SIETE MINUTOS
Por María Florencia Alcaraz
Sebastián Ortega
Foto Gustavo Zaninelli
¿Qué pasó entre las 11:32 y las 11:39 de la mañana del 1 de agosto de 2017 a orillas del río Chubut? Son siete minutos fundamentales sobre los cuales, en un año de investigación, el Poder Judicial argentino no pudo explicar con detalle cómo ocurrieron los hechos. El cuerpo de Santiago Maldonado apareció. Los peritos determinaron que murió ahogado. Y allí terminan las certezas.
11.32 de la mañana del 1 de agosto de 2017 es la hora que marcó la
biografía de Santiago Maldonado con un destino fatal. Es el momento exacto en
el que el primer gendarme saltó la tranquera de la Pu Lof en Resistencia de
Cushamen. Los efectivos volvieron de la orilla del río Chubut a las 11.39. En
ese lapso de siete minutos se monta una escena irreversible. Los siete minutos
más importantes del último año: los hombres encapuchados corren, las mujeres y
los niños se quedan en la casilla, los gendarmes disparan balas de goma. Siete
minutos sobre los cuales, en un año de investigación, el Poder Judicial
argentino no pudo explicar qué pasó. Siete minutos que se clavaron en la
historia política del país como una estaca. Una línea de tiempo a la que
Santiago no sobrevivió.
El destino de Santiago Maldonado fue una incógnita absoluta durante 77
días. La investigación judicial tardó ese tiempo en responder la pregunta
inicial que se replicó en marchas, redes sociales y recorrió el mundo: ¿Dónde
está Santiago Maldonado? Con el hallazgo del cuerpo la muerte reemplazó a la
ausencia y desplegó nuevos interrogantes que obligan a volver sobre lo que pasó
en los siete minutos fatales.
Cuando una persona desaparece y muere en un operativo represivo
coordinado por funcionarios del poder político no alcanza una autopsia para
explicar esa muerte. Una desaparición en democracia no puede ser analizada bajo
un microscopio, en un laboratorio aséptico, sin entender el contexto en el que
se produce. Es necesario mirarla en una serie que va desde las históricas
vulneraciones a los derechos humanos pero también con los nuevos escenarios que
plantean las formas de violencias institucionales actuales en la que se
yuxtaponen distintas capas que van desde la violencia física hasta la
negligencia, la indiferencia, la inacción o la complicidad judicial y política.
Cuando los agentes del Estado actúan por fuera de los estándares permitidos y
el uso de la fuerza es irracional y desproporcionado puede derivar en múltiples
formas de violencias y en diversos niveles de intensidades, desde el
hostigamiento policial hasta la desaparición forzada. No hay una idea unívoca:
así como no toda desaparición de una niña, adolescente o mujer adulta configura
el delito de trata. El Estado no deja de ser responsable, pero los delitos son
otros y resulta urgente buscar nuevas formas de enunciación. Hasta ahora, el
Poder Judicial omitió este contexto y no complejizó el escenario.
El relato de los siete minutos después de que Yucra saltó la tranquera
es difuso. Sólo se conocen fotogramas de una película incompleta. Los diez
encapuchados que habían cortado la ruta escaparon en abanico hacia el río. Uno
de ellos no conocía el territorio: Santiago Maldonado, el Brujo, el Lechu, siguió al resto. Hasta ese momento
no había avanzado más allá de la casilla de guardia. Había llegado el día
anterior, después de diez meses de viajar por Chile y la Patagonia argentina, y
era la primera vez que visitaba la comunidad. Se había puesto a disposición
para defender el territorio ancestral pero las reglas mapuche no
le permitían atravesar ese límite.
Cuando uno de los peñis dio la orden de replegarse
porque Gendarmería avanzaba, la única regla era escapar. Una foto registró la
huida. Esa imagen, la última de Santiago vivo, es una de las pruebas que
Gendarmería intentó ocultar y que fue rescatada de uno de los discos rígidos
secuestrados. A las 11 horas 32 minutos y 33 segundos se lo ve corriendo a unos
pocos metros de la casilla de guardia. La campera celeste que le había prestado
uno de los peñis resalta entre el gris y el verde del paisaje.
Esa era la primera de varias capas de ropa que se había puesto para capear el
frío patagónico.
—Vamos, peñi, vamos —le gritó.
—No puedo, peñi, no puedo —respondió Santiago con el agua hasta el
cuello.
Lucas Pilquimán logró cruzar del otro lado. “Ahí salgo y me saco el buzo
y veo a Santiago que está agachado escondido entre los sauces. Esa fue la
última vez que lo vi”, le dijo al juez. “Había gendarmes en la barranca arriba
tirando con 9mm, escopeta y piedrazos, pero abajo en el agua estaba solo
Santiago”, agregó. La versión de las balas de plomo se repite en relato mapuche;
según el expediente solo hubo postas de goma.
En la corrida de siete minutos los gendarmes avanzaron hasta la orilla
en dos grupos. Ahí Yucra se topó con dos compañeros. “Es todo como un sauzal. Veo
un masculino metido en el agua, más o menos por la mitad del cuerpo. Solamente
le vi la espalda”, declaró el sargento.
Unos 30 metros río arriba había alrededor de diez gendarmes. “Lo veo a
Vera con intención de meterse al agua porque había un manifestante. Ya estaba
metido en el agua y otro metido en el río tratando de cruzar”, contó el cabo
primero Cecilio Fernández. En su declaración interna ante un representante del
Ministerio de Seguridad, el cabo Darío Zoilán admitió haber realizado “uno o
dos disparos” de postas de goma a un encapuchado que cruzaba el río. También
contó que escuchó detonaciones de otros compañeros.
La reconstrucción de los siete minutos que van desde las 11.32 hasta las
11.39 está incompleta. En parte por falta de testimonios de mapuche y
gendarmes que permitan ubicar de forma precisa a cada uno de los actores en
escena. En un año de investigación declararon menos de la mitad de los agentes
que entraron a la Pu Lof y solo tres de los encapuchados que escaparon hacia el
río. Algunos testimonios son incompletos o contradictorios. ¿Todos contaron
todo o saben más de lo que dicen?
Adentro, cincuenta y seis peritos, especialistas y veedores rodearon el
cuerpo del joven en la camilla durante doce horas. La diversidad de
subespecialidades que participaron en el procedimiento no fue habitual: hubo
anatomopatólogos, peritos en papiloscopía, radiólogos, tanatólogos,
entomólogos, biólogos, palinólogos, odontólogos, radiólogos y antropólogos
forenses, criminalistas y médicos legistas de los organismos de derechos
humanos y de las fuerzas de seguridad. El único momento de intimidad para
el cadáver inerte de Santiago fue cuando su familia llegó a reconocerlo.
La Junta Médica confirmó el 24 de noviembre de 2017 que Santiago
Maldonado murió por “asfixia por inmersión” coadyuvada por “hipotermia”. Eso
explica que la muerte no fue inmediata: “se instala un proceso: se adormecen
las piernas, el tronco, los brazos y después se ahoga”, explicó una
especialista que intervino en la autopsia. El estudio confirmó que el cuerpo no
presentaba golpes ni heridas cortantes o de arma de fuego y que no hubo
arrastre.
—¿Qué preguntas quedaron sin responder de la autopsia?
—Todas las preguntas que se habían planteado se contestaron —dice la
perito que estuvo en el lugar.
El gobierno de la Alianza Cambiemos y aquellos sectores que históricamente
alientan la represión a las comunidades originarias se aferraron a esta
información para plantear una vez más el cierre del caso: Santiago
Maldonado se ahogó y punto.
“No hay dudas sobre la causa de muerte. Pero esa información requiere la
producción de datos contextuales, una relectura de cada uno de los peritajes
pueden cobrar una nueva dimensión, tener otro sentido. Falta el trabajo de
poner en diálogo las múltiples pericias con la información contextual”, explica
la antropóloga forense e investigadora Celeste Perosino, otra de las expertas
que participó de la autopsia.
El resultado científico de la autopsia, firmado por todas las personas
que intervinieron, no consoló a la familia ni a parte de la sociedad. Tampoco a
algunos sectores del periodismo, que todavía buscan respuestas dándole voz a
peritos que ni siquiera participaron de la autopsia.
La ausencia de golpes, disparos y heridas de arma blanca y la
confirmación de que Santiago murió en el lugar en el que se encontró el cuerpo
desmoronaron el imaginario construido alrededor de la imagen del militante
desaparecido por las fuerzas de seguridad.
“El problema es que se trabaja con imágenes prefabricadas de la verdad. Se
apura la construcción de sentido y se imponen determinadas construcciones que
son difíciles de constatar con la realidad. Es muy difícil revertir ese proceso
y aceptar los resultados”, sostuvo Celeste Perosino. La investigadora trabajó
durante once años en el equipo de Antropología Forense. En 2012 impulsó la
creación de la organización Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT) para
investigar las desapariciones vinculadas a este delito. Ahora, la organización
se transformó en la Colectiva de Intervención ante las Violencias (CIAV) porque
entienden que detrás de una desaparición existen diferentes formas de
violencias. “Como investigadores debemos trabajar con cautela y no clasificar
de antemano el tipo de delito: tener hipótesis múltiples y avanzar en todas,
aún cuando hay una más fuerte”, dice Perosino.
Desde que la comunidad cortó la Ruta 40, el día anterior a la
desaparición de Santiago, hasta hoy se abrieron cinco causas judiciales
alrededor del operativo. El primer expediente es contra los manifestantes. En
esa causa el juez Guido Otranto procesó a dos mapuche por un
amplio repertorio de delitos: corte de ruta, resistencia y desobediencia a la
autoridad, daños, amenazas y lesiones graves a dos gendarmes.
La cuarta causa está en Comodoro Py. A partir de la denuncia de la
legisladora porteña Myriam Bregman, el juez Daniel Rafecas investiga a
Gendarmería y al Ministerio de Seguridad por tareas de espionaje ilegal contra
la familia Maldonado y organizaciones sociales.
La última investigación judicial se inició a partir de la denuncia del
Ministerio de Seguridad de la Nación en enero de 2018 contra siete integrantes
de la comunidad y un amigo de Santiago Maldonado por “falso testimonio” por sus
declaraciones en la causa de desaparición forzada.
Una paradoja que se vuelve síntesis para mostrar el accionar del poder
judicial en este caso: de cinco expedientes que tramitan en la Justicia
Federal, con una persona muerta que el Estado no pudo encontrar durante casi
tres meses después de un violento operativo, los únicos procesados son
dos mapuche.
“Desde el comienzo la Justicia no tuvo un interés real de saber lo que
pasó. Eso se ve claramente en la actuación del juez Guido Otranto: las medidas
que tomó iban más en línea con los dictados del Ministerio de Seguridad que con
medidas urgentes para investigar lo que había ocurrido”, dice el abogado Martín
Alderete, querellante por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.
A su vez, el juez apuntó la investigación al entorno de la
víctima. Antes de ser desplazado de la causa por sus declaraciones
mediáticas, Otranto ordenó la intervención de los celulares de Sergio
Maldonado, hermano mayor de Santiago, de Claudina Pilquimán y otra mujer
vinculada a la comunidad mapuche y de Ariel Mariotto Garzi, amigo del tatuador.
Este accionar que pone a las víctimas en el lugar de sospechosos es un patrón
que se repite en otros casos de violencia institucional ocurridos en democracia.
En las causas por las desapariciones de Luciano Arruga en Buenos Aires e Iván
Torres en Chubut los investigadores pincharon los teléfonos de las familias que
buscaban a los jóvenes.
Sandra Gayol y Gabriel Kessler en su libro “Muertes que importan” (Siglo
XXI) caracterizan estas operaciones como affaires. “Los intentos de transformar
las muertes en affaires, es decir, convertir a las víctimas en victimarios o,
en todo caso, hacer que cierta sospecha sobre ellas erosione y dificulte el
proceso de victimización. De este modo, se rompe la unanimidad de la condena y
las posiciones públicas se polarizan”, dicen.
“Esos problemas al inicio de la investigación impactan en el estado
actual de la causa”, sostiene Margarita Jarque, directora de Litigio
Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria. Las querellas se
completan con el trabajo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
En los diez meses desde que el juez Lleral está al frente de la
pesquisa, ¿qué cambió? “La visibilidad y repercusión que tuvo el caso, las
movilizaciones, la solidaridad y conmoción generaron que el segundo juez sea
más cauteloso y que la investigación sea más puntillosa”, explica el abogado
Alderete.
Lleral logró establecer un diálogo con la comunidad y realizar un nuevo
rastrillaje que permitió el hallazgo del cuerpo. También planteó la
inconstitucional de la intervención de los teléfonos del entorno de la víctima
y la comunidad, tomó declaración a los buzos que participaron de los
rastrillajes y a Lucas Pilquimán, y rechazó el planteo de la fiscal Silvina
Ávila y del Ministerio de Seguridad para cambiar la carátula de “desaparición
forzada” a “muerte dudosa”.
De todos modos, las querellas creen que el juez se conformó con el
resultado de la autopsia y no avanzó en la investigación para determinar la
responsabilidad de Gendarmería en la muerte del tatuador. “Desde la autopsia
hasta ahora prácticamente no hubo avances”, dice Verónica Heredia, abogada de
la familia Maldonado.
“¿Qué dudas hay en la investigación? Todas”, pregunta y se responde
Heredia, quien exige que se conforme una comisión de expertos y expertas
internacionales que garanticen una investigación independiente, imparcial y
efectiva.
La abogada enumera los puntos que plantean huecos en la investigación:
todavía no se sabe qué pasó con el celular del joven ni con la mochila que
volvió a buscar a la casilla de guardia durante la huída; la cantidad de días
que el cuerpo estuvo en el agua; por qué apareció en una zona que ya había sido
rastrillada por los buzos de Prefectura; el contexto de militarización y de
violencia desplegado por Gendarmería; y lo más importante: qué pasó durante los
siete minutos en los que Santiago escapó desde la ruta hasta el río Chubut.
“Es un trabajo bien arduo el de construir sentido sobre la violencia que
nos atraviesa actualmente en contexto de democracia de baja intensidad”, señala
Perosino. Y traza desafíos para investigaciones judiciales que puedan cercar la
impunidad: “la violencia no es monolítica ni unidireccional. Estamos ante una
gran diversidad de violencias que no tienen mensajes único ni se pueden
investigarse con las estrategias de los ´70″.
En esta historia la investigación judicial resulta insuficiente: una de
las medidas de prueba sustanciales de una causa es la reconstrucción de los
hechos, que aún no fue realizada. Todavía falta que declaren gendarmes y mapuche.
La ciencia ya aportó lo suyo con la autopsia: solo resta un estudio que está
realizando el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sobre el DNI
que Santiago llevaba en su bolsillo, para confirmar el tiempo que estuvo
sumergido.
Después de la vorágine que produjo la autopsia, la causa se ralentizó.
Parece haber quedado en aguas tan estancas como las del río Chubut. El ritmo y devenir
que tome la investigación está en manos de Lleral y la construcción de la
verdad depende de una serie de voluntades que empiezan con él.
A un año de la desaparición de Santiago Maldonado las posiciones más
fuertes discuten en una lógica binaria: si se ahogó solo o si el cuerpo fue
plantado. Ninguna de estas dos posturas permite centrar el debate en torno al
operativo ilegal de Gendarmería, que incluyó el uso de piedras y palos, la
quema de casas, robo de pertenencias y la responsabilidad en la muerte de
Santiago a partir del despliegue de una violencia desproporcionada. ¿Por qué
alguien que le teme al agua se metió en un río helado vestido con ropas
pesadas? ¿Qué terror tan grande lo persiguió en esos siete minutos?
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