Publicado el 18-06-2019
El querellante Franco Catalini formuló este martes las réplicas a los alegatos de los represores, en el juicio de la Subzona 14 II. Reivindicó a los testigos víctimas que testimoniaron. “Soportaron 40 años de asedio",revalorizó.
“Los testigos víctimas soportaron 40 años de asedio. Son, más que nada, el fracaso del genocidio”,sostuvo este martes el abogado Franco Catalani. En nombre de las querellas, formuló la réplica a los alegatos defensivos de los represores en el juicio de la Subzona 14 II, la última palabra de parte de las víctimas que se escuchó en el debate antes del veredicto del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.
Este martes se iniciaron las réplicas y Catalani revindicó el rol de casi 200 testigos y víctimas de la represión ilegal en la provincia que desfilaron frente al tribunal durante más de un año y medio. El debate entra en su tramo final. Este miércoles hará su réplica el fiscal Leonel Gomez Barbella y, en seguida, tendrán oportunidad los defensores de responder, de hacer las dúplicas. Luego solo faltará la hora de la verdad: la sentencia que recaerá sobre los acusados en el segundo juicio a los represores pampeanos.
Catalani aglutinó las réplicas a los defensores en diez ejes temáticos, en una exposición que insumió dos horas. Rechazó la existencia de un “guerra” como justificación de la represión, que se amparen en la obediencia debida, que la provincia fuera “una isla” donde no se cometieron delitos de lesa humanidad en plena dictadura. Ratificó que en la provincia “hubo desaparecidos” y funcionaron centros clandestinos de detención.
El valor de los sobrevivientes
Catalani usó un tercio del tiempo de la réplica a rebatir el intento por deslegitimar los testimonios de las víctimas, que las defensas llevaron adelante cuando adujeron que fueron “guionados”, persiguen un fin económico o manipularon la memoria.
“Es absurdo decir que fueron guionados y que tuvieron contradicciones”, señaló en primer lugar. “Más allá de las lagunas o eventuales contradicciones en datos que son irrelevantes, lo real es que todos coincidieron, casi 200, en cuestiones absolutamente relevantes, como la modalidad de los secuestros, los maltratos, los sitios, los interrogatorios y las personas que cumplían funciones en el aparato represivo”, remarcó. Aclaró que las defensas no aportaron ni un testigo que los contradijera durante el juicio.
Sobre las reparaciones del daño causado por parte del estado, mencionó que “son un derecho”. Pero se preguntó “qué sentido tendría testimoniar en un juicio después de haberlas cobrado”. “Si ya fueron ejecutadas, eso refuerza el hecho de que los testimonios son veraces”, razonó. Además, aclaró que la mayor reparación para ellos son las medias simbólicas e inmateriales que pidieron en el alegato y, sobre todo, la sentencia que reafirme la verdad histórica en la disputa por su sentido, que los defensores de la represión ilegal no abandonan a pesar del paso del tiempo.
El abogado reivindicó entonces el ejercicio de memoria de las víctimas, que se sobrepusieron al encubrimiento y ocultamiento de los secuestros y las torturas que ensayó la dictadura militar. “No hay fuerza que pueda hacer olvidar una picana en la vagina o que pueda borrar de la psíquis la espera luego de un secuestro”, dijo.
“El terrorismo tuvo como objetivo imponer la realidad del supuesto ser nacional. Se propuso eliminar a toda persona que lo contradijera. El plan era borrar toda huella de ello. Era consumar un genocidio y que nadie se diera cuenta de ello. Las víctimas soportaron 40 años de asedio que intentó invalidar el sentido de sus experiencias”, revalorizó.
Y destacó que “el testigo víctima es, antes que nada, el fracaso del genocidio, es el reverso porfiado de los desaparecidos. Es el sobreviviente, porque vive y porque soportó el asedio durante cuarenta años. Es una página salvada de una biblioteca que fue intencionalmente quemada”.
“Su resistencia habría sido en vano si no los escucháramos. Le pedimos a los jueces que escuchen la voz de las víctimas”, concluyó.
No hubo guerra
Catalani negó la existencia de una “guerra” antes y después del golpe de estado en el país, como expusieron los defensores de los represores durante sus alegatos. “Es peligroso eso. No existió una guerra, está largamente refutado”, señaló el abogado, y aludió a los numerosos fallos que rechazan esa argumentación belicista.“Aunque hubiese una situación de violencia interna eso no justifica los métodos ilegales que se utilizaron”, remarcó el letrado.
Sobre el decreto presidencial que ordenó “aniquilar” a la subversión, una coartada recurrente de los represores a lo largo de los juicios de lesa humanidad, señaló que “es inadmisible” ya que ninguna norma constitucional autoriza a iniciar una supuesta guerra por ese medio. “Para su lógica no tenía valor el estado de derecho y las leyes, pretendía justificar el uso de la fuerza y la destrucción del enemigo”, contrastó.
Además, el querellante descartó que los represores se escuden en la obediencia debida. “En un estado de derecho, la obediencia exclusiva es a la ley, no se obedece a otra persona. Más aún cuando se trata de un funcionario del estado”, replicó. Por el contrario, afirmó que “una orden que no es legal no solo debe ser desobedecida, debe ser resistida y denunciada”.
También negó que no se haya acusado a los máximos responsables de la represión ilegal, como dijeron los defensores. En es sentido, recordó que se intentó imputar al jefe de la Subzona 14, el militar Fabio Iriart, a quien no se pudo llevar al banquillo de los acusados por su estado de salud.
No fue una isla
Por otra parte, Catalani rechazó por “falaz” la teoría de los defensores de que La Pampa fue “una isla de paz” donde “no pasaba nada” en plena dictadura. “Un componente del genocidio es el ocultamiento”, sostuvo, en referencia al negacionismo de los acusados.
Señaló la “íntima conexión” de los represores pampeanos con el resto del aparato represivo de todo el país, y en ese sentido recordó las personas que fueron fichadas en la provincia por la inteligencia represiva y después asesinadas y desaparecidas en otras ciudades del país.
Además, defendió el concepto de centros clandestinos para denominar a la Seccional Primera de Santa Rosa, por ejemplo, a pesar de ser un sitio “conocido”, como mencionaron los represores para intentar invalidar ese concepto. Catalani explicó que esa denominación obedece a que allí se ejecutaron detenciones “de forma ilegal”.
También refutó el relato del exjefe de la Policía durante la dictadura, Luis Baraldini, respecto a que no hubo desaparecidos en la provincia. “Sí hubo desaparecidos en La Pampa, porque fueron detenidos ilegalmente y cuando se preguntó por ellos, fueron negados, sus familiares no sabían dónde estaban. Eso es una desaparición forzada, más allá de que después aparezca con vida”, confrontó.
Por otra parte, fustigó a los defensores de los represores que se atrevieron a poner en duda el número de 30 mil desaparecidos, una de las banderas de los organismos de derechos humanos del país, para recordar que la búsqueda e identificación de las víctimas ni siquiera ha concluido después de cuatro décadas de la dictadura.
“Los hechos no fueron aislados, se ejecutaron en el marco del estado terrorista que se implantó en aquella época en el país. El designio era eliminar las personas sindicadas como subversivas, por sus actividades ideológicas, militancia política, social o gremial”, completó.
El rol del médico
Catalani tuvo un párrafo aparte para reafirmar el rol que asumió el exmédico policial acusado en el juicio, Máximo Pérez Oneto. “En un centro de detención legal los médicos están para certificar la salud, para que no le puedan endilgar al centro una responsabilidad que no tiene”, señaló. Y explicó que en un centro de detención “ilegal” el facultativo cumplió “la misma función, mantener con vida al detenido para ver si se le pueden sacar más información”.
“Los médicos cumplían ese rol, se dedicaban a monitorear la salud de la víctima para ver hasta dónde podía ser exigido física y síquicamente”, acotó.
Prescripción
En parte de su réplica, Catalani defendió la forma en la que actuó la justicia federal y la validez de los juicios en curso. Además, rechazó el pedido de prescripción de los delitos que hicieron algunas de las defensas. “Fue el estado el que cometió los crímenes y el que intentó ocultar todo. Argumentar que tardó mucho en juzgar, nos parece un argumento insidioso”, contrapuso.
Los alegatos
En los alegatos del juicio las defensas ya pidieron absoluciones. Y la fiscalía y las querellas duras condenas. El fiscal solicitó las máximas penas previstas por las normas. Reclamó al tribunal la revocación de las prisiones domiciliarias y que las penas se cumplan en cárcel común. Pidió una condena de 25 años de prisión para el exjefe de la Policía de La Pampa durante la dictadura, Luis Enrique Baraldini. Y la misma pena para el médico Máximo Pérez Oneto, que controlaba las sesiones de tortura de las víctimas, y para el exmilitar Néstor Greppi, que era secretario general de la Gobernación del gobierno de facto.
Además, la Fiscalía solicitó 22 años para los represores Oscar Yorio, Néstor Cenizo, Atos Retha y Carlos Reinhart. Para Oscar “Miseria” López y Juan Domingo Gatica pidió 20 años de prisión. También requirió 18 años de castigo para el represor Hugo Marenchino, 14 para Jorge Quinteros, 12 para Luis Horacio Lucero y 10 para Orlando Osmar Pérez y Miguel Ángel Ochoa.
En el segundo juicio a los represores pampeanos quedaron catorce represores en el banquillo de los acusados. En el transcurso del debate quedó fuera del juicio por razones de salud el excomisario Roberto Fiorucci, que ya fue condenado en el juicio de 2010. Salvo el expolicía Reinhart -aún cumple la primera condena-, el resto de los acusados está en libertad o con prisión domiciliaria.
El tribunal está integrado por los jueces Pablo Díaz Lacava, José Tripputi y Marcos Aguerrido. Este es el segundo juicio a los represores pampeanos. En 2010 se llevó a cabo el primer debate, aunque solo contempló a 28 víctimas. Desde agosto del año pasado se está llevando adelante el segundo juicio por 234 víctimas.También se prevé un tercer juicio. Hay varios procesados en el expediente que lleva adelante el Juzgado Federal. Involucrará a víctimas que quedaron fuera de los dos juicios previos y también se juzgarán los delitos sexuales perpetrados durante las detenciones clandestinas en plena dictadura.
También se prevé un tercer juicio. Hay varios procesados en el expediente que lleva adelante el Juzgado Federal. Involucrará a víctimas que quedaron fuera de los dos juicios previos y también se juzgarán los delitos sexuales perpetrados durante las detenciones clandestinas en plena dictadura.
Fuente: La PampaDiario
Fuente: La PampaDiario
TRAMO FINAL EN EL JUICIO SUBZONA 1.4 II: “EN LA PAMPA HUBO DESAPARECIDOS”
18/06/2019
Este martes dio inicio la primera audiencia de la etapa de las Réplicas que las querellas hacen sobre los alegatos de las defensas de los represores y la Defensa Pública, en el juicio Subzona 1.4 segunda etapa.
El abogado querellante Franco Catalani fue el encargado de realizar la exposición que fue dividida en varias etapas, atendiendo a cada uno de los supuestos planteados por las defensas de los imputados.
No fue una guerra; hubo desaparecidos; La Pampa no fue una isla; quedó comprobado la existencia de centros clandestinos de detención; y la represión ilegal llevada a cabo fue parte de un plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio, que se desplegó en todo el territorio nacional, fueron algunos de los puntos más importantes de la exposición.
En el cuarto intermedio, el exjefe de Policía, Luis Enrique Baraldini, se descompuso y debió ser atendido por el servicio médico de emergencia.
El miércoles 19 por la mañana será el turno de la réplica del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Leonel Gómez Barbella, y en dos semanas hará lo propio la defensa. Una vez terminada esta etapa habrá una larga pausa que tendrá como corolario la lectura de la sentencia contra los represores por parte del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa. Se estima que se extenderá hasta finales de agosto.
En principio, Catalani se refirió a argumento planteado sobre la existencia de una guerra y fue tajante: «tal guerra no existió”, dijo y expuso los fallos y resoluciones de la justicia argentina y órganos internacionales que echan por tierra esta hipótesis.
“Aunque se hubiera evidenciado una situación de guerra interna, no hubiera justificado los métodos que se utilizaron” para combatir a las organizaciones armadas, dijo en referencia a lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre el concepto de guerra basado en el convenio de ginebra que establece la protección de las personas.
“Ninguna regla escrita o consuetudinaria autoriza a desarrollar una guerra fuera de toda normatividad”, recordó al citar el decreto dirigido al “exterminio” de las personas.
Catalani dijo además que la “supuesta lógica de la guerra se refuta así misma por otros hechos” y citó que “Videla cuando visitó la Escuela de las Américas dijo que la guerrilla estaba completamente aniquilada” y recordó que “tales no existieron en nuestra provincia”. Sobre esto expresó que la Defensa de los represores se había referido en su exposición a los alzamientos militares luego de la recuperación de la democracia, como parte de “toda una interpretación belicista” que forma parte de un corpus ideológico que las Fuerzas Armadas sintetizaron en el concepto de “guerra sucia” y que versa sobre la “destrucción del enemigo” y que se desplegó con plena intensidad durante todos los genocidios que se han cometido en las dictaduras que se desarrollaron a partir de la modernidad.
“Argumentaron la vigencia del código militar para argumentar sobre la interpretación de los hechos que se juzgan en este proceso. Esto es esgrimir una causa de justificación, que no está prevista en el código penal y que ya argumentamos en la causa 13”, continuó.
En ese pasaje, se refirió a 3 argumentos esenciales para desmentir la justificación de los crímenes que se cometieron, y citó: “En un Estado de Derecho la única obediencia de todo ciudadano es a la ley, de ahí que no deberían regir los espíritus corporativos más allá de la ley. Este principio de legalidad es mucho más exigente cuando se trata de un funcionario del Estado. Están obligados a hacer exclusivamente lo que la ley manda y no otra cosa. Por eso una orden que no es legal no solo debe ser resistida, sino también denunciada”, dijo sobre el principal argumento que refuta la obediencia debida.
Además, reafirmó que los juicios de lesa siempre buscaron el juzgamiento de los máximos responsables de los delitos contra los derechos humanos, y recordó que el cnel. Fabio Iriart, máximo responsable de la Subzona 1.4 no pudo ser juzgado por diversas razones, entre ellas la interposición de un problema de salud.
“Todo este eje argumental de la guerra en la cual se inscriben todas estas ramificaciones, entre las que encontramos la obediencia debida, también es necesario
“Le solicitamos al TOF que rechazo todos estos argumentos”, como han exigido históricamente los organismos de derechos humanos.
La Pampa una “Isla de Paz”
El genocidio tiene no solo en su fin la desaparición de personas sino también “su ocultamiento”.
Una de las cosas que se demostraron durante los procesos judiciales fue la existencia y funcionamiento de Centros clandestinos de detención de personas en territorio provincial.
“Hubo desaparecidos en La Pampa. Porque fueron secuestrados de manera ilegal y luego cuando fueron requeridos fueron negados. Negaron que estuvieran en un centro de detención u otro”, agregó.
30.000 desaparecidos
Catalani dijo que esto no era objeto de debate durante el proceso pero que la información calificada y citó los fallos que desmienten la falacia del argumento “negacionista”.
A su vez, planteó que el concepto de “genocidio no se configura por la cantidad de personas”, y que “bajo la figura fraudulenta del desaparecido, del abatido en fuga, etc, mecanismos que se utilizan hasta el día de hoy, se buscó ocultar” los crímenes que se llevaron a cabo con el Terrorismo de Estado.
“Parte fundamental del Terrorismo de Estado fue la eliminación sistemática de datos de las personas muertas y desaparecidas”, dijo Catalani y agregó que “no se pueden seguir negando estos hechos”.
En este pasaje, también dijo que “la Defensa de Ochoa, Lucero y Quinteros sostuvieron que los hechos fueron aislados” y argumentó que “esto no fue así, sino la interpretación que estos hicieron de esos hechos”.
Y reafirmó que el objetivo del proceso de reorganización nacional era la eliminación de las personas que fueron marcadas como “peligrosas” por su ideología.
Pérez Oneto
La querella también explicó el porqué del pedido de pena contra el médico Máximo Pérez Oneto.
La pregunta de la existencia de un médico en un Centro clandestino de detención, tenía como fin monitorear la salud de la víctima para saber hasta dónde podía aguantar la salud física y psíquica de la persona que era torturada. “La responsabilidad y la función que allí desempeñaba era igual o similar a la del resto (fuerza policial)”, dijo.
Otro de los ejes sobre los cuales se basó la réplica de la Querella tiene que ver con el pedido de extemporaneidad de los procesamientos a los represores.
Testimonios: testigo víctima, testigo único.
También, hizo hincapié en los “descréditos” de los abogados defensores de los represores contra las víctimas y testigos del proceso.
“Impugnaron sus testimonios alegando que fueron informados con anterioridad que era lo que tenían que decir, que carecía de valor. Otros que perseguían un fin económico, alguno hizo un cálculo sobre los millones de dólares que les fueron entregados (reparación del Estado). Es absurdo y más allá de las lagunas o posibles contradicciones que pudieran haber tenido los testigos coincidieron en cuanto a las torturas, los sitios de aislamiento, las personas que ejecutaron estas acciones”, explicó.
Además, señaló que las defensas apostaron a la “contradicción” en testimonios “pero no fueron capaces de aportar ninguna prueba o testimonio que desmintiera esto”.
Reparaciones
Sobre las reparaciones, dijo que “el argumento en sí mismo pretende deslegitimar el ejercicio de un derecho” y que “al mismo tiempo si las reparaciones fueron ya ejecutadas, que objetivo tendría venir a dar un testimonio al juicio después de haber cobrado. Entonces no tiene otro sentido que venir a exponer su verdad”.
“La memoria puede fallar, pero nada de eso ha sucedido y nada ha podido ser probado. Solo se trató de un argumento de una “conspiración” contra sus defendidos”, dijo Catalani.
“No hay muestra que pueda borrar de la psiquis de estas personas el secuestro, la espera de la tortura o la muerte inminente”, expresó.
El abogado hizo hincapié en el ejercicio del derecho a la memoria de las víctimas y testigos en contraposición de “el genocidio planificado que se encargó sistemáticamente del ocultamiento o eliminación de toda prueba”.
Por esto – dijo Catalani – “queremos revalorizar el aporte de víctimas por tener el valor de testimoniar en estos juicios”, resaltó que la figura del desaparecido reafirma la concepción del genocidio puesto que “se elimina el concepto de sujeto y su sentido del mundo”, y que el negacionismo o justificacionismo, son la continuidad de ese genocidio.
“Por eso para las querellas creen que la sentencia será una forma fundamental de reparación para las víctimas que han sido parte de este juicio”, dijo Catalani y a recordó que ninguna de las defensas se opuso a las reparaciones inmateriales exigidas por las querellas.
“El testigo que sobrevive es una página salvada de una biblioteca que fue intencionalmente quemada”, fue una de las frases que resonó en la sala de audiencia en el pedido de escucha al testimonio de las víctimas que hizo la querella al Tribunal Oral Federal de Santa Rosa.
Fuente:PLanB/
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