Resumen Latinoamericano*, 15 julio 2019.-
Hoy vence el plazo para que la Justicia Electoral les entregue a los partidos políticos el código fuente que les permita fiscalizar el nuevo sistema contratado por el Ejecutivo. Pero, según el comunicado oficial, no está disponible, pese a que costó 1.200.000 dólares, cinco veces el valor de mercado.
Hasta la última elección en 2017, al cerrar la mesa electoral, el presidente solía armar dos instrumentos de conteo que entregaba al empleado del correo para garantizar el escrutinio definitivo y provisorio de los votos emitidos por la población argentina: el bolsil y el telegrama, respectivamente. Pero desde esta elección será distinto.
A fines de 2018, Correo Argentino convocó a “presentar ofertas para la prestación de un servicio de recuento provisional de resultados para el proceso electoral nacional 2019”. Y en tiempo récord le adjudicó el servicio a Smartmatic, una empresa venezolana que llegó al país en 2015 y fue cuestionada y denunciada en reiteradas oportunidades por la vulnerabilidad de sus sistemas.
“El cambio que se implementó, que el Ejecutivo decidió unilateralmente, si uno lo analiza es positivo. La idea de dejar de mandar telegramas en papel hasta el correo para que desde allí se transmitan y hacer, en cambio, una transmisión directamente desde la escuela es algo sobre lo que yo en 2016 o 2017 ya escribía. Eso, además de agilizar el escrutinio, aumenta la transparencia”, explica Javier Smaldone, técnico informático, en diálogo con Canal Abierto.
"@smartmatic no entregará el código fuente, porque es un diseño privado y hay un problema de patentamiento". Todo muy transparente, @mauriciomacri. Felicitaciones. tiempoar.com.ar/nota/la-oposic…
Pero, desde su cuenta de Twitter, Smaldone fue rotundo sobre uno de los aspectos negativos más saliente del cambio: “Pagamos US$1.200.000 a @smartmatic por un software de escaneo y transmisión de telegramas (que además está mal diseñado), pero el código fuente es de ellos. Todo muy lindo, muy transparente y coso”.
El reclamo del técnico abarca varios puntos. Por un lado, el pago desproporcionado a la empresa desarrolladora: “Nada que tenga que ver con sistemas electorales es sencillo, hay un montón de consideraciones de seguridad, un montón de cosas que hay que hacer bien y no cualquiera puede hacerlas, pero por poner un número enorme estamos hablando de 250.000 dólares”.
Pero hay más. “Según la versión oficial del Ministerio del Interior, no se les puede dar el código fuente para auditar a los partidos políticos porque es de Smartmatic. Es decir que lo pagaron cinco veces más y ni siquiera lo compraron, sino que lo alquilaron”, detalla el experto.
Las diferencias entre comprar un software (copyright) y su licencia de uso no exclusivo –lo que pagó el Estado- no son menores. La licencia de uso sólo permite ejecutar el software, y bajo las condiciones que impone el desarrollador, en este caso Smartmatic. “Lo que no podés hacer es auditarlo: ver si está bien hecho, si tiene algún error, algún problema de seguridad, si tiene alguna puerta trasera que permita que alguien lo manipule. Tampoco podés modificarlo. Esto roza lo ilegalidad”, agrega Smaldone.
El marco ilegal radica en la violación de la Acordada Extaordinaria Nº 3 de 2017 de la Cámara Electoral que establece que “el programa de escrutinio provisorio, incluyendo sus códigos fuente, y los demás componentes de software que eventualmente estuviesen involucrados en los procedimientos de digitalización, transmisión, carga, totalización y difusión de resultados provisorios, deberán ponerse a disposición de las agrupaciones políticas que participen en los comicios con la mayor antelación posible y al menos treinta (30) días antes de la fecha del acto electoral”. Pero el código fuente, que permitiría auditarlo, no está. Este viernes 12 vence el plazo para que se presente, lo que habilitaría a los partidos políticos a reclamar a partir del sábado.
Otro de los aspectos conflictivos de la contratación de Smartmatic es que también será la empresa encargada de recibir y procesar los telegramas, tarea que históricamente realizó la española Indra.
Lo hará en las instalaciones físicas de Correo Argentino de Monte Grande y Barracas, donde operadores contratados por la misma empresa cargarán los telegramas. Así, el Estado pondrá la locación, además de pagar una cifra millonaria por el servicio.
“Es un despropósito lo que se paga y también lo que se contrata. Y que la empresa que pone el software que recibe y procesa, bastante simple de hacer, más un ejército de unos 2.000 operadores que hacen la carga de los datos, que son generalmente pibes precarizados contratados a través de consultoras de Recursos Humanos vía web y pagados por el día, cobre otros 17 millones de dólares por eso. Amén de lo que cueste, ¿hace falta contratar una empresa privada para que haga eso? ¿Por qué no puede hacerlo el Estado con sus propios desarrolladores?”, se pregunta Smaldone.
En tanto, el nuevo sistema -que falló en el ejercicio de prueba realizado hace unos días- se implementará, sin capacidad de auditoría ni antecedente alguno, al mismo tiempo y en todo el territorio nacional el próximo 11 de agosto. Durante nada menos que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de una elección presidencial…
*Fuente: Canal Abierto. Foto: Francisco Guillen
Carta de Fearab a Macri y a la Cancillería por el tema de declarar «terrorista» a Hezbolah
Resumen Latinoamericano, 15 julio 2019
Poder Ejecutivo de la República Argentina Sr. Presidente de la Nación
Ing. Mauricio Macri
La Confederación de Entidades Argentino Árabes, Fearab Argentina, presenta sus atentos saludos al Sr. Presidente de la Nación y se comunica con motivo de transmitir al Sr. Presidente la profunda preocupación y consternación de las instituciones e integrantes de la Colectividad Argentino Árabe -mayoritariamente sirio libanesa- de nuestro país, ante recientes trascendidos mediáticos que tocan la más profunda sensibilidad de nuestro centenario colectivo comunitario.
Se trata de las informaciones basadas en declaraciones vuestras, así como de vuestro compañero de fórmula para las inminentes elecciones, el senador Miguel Ángel Pichetto; del jefe de Gabinete Marcos Peña y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Las mismas dan cuenta de una preocupante medida a ser implementada por la vía del decreto presidencial para declarar al partido político libanés Hezbollah como “agrupación terrorista”, so pretexto de enmarcarse en los normales esfuerzos de todo Estado soberano por reducir los riesgos de seguridad para sus ciudadanos.
Ante lo mencionado y desde nuestra condición de institución madre que representa a lo largo y ancho del país a más de 350 entidades de una colectividad conformada por ciudadanos argentinos de tercera, cuarta y quinta generación de descendientes de inmigrantes; deseamos transmitirle nuestro profundo pesar y consternación por los graves y nocivos efectos diplomáticos, de seguridad y políticos que la aplicación de tal medida implicaría:
- Contravendría la histórica postura de imparcialidad de la República Argentina en materia diplomática, así como su tradicional apego al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, que prohíben toda injerencia externa en asuntos de los estados soberanos.
- Afectaría la posición argentina en el marco de las históricas, respetuosas y solidarias relaciones bilaterales argentino-libanesas que datan del nacimiento mismo del moderno Estado libanés, hace ya 76 años.A diferencia de grupos extremistas internacionalmente reconocidos como Al Qaeda, ISIS o Frente Al Nusra, que parecen no preocupar a esta iniciativa, el movimiento político libanés Hezbollah es un partido político oficial con actual participación en el Gobierno de la República del Líbano, que encabeza el presidente Michel Aoun, así como con una presencia de 13 bancas de las 128 del Parlamento de dicha nación levantina.
- Marcaría un poco deseable sendero de parcialidad en uno de los principales y más complejos conflictos internacionales como lo es el que aqueja al Cercano Oriente árabe y el llamado Medio Oriente ampliado; importando a su vez así, a nuestro país, temáticas de un conflicto externo que no le son propias.
- Asimismo, la decisión de un tan claro posicionamiento argentino bajo las agendas y presiones de los Estados Unidos de América y el Estado de Israel, llevada adelante mediante un decreto y no a través del lógico y necesario debate en el ámbito natural que es el Poder Legislativo, significaría un paso en el debilitamiento tanto del proceso democrático de la República Argentina, como de la fundamental independencia soberana de nuestro país en la toma de decisiones en materia de política exterior.
- En el ámbito doméstico y ciudadano, la informada e inminente creación del llamado Registro Nacional de Personas y Organizaciones Sospechosas de Terrorismo (RENAPOST), orientado en la práctica exclusivamente a lo relativo al mencionado partido político libanés, abriría las puertas a nuevas manifestaciones de injustificada persecución por parte de los aparatos de seguridad nacionales, sobre honorables miembros de nuestra colectividad, como ya ha sucedido recientemente con dos tristes episodios en el marco de la visita del G20 en noviembre de 2018, por no mencionar otros casos anteriores de menor intensidad pero igualmente preocupantes.
Sr. Presidente,
Con gran inquietud advertimos el tenso marco político internacional y la elección del momento en que surge este “proyecto”, en el marco de los actos por el 25o aniversario de la voladura de la sede de la mutual de la Comunidad Judía, AMIA, y la visita del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo a nuestro país.
Como argentinos, repudiamos el aberrante ataque del que consideramos fue víctima la sociedad en su conjunto de la que formamos parte, a la vez que, como ya hemos hecho en infinidad de oportunidades en el pasado, reiteramos nuestra incondicional solidaridad con los familiares de las 85 víctimas inocentes que perdieron la vida; así como reiteramos nuestro pedido de un necesario esclarecimiento con justicia; cuya triste dilación no ha hecho más que daño a toda la ciudadanía argentina.
A su vez, en el caso de nuestra colectividad, la falta de solución jurídica de ese nefasto suceso, nos ha llevado a soportar desde hace 25 años toda serie de injustas acciones persecutorias e infundadas sospechas sobre el buen nombre y honor de muchos argentinos de origen sirio y libanés integrantes de un importante sector de la misma; todo ello en el marco de fantasiosas creaciones político-mediáticas o pseudo-policiales tales como los tristemente célebres conceptos de “pista siria” o “pista iraní”.
En ese marco, nuevamente nos preocupa la intención de dotar al Estado nacional de herramientas que propicien la reincidencia en prácticas como las mencionadas, que no se condicen con el estado de derecho de una sociedad democrática y solo logran insertar en el seno de la sociedad innecesarios, nocivos y evitables gérmenes de odio y discriminación entre hermanos connacionales.
Sr. Presidente,
Como ciudadanos argentinos, nos preocupa sobremanera la intención de imponer la medida decretal en el marco de un abierto y declarado alineamiento del Poder Ejecutivo nacional con intereses externos.
Observamos con tristeza el impulso de decisiones como la que nos convoca, las cuales lejos de responder a los intereses de nuestro pueblo, no buscan más que seguir ciegamente las agendas exteriores de los poderes gobernantes en Washington y Tel Aviv, y a su vez emular las ya tradicionales costumbres de dichos estados de vulnerar impunemente la legalidad internacional, como pueden atestiguar los pueblos de Palestina, Siria, Líbano o Irak.
Finalmente, solicitamos respetuosamente a nuestro Presidente, máxima autoridad del Poder Ejecutivo y depositario de los destinos de nuestro país, que en atención a nuestra voz, de lugar a la revisión y anulación de una medida decretal que lejos de beneficiar a la Argentina, representará una potencial fuente de daño para el tejido social nacional.
Sin otro particular, saludamos a Ud. con nuestra más alta estima y consideración.
Lic. Tamara Lalli Arq. Susana Iskandar Yedid
Sec. de Acción Política Vice Presidente 1o a cargo de la Presidencia
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Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Secretaría de Relaciones Exteriores / Subsecretaría de Política Exterior Dirección de África y Medio Oriente (DAFMO)
Sr. Director: Embajador Ricardo Larriera
La Confederación de Entidades Argentino Árabes, Fearab Argentina, presenta sus atentos saludos al Sr. Director y se comunica con motivo de transmitir la profunda preocupación y consternación de las instituciones e integrantes de la Colectividad Argentino Árabe -mayoritariamente sirio libanesa- de nuestro país, ante recientes trascendidos mediáticos que tocan la más profunda sensibilidad de nuestro centenario colectivo comunitario.
Se trata de las informaciones basadas en declaraciones del Sr. Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, su compañero de fórmula para las inminentes elecciones, el senador Miguel Ángel Pichetto, el jefe de Gabinete Marcos Peña y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Las mismas dan cuenta de una preocupante medida a ser implementada por la vía del decreto presidencial para declarar al partido político libanés Hezbollah como “agrupación terrorista”, so pretexto de enmarcarse en los normales esfuerzos de todo Estado soberano por reducir los riesgos de seguridad para sus ciudadanos.
Ante lo mencionado y desde nuestra condición de institución madre que representa a lo largo y ancho del país a más de 350 entidades de una colectividad conformada por ciudadanos argentinos de tercera, cuarta y quinta generación de descendientes de inmigrantes; deseamos transmitirle nuestro profundo pesar y consternación por los graves y nocivos efectos diplomáticos, de seguridad y políticos que la aplicación de tal medida implicaría:
- Contravendría la histórica postura de imparcialidad de la República Argentina en materia diplomática, así como su tradicional apego al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, que prohíben toda injerencia externa en asuntos de los estados soberanos.
- Afectaría la posición argentina en el marco de las históricas, respetuosas y solidarias relaciones bilaterales argentino-libanesas que datan del nacimiento mismo del moderno Estado libanés, hace ya 76 años.A diferencia de grupos extremistas internacionalmente reconocidos como Al Qaeda, ISIS o Frente Al Nusra, que parecen no preocupar a esta iniciativa, el movimiento político libanés Hezbollah es un partido político oficial con actual participación en el Gobierno de la República del Líbano, que encabeza el presidente Michel Aoun, así como con una presencia de 13 bancas de las 128 del Parlamento de dicha nación levantina.
- Marcaría un poco deseable sendero de parcialidad en uno de los principales y más complejos conflictos internacionales como lo es el que aqueja al Cercano Oriente árabe y el llamado Medio Oriente ampliado; importando a su vez así, a nuestro país, temáticas de un conflicto externo que no le son propias.
- Asimismo, la decisión de un tan claro posicionamiento argentino bajo las agendas y presiones de los Estados Unidos de América y el Estado de Israel, llevada adelante mediante un decreto y no a través del lógico y necesario debate en el ámbito natural que es el Poder Legislativo, significaría un paso en el debilitamiento tanto del proceso democrático de la República Argentina, como de la fundamental independencia soberana de nuestro país en la toma de decisiones en materia de política exterior.
- En el ámbito doméstico y ciudadano, la informada e inminente creación del llamado Registro Nacional de Personas y Organizaciones Sospechosas de Terrorismo (RENAPOST), orientado en la práctica exclusivamente a lo relativo al mencionado partido político libanés, abriría las puertas a nuevas manifestaciones de injustificada persecución por parte de los aparatos de seguridad nacionales, sobre honorables miembros de nuestra colectividad, como ya ha sucedido recientemente con dos tristes episodios en el marco de la visita del G20 en noviembre de 2018, por no mencionar otros casos anteriores de menor intensidad pero igualmente preocupantes.
- Sr. Director,Con gran inquietud advertimos el tenso marco político internacional y la elección del momento en que surge este “proyecto”, en el marco de los actos por el 25o aniversario de la voladura de la sede de la mutual de la Comunidad Judía, AMIA, y la visita del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo a nuestro país.Como argentinos, repudiamos el aberrante ataque del que consideramos fue víctima la sociedad en su conjunto de la que formamos parte, a la vez que, como ya hemos hecho en infinidad de oportunidades en el pasado, reiteramos nuestra incondicional solidaridad con los familiares de las 85 víctimas inocentes que perdieron la vida; así como reiteramos nuestro pedido de un necesario esclarecimiento con justicia; cuya triste dilación no ha hecho más que daño a toda la ciudadanía argentina.A su vez, en el caso de nuestra colectividad, la falta de solución jurídica de ese nefasto suceso, nos ha llevado a soportar desde hace 25 años toda serie de injustas acciones persecutorias e infundadas sospechas sobre el buen nombre y honor de muchos argentinos de origen sirio y libanés integrantes de un importante sector de la misma; todo ello en el marco de fantasiosas creaciones político-mediáticas o pseudo-policiales tales como los tristemente célebres conceptos de “pista siria” o “pista iraní”.En ese marco, nuevamente nos preocupa la intención de dotar al Estado nacional de herramientas que propicien la reincidencia en prácticas como las mencionadas, que no se condicen con el estado de derecho de una sociedad democrática y solo logran insertar en el seno de la sociedad innecesarios, nocivos y evitables gérmenes de odio y discriminación entre hermanos connacionales.Sr. Director,Como ciudadanos argentinos, nos preocupa sobremanera la intención de imponer la medida decretal en el marco de un abierto y declarado alineamiento del Poder Ejecutivo nacional con intereses externos.Observamos con tristeza el impulso de decisiones como la que nos convoca, las cuales lejos de responder a los intereses de nuestro pueblo, no buscan más que seguir ciegamente las agendas exteriores de los poderes gobernantes en Washington y Tel Aviv, y a su vez emular las ya tradicionales costumbres de dichos estados de vulnerar impunemente la legalidad internacional, como pueden atestiguar los pueblos de Palestina, Siria, Líbano o Irak.Finalmente, solicitamos respetuosamente a vuestra Dirección la colaboración en transmitir nuestras inquietudes al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, Dr. Jorge Faurie y por su intermedio, a los más altos estamentos del Poder Ejecutivo Nacional.Sin otro particular, saludamos a Ud. con nuestra más alta estima y consideración.Lic. Tamara Lalli Arq. Susana Iskandar YedidSec. de Acción Política Vice Presidente 1o a cargo de la Presidencia
Abogadas y abogados laboralistas repudian declaraciones de Macri
Resumen Latinoamericano / 15 de julio de 2019
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Para el FMI, la incertidumbre electoral pone en riesgo la economía
Lo dice el informe técnico en que se basó el directorio para girar otros U$S 5.400 millones. Reconoce que "el programa enfrenta riesgos significativos". Admite que la inflación sigue siendo alta y que la recuperación económica de 2020 será muy leve.
Por Marcelo Colombres - @econocolombres
15 de Julio de 2019
Una honda preocupación por el desempeño de la economía argentina en tiempos preelectorales sobrevuela el documento del Fondo Monetario Internacional publicado este lunes en Washington. Se trata del informe técnico en que se basó el directorio del organismo para aprobar la cuarta revisión al acuerdo stand by firmado con el gobierno de Mauricio Macri. Ese paso significó además el giro de otro tramo de U$S 5.400 millones, que llegará al Banco Central en las próximas horas.
En varios pasajes de las 88 páginas se observa la inquietud por el panorama político, algo paradójico en un texto técnico escrito por economistas. El camino hasta las elecciones de octubre, jalonado por las primarias y con una posible secuela en el balotaje, es considerado como “desafiante” y fuente de posibles nuevas tensiones.
“El programa enfrenta riesgos significativos. El principal sigue siendo un alejamiento de las preferencias de los inversores por activos argentinos, debido a crecientes incertidumbres sobre el futuro paisaje político. Esto podría manifestarse en una creciente dolarización”, señala el texto. “Los riesgos potenciales quedaron claramente demostrados con la volatilidad de los mercados ocurrida en abril. En los próximos meses, esos riesgos se pueden exacerbar por reacciones del mercado ante la falta de certezas políticas asociada con las elecciones”, refuerza en otro párrafo.
Ya en el aspecto económico, la evaluación fue positiva en cuanto al cumplimiento de las metas pactadas para fines de marzo y de junio. Pero en el primer plano quedaron dos preocupaciones clave: la inflación, que “cayó, pero continúa siendo alta”, y las fechas de vencimiento cada vez menores con que se están emitiendo los títulos de deuda de corto plazo (principalmente Letes). “Entre abril y mayo las autoridades acortaron esa madurez y esto incrementó la tasa de refinanciación necesaria para el tercer y cuarto trimestre hasta un 75%”, consigna el texto.
A pesar de todos esos reparos, el mensaje de David Lipton es elogioso. El director gerente interino del FMI, quien reemplaza a Christine Lagarde mientras dure su licencia y es hombre de confianza de Donald Trump, evaluó que “los esfuerzos (de las autoridades) están empezando a dar frutos. Los mercados financieros se estabilizaron, la posición externa y fiscal está mejorando y la economía está empezando una gradual recuperación”.
Algunas previsiones sobre precios y crecimiento fueron corregidas. La inflación para este año fue calculada de manera imprecisa en alrededor del 40% (la última revisión había vaticinado 30,5%). La evolución del PBI también fue rebajada a una caída de 1,3% para este año y a una modesta recuperación de 1,1% para 2020. Como muestra de compromiso con la meta de eliminar el déficit fiscal, el gobierno ofreció lograr en septiembre un saldo primario favorable de $ 60 mil millones. De todas maneras, para diciembre los números deberán estar equilibrados, aunque el Fondo tolerará un desvío de 0,3% del PBI siempre y cuando sea dinero destinado a programas sociales.
El gobierno instrumentará un subsidio temporario para compensar a deudores. "Se nos fue con la inflación", reconoció el Presidente. Las condiciones para acceder al beneficio.
15 de Julio de 2019
A 27 días de las PASO del 11 de agosto, el gobierno nacional decidió instrumentar un nuevo rescate para los deudores de créditos UVA. La medida apunta a compensar a los deudores que registren aumentos en sus cuotas por encima de un 10 por ciento de una actualización por el índice de salarios.
Se trata de un “subsidio temporario” que tendrá un plazo de 15 meses a partir de las cuotas de octubre del año pasado y hasta diciembre de 2019 en los créditos otorgados por entidades financieras.
El anuncio oficial se conoció apenas horas después de que el presidente Mauricio Macri admitiera las dificultades que esa línea de créditos acumuló desde su lanzamiento hace apenas tres años.
“Esperamos que más personas puedan seguir accediendo a los créditos hipotecarios porque detrás de los bancos que otorgan, hay un Estado que está haciendo un trabajo integral para desarrollar y robustecer el sistema financiero”, puntualizó el mandatario este lunes durante la inauguración de las nuevas oficinas corporativas del Banco Santander en el barrio porteño de San Telmo.
En ese contexto, el Presidente aceptó: “Se nos fue con la inflación, ahora con la baja de la inflación creo que los créditos hipotecarios, los UVA, que arrancaron muy bien, volverán a ser un éxito importante”.
El subisidio temporario será otorgado si los deudores cumplen con las siguientes condiciones:
- que haya tomado créditos ajustables por UVA por montos que, al momento del desembolso, no hayan superado el equivalente en pesos de 120.000 UVA.
- que haya destinado los créditos a la adquisición de una Vivienda Familiar, Única, Permanente con un valor de compra o tasación, de ambos el menor, inferior a las 140.000 UVA.
El presidente de la Suprema Corte amplió su denuncia y le respondió a la gobernadora
Vidal redobló el apriete al titular del Poder Judicial
Tras el ataque de la gobernadora bonaerense, el juez Eduardo De Lazzari detalló todos los casos a los que se había referido al denunciar irregularidades en la Justicia de la provincia.
Por Raúl Kollmann
Vidal le exigió a De Lazzari que haga las denuncias ante la Justicia.
Exceso de testigos de identidad reservada, arrepentidos, escuchas ilegales, espías, anónimos, presión de los medios y de los políticos. De todo eso habló la semana pasada el titular de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lazzari, advirtiéndole a la Red de Jueces Penales de ese distrito que el sistema judicial de la Provincia de Buenos Aires corre el peligro de “contagiarse” de lo que está ocurriendo en la Justicia federal. La gobernadora María Eugenia Vidal salió el domingo a patotear a De Lazzari diciéndole que, si existen esas anomalías, tiene la obligación de denunciarlas. Y ayer, el procurador Julio Conte Grand, que responde a la gobernadora, le pidió a la Justicia que investigue los dichos de De Lázzari. En ese marco, el magistrado de la Corte le contestó a Vidal con toda precisión. El fiscal de Dolores, Juan Ignacio Bidone, que le vendía información a la banda de Marcelo D’Alessio, ya está denunciado y apartado. El apriete de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a los jueces Luis Carzoglio y Gabriel Vitale ya está denunciado. Y hay un caso que tiene que ver con la línea de colectivos Expreso Lomas, en el que dos fiscales se lanzaron con una denuncia penal contra una jueza, pese a que el fallo de la magistrada fue confirmado por la Cámara. El caso está denunciado. Finalmente, el jury contra un fiscal, Oscar Acevedo, que habría creado un armado en una causa por homicidio, en combinación con abogados del imputado. Son evidencias de que la “contaminación” está avanzada y ante el señalamiento de esa situación que hizo De Lazzari, ayer recibió el respaldo de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, en la voz del juez de Casación Víctor Violini.
Diagnóstico
Las palabras de De Lazzari provocaron un enorme impacto porque el diagnóstico fue lapidario y también porque se trata de un jurista muy prestigioso, con una carrera intachable e independiente. En los ámbitos judiciales bonaerenses el estruendo fue enorme porque desnudó una creciente presión de servicios de inteligencia, operaciones y aprietes, algo que resultó evidente en numerosos expedientes. Son muchos los jueces que sostienen que existe un concubinato entre el Poder Ejecutivo de La Plata, el Ministerio Público que conduce Julio Conte Grand, los servicios de inteligencia y la Casa Rosada.
Por eso, De Lazzari habló de “contagio” y de métodos que son de la Justicia federal nacional. Sus palabras exactas, delante de la Red de Jueces Penales, fueron las siguientes: “Estoy hablando de causas armadas artificialmente, estoy hablando de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante”.
A nivel nacional, por supuesto hubo reacción del aparato judicial de Comodoro Py, a través del presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, quien instruye la causa de las fotocopias de los cuadernos junto a su colega, el rebelde Carlos Stornelli. Rívolo puso el grito en el cielo ante la descripción que hizo De Lazzari que, en esencia, es lo mismo que está surgiendo de la causa de Dolores: aprietes, escuchas, espionaje ilegal, coacción mediática, arrepentidos.
Gobernadora
El domingo, Vidal salió a la cancha contra De Lazzari negando la existencia del “contagio” del sistema judicial bonaerense. La gobernadora intentó poner al magistrado contra las cuerdas con el argumento de que, si percibe delitos, como los aprietes y las operaciones de inteligencia, debe denunciarlos. “Cuando uno es responsable de un poder y sabe que hay un delito -persecución o armado de causas son delitos- está obligado a denunciarlo. Si no, uno es cómplice y es un delito”, dijo. Y añadió: “Si el presidente de la Suprema Corte cree que hay causas armadas o persecuciones, está obligado a denunciarlo. Uno tiene que ser consecuente con lo que dice en la acción judicial”, acusó Vidal.
Pero durante la mañana de ayer lunes, el propio De Lazzari salió a responderle calificando los dichos de la gobernadora como “ligeros”, es decir poco fundamentados. La contestación a la gobernadora motivó un comunicado, que luego fue avalado por la Asociación de Magistrados que encabeza el juez Violini. Ya la semana pasada hubo un almuerzo de magistrados con De Lazzari, en La Plata, donde le manifestaron todo su apoyo.
Casos
Para no quedarse en la teoría, el presidente de la Corte bonaerense puso ejemplos claros de lo que está ocurriendo:
* En primero lugar, el caso Bidone. En la causa de Dolores, el fiscal de Mercedes apareció entregando informes sobre entradas y salidas del país e informes sobre llamadas telefónicas que luego fueron utilizados por Marcelo D’Alessio para extorsionar. Bidone, además, apareció vinculado con integrantes de los servicios de inteligencia, como Rolo Barreiro, y se lo involucra en varias operaciones de espionaje ilegal. De Lazzari recuerda que la Suprema Corte bonaerense, que él mismo encabeza, suspendió a Bidone, a diferencia de lo ocurrido a nivel nacional, donde el aparato judicial sigue sosteniendo al fiscal Stornelli, pese a que escapa a las convocatorias a indagatoria del juez Alejo Ramos Padilla. De Lazzari le dijo a la gobernadora que el caso está denunciado.
* El segundo caso mencionado por el titular de la Corte es el que tuvo como víctimas a los jueces Gabriel Vitale y Luis Carzoglio. Los aprietes vinieron del fiscal especial Sebastián Scalera, pero sobre todo hubo una intervención grotesca de la AFI que le escribió un fallo, primero a Vitale y luego a Carzoglio. A Vitale le exigían que detenga a Hugo y Pablo Moyano; en el caso de Carzoglio sólo a Pablo Moyano. La AFI reconoció que dos de sus jefes fueron a ver a Carzoglio, con la curiosidad de que uno de ellos era el encargado de finanzas, con lo que quedó la sospecha de que fueron a ofrecerle dinero. Carzoglio se negó y hoy está suspendido. En este expediente, el protagonismo es de un arrepentido, Pablo “Bebote” Alvarez, algo que hace que la causa se parezca mucho a las causas de Comodoro Py.
* De Lazzari también se habría referido a la ofensiva contra la jueza comercial Zulema Vila. La magistrada, de reconocido prestigio, interviene en la convocatoria de acreedores de una empresa de colectivos, Expreso Lomas, y siempre trató de preservar los 400 puestos de trabajo. Vila terminó desplazando a los directivos de la empresa, un fallo confirmado por la Cámara, y bastante después, en sintonía con la UTA, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio Público, los directivos iniciaron una fuerte contraofensiva. Por impulso de los fiscales Scalera y Pablo Rossi, se acusó penalmente a Vila, a la que imputaron por asociación ilícita, fraude, estafa. En un hecho que no registra antecedentes, todos los jueces civiles de Lomas de Zamora se solidarizaron con Vila y consideraron el caso como de gravedad institucional. Todo está denunciado.
* Por último, De Lazzari mencionó el Tribunal de Enjuiciamiento que debe afrontar el fiscal Oscar Acevedo el 26 de agosto, imputado por el armado de causas en combinación con abogados. Se trató de un caso de homicidio en el que hubo una movida para desplazar al fiscal original y mejorar la situación del imputado. Como es obvio, también es un caso denunciado.
O sea que el presidente de la Corte bonaerense no salió a hablar en abstracto sino de ejemplos concretos y en ellos aparecen justamente los armados de causas, los arrepentidos, los testigos de identidad reservada, los aprietes de servicios de inteligencia, la presión mediática y la influencia del aparato político nacional y bonaerense. La gobernadora, en cambio, se puso del lado de la manipulación judicial.
15 de julio de 2019
En defensa de Stornelli, insólita denuncia del procurador Casal contra el camarista Slokar
El Gobierno contra la independencia de la justicia: Juez que critica, juez denunciado
En un escrito dirigido a la Cámara de Casación, el jefe de los fiscales de Macri denunció a Slokar por criticar su pasividad ante la negativa a presentarse ante la justicia del fiscal Stornelli. En Tribunales lo consideraron una amenaza a la libertad de expresión.
Por Irina Hauser
El procurador Eduardo Casal y el camarista Alejandro Slokar.
Imagen: NA
Imagen: NA
En un escrito sin precedentes, que dejó a varios jueces y juezas boquiabiertos, el Procurador General interino Eduardo Casal denunció al juez de Casación Alejandro Slokar ante sus pares por haber dicho en un reportaje con PáginaI12 que le parecía “muy grave” que el organismo a su cargo no hubiera adoptado “una posición más seria con respecto (al fiscal Carlos) Stornelli”. “La situación institucional es crítica”, había cuestionado el camarista después de ser apartado para que no intervenga más en el llamado “D’Alessiogate” –la causa por espionaje que tramita en Dolores-- por pedido de Elisa Carrió. Slokar, como era evidente, se refería a lentitud con que tramitan un sumario y un expediente administrativo contra Stornelli, situación que le dio comodidad para faltar cinco veces a la citación a indagatoria ante el juez federal Alejo Ramos Padilla, por ocho hechos que lo involucrarían en investigaciones por canales ilegales, acusaciones armadas y presuntos aprietes. Según Casal, “los magistrados deben controlar el tenor de sus declaraciones a medios masivos de comunicación”. En tribunales, algunos jueces interpretaron la ofensiva del jefe de los fiscales como una amenaza a la libertad de expresión.
El procurador Eduardo Casal y el camarista Alejandro Slokar.
Imagen: NA
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En un escrito sin precedentes, que dejó a varios jueces y juezas boquiabiertos, el Procurador General interino Eduardo Casal denunció al juez de Casación Alejandro Slokar ante sus pares por haber dicho en un reportaje con PáginaI12 que le parecía “muy grave” que el organismo a su cargo no hubiera adoptado “una posición más seria con respecto (al fiscal Carlos) Stornelli”. “La situación institucional es crítica”, había cuestionado el camarista después de ser apartado para que no intervenga más en el llamado “D’Alessiogate” –la causa por espionaje que tramita en Dolores-- por pedido de Elisa Carrió. Slokar, como era evidente, se refería a lentitud con que tramitan un sumario y un expediente administrativo contra Stornelli, situación que le dio comodidad para faltar cinco veces a la citación a indagatoria ante el juez federal Alejo Ramos Padilla, por ocho hechos que lo involucrarían en investigaciones por canales ilegales, acusaciones armadas y presuntos aprietes. Según Casal, “los magistrados deben controlar el tenor de sus declaraciones a medios masivos de comunicación”. En tribunales, algunos jueces interpretaron la ofensiva del jefe de los fiscales como una amenaza a la libertad de expresión.
El cuestionamiento a los jueces que ponen en evidencia los propios entramados del Poder Judicial y/o Ministerio Público y sus complicidades políticas, es una práctica característica del Gobierno de Mauricio Macri. Lo hizo con el propio Ramos Padilla, contra quien formuló un pedido de juicio político que está en trámite. A Slokar también intentaron reactivarle una denuncia de tres años atrás, que abrió la puerta a su apartamiento en el caso de Dolores, y la expresiones del Procurador se suman a esa línea que, a la vez y con esa misma lógica, amaga con provocar un efecto sobre la libertad de expresión y de acción otros jueces o juezas. Lo mismo se está comprobando por estos días con las denuncias formuladas por el presidente de la Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari, replicadas por la gobernadora María Eugenia Vidal y la corporación judicial.
Fuente:Pagina12
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