POR UN DECRETO DE LA DICTADURA
Una mujer fue detenida tras insultar a Macri por el cierre de Fanazul
En su visita a la ciudad de Azul, Macri recorría el Hospital de Niños cuando la esposa de un extrabajador de Fanazul lo insultó por el cierre de la fábrica. “Nos dejaste sin trabajo, sos un hijo de puta” gritó con angustia. La Policía la arrestó y pasó varias horas detenida e incomunicada.
En la sede policial informaron que “desde ahora en más, esa clase de manifestaciones serán plausibles de enfrentarse a una detención por contravención”. La decisión policial se basa en un decreto de la última dictadura militar incluído en el Código de Faltas .
Fernanda Marsciano permaneció varias horas detenida e incomunicada en la comisaría primera de Azul y ahora tiene abierta una causa contravencional por disturbios en la vía pública, en donde el juez correccional Aníbal Álvarez deberá decidir si la absuelve o no.
Este viernes, durante la visita de campaña que Macri y Vidal hicieron a la ciudad de Azul, una mujer se acercó hasta donde estaba el presidente y lo insultó por el cierre de Fanazul, la emblemática fábrica que el Gobierno desmanteló y cerró. “Nos dejaste sin trabajo, sos un hijo de puta” gritó Fernanda Marsciano, quien luego vería como la rodeaban los policías para llevarla detenida.
Marsciano es esposa de un extrabajador de la fábrica militar de Azul, y en ese momento regresaba de hacer las compras cuando se cruzó con el operativo de seguridad que acompañaba a Macri y a Vidal durante su recorrida por el Hospital de Niños. A pesar de la bronca y la angustia, la mujer nunca intentó acercarse a los mandatarios, quienes estaban fuertemente custodiados. Sin embargo, los policías la rodearon rápidamente y se la llevaron del lugar sin mediar palabra, como puede verse en los videos que se subieron a las redes. “Queremos trabajar, se necesitan fuentes de trabajo, la gente se está muriendo de hambre” fue lo último que alcanzó a gritarle Fernanda Marsciano a la distancia.
Las seis mentiras del gobierno para imponer la reforma laboral
En su renovada campaña por la flexibilización, la administración Macri afirma que los cambios sustanciales en la legislación del trabajo permitirá crear más empleo, impulsará la actividad económica y favorecerá una suba en los salarios. Falacias y verdaderas consecuencias del plan.
En las últimas semanas recrudecieron los reclamos empresariales en favor de una reforma laboral. El reclamo está en sintonía con un renovado esfuerzo del gobierno por machacar con la idea de que la reforma laboral es una necesidad histórica. En ese sentido, incluyó en la campaña electoral la propuesta de hacer aprobar la ley de reforma laboral que no pudo hacer avanzar en esta administración.
De hecho, «la creación de empleo formal a través de una legislación laboral moderna» es el quinto de los diez puntos que el gobierno presentó a las cámaras patronales, los gremios y la oposición política como parte de una propuesta de «compromiso» para el próximo mandato, cuyo punto de partida es el reconocimiento y el pago de la deuda con el FMI.
Sin embargo, al empresariado local no le alcanzan las promesas que ofrece el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y ha desatado una verdadera campaña en favor de la aprobación de la reforma o, por lo menos, lograr el compromiso de los candidatos a alentar su sanción en el Congreso. El titular de la Cámara de la Construcción, Julio Crivelli, reclamó «una legislación que permita despedir sin causa a empleados en todas las industrias y comercios». El abogado laboralista Héctor Recalde llegó a denunciar que el gobierno pretende implementar la reforma a través de un decreto de necesidad y urgencia.
La intención del gobierno de Maurico Macri, de cualquier forma, es dar señales firmes a las patronales de que, en caso de lograr la reelección, la reforma laboral será una prioridad. A la hora de la defensa de la nueva normativa, los mentores de la «modernización» aseguran que la flexibilización de los ambientes laborales será el vehículo más adecuado para generar empleo genuino y reactivar la economía. Mismos argumentos fueron esgrimidos por Carlos Menem en los ’90 para avanzar con las leyes de flexibilidad. Y por su sucesor, Fernando de la Rúa, para aprobar la célebre «ley Banelco». La realidad, sin embargo, terminó mostrando que, al cierre de ese ciclo y con la nueva legislación, el desempleo trepó hasta el 19,7 por ciento.
Las mentiras
Como entonces, los mentores de la reforma insisten con argumentos que, sin embargo, chocan con el análisis empírico. Un informe elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda sirve para poner de manifiesto algunas de las mentiras que difunden el gobierno y los empresarios para forzar su aprobación.-«La caída del salario real genera empleo».
No es necesario ir muy lejos para demostrar la falsedad de semejante afirmación. Según el Observatorio de la UNDAV, desde diciembre de 2017 hasta abril de 2019, el salario real del sector privado formal cayó en un 13,5 por ciento. Sin embargo, en el mismo período, el empleo, en lugar de crecer –según el criterio del gobierno– se redujo un 2,5%, equivalente a 150 mil puestos de trabajo. Una línea de tiempo indica una correlación exactamente inversa: cuando baja el salario real también baja el empleo y, de fondo, lo que determina ambas variables es el nivel de actividad. Esta misma relación se verifica también en otros países de la región que han aplicado una reforma laboral.
-«La flexibilidad asegura la creación de empleo».
El estudio mencionado recorre las experiencias de aquellos países que han reformado sus legislaciones laborales desde el año 2008, tanto en la región como en Europa. En todos los casos analizados, nuevamente, la correlación entre una y otra variable no se verifica y sí lo hace el empleo con el nivel de actividad. En el caso de Brasil, un modelo para la reforma que se quiere aplicar en la Argentina, su aprobación en 2017 se dio en un contexto recesivo y con niveles de desempleo del 12,8 por ciento. La nueva legislación no generó una reducción inmediata de la desocupación; un año después, la caída fue de apenas 0,3 puntos. Según el estudio, al observar la serie surge que el desempleo escaló desde el 6,7% existente en 2014 hasta esos niveles en correlación con la profunda recesión de 2015 y 2016 cuando la economía cayó un 3,5% y un 3,3% respectivamente. La caída en el desempleo, marginal por cierto, resulta de la leve recuperación que experimentó la economía de Brasil en 2017 (+1,1%) y 2018 (+1,1%) y que comenzó antes de que se aprobara la Ley de Reforma Laboral.
En 2012, tanto España como Portugal aprobaron modificaciones regresivas en sus legislaciones laborales. En el primer caso, la crisis de 2009, con una caída del PBI del 3,9%, produjo una escalada en el desempleo que llegó hasta un 26% en el año 2013. Pero «la reforma aprobada un año antes no sirvió para amortiguar el crecimiento del desempleo en ese año», señala la UNDAV y concluye que «al igual que en el caso brasileño, la recuperación del empleo vino de la mano de la recuperación económica que comenzó en 2014 con tasas superiores al 3 por ciento. Fue durante ese período de crecimiento que el desempleo cayó sistemáticamente hasta el actual 15 por ciento. El informe señala que «la efectividad de la flexibilización laboral se pone en duda cuando la baja (subida) del desempleo parece estar correlacionada con el crecimiento (estancamiento) económico».
El mismo fenómeno se verifica en Portugal, que sólo pudo reducir su desempleo –por encima del 16%– a partir de cinco años consecutivos de crecimiento.
UNDAV asegura que «no se presenta evidencia empírica de que el mercado laboral se dinamice tras las reformas tanto en Brasil, en España y Portugal. Más bien pareciera que el aumento o descenso del desempleo y de las condiciones laborales está relacionado con el crecimiento económico más allá de la legislación laboral imperante o del rol de los sindicatos».
-«La reforma laboral promueve el trabajo registrado».
En el análisis del caso español, el informe de la UNDAV asegura que, «lo que sí aumentó tras la reforma en España fue el empleo de contrato temporal como porcentaje del empleo total cuya relación se encuentra entre las más altas de la Unión Europea». En este punto, el informe destaca también el caso chileno, donde la legislación laboral es marcadamente más flexible que la de la Argentina. Allí, el empleo vulnerable se ubica en un 24% del empleo total, mientras que, en la Argentina es de entre un 19% y un 21 por ciento. Para la UNDAV, la «mayor explotación de la fuerza de trabajo no asegura mayores tasas de crecimiento económico».
El informe demuestra que la mayoría de los países que implementaron procesos de flexibilización laboral vieron reducidos sus niveles de empleo formal. El caso más resonante es el de Grecia, que retrocedió un 5,2% en cinco años. México retrocedió un 2,7% y la misma suerte corrieron República Checa (-2,3%), Estonia (-1,9%), Italia (-1,7%), Portugal (-1,4%), Hungría (-1,2%), Eslovenia (0,9%), España (-0,8%), Nueva Zelanda (-0,6%) y Francia (-0,3 por ciento). Las excepciones, aunque con crecimientos marginales, fueron Holanda (0,1%) y Reino Unido (0,6 por ciento).
-«En la Argentina los costos de despedir son demasiado altos».
El exsecretario de Empleo del Gabinete de Jorge Triaca cuando era ministro de Trabajo, Miguel Ponte, a la hora de fundamentar el proyecto de reforma laboral que promovía una baja en las indemnizaciones por despido y la creación de un Fondo de Cese Laboral, formuló una polémica frase: «Contratar y despedir debería ser natural como comer y descomer». El costo de las indemnizaciones por despido eran lo antinatural. Sin embargo, es falso que esos costos son en la Argentina superiores a los de la mayoría de los países. La legislación vigente sostiene que se trata de un salario o cuatro semanas de sueldo por año trabajado. Lo mismo sucede en Bolivia, Uruguay y Australia. En Chile son 4,3 semanas. Sólo en Brasil el nivel se redujo a partir de la última reforma y quedó en 0,7 sueldo por año trabajado. México es el otro extremo: el costo del despido equivale 14,6 semanas por año trabajado. En Lituania, Grecia y República Checa, es de 8,7 semanas. Mientras que en Israel, Turquía, Corea, Letonia, Polonia y Estonia, es de 4,3 semanas. Argentina se encuentra bien abajo en el ránking.
Cabe destacar que el costo de despedir opera como un amortiguador en la preservación del empleo en momentos de recesión económica.
-«En Argentina los impuestos al trabajo son demasiado altos».
Gran parte del reclamo de las patronales pasa por disminuir la carga impositiva sobre los salarios. Sin embargo, ese tributo equivale al 39,1% del salario promedio, lo que ubica a la Argentina en el puesto 17 del ranking elaborado por la UNDAV. En Bélgica, la carga tributaria sobre los salarios alcanza al 52,7%, en Alemania al 49,5%, en Italia un 47,9% y en Grecia, el 40,9 por ciento.
-«El Fondo de Cese Laboral es una garantía para el trabajador».
La reforma que impulsan el gobierno y las empresas apunta a crear un sistema de indemnizaciones inspirado en el que rige en el sector de la construcción. Se trata de un mecanismo por el cual la empresa deposita un porcentaje del sueldo en un fondo que, una vez disuelta la relación laboral, es percibido por el trabajador como indemnización o fondo de desempleo. En el caso de la construcción, y según el análisis realizado por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sitraic), lo percibido equivale a un 40% de lo que deberían cobrar según el sistema de indemnizaciones de la Ley de Contratos de Trabajo.
Lo dicen los números. La reforma laboral no garantiza creación de empleo ni crecimiento económico. Sólo genera las condiciones para domesticar a un movimiento obrero que se ha mostrado históricamente rebelde a los dictados de las empresas.
Un poco de historia reciente
El nuevo impulso reformista surge tras un largo recorrido fallido. Luego del triunfo en las elecciones de medio término, en octubre de 2017, el gobierno creyó que tenía el camino allanado para avanzar con los proyectos de ley sobre las «reformas estructurales»: previsional, impositiva y laboral. Sin embargo, las protestas de diciembre de ese año le pusieron un límite al gobierno, que se vio obligado a congelar el proyecto de reforma laboral y acelerar su estrategia de ir sector por sector por medio de la reforma de los convenios colectivos.
La versión original había tomado estado público a fines de noviembre de 2017 y constituye el plan de máxima al que aspiran el gobierno y el empresariado. Luego, como parte de las negociaciones con la cúpula de la CGT se eliminaron algunos de los párrafos y artículos más polémicos con el propósito de viabilizarlo en el Congreso. El creciente descontento popular obligó a la cúpula cegetista a cambiar de planes y desairar al gobierno.
De aquel tiempo a esta parte, además, «pasaron cosas». Las sucesivas corridas cambiarias condujeron al gobierno al acuerdo con el FMI para ofrecer garantías al pago de la deuda y llevaron el valor del dólar a los $43 actuales.
Ante el nuevo escenario, el gobierno optó por dejar de lado su política monetaria y financiera de metas de inflación, para poner un límite taxativo en la emisión y fijar tasas de interés para las Leliq que superaron el 70 por ciento. La nueva política generó un cuadro recesivo que afectó el poder adquisitivo de los asalariados y la capacidad de financiamiento de los sectores productivos. Ante esta situación, los empresarios, a pesar de la caída del salario privado registrado promedio en dólares de un 39% en tres años, ahora reclaman fervientemente mejorar su competitividad sobre la base de reducir el costo laboral. Esto es, insistir con la reforma laboral. «
Pymes advierten que el acuerdo UE-Mercosur será «devastador» para la industria
El grupo nucleado en la Red Inclusiva para la Expansión Laboral (RIEL) cuestionó «favorecerá a los sectores agropecuarios más concentrados ? ni siquiera a los pequeños productores- y perjudicará a las pequeñas pymes manufactureras». Las Pymes son las principales creadoras de empleo en Argentina.
El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea firmado a fines de junio trajo aparejado mensajes de algarabía y felicidad pero también un fuerte cuestionamiento de distintos sectores, principalmente industriales. Las negociaciones llegaron a su fin luego de más de 20 años de diálogos de distinto tenor entre ambos bloques, pero que en el último tiempo dejó de lado a representantes de los sectores más interesados.
Quienes lanzaron su crítica más enfática fueron los empresarios pymes nucleados en la Red Inclusiva para la Expansión Laboral (RIEL). El grupo consideró que el acuerdo firmado se trata más bien de un «apresuramiento propio de tiempos de campaña electoral» que a «una estrategia económica concreta» y expresaron su enérgico rechazo «por su potencial impacto devastador» en las pequeñas y medianas empresas argentinas y de los países que integran el bloque.
Durante los últimos años, las pymes vieron reducir su volumen de negocio producto de la fuerte destrucción del mercado interno al caer el poder de compra de los consumidores y subir al mismo tiempo las tarifas de los servicios públicos. Sumado a eso, el crecimiento exponencial de las tasas de interés para hacerse de un crédito y la apertura indiscriminada de las importaciones condujeron a un panorama desolador para el sector.
Según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se destruyeron 43 pymes por día entre enero y abril de 2019. Se trata de un contexto completamente distinto al que atraviesa el mismo sector pero en el marco de la Unión Europea donde experimentan décadas de consolidación a raíz de un fuerte proteccionismo.
Desde RIEL hicieron hincapié en que los propios defensores del acuerdo admiten que tendrá una consecuencia invevitable en a partir del cual algunos sectores de la economía desaparecerán. En ese sentido señalaron que el acuerdo «favorecerá a los sectores agropecuarios más concentrados ? ni siquiera a los pequeños productores- y perjudicará a las pequeñas pymes manufactureras», señalaron. Vale recordar que las Pymes aportan el 70% del empleo en el país.
Asimismo remarcaron como poco alentador «poner las esperanzas en legislaciones» como la «Ley Pyme» que luego de tres años de vigencia «no logró detener la sangría de empresas y puestos de trabajo que caen por la actual crisis».
«Si bien nuestra postura es la defensa sectorial pyme, entendemos también que este acuerdo no aportará beneficios siquiera en términos macroeconómicos. Es más: será directamente perjudicial», enfatizaron desde RIEL.
En los últimos años, la deuda externa argentina creció de manera exponencial producto de la toma de créditos con privados pero también con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Para hacer frente a dicho pago, el ingreso de divisas será clave pero los empresarios pyme señalaron que el acuerdo reciente buscará «perpetuar la primarización de la economía argentina y favorecer la colocación de las manufacturas industriales en nuestros países».
«Nos plantean la falsa dicotomía de apertura o cierre de la economía. Nosotros queremos una integración inteligente al mundo, pensada desde la soberanía en vez de desde la entrega. La ecuación no cierra. Al menos para todos», concluyeron.
Los docentes de Chubut declararon paro de 48 horas y las clases no comienzan tras el receso
La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) declaró un paro de 48 horas para hoy y mañana, por lo que las clases en este distrito no comenzarán el lunes como estaba previsto tras el receso escolar, que se inició el viernes 5 de julio.
La medida de fuerza fue confirmada a la agencia de noticias oficial Télam por el secretario general de la ATECh, Santiago Goodman, quien dijo que de ese modo se «cumple con el mandato de las seis regionales que nos facultaron a declarar la medida de fuerza ante el incumplimiento del gobierno a varios compromisos».
El dirigente fundamentó el paro en el incumplimiento del plan de reparaciones de edificios escolares comprometido durante el receso.
El gremialista afirmó que, por eso, «la inversión que se dijo de 41 millones de pesos no se concretó y hay edificios que ni tocaron de los 83 que prometieron reparar».
El sindicalista manifestó que «la otra razón es la demora para el pago de los jubilados, que recién terminarán de cobrar el fin de semana, la interrupción de las prestaciones de la obra social y el incumplimiento de la cláusula gatillo, que es el ajuste automático por inflación».
La incidencia de las boletas de luz y gas en los ingresos
Tarifas cada vez más pesadas
En 2015 los trabajadores privados registrados destinaban el 0,6 por ciento de su ingreso a pagar la luz y el gas. Ahora ese porcentaje trepó al 4,5 por ciento.
Luego de las elecciones volverán los aumentos de la luz.
Imagen: NA
El pago de los servicios de gas y electricidad representa en la actualidad un 4,5 por ciento del ingreso promedio de los trabajadores privados registrados, frente al 0,6 por ciento de 2015. Los datos surgen de un estudio elaborado por la consultora Econométrica donde se detalla como ha venido creciendo el peso de las tarifas a partir de los aumentos autorizados por el gobierno nacional.
Econométrica aseguró que el congelamiento de tarifas dispuesto por el gobierno kirchnerista «generó una enorme distorsión de precios relativos en la economía, cuya contracara fue un insostenible nivel de subsidios económicos», pero evaluó que en el contexto actual, «con los niveles alcanzados de incidencia en el salario, será difícil continuar con una política sostenida de aumentos tarifarios por arriba de la inflación».
En ese sentido, aconsejó «concentrar el esfuerzo en intensificar la reducción del costo de abastecimiento de gas y energía eléctrica mediante mecanismos de mercados competitivos», aunque no especificó cuáles deberían ser esas medidas a tomar.
El análisis recuerda que la recomposición de tarifas fue acompañada por la implementación de la «tarifa social federal», que alcanza hoy a aproximadamente el 30 por ciento de los usuarios, y representa «un importante cambio de paradigma respecto al acceso a la energía», aunque en los últimos años el beneficio otorgado a partir de 2016 ha venido siendo restringido de manera creciente ya que se subsidia una porción cada vez menor del consumo.
Por último, Econométrica constata que el Presupuesto 2019 prevé una asignación a subsidios económicos de 1,4 por ciento del PIB, casi tres veces inferior a la de diciembre de 2015 (4.2 por ciento del PIB), por lo cual «parece estar cumplida» gran parte de la tarea de recomponer precios energéticos de manera que reflejen razonablemente los costos de producción.
El creciente peso de las tarifas de luz y gas en el presupuesto familiar se explica a partir de aumentos que estuvieron muy por encima de la suba de los precios promedio de la economía. Mientras que la inflación acumulará alrededor de 250 por ciento entre 2016 y 2019, las tarifas subirían cerca de 550 por ciento y el dólar escalaría más de 400 por ciento, lo cual provoca una «fuerte pérdida de poder adquisitivo», según un informe difundido este domingo por la consultora Ecolatina. Además, los salarios nominales crecerían en torno a 200 por ciento, muy por debajo de la inflación, consignó el reporte.
«El gobierno de Mauricio Macri intentó encarar un proceso de corrección de precios relativos en simultáneo con una reducción de la inflación general. Lamentablemente, este segundo objetivo estuvo lejos de alcanzarse: la corrección de precios relativos aceleró la inflación», indicó el informe, pero aclaró que «la mayor inflación no anuló la corrección de precios relativos: el alza de las tarifas de Servicios Públicos superó ampliamente al del IPC GBA Ecolatina entre 2016 y 2018 (370 y 160 por ciento, respectivamente). La entidad recordó que “la suba de tarifas de la segunda parte de 2019 se pateó a 2020». Por lo tanto, una vez que pasen las elecciones, si el oficialismo reelige, continuará con la política tarifaria que viene implementando desde 2016.
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