6 de febrero de 2019

LA PAMPA - SUBZONA 14 II: Retomaron las audiencias.

RETOMARON LAS AUDIENCIAS DEL JUICIO A LOS REPRESORES: LA FISCALÍA CONTINUÓ SU LECTURA DE LOS ALEGATOS 
05/02/2019
Esta mañana - por ayer- se reanudó el juicio a los represores por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en La Pampa, denominado Subzona 1.4 II. El primer histórico juicio se realizó en 2010.
Con el caso del copamiento de Jacinto Arauz, el fiscal Leonel Gómez Barbella continuó con los alegatos del Ministerio Público Fiscal.
En el cierre de las audiencias del año pasado, las querellas pidieron 25 años de prisión para el ex jefe de Policía, Luis Enrique Baraldini, el ex secretario de la Gobernación, Omar Greppi, y el médico policial, Máximo Alfredo Pérez Oneto. Baraldini pudo ser llevado a juicio en esta oportunidad ya que en el primero estaba prófugo en Bolivia.
También pidieron 22 años para los expolicías Oscar Yorio, Néstor Cenizo, Athos Reta y Carlos Reinhart. Para Oscar Alberto “Miseria” López y Juan Domingo Gatica, 20 años de prisión. A Hugo Marenchino 18 años, 14 años para Jorge Quinteros. Además, solicitaron la pena de 12 años para Luis Lucero, y para Osmar Pérez y Miguel Angle Ochoa el pedido fue de 10 años de prisión.
Cabe destacar que todos los imputados están libres o gozan de prisión domiciliaria, salvo Carlos Reinhart, quien continúa preso cumpliendo la condena del juicio de 2010.
También es necesario recordar que el ex comisario Roberto Fiorucci, quien fue condenado en el primer juicio, fue dejado fuera del proceso por el Tribunal que integran los jueces José Triputti, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava, luego de que la junta médica definiera que el imputado no reunía las condiciones mentales para afrontar el juicio.
En el actual proceso se investigan los crímenes de asociación ilícita, secuestro, tortura y genocidio contra 234 personas, entre 1975 y 1982, en la provincia de La Pampa.
Los alegatos de la fiscalía
Durante su exposición, se refirió al secuestro de las y los docentes del Colegio Secundario “José Ingenieros”, que fueron llevados a la Comisaría y el Puesto Caminero de dicha localidad, convertido en centro clandestino de detención para la privación ilegal de la libertad y las torturas a cargo de la patota que actuaba bajo las órdenes del comando de la Subzona 1.4.
El operativo fue descomunal. Bajo el argumento de adoctrinamiento a las y los estudiantes del escablecimiento educativo con tendencia “izquierdista”, una idea pergeñada por colaboradores civiles de las Fuerzas Armadas junto a la “inteligencia” de la Marina, con asiento en Bahía Blanca. Algunos docentes viajaban de dicha ciudad a dar clases hasta Jacinto Arauz. Uno de los casos más recordados es el del profesor de Historia, Guillermo Quartucci, quien logró fugarse cuando fue detenido por los militares, y luego logró escapar hacia el exilio. Los mismos fueron sometidos a sesiones de torturas con incluyeron golpes, picanas y simulacros de incendio. Por estos hechos fueron señalados los policías Athos Reta, Roberto Fiorucci (fuera del proceso judicial por problemas de salud), Omar Cenizo y Carlos Reinhart. El jefe de Policía, Luis Enrique Baraldini, también estuvo en el pueblo comandando el operativo.
Las víctimas y testigos describieron el operativo como descomunal, en el que el pueblo fue sitiado. Durante el proceso se mencionó hasta un carro de asalto, varios vehículos y un número descomunal de fuerzas del Ejército y la Policía local. Allí se llevaron a las autoridades educativas frente a las y estudiantes. Además, se hicieron allanamientos en domicilios y detenciones ilegales en la vía pública.
El Colegio Secundario “José Ingenieros” fue creado para que pudieran estudiar las y los hijos de las familias de Jacinto Aráuz. Juntos habían logrado una conquista para toda la comunidad. El operativo represivo dejó partido a la mitad al pueblo, incluso hubo familias que quedaron en el camino, como declaró quien fue el rector de aquel entonces, Carlos José Samprón, quien debió irse de la localidad pampeana y no volvió más. En su declaración apuntó a la “parte conservadora” de la sociedad civil utilizó a las fuerzas armadas “para deshacerse del Colegio y escarmentar a la comunidad” que llevaba a cabo clases públicas en la plaza del pueblo, desarrollaban prácticas en los campos de las familias de los estudiantes y productores de la cuenca láctea, “para que pudieran sostener sus tierras” frente a la aparición de los grandes actores del mercado y que no desapareciera el pueblo.
El suceso marcó a toda la comunidad. Las víctimas y testigos que declararon durante el transcurso del juicio expresaron que aún hoy es “una herida que no cierra”.
La fiscalía también se refirió a los casos de Zulema Arizo, secuestrada en medio de la nada cuando estaba embarazada, y sometida al escarnio de los represores. También la persecución y represión a las y los militantes del Partido Comunista. Cenizo, Fiorucci y Reinhart, son algunos de los mencionados por las víctimas, como parte del grupo de tareas que llevó a cabo los secuestros, interrogatorios y torturas. La mayoría de estos cometidos en la Seccional Primera de Santa Rosa, donde funcionaba el mayor centro clandestino de detención y tortura de nuestra provincia.
Gomez Barbella recordó también la detención y la tortura al militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR), Rafael Guardia, quien dijo haber sido interrogado por el jefe de Policía, Luis Enrique Baraldini, sobre “¿Por qué estaba en contra del golpe de Estado?” y en otra ocasión, en Rancul, donde el mismo Baraldini le habría manifestado que “se dejara de joder porque lo iba a reventar”.
A su vez se refirió a la detención del ex rector de la UNLPam, Aldo Baudino, quien fue secuestrado y torturado también durante los interrogatorios, y otros detenidos que quedaron a disposición del Gobierno de facto y trasladados a los penales de Rawson y La Plata.
Tras un cuarto intermedio, la fiscalía retomó su exposición con el caso del detenido Vergara, quien fue torturado con golpes. El médico policial, Máximo Pérez Oneto, lo reviso y dijo que no tenía nada.
Otro de los grupos de víctimas mencionados son los del denominado “Operativo requisa”, en la que fueron detenidos la familia de los “Beco” Rodríguez el 26 de marzo del 76. La requisa en los domicilios de la familia fue dispuesta por Baraldini bajo el argumento de que escondían armas. Reinhart, Reta, Osmar Pérez, Gatica y “Miseria” López.
El operativo se produjo con carros de asalto, fuerzas armadas con armas largas, y vehículos y efectivos policiales. En el domicilio de Inocencio Rodríguez y María Cristina Coronel implantaron una granada, municiones y armas, para justificar sus secuestros.
Los hijos fueron detenidos y sometidos a situaciones de abuso de autoridad por parte de los integrantes del grupo de tareas.
A Inocencio Rodríguez lo encapucharon y torturaron. A Arturo Rodríguez lo mantuvieron detenido durante 3 días sin ir al baño y también lo torturaron en la planta alta de la Seccional Primera. Dijo que estaban Baraldini, Reinhart, Fiorucci y Gatica entre otros. Además dijo que fue revisado por el médico Pérez Oneto.
A Eulogio Abel Rodríguez le hicieron lo mismo. Dijo que Fiorucci lo golpeba y “miseria” López lo llevó de los pelos, a las patadas y dándole golpes con un bastón al calabozo.
Todos los hombres de la familia fueron llevados a la U4. María Cristina Coronel y  María Rodríguez quedaron detenidas en la U13 del Servicio Penitenciario, el destino para las mujeres. Luego, por decisión del juez Lema, los detenidos iban de una cárcel a otra.
Todos fueron liberados, aunque continuaron con libertad vigilada y persecución por parte de los represores.
Posteriormente, el Ministerio Público Fiscal, continuó con la lectura de los casos de los detenidos por “delitos económicos”. En su mayoría, detenidos bajo la ley 20.840 de seguridad nacional que legitimaba el accionar represivo ilegal de las fuerzas armadas.
Jesús Rodríguez, un trabajador de la Municipalidad que fue denunciado por un amigo de Baraldini por decir que “ni los milicos lo iban a hacer laburar más horas que lo que debía”, fue detenido e incomunicado en una celda de la Seccional Primera. Fue sometido a interrogatorios, que se repitieron en la Jefatura de Policía y en el Juzgado Federal de Santa Rosa.
Como consecuencia perdió su trabajo y tiempo después descubrió que le habían asentado que él había renunciado a su trabajo, cosa que nunca ocurrió.
Otro caso es el de Páez, trabajador de la tienda Galver, quien fue detenido y llevado a la Seccional Primera.  El 26 de marzo, Cenizo lo obligó a firmar una declaración con falso contenido con la premisa de quedar en libertad. Páez aseguró que perdió todo el prestigio que había acumulado en su carrera en el rubro comercial.
Por otro lado, Alonso, Echeveste, Toranzo y Pescara, fueron detenidos por una operación de compra-venta de ganado. El 27 de diciembre del 77, Torazo y Alonso fueron detenidos en Santa Isabel y luego llevados a la Primera de Santa Rosa. De igual manera ocurrió con Echeveste y Pescara. Los cuatro fueron puestos a disposición del PEN, en una causa por hurto de ganado vacuno. Toranzo dijo que le arruinaron la vida.
Alejandro María y Carlos Alberto Siordia, y Jose Mamut, fueron privados de su libertad en enero del 78 en Rancul, por una irregularidad en una transacción de ganado vacuno. Los 3 fueron alojados en la dependencia policial local. Luego fueron trasladados a la Comisaría de General Pico, y luego fueron indagados en el Juzgado Federal N° 1. Finalmente le dictaron la falta de mérito. Pero para dos de ellos no fue efectivo, ya que tiempo después volvieron a ser detenidos y puestos a disposición del PEN mediante el Decreto 514, que tenía como pretexto “mantener la paz interior y preservar los intereses de la República”. Los mantuvieron cautivos hasta el 8 de marzo del 78, cuando fueron trasladados a la Unidad Penal 4. Posteriormente los Siordia fueron llevados a la Unidad Penal 9 de La Plata, hasta que recuperaron su libertad.
La misma suerte corrieron Gil y Hernandorena. Detenidos, interrogados y trasladados de un penal a otro hasta que recuperaron su libertad.
Siguiendo con la exposición, el fiscal Gomez Barbella se refirió al grupo de los secuestrados de Ingeniero Luiggi. Nombres:
Los hechos ocurrieron el 25 de diciembre del 76, cuando un grupo de jóvenes de dicha localidad, Grande, García, Seia, Pastorino y Torres, quienes regresaban de Alta Italia y fueron detenidos por la policía bajo la orden del Comisario Serveto de Ingeniero Luiggi, y en caso de García, militares y policía actuaron en su detención. Posteriormente los trasladaron a la Comisaría Primera. A García le sacaron el hombre producto de la violencia ejercida al momento de su detención. Lo mantuvieron esposado durante su detención y fue el más torturado, incluyendo picana y simulacros de fusilamiento. Lo interrogaban por su relación con la novia del hijo del comisario Serveto. Mencionó a Merenchino y Reta.
El juez Lema dijo que no habían cometido ningún delito pero que iban a continuar detenidos hasta que se le borraran las marcas de la tortura, y que recuperarían su libertad hasta que la causa pasara a manos de la justicia provincial.
Posteriormente señalaron que padecieron las consecuencias negativas por parte de las personas de Ingeniero Luiggi.
Por último, la fiscalía continuó con el grupo de personas involucradas de manera directa o indirecta en la obra pública de la provincia. El ministro de obra pública de facto había instruido a Baraldini para que iniciara investigaciones. Fueron detenidos y torturados con golpes y picana en la Seccional Primera de Santa Rosa. Fiorucci, Yorio, Reta, Gatica y Reinhart fueron mencionados por las víctimas. Una de ellas, la señora Sanders de Trucci fue víctima de a abuso sexual por parte de los represores, quienes la manosearon durante la aplicación de torturas. Otras de las consecuencias que tuvo el episodio de los tormentos fue la pérdida de su trabajo y su carrera de contadora. Antes tuvo que soportar la detención de su hija.
El Tribunal integrado por los jueces José Triputti, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava, dispuso pasar a un cuarto intermedio y mañana se retomara en otra audiencia en la que la fiscalía continuará con la lectura de los alegatos. Siguiendo con ese orden, luego será el turno de la Defensa de los imputados, y finalmente se conocerá la sentencia a los represores. 
Fuente:PlanB/

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