Por Emilia Leone*, 5 febrero 2019
Las primeras informaciones indican que el gobernador Urtubey habría dado la orden de desalojar a la comunidad que vive en un territorio donde se construirá una bodega.
Miembros de la comunidad denunciaron que la policía, por orden del gobernador peronista, reprimió con piedras y palos y detuvo a menores de edad que se defendían del ataque.
Fue en la localidad de Cachi, en Salta, donde las fuerzas represivas actuaron violentamente para desalojarlos de ese terreno ancestral.
Una de las integrantes de la comunidad, Margarita Mamani, denunció también ante medios locales que no medió ninguna orden judicial para reprimir ni desalojar a sus integrantes, que viven en el territorio ancestral que usurpa la bodega Puna, tal como declararon.
Ese territorio, agregan, fue relevado previamente y en ejercicio de la aplicación de la ley 26.160 de Comunidades indígenas.
Urtubey, mientras tanto, sigue en campaña y busca presentarse como presidenciable ante el empresariado que indaga posibles alternativas de apoyo.
Fotos Margarita Mamani
fuente. La Izquierda Diario
DETIENEN 3 ACTIVISTAS DE CTEP EN QUILMES.
Se trata de reconocidos militantes de la zona sur del Conurbano.
Sus nombres son Laura Cibelli del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Nicolas Garcia y Marcos Gonzalez del Movimiento Evita.
Defendían en La Cañada a un cartonero avasallado por la prepotencia y la violencia policial. Están en la Comisaría Quilmes 5º, situada en Jujuy y Mosconi.
Se agradece difusión.
SOLIDARIDAD CON LXS PRESXS POR LUCHAR
Se trata de reconocidos militantes de la zona sur del Conurbano.
Sus nombres son Laura Cibelli del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Nicolas Garcia y Marcos Gonzalez del Movimiento Evita.
Defendían en La Cañada a un cartonero avasallado por la prepotencia y la violencia policial. Están en la Comisaría Quilmes 5º, situada en Jujuy y Mosconi.
Se agradece difusión.
SOLIDARIDAD CON LXS PRESXS POR LUCHAR
Neuquén: Manifestación de trabajadores petroleros en defensa de los subsidios a las empresas de gas
Entre 20.000 personas se manifestaron hoy en Neuquen por la amenaza de menos inversiones en Vaca Muerta por la quita de subsidios Crédito: Lucas CampomoriEl Gobierno logró algo impensado: que los sindicatos petroleros y las empresas coincidan en su queja por los cambios implementados en los subsidios a la producción de gas en Vaca Muerta . Primero fue el turno de las empresas de hacer público su malestar por el cambio en la interpretación del esquema de incentivos fiscales. Y hoy se sumó el Sindicato de Petróleo y Gas Privado, que convocó a 20.000 personas en una asamblea en Neuquén y declaró “el estado de alerta”.Guillermo Pereyra, secretario del gremio y senador nacional, habló en Añelo, el pueblo considerado puerta de entrada a las distintas formaciones geológicas. “Hay empresas que ya tienen un programa para bajar equipos y generar despidos, que es algo que van a implementar a mediados de este mes, pero nosotros vamos a estar atentos y vamos a decirles que tiene que haber trabajo. Que cumplan con lo que firmaron, tanto ellos como el Gobierno”, afirmó.
El conflicto comenzó la semana pasada, cuando la Secretaría de Energía les anunció a las petroleras un cambio en la interpretación del esquema de incentivos fiscales a la producción no convencional de gas. En vez de dar el subsidio por toda la producción del hidrocarburo, como se estaba haciendo en los últimos meses, ahora el Estado sólo subvencionará la producción estimada inicialmente a la hora de presentar el proyecto.
El anuncio oficial generó una inmediata queja de las petroleras, que informaron a sus accionistas el impacto negativo en su flujo de fondos y amenazaron con reducir las inversiones. “En el día de la fecha el Directorio de la Sociedad ha instruido a la Dirección General de la Compañía a revisar los términos del Plan de Desarrollo del área Fortín de Piedra oportunamente aprobados, a fin de readecuar el flujo de fondos al nuevo escenario y mejorar sus indicadores financieros”, indicó el comunicado de Tecpetrol, la empresa petrolera del Grupo Techint, que fue la más perjudicada con los recortes.
Hoy fue el turno de los sindicatos. “Firmamos un blindaje para que no haya conflictos en la zona y consideramos que no puede haber provocaciones hacia los trabajadores en este proyecto que es Vaca Muerta y que está en boca de todo el mundo”, dijo Pereyra.
Pereyra convocó a esta asamblea a todos los afiliados con instrucción de abandono de puestos para asistir y guardias de producción. No se plegó la Uocra (la unión obrera de la construcción) ni Camioneros, y las guardias mínimas y la producción se mantienen en la mayor parte de los yacimientos, según indicaron analistas que siguen de cerca la industria.
Las desinversiones en la producción de gas de Vaca Muerta, sin embargo, comenzaron en octubre, cuando la productividad de la formación de no convencionales ya mostraba que en verano iba a haber un excedente de producción. El problema con el gas, a diferencia del petróleo, es que no se puede almacenar.
Si bien se comenzó a exportar gas a Chile para no perder la producción, la capacidad de transporte de los gasoductos limita la demanda que se pueda generar. Para que “explote verdaderamente Vaca Muerta”, como dicen los ejecutivos de las petroleras, será necesario invertir en una planta de licuefacción para enviar el gas por barco a otros destinos. Mientras tanto, las inversiones se concentrarán en mayor medida en la producción de petróleo
Paro indeterminado por el pase a planta permanente
Promueven que dieciocho trabajadores se beneficien con la medida. No hay fondos para atender la demanda.
Empleados de la Comisión Municipal de Purmamarca afiliados al gremio del Seom realizan desde la mañana de ayer un paro por tiempo indeterminado, reclamando con la medida el pase a planta permanente de dieciocho trabajadores de este municipio.
En las primeras horas de ayer se reunieron en asamblea en el canchón municipal donde votaron continuar con el cese de actividades hasta que se resuelva el pedido. Luego se trasladaron hacia el edificio de la Comisión Municipal con carteles donde permanecieron hasta las 13.
No obstante, a media mañana mantuvieron una reunión con el comisionado municipal, Oscar Tolaba. Al respecto Noelia Cruz, una de las trabajadoras, comentó que “solicitamos el pase a planta permanente a 16 empleados que somos de acá del pueblo y 2 empleados que son de la localidad de El Moreno. Hace 10 días presentamos una nota al municipio para pedirles la recategorización y el pase a planta”.
“Recién hoy tuvimos la respuesta formal que es la negatividad del comisionado, ya que él se basa en la circular que sacó Casa de Gobierno donde se dice que está congelado el pase a planta permanente, pero le pedimos que él gestione con el apoyo del gremio”.
Además, agregó que “hoy (por ayer) nos llamó a una reunión para informarnos que va a realizar estas gestiones en Casa de Gobierno pero nos informó que no va a ser para todos los compañeros, entonces nosotros solicitamos que sea para los 18, porque hay algunos compañeros que ya tienen 17 años de servicio, otros 10 y los más nuevos 5 años como mínimo. Queremos que nos escuchen y nos den una solución por eso decidimos seguir con la lucha. Una vez que tengamos la solución recién vamos a levantar el paro”.
Por su parte, el comisionado municipal Oscar Tolaba manifestó que “como municipio siempre apoyamos el pedido de los trabajadores, el año pasado nos pidieron la muda de ropa y se les dio dos y este año ya se les dio una, guantes por mes, les mejoramos temas como la salubridad y la zona”.
“En cuanto al pedido de pase a planta permanente le explicamos a los trabajadores que hay un decreto presidencial Nº 632/18 donde se congela el pase a planta permanente en todos los organismos del Estado. Hablando con el gremio les dijimos que vamos a acompañar el pedido pero vamos a colocar a los trabajadores con mayores años de antigüedad en el presupuesto municipal y luego pelear esto ante el Gobierno provincial, por ende vamos a tratarlo en la sesión del próximo lunes con los vocales en el Consejo Comunal”. Asimismo, sostuvo que “vamos a ir con el gremio a plantear al Gobierno, porque esta decisión no es del municipio sino del Gobierno porque somos un municipio chico, donde no se puede afrontar este gasto para endeudar la Comisión Municipal y además algunos meses recibimos menos plata de la coparticipación”.
Sin piedad: Vidal echó a la planta de coordinadores de capacitación gratuita
Sin piedad: Vidal echó a la planta de coordinadores de capacitación gratuita
Mientras los docentes reclaman una convocatoria paritaria para discutir la situación educativa, la gobernadora María Eugenia Vidal, a través de un mail colectivo, sin piedad ni humanidad, desarmó la planta de 36 trabajadores de los Equipos Técnicos Centrales de Formación Docente (ETC).
Según explica una publicación de Página 12, estos trabajadores y trabajadoras son los encargados de planificar, diseñar y coordinar los programas para las áreas y disciplinas de distintas modalidades y niveles que reciben los capacitadores.
Esto representa el desmantelamiento de una estructura de enseñanza que funcionaba desde 2005 y, camino hacia la mercantilización de las ofertas de formación.
El 31 de enero recibieron un email firmado por la nueva directora de formación continua en el que, sin una comunicación formal de por medio, se les informaba la desvinculación de la estructura estatal.
En el texto se agregaba el dato de que no les renovarían el contrato, a pesar de que algunos se desempeñan desde 2006. El vaciamiento significa que quedarían sin coordinación 500 Equipos Técnicos Regionales (ETR).
Los ETC eran la pieza clave de la estructura que se creó en 2005 con el objetivo de dar acceso de forma gratuita a casi 100 mil maestros de todo el sistema -quienes cada vez más se ven empujados a acceder a otro tipo de capacitación privada- a cursos que les otorgan puntajes
Sangría en prensa: inhumanos despidos masivos en Editorial Atlántida
“El personal de intendencia nos informó quiénes podían ingresar y quiénes no, porque estaban despedidos”, aseguraron los trabajadores y trabajadoras, quienes se vieron sorprendidos al llegar a las instalaciones de la editorial.
Sangría en prensa: inhumanos despidos masivos en Editorial Atlántida
En el marco de una interminable sangría en los medios de comunicación, ocurrida desde la asunción de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo nacional, los trabajadores y trabajadoras de Editorial Atlántida denunciaron este martes que al llegar a la empresa “nos encontramos con las puertas cerradas”.
Agregaron además que “el personal de intendencia nos informó quiénes podían ingresar y quiénes no, porque estaban despedidos”.
“A los que tuvieron el ingreso vedado, se les dijo que debían esperar hasta la semana próxima para que, desde el departamento de legales, se comunicaran con ellos“, contaron los trabajadores y trabajadoras en un comunicado.
En el marco de una crueldad impresionante y una deshumanización total, contaron que “estarían recibiendo en sus domicilios los telegramas”.
“Todos estos despidos tienen un patrón común y es que fueron realizados con supuestas causas inventadas por la empresa para evitar pagar las correspondientes indemnizaciones a trabajadores que, en su mayoría, cuentan con más de 10 años de antigüedad”, explicaron.
En este sentido agregaron que “esto deja en evidencia que se trató de un plan que ya estaba en marcha cuando Irene Sabalain, directora de RRHH, y Juan Astibia, director del área de Legales, se reunieron con el Secretario General, el Secretario de Organización y los integrantes de la Comisión Interna del Sipreba a fines del año pasado y manifestaron su voluntad de diálogo”.
“Hasta el momento contabilizamos 15 despidos realizados bajo esta modalidad, que se suman a más de 20 despidos indirectos realizados a los colaboradores de las revistas La Valijita, La Súper Valijita, Para Ti Mamá, Para Teens y Para Ti Tejidos, ya que la empresa decidió en enero dejar de imprimirlas”, señalaron.
Las y los trabajadores de la editorial definieron hacer un paro hasta las 00 horas del miércoles, a la espera de que se abra un canal de diálogo con las autoridades de la empresa.
Hasta el momento, ningún miembro del directorio se presentó en el edificio ni respondió los intentos de comunicación efectuados por la Comisión Interna.
El miércoles 6 de febrero a las 15, realizarán una nueva Asamblea para definir el plan de lucha, en el que exigen “el cese de los despidos y la reincorporación de las y los compañeros”.
Desde la CTEP le pusieron los puntos a la discriminación de Pichetto
Desde la CTEP le pusieron los puntos a la discriminación de Pichetto
Durante el lanzamiento de Alternativa Federal en Mar del Plata, el legislador Miguel Ángel Pichetto, ya famoso por sus pensamientos de derecha extrema, había manifestado despectivamente: “Hay que terminar con la Argentina planera”.
En este sentido, el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular Gildo Onorato le respondió al senador: “La economía popular lucha por sus derechos, se organiza en cooperativas y trabaja para ganar su sustento y alimentar a sus familias”.
Según publicó Ansol, Pichetto dijo que “hay que terminar con la Argentina planera: ningún desocupado sale de la pobreza con un plan”, durante su alocución en el lanzamiento de Alternativa Federal en Mar del Plata.
Gildo Onorato, referente de la CTEP y Secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita, respondió rápidamente: “La economía popular lucha por sus derechos, se organiza en cooperativas y trabaja para ganar su sustento y alimentar a sus familias. Gracias a esa lucha colectiva aprobamos la ley de Emergencia Social y la de Urbaniación de los barrios populares. ¿Qué sería la Argentina planera?”.
El intercambio sucedió en la semana previa a la jornada nacional de lucha que prepara la CTEP junto con la CTA Autónoma para que se aumente el Salario Social Complementario y se sancionen otras tres leyes: Emergencia Alimentaria; la de Infraestructura Social; la de Emergencia en Adicciones.
La CTA de Micheli y organizaciones sociales se movilizan contra los tarifazos
Pablo Micheli
Entre las organizaciones que se movilizarán están la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el FOL y el Frente Darío Santillán, entre otros.
“Producto del ajuste, los tarifazos y las políticas neoliberales, son miles las familias que no pueden acceder a comer todos los días”, justició la marcha la central obrera en un comunicado. “Por eso, el miércoles 13 se reclamará una respuesta del Estado para paliar la situación crítica que se vive en los barrios populares”, agregó.
Del mismo modo, las organizaciones indicaron que “los montos de los programas de empleo quedan absolutamente desfasados en relación a los aumentos de precios en alimentos, servicios y transporte, con una inflación de más del 47%”.
“También se exigirá la implementación de una medida de carácter excepcional para los beneficiarios y las beneficiarias de prestaciones sociales del sistema de seguridad social nacional y de los distintos programas de trabajo que se encuentren domiciliados en las zonas de catástrofe afectadas por las inundaciones”, agregaron.
Clarin se burló del cierre de una empresa y la gente no se lo perdonó
En las redes sociales ironizaron con el cierre de Hitachi, situación que dejó decenas de familias en la calle. Llovieron las críticas.
“Hitachi, qué mal se te ve”, fue lo mejor que se le ocurrió a los encargados de la cuenta de Clarín en la red Twitter para anunciar el cierre de la sede argentina de la legendaria marca de tecnología, que bajó sus persianas en el país después de más de 60 años.
Si bien la firma tenía pocos empleados (40 al momento del cierre, aunque habían comenzado un plan de ampliación que pretendía llegar a 80), la situación de esas decenas de familias se vuelve dramática desde el mismo momento de la llegada de los telegramas de despido al los hogares. Clarín pasó por alto el dato de los despedidos y eligió tomar la información y transformarla en una nota de color.
La empresa anunció que continuará vendiendo en nuestro país, pero que la labor de la oficina que funcionaba en Buenos Aires ahora lo hará en Brasil, por supuesto con personal de aquel país.
Sin embargo, la ironía de Clarín, que día a día milita el ajuste de Cambiemos y desmerece el drama de los cierres de fábricas y comercios, fue repudiada en las redes con contundencia.
Uno de quienes se quejó por la liviandad del título en Twitter fue el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.
Tras los tarifazos en luz y transporte, llaman a una audiencia por un nuevo aumento en el gas
La secretaría de Energía había adelantado que espera una suba del 35%. La convocatoria espara el 26 de febrero, el Centro Metropolitano de Diseño. Críticas desde la oposición.
Una nueva audiencia pública por aumentos en la factura del gas fue convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), para el 26 de febrero, el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), según detalla la resolución 1/2019, publicada este martes en el Boletín Oficial.
El aumento, que el Gobierno ya calcula en un 35%, refiere al precio del transporte y distribución de gas y tendrá vigencia desde abril hasta octubre.
Las empresas que expondrán sus propuestas son Transportadora de Gas del Sur (TGS), Metrogas, Litoral Gas, Gas Natural Ban, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur. Durante 2018, las subas del gas promediaron el 77,6% (32%, en abril y 34,5%, en octubre).
El candidato a presidente y jefe del bloque de Red por Argentina, Felipe Solá, manifestó hace unas horas que “Macri prepara otro tarifazo”. Apuntó: “Lo de la audiencia pública es una fachada, el único consenso que se consigue en estos casos es el de las empresas. Ni consumidores ni intendentes ni usuarios ni defensores del pueblo están de acuerdo con estas subas”, aseguró.
Por su parte, el intendente de Esteban Echeverría y presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, expresó en una entrevista a Hamartia: “Desde el peronismo hemos iniciado una acción colectiva junto con CEPIS, y acompañar una demanda para dejar sin efecto este cuadro tarifario”. Explicó: “El gobierno no nos escucha. (Javier) Iguacel no nos atendió nunca, y este nuevo secretario de Energía (Gustavo Lopetegui) tampoco. No les importa, viven en otra realidad, no les interesa. Se ponen del lado de las empresas. Cuando hablás con ellos dan argumentos defendiendo a las empresas. Ahora estamos pagando tarifas internacionales y no tenemos ningún tipo de inversión”.
Habrá tiempo para inscribirse a la audiencia desde el 11 al 21 de febrero. El formulario de inscripción está disponible en la página web del Enargas y los interesados deberán presentarlo de lunes a viernes, de 10 a 16, en la Mesa de Entradas del Enargas o en las sedes de sus centros regionales.
Trabajadores de la CTEP piden el cese a los desalojos de feriantes
Con una movilización al Ministerio de Espacio Público, los vendedores ambulantes y trabajadores de la feria marcharon bajo el “Nodesaparezcan nuestro Trabajo”.
Miles de trabajadores cooperativos, feriantes, vendedores ambulantes nucleados en CTEP, se movilizaron hacia las puertas del Ministerio de Espacio Público de la Ciudad (Huergo 949) en busca de una respuesta a la situación arbitraria que vienen sufriendo desde hace ya un tiempo.
“Estamos acá en la puerta del Ministerio en busca de una respuesta para todos los trabajadores, estamos a la espera de que nos reciba una autoridad del organismo y que asuma un compromiso social”, dijo a Tiempo Argentino el referente de CTEP Capital, Nicolás Caropresi. “Sólo se acercó la coordinadora del departamento de Ferias, Ana María Piris, de quien no hemos recibido una respuesta favorable ni se comprometió a buscar una salida al conflicto”, agregó.
En varios espacios de la Ciudad ya se realizaron desalojos y los trabajadores temen por su futuro laboral.
Desde el mediodía, los manifestantes se encontraban en asamblea para planificar una estrategia de lucha que abarque a todo el sector de la economía popular. En ese sentido, Caropresi advirtió: “Vamos a permanecer en asamblea junto a los trabajadores hasta obtener una respuesta favorable que destrabe el conflicto y se respete el derecho al trabajo digno. Repudiamos enérgicamente la práctica arbitraria de desalojo, represión y la persecución a trabajadores”.
El referente denunció, además, una permanente intimidación por parte de las fuerzas de seguridad a los vendedores: “Nos movilizamos de manera tranquila y sin problemas, pero al llegar nos encontramos con alrededor de 200 efectivos quienes resguardan el edificio en señal clara de intimidación. La misma que sufren los compañeros senegaleses en la vía publica. Diariamente son detenidos de manera abusiva por trabajar en la calle”.
Un desalojo el fin de semana: los Artesanos de San Telmo
Desde 2001, los fines de semana la calle Defensa se vuelve peatonal desde Humerto Primo hasta la Plaza de Mayo, además de algunas calles aledañas. La feria es un clásico en la zona. Sin embargo, desde hace algunos meses el gobierno de la Ciudad está decidido a “reconfigurar” el sector y amenaza a los cientos de artesanos que tiene esa feria como una de sus fuentes principales de ingreso. “El conflicto es por la asociación de anticuarios de San Telmo, que piden por ellos mismos. Hay una cuestión meramente ideológica, quieren su cuadra limpia, sin nuestra presencia” denuncian los artesanos.
Días atrás, la Dirección General de Ferias, a cargo de Gabriel Kuasnosky, llegó a un acuerdo con la Feria el Adoquín, una cooperativa que está dentro de la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que establece que El Adoquín podrá poner sus puestos en la calle Chile, donde ya están instalados otros feriantes, a cambio de liberar Defensa a partir del 800 (donde se ubican muchos de los comercios de venta de antigüedades). De todos modos, en Defensa entre el 700 y el 800 se encuentran instaladas otras tres ferias que el Gobierno porteño busca sacar como sea.
Nueva denuncia por malversación de fondos en el INTI
La Junta Interna de ATE reveló otra licitación fraudulenta por $ 900.000 para alquilar tres carros de golf por seis meses. De este modo se acumulan las denuncias, sin intervención de la Oficina Anticorrupción.
La gestión del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, responsable del despido de 268 técnicos y profesionales de destacada trayectoria profesional, sigue acumulando denuncias por malversación de fondos públicos a través de recurrentes licitaciones o adjudicaciones irregulares para obras o adquisición de servicios.
Las modalidades difieren unas de otras pero, en esencia, se trata del mismo modus operandi.
En abril de 2018 trascendió una denuncia por el otorgamiento de una obra de renovación del tendido eléctrico a la empresa La Mantovana. La compañía, inscripta en el rubro de limpieza y sin experiencia acreditable en instalaciones eléctricas, ganó la licitación habiendo cotizado la obra en $56,9 millones cuando otras compañías especializadas y de trayectoria en ingeniería de tendidos eléctricos habían presupuestado la misma obra en unos $3 millones menos.
Para eso, según denunciaron los trabajadores, en el marco del vaciamiento del instituto y los despidos, las autoridades crearon “una oficina de obras paralela” encargada de revisar y aprobar las licitaciones que modificó los requisitos a medida de esa compañía y en detrimento de sus competidoras.
Otra de las denuncias estuvo vinculada con la compra de las cajas navideñas para el personal. En este caso se desdobló la compra con el propósito de que el monto no alcanzara los $2 millones que obligan a atravesar una licitación, generando dos adquisiciones directas por un monto total de $3 millones y con sobreprecios del 40%. La compañía beneficiada (Productos e Insumo Andes S.A.), además, estaba inscripta como proveedora de insumos para la construcción, bien lejos del rubro alimentario. Sus competidores habían sido un monotributista con facturación de $25 mil anuales y una jubilada dedicada a la venta por menor.
Otra compañía obtuvo una licitación por valor de $64 millones para proveer el servicio de cocina y comedor. La adjudicación se produjo en abril en favor de la empresa Unión Transitoria de Empresas entre Compañía Integral de Alimentos S.A. y South Management S.A. que obtuvo el certificado fiscal de la AFIP recién en mayo una vez obtenida la adjudicación cuando ese certificado forma parte de los requisitos pautados en el pliego.
Ahora surgió una nueva denuncia difundida por la Junta Interna de ATE INTI que asegura que “a partir de la disposición Nº 020/19, firmada por el gerente general del INTI Mariano Zlatanoff que aprueba el gasto de $907.506 para el alquiler de tres vehículos eléctricos por un período de seis meses”.
En este caso se adoptó el mecanismo de la compulsa abreviada por monto. Según los representantes sindicales “la contratación ha sido otorgada directamente a una empresa preseleccionada, y han utilizado a una segunda solo a modo de ‘disfrazar’ una adjudicación directa –por un monto escandaloso- como una falsa “competencia” entre empresas.”.
La denuncia señala que las autoridades “han conformado, desde su asunción en 2015, una estructura para desviar fondos del Estado hacia empresas de su riñon”. Para eso, insisten, despidieron a los técnicos y profesionales que “eran parte de los sectores de control interno de obras, licitaciones y auditorías en INTI”.
Al mismo tiempo, señalan que las autoridades “avanzan con una reestructuración del Instituto que tiene la característica de desaparecer sectores, hostigando a los trabajadores a solicitar retiros voluntarios”, y que el gerente de RR.HH. Ernesto Luna los amenaza para que acepten un “despido consensuado”.
El propio Luna arrastra otro tipo de denuncias vinculadas con su fuero personal. Por un lado su sueldo se encuentra embargado por un juicio por alimentos que no les pasa a sus hijos mientras hay en curso una investigación por detentar una categoría profesional en el INTI sin el respaldo del título universitario correspondiente. Por este sólo hecho debiera intervenir la Ofincia Anticorrupción aunque, por el momento, se ha abstenido de hacerlo.
La Juntas Interna de ATE explicó que “las pruebas de estos desfalcos han sido presentadas en los tribunales de Comodoro Py”.
Ante la pasividad de la Secretaría de Trabajo, La Nación cerró definitivamente su planta impresora
Centenares de trabajadores se concentraron en la puerta de la Secretaría de Trabajo ubicada en la avenida Callao al 100, pero la convocatoria de la Federación Gráfica Bonaerense no logró su cometido de impedir el cierre de la planta impresora propiedad del grupo Saguier que administra el diario La Nación.
La gráfica llegó a emplear a más de 300 operarios en 2009. Sin embargo, a partir de la paulatina tercerización de la producción, el número se redujo a poco más de 100 en 2012 cuando se produjo la última oleada de despidos. Desde 2016 la compañía comenzó un plan de ajuste sobre su personal periodístico a través de proyectos de retiros voluntarios al mismo tiempo que lanzaba un plan de expansión a través de canal de TV propio. Los puestos de trabajo periodísticos fueron reemplazados por colaboradores externos sin relación de dependencia.
A partir de mediados de 2018, la política de ajuste llegó hasta su planta gráfica. La empresa presentó un plan de reducción de costos laborales que contemplaba la cesantía del 40% de los poco más de cien operarios que quedaban, así como la rebaja del 40% en los salarios. De no lograr ese objetivo, anunciaron que la planta de la calle Zepita en el barrio de Barracas sería cerrada.
La extorsión patronal produjo 27 retiros voluntarios y la aceptación de una merma del salario del 25%. Sin embargo, la empresa sostuvo su amenaza y, el lunes de la semana pasada por la noche, decidió cerrar la planta impresora que amaneció el martes rodeada de personal de la Policía de la Ciudad que impidió el ingreso del personal. Los trabajadores, impedidos tomar sus tareas, decidieron movilizarse a la redacción del diario en el barrio de Vicente López y realizar un acampe en las puertas a la espera de la audiencia pautada para este martes.
Allí, sin embargo, ante la posición contemplativa de la Secretaría de Trabajo, la empresa ratificó su voluntad de cerrar la planta y avanzar en el pago de las indemnizaciones de los 72 operarios que quedaban.
Mientras aguardaba junto a sus compañeros y delegaciones del sindicato gráfico, el de curtidores y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), por una resolución, Damián Calzaretta, ex paritario de la planta y uno de los trabajadores que exigen la continuidad, señaló a Tiempo: “La amenaza de cierre fue una excusa que usaron en varias negociaciones, no pensamos que podían llegar a llevarla a cabo. Ahora está la situación concreta de dejar a 72 familias en la calle de un día para el otro. La planta está cerrada e imprimen en AGN que es una gráfica de Clarín en Santa Fé”.
Calzaretta, de 41 años, padre de una beba de tres meses y 20 años de empleado en la firma señaló: “Ahora nos quieren indemnizar sin tomar en cuenta los beneficios. Eso llevaría la indemnización al 50%. Nos ofrecieron una continuidad con el 40%, dijimos que no e interrumpieron las negociaciones. No se movieron ni una coma. La empresa ya tomó la decisión de cerrar. También sabemos que si aceptábamos la reducción ellos iban a intentar avanzar todavía más sobre las condiciones”.
Sobre las 15.30 horas culminó la reunión y los delegados bajaron encabezados por el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti. Sus caras delataban lo que luego anunciarían a sus compañeros entre lágrimas: “Ya no hay nada más que hacer”.
Hécto Amichetti destacó la actitud intransigente de la empresa a la vez que denunció el rol pasivo de las autoridades de la Secretaría de Trabajo que avalaron lo actuado por la patronal. Apesadumbrado señaló que apenas 25 trabajadores estaban dispuestos a seguir la pelea por la continuidad y que ya no había reuniones de negociación agendadas por la Secretaria de Trabajo. Hécto Amichetti destacó la actitud intransigente de la empresa a la vez que denunció el rol pasivo de las autoridades de la Secretaría de Trabajo que avalaron lo actuado por la patronal. Apesadumbrado señaló que apenas 25 trabajadores estaban dispuestos a seguir la pelea por la continuidad y que ya no había reuniones de negociación agendadas por la Secretaria de Trabajo.
Villa Elisa: despedidos y amenazados con arma de fuego
21 trabajadores fueron despedidos el pasado jueves de la empresa Muebles del Litoral, de la localidad entrerriana de Villa Elisa. El dueño de la empresa les debe el último salario, bono y aguinaldo, y les aseguró que no iban a cobrar indemnización. Además, los amenazó con un arma de fuego. Por Indymedia
Muebles del Litoral se encuentra en el kilómetro 13,5 de la Ruta Nacional 130 y se dedica dedicada a la producción de materia prima, fabricación, comercialización y distribución de muebles macizos de pino.
“El jueves, 21 empleados recibimos el telegrama de despido. Al principio pensamos que éramos 15, pero después que nos seguíamos enterando de más y más compañeros y llegamos a sacar esa cuenta”, indicó al portal regional “El Entre Ríos” el delegado gremial, Oscar Silva.
“Lo malo que hicieron, incumpliendo lo que dice el Convenio Colectivo de Trabajo, es que las últimas personas en despedir deben ser las más antiguas y con mayores carga familiar. Y acá hicieron todo al revés: despidieron los más viejos y se quedaron los más nuevos”, denunció Silva.
“Hay gente que tiene 32 años de trabajo acá y yo 25. No valoran lo que hicimos por la empresa, cuando aceptábamos trabajar medio turno en negro. Nosotros colaboramos y ahora nos despiden de una”, aseguró el delegado. Sobre su caso particular, señaló: “Yo estaba de licencia médica y me llegó el despido igual, siendo que estaba con parte de enfermo y que soy el delegado, el último que se debe despedir en estos casos”.
Prepotencia patronal armada
La empresa les debe el último sueldo junto con el aguinaldo y el bono de fin de año. Los despedidos iniciaron un piquete de protesta frente a la empresa. Allí, Silva confrontó al patrón, quién lo amenazó con un arma de fuego.
“Nos dijeron que para el 8 íbamos a tener el sueldo, que para el aguinaldo no tenían plata y que a la indemnización por despido no la íbamos a cobrar, riéndose en nuestra cara. Mi patrón me dijo: ‘si queres, haceme juicio o llevate una chapa de acá, pero no vas a cobrar’”, siguió narrando.
“Ya nos pidieron que les retiremos las gomas de la puerta, le dejemos salir el camión y entrar los diez trabajadores que quedaron, porque si no la plata para pagarnos el sueldo no iba a estar el 8, pero nosotros igual vamos a seguir”, afirmó.
“Cuando llegó el patrón, me acerqué a dialogar con él y le dije que no queríamos tener problemas, que solo necesitábamos cobrar lo que era justo, lo nuestro”, relató. “Me dijo que al problema ya lo teníamos y que, si iba al auto, íbamos a tener uno más: ahí me mostró un arma que llevaba en la cintura, por eso lo denuncié por amenazas. Ya lo había hecho hace un tiempo, cuando nos manifestamos acá en frente porque no nos pagaba el aguinaldo”, reveló Oscar Silva.
“Nos estamos asesorando para ver qué hacemos”, anticipó el delegado gremial. “No queremos llegar a juicio porque se va a ir muy largo, pero sí tener el 50% de la indemnización aunque sea. Queremos llegar a un arreglo, pero ellos están muy cerrados y les importa un pito nuestra situación”, terminó diciendo.
Triunfo de la lucha
Trabajadores y trabajadoras de Sport Tech conforman la Cooperativa Textil “8 de enero”
8 de enero es el día en que comenzó el conflicto y la ocupación pacífica de la fábrica Sport Tech en contra del cierre y por el pago de los salarios adeudados. Desde ese día, la vida de los 120 trabajadores y trabajadoras organizadas en el Sindicato Único de Costureros y Empleados del Vestido (SUCEV) se modificó para siempre.
Casi un mes de ocupación pacífica, numerosas audiencias en la Secretaría de Trabajo de San Martín y una fuerte presión ejercida a través de la movilización popular, hicieron que esta mañana la asamblea de trabajadores y trabajadoras de Sport Tech pudiera definir la conformación de la Cooperativa Textil 8 de Enero.
“Estamos muy felices, aunque todavía nos faltan muchos caminos por recorrer y muchas discusiones que dar”, dijo Fernando Castillo, Secretario General del SUCEV a ACTA. Asimismo explicó que esto fue posible por el acompañamiento de la CTA Autónoma, del lugar que tomó el conflicto en los medios de comunicación alternativos y comunitarios y de la solidaridad de la comunidad de San Martín.
Mientras las marcas Adidas, Puma y Nike se hicieron eco de la demanda popular e hicieron depósitos para saldar la deuda con los trabajadores y trabajadoras, la Justicia determinó la quiebra de la empresa, favorable a una patronal que adeuda dos meses de salarios, bono de fin de año y aguinaldo.
Finalmente, los trabajadores consiguieron que se les pague parte de la deuda que tenían con ellos y, en asamblea, resolvieron esta mañana la conformación de una cooperativa textil: “Esto es gracias a la organización que logramos en el SUCEV y con la CTA Autónoma”.
“La burocracia sindical nos mandaba a nuestras casas, y nosotros decidimos tomar la fábrica, e ir a las audiencias junto con la CTA Autónoma”, dijo Castillo. La Cooperativa Textil 8 de Enero, como cooperativa de trabajo, definió además su incorporación orgánica a la Mesa Provincial de la CTA Autónoma de Buenos Aires.
Envío:RL
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