Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2018
Por Lucía Herrera
Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Esta tarde se realizó en la plaza de los Dos Congresos un acto contra los tarifazos y el ajuste, en el que se llevó a cabo una quema pública y colectiva de boletas de servicios. La actividad, convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, tuvo como consignas “Basta de tarifazos, despidos y medidas represivas”, “No al pago de la deuda externa y anulación del acuerdo con el FMI” y “Paro general activo y plan de lucha para derrotar el ajuste”.
En un contexto de agobio para la clase trabajadora, de precarización y pérdida masiva de puestos laborales, con una inflación en permanente aumento, en la que los servicios públicos llevan la delantera con subas desde el 30 hasta el 48,5 por ciento (y que lejos de aportar a mejorar las prestaciones, siguen siendo deficientes, como lo demuestran los prolongados cortes de energía), la indignación popular se hizo sentir una vez más en la calle. Con cánticos contra el presidente Macri y el FMI, incendio de muñecos y de boletas, los y las manifestantes expresaron la necesidad de poner un freno a las políticas económicas y represivas de la actual gestión.
En el documento consensuado por las organizaciones sociales, políticas y sindicales que integran el Encuentro, reivindicaron las respuestas que algunos sectores populares están protagonizando, y exigieron a las centrales sindicales medidas más contundentes:
“Ante los tarifazos se hacen ‘ruidazos´ todos los viernes, en las esquinas de Capital, Gran Buenos Aires y otras ciudades. Los comerciantes de Once y otros sectores se organizan para no pagar, en un ejemplo a seguir. Y en decenas de empresas y reparticiones, en todo el país, las y los trabajadores defienden con uñas y dientes sus puestos de trabajo y sus salarios. (…) Pero con pelear cada uno por separado no alcanza. La CGT sigue durmiendo la siesta y recién habla de un posible paro para abril. Y las CTA y Camioneros sólo hacen una marcha de antorchas cada semana en una ciudad distinta. Lo que hace falta para frenar los tarifazos, los despidos, la mano dura y todo el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI, es un paro general ya, y con continuidad hasta derrotarlo”, arengaron, anunciando nuevas acciones durante el mes de febrero.
A continuación, reproducimos el documento íntegro:
Tarifazos, despidos y represión es atacar los derechos humanos
Desde que empezó el año, el gobierno de Macri profundiza su ajuste por orden del FMI:tarifazos en todos los servicios, inflación sin tregua,más despidos y más medidas de mano dura. Por eso desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocamos hoy a esta “quema de boletas” como símbolo de la necesidad de enfrentar y poner fin,cuanto antes,a toda esa política antipopular y antinacional.
- Cuando cualquier vecina o vecino debe elegir entre pagar sus boletas de agua, luz y gas o comer un poco menos, se atacan los derechos humanos.
- Cuando se despide a un trabajador o trabajadoraestatal o del sector privado,cuando se lo suspende o se le rebaja el salario, afectando así su posibilidad de supervivencia y la de su familia, se atacan los derechos humanos.
- Y cuando la ministra de (In)Seguridad Patricia Bullrich, al estilo Bolsonaro,habilita a sus fuerzas de seguridad a disparar por la espalda,autoriza esa picana portátil llamada Taser,endurece la persecución a los inmigrantes,busca bajar aún más la edad de imputabilidad penal y mantiene presos políticos como Daniel Ruiz, también se atacan los derechos humanos.
Este tarifazo es un sablazo al bolsillo popular: gas 35% desde abril, peajes 33% promedio, luz 40% hasta marzo, agua 48.5% hasta mayo, colectivos 38.5% hasta marzo, trenes 40% hasta marzo, subte 45% hasta abril. Y el ministro Dujovne prepara mayores subas para el resto del año.Ese aumento, inflacionario ya de por sí, afecta al pueblo trabajador y también a sectores medios.
Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia decimos ¡Basta! El agua, la luz, el gas y el transporte son derechos sociales básicos, no un negociado para cuatro vivos, como las corporaciones petroleras cuyas tarifas están dolarizadas y nunca pierden. Lo primero es echar atrás este tarifazo confiscatorio. Pero la solución para los servicios no puede ser seguir subsidiando a las concesionarias privadas, plata que también sale de nuestros bolsillos.
Desde 2013, Axel Kicillof, con el pacto YPF-Chevron, les garantizó altos precios para el gas de Vaca Muerta. Luego Macri directamente les dolarizó todas las tarifas. Y como el FMI le ordenó pagar la deuda externa yentonces necesita déficit cero, ahora recorta los subsidios y descarga el tarifazo sobre los usuarios. Así lo dispone el Presupuesto nacional 2019,que Macri logró aprobar con votos del PJ.
Hay que terminar de una vez por todas con el curro de las privatizaciones, que desde Menem hasta hoy sigue gobierno tras gobierno. Es preciso rescindir esos contratosde concesión, recuperar y reestatizar el sistema energético y todos los servicios, bajo el control social de sus trabajadores y usuarios. Esa es la única forma de garantizar servicios públicos accesibles y eficientes para toda la población.
Y lo mismo frente a los despidos. Macri y las patronales, junto a los gobernadores yla burocracia sindical cómplice, pretenden descargar la crisis sobre la clase trabajadora. No hay que permitirlo. Apoyemos todas las luchas por el salario y el empleo. Que se abran los libros contables de toda empresa que despida, suspenda o amenace cerrar. Que se declare la emergencia laboral y por ley se prohíban los despidos. ¡Que la crisis la paguen los que la provocaron, los capitalistas!
Pero el pueblo trabajador está resistiendo. Ante los tarifazos se hacen “ruidazos” todos los viernes, en las esquinas de Capital,Gran Buenos Aires y otras ciudades.Los comerciantes de Once y otros sectores se organizan para no pagar, en un ejemplo a seguir. Y en decenas de empresas y reparticiones, en todo el país, las y los trabajadores defienden con uñas y dientes sus puestos de trabajo y sus salarios.
Pero con pelear cada uno por separado no alcanza. La CGT sigue durmiendo la siesta y recién habla de un posible paro para abril. Y las CTA y Camioneros sólo hacen una marcha de antorchas cada semana en una ciudad distinta. Lo que hace falta para frenar los tarifazos, los despidos, la mano dura y todo el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI es un paro general ya,y con continuidad hasta derrotarlo.
Por eso desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia exigimos que la CGT y las CTA llamen a ese paro nacional de 36 horas con movilización que hace falta., Invitamos a todas las organizaciones populares a sumarse a este reclamo, seguimos movilizados y vamos a convocar a una nueva acción en febrero.
- Basta detarifazos, despidos y medidas represivas.
- No al pago de la deuda externa. Anulación del acuerdo con el FMI.
- Paro general activo y plan de lucha para derrotar el ajuste.
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
Viernes Supernegro: febrero se inicia con las subas luz, transporte, prepagas y garrafas
Viernes Supernegro: febrero se inicia con las subas luz, transporte, prepagas y garrafas
Desde este viernes, los usuarios de energía eléctrica sufrirán un aumento que en promedio será del 26% y pueden llegar al 32%. Los incrementos en la tarifa de luz ascenderán hasta un 55% durante el 2019, por las próximas subas promedio de un 14% en marzo, un 4% en mayo y de otro 4% en agosto.
Las prepagas aumentarán un 5% a partir del 1° de febrero. Es el primer incremento del año luego de una suba del 40,2% que acumularon en cinco tramos en 2018.
El último aumento de las prepagas había sido el a principios de diciembre de 2018 y fue del 8,5%. Anteriormente se percibieron subas en febrero (4%); junio (7,5%); agosto (7,5%) y octubre (8%).Según la resolución que habilitó el aumento, las subas se explican por el incremento de costos que tuvo el sector.
El nuevo aumento en el precio de la garrafa social establece que una garrafa de 10 kilos tendrá un costo de $160,28 para el fraccionador, $240,97 para el distribuidor y $267,70 para el público. La secretaría de Gobierno de Energía estableció que el subsidio para los beneficiarios del Plan Hogar será de 152 pesos por garrafa.
Con respecto al transporte subirán nuevamente las tarifas de colectivos y trenes del área metropolitana de Buenos Aires, además del subte. Así, el viaje mínimo en colectivo será desde mediados de febrero 1,50 peso más caro y el boleto mínimo se ubicará en 16,50 pesos. En enero, el boleto de autotransporte de pasajeros subió 2 pesos.
Por su parte, el boleto mínimo en los ferrocarriles Mitre, Sarmiento y San Martín costará 1,25 peso más en febrero; por su parte, las líneas Roca, Belgrano Sur y Urquiza subirán otros 75 centavos. En tanto, el boleto mínimo del tren Belgrano Norte se ajustará otros 50 centavos en febrero. En consecuencia, la tarifa mínima de las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín será de 11,25 pesos; del Roca y el Belgrano Sur, 7 pesos; del Belgrano Norte 6,25 pesos y del Urquiza, 7,25 pesos.
El subte porteño, que este mes pasó a costar 15,50 pesos, llegará en febrero a los 16,50 pesos, mientras que el Premeto valdrá 6 pesos (50 centavos más).
Una empresa de colectivos dejó de operar en Santiago del Estero y echó a 400 personas
Una empresa de colectivos de Santiago del Estero dejó de operar y despidió a sus 400 empleados, entre administrativos, choferes y técnicos, a causa de la quita de subsidios dispuesta por el Gobierno nacional que la empresa considera que llevó el negocio a una situación “no rentable”. En esa ciudad, el boleto de colectivos subió casi al doble: pasó de 10,35 a 19,50 pesos.
“Hemos recibido la notificación que requeríamos a ERSA y finalmente nos ha comunicado su decisión de cesar la prestación de los servicios a partir de este jueves”, expresó el fiscal municipal Martín Ramos, en declaraciones a radio Cadena 3.
El funcionario informó que por contrato la firma debe continuar prestando el servicio hasta que ingrese un nuevo operador.
Además, por su parte, los choferes, agrupados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) vienen realizando desde hace una semana asambleas en reclamo del pago de 2.300 pesos que la firma adeuda desde diciembre.
La UTA emitió un comunicado en el que instó a la compañía a “cumplir con el servicio por un período de tiempo hasta buscar una salida definitiva al conflicto”.
La UOM dejó plantado al Gobierno
Otro intento fallido de flexibilización
La administración macrista sigue sin encontrar eco en los gremios industriales para su intento de reforma laboral por sector. Pero insiste en convocar a reuniones donde queda desairado. Esta vez fue con los metalúrgicos. Antes habían sido los textiles.
La industria metalúrgica, otra de las ramas manufactureras fuertemente golpeadas y en crisis.
La propuesta del gobierno para negociar de manera directa con cámaras y sindicatos la flexibilización laboral volvió a tropezar. Al rechazo del sector textil a incorporar instrumentos previstos en la fallida reforma laboral se sumó la negativa de la actividad metalmecánica. El freno llegó desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que no se presentó a la reunión de la mesa sectorial convocada por el secretario de Trabajo, Lucas Aparicio. Sindicatos y cámaras empresarias consideran que las medidas propuestas por el gobierno para abordar la profunda crisis que atraviesa la industria responden a las exigencias laborales previstas en el acuerdo con el FMI.
Los funcionarios consultados por este diario indicaron que el secretario general del gremio, Antonio Caló, “tuvo problemas de agenda de último momento” que le impidieron asistir al encuentro. Desde el sindicato ofrecieron una versión diferente. El faltazo fue acordado por la conducción de la UOM en rechazo a lo que identificaron como un intento oficial para discutir sobre los convenios colectivos de trabajo del sector. Quienes sí estuvieron presentes fueron las cinco cámaras empresarias. La cartera encabezada por Dante Sica tampoco se muestra receptiva a sus pedidos de medidas impositivas y financieras para hacer frente al escenario recesivo.
Como reveló Página/12 la semana pasada, el Ministerio de Producción y Trabajo que encabeza Dante Sica relanzó la fallida reforma laboral a escala sectorial. La elección de los primeros candidatos no fue azarosa. Las industrias metalmecánica y textil son dos de las más golpeadas por el programa económico. Afectada por la corrida cambiaria, la recesión económica y la apertura comercial, la metalmecánica marcó una caída del 26,2 por ciento en noviembre. Acumuló así una contracción de 8,8 por ciento en once meses de 2018.
Un informe elaborado por Radar Consultora identifica cuatro elementos que permiten explicar semejante contracción: la sequía, la menor demanda interna, el desplome en la inversión y la desaceleración en la construcción. De acuerdo a las últimas estimaciones del Indec, seis de cada diez máquinas disponibles en la actividad están paralizadas por la crisis. El nivel de utilización de la capacidad instalada alcanzó en noviembre al 44,5 por ciento, alrededor de 20 puntos porcentuales por debajo de los niveles alcanzados en el mismo mes del año anterior.
La sequía afectó la demanda de maquinaria agrícola. La caída del consumo arrasó, por su parte, con la producción de heladeras, lavarropas, secarropas, termotanques, productos de metal y envases metálicos. El desplome en la inversión -pública y privada- golpeó a los sectores de bienes de capital, equipamiento eléctrico y equipamiento médico. Y, finalmente, el frenazo en la construcción arrastró a los segmentos dedicados a las estructuras metálicas, montajes industriales y otros productos de metal.
Reforma laboral
La iniciativa presentada la semana pasada a los empresarios y sindicatos textiles incorporaba un fondo de cese laboral y un banco de horas. Aunque ambos actores reclaman medidas para enfrentar la profunda crisis, con cierres de fábricas y despidos masivos, consideraron que la propuesta oficial no abordaba el principal problema que es la falta de demanda interna. Los funcionarios Sica y Aparicio recibieron un inédito rechazo conjunto de gremios y cámaras.
A pesar del faltazo, Caló mantuvo una conversación telefónica con el secretario Aparicio. Voceros del funcionario indicaron que “lo mantuvo al tanto sobre la reunión” donde se abordó la agenda laboral propuesta por el quinteto de cámaras empresarias (Adimra, Camima, Cadiem, Carmahe y Fedehogar).
“Durante la reunión se expusieron las agendas de las cámaras. A partir de las mismas, surgieron dos nuevos encuentros a realizarse la semana próxima”, explicaron en Producción y Trabajo. El próximo encuentro “tendrá como objeto analizar los costos derivados del sistema de las ART y el pago de las primas”. El siguiente convite tripartito estará relacionado “a temas de capacitación y empleo”. La cartera indicó además que “no se descartó crear un observatorio tripartito para determinar las causas principales del ausentismo en el sector.
Peligran 800 empleos en alimenticia La Colina por posible cierre
La conservera de alimentos mendocina, tiene a todo su personal autoconvocado y hay rumores de quiebra de la empresa. Buscan desesperadamente revertir la situación.
El Sindicato de la Alimentación (STIA), denunció que la conservera La Colina se encuentra al borde de la quiebra y peligra el empleo de 800 trabajadores, en la ciudad de San Rafael, en Mendoza.
Por ello, en el día de ayer los trabajadores de la planta se autoconvocaron “debido a la inestabilidad de trabajo” que, señalan, hay actualmente en la firma.
Aseguraron que si no hay una solución, se pedirá la quiebra de la empresa con continuidad de trabajo, algo similar a lo que ocurre con Alco-Canale.
Aseguraron que si no hay una solución, se pedirá la quiebra de la empresa con continuidad de trabajo, algo similar a lo que ocurre con Alco-Canale.
Así lo señaló en FM Vos (91.5) el delegado Rubén Castro, quien explicó que “hay gente que se autoconvocó porque hay un malestar muy grande. Aunque parezca mentira, un 30 de enero no se está trabajando, cuando en otros años se estaba en dos turnos y hasta turno noche. El dueño no da la cara, no compró la hojalata que hacía falta, hacen falta 13 millones para comprar hojalata para más durazno, cosa que no apareció. Se va a elaborar mañana (por hoy) y el viernes y pasaría hasta el 14 o 15 de febrero”.
Castro dijo que “la autoridad del sindicato ha pedido reunión con los síndicos, la jueza que lleva la convocatoria y el dueño para ver qué va a hacer con la fábrica, o si no para pedir la quiebra con continuidad de las fuentes de trabajo, como pasó con Alco. Que se siga trabajando pero en manos de otra persona, no de Walter de Pellegrin, que hace muchos años que no viene”.
El delegado añadió que “este año no se va a llegar a 2 millones de latas. La gente solo quiere trabajar, pero al señor dueño de la empresa parece que la bicicleta financiera le da más rédito que trabajar esta empresa. Si esta fábrica deja de trabajar, son 800 personas que quedan en la calle”.
“Vamos a esperar –añadió- que el sindicato se reúna con las autoridades y pedir la quiebra con continuidad laboral, como en Alco Canale, donde la gente cobró su salario y va a empezar a elaborar. Es un malestar grande, son 800 familias que tienen el sustento en esta empresa”, aseguró.
De este modo, una vez que vuelva a funcionar el servicio de Justicia, desde el 1 de febrero, se buscará una reunión entre las partes para definir la situación y, de no haber acuerdo, se buscará imitar el proceso judicial que desde un juzgado de Buenos Aires se viene tramitando con Alco Canale, que ha sido alquilada a otra firma con la idea primordial de mantener las fuentes de trabajo hasta encontrar a futuro un comprador.
Jujuy: Con ayuda de Nación, la minera Glencore despidió a 130 trabajadores
Con la anuencia del gobierno nacional y provincial, Glencore condicionó a los despedidos con un Programa Nacional de Promoción de Empleo “sólo si firmaban su desvinculación”.
Luego de un mes de incertidumbre para los trabajadores de la Fundición minera Aguilar, finalmente se confirmaron los 130 despidos por parte de Glencore. La empresa ofreció ingresar a un programa nacional de promoción de empleo sólo aquellos que aceptaran “de común acuerdo” sus desvinculación.
La herramienta, ofrecida por el gobierno nacional a la empresa como instrumento para facilitarle la negociación con los damnificados, los ingresa en una base de datos para empleadores locales.
La mediación del gobierno provincial de Gerardo Morales facilitó a Glencore el acceso al instrumento de Nación.
Se trata del Programa Nacional de Transformación Productiva dependiente de la cartera de Trabajo de la Nación. La condición para ese “beneficio” es que deberían firmar en conformidad la desvinculación de la empresa.
La empresa confirmó, así, la destrucción de 130 puestos de trabajo al anunciar el cierre del establecimiento industrial. Como paliativo anunciaron, además, que serán indemnizados con el 100% y recibirían un fondo de desempleo por un período de seis meses.
El martes por la tarde, ante escribano público, se procedió a la firma de la desvinculación de los empleados que cumplían tareas en Fundición Aguilar, quienes desde hace tres semanas vivían bajo una incertidumbre, por cuanto desconocían cuál sería el destino del complejo industrial.
La compañía había ingresado, en enero, en procedimiento preventivo de crisis. Durante 6 meses los empleados de la firma deberán vivir con $11.000 pesos.
A principios de enero la empresa entró en procedimiento preventivo de crisis, el cual fue elevado al Ministerio de Trabajo de Nación, aduciendo la difícil situación económica y financiera, advirtiendo una baja rentabilidad de la producción, falta de competitividad y la quita de beneficios de exportación, entre otras causas.
80 nuevos despidos en la automotriz Escobar-Nation de Santa Fe
La concesionaria, ubicada en San Rafael, despidió a todo el personal. La compañía acusa caída del consumo y SMATA pidió reunión en Trabajo para mañana viernes.
Con el argumento de la caída del consumo la concesionaria automotriz Escobar-Nation, de la ciudad de Rafaela, en Santa Fe, despidió a 80 trabajadores en el día de ayer. Se espera que el gremio de SMATA se reúna con los empresarios en Trabajo para intentar revertir la decisión.
“El modelo de gobierno está arrastrando a las fábricas, autopartistas y el último eslabón es el concesionario”, dijo Bossel, delegado del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), de la concesionaria Escobar.
“Es un contexto raro, nos duele que se eche al personal, pero entendemos la situación. Lo que planteamos a la patronal, que tiene buena predisposición para el dialogo, es ver de reubicar la gente, tratar de sacar lo tercerizado para mantener la fuente de trabajo. Somos conscientes que no sabemos cuántos se van a poder reincorporar, pero queremos que sea la mayoría”, manifestó.
Bossel contó que la empresa creció mucho en los últimos 10 años y que siempre invirtió. Pero ahora, como “a los concesionarios lo maneja la venta, al no venderse empieza a caerse todo a pedazos”.
Los trabajadores y trabajadoras echados pertenecen a todos los sectores: posventa, repuestos, vendedores y administrativos, y tienen una antigüedad entre 1 y 8 años. Hasta ahora no han echado a la gente con más antigüedad.
“Se ve una recesión en las ventas, y nosotros dependemos de si se vende o no. Con el dólar los coches han subido en algunos casos hasta el doble. Al laburante que antes podía pagar un plan de ahorro hoy se le fue la cuota al doble, termina abandonando y pierde lo que ya pagó o decide venderlo. Estamos parados en la entrega de ceros. Si bien se reactivó en enero, es normal que se reactive por las compras del año pasado”, explicó.
Antes de ayer la empresa les comunicó a sus empleados el despido, el encargado de cada sector los llamó y les entregó la copia del telegrama que les iba a llegar a su domicilio. La empresa les aclaraba que está en concurso preventivo de crisis y que por eso prescindía de su servicio.
Mañana viernes se realizará una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Así lo informó José Márquez, secretario general de SMATA Santa Fe.
Según Márquez, a nivel nacional ya se registran casos similares. Aunque no quiso dar nombres, indicó que hay dos marcas automotrices que ya presentaron también el Procedimiento Preventivo de Crisis: “Se vende mucha alta gama y no otro auto que compraba el trabajador y no compra; los planes de ahorro se fueron a las nubes con cuotas que alcanzan los diez mil pesos”.
PyMEs del sector textil también rechazaron a la reforma laboral
El dirigente textil PyME, Raúl Hutin, se sumó a las críticas del sector contra la iniciativa del Gobierno. “Le sacamos un poquito más del bolsillo a los trabajadores”, dijo.
Raúl Hutin, dirigente textil PyME rechazó la medida del macrismo de introducir modificaciones régimen de indemnizaciones y a las condiciones de empleo de los trabajadores del sector.
“El Gobierno nos quiere introducir en el sector textil un caballo de Troya porque indiscutiblemente como somos el árbol caído y del árbol caído todos hacen leña…es el sector que más bajo esta en aprovechamiento de capacidad instalada…hoy estamos en el 43,7 por ciento”, enfatizó.
Para el Secretario de la Central de Entidades Empresarias Nacionales y Vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, Cambiemos los está “ofreciendo en la mesa del sacrificio pascual al Fondo Monetario Internacional”.
Hutin aseguró que “Lo que buscan son tres, cuatro medidas, que son absurdas”. Como ejemplo, se refirió al banco de horas. “El banco de horas es que vos podés disponer tipo esclavitud de la gente en el horario y la comodidad y la necesidad de tu empresa (…) Entonces la gente está a tu entera disposición el día que vos lo decidas, por lo cual se deja de tener horas extras, que hoy la hora extra es fundamental para completar un salario digno, porque el salario textil hoy está en los 15 mil pesos”, especificó.
“Si la línea de pobreza pasa por los 25 mil pesos, ¿qué podés hacer con 15 mil? Entonces hay una línea básica que los empresarios que tenemos responsabilidad de empresario tenemos que respetar y que es darle dignidad a la gente que está trabajando con nosotros porque de ello depende el mercado interno”, graficó Hutin.
“Este es el modelo…estamos retrocediendo al siglo anterior, vemos que en Suecia ya se implementó el sistema de seis horas para que trabaje todo el mundo, sin bajar los sueldos, acá hacemos las cosas exactamente al revés, pero estamos tan acostumbrados a hacer las cosas al revés que la sociedad lo toma como algo absolutamente natural”, aseguró Hutin en diálogo con El Intransigente.
Antes, los gremios textiles salieron, con apoyo de la CGT, a rechazar el intento del gobierno de avanzar sobre los derechos de los trabajadores del sector.
Armavir avanza con 70 despidos en Tierra del Fuego
La textil mantiene su postura de despedir a 70 empleados de su planta en Río Grande. Otra empresa del rubro al borde del cierre pone en máxima tensión a los empleados.
Empleados de la textil Armavir, de Río Grande, en Tierra del Fuego, llevaron un conjunto de propuestas a los dueños para que reviertan su decisión de despedir a unos 70 trabajadores.
Los obreros textiles propusieron que la empresa busque acogerse a programas nacionales de ayuda como el REPRA, u otros que otorgan líneas de crédito para producir, lo que no fue aceptado por los representantes de la firma.
“Nos dijeron que eso no lo veían viable, no creen que con eso les alcance para contemplar los gastos”, dijo el delegado. Se trata de 70 personas cuyas fuentes de trabajo se encuentran amenazadas. Ahora esperan la segunda audiencia en el ministerio de trabajo, que finalmente se llevará a cabo este jueves.
El martes tuvieron la primera audiencia, luego de que el ministerio de Trabajo fueguino dictara la conciliación obligatoria para buscar una salida al conflicto. En la audiencia, la empresa presentó un escrito en el que explicaba la situación desde el mes de diciembre, lo que ya era de público conocimiento, por lo que el ministerio la instó a buscar una solución.
Ante la falta de propuestas de la empresa, fueron los trabajadores los que presentaron alternativas, proponiendo que la empresa busque acogerse a programas nacionales de ayuda como el REPRA, u otros que otorgan líneas de crédito para producir, lo que no fue aceptado por los representantes de la firma.
“Nos dijeron que eso no lo veían viable, no creen que con eso les alcance para contemplar los gastos”, dijo el delegado de los trabajadores, José María Mazzei por Fm Aire Libre.
“Ellos dicen que tienen que achicar gastos porque la empresa no es rentable.Les preguntamos cuanto tienen que achicar y nos dicen que eso lo tienen que estudiar. Lo único que tienen en mente es despidos sin siquiera ver alternativas”, denunció Mazzei.
Acampe en el diario La Nación tras los despidos
Tras la decisión de los Saguier de desemplear a 70 personas, los afectados iniciaron un acampe permanente en la puerta de las oficinas de Vicente López.
Los empleados despedidos, que se enteraron ayer de la medida por los telegramas que recibieron, se reúnen en la puerta del diario, ya que la planta ubicada en Barracas fue cercada rápidamente por la policía. La decisión de cerrar la planta fue justificada por un tema de costos.
A partir de ahora, según un comunicado interno del diario, la impresión será “terciarizada”. En la edición de ayer los Saguier intentaron ocultar los despidos con un recuadro que explicaba que “hay cambios en los procesos de impresión”.
Hace algunos meses el propio diario ya había iniciado un proceso de retiro voluntario, lo que se tradujo en 25 personas que dejaron de trabajar.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) emitió un comunicado en solidaridad con los trabajadores de la planta Zepita de impresión del Diario La Nación, por el cierre y despido de todos los trabajadores, decidido por la familia Saguier
“La familia Saguier y los accionistas” tomaron la determinación “pese a las negociaciones en curso con el personal de la planta y el Sindicato Gráfico, y luego dispusieron impedir el acceso a la planta de cualquier empleado, para lo cual cuentan con apoyo policial, ya que la planta está sitiadapor efectivos de las fuerzas de seguridad”.
“Las trabajadoras y trabajadores de prensa de La Nación repudiamos la política empresarial de reducción y ajuste permanentes, que primero jaquea nuestro poder adquisitivo y finalmente elimina nuestros puestos de trabajo” manifestaron en el SiPreBA.
Actualmente, la situación más acuciante la padecen las y los trabajadores gráficos de Zepita (Barracas), a quienes la empresa puso entre la espada y la pared con una disyuntiva de hierro para no cerrar la imprenta: 40% de retiros y prejubilaciones y 40% de reducción salarial para quienes continuaren trabajando.
SATSAID protestó ante nuevos despidos en Canal 9
El sindicato que agrupa a los trabajadores de televisión, SATSAID, lideró una protesta en las puertas de Canal 9 ante la noticia de que la compañía que gestiona la emisora echó a 3 operarios y forzó 44 empleados a tomar retiros voluntarios.
El panorama en el canal que supo conducir Alejandro Romay es realmente complejo. A fines de 2018 presentó ante la secretaría de Trabajo un procedimiento preventivo de crisis, por números que no “cerraban”. También, en ese momento indicó que muchos de los puestos de trabajo “no tienen razón de ser”, teniendo la posibilidad de ser reemplazados “por la tecnología”, y ofreciendo retiros voluntarios, con bajos montos.
Factores como la “consolidación de la tv paga”, el “surgimiento de nuevos competidores”, la “explosión de Internet”, la “disminución del encendido” de televisión y la “reconfiguración de la torta publicitaria”, agravaron la situación del canal que hoy maneja el abogado Carlos Lorefice Lynch.
Río Negro: trabajadores golondrina sin empleo duermen en las plazas
Son cientos de familias tucumanas que llegan al Valle engañadas con falsas promesas laborales. Ahora se encuentran sin comida, sin techo y sin dinero para regresar a sus hogares.
Gentileza Sebastián Navarrete.
En la ciudad de Villa Regina, decenas de familias trabajadoras duermen en las plazas y son ayudadas por los vecinos que les acercan colchones, abrigo, comida y agua, un hecho similar se denuncio semanas atrás en Cipolletti. Son sobre todo tucumanos, que vienen a Río Negro con la promesa de trabajar en la cosecha de fruta pero al llegar a la provincia, nadie los emplea. Muchas de las familias incluyen bebés, situación por la cual un grupo de vecinos motorizados por mujeres de la ciudad de Villa Regina realizaron una colecta para pagarles los pasajes a algunos de ellos y permitirles volver a sus hogares.
La solidaridad obrera no se hizo esperar, mientras tanto los dirigentes UATRE y el Sindicato de la Fruta que prometieron trabajo para 16 mil personas hoy hace un silencio rotundo, muestra de la complicidad de esta burocracia con los empresarios frutícolas y del desprecio hacia las familias trabajadoras. Además, hace unos días, trascendió que en el Valle Medio se realizó una denuncia por condiciones inhumanas en que 37 obreros golondrina trabajaban y vivían en una chacra de Lamarque.
Frente a esta situación, Laura Santillán, referente del PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores de la provincia declaró: “la trata y explotación de trabajadores migrantes es un verdadero drama de la esclavitud argentina del siglo XXI. La burocracia de la fruta conoce bien y es parte de este entramado de trata y explotación que juega con la dignidad de miles de familias, mientras los empresarios siguen engordando sus bolsillos con el precio internacional de la fruta”.
En referencia a las propuestas del PTS añadió: “los rionegrinos sabemos bien cómo es el trabajo de la fruta, se trabaja hasta 16 horas por día y los recolectores trabajan hasta los domingos, por eso proponemos trabajar 6 horas, 5 días a la semana, el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados y que todos ganemos según la canasta familiar. En este contexto de ajuste a pedido del FMI, las empresas quieren maximizar sus ganancias, por eso los hacen dormir a la intemperie y pasar hambre una semana, para después poder sobre-explotarlos por 2 mangos. Esto es intolerable, nuestras vidas valen más que las ganancias de un puñado de empresarios”.
Envío:RL
No hay comentarios:
Publicar un comentario