Resumen Latinoamericano*, 21 de enero de 2019.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Regional Jujuy, criticaron el accionar del gobierno provincial de Gerardo Morales, en el caso de la menor de 12 años a la que se le practicó una cesárea cuando había pedido la Interrupción Legal del Embarazo.
“Una niña de 12 años, violada y embarazada, fue usada como incubadora al retrasar, intencionalmente, la interrupción de embarazo, que le correspondía por ley y que fuera explícitamente solicitada, por ella y por su madre, desde el primer momento que tuvieron noticia de la situación”, indicaron.
“En una clara violación a lo establecido en el artículo 86 del código penal y lo regulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo FAL, los directivos intervinientes incumplieron con sus deberes de funcionarixs públicxs, ejercieron abuso de autoridad, violencia institucional y tortura, al demorar, deliberadamente, la aplicación de las prácticas previstas, obligando, a la niña gestante, a continuar con su embarazo y atravesar por un parto quirúrgico, revictimizándola”, cuestionar.
“Organismos y Tratados Internacionales, a los que Argentina ha adherido, imponen la obligación al Estado de actuar de inmediato, sin judicializar. La negación del servicio y las dilaciones se tipifican como delitos de tortura”, precisaron.
“Las organizaciones firmantes denunciamos públicamente al Gobernador Morales, a su Ministro de Salud, Gustavo Bohuid, al director del Hospital “Paterson”, Marcelo Villa y al Jefe del Servicio de Toco Ginecología, Daniel Rocha, del mismo hospital; a la Directora del Hospital Materno Infantil Alice Vargas y al Jefe de Servicio de Maternidad Provincial Gustavo Briones. No solo incumplieron con los protocolos establecidos, sino que pretenden retroceder en los derechos garantizados por la normativa vigente, a través de la manipulación y la tergiversación de la información que vertieron a través de algunos medios de comunicación”, indicaron desde la Regional Jujuy de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
“Gustavo Bohuid dice que existe un vacío legal, pero esto no es cierto. Lo que ocurre es que no le gustan las leyes vigentes porque es militante declarado de los antiderechos y hace abuso de su posición como ministro para imponer sus convicciones religiosas. Es mentira que los protocolos propongan, como límite a la ILE, 22 semanas de gestación. La legislación actual y que rige desd3 1921 establece causales y no plazos”, criticaron.
“Los embarazos de las niñas violadas son casos especialmente complejos ya que, en general, su embarazo se detecta tardíamente. Lo peligroso de la situación vivida en Jujuy es que, desde los sectores anti derechos y sus representantes en el gobierno, pretendan sentar el precedente de usar los cuerpos de las personas gestantes como incubadoras”, advirtieron.
“Exigimos la renuncia del ministro de salud Gustavo Bohuid y las sanciones correspondientes a quienes incumplieron con sus responsabilidades de funcionarixs y con la ley. No fue ILE. El estado es responsable. Educación Sexual Integral para decidir. Anticonceptivos para no abortar Aborto legal para no morir.
El documento que se conoció el domingo 20 de enero lleva las siguientes firmas:
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Regional Jujuy: Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir Jujuy, Organización Juanita Moro, Socorro Rosa Jujuy, Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer y de Género de la Fac. de Humanidades y Ciencias Sociales UNJu, Área Académica de Género y DDHH, la Fac. de Humanidades y Ciencias Sociales UNJu, Mujeres Unidas en Lucha, Fundación AMAaCCIÓN Integral en Género, Justicia y Derechos Humanos.
Otras organizaciones firmantes: red de Comunicadoras Feministas, Periodistas Unidxs Autoconvocadxs Jujuy, Jujuy Es Noticia, Fuerza Feminista Colectiva San Pedro, AUKA-Colectiva de Trabajo Social Jujuy, Plenario de Trabajadoras, Juntas y A la Izquierda, Colectiva Ni Una Menos Tilcara-Maimará, CAPOMA-DDHH, La Cámpora.Jujuy, Agrupaciones de Mujeres Pan y Rosas, Casa de la Mujer Maria Conti, PTP-PCR, CEPA, Corriente Estudantil, Fundación Siglo 21, Abogadxs por la IVE , Grupo Abogadas y abogados DDHH-JUJUY, Barrios de Pie Jujuy, Cte. Sindical Docente Marina Vilte, Asociacion de Abogadxs de Jujuy, Casa de la Mujer Rosita Aliaga; Red por el Derecho a la Identidad Jujuy, ANDHES Jujuy, Mujeres Autoconvocadas Humahuaca.
Fuente: diariofemenino
Convocatoria
Movilización en apoyo a los trabajadores de Sport Tech
VIDEO DE LXS TRABAJADORXS DE SPORT TECH
Estos permanecen al interior de la fábrica de San Martín en paro indeterminado evitando el vaciamiento que intenta la patronal y reclamando los sueldos adeudados.
El gobierno de Vidal autorizó fumigar sobre escuelas, antes de clases
Una resolución con intereses
El ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, ex gerente de Monsanto, firmó la resolución que habilita a fumigar sobre escuelas hasta las 7.59, un minunto antes de que se abran las puertas. Contradice a la Suprema Corte.
Vidal autorizó la fumigación sobre las escuelas. Arriba, Leonardo Sarquís, de Monsanto directo al ministerio.
El gobierno de María Eugenia Vidal autorizó que las fumigaciones con agrotóxicos se puedan realizar sobre escuelas, viviendas y cursos de agua. La medida, firmada por el ex gerente de Monsanto y actual ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, contradice fallos judiciales, ordenanzas municipales y va a contramano del reclamo de decenas de pueblos fumigados de Buenos Aires, que la calificaron de inconstitucional y “criminal”. Organizaciones socioambientales, campesinas y maestros repudiaron la medida y exigieron su derogación.
A las 8 de la mañana comienzan las clases en las escuelas rurales de Buenos Aires. Hasta las 7.59 los empresarios del agro podrán fumigar con glifosato, atrazina, 2.4-D, glufosinato de amonio y otros cuestionados químicos del modelo de agronegocio. Así lo establece la resolución 246 del Ministerio de Agroindustria, que entró en vigencia el 1 de enero y fue firmada por Leonardo Sarquís, ex gerente de Monsanto.
La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires falló en 2012 y declaró ilegal una fumigación con agrotóxicos a menos de 1000 metros de viviendas y aplicó el “principio precautorio”: cuando haya riesgo de afectación del ambiente o la salud se deben tomar medidas preventivas (vigente en la Ley General del Ambiente –25675–).
El fallo del máximo tribunal provincial, en un caso de la ciudad de Alberti, marcó un precedente. Se produjeron fallos similares en tribunales de Mercedes, Bahía Blanca, Coronel Suárez y Dolores, entre otros. El último, en 2018, prohibió las fumigaciones terrestres a menos de 1000 metros en Chascomús. En Entre Ríos, un fallo inédito protegió las escuelas: 1000 metros de distancia para fumigaciones terrestres y 3000 metros si son aéreas. Decenas de ordenanzas fijan distancias de entre 500 y 1000 metros.
El gobierno de Buenos Aires desoyó los fallos judiciales y en base a una propuesta de los empresarios de agro emitió la resolución 246, de 11 artículos, que con lenguaje técnico y negador de estudios científicos permite distancias cero para fumigar con agrotóxicos. “Están avasallando los derechos de niños, niñas y adolescentes. El actual modelo de producción agroindustrial está afectando gravemente a la población en general, y en particular a las comunidades educativas rurales que viven expuestas directamente a los graves riesgo de daños en la salud”, denunció Daniela Dubois, de la Red Federal de Docentes por la Vida y el Colectivo Ambiente Saludable San Andrés de Giles. Ana Zabaloy, docente rural de San Antonio de Areco, sufrió en carne propia las fumigaciones junto a alumnos y salió a luchar para que no los fumiguen más. “Es vergonzosa la Resolución 246 de la gobernadora Vidal. Conocemos en primera persona el costo humano de este modelo basado en transgénicos y venenos, y no puedo dejar de vincular esta medida con el cierre de escuelas rurales que se está realizando en toda la provincia de Buenos Aires. Es tristísimo y terrible, pero no es casual: es un plan para dejarle el territorio libre al agronegocio”, afirmó Zabaloy.
“Nos oponemos a esta norma que busca promover el modelo de agronegocio basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria”, denunciaron la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace) y la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (Renama), entre otros.
La decisión del gobierno de Vidal va en línea con el gobierno nacional y se basa en una propia creación empresaria: las “buenas prácticas agrícolas” (BPA). Se trata de una seria de supuestas acciones que permitirían que los agroquímicos no afecten la salud. Las “pruebas a campo” se hacen con agua (en lugar de agrotóxicos) y bajo condiciones ideales de viento y humedad (que muy pocas veces se dan en el campo). Según esos ensayos se puede fumigar hasta la puerta de las viviendas y escuelas.
Las BPA son impulsadas por las empresas que venden los agrotóxicos y transgénicos: Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina, Corteva (Dow-DuPont) y BASF. Incluso conformaron en Argentina la “Red BPA”, integrada por la Asociación de Siembre Directa (Aapresid), el INTA, Casafe (empresas de agrotóxicos), ASA (compañías de transgénicos) y la Sociedad Rural, entre otros.
Gabriel Arisnabarreta es parte de la organización Ecos de Saladillo e integrante de la Campaña Paren de Fumigar. “Esta resolución viola los derechos existentes, es criminal y autoritaria porque pretende pulverizar encima de los barrios, de las bocas de agua para consumo y de las escuelas. Vamos a accionar legalmente en toda la provincia para evitar que esta resolución criminal pueda aplicarse”, advirtió.
Pablo Biro: “Levantamos la bandera de la dignidad de los pilotos”
El titular de APLA expresó su satisfacción tras la derogación de la resolución que permitía la contratación de pilotos extranjeros.
Cerámica Cañuelas suspende a todo su personal “al menos” hasta fines de marzo
La caída de la actividad en la construcción golpea fuerte a las firmas proveedoras. Cerámica Cañuelas comunicó que su planta seguirá paralizada y sus 160 empleados suspendidos por lo menos, hasta fines de marzo
La fabricante Cerámicas Cañuelas suspendió por más de un mes a todos sus trabajadores a la espera que, tras el verano, mejore la producción, repunten las ventas y puedan mantener el negocio.
La empresa radicada en el partido de Cañuelas tenía que retomar las tareas el 14 de enero tras haber tenido que parar la planta y darle vacaciones a toda la empresa por la falta de producción. No obstante, en esta ocasión tuvieron que extender el periodo de cese de actividades suspendiendo el trabajo de los 160 operarios de la planta de Levenne, indicó el Diario Sur.
“Estamos como podemos. El 22 de diciembre la empresa le dio a todo el personal junto las vacaciones debido a las bajas ventas y el stock acumulado. Ahora cuando volvimos nos tuvimos que juntar con los directivos porque la situación sigue crítica y entonces no se puede volver a producir”, detalló Javier Clavero, delegado del Gremio de Ceramistas en Cañuelas a BAE Negocios.
“Tampoco hay expectativas que mejore después y es incierto el futuro de los 160 operarios”, lamentó el dirigente gremial.
Las actividades van a estar suspendidas, por lo menos, hasta fines de marzo. Después, deberán rever la situación dado que hace varios meses se vieron afectados de lleno por la crisis en la construcción.
“Queremos volver a trabajar. Con las suspensiones perdemos el 20% del sueldo”, explicó el representante de los trabajadores y culminó asegurando que “este modelo económico no nos favores a los trabajadores y a los comerciantes”.
Trabajadores de peajes reabrieron paritarias, superaron el 40% y abrocharon bono de casi 19 mil pesos
El SUTPA consiguió la reapertura de las paritarias, adicionó un 15,5% y un bono de fin de año de 18.825 pesos. “La espiral inflacionaria que generó este Gobierno, amenazaba con deteriorar el poder adquisitivo de nuestros salarios”, explicaron.
En el selecto grupo de gremios que lograron perforar el techo salarial del 40% que había impuesto el Gobierno. Allí se ubicó en las últimas horas el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) que abrochó una reapertura de paritarias y llevó el aumento final anual al 40,5%.
El gremio que supo liderar el hoy diputado nacional Facundo Moyano y ahora comanda Sergio Sánchez, consiguió otro bien preciado en las discusiones de cierre de 2018: un bono de fin de año. Es que todas las concesionarias pagarán una gratificación extraordinaria de fin de año de 18.825 pesos.
El entendimiento, que adelantó la cláusula de revisión estipulada inicialmente para marzo de 2019, rige para los 7 mil empleados de la actividad que ya empezaron a percibir el incremento en sus bolsillos.
“La espiral inflacionaria que generó este Gobierno, amenazaba con deteriorar el poder adquisitivo de nuestros salarios”, señalaron desde la organización que representa a los peajistas.
“Las políticas económicas erradas del ´mejor equipo de los últimos 50 años´ afectan el bolsillo de los argentinos y sumen en una situación desesperante a los sectores más vulnerables”, advirtieron desde el SUTPA, gremio que tras su salida de la conducción de la CGT milita en las filas del Frente Sindical para el Modelo Nacional que lidera el triunvirato combativo: Pablo Moyano, Sergio Palazzo y Ricardo Pignanelli.
Educación dispuso un incremento del 5% a cuenta de las paritarias de los docentes universitarios
Para calmar algo la furia de los gremios, que ya habían perdido por más de 15 puntos la carrera precios salarios, el Ministerio de Educación dispuso un incremento extra del 5% en enero.
El Ministerio de Educación de la Nación dispuso un incremento salarial a cuenta del 5 por ciento para enero, no remunerativo ni bonificable, para los 170.000 trabajadores de la actividad a cuenta del futuro cierre paritario.
Según explicó Fedun, la mejora salarial compensa “en parte” la pérdida ocasionada por “la inflación”, que será blanqueada en marzo próximo.
En el segundo encuentro convencional realizado se convino además un cuarto intermedio hasta la semana próxima, ocasión en la cual los gremios ratificarán la demanda de reconocimiento del desfase paritario en relación con el proceso inflacionario, que afecta de manera grave el salario de los trabajadores.
“Aunque el aumento a cuenta fue un avance, continúa siendo insuficiente respecto de la inflación del 47 por ciento de 2018 y los incesantes aumentos de tarifas. Por ello, se mantendrá la exigencia para no perder poder adquisitivo”, señaló un comunicado de prensa emitido por la Federación de docentes.
Las cuentas de todas las organizaciones sindicales de la actividad hablan de un desfasafe que supera ampliamente los 15 puntos porcentuales entre lo rubricado en paritarias en 2018 y el proceso inflacionario del mismo año.
Por la caída de las ventas, la fábrica de ladrillos Retak paraliza la producción 45 días y suspende 70 operarios
La firma, cuya planta está ubicada en Entre Ríos, aduce una caída importante en las ventas y la acumulación de stock que no puede colocar. Los suspendidos percibirán el 75% del salario.
La semana pasada la planta de ladrillos Retak, perteneciente a la empresa Ardal SA, ubicada frente al puerto de la ciudad de Victoria, en Entre Ríos, suspendió sus actividades por 75 días. Si bien no hay una información oficial por parte de la empresa, 70 empleados fueron afectados por esta medida.
Según pubicó el portal local El Once, los suspendidos percibirán el 75 % del ingreso mientras dure la paralización de las actividades, mientras los 45 trabajadores restantes de los 115 que compone la planta de personal, seguirán desempeñado tareas.
La solicitud fue presentada ante la Delegación de Trabajo de Victoria, posteriormente la solicitud debe ser homologada por la Secretaría de Trabajo de la provincia.
Esta “suspensión preventiva” según la figura de la Ley de Contrato de Trabajo (Art. N° 218/233), permite al empleador paralizar las actividades cuando se producen cuestiones de fuerza mayor que complican la continuidad de las líneas de producción.
Según los argumentos de Retak, no pueden seguir trabajando porque han disminuido en forma notable las ventas y están acumulando stock que no pueden colocar. Seguir produciendo provocaría pérdidas significativas a la firma.
De acuerdo a la normativa, una empresa puede suspender al personal por un período que no supere los 75 días, durante un año, y resolver con posterioridad a este impasse si retoma las actividades, disminuye la producción con menos personal (despidos con indemnización) o cierra la planta.
Para que la medida de “suspensión preventiva” sea aprobada por la Secretaría de Trabajo, debe contar con la anuencia de todo el personal que en forma temporaria queda desafectado. Esto se llevó a cabo, y los empleados alcanzados por la medida prestaron conformidad firmando el petitorio de Retak.
Hay incertidumbre en los empleados, algunos de ellos señalan que solamente se les planteó que ante la disminución de las ventas se toma esta medida.
Mar del Plata: la terminal de micros bloqueada hace cuatro días por reclamo de maleteros
Reclaman no trabajar más “en negro” y dejar de vivir de las propinas de los viajeros.
Alexis Cabañas
En el medio del recambio de quincena vacacional, la terminal turística de Mar Del Plata es un desfile de cientos de micros que van y vienen .Desde el viernes no pueden ingresar a las dársenas de la terminal ya que se encuentra bloqueado por unos 70 maleteros que reclaman su regularización y trabajar en blanco.
Representante de los maleteros denuncia “en este momento cada baulera tiene 50 o 60 grados de temperatura y los trabajadores están ahí sin cobertura médica, sin nada”. “Veníamos con un diálogo abierto desde noviembre pasado, pero el empresario que maneja la estación se niega a reconocerlos”
Según la pagina institucional de Estación Ferro automotora marplatense del empresario Néstor Otero ( detenido por la causa de los cuadernos) a cargo de la concesión de la Terminal de Ómnibus, también propietario de terminal de Retiro, esta se compromete a brindar el servicio de maleteros a las empresas de micros y de carreteo a los pasajeros.
Los trabajadores denuncian que hace años ellos cumplen esa tarea de acomodar las valijas en los micros o transportarlas desde el exterior de la terminal con carritos, son setenta maleteros que su único ingreso es la propina que les dan los pasajeros, no tienen ni ART, ni cobertura médica.
Desde el viernes en pleno recambio turístico, acompañados por sus familias y organizaciones sociales los maleteros unidos al venir negándoles su regularización en negociaciones desde noviembre y ante la negativa del representante legal del dueño preso de dejarlos seguir trabajando, los maleteros decidieron cortar los accesos a la terminal.
Un caos en las inmediaciones de “La Feliz” con cientos de micros que tienen que estacionar a 200 metros o más, gritar destino, horario y empresa, encontrar a los pasajeros y partir.
Los maleteros se turnan entre el bloqueo y asistir a los pasajeros, cuentan con la solidaridad de los choferes.
Hasta ahora mantienen la medida a la espera de una mediación del Ministerio de Trabajo que de solución. No quieren vivir más de las limosnas de las propinas de los viajeros.
Fotos: Clarín y 0223
Panorama político-sindical
Dossier: el INDEC confirmó que el 2018 tuvo la inflación más alta de los últimos 27 años: 47,6%. La suba está vinculada a los tarifazos que el Gobierno autorizó para los primeros meses del año. Este viernes, por cuarta semana consecutiva, nuevamente se realizó un “Ruidazo” y miles de personas volvieron a reclamar contra las subas en los servicios públicos como la luz, el gas y el transporte. Inundaciones: Chaco (donde Macri fue escrachado), Santa Fe, Tucumán, Corrientes y Entre Ríos las provincias más afectadas: son 5.000 los evacuados. Se incrementan los conflictos sindicales. Por Mario Hernandez.
La inflación no es noticia
El INDEC confirmó que el 2018 tuvo la inflación más alta de los últimos 27 años: 47,6%. A principios de año, el macrismo había pronosticado una suba de precios del 10%. El aumento de precios está lejos de detenerse y las consultoras privadas aseguran que enero tendrá un aumento del índice de precios de 2,5%. La suba está vinculada a los tarifazos que el Gobierno autorizó para los primeros meses del año.
Sin embargo, los diarios oficialistas La Nación y Clarín publicaron la información en las páginas 14 y 10, respectivamente. El último bajo el título: “La inflación aflojó en diciembre a 2,6%”.
Foto: Minuto Uno
Para 2019 la Ley de Presupuesto estima una suba de 23%. Pero, los economistas, según el relevamiento de expectativas del mercado del BCRA, esperan que llegue al 28,7%. Atrás quedó el augurio de una inflación de un dígito en 2019 que hicieron las autoridades del Banco Central en una conferencia de prensa a fines del 2017. Ni hablar que en la campaña de 2015 el presidente Mauricio Macri prometió que la inflación “sería lo más fácil del mundo de resolver”.
En diciembre los aumentos más fuertes se dieron en Comunicación (7,7%), por subas de telefonía móvil y Salud (5,2%), por incrementos autorizados en las cuotas de prepagas y en medicamentos.
“Todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la sanidad”. La frase pertenece a Ramón Carrillo, primer ministro de Salud argentino y autor intelectual del Hospital Posadas.
A contramano, Cambiemos desarrolla un fuerte ajuste sobre la salud pública y, al mismo tiempo, responde con celeridad a las demandas de la medicina privada con aumentos siempre por encima de la inflación.
Hasta setiembre el presupuesto de Salud creció apenas un 10%, contra una inflación acumulada del 129,2%. Mientras tanto, las prepagas acumularon aumentos de un 144%. Una diferencia a favor de 15,4 puntos porcentuales.
Por lo reiterados incrementos de las cuotas, la disminución del poder adquisitivo de la población y la mayor cantidad de afiliaciones por la vía de una obra social, se está achicando el padrón de los afiliados voluntarios.
Datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad consignan que en el primer trimestre del 2018, el 6,1% de las familias porteñas declararon contar con un plan de medicina prepaga por contratación voluntaria para todos sus integrantes. Un año antes, en el primer trimestre del 2017, la marca había sido del 10%.
Los datos también revelan que quienes derivan sus aportes a una prepaga son menos. Del 21,6% que lo hacía en 2015, en 2017 disminuyó al 17,3%.
Informe sobre la situación de las personas mayores
Elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores (CEPPEMA) y la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC), adelantaron algunas de sus conclusiones del impacto inflacionario en los medicamentos esenciales y productos de consumo básico utilizados por las personas mayores 2015-2018:
-Para el año 2018 las proyecciones de INDEC indican que 6.838.533 habitantes de nuestro país son personas de 60 años y más (15,4%), siendo 43% varones y 57% mujeres. Es decir, la calidad de vida de los adultos mayores representa una porción significativa de nuestra población.
-La inflación de los medicamentos del 2015 al 2018 aumentó un 235%, y algunos medicamentos esenciales se incrementaron más del 534%. En contraste, la jubilación mínima actual es de $ 9.309 y en el 2015 la primera movilidad anual la llevó a un importe de $3.821, siendo el aumento del periodo mayo 2015 a diciembre de 2018 de un 143,63%.
– Si se considera el año 2018, en promedio los precios de los 50 principales medicamentos aumentaron 53,24%, ubicándose por encima de la inflación anual que cerró en 47,6% de acuerdo al INDEC.
– Solamente en el mes de diciembre de 2018, en promedio los precios de los 50 principales medicamentos aumentaron 8,56%. El promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en el mismo periodo alcanza el 14,85%, entre los que cabe destacar aumentos de hasta un 21,3%.
– Estos aumentos se agravan dada la modificación de la Resolución N° 005 de PAMI, que agrega condiciones extremadamente extraordinarias (tener ingresos inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos, no estar afiliado a un sistema de medicina pre-paga, no ser propietario de más de un inmueble, no poseer un vehículo de menos de 10 años de antigüedad, no poseer aeronaves o embarcaciones de lujo) para poder acceder al subsidio del 100% de cobertura en medicamentos, lo que se traduce en una disminución del acceso de jubilados/as a esta prestación.
– En Argentina en el año 2009 (Informe de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación) el 44% de las defunciones de personas de 60 años y más correspondieron al aparato circulatorio, el 26% a tumores y el 21% a enfermedades del sistema respiratorio. Solo el 5,5% de las muertes fueron por causas de enfermedades infecciosas y parasitarias.
– Esta situación es crítica si se consideran los muy relevantes aumentos de medicamentos para patologías específicas. Por ejemplo:
– El medicamento para patologías cardiovasculares Acenocumarol (Sintrom), es un anticoagulante necesario para evitar Accidentes Cerebro Vasculares (ACV) en personas que padecen arritmias cardiacas, e incrementó su valor en un 534,42%.
– El medicamento para Patologías Respiratorias, fluticasona+salmeterol (Seretide) aumentó su precio en un 302,07%, siendo hoy su valor actual de $1.805,06. Los tratamientos para personas asmáticas o con Enfermedades Obstructivas Crónicas (EPOC) se han visto fuertemente encarecidos. Es importante considerar que el EPOC representa el 13% de las defunciones por enfermedades respiratorias.
– El medicamento para Patologías Osteoarticulares, Etoricoxib (Arcoxia) es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo que se utiliza para el dolor crónico de patologías osteoarticulares como artrosis y artritis reumatoidea. Tuvo un incremento del 284,95%.
Continúa la movilización contra los tarifazos
Este viernes, por cuarta semana consecutiva, nuevamente se realizó un #Ruidazo contra la suba de tarifas. El mismo encontró eco en algunas de las esquinas de la Ciudad de Buenos Aires y en diversas localidades del país.
Miles de personas volvieron a reclamar contra las subas en los servicios públicos como la luz, el gas y el transporte.
La Multisectorial Contra el Cierre de las Escuelas se sumó al ruidazo en Acoyte y Rivadavia para protestar contra el cierre de 14 escuelas nocturnas que dispuso el Gobierno de Rodríguez Larreta.
Una multitud participó en Rosario de la Marcha de las Antorchas contra los aumentos de tarifas. La movilización, convocada por las dos CTA y el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que contó también con la presencia de muchos ciudadanos de a pie, partió desde la sede de la Anses en Rioja y Sarmiento, y finalizó en la Plaza San Martín donde se leyó un documento que advierte que el incremento tarifario forma parte de “un brutal ajuste que no es producto de tormenta alguna sino de decisiones premeditadas”.
La movilización se realizó en el marco del plan de lucha nacional que comenzó la semana pasada en Buenos Aires, continuará el próximo jueves en Mar del Plata, el 31 en Bariloche y cerrará el 7 de febrero en Mendoza. En ese contexto, organizaciones sociales, políticas, barriales y de consumidores, coparon el centro de Rosario. La multitud portaba pancartas que exigían “basta de tarifazos, despidos y ajustes”, “si pagamos no comemos”, “luz, gas y agua no son negocios, son derechos” y “la patria está de duelo”. Un volante que repartían los organizadores precisaba que “entre diciembre de 2015 y enero de 2019, los salarios y las jubilaciones subieron un 110 % promedio, mientras que el agua subió un 350 %, la luz 750 %, el gas 3700 % y el transporte un 300 %. ¡Calculá cuánto perdiste!”. Pasadas las 18.30, y bajo una bandera que decía “Rosario dice no al tarifazo”, miles de personas comenzaron a movilizarse y a poco de andar se escuchó fuerte el canto contra el presidente Macri. “Fuera gato”, gritaban los manifestantes. Acompañaban varios gremios y organizaciones: Coad, Hijos, Feser, Municipales, Siprus, Peajes, Comercio, Dragado y Balizamiento, Judiciales, Sadop, La Bancaria, Amsafé Rosario, Sitratel.
Un documento fue leído en la Plaza San Martín por las dirigentes Stella Hernández del Sindicato de Prensa; Yamile Baclini de Municipales; Claudia Indiviglia de 21F y Nancy Santamaría de la Multisectorial contra los tarifazos. Dijeron que “trabajadores públicos y privados, jubilados, pensionados, comerciantes, pequeños empresarios, universitarios, profesionales, estudiantes, docentes, clubes, fabricas recuperadas, sindicatos, movimientos sociales, pymes, cooperativas, asociaciones de comerciantes y consumidores, y espacios políticos, reunidos en Rosario decimos Basta de Tarifazos”.
Juan Carlos Schmid, ex triunviro de la CGT y secretario General de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se sumó ayer a la movilización en rechazo al aumento de tarifas en los servicios públicos convocada por el Frente Sindical por el Modelo Nacional (FRESIMONA) en Rosario.
Schmid expresó que “hay condiciones para lanzar un nuevo paro general, pero la fragmentación sindical y política dificulta su concreción”. Para concluir “el creciente reclamo de los trabajadores en la calle debe tener una traducción en el proceso electoral, con el cambio de la política económica”. ¡¡¡Bingo!!!
Mientras tanto, los trabajadores de Edesur, Edenor y Edelap de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires paralizaron tareas en reclamo de “un definitivo acuerdo paritario”, informó el secretario de prensa de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), Ricardo Sironi.
Los delegados gremiales decidieron profundizar el quite de colaboración y no realizar horas extras, y ratificaron la huelga general para el miércoles pasado, luego de varias acciones de protesta que llevan adelante desde hace semanas, en reclamo de “una mejora salarial”.
“Las empresas se niegan a efectuar la recomposición de los haberes convenida en la paritaria de 2018, por lo que la asamblea general de representantes y la conducción de la Apsee ratificaron la huelga general”, señaló a la prensa, mediante un comunicado, el titular de la organización, Carlos Minucci.
La Patagonia sigue rebelde
El pasado lunes 14, un nutrido grupo de vecinos y vecinas de El Calafate (Santa Cruz) se autoconvocaron en la plaza Perito Moreno y marcharon juntos hacia la Intendencia de Parques Nacionales para demostrar el repudio a la visita del Presidente y su rechazo a la construcción de las dos mega represas sobre el Río Santa Cruz.
Agrupaciones como Río Santa Cruz–El Calafate, Río Vida de Río Gallegos, Movimiento Patagonia Libre y vecinos locales, consideraron que la visita de Macri a las obras es una muestra de hipocresía, ya que una de sus tantas promesas incumplidas de campaña fue desestimar este proyecto, licitado durante el gobierno de Cristina Kirchner, y que una vez asumida la presidencia se empeñó en considerarlo prioritario en materia energética.
La localidad de El Calafate es uno de los centros turísticos más importantes del país, ya que es la entrada al Parque Nacional Los Glaciares. En ese sentido, los manifestantes explicaron que su rechazo a la construcción de las represas también se fundamenta en el riesgo que implica para una economía basada en el turismo y la posible pérdida de los glaciares, que además de ser un monumento visual único, representan un reservorio de agua importante a nivel mundial, son patrimonio de la humanidad y el motivo de visita de miles de personas por año, fuente de trabajo y economía regional.
Durante el escaso tiempo que visitó la provincia Macri se reunió con empresarios y productores de ganado y funcionarios del sector agropecuario. En ningún momento dedicó tiempo para escuchar los reclamos de la comunidad que teme por la pérdida de sus fuentes de trabajo y las afectaciones al ambiente, ni de los pueblos originarios, que se ven perjudicados y avasallados en sus derechos por las obras de estas mega represas, iniciadas sin el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada como dictamina la Constitución.
Parece que el gobierno no está dispuesto a escuchar a los habitantes patagónicos ni acepta discutir con la sociedad qué tipo de desarrollo es deseable para el país, si energía a cualquier costo con ganancias extraordinarias para las empresas del sector, o un modelo económico que utilice la energía racionalmente, genere empleo digno, respete a las formas tradicionales de vida, los ecosistemas y la biodiversidad y garantice su viabilidad para las generaciones futuras.
También en Puerto Madryn y Puerto Pirámides (Chubut) Macri recibió un caluroso escrache de bienvenida, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, debió suspender su rutina de ejercicios al cruzarse con la población indignada.
Inundaciones
Tampoco Mauricio Macri la pasó bien en su visita a Barranqueras, provincia de Chaco, adonde llegó el jueves tras su encuentro con Jair Bolsonaro en Brasil. Un video muestra las reacciones de los habitantes del lugar cuando salió de un centro de evacuados, donde se había reunido con quienes sufrieron la inclemencia de las inundaciones.
Gritos de “¡Chorro!” e insultos envolvieron al Presidente de la Nación mientras se retiraba del lugar junto a la intendenta radical Alicia Azula, que también fue insultada y a quien reclamaron no haber dado la cara antes. Los funcionarios se retiraron en camioneta en medio de la indignación de los habitantes de Barranqueras.
Chaco no es la única provincia que está sufriendo las inundaciones. A esta catástrofe se le suman Santa Fe, Tucumán, Corrientes y Entre Ríos. Entre todas las provincias mencionadas anteriormente son 5.000 los evacuados según palabras del vocero de la Cruz Roja Argentina, Rodrigo Cuba.
Foto: El Esquiú
En condiciones normales el propio suelo tiene la capacidad para absorber titánicas cantidades de agua ya que es el ciclo natural pero al ser zonas destinadas para la agroindustria, es decir, expuestas a infinidad de alteraciones y deformaciones para elevar la eficiencia, esto desaparece. Es el resultado de grandes corporaciones que, en pos de aumentar sus ganancias, pasan por encima de reglamentaciones medioambientales que derivan en catástrofes.
Desde la CTEP, Barrios de Pie y CCC solicitaron una reunión con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, para que se fortalezcan los programas sociales destinados a las provincia en situación de catástrofe por las inundaciones.
Esta medida excepcional consiste en la duplicación del monto de los programas sociales y de empleo que perciben las trabajadoras y los trabajadores durante los meses que dure la emergencia, aplicando la medida desde la próxima liquidación.
A través de esta ayuda, las organizaciones sociales buscan que las miles de familias afectadas en todo el país por inundaciones puedan encontrar un paliativo a la situación dramática que se vive en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos y norte de Santa Fe.
Conflictos sindicales
La mañana del jueves pasado arrancó con una asamblea contundente de pilotos en todo el país, los sindicatos de pilotos APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) y UALA (Unión de Aviadores de Líneas Aéreas) desconocieron la conciliación obligatoria ilegal dictada por el Ministerio de Producción y Trabajo que conduce Dante Sica. El motivo es que la ANAC había decidido mantener vigente la resolución 895/18 que habilita la revalidación de licencias de pilotos extranjeros que pretende precarizar las condiciones de trabajo. A las 9:00 luego de una reunión mantenida en el Ministerio, el Gobierno retrocedió absolutamente derogando el decreto que quería imponer.
Sin embargo, los pilotos advirtieron que si la administración nacional no cumple con su promesa retomarán las medidas de fuerza en forma inmediata.
Se estima que alrededor de 96.000 pasajeros fueron afectados en 867 vuelos de las compañías Aerolíneas Argentinas, Austral, Avianca, Latam y Andes.
Foto: Crónica
Según APLA el titular de la ANAC, Tomás Insausti, no se ruborizó al admitir que quieren “abrir libremente nuestros cielos a pilotos extranjeros para poder reemplazarnos si ejercemos nuestro derecho constitucional de huelga”. Es la primera batalla en la que el Gobierno sale derrotado, en el marco de la guerra contra los trabajadores Aeronáuticos que va a tener nuevos episodios.
El 15 de este mes mediante un decreto el presidente Macri desregularizó la rampa y abrió la posibilidad de que otras empresas presten servicios con el objetivo de precarizar el trabajo de handling, poniendo en riesgo las fuentes de trabajo de cientos de empleados de Intercargo. Y en Aerolíneas se sigue sin paritarias con los salarios congelados mientras la inflación bate récords.
Camioneros dispuso el estado de alerta y movilización y el trabajo a reglamento en la recolección de residuos de la Ciudad de Buenos Aires. Moyano reclama a las empresas y al Gobierno el pago del bono de fin de año de 13.500 pesos.
Luego de atravesar un 2018 en el que el gobierno provocó la escalada inflacionaria más alta desde 1991, se reunieron el Ministerio de Educación y los gremios docentes universitarios para activar la cláusula de revisión firmada en las paritarias 2018. Los dirigentes fueron a la espera de una propuesta concreta, pero la Secretaría de Políticas Universitarias no acercó ninguna oferta salarial y pidió un cuarto intermedio para realizar una propuesta el lunes 21 de Enero.
Cabe recordar que la paritaria docente universitaria alcanzó un promedio de un 25% de aumento salarial de marzo a octubre 2018, con una cláusula de revisión en diciembre y una en febrero. Con el incremento del 2,6% en diciembre, la inflación acumulada en el período marzo-diciembre alcanza al 41,6%, implicando una necesidad de recomposición salarial del 16,6%.
Por su parte la Federación de Docentes Universitarios declaró hoy el estado de “alerta y movilización” y advirtió que con este panorama se encaminan al no inicio de clases en las universidades.
El próximo lunes 21 finaliza la conciliación voluntaria entre la Unión Ferroviaria y la empresa Ferrovías por 29 despidos. Los trabajadores del Belgrano Norte, organizados en asamblea, han votado medidas de fuerza y cuestionan el accionar que viene teniendo la conducción del sindicato. La directiva de la Unión Ferroviaria convocó a un paro de 24 horas que ha quedado en suspenso por la conciliación.
“Hacemos un llamado a todos los ferroviarios a apoyar nuestra lucha. Si el día 21 no reincorporan a los 29 compañeros, la Unión Ferroviaria debe convocar inmediatamente al paro. Consideramos que debe convocarse a un paro nacional de todo el gremio, porque los despidos y cierre de ramales son comunes a toda la rama ferroviaria. En los tres años que lleva en el mandato el Gobierno de Cambiemos se han perdido 2.500 puestos ferroviarios. Necesitamos un verdadero plan de lucha nacional contra el ajuste del gobierno, y contra el tarifazo, que es un nuevo ataque al bolsillo de todos los trabajadores”, manifestaron desde la Lista Roja y la agrupación Vanguardia Ferroviaria del Belgrano Norte.
El próximo lunes 21 los trabajadores del Belgrano Norte se convocarán en la seccional Boulogne para realizar una nueva asamblea general.
Los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Subte consideraron una “locura total” la utilización de pistolas Taser en las estaciones, como anunció el Gobierno de la Ciudad, por lo que evaluarán medidas de protesta en conjunto con organismos de Derechos Humanos que ya cuestionaron la utilización de esas armas. El vicejefe porteño, también a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, volvió a defender el uso de las pistolas eléctricas: “La Taser será una herramienta más para reducir al delincuente en un ambiente más controlado y cerrado, como es el subte”, justificó.
Lxs trabajadorxs del diario El Litoral continúan sin cobrar el sueldo del mes de diciembre del año pasado. Hace tres semanas les cortaron la obra social por falta de ingreso por parte de la empresa tanto del aporte patronal como de lo que le retienen a lxs trabajadorxs.
El lunes 15 se realizó un acto en la puerta de Radio Nacional Buenos Aires, Maipú 555, en defensa de los salarios y de los medios públicos.
La tintorería Color Pool S.A. despidió a 60 trabajadores tras el cierre de la fábrica ubicada en el parque industrial de Pilar. Por este motivo se encuentran realizando un acampe frente a las oficinas de la empresa para pedir el pago de la indemnización.
La Justicia volvió a fallar a favor de los trabajadores de Siam ordenando la reinstalación de otro de sus compañeros, por considerarlo, como en los demás casos, discriminatorio y antisindical, constituyendo un nuevo golpe contra la ilegalidad de la empresa Pilisar SA y del grupo NewSan, propietarios de Siam.
Unos cien efectivos de La Bonaerense desalojaron a los trabajadores de la Confitería Boston, situado en la zona de Varese de Mar del Plata. Ocupaban el lugar desde junio pasado en reclamo del pago de haberes e indemnizaciones.
“Hoy cumplimos el día 231 de la toma pacífica, por culpa de los empresarios que nos adeudaban los sueldos de marzo, abril, mayo y junio y luego nos echaron, con lo que además nos deben las indemnizaciones”, indicó Alejandra Blanca, una trabajadora con 18 años de antigüedad en el local.
“Nuestra lucha continuará, lo único que queremos es que nos paguen los sueldos adeudados y la indemnización. Ahora nos trasladaremos al local del centro, en la calle Buenos Aires 1845, frente al Casino de Mar del Plata, y nos uniremos a los 12 compañeros que están en esa Boston”, expresó Blanca.
El titular del SUTEBA, Roberto Baradel, desmintió a la gobernadora María Eugenia Vidal al asegurar que “mintió a la sociedad” por decir que el aumento del 32% otorgado acompañaba la inflación y anticipó que en la mesa paritaria de febrero pedirán discutir “la inflación real” y también que haya cláusula gatillo en 2019.
El dirigente habló tras las declaraciones que Vidal realizó en el programa de Mirtha Legrand sobre el conflicto docente. “Lo que se necesita es que, de verdad, haya vocación de empezar las clases”, dijo la mandataria en esa mesa y calificó a los paros como “una tragedia” enviando así su primer mensaje del año a los gremios del Frente de Unidad Docente con quienes no pudo cerrar un acuerdo paritario en todo 2018. También señaló que los convocarán en febrero y que hará una oferta “que se pueda pagar”.
El Frente de Unidad Docente, que integran FEB, SADOP, AMET y UDOCBA además de SUTEBA, también volverá a pedir “escuelas seguras”, un reclamo que se profundizó el año pasado tras la muerte de Sandra Calamante y Rubén Rodríguez en la Escuela 49 de Moreno a raíz de una explosión de gas. “Necesitamos mejor infraestructura porque han dejado la Provincia en una situación de desidia y abandono. Necesitamos más inversión y que dejen de cerrar escuelas y los programas de políticas socioeducativas”, apuntó Baradel.
Trabajadores de Sport Tech, fábrica que produce para Nike, Adidas y Puma, movilizaron a la delegación San Martín del Ministerio de Trabajo Bonaerense, en el marco del paro que vienen desarrollando desde el martes pasado. Además de la continuidad laboral de los 120 operarios, exigen el pago haberes adeudados por la empresa. Estos son retroactivos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, el salario de diciembre, el bono de 5.000 pesos, el aguinaldo y las vacaciones.
Los obreros se encuentran acampando frente a la fábrica, para evitar que se lleven maquinaria y mercadería. También manifiestan que su empleador ha rechazado trabajos encargados por las marcas multinacionales.
La situación en la planta que la multinacional DASS tiene en Eldorado, Misiones, sigue siendo preocupante. Es que luego de los 175 despidos que se dieron a fin de año, no hay certezas de que todo se estabilice. Más bien lo contrario.
“La empresa dice que no hay ventas, de 22.000 pares diarios se pasaron a ensamblar 11.000”, señaló Gustavo Melgarejo, delegado del gremio del Calzado.
Según contó el delegado, “la planta hoy cuenta con 780 trabajadores” y es la más grande de la provincia y de todo el nordeste argentino. Sin embargo, la firma está en un continuo achique desde hace 3 años: “éramos casi 1.500 y somos 780. Casi la mitad”, explicó.
La situación de despidos en Roque Pérez (Prov.de Buenos Aires) parece no tener fin. Luego del cierre de Criave que dejó más de 1.200 despidos y encendió las alarmas por una potencial crisis social en la región, ahora le toca pasar por lo mismo a los 30 trabajadores de la avícola Absolón.
Se agrava la situación en el Parque Industrial de Gualeguaychú, Entre Ríos. Cada vez más empresas presentan problemas económicos que se traducen en la reducción de turnos y en el despido de empleados.
Esta vez el impacto se sintió en la fábrica de neumáticos Imperial Cord. Desde hace 6 meses, la fuerte baja en la producción se reflejó en achicamiento de turnos y horarios para los trabajadores.
Finalmente, el lunes 7 de enero la patronal, encabezada por Daniel Bornico, convocó a los referentes del Sindicato del Neumático, la Comisión Interna y los obreros referentes de cada sector, y les informó del cierre.
Los trabajadores de las autopartistas no tienen paz. Ahora denuncian que la empresa Pilkington envió telegramas de despido sin causa en medio de las vacaciones y ante el parate anual de producción a 14 trabajadores.
Se realizó una asamblea, en donde se denunció la presencia de Policía de la Provincia de Buenos Aires dentro de planta y se realizó un apoyo solidario a los despedidos.
A su vez se decidió realizar un acampe en lucha por su reincorporación en la puerta de la planta ubicada en Munro y convocaron a una radio abierta.
La crisis económica se sigue haciendo sentir en el sector gastronómico de Buenos Aires. A escasos días de que cerraran la pizzería Roma y el bar Los Compañeros, cerró otro tradicional establecimiento gastronómico en la Ciudad de Buenos Aires: el tenedor libre Los Maizales, de Caballito. La patronal lo hizo intempestivamente. Los empleados se presentaron a trabajar y encontraron la puerta cerrada con candado.
Dos de los dueños y el subgerente, Pablo Volpi, se presentaron para confirmar el cierre, custodiados por cuatro patovicas de una empresa de seguridad privada. Les ofrecieron indemnizaciones “paupérrimas” a las 80 personas que trabajaban allí.
Patronales
El pasado sábado 12 la gobernadora María Eugenia Vidal estuvo en la mesa de Mirtha Legrand, en Mar del Plata. La dirigente macrista cortó su descanso (siguiendo los pasos del presidente Macri) en el complejo presidencial de Chapadmalal para acercarse al tradicional programa de televisión. Además de comentar la posibilidad de desdoblar las elecciones en Buenos Aires y de criticar a los intendentes peronistas de la provincia, en un momento de la charla dijo que “algunas pymes cerraron por ser poco competitivas”.
“No soy inútil ni mi trabajo ineficiente, es su Gobierno el que destruye el trabajo”, le respondió Damian Regalini, empresario textil y vicepresidente de la Cámara Argentina de fabricantes de medias, y presidente de la fundación Protejer.
Marco Meloni, otro empresario textil y vicepresidente de Industriales Pymes Argentina (IPA), también salió a contestar: “Le agradezco mucho al Gobierno que me haya subido siete veces las tarifas y los servicios de logística”, dijo con ironía.
“Vamos a ver si el Gobierno toma cartas en la mesa sobre el momento que estamos viviendo y la difícil situación que estamos. Más de 1.000 panaderías en todo el país cerraron por las tarifas impagables, las materias primas que han sido dolarizadas y la baja de ventas”, alertó Miguel Di Betta, titular de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines.
El empresario advirtió que las ventas de pan bajaron entre 30% y 35%, dependiendo de cada provincia, y relacionó la caída de la actividad con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, producido durante estos últimos años.
“Dependemos del cliente, si no compran pan, el comercio cierra”, dijo y reclamó para el sector el “cese de embargos por parte de AFIP”, un “control sobre el precio del trigo” por el alza del precio de la harina que acumuló un 300% en el último tiempo.
“Si en 30 días no recibimos respuesta del Gobierno no vamos a saber cómo salvar los puestos de trabajo”, dijo y anticipó que el precio del pan podría llegar a los $90 o $100 por kilo durante este año.
¿Existe un vínculo entre Flybondi y el narcotráfico?
En nuestro anterior panorama político-sindical dimos a conocer algunos entretelones de esta historia. La semana pasada, el periodista Juan Salinas, “Pájaro Rojo”, publicó una investigación donde vincula los escasos controles aeroportuarios del aeropuerto de Palomar y la ruta de la cocaína a Europa.
También Gustavo Vera, cabeza de La Alameda y habitual vocero oficioso del Papa Francisco, entrevistado por el periodista Roberto Navarro, puso blanco sobre negro la evidente complicidad del Gobierno con la “exportación” de cocaína hacia Europa a través de la aerolínea “low cost”.
A su vez, Flybondi es el principal instrumento de los utilizados por el Gobierno de Macri para vaciar Aerolíneas Argentinas.
Hay que recordar primero que en 2004 la aparición de una maleta repleta de cocaína (60 kilos) con supuesto estatus diplomático argentino en las cintas transportadoras del aeropuerto madrileño de Barajas provocó no sólo la extinción de Southern Winds, sino también –por orden del presidente Néstor Kirchner ante la evidente complicidad de su jefe en el Aeroparque metropolitano– de la Policía Aeronaútica Nacional (PAN) dependiente de la Fuerza Aérea.
En segundo lugar que a mediados de 2008, en la playa de estacionamiento del hipermercado Unicenter, en Martínez, y junto a la Panamericana, dos narcos colombianos fueron asesinados a balazos por sicarios que se desplazaban en una moto y contaban con apoyo de otros malvivientes motorizados. Aquéllos resultaron delincuentes polimorfos, especializados en robar joyerías en Europa y miembros de la barrabrava de Boca Juniors. Ambos tenían vínculos con quienes, dos años y medio después –y éste es el tercer hecho– hace ahora ocho años, serían protagonistas de otro hecho resonante.
En los primeros días de enero de 2011 los hermanos Eduardo Antonio y Gustavo Adolfo Juliá Noceti y Matías Miret fueron detenidos luego de aterrizar en el aeropuerto barcelonés de El Prat en un jet que transportaba una tonelada de cocaína.
Los hermanos Juliá –hijos del fallecido brigadier José Antonio Juliá, comandante de la Fuerza Aérea durante los primeros cuatro años de gobierno de Carlos Menem– fueron condenados y siguen presos. Los pilotos del narco vuelo fueron Eduardo Juliá y Miret –hijo de otro brigadier de nombre José que fue secretario de Planeamiento Estratégico de la dictadura militar durante las gestiones de los generales Videla, Viola y Galtieri– y como pasajero y fletador Gustavo Juliá, presidente de Federal Aviation SA y CEO de Medical Jet.
Por otra parte hasta hace poco el CEO de Flybondi era el suizo-británico Julian Cook, asociado antes en otras “low cost”, incluida Southern Winds, con el multimillonario Martín Varsavsky y con Juan José Maggio, el CEO de SW que también aparecería relacionado al doble crimen de Unicenter. Cook fue vinculado a la valija llena de cocaína que apareció dando vueltas en una cinta transportadora del aeropuerto de Barajas en 2004.
–¿Usted piensa que Flybondi está transportando droga?– le preguntó Navarro a Vera.
–Es evidente que algo extraño está pasando porque los números no cierran. No se trata solamente de una competencia desleal… lo que me hace acordar mucho a los viajes a Tacna de Southern Winds: los números no cerraban porque había otro negocio detrás que tenía que ver con el transporte de cargas.
Y concluyó: –Quiero recordarles que cuando las Naciones Unidas informan que Argentina es el tercer exportador mundial de cocaína… por algún lado tiene que salir ¿no? Y es obvio que lo hace por puertos y aeropuertos. En fin, que habilitar la base de El Palomar, convocar a los directivos de Southern Winds que tuvieron que ver con la narco valija y poner al frente de un nuevo sindicato a Matías Miret que condujo el avión narco… Bueno, dos más dos son cuatro.
A mediados de noviembre, Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) destacó que “nadie sabe decirnos quién es el verdadero dueño de Flybondi. Todos sospechamos que además de Mario Quintana, detrás puede estar un cartel del narcotráfico subsidiándola”.
Acompañado por Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de líneas Aéreas (APLA) y delante de los micrófonos de Radio Cooperativa (AM 750) Cirielli explicó que es obvio que la empresa da pérdidas y nadie sabía quién pone el dinero para cubrirlas; se quejó de que la UIF (la Unidad de Investigaciones Financieras que el gobierno puso en manos de ex ejecutivos de lavadores consuetudinarios como el banco HSBC) no investigara un asunto tan flagrante y concluyó en que si no lo hacía es porque, de hacerlo “capaz que llegaríamos a Macri, a Quintana, a algún cartel mexicano de la droga o a algún (financista) europeo”.
Hablando de europeos, uno de los fundadores de Flybondi es el francés Richard Guy Gluzman, ex directivo del Banco Supervielle, asociado en Flybondi y otros emprendimientos con el joven Gastón Parisier. Gluzman fue socio de Mario Quintana –lugarteniente del jefe de Gabinete, Marcos Peña– en el fondo de inversión Pegasus y asesor de la concesionaria de autos de propiedad del ministro Dietrich. Por si quedara alguna duda sobre el íntimo vínculo de Gluzman con el gobierno cambiemita, el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, lo nombró “Coordinador de la Mejora Continua de la Gestión” en la ACUMAR, la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo encargada de limpiar lo que desde hace un siglo es un monumento a la contaminación.
Respecto a lo advertido por Cirielli acerca del evidente déficit operativo de Flybondi, “la pregunta del millón es quién financia sus pérdidas operativas. Solamente los costos del leasing por los aviones que opera y lo utilizado en combustible suponen una inversión difícil de recuperar, especialmente en un contexto de devaluación galopante e insumos dolarizados”, escribieron Sebastián Rodríguez Mora y Tania Rodríguez en la revista Crisis(https://www.revistacrisis.com.ar/notas/radiografia–del–avion–amarillo). Si alguien precisara de una demostración detallada de este aserto puede consultar la recientemente publicada “Historia del Contrabando en la Argentina” (Aguilar, 2018) de Mauro Federico y Fernando Ortega Zabala, quienes demostraron y cuantificaron el importante déficit operativo que arrastró siempre la antecesora de Flybondi, Southern Winds.
Fuentes: Tiempo Argentino, Clarín, La Nación, La Izquierda Diario, Anred, APU, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, El Destape, Canal Abierto, marcha.org.ar, argentina indymedia, Página12, Radio Gráfica, www.infogremiales.com.ar
Temas de debate La quita de subsidios a los servicios públicos impacta sobre el IPC
Tarifazos que dan aire a la inflación
A la suba de precios del sector privado se agrega un factor clave para explicar la alta inflación: la sucesión de aumentos de servicios públicos dispuestos por el Gobierno. Este año, con otros elementos, dará lugar a un IPC arriba de 30 puntos.
Produccion: Tomás Lukin
Más leña al fuego
Por Pablo Wahren y Alberto Rodríguez *
La inflación alcanzó al 47,6 por ciento en 2018, la cifra más alta desde 1991. Las explicaciones tradicionales culpan al exceso de oferta de dinero. Sin embargo, en un año en que el déficit fiscal primario se redujo y la emisión monetaria en términos reales fue negativa, ese enfoque no puede explicar por qué se duplicó la inflación. Una aproximación desde los costos nos puede ayudar a entender mejor qué pasó, qué puede suceder y por qué el aumento tarifario anunciado a fines del año pasado será un factor de relevancia en los precios en 2019.
A partir de los desarrollos del investigador argentino Roberto Frenkel para explicar la inflación en nuestro país, podemos decir que los precios dependen de tres tipos de costos: las tarifas de los servicios públicos, los salarios y el tipo de cambio. Esto es así porque cualquier bien que se comercializa en el país está influido por al menos uno de estos tres factores. Los bienes que se producen localmente abonan por el uso de servicios públicos, pagan mano de obra y compran insumos importados, cuyo valor en pesos depende del tipo de cambio. Asimismo, si los productos tienen por destino al mercado exterior, los precios a los que se pueda vender en el mercado externo determinarán los precios en el mercado doméstico. En el caso de los bienes importados la relación es lineal, a mayor tipo de cambio más altos serán los precios en pesos. Por último, cabe destacar que el conflicto distributivo en Argentina representa una poderosa fuerza que, en tanto no es coordinada por el Estado, contribuye a sostener la inflación pasada en el tiempo. Este componente inercial es lo que permite explicar por qué hace 8 años que la inflación anual no baja del 23 por ciento.
Analizar cómo se comportaron estas variables en 2018 permite dar cuenta de la notable aceleración de la inflación: una suba del tipo de cambio del 114 por ciento y aumentos tarifarios del 53,5 por ciento. El salario, por su parte, moderó el alza de la inflación ya que apenas avanzó un promedio de 26 por ciento. Los ingresos de los trabajadores funcionaron como “ancla inflacionaria”.
Los aumentos de tarifas y otros precios regulados anunciados hasta la fecha acumulan un 41 por ciento para 2019 y permiten empezar a proyectar la inflación del año. Nuestros cálculos arrojan que sólo ese factor explica un piso de inflación del 11 por ciento. Al impacto directo sobre las boletas se suma el efecto indirecto sobre las estructuras de costos del conjunto de los precios de la economía.
A esa cifra debemos sumarle una variación esperada del dólar de 36 por ciento (en base a la cotización vigente en el mercado de dólar futuro a diciembre) y una proyección de aumentos salariales de 25 por ciento. De este modo, nuestra proyección inflacionaria para 2019 es del 31,5 por ciento. Si estas proyecciones se cumplen, el salario real promedio se reducirá un 5 por ciento adicional, profundizando la contracción del mercado interno y la caída de la actividad.
Hacer proyecciones actualmente en Argentina es muy arriesgado por la alta fragilidad externa de nuestra economía. Independientemente del sesgo político, el año pasado todos los economistas estuvieron muy lejos de acertar con la inflación. El motivo es que nadie logró predecir la magnitud de la devaluación, principal factor inflacionario del año, por más que la fragilidad externa argentina ya era muy elevada. A priori, en 2019 no se avizora semejante dinámica en el tipo de cambio porque, al menos en el corto plazo, el préstamo del FMI y las altas tasas del BCRA alcanzarían para pagar las deudas y cubrir los flujos negativos. Sin embargo, según nuestras estimaciones, las cuentas no cerrarían si se repite el nivel de fuga de capitales de 2018 o si se produce una reversión masiva de los flujos de capitales de países emergentes a países centrales.
Predecir variables económicas siempre es tarea difícil, pero, en una economía con un grado de fragilidad externa y apertura financiera como la argentina, resulta temerario. El ejercicio que presentamos supone que no sucederá ningún sobresalto en materia cambiaria y se dará lo que estima el mercado. Lo que es seguro, en un contexto tan incierto, es que el aumento de tarifas no hace más que echar más leña al fuego.
* Economistas del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas.
Distribución regresiva
Por Mariano A. Barrera *
A lo largo de la última campaña presidencial, los expertos en energía de la Alianza Cambiemos sostenían que el futuro gobierno debía eliminar los subsidios para que los precios de la energía reflejaran los costos. A su vez, proponían que esos valores estuvieran dolarizados. Desde su perspectiva, así generarían incentivos económicos para que las empresas hidrocarburíferas invirtieran en la extracción de petróleo y, principalmente, gas natural.
Apenas asumió el gobierno de Mauricio Macri, las autoridades del Ministerio de Energía comenzaron a reducir los subsidios y aumentar el precio en boca de pozo (el que fija el valor de las tarifas) percibido por las compañías del sector. Establecieron así un sendero de precios del gas que iniciaba en marzo de 2016 en 1,29 dólares por millón de BTU y finalizaba en octubre de 2019 en 6,78 dólares por millón de BTU. El valor final no era discrecional sino que reflejaba el precio de importación del gas natural licuado que llega por barco, es decir, expresaba el costo de oportunidad del gas más caro que ingresa al país.
La dolarización de las tarifas no es algo inédito en la Argentina ya que durante la presidencia de Carlos Menem se ataron los precios de estos bienes a la moneda norteamericana para ofrecer un “seguro de cambio” a las firmas privatizadas ante posibles devaluaciones del peso. Si bien durante la década de 1990 los precios energéticos eran elevados en términos históricos, pudieron implementarse política y económicamente por dos elementos. En primer lugar, la convertibilidad garantizó durante todo el período un tipo de cambio fijo y “atrasado”. La conversión de dólares a pesos garantizaba que en moneda local los precios no se elevaran por el tipo de cambio. El segundo fue que el gas consumido (tanto para la generación de electricidad como para el consumo directo) era barato ya que provenía de las reservas que había descubierto la YPF estatal en las décadas previas. El precio al que entraba en el sistema de transporte era de alrededor de 1 dólar por millón de BTU porque durante la privatización de YPF las firmas privadas habían adquirido esos recursos a precios subvaluados.
No obstante, durante la gestión de Macri ninguna de estas condiciones estuvieron (ni están) vigentes. Por un lado, el gobierno se ufanaba de tener un tipo de cambio flexible para amortiguar los shocks externos, lo que determinó que el valor de la divisa subiera de 9,8 pesos al momento de asumir hasta 38 pesos. Y, por el otro, las reservas baratas se habían agotado. De ahí que el gobierno entendiera que había que fijar un sendero de precios hasta 6,8 dólares por millón de BTU para incentivar a las compañías privadas a invertir.
Distintos actores sociales marcaron desde el inicio que esta política era inviable por los altos costos sociales y económicos que acarreaba. Para ser concreto: si en 2001 el precio del gas natural ingresaba al sistema a 1 dólar por millón de BTU, equivalía a 1 peso de esa época y, a valores de hoy (ajustado por inflación), 30,5 pesos. Para octubre de 2018 el precio pautado era 5,3 dólares por millón de BTU que en moneda local, con un dólar a 38, equivale a 201 pesos. Es decir, quitando el efecto inflacionario, el precio del gas natural estaba previsto que en octubre del 2018 fuera 6,6 veces mayor al de 2001.
La dolarización de las tarifas y la implementación de un sendero de precios históricamente elevado (actualmente revisado), son las causas que explican la fenomenal suba de los servicios durante el macrismo. Así, entre octubre de 2015 y octubre de 2018, las facturas residenciales de electricidad de un hogar en el área metropolitana de Buenos Aires aumentaron entre el 1053 y 2388 por ciento, las tarifas de gas natural escalaron entre 462 y 1353, mientras que en el servicio de aguas y cloacas la suba fue del 832 por ciento para el servicio medido y 554 por ciento sin medidor.
Esto determinó que el peso de estos servicios sobre el salario registrado privado pasara del 1,2 al 6,9 por ciento entre 2015 y 2018. Medido sobre el ingreso laboral promedio la relación pasó de 1,9 a 11,3 por ciento en el mismo período. Los anuncios del gobierno permiten prever que este año los valores llegarán al 8,1 y 13,3 por ciento, respectivamente.
La situación económica obliga a pensar un esquema que compatibilice precios acordes para la producción de hidrocarburos y para el desarrollo económico del país, esquema en el que el Estado no puede tener como únicas políticas transferir ingresos de los usuarios (distribución regresiva del ingreso) hacia las empresas privadas y apuntar al déficit cero, como pide el FMI.
* Area de Economía y Tecnología de Flacso-Conicet-Cifra.
Una familia tipo necesitó 12.237 pesos en diciembre en Capital Federal
La línea de indigencia escaló 50,9 por ciento
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 47,5 por ciento de la canasta de pobreza el año pasado, hasta los 24.865 pesos, y casi del 51 en la de indigencia. La fuerte suba de alimentos y tarifas presiona a los más vulnerables.
Para un matrimonio de jubilados con casa propia, la línea de pobreza quedó en 12.455 pesos.
Imagen: Bernardino Avila
Un hogar compuesto por una pareja joven de 35 años con hijes de 9 y 6 años requirió en diciembre ingresos por 24.865,43 pesos para no caer en la pobreza o 12.237,92 pesos para alimentarse y no ser indigentes. Las cifras corresponden al último informe del departamento estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, el cual evidencia un aumento de 47,5 por ciento respecto de un año atrás para la línea de pobreza y de 50,9 por ciento en la de indigencia. La diferencia de 3,4 puntos entre ambas responde a que el incremento de precios que sufrieron los alimentos y bebidas fue uno de los más elevados, lo que hace más pesada la mochila inflacionaria sobre los que menos tienen. En el caso de una pareja de jubilados, tal como informó este diario, el aumento de la canasta para no ser pobre fue mayor: aumentó 48,8 por ciento, a 12.455,35 pesos.
La inflación punta a punta del año pasado a nivel nacional alcanzó al 47,6 por ciento, la más alta en 27 años, según el informe del Indec. De ese registro histórico, una cuarta parte de la escalada se explicó por alimentos y bebidas, el cual aumentó un 51,2 por ciento en los doce meses. Por ejemplo, el kilo de harina subió 172 por ciento, seguido por el aceite girasol (78 por ciento), el arroz blanco (77 por ciento), los fideos tipo guiseros (64 por ciento) y la leche (47 por ciento). Se trata de productos que hacen a la canasta alimentaria y de escaso o nulo nivel de sustitución.
Según el informe del ente porteño, para el hogar de la pareja citado al comienzo, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijes, la línea de ingresos para no ser considerado pobre creció 1,6 por ciento en diciembre, mientras que para no ser indigente subió 0,96 por ciento. En este caso hubo una desaceleración sobre el final del año que explica la diferencia de medio punto, a lo que se sumó el aumento hasta fin de año en los servicios públicos. Para este hogar teórico, el ente definió como estrato de “no pobres vulnerables” -que pueden pasar a ser pobres ante cualquier cambio- una línea de ingresos de entre 24.865,43 y 31.349,70 pesos. Para encuadrar en el sector “medio frágil”, los fondos necesarios van de 31.349,71 a 39.187,13 pesos, “clase media”, de 39.187,14 a 125.398,83 pesos. Por encima de este último monto (125 mil pesos) se define a los sectores “acomodados”.
Sin embargo, estos valores corresponden a hogares propietarios de sus viviendas. En el caso de una pareja de 25 años propietaria de la vivienda, la línea de pobreza está dada por un monto de 14.492,06 pesos, mientras que el mismo hogar sin ser propietario de un inmueble requiere de 18.005,50 pesos. Esto mantiene el hipotético caso de que la diferencia de 3513 pesos por mes alcance a una pareja para alquilar un inmueble. Una situación similar sucede con la estimación para un hogar de adultos mayores. Para el ente estadístico, ese hogar requiere de 12.455,35 pesos para no ser pobre, aunque el informe subestima la escalada de precios de los medicamentos. De acuerdo con el último informe realizado por la Fundación Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (Cepes), una familia de dos jubilados con ciento por ciento de cobertura en sus gastos de Salud se había ubicado entre 18.500 y 20.500 pesos para no ser considerada pobre en noviembre.
Envío:RL
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