Ghioldi: “No vamos a acatar ningún desalojo”
Por Juane Basso
06/07/2019
La Toma es un hervidero, una cocina de organización popular. Al flujo cotidiano de “clientes” que circulan por el mercado de la Ctep, el bar o el comedor universitario, al ir y venir de quienes integran las más de cincuenta entidades que tiene sede en el lugar, se suman convocatorias diarias para gestar las grandes movilizaciones de la ciudad. Arriba o abajo, adelante o en el fondo, enormes asambleas debaten los pormenores de la marcha del 24 de marzo o Ni Una Menos, decenas de referentes sindicales discuten un nuevo acto contra el ajuste macrista o cientos de pibes y pibas preparan una movida contra los recortes en la Educación. “El único que no puede ingresar es aquel que haga apología del terrorismo de Estado o negacionismo del genocidio. Salvo ese límite, cualquiera puede venir o autoconvocarse”, explica Carlos Ghioldi, cara visible de la Cooperativa de Trabajadores Solidarios en Lucha, que mantiene abierto el espacio desde hace 18 años.
“Esta lucha ya tiene mayoría de edad. Comenzó con el reclamo por los puestos de trabajo, desde 2001 en adelante. Soportamos numerosos intentos de desalojo que recién fueron frenados a partir de una primera ley de expropiación de los años 2003-2004. Pero esas leyes cayeron en un laberinto de ser consideradas inconstitucionales. Sectores del Poder Judicial la declararon inconstitucional y mantienen el pedido de desalojo en vigencia”, cuenta Ghioldi antes del masivo acto de apoyo que tuvo lugar el pasado miércoles.
El dirigente denuncia que los “buitres locales” o “caranchos” intimaron a la Justicia para que liquide el edificio (ubicado en Tucumán 1349) del quebrado ex supermercado Tigre, fundido por el empresario Francisco Regunaschi en plena noche neoliberal y “puesto al servicio de las organizaciones populares” por sus trabajadores durante todo este tiempo.
“En 2008 obtuvimos a una segunda ley de expropiación que también tuvo el mismo camino de ser declarada inconstitucional”, contextualiza Ghioldi en diálogo con este medio, para luego añadir: “Y en 2015, en diciembre para ser más exactos, se fija una audiencia para exigir el desalojo del lugar. No creemos que haya ninguna casualidad que haya sido en esa fecha”. “No creemos en las casualidades, sino que entendemos que hay contextos políticos de hostilidad hacia esta experiencia de lucha de los trabajadores”, remarcó.
La “apropiación” de La Toma por parte de organizaciones sociales, cooperativas, gremiales, estudiantiles, de derechos humanos y políticas de las más diversas extracciones es una de las particularidades del espacio autogestionado. Una pluralidad que se expresó en la potente movilización del miércoles pasado. “Lo hemos puesto al servicio del conjunto del movimiento popular. Tratamos en lo posible de no jerarquizar el lucro sino más bien la fraternidad y la solidaridad. Hay más de cincuenta organizaciones funcionando regularmente”, subraya Ghioldi.
—¿Quiénes piden el desalojo?—Son los poseedores nominales de los papeles de una hipoteca residual impaga en 1993. Se trata de una especie de basura bancaria. Es una hipoteca pedida a un banco. Se quebró a las 24 horas de pedida esa hipoteca y nunca se pagó. Esto hizo el empresario en 1993. Eso pasó a un banco, después a otro y después a otro, que sucesivamente fueron quebrando y termina en un fondo de inversión que se llama Servicio de Depósitos Sociedad Anónima (Sedesa), que son los que hurgueteando en la basura bancaria encuentran esto y ahora piden el desalojo, que vienen pidiendo algunos años.
—Una especie de buitres locales, o caranchos…—La palabra buitre está bien puesta. También va la palabra carancho o la palabra carroña. Los buitres son más para los papeles de los países, esto sería más del chiquitaje, son fondos chimangos. Pero el tema es que estos tipos, desde Puerto Madera en su oficina piden el desalojo. En marzo de 2016 el juez que tiene hoy la titularidad de la quiebra, porque la jueza original escaló posiciones y ahora es camarista..El juez, ante la movilización que hay en 2016, abre una ronda de negociaciones. En esa ronda de negociaciones, participamos con los trabajadores junto con el Estado, que está ocupando el lugar. Porque el Estado municipal y provincial tienen dependencias en La Toma.
—¿No se pudo llegar a ningún acuerdo con esta gente?—Ahí se abre una mesa de negociación donde la propuesta que adoptamos, de nuestro abogado Juan Lewis (ex Ministro de Justicia de Santa Fe), es que si esto no tiene salida, porque ya se sancionaron leyes de expropiación que luego son declaradas inconstitucionales y porque el desalojo no se revocó, entonces la única salida es que el Estado compre la hipoteca y se termine el litigio. Nosotros adoptamos eso y el gobernador Miguel Lifschitz lo toma como propio. Se abre una negociación donde incluso el abogado de estos fondos se mostró a favor. Pero luego viajó a Buenos Aires a rubricar el acuerdo y ahí volvió con los tapones de punta, con el planteo de que «no se rubrica nada, no se arregla nada». A partir de ahí nosotros presentamos proyectos de ley que salieron votados por unanimidad en el Concejo Municipal de Rosario, en la Cámara de Diputados de Santa Fe, que declaran de interés parlamentario la propuesta de comprar la hipoteca.
—¿Por qué creen que se activa ahora el pedido de desalojo?—No creemos que sea casual. Es una especie de chantaje ante la asunción de nuevas autoridades. Ante esas circunstancias redoblamos nuestra resistencia. Hace 18 años que estamos ahí con las organizaciones populares. Ni aunque estuviésemos cansados podemos defeccionar e irnos de ese lugar. Por eso fue que convocamos a todas las organizaciones a este gran acto para que nos apoyen en nuestra manifestación de que no nos vamos a ir de este lugar, que no vamos a acatar ningún desalojo y que creemos que hay que solucionar esto en base a esa propuesta de compra de la hipoteca, terminar este litigio, y entregarle el lugar a un consorcio entre el Estado, los trabajadores y las organizaciones que estamos ahí adentro. Esa es nuestra propuesta definitiva.
—¿Qué tipo de actividades se desarrollan en la actualidad en La Toma?—Está desde la galería de arte La Toma, que es de la Facultad de Humanidades y Artes, el Comedor Universitario del área centro de la Universidad Nacional de Rosario, la Secretaría de Capacitación Laboral de la Subsecretaría de Diversidad de la Provincia de Santa Fe, las cooperativas de la Dirección de Salud Mental de todo el programa de desmanicomialización, hasta cooperativas particulares como Taller Costa, Dale que va, Las Safinas, la Radio Frida, La Mesa Coordinadora de Jubilados, el Mercado Popular y la Ctep, La Comunidad Mapuche Urbana, la APDH, Familiares de Desaparecidos, el Espacio Juicio y Castigo. Desde el Centro de Formación Marxista, hasta el Centro Peronista de Descamisados.
El lugar es plural y abierto a todas las organizaciones populares, el único que no puede ingresar ahí es aquel que haga apología del terrorismo de Estado o negacionismo del genocidio. Salvo ese límite cualquier organización puede venir, o autoconvocarse, como hacen tantos, como la Federación de Estudiantes Secundarios por dar un ejemplo.
—¿Cómo pensás que seguirá el conflicto de acá en adelante?—Para nosotros es un destino ineludible defender ese lugar, porque ha sido la solidaridad del pueblo el que lo ha constituido y es una obligación ética ante ese compromiso, responder con la responsabilidad de defenderlo. De acá no nos movemos, no vamos a acatar ningún desalojo.
El megaproyecto inmobiliario del centro no arranca este año
Pese a la aprobación, el empresario a cargo de la obra no ve viable comenzar por el momento.
Por Lucas Ameriso
Domingo 07 de Julio de 2019
Si bien la ejecución del megaproyecto inmobiliario en la zona de Corrientes y Córdoba se aprobó el jueves en el Concejo Municipal, el empresario que desarrollará la obra, Aldo Lattuca, indicó que todavía no hay fecha estimada para iniciar las obras ya que esperarán aque pasen las elecciones y que el escenario económico del país quede más claro.
“Tenemos intacta la voluntad de hacer obras. Haremos las modificaciones que estimemos convenientes y apostamos a poner a Rosario en el concierto de las ciudades que han recuperado satisfactoriamente la centralidad con obras de vanguardia”, le dijo a La Capital el empresario Aldo Lattuca, desarrollador del complejo edilicio proyectado en el Paseo del Siglo.
Tras una reñida votación y un acalorado debate de 5 horas, el Concejo aprobó el jueves el proyecto para la construcción de torres de oficinas y viviendas en el área central.
Fueron 15 votos afirmativos y 10 negativos que dividieron las aguas entre quienes se negaron a “seguir haciendo ricos a los más ricos y producir una pared de sombras hacia el entorno” y quienes avalaron la iniciativa, argumentando que “se promueve la densificación del centro, con uso residencial y se generan 500 puestos de trabajo directos”.
Luego de la decisión que resultó del voto dividido de los ediles, Lattuca dialogó con este diario. “Realmente son modificaciones importantes. Primero habrá que volver a reproyectar todo en arquitectura y despues coordinar la reingeniería del proyecto y los nuevos cálculos estructurales. Va a llevar bastante tiempo”, aclaró el empresario.
El plan de detalle para la manzana 125, aprobada por el cuerpo deliberativo, fijó la altura del edificio por levantarse sobre calle Corrientes en 70 metros; permite un paseo peatonal de uso público que vincule las calles Rioja, Corrientes y Paraguay en un entorno compuesto por terrazas verdes y paseos comerciales.
Para el edificio de calle Rioja la altura será igual a la del edificio lindero, una suerte de completamiento constructivo; mientras que para calle Paraguay se fija una altura de 66 metros.
En cuanto a las compensaciones en esta área de reserva se estimó que para el Estado llegarán entre 55 y 60 millones de pesos actualizables, y respecto a los plazos se fijan doce meses para la presentación del proyecto urbanístico definitivo, dos años para el inicio de las obras y doce años para la finalización de la obra.
Los planos estuvieron 24 meses en debate con diversas secretarías del Ejecutivo y unos 20 meses en el Palacio Vasallo.
Esperando las elecciones
En todo ese tiempo, el escenario de la Argentina cambió radicalmente desde los inicios de la discusión administrativa y la actual coyuntura. “A la luz de esto esperaremos que se normalicen y estabilicen las variables económicas después de la contienda electoral”, auguró Lattuca, para enfatizar: “Este año no va a ser seguro”.
El desarrollador ahondó sobre este cambio en las condiciones de inversión para el megaproyecto. “En 2015 cuando presentamos el proyecto el país era otro. Ahora, reflexiva y responsablemente, iremos desandando un nuevo camino”, adelantó.
De todos modos, algo tiene en claro el emprededor rosarino quien ya desarrolló proyecto inmobiliarios de alta gama en la costa central y en Puerto Norte. En la actualidad, el grupo que encabeza Lattuca tiene en ejecución proyectos residenciales en Italia 247 y Corrientes 240, que surgieron a la espera de la manzana 125.
Sobre los plazos de todo el trámite ante el municipio, Lattuca concluyó: “Son más de 10 años de espera y estos últimos cuatro de negociación para que por fin nuestra tierra tenga indicadores urbanos como los de cualquier otro propietario”.
Fuente:LaCapital
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