Un escudo contra la impunidad
Las pruebas de la masacre de San Miguel del Monte se salvaron del encubrimiento policial gracias a los vecinos: ellos recolectaron las vainas y un operador de las cámaras de seguridad resguardó las imágenes. Ya hay 38 testigos contra la policía.
Por Carlos Rodríguez
De los siete policías detenidos por la muerte de cuatro jóvenes en esta localidad bonaerense, cuatro están acusados por “homicidio” y de los otros tres, dos por encubrimiento, y el tercero por falsedad ideológica en instrumento público, por la adulteración de las declaraciones de los testigos que desde el principio dijeron que habían escuchado “disparos” proveniente de los móviles policiales. La abogada Dorina Bernardez, que representa a la familia de Gonzalo Domínguez, una de las víctimas, sostuvo que los disparos fueron “directos al Fiat 147, de manera que lo ocurrido podría llegar a ser calificado como homicidio múltiple agravado”. Al mismo tiempo, circuló la versión sobre la detención de un octavo policía y se cree que la persecución pudo haberse generado por el hecho de que los chicos pudieron haber visto una maniobra relacionada con un delito relacionado con el tráfico de drogas. Las pruebas se salvaron del encubrimiento policial, que buscaba instalar la idea de un accidente, gracias a los vecinos: fueron ellos quienes encontraron vainas servidas y las entregaron a los familiares de las víctimas. También, un operador de las cámaras de seguridad resguardó las imágenes del operativo.
Esta hipótesis surge del hecho de que no se entiende una persecución tan feroz, de un auto y un conductor, Aníbal Suárez, de 22 años, al que los policías conocían y carecía de antecedentes. El octavo policía es alguien a quien todos llaman “transa”, de acuerdo con lo señalado en cada consulta hecha por PáginaI12 citando el apodo del presunto implicado. Lo que se sabe, sí, es que la bala que fue encontrada en el cuerpo de uno de los adolescentes varones fallecido, fue disparada por Manuel Monreal, mientras que los casquillos rescatados por una vecina y entregados a la familia de una de las víctimas, partieron del arma que portaba el oficial Juan Gutiérrez, que iban en uno de los móviles.
La primera información que hechó por tierra la versión policial sobre el “accidente”, fue aportado por un empleado del municipio local que trabaja en la oficina de Monitoreo de las cámaras de seguridad. En la captura de pantalla se veía parte del accionar ilegal de los uniformados. La causa avanzó por el testimonio de 38 vecinos que escucharon los disparos o que presenciaron parte de la persecución.
“Hay un sinnúmero de recopilación de pruebas, para establecer una hipótesis para poder entender por qué la policía actuó de este modo”, señaló la abogada. Los móviles que intervinieron fueron tres y como dato importante señaló que los peritos de Gendarmería “con una velocidad inusitada, y por eso les agradecemos a los medios de comunicación, pudo determinar que uno de los chicos tenía una bala en el cuerpo y que esa bala fue disparada por el oficial Monreal”. Por otro lado, las cuatro vainas que fueron secuestradas por los vecinos “tienen marcas coincidentes con el arma que llevaba el oficial Gutiérrez”.
Bernardez aclaró que Monreal y Gutiérrez “no son ninguno de los que se ven en la captura de pantalla, en la que aparece un policía con medio cuerpo asomado por la ventanilla” del patrullero. En el primer móvil, que iba más cerca del auto perseguido, el que conducía era el oficial Leonardo Ecilape y como acompañante iba el capitán Rubén García. En estos momentos el fiscal de la causa, Lisandro Damonte, está fundamentando las detenciones, para que la jueza platense Inés Garmendia analice la situación procesal de cada uno de los policías. De ese análisis surgirán quiénes serán llamados a prestar declaración indagatoria y bajo qué cargos.
Todos los detenidos, con excepción de uno de ellos, estaban en los tres móviles que participaron en la persecución fatal. El que no participó del operativo es el oficial sumariante que distorsionó las declaraciones de los testigos que desde el primer momento dijeron que escucharon disparos. En el acta policial figuraban como “estruendos” o “explosiones” producidas supuestamente por caños de escape de motos o automóviles que pasaban por la ruta 3, en la entrada a Monte, donde se produjo la colisión con el camión que estaba estacionado. Juan Carlos Sasone, padre de Danilo, uno de los chicos fallecidos, le dijo a este diario que “hay testigos que afirman que el primero de los móviles policiales embistió al Fiat y por eso se produjo el choque con el camión”.
La abogada consideró que lo ocurrido es “un hecho inusitado, inentendible porque fue una persecución a los tiros contra el vehículo, no fueron disparos al aire de advertencia para amedrentar, que también está mal, pero acá tiraron directo al auto”. Otro dato inexplicable es que, tratándose de un Fiat 147, los móviles policiales, mucho más modernos y veloces, no lo hayan alcanzado e interceptado, sin necesidad de recurrir a los disparos.
Además, debían saber que el conductor era Aníbal Suárez, un joven sin antecedentes de ningún tipo. De allí surge la versión de que los cinco ocupantes del Spazio hayan observado alguna “transa” o un movimiento ilegal de alguno de los uniformados.
Bernardez, que dijo conocer las versiones, pero que no tiene confirmación sobre las mismas, insistió en que lo grave fue que “hubo disparos directos sobre el auto, lo que podría llevar a un imputación por múltiple homicidio agravado, pero la línea de investigación no tiene techo porque hay testimonios que dicen que algunos policías, luego del choque, estaban arrastrando los pies sobre la tierra, en una típica conducta del que está buscando vainas”, con la obvia intención de borrar pruebas, luego de comprobar las muertes dentro del Fiat.
Si bien “en principio los móviles eran tres, después del choque el lugar se llenó de policías, incluso en los videos se ve a una policía mujer llegando al lugar” después de la colisión. El video fue aportado por un vecino que forma parte de los 38 testigos que se presentaron en la causa para decir que habían escuchado o presenciado alguna de las etapas de la persecución, que se prolongó a lo largo de tres barrios y por más de 40 cuadras.
“La mujer policía, que está tratando de ser identificada, estaba al lado de una de las víctimas”, precisó. La abogado consideró que “un aspecto importante fue la ‘filtración’ de un video, la captura de pantalla que hizo un joven que trabaja en la sala de Monitoreo de las cámaras de seguridad del municipio”. Se sabe que “el chico fue echado de su puesto porque no puede hacer eso, pero lo cierto fue fundamental porque muestra cómo actuaban los policías”. Una versión posterior, nunca confirmada al igual que la del presunto despido, dice que luego fue reincorporado ante la reacción negativa que tuvo una versión que corrió como reguero de pólvora, porque muchos vieron la captura de pantalla.
Ayer por la tarde, una nueva marcha movilizó a buena parte de la ciudad de San Miguel del Monte. Familiares, amigos y vecinos se unieron con una sola consigna: “Queremos justicia”.
24 de mayo de 2019
Entrevista a Paula Litvachky, del CELS
"Hay responsabilidad política por las muertes de San Miguel del Monte"
La abogada vinculó el caso de Monte con los protocolos de seguridad impulsados por el macrismo y cuestionó que las autoridades "lo toman como hechos trágicos propios de un accidente de tránsito". También le responde a Bullrich por sus dichos sobre el caso Arruga.
Por Soledad Vallejos
Imagen: Télam
La masacre de San Miguel del Monte tiene vinculación directa con las políticas de seguridad impulsadas por el Estado, con “la instalación de una idea de orden muy autoritaria”, aseguró en diálogo con este diálogo la abogada Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Es importante pensar este caso en términos políticos, que significa entender que estos casos son consecuencias de políticas que toleran o incentivan ese modo de hacer policial, y que es un modo históricamente muy violento”, señaló. Ese planteo, añadió, también tiende a relevar de responsabilidades a políticas a las autoridades que, sin embargo, son quienes lo impulsan.
-Cuando se plantean mensajes de que la policía tiene que intervenir de cualquier modo, aun cuando el planteo de las autoridades políticas tenga que ver con que lo racional es que intervengan de forma muy dura respecto de la criminalidad, con la idea de generar una situación de mayor seguridad para todos, el planteo des-responsabiliza a la policía y las autoridades políticas ante esa forma de intervención muy violenta. El planteo tiene que ver con la instalación de una idea de orden muy autoritaria, según la cual el Estado viene a generar orden con las fuerzas de seguridad, a disponerlas masivamente por todos lados y a que tengan la posibilidad de intervenir.
-Ese planteo, además, en algún sentido postula que existen fuerzas de seguridad impolutas, con procedimientos incuestionables.
-Es que va de la mano una cosa con la otra: el planteo es de una idea de seguridad muy autoritaria, donde lo que se está dando son valores, mensajes en el sentido de que la intervención policial violenta, por más que cause afectación al derecho a la vida, está justificado por la idea de seguridad. Es una propuesta política que parte de ahí. La propuesta del Estado en relación con la construcción de autoridad y la política de seguridad no puede partir de ese presupuesto de orden autoritario. Si parte de ahí, lo que se generan son situaciones de mayor violencia. Es el Estado el que genera los hechos de violencia, que terminan en situaciones que las propias autoridades políticas se ponen a lamentar como si fueran hechos desconectados de la política. No se pueden des-responsabilizar las autoridades políticas por hechos que son consecuencia de sus propios planteos. Entendemos que es correcto que se haya separado de la fuerza a los policías que intervinieron, sin duda, pero eso hoy no es lo principal. La individualización de los policías responsables tiene que ir acompañado de la responsabilidad política por las muertes. Hay responsabilidad política por esas muertes, tiene que ver con el hecho de haber planteado la situación de seguridad asociada a un orden muy autoritario, que se des-responsabiliza de la violencia estatal. Eso quiere decir que hay vidas que importan y vidas que no importan.
Litvachky señala que, ante planteos sobre la discusión en torno a políticas de seguridad democráticas y límites a la actuación policial, la respuesta es una manipulación: “Se confronta diciendo que en realidad lo que queremos es que no haya construcción de autoridad, no haya política de seguridad alguna. Se busca armar una contraposición absoluta”. Así, el diálogo en vistas a modelos no autoritarios de seguridad queda obturado.
-El planteo nuestro, en la discusión a nivel nacional y provincial, es que la construcción de políticas de seguridad democráticas tiene que apostar al derecho a la vida. El Estado tiene que dar ese mensaje. No puede pasar que se propongan políticas que van en la orientación contraria, y que cuando causan muertes como las de San Miguel del Monte, que ahora no pueden explicar, lo tomen como hechos trágicos propios de un accidente de tránsito. Aparece una cuestión muy clara de querer buscar algún tipo de empatía con el dolor de los familiares, pero no de rendir cuentas realmente de lo que vinieron haciendo estos años y cómo fueron abonando la idea de que la protección de la vida, de los derechos humanos implicaba una desprotección para todas las personas. Este hecho demuestra lo contrario: que una propuesta de seguridad como esta lo que hace es que todos tengamos miedo de la policía. Es un orden muy asociado al miedo, a la sospecha.
-Anoche, en un programa de televisión, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que “todo lo que se construyó en el caso de Arruga se demostró que era mentira”.
-Me parece que ella está intentando generar una provocación. Que justamente haga esta contraposición entre “nosotros somos la autoridad y ustedes, los que plantean que hay que respetar los derechos humanos, en realidad lo único que quieren es culpar al policía en todos los casos” es político. Esa construcción argumentativa es política, sostiene que los derechos humanos no protegen a las personas y están en contraposición con cualquier política de seguridad posible.
-La ministra dio información errada sobre el caso.
-Creo que se toma de casos que pueden generar controversia, y con falta de respeto por el dolor de las familias. Por un lado, juega con el dolor de esas familias, y por el otro, quiere generar una estigmatización, un etiquetamiento de las organizaciones de derechos humanos, que según ella mienten, frente a ella, que tiene esta “verdad”. Se trata de una confrontación que no tiene sentido. Lo importante es el debate político: quién es responsable de estas muertes. Ella intenta poner en discusión casos donde la sociedad argentina se movilizó pidiendo justicia, y lo hace en vistas a un caso donde va a pasar lo mismo. La sociedad argentina se va a movilizar por la masacre.
-En San Miguel del Monte, ya lo hizo: por eso se logró desarmar la versión policial.
-Se movilizó, sí. Lo importante es que ahora el Estado responda en términos de representación de autoridad, que haya responsabilidades políticas y se explique cómo va a hacer el Estado para respetar los derechos, para que las personas no tengan miedo de lo que pueda hacer la policía. El punto también es qué tipo de reparación plantea el Estado para las familias de Luciano Arruga, de Santiago Maldonado, de estos chicos, en casos en los que el Estado es responsable de lo que les pasó. La ministra tiene que dar una respuesta reparadora a las familias, no echarles la culpa, decir que mienten y ponerlas en contraposición. Es irresponsable y doloroso, es injusto con esas familias.
-¿Cree que va a suceder?
Las muertes no se pueden reparar, pero creo que el desafío político es construir esa respuesta, incidir para que se construya. También para que la larga historia de activismo antirrepresivo, de militancia antirrepresiva en Argentina vaya construyendo una respuesta reparadora para las familias. Esto tiene que permitir una reflexión social y política sobre la relación del a policía con la sociedad: ¿qué le pedimos a la policía?, ¿qué toleramos que haga la policía?, ¿cómo pretendemos que funcione? El gobierno de la provincia de Buenos Aires tuvo algunas intervenciones interesantes, al menos en lo que refiere al trabajo de Asuntos Internos, en hacer sumarios e intervenir en algunos casos de corrupción de la Policía Bonaerense. Es importante intervenir en ese sentido. El planteo político en relación con la Bonaerense es que no se puede escindir la discusión sobre sus vínculos con la ilegalidad de la discusión sobre su actuación violenta.
Ya fueron detenidos siete policías por la muerte de tres chicos y un joven
La patrulla de la muerte en San Miguel del Monte
Siete oficiales de la Policía Bonaerense fueron detenidos por la masacre de San Miguel del Monte, acusados por la persecución a tiros que provocó el accidente en el que murieron dos adolescentes de 13 años, uno de 14 y un joven de 22. Otra chica está herida de gravedad. En el cuerpo de uno de ellos se encontró una bala policial.
Por Carlos Rodríguez
Los primeros cinco detenidos son el capitán Rubén Alberto García, el oficial Leandro Daniel Ecilape, el subinspector José Alfredo Domínguez, el oficial subayudante Mariano Ibañez y el oficial Manuel Monreal. Los nombrados García y Ecilape fueron los primeros en ser desafectados de la fuerza policial, el miércoles, junto con el titular de la comisaría de Monte, subcomisario Julio Franco Micucci. A última hora fueron detenidos el oficial subayudante Cristian Righero, y el oficial Juan Gutiérrez.
García y Ecilape serían los que iban en el primer móvil que perseguía al Fiat y del cual partieron los disparos. Las cámaras de seguridad, como se dijo, captaron el momento en que uno de los policías asomó la parte superior del cuerpo por la ventanilla del acompañante del móvil, con la supuesta “linterna”, que en realidad era un arma. Detrás del primer móvil iban otros, el segundo con cuatro ocupantes y el tercero con un número de agentes que no fue precisado. Todos llegaron en caravana, en tropel, detrás del auto donde murieron el joven de 22 años y los cuatro adolescentes.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, luego de confirmar que la bala hallada en el cuerpo de una de las víctimas es calibre 9 milímetros, informó que a las tres sanciones aplicadas el miércoles, se sumaron otras doce. Los policías apartados de sus cargos son el comisario general Marcelo Corbalán, superintendente de Seguridad Región Capital; el comisario mayor Óscar Osvaldo Frías, jefe de la Departamental San Vicente; el comisario inspector Juan Carlos Sosa, segundo jefe de la Departamental San Vicente; el comisario inspector Mario Angel Mistreta, jefe de la Policía Comunal San Miguel del Monte.
Se están realizando peritajes balísticos para saber de cuál o cuáles de las armas partieron los disparos que escucharon los testigos. Un joven que estaba en la ruta 3, a la altura de Monte, cuando ocurrió el hecho en la madrugada del lunes, declaró que no sólo escuchó los tiros que venían “de un móvil policial” sino que tuvieron que tirarse al piso –con otros chicos que lo acompañaban– porque “las balas pasaban cerca nuestro”.
Otro testimonio importante es el del chofer del camión contra el que se estrelló el Fiat Spazio. El hombre dijo que estaba durmiendo y que primero lo despertaron los tiros y luego entró en conmoción al escuchar el impacto del auto sobre el vehículo en el que se encontraba.
El abogado Marcelo Lafolla, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), quien viajó al lugar de los hechos, le dijo a PáginaI12 que entre los imputados “en algunos casos lo son por su participación (directa) en el hecho y otros por lo que dijeron en la instrucción policial, en el ámbito de las dependencias policiales” porque estas “difieren de las que se tomaron en sede judicial”. La sospecha es que al parecer “tomaron mal las declaraciones con intencionalidad, no por error, y eso complejiza la situación”. El fiscal le confirmó, por ejemplo, que cuando los testigos decían “disparos” los instructores policiales asentaban “estruendos”.
El procurador bonaerense, Julio Conte Grand, confirmó en La Plata que “en el cuerpo de uno de los jóvenes varones se ha encontrado un orificio de proyectil”. Agregó que se estaba verificando el calibre de la bala (luego se comprobó que era 9 milímetros) y al mismo tiempo “se está verificando en las armas que fueron secuestradas a los efectivos policiales presentes en este episodio, si hay ausencia en los cargadores”.
Antes, el fiscal platense Héctor Vogliolo había adelantado el uso de las armas por parte de los policías. “Dispararon hacia el vehículo, en el que se están haciendo peritajes nuevamente para ver si se encuentra el orificio” de bala. Aunque el vehículo está destrozado, partido en dos, por la tarde se dijo en fuentes judiciales que se habría encontrado “algo que parece ser el orificio” que hizo al menos uno de los proyectiles.
Vogliolo, en coincidencia con el fiscal a cargo de la causa, consideró que lo sucedido “excede el ámbito del homicidio culposo” porque “hay muchísimas filmaciones en poder del fiscal y elementos suficientes como para poder reconstruir las circunstancias que rodearon a este hecho tan trágico”.
“Las filmaciones que tenemos de lo que ocurre dentro del vehículo, donde los chicos estaban muy contentos, estaban cantando y demás; la policía dice que no respondieron a la voz de alto, pero si eso hubiese ocurrido, es porque no creo que los chicos hayan escuchado ninguna voz de alto.”
En Monte fueron sepultados ayer los cuerpos de Carlos Aníbal Suárez (22); Gonzalo Domínguez (14) y Danilo Sansone (13), en el Cementerio Parque de la ciudad de Lincoln. La cuarta fallecida, Camila López (13), había sido sepultada el miércoles, en el mismo cementerio.
La vida de las cuatro víctimas
San Miguel del Monte: historias con final abrupto
Danilo “era un chico bueno, jugaba a la pelota, a los autitos, iba a la escuela. No robaba, no tomaba alcohol, no se drogaba”, detalló su papá con bronca y dolor tras la muerte de su hijo. Ese domingo, su hijo “salió en la patineta como todas las noches, siempre hacía ese mismo recorrido porque es un pueblo tranquilo”, para encontrarse con Gonzalo quien, según contó su mamá, le había pedido permiso esa noche para encontrarse a las 10 de la noche con Danilo y rapear en la plaza. Como la mujer estaba cansada y al otro día pensaba visitar a su marido, que está internado en La Plata, se fue a dormir y recién se despertó a las 2 de la mañana, cuando advirtió asustada que su hijo no había vuelto y la noticia sobre un “accidente” ya circulaba por algunos portales. “El corazón me decía que mi hijo podía estar ahí. Yo pensaba ‘Gonzalo, Dios mío, este guacho que no viene. Lo voy a matar cuando llegue’”, contó.
Camila y Rocío también estaban juntas, ya que según contó la mamá de Camila, la adolescente había pedido permiso para que Rocío se quedara a dormir esa noche. “Ella me había pedido que su amiga Rocío, que es la que está luchando por su vida (internada en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela), se quede en mi casa”, relató la mujer, que había salido de trabajar a las 21. “Tipo 10 y pico Camila se levanta de la cama porque me dice ‘llegó Rocío’. Escucho que sale, escucho que entran a las carcajadas. Se quedan en la cocina de mi casa, las sigo escuchando. Las escucho todo el tiempo porque mi casa es muy chiquita y escucho cómo hablan, cómo se ríen”, contó la mujer sobre los últimos recuerdos que tiene de las adolescentes, que a las 23:30 fueron vistas por su cuñado sentadas adelante de la casa, para usar el wifi del vecino.
Aníbal, el joven de 22 años que conducía el auto, había llegado de Misiones, donde vive su madre, y se encontraba trabajando en Monte para juntar dinero y poder pagar un auto que le había comprado a su tío. Según relató Hugo, el tío que le había dado el auto, Aníbal le tenía miedo a la policía porque hace unos días lo habían parado, le habían pedido una coima y le habían sacado 4 mil pesos que el joven había ahorrado para el auto.
24 de mayo de 2019
El duro relato del padre de una de las víctimas en San Miguel del Monte
“Los acribillaron a los nenes”
“Quisieron tapar todo”, denunció Juan Carlos Sansone, padre de Danilo, uno de los chicos que murió en San Miguel del Monte tras ser perseguido por la policía. Entre lágrimas, sostuvo que “los acribillaron a los nenes, hicieron un desastre"
Danilo Sansone es uno de los cuatro muertos luego de que el vehículo en el que circulaban fuera perseguido a los tiros por agentes policiales, lo que los llevó a chocar contra un camión estacionado. “A una nena le sacaron un tiro de un glúteo. Quisieron tapar todo, se llevaron el auto en dos segundos. Una persecución a muerte fue”, dijo Juan Carlos Sansone en diálogo con radio La Red.
“Nadie nos quiso atender, estamos luchando nosotro con los pocos recursos que tenemos”, agregó en un conomevor testimonio.
Fuente:Pagina12 
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