En Santa Fe no compran así nomás la idea de la baja en la edad de imputabilidad de menores.
"Es parte de la campaña electoral"
Así lo dijo el ministro Silbertein que calificó la medida lanzada por el gobierno nacional como juego "para la tribuna". Y aseguró que lo más importante en el tema es "definir qué políticas aplicar frente a los menores".
Para Silberstein hoy el menor en Santa Fe "tiene un tratamiento penal peor que el de un adulto".
En el marco de una nueva arremetida del gobierno nacional de Mauricio Macri por bajar la edad de imputabilidad de los adolescentes, esta vez a 15 años, varias voces locales salieron al cruce. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein dijo que "es parte de la campaña electoral" y que lo hacen "para la tribuna". En ese sentido, apuntó a que "es más importante definir qué políticas aplicar frente a los menores". Referentes de organizaciones de derechos humanos aseguran que es una "política regresiva" y que por los tratados internacionales a los que adhirió el país, "no se puede ir para atrás" en materia de derechos. Reclaman políticas sociales y de educación.
Apenas empezado el año, el gobierno macrista salió nuevamente a la carga y anunció que llevará a sesiones extraordinarias del Congreso un nuevo intento de que los adolescentes sean sometidos a la Justicia a más corta edad (menos de 16, como es en la actualidad); tal como intentó tiempo atrás, cuando se barajó bajar la edad a los 14 años. "Si se ve estadísticamente el impacto que eso puede tener, está claro que se trabaja sobre todo para la tribuna", advirtió el ministro en LT10, en relación a las políticas de mano dura a las que apunta el macrismo.
El macrismo anunció que llevará a sesiones extraordinarias del Congreso un nuevo intento por bajar la edad de imputabilidad.
Para el funcionario, está claro que lo correcto sería "trabajar en una ley de fondo que regule bien la relación de los menores no imputables y regule bien el problema de los menores imputables". Y ejemplificó: "Uno de los debates más importantes es si se puede tener a un menor no punible dentro de un establecimiento de puertas cerradas sin un régimen carcelario".
Al mismo tiempo, se refirió a la situación provincial, donde no se logró una ley de juzgamiento que dé garantías a chicos y chicas -el proyecto quedó trabado en Senadores- y donde "son muy pocos los juzgados porque no hay un código de procedimiento" en ese fuero. En ese sentido, reiteró lo que otros funcionarios y operadores del sistema vienen alertando: "La consecuencia es que el menor tiene en la provincia de Santa Fe un tratamiento peor que el de un adulto. Esto es insostenible ante los organismos internacionales", dijo.
Al debate se sumaron las voces de referentes de organismos de derechos humanos y contra la violencia institucional. El abogado Guillermo Campana coincidió con que se trata de un tema "sistemático" de campaña electoral, y agregó: "En la coyuntura en la que estamos, es el refugio que encontró el gobierno nacional para tener iniciativa política, apuntado a todo lo que es la política punitivista, de criminalización. Seguramente encontró receptividad en algún sector de la población, ante la imposibilidad de capacidad para avanzar hacia otros ámbitos". El letrado, militante de los derechos de la niñez y la juventud, agregó que el proyecto de ley "es más de lo mismo: en lugar de a los 14 se apunta a los chicos de 15. Existe una ley de protección y una convención de los derechos del niño que apunta a trabajar con esos casos de conflictividad social". Además, se quejó de que se habla de cuestiones procesales a las que están afectadas a las provincias. También es inconstitucional, en virtud de los tratados que firmó la Nación, el hecho de que haya medidas regresivas; es decir, no se puede ir sobre los pasos en cuanto a políticas que se consideran progresivas. Creemos que con esto buscan profundizar la estigmatización de determinados sectores para hacer cargo a los jóvenes de la problemática de la inseguridad. Son respuestas cínicas e hipócritas, porque quienes impulsan estas iniciativas saben que los jóvenes son parte de problemas muchos más amplios que este gobierno no va a solucionar, en el marco del empobrecimiento recrudecido en los sectores populares. Es parte del populismo punitivo", aseguró.
En tanto, la militante y referente barrial del Movimiento Evita, Alejandra Fedele, agregó que con esa política, "se está privando a los jóvenes del derecho a la educación, a la asistencia social y a otras políticas que apunten a que esto (que haya jóvenes en conflicto con la ley penal) no suceda. Además, tenemos un sistema carcelario, como el IRAR, que no reeduca; tampoco hay tratamientos para personas con problemas de adicciones. Sumado a eso, hay que dejar claro que el índice de menores que cometen delitos graves es ínfimo: en la provincia de Buenos Aires es del 0,5 por ciento", planteó. "Esto lo hacen para tapar las políticas de ajuste de este gobierno que baja el presupuesto de Educación y que cierra colegios nocturnos en Buenos Aires", aseguró. "No pueden hacer esto con los chicos a los que otras políticas no llegaron".
Para Luciana Escobar, hermana de Gerardo "Pichón" Escobar y parte de organizaciones de familiares víctimas de violencia institucional, "la baja de imputabilidad siempre es bienvenida cuando se tiene que salir a hablar de inseguridad. Del otro lado, vemos las necesidades básicas de una persona, la falta de un plato de comida en la mesa, el recorte en la educación, la salud, la negación de un laburo estable", aseguró. "El mismo Estado, a través de sus instituciones, persigue, hostiga, detiene y asesina con la excusa de combatir el delito y detienen a jóvenes por portación de rostro". Al mismo tiempo, lamentó que hay una "clase de sociedad que no se pregunta cómo un menor llega a tener en sus manos un arma. Esa clase es la que te sale a linchar por un celular, o por un paquete de masitas, sin ver por qué ese pibe no puede acceder a los derechos básicos. Que les den laburo, la posibilidad de terminar sus estudios, igualdad de derechos", reclamó.
Fuente:Rosario12
08 de enero de 2019
No estigmatizar a los jóvenes
El secretario de Juventudes de la provincia de Santa Fe, Pablo Lamberto, destacó que "no se debe caer en el discurso que pretende instalar el debate de la inseguridad vinculada a los jóvenes estigmatizando" y rechazó la iniciativa que lleva adelante el Gobierno nacional de pretender bajar la edad de imputabilidad. Al mismo tiempo, consideró necesario un nuevo régimen penal juvenil "que respete las garantías constitucionales y en donde las penas privativas sean la excepción y no la regla".
"Como Estado no se puede sancionar con mayor antelación a aquellos sujetos que han visto vulnerados sus derechos desde niños y no visualizan oportunidades concretas para su desarrollo, como pretende hacer el Gobierno nacional. La violencia no se resuelve bajando la edad de imputabilidad, lo que tienen que bajar es la pobreza y la desigualdad social. Los jóvenes no son el problema, ellos están en problemas al ser los más perjudicados dentro de una Argentina que excluye, con números alarmantes en relación al empleo juvenil", aseguró Lamberto.
Asimismo, el secretario de Juventudes de la provincia resaltó que "todos los niveles estatales, los distintos poderes y los actores sociales deben trabajar en conjunto para promover el desarrollo de las condiciones de vida digna y el cumplimiento de los derechos".
Fuente:Rosario12
Zonas atendidas por Edenor y Edesur
Cortes de luz aumentaron un 59% en los últimos dos años
07/01/2019
El promedio diario de usuarios de Edenor y Edesur sin suministro aumentó un 59 por ciento entre diciembre de 2016 y el mismo mes de 2018, según datos surgidos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre).
Las conclusiones surgen de un artículo elaborado por Federico Bernal, director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec), que tomó, a su vez, registros que no podrán ser atribuidos a la oposición, ya que los recabó el diario La Nación con información del Enre.
Bernal recuerda que el Oetec publicó recientemente su informe “Primer mes del verano (2018): Edenor y Edesur con marcado desmejoramiento del servicio (sobre datos del Enre y del diario La Nación)”, y que el mismo es “el segundo informe publicado a la fecha que pone en evidencia no solamente las nulas inversiones realizadas por las referidas distribuidoras y comercializadoras desde la implementación de los nuevos cuadros tarifarios en febrero de 2017, sino también su fallida jugada de especular con el bienestar ciudadano creyendo que la menor demanda habría de compensar las altas temperaturas sin exigir al sistema”.
Y acto seguido, señala una derivación del informe anterior: “En diciembre de 2016 hubo un promedio diario de 83.093 usuarios afectados por cortes de luz a nivel Edenor y Edesur. A pesar de las ganancias extraordinarias percibidas por ambas empresas (ver imagen), el mismo mes, pero de 2018, ese promedio fue de 132.254, es decir, un 59 por ciento de aumento. En cantidad de usuarios totales afectados, se pasó de 2,5 millones a 3,5 millones (+39 por ciento)”.
Resumen Edenor + Edesur
En el artículo, Bernal señala que “en base a datos del Enre, a su vez recogidos por la herramienta digital del diario La Nación que permite visualizar diariamente y desde diciembre de 2016 los usuarios con servicio interrumpido para las distribuidoras y comercializadoras Edenor y Edesur, se detalla debajo, elaborado por el Oetec, una comparación en la calidad del servicio entre los primeros meses de verano de 2016 y 2018:
Hallazgos (para ambas empresas)
A partir de esas cifras, Bernal se encargó de subrayar diversos aspectos relacionados con la prestación del servicio por parte de ambas concesionarias:
1) La cantidad de usuarios totales afectados por cortes de luz se incrementó un 39 por ciento entre diciembres;
2) El promedio diario de usuarios con cortes de luz se incrementó un 59 por ciento entre diciembres;
3) La cantidad de usuarios afectados en el rango de temperaturas 28° a 31° se expandió un 45 por ciento, mientras que el promedio diario de usuarios sin suministro un 58% también para este rango.
Además, el titular del Oetec observó: “En cuanto a las diferencias de temperatura entre los meses estudiados, el desmejoramiento, resulta clave remarcar, se dio a pesar de una menor temperatura promedio: 30,2 grados en diciembre de 2016 contra 26,9 grados en diciembre de 2018. Y si nos fijamos a partir de los 28 grados: diciembre de 2016 tuvo 24, contra 11 de diciembre de 2018. En un próximo informe veremos qué sucedió con la demanda”.
Conclusiones
Bajo el subtítulo “Conclusiones y una exigencia al régimen neoliberal de Macri”, Bernal sostiene que “el resultado es irrefutable: en diciembre de 2016 hubo un promedio diario de 83.093 usuarios afectados por cortes de luz a nivel Edenor y Edesur. El mismo mes, pero de 2018, ese promedio fue de 132.254, esto es, un 59 por ciento de incremento. En cantidad de usuarios totales, se pasó de 2,5 millones a 3,5 millones (+39 por ciento). ¿Y los 5.195 millones de pesos de ganancias entre las dos?”.
La advertencia de Bernal a la administración de Mauricio Macri no se hizo esperar: “Instamos a la administración Macri a dar una explicación a la ciudadanía de lo que fue diciembre de 2018 respecto del mismo mes de su primer año de gestión en lo que respecta a la cantidad de usuarios afectados por cortes de luz, pero incluyendo en ella los siguientes hechos que también merecen ser explicados:
- La contradicción con las ganancias de las empresas Edenor y Edesur.
- Las diferencias en las temperaturas.
- La incongruencia de las sociedades controlantes de Edenor y de Edesur de invertir cientos de millones de dólares en parques eólicos del Plan RenovAr.
- Fundamental: los casi dos años de vigencia de los nuevos cuadros tarifarios desde febrero de 2017”.
Y para finalizar, el autor del análisis destacó: “Aclaramos por las dudas, nada de medir en «cortes de luz» las diferencias, sino en cantidad de usuarios afectados, como hace el Enre y reproduce el diario La Nación, fuentes del presente estudio”.
Fuente:RedaccionRosario
Rosario cuadriplicó en 2018 la cantidad de homicidios de la ciudad de Córdoba
La capital de la provincia vecina, el segundo conglomerado urbano más grande del país, cerró el 2018 con 52 crímenes. El Gran Rosario, con 90 mil habitantes menos, concluyó con 198. La cifra en toda la provincia de Córdoba fue de 109
Andrés Actis
Los números son contundentes. Tendrán sus por qué, sus motivos y explicaciones. Lo cierto es que desnudan la violencia extrema que se respira en muchas calles del Gran Rosario, algo que no sucede en casi ningún distrito del país. La ciudad y sus alrededores cerró el año con 198 homicidios, un 20% más que en 2017. La cifra es cuatro veces superior a la de Córdoba, un conglomerado urbano que tiene una densidad de población muy parecida.
El diario La Voz del Interior publicó este domingo un detallado informe sobre la violencia urbana de la provincia vecina. En toda su superficie se registraron 109 asesinatos en 2018, el número más bajo desde 2010, cuando se perpetuaron 66 homicidios.
La ciudad de Córdoba, con 1.329.604 habitantes (Censo 2010), contabilizó tan solo 52 crímenes. Mientras el Gran Rosario (1.236.089 habitantes) tiene una tasa de homicidios de 16 cada 100 mil habitantes, la de Córdoba es de 3,98. El indicador a nivel nacional del 2017 arrojó un índice de 5,2.
La abismal diferencia también se da en las comparaciones de años anteriores entre ambas provincias. El registro oficial de la provincia de Santa Fe indica que en 2011 ocurrieron 297 asesinatos; en 2012 fueron 337; 438 en 2013; 460 en 2014; 423 en 2015; 381 en 2016; y 299 en 2017. La suma arroja un total de 2.635 crímenes en el período 2011/2017.
En Córdoba, en 2011 fueron 116, y en 2012, 128. El peor registro de los últimos años se anotó en 2013, con 153 homicidios, mientras que en 2014 hubo 149 y en 2015, 142. En 2016 y 2017, la cifra fue idéntica: 131 homicidios, según el relevamiento de La Voz del Interior. Toda la provincia de Córdoba contabilizó 950 en los últimos siete años. La tasa de homicidios es casi cuatro veces superior en Santa Fe que en Córdoba: 9 vs 2,8.
La "anotomía" del crimen sí es similar en ambos territorios. "La mayoría de los homicidios tuvo a varones jóvenes entre las víctimas. Un arma de fuego fue el recurso más utilizado por los asesinos y en gran parte de los casos, las víctimas y los victimarios ya se conocían de antes. La disputa simbólica por el territorio vuelve a aparecer como una constante en la criminalidad en la provincia", explica la nota del periódico cordobés. La misma tendencia, según los últimos informes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ocurre en la provincia de Santa Fe.
Las diferencias vuelven a aparecer en la persecución del delito. Se considera que un homicidio tiene un sospechoso identificado como autor cuando el fiscal que maneja el caso ha dispuesto medidas formales para concretar su detención, como por ejemplo librado orden de captura. En la provincia de Santa Fe este número ronda el 60%, mientras que en la de Córdoba del 90%.
"Lo que revela, en parte, que los asesinos en Córdoba no son “profesionales”, sicarios que desaparecen luego de matar, como sucede por ejemplo en Rosario, sino que matan más por impulsos del momento, sin tener una estrategia definida para luego poder huir con impunidad", explica el relevamiento periodístico.
Fuente:RosarioPlus
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