Unos 15 años de idas y vueltas
5 DE AGOSTO 2019
El proceso comenzó en 2004. La estrategia de la defensa apunta a la “impunidad biológica”.
Para llegar al presente debate, el trámite judicial de Ricardo Lona llevó catorce años de retrasos.
Este juicio ya es considerado como un símbolo de la lucha de familiares y víctimas del terrorismo de Estado y de las organizaciones de derechos humanos, por la memoria, la verdad y la justicia.
La mayor parte de estos 15 años se consumió en discusiones leguleyas estériles, recursos judiciales interminables, los cuales demoraron la búsqueda de la verdad.
Siempre hay que analizar al terrorismo de Estado desde su completud.
Estos lentos trámites judiciales fueron provechosos para la estrategia de defensa de los acusados por cometer crímenes de lesa humanidad. Esto es: buscan ralentizar los procesos para permitir que muchos de los implicados fallezcan sin condenas.
Fuente:ElTribuno
03 agosto , 2019
Será el próximo 6 de agosto. Organismos de derechos humanos convocan desde las 8:00 en Francisco Gurruchaga 297.
Iba a comenzar el pasado 18 de febrero, pero fue postergado. En la causa, Lona está acusado de no haber investigado el secuestro y desaparición forzada de Miguel Ragone, ex gobernador de Salta, y el asesinato de Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal, testigos de los hechos cometidos contra Ragone. Estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Salta, integrado por Gabriel Casas, Juan Carlos Reynaga, Abelrado Basbus y Mariana Catalano.
Un juez de la impunidad: Ricardo Lona
Durante el terrorismo de Estado, Lona fue juez federal en Salta. Está acusado como partícipe necesario de delitos de lesa humanidad y por encubrimiento.
Miguel Ragone, “médico del pueblo”, había sido elegido gobernador de Salta con más del 57 por ciento de los votos. El 11 de marzo de 1976, días antes del inicio del Golpe de Estado del 24 de marzo y con la provincia intervenida, fue secuestrado y desaparecido. Lona cerró la investigación días después sin convocar al menos a Martínez de Leal, testigo que sobrevivió a los hechos. Esa mañana, ella y Santiago Arredes, empleada y dueño del almacén Don Arredes, salieron a la calle para ver qué pasaba, cuando Ragone era atacado al salir de su casa en la capital de Salta. Arredes intentó defender a Ragone y fue asesinado. Martínez de Leal logró sobrevivir, a pesar de los disparos.
En 2003, Lona renunció y un jurado de enjuiciamiento lo absolvió en la acusación por el encubrimiento de la Masacre de Las Palomitas. Luego de recusaciones y excusaciones, en 2007 fue procesado por no investigar ese hecho en el que fueron ejecutados 11 presos políticos que estaban en el Penal de Villa Las Rosas, en julio de 1976. La jueza Gladys Comas lo procesó por incumplimiento de deberes de funcionario público, pero no por encubrimiento. En 2009, la Cámara Federal de Salta consideró prescripto el delito por el que fue procesado y lo sobreseyó. El fiscal general Héctor Pérez apeló, argumentando que Lona había sido partícipe de los hechos, que eran delitos de lesa humanidad. En 2012, la Corte Suprema dio lugar al pedido del fiscal y ordenó que Lona sea investigado.
Mientras, la Procuración impulsó la denuncia al ex juez para que sea indagado por el caso de Ragone. En el año 2011 Casación ordenó reabrir esa causa.
En 2015, Ricardo Gil Lavedra asumió la defensa del ex juez. Ese año, el juez Fernando Poviña procesó a Lona por encubrimiento en los casos de Ragone, Arredes y Martínez de Leal. Luego lo procesó como partícipe necesario en los homicidios de la Masacre de Las Palomitas, al considerar que Lona tuvo intervención en los crímenes de las víctimas detenidas a su disposición -y del Poder Ejecutivo Nacional- cuando fueron sacadas del Penal de Villa Las Rosas con destino a la ciudad de Córdoba entre las 20 y las 20.30 del 6 de julio de 1976, y luego ejecutadas entre las 22 y las 22.30 en un procedimiento fraguado en el paraje Las Palomitas. Con el procesamiento ordenó la detención, aunque el ex juez logró obtener el beneficio de no ir a la cárcel y quedarse en su casa con una custodia policial. La Cámara de Salta confirmó los dos procesamientos.
Las víctimas de la Masacre de Las Palomitas fueron Benjamín Leonardo Ávila, Celia Leonard de Ávila, Georgina Graciela Droz, María del Carmen Alonso de Fernández, Evangelina Botta de Linares, Roberto Luis Oglietti, Pablo Eliseo Outes, José Victorio Povolo, Alberto Simón Savransky, Rodolfo Pedro Usinger y María Amaru Luque de Usinger. Además de la intervención en una reunión preparatoria, a Lona se lo acusa de haber omitido evitar la muerte de todos ellos en su carácter de juez federal y, con posterioridad, haber omitido investigar, “con el propósito de procurar la impunidad de los partícipes, cumpliendo una promesa anterior”.
Fuente:LaImposible
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