Publicado el 19-02-2019
El fiscal Miguel Palazzani cerró el alegato este martes en el juicio de la Subzona 14. Pidió cárcel común para los imputados y reparaciones simbólicas para las víctimas. "Estos juicios, que en apariencia están mirando al pasado, están mirando al futuro", reflexionó.
El fiscal Miguel Palazzani pidió las máximas penas previstas por las normas para los represores acusados en el juicio de la Subzona 14 II. Reclamó al tribunal la revocación de las prisiones domiciliarias y que las penas se cumplan en cárcel común. Entre los principales acusados, la fiscalía pidió una condena de 25 años de prisión para el exjefe de la Policía de la Pampa durante la dictadura, Luis Enrique Baraldini. Y la misma pena para el médico Máximo Pérez Oneto, que controlaba sesiones de torturas de las víctimas, y para el exmilitar Néstor Greppi, que era secretario general de la gobernación del gobierno de facto.
Además, la fiscalía solicitó 22 años para los represores Oscar Yorio, Néstor Cenizo, Atos Retha y Carlos Reinhart. Para Oscar "Miseria" López y Juan Domingo Gatica, pidió 20 años de prisión. También requirió 18 años de castigo para el represor Hugo Marenchino, 14 para Jorge Quinteros, 12 para Luis Horacio Lucero, y 10 para Orlando Osmar Pérez y Miguel Ángel Ochoa.
Los fiscales concluyeron este martes con la lectura de las acusaciones a los represores que están siendo juzgados en el juicio de la Subzona 14 II. Los acusados se mantuvieron imperturbables, a excepción de Lucero, que movió la cabeza en gesto de desaprobación cuando describieron su actuación en el marco del secuestro de una docente en el oeste pampeano. Los funcionarios judiciales terminaron de detallar los delitos que sufrieron cada una de las 234 víctimas. La lectura de los alegatos de los fiscales había comenzado en diciembre pasado, siempre en la sede del Colegio de Abogados de La Pampa.
La Fiscalía solicitó las penas máximas de la escala penal para los imputados por secuestros, torturas y asociación ilícita, según los casos. Miguel Palazzani cerró el alegato. El próximo 6 de marzo las defensas iniciarán el suyo. "La realización de estos juicios, en los que seguiremos persistiendo, es una manera, una de muchas, como decía Julio Cortázar, de mantener en un obstinado presente, con toda su sangre e ignominia, algo que desde algunos sectores de la sociedad se está queriendo hacer entrar en el cómodo país del olvido. Como se dijo en el final del alegato de las partes en el juicio anterior, estos juicios, que en apariencia están mirando el pasado, estos juicios, señores jueces, en realidad están mirando el futuro”, concluyó.
"No existen delitos más graves"
En primer lugar, Palazzani destacó que hay responsabilidades directas y también mediatas de los imputados sentados en el banquillo. “Probamos la intervención y participación directa de absolutamente todos los imputados”, remarcó el funcionario judicial.
Puso especial énfasis en la figura del médico Pérez Oneto. Mencionó que se probó su participación personal y directa en “un lugar neurálgico de la represión” -el primer piso de la Seccional Primera- pero “no para ejercer su profesión de médico sino para el control de la tortura de las víctimas, controlaba la salud para que no las mataran, para que les pudieran sacar información”.
El fiscal remarcó que los represores utilizaron recursos humanos y materiales de las fuerzas de seguridad “para hacer inteligencia” y "seleccionar los blancos". “Debieron necesariamente repartir sus roles para desarrollar el plan general”, indicó.
En cuanto a la calificación legal, se refirió a las 180 sentencias en todo el país que fijaron jurisprudencia sobre la represión ilegal, con secuestros y torturas en el marco de una persecución política desde una asociación ilícita perpetradas desde el estado –“no había posibilidad de socorro ninguno”- como referencias legales.
Palazzani -que ofició de abogado querellante en el juicio de 2010- detalló que esta vez se agregó a la acusación la calificación de genocidio. “Abrigamos la esperanza de que se pueda llegar a un nuevo consenso”, expresó, respecto a la negativa anterior de los mismos jueces de considerar esa valoración. La mayor amplitud de este segundo proceso abona esa posibilidad, sugirió. “Existió un ataque para eliminar a parte de un grupo nacional”, indicó. “No son hechos individuales sin relación. Se trató de eliminar una identidad colectiva”, dijo.
El fiscal se refirió a la emergencia actual de discursos negacionistas "más sofisticados" que los precedentes y sostuvo, por ende, la necesidad de aplicar penas proporcionales a la gravedad de los hechos y las violaciones de los derechos humanos registradas. “Hay una obligación de reparación adecuada y proporcional”, indicó, en relación a la cuantificación de las penas solicitadas.
“Hay una gravedad inusitada que no se puede comparar con delitos comunes. Solo se puede comparar con otra práctica de terrorismo de estado. Y eso no existe en el país. Son los delitos más graves que podemos encontrar y por eso merecen las penas más severas. No existen delitos más graves. El estado está para proteger a las personas, no para cometer delitos, por eso son imprescriptibles”, subrayó, antes de pedir las penas máximas para los imputados. “Estos delitos más tarde o temprano no quedarán impunes. No hay morigeración alguna”, señaló, y pidió que las condenas se cumplan en cárcel común y se revoquen las prisiones domiciliarias de los acusados porque el dictado de una sentencia cambia las condiciones y acrecienta los riesgos de fuga.
“La impunidad durante cuatro décadas revictimizó permanentemente a las víctimas. El castigo es una forma de decirles que no somos indiferentes”, reclamó a los jueces. Y destacó que “no hubo un solo caso de justicia por mano propia" durante los largos años de lucha para que se juzguen los crímenes de lesa humanidad.
Reparación simbólica
Por otra parte, Palazzani pidió la suspensión de pensiones, jubilaciones y retiros y la baja y exoneración de las filas de las fuerzas de seguridad de los represores juzgados. También solicitó que se le retire la matrícula profesional al médico Pérez Oneto.
Como pedido de reparación simbólica, solicitó a los jueces la restitución del edificio de la exEscuela Hogar al Ministerio de Educación, ya que aún permanece en manos del Ejército el predio de la Raúl B. Díaz. Sugirió que se ordene la colocación de una placa recordatoria del terrorismo de estado. Además, adhirió a todos los pedidos de medidas reparatorias que hicieron las querellas en el primer turno de alegatos.
Los juicios
En el inicio de la jornada de este martes, se había completado el repaso por las acusaciones a cada uno de los imputados. En primer lugar los fiscales leyeron la acusación a Oscar Alberto “Miseria” López, acusado por 23 víctimas por la fiscalía. Le imputaron los delitos de genocidio, asociación ilícita, privación ilegal de la libertad en hechos cometidos con violencia, amenazas o imposición de tormentos. En segundo término, se acusó a Luis Horacio Lucero –que integraba el departamento de Inteligencia de la Policía- por el secuestro y tortura de la docente Zulema Arizo en una escuela de un paraje del oeste pampeano. Este imputado realizó las tareas de inteligencia previas a la detención ilegal. En tercer turno, se acusó a Orlando Omar Pérez, otro miembro del grupo de tareas de la Subzona 14, por 31 víctimas. Siempre por las mismas figuras delictuales. Finalmente, se acusó a Juan Domigno Gatica por 26 víctimas, a Jorge Osvaldo Quinteros por 4, y a Miguel Ánguel Ochoa por 4.
Hasta ahora, solo se conocía el duro pedido de condenas que formularon las querellas durante los primeros días de diciembre pasado. Los querellantes solicitaron 25 años de prisión para los militares Luis Baraldini y Néstor Greppi, y para el exmédico policial Máximo Pérez Oneto. También pidieron penas para el resto de los acusados, en forma escalonada respecto a la cantidad de años de prisión solicitados.
Por otra parte, el último turno para alegar corresponde a las defensas de los represores. Eso hace suponer que el debate se prolongará y recién habría sentencia en abril o mayo de este año. El tribunal está integrado por los jueces Pablo Díaz Lacava, José Tripputi y Marcos Aguerrido. Al juicio, los imputados llegaron en libertad o con prisión domiciliaria, a excepción del torturador Carlos Reinhart, que aún cumple la condena del primer juicio en una celda de la Colonia Penal.
Este es el segundo juicio a los represores pampeanos. En 2010 se llevó a cabo el primer debate, un juicio histórico, aunque solo contempló a 28 víctimas. Desde agosto del año pasado se está llevando adelante el segundo juicio por 234 víctimas.
También se prevé un tercer juicio. Hay varios procesados en el expediente que lleva adelante el Juzgado Federal. Involucrará a víctimas que quedaron fuera de los dos juicios previos y también se juzgarán los delitos sexuales perpetrados durante las detenciones clandestinas en plena dictadura.
En este segundo juicio por primera vez rinde cuentas en la Justicia el exjefe de Policía de la dictadura, Luis Baraldini. En 2010 había escapado de la mano de la Justicia porque se mantenía prófugo en Bolivia, donde fue capturado un año después.
Baraldini está acusado por 214 casos y Greppi, por 91. En esta oportunidad, Reinhart está imputado por 35 casos. Otros expolicías condenados en el primer juicio que afrontan este debate son Athos Reta -34 casos-; Néstor Bonifacio Cenizo -33 víctimas-; Antonio Oscar Yorio -31-; y Hugo Roberto Marenchino -7 casos-.
Además, son juzgados por primera vez los expolicías Juan Domingo Gatica -por 26 víctimas-; Oscar Alberto “Miseria” López -23-; Orlando Osmar Pérez -31-; Luis Horacio Lucero -1 caso-; Miguel Ángel Ochoa -4-; Jorge Osvaldo Quinteros -4-; y el médico Máximo Alfredo Pérez Oneto -22-.
Fuente:ElDiariodelaPampa
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