Mayo hasta las 20:30 donde continuará con un paro total en la misma línea hasta las 23:30 horario de cierre del servicio.
Horacio Rodríguez Larreta, se niega a sentarse a la mesa de negociación salarial argumentando que el acuerdo paritario de un mísero 15 % en tres cuotas que cerró con la UTA, gremio que tiene la personería gremial, pero escasa, casi nula representatividad.
En marzo la Corte Suprema anuló la personería gremial del sindicato de los trabajadores del subte, conocidos como “metrodelegados”.
Por otro lado, el Gobierno puso en marcha un tarifazo en la tarifa de subte, que ya subió más de 1000 % en los últimos 6 años. El ajuste de los boletos no mejoró ni mejorará la calidad del servicio, con el reciente temporal se difundieron videos de las estaciones del subterráneo completamente inundadas, condiciones peligrosas para los usuarios y los trabajadores del subte.
La medida que definieron los trabajadores para el día de hoy, tendrá continuidad el miércoles en la línea B, con la misma modalidad que hoy. A partir de las 17.30 y hasta las 20.30 se levantarán los molinetes en la estación terminal Leandro N. Alem y después comenzará un paro hasta el final del servicio. En tanto, el viernes, será el turno de la línea C, con el mismo plan de lucha.
FERROVIARIOS
Ruidazo de trabajadores de Ferrobaires en Constitución
Lo realizaron en la tarde del lunes exigiendo la reincorporación de todos los despedidos y la reapertura de los ramales, luego del cierre de la empresa decretado por la gobernadora Vidal.
Los trabajadores de Ferrobaires en lucha realizaron ruidazo en el hall de la estación Constitución exigiendo su inmediata reincorporación y la apertura de todos los ramales. Cerca de 1.500 ferroviarios quedaron en la calle, muchas mujeres sostenes de hogar, y pueblos enteros aislados del servicio de trenes, luego que la gobernadora Vidal con el aval de Mauricio Macri y el ministro de Transporte Guillerrmo Dietrich cerrara la empresa por decreto.
“Hoy estamos haciendo este ruidazo en el hall de la estación Constitución, para exigir nuestra incorporación a Trenes Argentinos y la apertura de los ramales cerrados. Queremos una solución ya, que nos atiendan de la empresa o bien, de la gobernación y que nos den una respuesta a los trabajadores que quedamos en la calle con el cierre de Ferrobaires. Alguien tiene que hacerse cargo de nuestra situación”, dijo la trabajadora despedida de Ferrobaires, Macarena Guzmán, militante de Pan y Rosas y del PTS-FIT.
La joven trabajadora hizo referencia también que la pelea que están llevando adelante, “no es sólo por los puestos de trabajo, sino que también lo hacemos por un servicio de calidad para los pasajeros y para eso proponemos desde la agrupación Naranja Ferroviaria Nacional en el MAC (Movimiento de Agrupaciones Clasistas), la renacionalización del ferrocarril bajo administración de sus trabajadores y control de usuarios porque somos quienes utilizamos este medio de transporte todos los días. El ferrocarril como el resto de los servicios de transporte o de energía no deben ser ganancia para los empresarios que solamenente hacen negocios para llenarse de plata”.
Hace unas semanas, los trabajadores en lucha de Ferrobaires protestaron con un corte frente a la Unión Ferroviaria, exigiendo una respuesta al sindicato y el pase a Trenes Argentinos de todos los ferroviarios que quedaron en la calle, en el marco de la negociación abierta con la empresa, pero una vez más, les cerraron las puertas. Al respecto, Macarena expresó: “Hace meses emprendimos esta pelea que con los días se profundiza, y con el sindicato en contra ya que deja pasar el ajuste en el ferrocarril y no da respuesta a los ferroviarios. Estamos viendo como atacan al pueblo trabajador con los tarifazos, como achican el sueldo con la devaluación, y encima quieren esclavizarnos con la contrareforma laboral. Por eso, los trabajadores en unidad debemos decir basta a estos ataques y enfrentarlos solidarizándonos y coordinando las luchas”.
EL MIÉRCOLES FRENTE AL CONGRESO
Multisectorial “21F” convoca a marcha y amenaza con paro nacional si Macri veta la ley de tarifas
Decenas de organizaciones gremiales, sociales y políticas enroladas en la multisectorial “21F” que lideran los Moyano convocó a una movilización frente al Congreso para apoyar la aprobación de la ley que busca retrotraer las tarifas a los valores de noviembre de año pasado. “Si hay veto, habrá paro nacional”, alertaron.
“9M, 18 horas, todos al Congreso, #basta de tarizafos”, reza la cita que agitan por las redes los laderos de los camioneros. Se espera la adhesión de las CTA, la Corriente Federal de Sergio Palazzo, los movimientos sociales como Barrios de Pie, CTEP, CCC y agrupaciones políticas kirchneristas y de izquierda, entre otros.
El moyanismo volvió a la CGT y ahora va por todo. El portazo que dieron Hugo y Pablo Moyano en marzo pasado por las diferencias con el triunvirato quedó atrás. La nueva estrategia de los camioneros es recuperar la “fuerte” presencia en la central obrera, promover la “unidad” de sectores gremiales internos y externos y postular a un candidato propio en las elecciones del 22 de agosto próximo.
El “operativo retorno” quedó plasmado el viernes pasado, cuando Omar Pérez, virtual N° 3 de Camioneros asumió al frente de la Secretaría Gremial de la CGT, cargo que había dejado vacante el hijo mayor de Moyano. Pérez es secretario de Política de Transporte de Sichoca y responsable de los asuntos de Transporte Nacional en la Federación de choferes. “Hace más de 20 años que está al lado de Hugo, es un incondicional”, afirmaron desde el gremio.
La Gremial de la CGT quedó desierta tras la abrupta salida de Pablo Moyano de la central, en disconformidad con el daerismo, que cerró filas con la Casa Rosada respecto de las paritarias de 15%, apoyó un reimpulso de la reforma laboral y faltó a la masiva convocatoria del 21F en la 9 de Julio. Sin embargo, como el cargo no es de las personas, sino del sindicato, Hugo Moyano esperó hasta último momento para abandonar ese espacio de poder y lo dejó “vacío” por unas semanas. Tras el acuerdo con Luis Barrionuevo para sostener al vapuleado triunvirato hasta la realización del Comité Central Confederal de mitad de año, Moyano retrocedió sobre los pasos de su hijo y decidió volver de lleno a la Confederación.
Previsible, la primera declaración de Pérez tras asumir la secretaría gremial fue una amenaza al Gobierno nacional: “Si vetan la ley de la oposición para bajar las tarifas convocamos a un paro nacional de la CGT”. El regreso de los Moyano no es casual. Desde Azopardo 802 aseguraron a este medio que fueron los sectores sindicales más afines al oficialismo quienes los llamaron para que vuelvan. “El escenario cambió”, admiten, y repasan: la inflación no será del 15%, los trabajadores no pueden pagar las tarifas, Ganancias sigue vigente, la subida del dólar encarece todos los servicios, “persiguen” a dirigentes, se frena la obra pública, se quintuplicó la cantidad de chicos en los comedores.
El plan no es azaroso ni asilado. Los Moyano desembarcan nuevamente en la CGT con la bendición papal. Los Camioneros, a través de La Alameda, tienen más “llegada” a Francisco que cualquier otro gremialista del país. En primer lugar buscarán dominar Las 62 Organizaciones Peronistas, a través del docente Miguel Díaz y el farmacéutico Marcelo Peretta. Luego, empujarán para introducir en Azopardo a la CTA de Hugo Yasky, que ya anunció disolución, y a la CTA Autónoma de Pablo Micheli, que convocó a elecciones propias para el 28 de junio, con cierre de listas previsto para este martes. Palazzo y la CFT confluirán tarde o temprano. El bancario observa equívoco cómo algunas entidades de la Corriete ya participan de las mesas federales del 21F.
La tarea más difícil será la sindicalización de los cooperativistas. La CTEP, Barrios de Pie y CCC están embarcados en arduas discusiones sobre los pros y contras de armar una central de “desamparados” paralela o fusionarse en la CGT, cada uno en el sindicato que corresponda según la actividad. Juan Grabois y Esteban “Gringo” Castro apoyan fervientemente la primera opción, pero en la CCC de Juan Carlos Alderete la resisten y buscan inclinar la balanza en favor de la segunda alternativa. Los Moyano podrían destrabar la interna si luego de los comicios de agosto logran cambiar los estatutos internos de la Confederación y permiten el ingreso de los cooperativistas. Una vía que explorada es que primero los absorban las CTA. Pero el Caballo de Troya de los camioneros en su retorno a la CGT se llama “Frente Nacional Multisectorial 21F” y ya se presentó en Salta, Mendoza, Mar del Plata y Esteban Echeverría.
Omar Pérez, de Camioneros, y Gustavo Vera, de La Alameda, en la presentación de la multisectorial 21F en Esteban Echeverría.
El 21F aglutina detrás de un mismo “programa” de 21 puntos a 123 organizaciones gremiales, sociales, estudiantiles y políticas de todo el país. El documento -que todavía no vio la luz- posee menciones sobre la protección del trabajo, doble aguinaldo, la matriz energética, el cuidado del medioambiente, el narcotráfico, la trata, el trabajo infantil, derogación de la reforma previsional, defensa de la producción nacional, la reforma impositiva, la megaminería, salud, educación, cultura y la inseguridad. Es un decálogo del Laudatismo Sí, la corriente de pensamiento papal que promete calar hondo en la Argentina en 2019.
“En cada presentación se discute un documento interno, similar al que tuvo el movimiento obrero en Huerta Grande. Son documentos sobre políticas de Estado que exceden a pliegos reivindicativos salariales o sectoriales, sino que hacen al conjunto de la sociedad”, detalló uno de los organizadores del nuevo espacio. A la par de un programa nacional, en cada jurisdicción donde se conforma el 21F se elabora un “pliego” con otras demandas locales. En Mar del Plata el 21F lo presentó Eva Moyano, hermana de Hugo, quien delegó la minuta en su hijo Juan, sobrino predilecto del cacique cegetista.
En general, las multisectoriales se presentan en las sedes de Camioneros del interior, ya sea en un camping o un edificio gremial, con la presencia de Gustavo Vera, los referentes de la CGT provincial y decenas de dirigentes sociales y políticos. En los próximos días el 21F se lanza en las tres principales ciudades del país. El miércoles se movilizará por la Ciudad.
El ajuste no cesa y un intendente de Cambiemos dejó 800 municipales en la calle
Se trata de 800 trabajadores contratados que quedaron fuera del presupuesto por una ordenanza aprobado en el Concejo Deliberante. Ahora el Intendente deberá resolver los pasos a seguir.
Trabajadores contratados de la Municipalidad de Concepción se acercaron a la intendencia el sábado para reclamar por 800 puestos de trabajo perdidos producto de una ordenanza votada por el Concejo Deliberante.
Desde la intendencia que conduce Roberto Sánchez (Cambiemos) explicaron que los empleados no fueron considerados dentro del “Pacto Social” aprobado con los votos de la oposición y, por lo tanto, la gestión no cuenta con el presupuesto necesario para mantener esas fuentes laborales. Sin embargo, anticiparon que el hoy se vetará la norma para tratar una norma que apruebe el “Pacto Social” de forma integral.
El presidente del Concejo Deliberante, Sergio Castillo, desmintió esta situación al sostener que votaron a favor del proyecto enviado por el Ejecutivo. “Nosotros aprobamos la plantilla de sueldos prevista en el Pacto Social como fue enviada desde la intendencia, si ahora no alcanzan a pagar los sueldos es porque esta gente no estaba registrada”, sostuvo.
Desde hace 17 años que el gobierno de la Provincia mantiene con la Municipalidad el Pacto Social. El acuerdo implica que la Provincia financia al municipio en el pago de salarios, obras públicas, servicios y diferentes actividades culturales a cambio de ceder el porcentaje correspondiente a la coparticipación.
La aprobación de la ordenanza fue posible con el aval de siete ediles peronistas, alineados con Castillo, y dos concejales radicales, que responden al sector del legislador Ariel García.
El Secretario de Gobierno de la intendencia, Julio Cesar Herrera, explicó que el problema surgió a partir de la limitación al Pacto Social aprobado por el Concejo Deliberante. “Solamente se aprobó la parte de los salarios de las personas en planta, dejando de lado a todos los empleados municipales que trabajan como contratados en áreas como la de obra pública o la limpieza”, explicó el funcionario.
Según anticipó al portal local El Tucumano, el Ejecutivo municipal vetará la ordenanza el lunes por la mañana con el objetivo que se trate nuevamente el Pacto Social en el Concejo Deliberante. “Queremos mantener la planta en todas las áreas”, cerró.
Yofra sobre los despidos en Cargill: “Si esta semana no hay solución, vamos a una medida nacional”
Luego de sepultar el techo salarial, Daniel Yofra habló de cuánto debe ganar un trabajador, del futuro de la CGT y de los despidos en Cargill. Adelantó que si esta semana no hay solución, irán a una huelga nacional.
Daniel Yofra, secretario General de la Federación de Aceiteros, horas después de sepultar el techo salarial del Gobierno Nacional habló con el programa Segundo Semestre, en Radio Del Plata. sobre el cierre de las paritarias 2018, el techo salarial, la actualidad de la CGT y la situación en las plantas de Cargill.
“No creemos que los salarios deben fijarlos los mercados, sino los trabajadores”, abrió el titular de la Federación de Trabajadores Aceiteros, en referencia al método de negociación que traslada el gremio a cada paritaria.
“La cuestión es que los trabajadores sepan cuanto tienen que ganar y después que sepan que las empresas pueden pagarlo”, remarcó.
Aceiteros suele presentar, ante cada discusión salarial, el cálculo de cuánto debe ganar un trabajador para cumplir con lo determinado por el Salario Mínimo Vital y Móvil. Según las estimaciones oficiales del Gobierno porteño esa cifra está fijada en $30.650 al 1° de enero de este año.
“No peleamos por porcentajes, peleamos por lo que necesita un trabajador. ¿Por qué se tiene que discutir por la inflación y encima por la inflación futura como si hubiera que olvidar lo del año pasado?, se preguntó”.
“Si el Gobierno decide no dar esos salarios a los empleados estatales o maestros, debería explicar a donde va esa plata”, sostuvo respecto de las decisiones salariales del sector público.
Luego de señalar la media de ingresos del mercado de trabajo, muy por debajo de las estimaciones para cubrir la canasta básica, Yofra consideró: “Los trabajadores merecemos una vida digna. No puede ser que haya trabajadores en empresas muy grandes y sean pobres. Los trabajadores van a car cuenta de la actitud de sus dirigentes en algún momento”.
Consultado sobre las expectativas que pone en el proceso de renovación de autoridades de la CGT, explicó: “Siempre tengo esperanza en que haya unidad y democracia sindical”. Y agregó: “Hay muchos dirigentes que pueden conducir la CGT y obviamente no es lo mismo que la CGT organice un plan de lucha, a que lo hagan los gremios individualmente”.
Por último, habló de la conflictiva situación que se vive en las plantas de Cargill, empresa que despidió a 33 empleados y ante las huelgas por su reincorporación resolvió dos lock out consecutivos: “La empresa, en un clima político donde el Gobierno apoya las medidas patronales, pretenden atemorizar a los trabajadores”.
Y advirtió: “Si la semana que viene (por esta) no hay alguna solución, nosotros vamos a avanzar con una medida de fuerza nacional”
La aceitera de Uriburu dejó de producir porque no puede pagar la luz
La empresa tiene una deuda de alrededor de un millón de pesos con la empresa eléctrica local. Dejó de producir y se teme que no reabra sus puertas.
El viernes sorprendió a todos la información que la aceitera de Uriburu, de La Pampa, dejó momentáneamente de producir debido a que no puede afrontar el costo de la deuda eléctrica que mantiene con la Cooperativa Eléctrica de Santa Rosa, que rondaría el millón de pesos.
Situaciones similares se han ido conociendo, incluso a través de las redes sociales, de pequeñas empresas y comercios que tienen serias dificultades a la hora de afrontar el pago de los servicios, más que nada de gas y electricidad, con aumentos muy elevados.
Al respecto el subsecretario de Industria de la provincia de La Pampa, Silvano Tonelotto, sostuvo que “estamos viviendo hoy una situación donde el costo energético pasó a ser una variable importante, dependiendo de la tipología de industria, la que tiene mayor uso de energía eléctrica, se le genera problemáticas más graves que aquellas empresas donde la electricidad no es variable de uso intensivo”.
También comentó que “se viene trabajando junto a la gente de UNILPA viendo todos estos factores, ya que el llamado “tarifazo nacional” afecta en gran medida”.
“Hoy en día el incremento en la compra de energía está superando el mil por ciento de aumento, dentro de esos factores hay empresas que pueden trasladar el costo a su producto final, y otras que es más difícil, sumado a la caída del consumo. A todo esto, si le sumamos la inflación, se deben buscar alternativas a todos estos aumentos”, explicó
Finalmente, el funcionario sostuvo que “estamos en una situación de alerta donde todos los actores estamos viendo de mantener a pleno la capacidad de producción de las empresas. Lo que podemos hacer es buscar a través de las líneas de financiamiento del Banco de La Pampa por un lado, y el trabajo que realizamos con la Unión Industrial de La Pampa. Dentro de eso, hay distintos programas de trabajo, sumado a una mesa donde esta UNILPA, FEPAMCO y APE, coordinado por el Ministerio de la Producción, buscando todas las alternativas posibles para enfrentar las distintas situaciones”.
Por falta del pago de las paritarias, la UTA parará el martes el transporte en Corrientes
La UTA ratificó en Corrientes un paro del servicio de transporte urbano de pasajeros para mañana en reclamo del pago del aumento salarial acordado el año pasado, según indicó su titular, Rubén Suárez.
“Lo realizaremos en reclamo del cumplimiento de aumento salarial acordado en paritarias a nivel nacional, se trata de un 6% correspondiente a enero y febrero del 2017 y el 5,7% que debía abonarse el 1 de abril”, explicó Suárez en declaraciones radiales.
El gremialista precisó que ese incremento fue firmado por el sector “este año como primera cuota del 15 por ciento anual”.
La medida de fuerza fue acordada el 23 de abril pasado, tras lo cual se iniciaron las negociaciones con los representantes de la cámara empresarial, para poder avanzar con una solución al conflicto.
De acuerdo con lo señalado por el sindicalista, este lunes en la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia habrá una instancia de conciliación con los empresarios que tienen la concesión del servicio de colectivos en Corrientes.
“Ellos faltaron a su palabra porque nos dijeron que cuando se actualizaba la tarifa se iba a poder cumplimentar con los incrementos, pero ahora resulta que no tienen plata suficiente”, explicó Suárez en una entrevista con la FM Radio Dos, en referencia al incremento de la tarifa aprobada por la municipalidad de Corrientes, por la que el boleto pasará a costar $11 a partir de este mes.
“Nuestro acuerdo salarial fue por un 15% y sabemos que ese no va ser el porcentaje anual de la inflación”, concluyó Suárez.
La quema de basura en la Ciudad eliminará la actividad de 6000 cartoneros registrados y otros 6000 informales
Fuentes de trabajo que van a incineración
La ley que impulsó el gobierno porteño para desandar el camino de la Basura Cero afectará además a toda la industria vinculada al reciclaje: se calcula que en total estarán afectadas unas 20 mil personas. Críticas por el riesgo ambiental y el costo de las plantas incineradoras.
Una protesta de los recuperadores urbanos contra la ley que habilitó el regreso de la quema de basura en la ciudad.
La decisión del gobierno porteño de reflotar la quema de basura, método impuesto por el ex intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore y defenestrado en democracia por su nocivo impacto ambiental, tendrá un efecto “desastroso” para los más de seis mil cartoneros registrados en la Ciudad de Buenos Aires. Las cifras de trabajadores afectados por la medida comprende a otros que trabajan por su cuenta, fuera del sistema oficial, y que suman entre cuatro y seis mil. Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que nuclea a recuperadores urbanos de todo el país, advierten que la quema de papel, cartón y otros elementos combustibles tendrá a la vez un daño colateral sobre sectores de la industria vinculados al reciclaje, a punto que se estima que en total serán unos 20 mil las personas en riesgo de ver limitada o perdida su desde el vamos precaria fuente de trabajo.
La estimación para el costo de cada una de las siete plantas incineradoras que el gobierno porteño proyecta instalar en la ciudad es de unos 500 millones de dólares. Y se estima que la construcción demandará unos tres años.
Matheu señaló además que hay que tener en cuenta “el daño ambiental que el sistema de quema de basura provoca en la población y que es de alto riesgo porque son problemas de salud que no se manifiestan en el corto plazo, de manera que son daños que van avanzando en silencio y tienen efectos muy graves”.
Jacquelina Flores, que trabaja como cartonera y está enrolada en el MTE, puntualizó que se trata de “una política fundada en un pensamiento de clase, en la idea de una ciudad-empresa que favorece a los empresarios amigos del gobierno para que ganen mucho dinero” con el montaje de la infraestructura necesaria para desarrollar el modelo. “Me da un poco de risa cuando veo la propaganda televisiva de Rodríguez Larreta en la que se habla de una ciudad verde a la que se va a contaminar con la quema de basura, sin haber consultado a los habitantes de la ciudad. Tal vez hablan de una ciudad verde por el color del dólar”.
El jueves pasado, la Legislatura porteña aprobó, con el voto del oficialismo y sus aliados, la ley que habilita el regreso de la quema de basura en la ciudad. Se trata de una modificación a la ley de Basura Cero, considerada un ejemplo en la región por su planteo de promover el reciclado. Con la modificación, las metas previstas para la reducción de residuos se atemperaron: los plazos establecidos hace 13 años contemplaban una reducción de un 30 por ciento en la generación de basura destinada a relleno sanitario al 2010, de un 50 por ciento a 2012 y un 75 por ciento para 2017. Para el año 2020 directamente prohibía la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables. Ahora, las nuevas metas fijadas son de un 50 por ciento para 2021, un 65 por ciento para 2025 y un 80 por ciento para 2030. Recién para 2028 se prohíbe la disposición final de residuos.
Al referirse al impacto de la quema de basura sobre las cartoneras y cartoneros, Jacquelina sostuvo que será “desastroso, totalmente negativo, para los seis mil reconocidos por el gobierno porteño y para otros seis mil (según algunos cálculos) que trabajan por su cuenta, fuera del sistema. La política oficial nunca fue buena para nosotros, para las cooperativas reconocidas en la Ciudad, pero con la nueva ley nos terminan de golpear, con mentiras, porque no se han agotado las instancias del reciclado porque nunca nos dieron todos los elementos necesarios para realizar nuestro trabajo, los camiones, la logística necesaria. Es todo una mentira, como cuando intentaron privatizar el sistema y que nosotros pudimos resistir, pero ahora cambian todo sin consultar a la población, que va a sufrir la contaminación que está probado que produce la quema de basura”.
La incineración de los residuos que impulsó el gobierno de la ciudad se hará mediante la termovalorización, un proceso para quemar basura y recuperar la energía de la combustión que es resistido por ambientalistas a nivel mundial. Funciona en algunos países de Europa, pero allí ya hay una recomendación oficial para que no se instalen nuevas plantas de ese tipo y que se vayan eliminando los que siguen en funcionamiento.
Jacquelina Flores cuestionó a la titular de la Comisión Legislativa de Ambiente y Espacio Público, Mercedes de Las Casas, que impulsó la ley aprobada en la Legislatura, porque “cuando la entrevistamos, ni siquiera supo responder nuestras preguntas, nunca discutió el tema con nosotros”. El gobierno porteño afirmó que el sistema de quema de residuos es el que se aplica en Europa y en otros países “pero mienten, porque el 75 por ciento de la basura es reciclada, pero ellos cambian el sistema y nos sacan la basura, que es nuestra fuente de trabajo, nos arrinconan, nos llevan de nuevo al abismo, pero están afectando a más de veinte mil personas, porque esto incluye a las empresas vinculadas al reciclado y por esa razón, la Cámara de empresarios del plástico expresó su rechazo a la ley”.
La integrante del MTE recordó que “nunca nos tuvieron en cuenta, cuando le pedimos información sobre lo que pensaban hacer, nos dieron un informe escrito en inglés, ni se molestaron en darnos una respuesta en forma personal porque para ellos nosotros valemos menos que la basura”. Insistió en que hasta ahora “todo lo que se hizo a favor del reciclado, lo hicimos nosotros porque el Estado nunca nos dio nada. Ahora lo que buscan es una empresa para pocos, pero el montaje del nuevo sistema es muy caro, no alcanza el presupuesto de la Ciudad, de manera que el país se va a endeudar con un sistema que, además, produce contaminación”.
En este punto, recordó que “ellos niegan que produzca daño en la salud, pero los incineradores van a ser instalados en los barrios del sur, Villa Soldati, Lugano, cerca de La Boca, nunca en Puerto Madero; de esa manera, además de dejarnos sin trabajo, están afectando nuestra calidad de vida, de manera que si tenemos que judicializar nuestra lucha, la vamos a judicializar”.
Manuel Matheu coincidió en que “a los seis mil quinientos recuperadores de calle reconocidos hay que sumarle otros cuatro mil o más que trabajan en forma independiente”. Respecto de los argumentos del gobierno porteño sobre las supuestas bondades de un modelo, el de la quema de basura, que se aplica en los países del Primer Mundo, aseguró que “en realidad, en esos países se está saliendo de ese sistema para potenciar el reciclado, de manera que las empresas que aportan los elementos para la quema de basura se están ahora trasladando a nuestros países”. Sobre la contaminación ambiental que produce este método, precisó que “hay diversos estudios que confirman los efectos nocivos para la salud, situación que se agrava en el caso de Argentina porque no tenemos capacidad técnica para poder controlar esas complicaciones cuyos daños no se ven en el corto plazo y que se hacen sentir ya en lugares como la Ceamse, con quemas a cielo abierto. Uno de los primeros lugares elegidos por el gobierno porteño para la quema es la zona de Villa Lugano, donde ya tenemos el problema de la contaminación del Riachuelo, que para hacer una comparación con el Primer Mundo, no es un curso de agua como el Danubio”.
Matheu definió la ley votada en la ley impulsada por el gobierno de Cambiemos es “un modelo pensado para los empresarios privados y para transferir recursos a esos sectores”.
Las Cooperativas de Trabajo están en crisis y se movilizan a la Secretaría de Vivienda
Las Cooperativas de Trabajo están en crisis y se movilizan a la Secretaría de Vivienda
Las Cooperativas de Trabajo de Infraestructura Social de la CTEP están dedicadas a la construcción de viviendas sociales. Estas obras benefician a las familias más humildes de la Argentina por la posibilidad de generar miles de puestos de trabajo y dar soluciones al déficit habitacional actual.
Desde hace varios meses, la situación económica hace que los costos de las obras aumenten por la inflación, y la no actualización de los valores diluyen el ingreso que perciben las trabajadoras y los trabajadores de las Cooperativas.
“La situación en los barrios es cada vez más compleja, por eso tenemos que defender el trabajo que se hace desde la Economía Popular y seguir luchando para lograr soluciones a todos estos problemas urgentes. En este marco los Movimientos Populares en unidad vamos a realizar la Marcha Federal por Tierra, Techo y Trabajo del 28 de mayo al 1 de junio”, señaló Gildo Onorato, dirigente de CTEP y secretario de Políticas Sociales del Evita.
“Desde CTEP, Barrios de Pie y la CCC, partiendo desde diferentes puntos de todo el país, estamos organizando esta movilización nacional para pedir que el Congreso Nacional trate inmediatamente cuatro leyes: la Emergencia Alimentaria, la Ley de Infraestructura Social, el proyecto de Integración Urbana para Barrios Populares y declarar la emergencia en adicciones, destinando presupuesto para la prevención”, remarcó Onorato.
Alpargatas suspende 470 empleados en Corrientes por la caída en las ventas
La planta de Alpargatas en Bella Vista, Corrientes, paralizará las tareas desde hoy y por siete días. Son 470 los trabajadores afectados por la medida. Temor por el futuro de los puestos de trabajo.
La disminución de las ventas por la apertura de la importación tiene en jaque al sector textil desde hace más de un año, y esto repercute directamente en fábricas. Ahora es la planta de Alpargatas en Bella Vista, Corrientes, la que enciende las alarmas.
“Desde la empresa nos notificaron que desde este lunes 7 suspenden a todos los empleados por una semana en la planta de Bella Vista por caída de las ventas por el problema de la importación, ya que entran al país muchas telas de afuera y es difícil competir con los precios bajos de otros países”, expresaron desde el gremio textil al portal Norte Correntino.
En este contexto crece la preocupación de los trabajadores de la fábrica Alpargatas, ya que no es la primera vez que ocurre. El año pasado la crisis se sintió más fuerte, cuando se cerró la planta ubicada en la provincia de San Luis, lo que alertó a los 470 empleados que cuenta la planta bellavistense.
En este sentido, la dirigencia gremial a nivel local aseguró que están negociando con la empresa textil para que los trabajadores, suspendidos en sus actividades desde el lunes, puedan percibir por lo menos el 70 por ciento del sueldo correspondiente a este mes.
“Por ahora no vamos a medidas de fuerza, ya que estamos negociando con la empresa que se les pague un monto fijo a los empleados suspendidos, y sería un 70 por ciento del sueldo, pero el lunes viajamos a Buenos Aires para cerrar el acuerdo con las autoridades”, confiaron.
Pero la incertidumbre laboral tiene en vilo a los trabajadores de la planta ubicada en Bella Vista, ya que toda la cadena de Alpargatas en el país está complicada, en las que se incluyen las de Catamarca y Tucumán, sin olvidar que el año pasado cerró la de la provincia de San Luis.
La sangría en la industria textil no cesa y el gremio decidirá medidas de fuerza
La Asociación Obrera Textil (AOT) convocó para el miércoles a un plenario de secretarios generales de todo el país para analizar “la delicada situación que atraviesa la industria” y analizar la realización de protestas.
El titular del gremio, Hugo Benítez quien integra el consejo directivo de la CGT, no descartó que el encuentro de los líderes textiles de todo el país decida la adopción de medidas de fuerza ante “la actual realidad”.
“La situación por la que atraviesa la industria textil es sumamente delicada, por lo que el plenario podría decidir protestas”, afirmó.
El encuentro se realizará en la sede gremial de la Avenida La Plata al 700 desde las 14 del miércoles próximo, indicó el dirigente.
Un comunicado de la organización sindical, que participó el viernes último en la marcha cegetista en rechazo del aumento de las tarifas de los servicios públicos, calificó como “grave” la situación de “la industria textil y de sus trabajadores”.
Famatina: la comunidad se organiza para detener la megaminería
El pueblo de Guanchín (La Rioja), inició un corte de ruta selectivo para detener la explotación minera. Las medidas intentan evitar el paso de las empresas hacia el cerro que -explican- no cuentan con habilitaciones.
La comunidad también manifestó que el municipio de Chilecito, a través del área de Vialidad, comenzó la apertura de caminos para facilitar la llegada de estas compañías al cerro General Belgrano, más conocido como nevado de Famatina.
La organización, integrada por diferentes organizaciones y autoconvocados, se conformó hace un mes y medio, cuando Seargen SA anunció sus intenciones de explotar el yacimiento de cobre.
Ayer, como primera medida se decidió realizar un corte de ruta selectivo y por tiempo indeterminado en el camino de ingreso al cerro “hasta que Seargen SA y todas las mineras se vayan”.
Al respecto, representantes de la agrupación explicaron: “Ésta es una medida de protección. Estamos haciendo lo que las autoridades no hacen, que es evitar el paso de estas empresas que no cuentan con las habilitaciones para trabajar, no tienen licencia social para operar como mineras, ni el certificado ambiental. Frente a todas estas irregularidades y al saber que están subiendo al cerro decidimos tomar esta medida”.
“Les exigimos que acaten la decisión de los pueblos y trabajen en defensa de los bienes comunes -aclaró María Pía Silva, integrante de la Asamblea por la Vida de Chilecito-. Hoy estamos llevando adelante esta acción porque no tenemos más opciones. Estamos defendiendo la elección de vivir sin megaminería, sin divisiones ni contaminación social. Esta acción es en legítima defensa de nuestros valles. Necesitamos echar a las empresas, luchar hoy por el agua y por la vida. El Famatina no se toca”.
Dos estudios alertan sobre la degradación laboral y la desprotección de los trabajadores
Con empleos cada vez más precarios
Nuevos informes del CEPA y del Centro Atenea advierten sobre la reconfiguración de la estructura del empleo –sin relación de dependencia, con menos derechos y bajos ingresos– y sobre los riesgos que implican los proyectos de reforma laboral.
Hoy son monotributistas 53,2 de cada cien nuevos empleados registrados. Imagen: Carolina Camps
Los proyectos de reforma laboral enviados por el Gobierno al Senado proponen bajar nuevamente varios escalones en el proceso de degradación del empleo y desprotección de los trabajadores. Así lo advierten dos análisis, elaborados por el Centro de Economía Política Argentina y el Centro Atenea, que repasan además la reconfiguración de la estructura del empleo en los últimos dos años. Estos estudios señalan que la figura de un Fondo de Cese Laboral facultará a los empleadores a desvincularse de su responsabilidad de pagar una indemnización por los despidos sin causa, abriendo a la vez una puerta a un modelo similar al de las AFJP. También cuestionan la propuesta de las “prácticas formativas” destinadas a los jóvenes, por constituir otra forma de trabajo precarizado.
El CEPA reseña que desde diciembre de 2015 a febrero de 2018 se crearon, según los datos oficiales, 345.449 nuevos empleos “registrados”. Sin embargo, el 85,3 por ciento de esos nuevos puestos correspondieron a monotributistas, empleados estatales y asalariados/as de casas particulares. En contraste, en los dos últimos años del gobierno kirchnerista sólo 8 de cada cien empleos creados eran de monotributistas; el sector privado generaba el 28 por ciento del empleo. Hoy son monotributistas 53,2 de cada cien nuevos empleados, mientras que el sector privado genera apenas el 14,7 por ciento de los nuevos trabajos. De esta manera, lo que se ve es un proceso de degradación interna del trabajo: la pérdida de puestos formales –que afecta marcadamente a la industria, el sector productivo con los salarios más altos–, va acompañado de la creación de empleos sin relación de dependencia, despojados de derechos y con ingresos bajos.
La precariedad del empleo monotributista puede medirse por los derechos de los que carece, marca el CEPA: un monotributista no tiene empleador, ni estabilidad laboral –emite facturas mensuales por la “venta” de sus servicios–, ni vacaciones pagas, ni aguinaldo. Al no haber empleador, no existe quién haga aportes patronales, con lo que un crecimiento del monotributismo desfinancia a la Anses. En casi todos los casos, los monotributistas se jubilan con la mínima. Y quedan afuera de los sindicatos, sin representación para pelear por sus derechos.
“La habilitación de las llamadas ‘prácticas profesionales’ va en el mismo sentido. Tenemos el antecedente de las pasantías, que, habilitada como figura legal en los ‘90, fue algo muy nocivo porque abrió la puerta a que se contratara de cualquier manera a los jóvenes. Es la vía a la precarización más absoluta”, definió Hernán Letcher, titular del CEPA.
“Casualmente, en ellas se promovía como hoy una ‘asignación estimulo’ no remunerativa. Ahora se extiende de algún modo el contrato a prueba a un año, pero además sin aportes ni contribuciones. Es decir, mientras dura la práctica formativa el empleador puede terminar sin costo la relación laboral”.
En su informe, el Centro Atenea enfoca el proyecto que habilita la creación de un Fondo de Cese Laboral. “Esto refiere a la paulatina desaparición de las indemnizaciones por despido, lo que devela la intención de que el empleador tenga a su libre disposición y sin costo la fuerza de trabajo”, señala.
Para el Centro Atenea, este punto “es, tal vez, el mayor reclamo y anhelo del sector empresarial desde la creación de la Ley de Contrato de Trabajo (1974)”. “El Fondo faculta al empleador a desvincularse de su responsabilidad de abonar la indemnización y se deja al trabajador en una situación de vulnerabilidad respecto de su estabilidad laboral”.
“Por otro lado –continúa el análisis–, se establece la posibilidad de capitalizar estos fondos, creando nuevas entidades financieras, similares a las AFJP, manejadas por el Instituto Administrador del Fondo de Cese Laboral Sectorial. El proyecto habilita que el trabajador, una vez que se le notifica su despido, opte por cobrar de forma parcial y periódica, dejando a libre disposición del Instituto la capitalización de su saldo pendiente. Si bien se muestra como un beneficio para el trabajador, que podría tomar parte de esa ‘capitalización y ahorro’ al jubilarse o al renunciar, lo cierto es que en el caso de los despidos se transforma en el signo de mayor precariedad laboral que registra la normativa en nuestro país”.
Al pasar revista a los cambios en el cálculo de las indemnizaciones, el CEPA enumera que el proyecto excluye el sueldo anual complementario, las horas extraordinarias, las comisiones, los premios o bonificaciones, las compensaciones de gastos y todo otro rubro que carezca de periodicidad mensual normal y habitual. “Casualmente, hace sólo unos días atrás, el titular de Techint, Paolo Rocca, mencionó que ‘hay que darles a las empresas la posibilidad de crecer, pero también de reducirse cuando es necesario, porque si no estamos con una rigidez que perjudica’”, cita el informe. “La propuesta evidentemente se hace eco del reclamo.”
El análisis de Atenea concluye que estas modificaciones en la normativa relativa al trabajo “apuntan a precarizar el sistema de relaciones laborales argentino. En el plano legislativo, normativo y judicial se intenta ir degradando los derechos del trabajo, como derechos protectores que funcionan como ‘equilibrio’ de una relación que nace en la desigualdad entre el capital y el trabajo. El camino a la individualización de la relación laboral deteriora, hasta su desaparición, la poca capacidad de negociación del trabajador”.
El juego del conejo y la comadreja: Macri y la clase media
por Carlos Saglul *
Las últimas medidas oficiales han perjudicado especialmente a los sectores medios. Los mismos que podrían volver a darle una victoria al gobierno en las urnas el próximo año. ¿Es verdad que ninguna clase se suicida?
Dicen que ninguna clase social se suicida. No hay regla sin excepción. La clase media es el principal apoyo electoral, junto a los jubilados, del gobierno de Mauricio Macri. Es trágico, porque la reconversión neoliberal que comenzó la dictadura militar y culmina Cambiemos tiene por principal víctima precisamente a los sectores medios.
Con los primeros aumentos, la clase media comenzó a consumir segundas marcas. Después, cambió de supermercados, redujo las porciones de comida y hasta el número de veces que come en el día.
Hartos de la “corrupción de todos los políticos”. Convencidos de que “cada uno hace lo suyo” y de que lo colectivo es “cosa de zurdos”. Apurados para que “se le desate las manos a la policía”. Más afectos a los programas de Marcelo Tinelli y sus cuartos traseros que a ejercer el pensamiento crítico, confiaron en un gobierno de CEOs. “Si ellos se enriquecieron sabrán como enriquecernos”, pensaron sin plantearse a quiénes les falta lo que alimenta las grandes fortunas, ni en los miles de millones de dólares fugados del país rumbo a los paraísos fiscales.
Los últimos aumentos de tarifas afectan especialmente a la clase media: transporte, obras sociales, combustible. Desde los grandes medios, periodistas militantes del ajuste le explican cómo ahorrar electricidad. “Con cinco minutos bajo el agua de la ducha ya está”, le dicen.
El sector energético, pese a las promesas de reactivación del presidente Macri, no aumentó su producción, importa cada vez más. Algunos mal pensados recuerdan que los amigos presidenciales Nicolás Caputo, Marcelo Mindlin y Rogelio Pagano dueños (o por lo menos a cargo) de Edesur, Edesa, Edelap y casi todas las distribuidoras que embolsaron el año pasado 11.300 millones de pesos. Ganaron 942 mil millones por mes. ¿Cuánto invirtieron? Está a la vista: la electricidad se corta y los apagones afectaron a millones de usuarios el verano pasado.
¿Qué paso con las tarifas de gas? Aumentaron en la Ciudad de Buenos Aires entre 2015 y abril de 2018, de un 400 a 920%. Todavía falta el agua, que se incrementará en no menos del 60%. El subte se irá a $11 en mayo y a $12,50 en junio. Subieron los peajes. El precio del combustible está liberado.
Cuatro de cada diez personas teme perder el trabajo. A los jubilados se le redujeron los haberes y la reforma laboral sale de a poco en medio de miles de despidos. Carrefour es un ejemplo, Cargill otro. El chantaje es: cierre, o despidos; flexibilización y baja salarial. En algunas oficinas de la Administración Pública reparten folletos que dicen “retiro voluntario”. Manera muy cheta de decir: “te damos unos pesos y te vas, o esperás a que te echemos”.
Los más optimistas opinan que la inflación anual será del 21 por ciento. El Gobierno insiste con su tope del 15, cuando casi todos se están dando cuenta de que ese número es sólo el techo para los salarios que se siguen pulverizando.
El jefe de Estado sigue insistiendo en que el ajuste es gradual. Macri y sus asesores no hacen nada nuevo. Noam Chomsky, refiriéndose al control social y el relato del neoliberalismo, afirmó: “Para hacer que la gente acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, flexibilidad laboral, desempleo en masa, salarios que no aseguran ingresos decentes, tantos cambios hubieran provocado una revolución”.
En sus últimos mensajes, Macri interpela a la gente, señalando que consumen más de lo que deberían. El multimillonario presidente de un gobierno de CEOs que tienen sus ahorros en guaridas fiscales de todo el mundo reclama “ahorrar”. El capitalismo que es sinónimo de consumo llama a reducir el consumo. ¿No era que eso pasaba en Venezuela, el fantasma predilecto? Para Chomsky “hacer creer al individuo que es solamente él el culpable de su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos (meritocracia), logra que en lugar de rebelarse contra el sistema económico se culpe y autoinvalide”.
¿Fenecerá de a poco la clase media como la ardilla hipnotizada por la comadreja con los ojos puestos en ese mundo feliz que les promete el jefe de Estado a cambio de los sacrificios actuales y que jamás llegará? ¿Y entonces vendrá la violencia del desengaño? Previsores, los gobiernos neoliberales despiden estatales, maestros, médicos pero no dejan de tomar policías, gendarmes, de comprar balas, gases, helicópteros israelíes.
Macri cae en las encuestas. Una mayoría dice que no lo votaría. Pero convengamos que ese sector del electorado está dividido. Que Macri tenga posibilidades de ganar a esta altura del ajuste, del vaciamiento del Estado, de las denuncias de corrupción en su contra y de casi todo “el mejor equipo de los últimos 50 años” -hay que reconocerlo- es un verdadero éxito. ¿Logrará la perversidad neoliberal que sus víctimas le den la victoria? Es muy posible.
Después de todo, es la historia del neoliberalismo aún hoy cuando los golpes militares han sido reemplazados por otras formas de control a través del bloqueo informativo, la utilización política de la Justicia que puede voltear presidentes o proscribirlos y todos los recursos de la neurobiología, la psicología aplicada que hace que el sistema conozca al votante mejor de lo que éste se conoce a sí mismo.
La comadreja baila alrededor del conejo que la dobla en tamaño y la mira asombrado. Queda como hipnotizado. En medio de su danza hipnótica la comadreja se acerca, le salta al cuello y, cuando menos se lo espera, lo asesina.
* Secretario Adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA)
¿Qué hay detrás de esta declaración?
La burrada de Lombardi sobre la compra de los derechos para transmitir el Mundial
El encargado del Sistema Federal de Medios Públicos dijo que Cambiemos “pagará 600% menos” que en la compra de los partidos para el Mundial de Brasil 2014. Además de tirar una burrada en el porcentual omitió la cantidad de encuentros transmitidos, el contrato negociado con la empresa Torneos, la forma de televisación y ocultó el ajuste que están aplicando en los derechos de las audiencias.
por Leonardo Damián García
El incipiente Mundial de fútbol en Rusia despertó un interrogante clave en la política y poco tiene que ver con el lobby que algún dirigente nacional pueda ejercer para meter a algún jugador en la lista final. La clave pasa por la contratación de los derechos de trasmisión y el relato del Gobierno sobre cuanto pagó en relación al gasto realizado por la gestión de Cristina Kirchner para la edición 2014.
El titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, afirmó en una entrevista que el Gobierno de Mauricio Macri pagó un “600% menos que el anterior” por los derechos de la Copa del Mundo. Burrada de por si, ya que un 100% menos de lo pagado anteriormente daría como resultado cero. Supongamos que el ministro quiso declarar que en realidad se pagó 6 veces menos por la misma cantidad de partidos, ¿es real?
Según pudo averiguar este portal en el mes de enero, la Televisión Pública firmó un acuerdo con la empresa TyC International B.V, radicada en Holanda y parte del holding de Torneos. Allí acordaron la compra de 32 partidos, en total son 64, por la suma de 8 millones de dólares. De ahí, tres millones se pagaban al contado mientras que la empresa quedaba en retener los primeros 5 que ingresen en concepto de publicidad de las trasmisiones.
En aquel momento Lombardi destacaba la negociación y hacía un fuerte hincapié en el principio de austeridad que habían propuesto como base en el acuerdo. También proyectaba alcanzar 12 millones en materia de publicidad, pero Torneos condicionó al canal estatal a repartir 50 y 50 todo dinero que ingrese por encima de los 8 millones.
La burrada del 600% menos se basa en el contrato alcanzado para el 2014, aquel vínculo que firmaron en 2012 el entonces jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el entonces CEO de la empresa Torneos Alejandro Burzaco -hoy detenido e indagado en Estados Unidos en el marco del escándalo mundial de corrupción conocido como FIFAGate- donde acordaron en principio la compra de 32 partidos por un total de 18 millones de dólares.
El contrato pasó por la fiscalía número 11 a cargo de Gerardo Pollicita para ver las subcontrataciones de los derechos en torno a la plata local del FIFAGate. Si estos números hubieran sido los finales, es real que el Gobierno de Macri estaría gastando menos dinero que el de Cristina Kirchner, pero se trata de un 55% menos y no del 600 como afirmó Lombardi.
¿Fueron 32 o 64?
Más allá del contrato firmado con Torneos, en el año 2014 Jorge Milton Capitanich anunció que la cobertura mundialista incluiría la transmisión de los 64 partidos a través de la TV pública -32 partidos en directo y otros 32 en diferido-, mientras que Depor TV realizará en vivo la transmisión de todos los partidos, además del acto de apertura.
Más allá del contrato firmado con Torneos, en el año 2014 Jorge Milton Capitanich anunció que la cobertura mundialista incluiría la transmisión de los 64 partidos a través de la TV pública -32 partidos en directo y otros 32 en diferido-, mientras que Depor TV realizará en vivo la transmisión de todos los partidos, además del acto de apertura.
El Gobierno de CFK que mantenía los partidos de la Selección en su listado de eventos deportivos de interés relevante en el marco de los derechos de las audiencias contemplados en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no solo utilizó el canal público sino que también utilizó el sistema de Televisión Digital Abierta que en ese momento contaba con 84 antenas, que transmitián a través de dos sistemas: la Televisión Digital Terrestre, y la Televisión Digital por Hogares, éste último con más de 1,4 millones de decodificadores distribuídos en todo el territorio nacional.
De esta manera, los 18 millones de dólares habrían implicado la trasmisión del total de los partidos de la Copa del Mundo y el número si estaría más en consonancia con el actual pese a que cuatro años es muchísimo tiempo en el mundo de las finanzas y en el convulsionado negocio de las empresas de TV y los eventos deportivos. Si hoy se pagaron 8 millones por 32 partidos, suena un poco más razonable los 18 por los 64 partidos que se dividieron entre el vivo y el diferido. También es cierto que pese a tenerlos comprados, no todos los partidos terminaron siendo televisados.
Volviendo al tema de los eventos deportivos considerados de interés relevante, en el listado preparado para el 2014 figuraba el Mundial de fútbol como un evento de por si relevante mientras que para este año el Gobierno retomó el armado del listado pero solo incluyó los partidos de la Selección Argentina.
El relato del exfuncionario de Fernando De la Rúa tampoco coincide con el despliegue en la producción periodística. Mientras que Brasil 2014 tuvo una enorme presencia de periodistas argentinos y distintos trabajadores de prensa, el ajuste que se vive tanto en la TV Pública como en la Agencia Télam no pueden pasar por alto.
Hasta el momento el canal estatal trabajará desde Rusia con 27 periodistas y el material que tienen a mano, mientras los trabajadores atraviesan recortes como el cierre del noticiero del fin de semana. En Télam aún no se confirmó si viajará algún periodista de deportes pese a contar con 2 acreditaciones concedidas por la propia FIFA. En caso de ir solamente viajará uno solo lo que hace inviable la cobertura cuando la mayoría de los medios gráficos enviarán entre 3 y 4 periodistas.
La burrada del encargado de los medios públicos expone la falta de responsabilidad ante el derecho de las audiencias que vuelven a ser catalogados como consumidores de un producto ante un evento que implica el interés y sobretodo la pasión de un país por el deporte más popular.
Resumen Latinoamericano / 7 de mayo de 2018 / Pablo Wahren, Celag
El 1 de mayo de 2018, fue el tercer Día del Trabajador con Mauricio Macri como presidente de la Argentina. Durante su presidencia, iniciada en diciembre de 2015, las trabajadoras y trabajadores argentinos han sufrido un fuerte deterioro en sus condiciones laborales. Esta situación se puede constatar en la pérdida de poder adquisitivo que sufrió el salario, el aumento de la informalidad laboral, el cambio de composición en el empleo hacia tareas de menor calidad y la pérdida de derechos laborales.
Lo sucedido en la primera mitad del mandato macrista amenaza con profundizarse en 2018. Mientras los aumentos salariales están perdiendo con la inflación, asoma en el horizonte el proyecto de reforma laboral para flexibilizar el mercado de trabajo.
Pérdida de poder adquisitivo
Desde que asumió Macri los precios subieron por encima de los salarios, dando lugar a una pérdida de poder adquisitivo. Al analizar la evolución del poder de compra de los trabajadores registrados -de los que se cuenta con datos más fiables- se observa una caída en 2016 (-6,5%) que no fue compensada por la leve recuperación de 2017 (+2,4%). En el acumulado, la baja de salario real es de -4,2%.
En 2018 la pérdida se profundizaría, a juzgar por la evolución de los precios y los resultados de las negociaciones salariales en curso. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en diciembre de 2017 la inflación se ubicó en 24,8% y, según el relevamiento de opinión del Banco Central, para diciembre de 2018 se ubicaría en 20,3%. A pesar de este escenario inflacionario, los funcionarios del gobierno nacional han planteado que los salarios deben aumentar en el año, como máximo, un 15%. En tanto, otros componentes de la inflación -como las tarifas de los servicios públicos y el tipo de cambio- se han incrementado un 35% y un 20% sólo en los últimos cinco meses. El gobierno ha elegido al salario como la variable clave para desacelerar la inflación.
Actualmente, diversos sectores han cerrado acuerdos salariales en línea con la propuesta del gobierno del 15% (comercio, construcción y transportistas, son algunos de ellos) y otros se encuentran en proceso de negociación (bancarios, metalúrgicos y docentes, etcétera)[1]. De cumplirse esta pauta salarial y el aumento de precios proyectado en el relevamiento de expectativas del Banco Central, el salario real caería un 4,5% en 2018 y acumularía en tres años una baja 8,5%[2].
Gráfico 1. Salario, Inflación y Salario Real (variaciones anuales)
Fuente: elaboración propia en base a RIPTE (ANSES), IPC-CABA, INDEC y BCRA.
*Para 2018 se presenta el objetivo de paritaria del gobierno y la proyección de inflación relevada por el Banco Central.
Por su parte, el salario mínimo se encuentra experimentando una caída aún mayor. Entre noviembre de 2015 y diciembre de 2017 pasó de $5.588 (588 dólares) a $8.860 (466 dólares). En términos reales esto significó una caída de 10,6%, sólo en dos años. Este indicador es muy relevante ya que los salarios de los trabajadores no registrados tienden a moverse en línea con el salario mínimo.
Cambio en la composición del empleo
Uno de los datos más relevantes del periodo es el cambio en la composición del empleo privado registrado. Los datos del Ministerio de Trabajo y Empleo dan cuenta de una pérdida de puestos de trabajo en los sectores productores de bienes y un incremento en el sector servicios. En términos de la calidad del empleo, esta modificación no es inocua.
Los sectores que perdieron empleo ofrecen, en promedio, mayores remuneraciones que los que crecieron. Algunos números grafican esta situación claramente. Desde noviembre 2015 se perdieron 47,8 mil puestos de trabajo en bienes y se ganaron 68,4 mil en servicios. La remuneración de los primeros es de $28.895 mientras que la de los segundos es de $24.927 (salario promedio de 2017).
Al descomponer por sectores se observa que la mayor pérdida tuvo lugar en la industria (-68,6 mil puestos de trabajo), que fue golpeada fundamentalmente por las políticas de apertura comercial. En cambio, la mayor suba tuvo lugar en comercio (+26,9 mil puestos de trabajo). La remuneración promedio de los trabajadores industriales en 2017 fue de $31.277 y la de los de comercio $23.505, un 33% menos. De hecho, parte del crecimiento del empleo en comercio estuvo dado porque los empleadores registraron nuevos trabajadores en esa rama sin necesariamente pertenecer a ella, a fines de ingresar a un convenio colectivo más laxo y pagar menores remuneraciones.
Según los datos oficiales, el empleo privado registrado creció en todo el periodo analizado (+20,6 mil puestos de trabajo). Sin embargo, es preciso analizar la evolución del sector de la construcción para dar cuenta de la fragilidad de esta situación. Éste acumula desde el inicio de la gestión macrista 18,9 mil puestos de trabajo nuevos, prácticamente lo mismo que todo el empleo creado. Esta evolución estuvo marcada por una profunda volatilidad. Entre noviembre de 2015 y junio de 2016 el sector había perdido 42,4 mil empleos mientras que desde esa fecha a febrero 2018 creó 61,2. La principal causa detrás de estos vaivenes es la poca estabilidad temporal de los contratos del sector[3] y el rol del gasto del Estado en la obra pública. En 2016 este último sufrió un fuerte ajuste y en 2017, año electoral, un impulso. Para 2018 se espera una desaceleración de los gastos de capital que puede impactar en el empleo.
A su vez, la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo da cuenta que entre el tercer trimestre de 2015 y el mismo periodo del 2017 cayeron los contratos por tiempo indeterminado (-0,8%) mientras crecieron aquellos por tiempo determinado (16,5%).
Cuadro 1. Variación del empleo privado registrado y remuneración por sector
Fuente: elaboración propia en base al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
*Variación desestacionalizada entre noviembre 2015 y febrero 2018
**Remuneración promedio de 2017
Aumento de la informalidad
Además del cambio de composición del empleo privado registrado hacia tareas de menor remuneración, también se registró un aumento en la proporción de trabajadores informales. Según la Encuesta Permanente de Hogares que realiza el INDEC la informalidad laboral sufrió un incremento de 1,2 puntos porcentuales entre 2015 y 2017. Actualmente, el 33,9% de los trabajadores no cuentan con derechos laborales. La alta tasa de informalidad se ha convertido en un problema estructural de la economía argentina durante las últimas décadas y con Macri se ha profundizado.
A diferencia de los trabajadores formales, los informales no cuentan con los derechos dispuestos por la Constitución, como aportes jubilatorios, obra social, salario anual complementario, vacaciones pagas, límite horario a la jornada laboral, entre otros.
Gráfico 2. Tasa de asalariados sin descuento jubilatorio (informalidad laboral)
Fuente: INDEC-EPH
La reforma laboral
A futuro, el gobierno apunta a reformar fuertemente la legislación laboral bajo el argumento de que la normativa vigente se encuentra obsoleta y desalienta la llegada de inversiones. En este sentido, se están impulsando drásticos cambios que aparentan ser sumamente agresivos para los derechos de los trabajadores. Como ya analizamos en otras publicaciones[4] esta reforma consiste en:
– Reducir las indemnizaciones por despido: la indemnización se calculará sobre el monto básico de la remuneración y no ya sobre el ingreso normal del trabajador (que generalmente excede al básico). A su vez, se propone la creación de un fondo para indemnizaciones que se financiaría por empleadores y empleados.
– Flexibilizar la jornada laboral: ésta podría extenderse de 8 a 10 horas sin pago de horas extra. La contraprestación sería una compensación horaria en otro momento, a decidir por el empleador.
– Eliminar la responsabilidad solidaria: ante problemas en una actividad tercerizada, el trabajador sólo podría iniciar juicio a la empresa que lo contrató y no a la empresa principal para la que efectivamente realiza la tarea.
– Regularizar nuevas formas de contratación: esto implica validar formas que antes eran consideradas como fraude laboral por no incluir los derechos laborales dispuestos en la Constitución.
Cabe destacar que, bajo el argumento de atraer inversiones, el gobierno ha realizado diversas medidas como la apertura comercial y financiera, y la reforma fiscal (entre otras rebajas impositivas) sin que ello haya implicado un crecimiento de las inversiones locales ni extranjeras[5]. Asimismo, a juzgar por la historia argentina reciente, este tipo de medidas no han tenido buenos resultados. Durante la década de los ´90 se aplicaron diversas medidas de flexibilización laboral a fin de crear empleo, pero en ese entonces el desempleo pasó de 6,5% en 1991 a 17,4% en 2001 (datos: INDEC).
Conclusiones
Desde diciembre de 2015 hasta la fecha las condiciones laborales en Argentina se han deteriorado y continuarían haciéndolo. El salario real profundizará su caída de acuerdo a los resultados de las negociaciones salariales y las proyecciones de inflación. La composición del empleo seguirá deteriorándose en la medida que las políticas económicas no apoyen a los sectores con trabajo de mayor calidad. La informalidad continuará aumentando a menos que el gobierno no intensifique controles. De hecho, probablemente, con la reforma laboral se legalicen formas de contratación precarias.
Los trabajadores parecen haberse convertido en una variable de ajuste. En el ideario del gobierno la reducción salarial y la flexibilización de las condiciones de trabajo contribuirán a atraer inversiones extranjeras. Pero ¿hasta qué punto habría que deteriorar las condiciones de trabajo para que esto suceda? Y, en ese caso ¿a quién beneficiarían esas inversiones?
[1] Para un desarrollo de este punto ver: https://www.celag.org/reducir-el-salario-real-un-objetivo-central-del-gobierno-de-macri/
[2] Otras estimaciones contemplan un aumento salarial superior a la meta como resultado de las negociaciones y, por tanto, una inflación superior. Tal es el caso del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) que proyecta una caída del salario real de 4,1% a partir de una paritaria promedio del 18%.
[3] Por ejemplo, tienen un régimen especial de indemnización que abarata los despidos.
[4] http://www.celag.org/tres-reformas-definen-programa-economico-macri/
[5] Las mismas se ubican en niveles similares a 2015.
Ni el establishment financiero cree en Macri
Luego de una jornada al rojo vivo con el dólar en alza y el temor a un estallido social, el gobierno argentino recurrió nuevamente a las tasas de interés para intentar frenar la corrida cambiaria y el Banco Central la colocó en 40 por ciento un día después de haberlas llevado a 33,25%.
“Puede que sea momento de salir de la Argentina”, aseguró la revista Forbes, y la preocupación fue la nota principal de la página web del londinense Financial Times. La agencia Bloomberg, especializada en finanzas, aseguró que los inversores cuestionan la credibilidad del Banco Central, mientras que El País de España tituló “Jueves negro para el peso argentina, que pierde casi el 9% de su valor”.
También los economistas del establishment argentino cuestionaron con dureza al gobierno a través de las redes sociales, algunos de ellos pidiendo cambios en el gabinete económico, quizá esperando que el presidente Macri los llame al gobierno.
Para Forbes, los problemas macroeconómicos del país representan un peligro para los inversores a pesar de las altas tasas de interés que el Banco Central mantiene para contener la escalada de la divisa estadounidense. “Todos creían en el gobierno de Mauricio Macri. Él estaba haciendo lo correcto. De hecho ya estaba regresando a los mercados de capital con abrazos de bienvenida. La recepción ahora se está enfriando”, señaló el columnista Rapoza.
Y no tuvo contemplaciones: “Es hora de irse de Argentina y salir corriendo (…) inversores todavía quieren ver crecimiento y Argentina no logra producirlo”, remarcó.
El Financial Times remarcó que la intervención bancaria no logró detener una caída pronunciada del peso, e indió que la escalada del dólar estadounidense y la perspectiva de alzas de tasas por parte de la Reserva Federal debilitaron las monedas de los mercados emergentes en todo el mundo, pero pocas monedas han sido tan golpeadas como el peso argentino.
El informe de expectativas del mercado publicado el jueves 3 por el Banco Central pareció haber sido escrito muchas semanas atrás. Hecho en base a la opinión de las consultoras, arroja proyecciones que resultan sorprendentes… o dibujadas, con el dólar para fin de año en 22,60 pesos, cuando cerró en un pico de 23,30 pesos.
El pronóstico de la tasa de interés de referencia para mayo fue de 30,25 por ciento, pero el Banco Central la colocó el jueves 3 en 33,25 y el viernes 4 en 40%.
Según los datos oficiales, hasta el 30 de abril de 2018, se fugaron (esto es, compran dólares y lo sacan del circuito económico argentino) 47.000 millones de dólares, que ahora se acrecientan con los que el Banco Central vendió esta semana y que van a seguir vendiendo porque el gobierno tiene los principales precios dolarizados y si sube el valor del dólar (devaluación), impacta de lleno en el costo de vida de la población y de las empresas verdaderamente productivas y no de maletín.
Este viernes 4 el gobierno anunció la persistencia del lineamiento que deterioró la economía en los dos años recientes y la profundización de un ajuste fiscal destinado a enfriar la circulación monetaria callejera y, en definitiva, a arrasar definitivamente con la industria, el comercio –en suma, el trabajo- con el objetivo de derivar las riquezas nacionales hacia un puñado de particulares -que operan como funcionarios- y de las corporaciones rentísticas que los sostienen en esos puestos, señala el analista Gabriel Fernández.
El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne anunció una reducción de la meta de déficit fiscal para este año de 3,2 a 2,7%, con lo cual ratificó que la respuesta a cualquier cimbronazo que sufran la economía y las finanzas seguirá siendo el ajuste, en este caso un recorte de 30 mil millones de pesos que originalmente habían sido previstos para obra pública. “Nos duele porque uno no quiere tocar la obra pública”, dijo pero aseguró que “la única manera que tenemos (de bajar el déficit fiscal) es con una reducción gradual del gasto público”.
Hasta el arribo de la CEOcracia macrista, Argentina no tenía problemas fiscales y promovía la inversión productiva con presencia estatal, el consumo, el comercio y la industria. Este gobierno desfinanció al Estado –exención impositiva para los grandes productores primarios y reducción del poder de compra popular- y relevó esos ingresos genuinos por deuda. “Como dice el Presidente, la Argentina no puede seguir viviendo de prestado. Tenemos un programa muy claro de convergencia hacia el equilibrio fiscal, donde queremos dejar de emitir deuda y depender de los mercados, dijo sin ronrojarse.
Para el economista Horacio Rovelli, el gobierno de Macri solamente puede superar la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplica, endeudándose y ofreciendo pingues negocios al capital más concentrado, y en ese marco no puede existir proyectos de inversión productiva.
Se prioriza lo financiero, a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, que crece día a día. Hay demasiados llamados de atención sobre un nuevo estallido social. Rescatamos el del jefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires, Fabián Perroni: “La violencia permanente de los delincuentes es producto de la droga, pero también hay una situación social que hace que la persona que tenga la necesidad de comer delinca. Hay gente que delinque –que antes no lo hacía– por una necesidad, por un apremio económico”.
¿La pobreza y la exclusión extrema llevan a que muchas personas salgan a robar para comer?, le preguntaron en un reportaje radial. “Sí, por supuesto. Y se está trabajando sobre esto, porque es el delito que menos está bajando”.
Rubén Armendáriz. Periodista y politólogo uruguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Rubén Armendáriz. Periodista y politólogo uruguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
La pulseada la ganó el ajuste
Resumen Latinoamericano / 7 de mayo de 2018 / Julio C. Gambina
La semana transcurrió con el vértigo de la suba del dólar, que llegó a 23,30 pesos por dólar y parecía que no tenía techo. Cerró la semana a $22,30 y nadie sabe cómo evolucionará, si a la baja o nuevamente al alza.
El tema venía de antes, ya que en diciembre el dólar cotizaba a $17,50, consolidando una devaluación desde entonces a la actualidad del 27%, que afecta a la mayoría de la sociedad que percibe ingresos fijos, quienes como perdedores no pueden intervenir en la fijación de los precios de la economía.
Se trata de una variación coherente con la inflación futura que induce la evolución de precios, cercana al 10% para el primer cuatrimestre del 2018 y que anualizada puede igualar a la del 2017.
El nuevo precio del dólar anticipa un traslado seguro a precios para consolidar una inflación que rondará entre 20 y 25% para todo el año, aun cuando el gobierno perjure el mantenimiento de la pauta del 15%.
Mientras tanto, las negociaciones por actualización salarial se sostienen en el techo del 15%, caso emblemático con los docentes.
Para calmar la “corrida” de los especuladores el BCRA liquidó más de 7.600 millones de dólares en dos meses, con un día pico de 1.500 millones de dólares.
Ese dinero se acreditó en cuentas concretas, lo que demuestra el destino de las reservas internacionales, que bien podría servir para desarrollos productivos sin necesidad de los inversores externos (que nunca llegan), lo que habilitaría otro debate, relativo a cual debiera ser el perfil productivo de la Argentina. Dejemos ese tema para otro momento.
Junto con la corrida destaquemos que el gobierno presentó su plan parcial de reforma laboral y desbarató la movida parlamentaria para frenar el tarifazo.
Dos por uno en la jerga cotidiana, ya que la reforma laboral incluyendo el tema indemnizaciones y fondo para despidos avanza en la disminución del costo laboral y quita de derechos; y con el tarifazo traslada a los usuarios (la sociedad) el costo del servicio público privatizado.
En el dos por uno se expresa el ajuste y la pulseada ganada por la derecha y el establishment.
Ajuste gradual o shock
Desde el gobierno se argumentaba que la política económica era de “ajuste gradual” y desde el “mercado”, es decir, los grandes capitales y sus voceros pedían shock de ajuste.
Bueno, eso es lo que anunciaron Dujovne y Caputo el viernes 4/5 al señalar que se baja la pauta de déficit fiscal y nada menos que una reducción de $30.000 millones en obra pública, lo que supone menos ingresos salariales y despachos de materiales entre otros aspectos.
Todo apunta al enfriamiento de la economía, justo cuando el INDEC anunciaba datos de un crecimiento demorado luego de la fuerte caída del 2016 y el escaso repunte del 2017. Eso induce a pensar en dificultades sociales en materia de empleo e ingreso de la mayoría de la sociedad.
Por si fuera poco, la tasa de interés de referencia establecida por el BCRA escaló a 40%, cuando en medio de la corrida había sido colocada en 33% y hace una semana estaba en 27,25%, todo para mantener a los inversores en activos financieros, especialmente LEBAC, las que ayer cotizaban en el mercado secundario a 35%.
Los tenedores externos de LEBAC vendían sus títulos porque desde el lunes 7/5 debían pagar impuesto a renta financiera por esas ganancias, por lo que ahora se los estimula con una suba de tasas que compensa la pérdida por el impuesto. Los especuladores contentos, aunque habrá que ver si renuevan los 670.000 millones de pesos en el próximo vencimiento del 16/5.
Todos los anuncios confluyen en la profundización del AJUSTE, haciendo eco de la demanda del “mercado”, que sin eufemismo son los grandes capitales hegemónicos en la economía local, con sus voceros en consultoras privadas y en los medios de comunicación, caso de Melconian o Espert, por mencionar algunos de los mediáticos.
Lo que el mercado espera es el shock de ajuste, con menor gasto público en empleo y salarios estatales, pero también en la reducción del costo laboral para favorecer inversiones y ganancias del sector privado.
El problema sigue estando en el límite al ajuste que ofrezca la sociedad afectada, que aun con conflictividad visible no tiene aún el volumen necesario para frenar la ofensiva ajustadora, y menos, reorientar el sentido de la política económica para favorecer intereses y necesidades de la mayoría empobrecida.
Envío:ResumenLatinoamericano
Medianos empresarios en alerta: “El gobierno quiere las pymes cerradas”
Ante la suba de la tasa de referencia del Banco Central, que saltó al 40% para domar el dólar y los incrementos tarifarios, advierten que la compleja situación que atraviesa el sector tomará mayor velocidad en los próximos meses. Daniel Moreira, titular de la Asociación Pyme, y Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios coincidieron.
May 8, 2018
Por Pablo Pellegrino
Luego de la precipitada suba del dólar en las últimas semanas, la batería de medidas anunciadas por el Banco Central de la República Argentina y los ministros de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne y Luis Caputo, y la ratificación de los cuadros tarifarios a los servicios públicos, empresarios pyme alertan sobre el riesgo de que la crisis que atraviesa el sector se acelere en los próximos meses.
El viernes de la semana pasada, luego de que la divisa norteamericana rompiera la barrera de los 23 pesos, la autoridad monetaria conducida por Federico Sturzenegger anunció la suba de la tasa al 40% y ordenó la reducción de las posiciones patrimoniales en dólares de los bancos del 30 al 10%, lo que permitió que el precio del billete verde bajara hasta los 22,28 pesos.
DANIEL MOREIRA, APYME: “DESDE QUE EMPEZÓ ESTE GOBIERNO VENIMOS DICIENDO QUE ESTE PLAN ECONÓMICO DESTRUYE EL MERCADO INTERNO”.
La previsión ante las medidas anunciadas era que el dólar continuara la tendencia a la baja, pero este lunes, cuando vencía el plazo que tenían los bancos para desprenderse del excedente, la divisa volvió a avanzar algunos centavos y cerró en 22,33 pesos.
Los anuncios de la cartera de Hacienda y Finanzas, por su parte, fueron referidos a la aceleración del ajuste del gasto público y la reducción de las metas de déficit fiscal para este año. También anticiparon que este año no buscarán más financiamiento externo.
“Si vos tenés una tasa del 40% y si, utópicamente, le creyéramos al gobierno que la inflación va a ser del 15%, agarrás la plata que tenés, la ponés a esa tasa y ganaste el 25% de lo que pusiste sin hacer absolutamente nada; el problema de las pymes es que no sabemos de timba financiera, sabemos laburar”, dijo a Contexto Daniel Moreira, titular de la Asociación Pyme.
El empresario sostuvo que “lo que se puede esperar para los próximos meses es más de lo mismo con una velocidad más grande”, y recordó: “Desde que empezó este gobierno lo que venimos diciendo desde la Asociación es que este plan económico destruye el mercado interno. La destrucción del mercado interno es la destrucción del ámbito en el que nosotros nos movemos y lo que se puede esperar es que se sigan destruyendo las pymes”.
En el mismo sentido se expresó Eduardo Fernández, presidente de la Asamble de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), quien consideró que “lo del viernes fue la ratificación de una política que tiende a enfriar la economía como forma de lograr los objetivos monetaristas establecidos por el equipo económico, con tasas de interés récord en el mundo, pero en ningún momento se hizo mención a la producción nacional”.
“Pedíamos mercado interno y el mercado interno se va a retraer con estas medidas de ajuste; pedíamos morigerar y segmentar las tarifas, pero se ratifican; pedíamos aliviar el costo del dinero, pero ya no quedan créditos subsidiados y dispararon la tasa de referencia; la situación de las pymes es realmente compleja”, agregó Fernández.
EDUARDO FERNÁNDEZ, APYME: “LO DEL VIERNES FUE LA RATIFICACIÓN DE UNA POLÍTICA QUE TIENDE A ENFRIAR LA ECONOMÍA COMO FORMA DE LOGRAR LOS OBJETIVOS MONETARISTAS ESTABLECIDOS POR EL EQUIPO ECONÓMICO”.
Según los referentes del sector, el escenario planteado por el macrismo es “un acta de defunción” para las pymes: la suba de la tasa anunciada por el Central dispara el costo de las escasas líneas de financiamiento a las que podían acceder, la escalada del dólar encarece los costos, las paritarias por debajo de la inflación y el ajuste anunciado determinan la caída del consumo en un mercado interno diezmado y el tarifazo “hace imposible continuar con la actividad”.
“Cuando vos tenés las pymes cerradas, los trabajadores que antes tenían un buen salario ahora consumen menos, y eso hace que cierre otra pyme. Es una espiral que se viene cerrando hacia adentro de manera muy rápida y que inevitablemente termina implosionando”, manifestó Moreira, para quien Cambiemos “gobierna para el 5% de la población y quiere las pymes cerradas”.
Fuente:Contexto 
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