Asignar recursos urgentes para garantizar el derecho a la alimentación
El gobernador en tono directo al Presidente
La decisión política de Lifschitz es priorizar la inversión social para atender las necesidades básicas de santafesinos.
El gobernador sugirió que Macri niega la realidad.
Desde Santa Fe
Miguel Lifschitz le reclamó a Mauricio Macri "que se haga cargo de la crisis económica y social que generó" su gobierno, declare la "emergencia alimentaria" en la Argentina y asigne "recursos urgentes" a las provincias para garantizar el derecho a la alimentación en el país. En tono directo, el gobernador sugirió que Macri niega la realidad "cuando nos quiere hacer creer" que la crisis comenzó después de las PASO del 11 de agosto que ganó el candidato del Frente de Todos. "La situación crítica empezó hace dos años atrás -retrucó-, pero se agravó en 2018, cuando el macrismo profundizó el ajuste y "comenzó a retacear" a Santa Fe "fondos históricos" destinados a "educación, desarrollo social y salud pública".
El gobernador, acompañado por las ministras y ministros Claudia Balagué (Educación) y Andrea Uboldi (Salud), Pablo Farías (Gobierno), Gonzalo Saglione (Economía) y Jorge Alvarez (Desarrollo Social), y el secretario de Estado del Hábitat, Diego Leone, reveló datos duros de la crisis y su impacto en las finanzas de la provincia. Sorprendió una de las asimetrías. Lifschitz dijo que su gobierno destina "más de 5.000 millones de pesos para sostener los comedores escolares y la copa de leche", mientras que el "aporte" de Macri en ese rubro es apenas el 2% (sólo 10 millones). Pero más sorprendió lo que comentó después la ministra Balagué: en 2018 y lo que va de 2019 se habían incorporado a los comedores en las escuelas santafesinas "21.000 chicos, 45 por día".
Lifschitz demandó a Macri que asuma su responsabilidad por "la crisis económica y social que generó su gobierno". Y apoyó los "reclamos de sectores políticos y gremiales" que le piden al Presidente que declare la "emergencia alimentaria", pero "no como una expresión retórica", sino como un "hecho concreto y real". Que Macri "se haga cargo de la crisis que ha generado" y envíe a las provincias "recursos urgentes que son los que está obligado a enviar" y "ha retaceando en los últimos tiempos" para garantizar el derecho a comer.
Un colega le preguntó por los proyectos que se debaten en la Legislatura para declarar la emergencia alimentaria en Santa Fe. "Nosotros atendemos la situación social en la provincia", contestó Lifschitz. "La responsabilidad de declarar la emergencia alimentaria" en la Argentina es de Macri. "Las provincias y los gobiernos locales podemos colaborar" en lo urgente "porque estamos más cerca" de las necesidades y "tenemos la posibilidad de llegar más rápido a los barrios". Pero los recursos "tienen que venir del gobierno de Macri y del presupuesto nacional" y aliviar las finanzas provinciales y municipales. "Nosotros ya estamos haciendo el máximo esfuerzo posible", agregó.
"La situación crítica no empezó a partir de las PASO", del 11 de agosto "como nos quiere hacer creer" Macri, sino "hace dos años atrás" -recordó el gobernador- cuando advertimos el impacto del ajuste en la clase media, en los trabajadores, en el sistema de salud" y en la mesa familiar por el aumento de chicos en los comedores escolares.
Ante el ajuste de Macri, Lifschitz reforzó las partidas sociales para amortiguar el desplome, lo que demandó a la provincia unos 8.500 millones de pesos. A saber: tarifa social eléctrica: 1.300 millones; subsidios al transporte: 1.500 millones; tratamientos médicos (diálisis, drogas oncológicas y altos costos): 500 millones y comedores escolares y copa de leche: más de 5.000 millones.
Pero a esto se sumaron "otros agravantes", como llamó el gobernador a la decisión de Macri de recortar recursos coparticipables de Santa Fe por "casi 4.000 millones de pesos" y a la "escalada inflacionaria que tiene un enorme impacto en todos los costos de la provincia", entre ellos "insumos médicos y salarios".
En esta coyuntura tan compleja, la decisión política es priorizar la inversión social en todas las áreas para atender las necesidades básicas de los santafesinos. Ese será su objetivo hasta el 10 de diciembre. "Desde el gobierno provincial vamos a garantizar con nuestras finanzas las políticas sociales que son características de Santa Fe, y en tiempos de crisis, más necesarias que nunca", concluyó.
Fuente:Rosario12
Foto:Manuel Costa
Los peones de taxis junto con los titulares exigirán este martes en las puertas de la sede gremial (Salta 2882) la renuncia del suspendido secretario general, Horacio Boix, acusado por malversación de fondos. “Queremos justicia”, remarcaron los tacheros.
Los taxistas realizarán este martes a las 11.30 un abrazo simbólico en la sede del Sindicato de Peones de Taxis, ubicado en Salta 2882. Allí pedirán la renuncia del suspendido secretario general, acusado de malversar fondos y utilizar el patrimonio de la entidad para beneficio propio.
A través de un comunicado, los tacheros expresaron que la movida también tendrá como fin “apoyar la institucionalidad y los tiempos de la justicia para que los hechos denunciados queden debidamente esclarecidos”.
El actual secretario adjunto del sindicato, Horacio Yannotti, consideró que sería “saludable contar con la presencia de todo el gremio taxistas”, ya que la convocatoria incluye tanto a empleados como a titulares de licencias.
“Queremos justicia para que se esclarezca el desfalco que hizo el señor Boix a nuestra querida institución. También pedimos por la institucionalidad para poder avanzar y lograr que de ahora en más el sindicato de taxis tenga otra impronta, pero sobre todo que se más útil para la familia taxista”, indicó el referente gremial.
La sede del sindicato fue allanada este lunes por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de la investigación contra Boix. De allí se llevaron documentación de interés para la causa. “Será la Justicia la que evaluará el daño económico que le ha hecho a la institución», señaló Yannotti.
Fuente:RedaccionRosario
Emboscada y balazos en la ruta al jefe de la Policía Federal en Santa Fe
Un violento ataque a balazos contra el jefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina (PFA), Mariano Valdez, se produjo en plena autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Pavón, a partir de una emboscada. El jefe policial recibió dos disparos pero se encuentra fuera de peligro.
El cinematográfico episodio se produjo antes de las 21 de este lunes cuando Valdez viajaba junto a una suboficial ayudante desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la Santa Fe capital. A la altura del kilómetro 258 Km una camioneta se le puso a la par del Ford Focus del comisario, y los ocupantes, en principio encapuchados, comenzaron a efectuar disparos que ingresaron por la ventanilla del conductor.
Valdez recibió un balazo en la ingle y otro en el brazo y fue trasladado a un efector de salud de la localidad de Arroyo Seco. Se encuentra fuera de peligro. El comisario tuvo un papel destacado tras quedar a cargo de la delegación local luego de que Néstor Roncaglia, el jefe a nivel nacional de la fuerza, desplazara a seis efectivos por irregularidades serias y sospechas de connivencia con narcotraficantes.
Luego se los procesó, con el jefe de la delegación incluido, por encubrimiento, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes de funcionario público en otros delitos. Incluso se encontró en la delegación local 88 bochas de cocaína de procedencia ilegal y se presumió que su fin era para la venta.
Fuente:RosarioPlus
Transición provincial
Del gobierno a Perotti: “No estamos incrementando el gasto irresponsablemente”
El mandatario electo puso la lupa en la suba del gasto público, que crece por encima de la recaudación. Desde el Ejecutivo, el ministro de Gobierno Pablo Farías retrucó que se trata de una interpretación “malintencionada” y justificó la inversión en políticas sociales
La semana pasada, los colaboradores de Perotti pusieron en línea una página web en la que dan cuenta del estado de las finanzas públicas. Allí muestran cómo el gasto público crece por encima de la recaudación (43% contra 53% entre julio de 2018 y julio de 2019) y pronostican parea fin de año un déficit fiscal de 20 mil millones de pesos, más del triple del previsto en el presupuesto 2019 (6 mil millones).
Este lunes, el gobierno del Frente Progresista salió a refutar la lectura que hicieron los representantes de Perotti sobre la información pública de las cuentas provinciales. “La interpretación de la inversión que está haciendo el gobierno es malintencionada”, acusó el ministro de Gobierno Pablo Farías.
En declaraciones a la prensa, en Santa Fe, el funcionario dijo que “la información que estamos brindando a las personas designadas por el gobernador electo, que conforman la comisión de transición, es información pública, son datos que figuran en el portal web de la provincia y que cualquiera puede buscar”.
Farías opinó que “la interpretación que se quiere hacer de la inversión que está haciendo el gobierno es malintencionada o falaz; nosotros no estamos incrementando irresponsablemente el gasto, todo lo contrario: lo estamos incrementando puntualmente en las áreas más sensibles como salud, refuerzo alimentario de comedores escolares y copas de leche”.
En línea con las explicaciones que había dado más temprano el gobernador Lifschitz, Farías consignó que en el último año “aumentó la inversión social en distintas áreas por encima de lo presupuestado para este año y por encima de la inflación. Hay insumos en el área de salud que aumentaron muy por encima de la inflación; esto, sumado a que está ingresando mucha más gente al sistema de salud producto de la crisis, hace que tengamos que reforzar permanentemente las partidas”.
Poca deuda
Por su parte, el ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, remarcó que “la deuda de la provincia es la más baja entre todas las provincias en relación a su presupuesto y a la cantidad de habitantes”. Los vencimientos de deuda en dólares habían sido otro de los motivos de preocupación planteados por el equipo de Perotti.
“Además –agregó Saglione– tenemos muchos recursos por cobrar en comparación con lo que tenemos por pagar. Por cada peso que la gestión entrante tiene por pagar, hay tres por cobrar. Esto no solo por los fallos de la Corte Suprema (vinculados a la coparticipación) sino por otras acreencias con el gobierno nacional”.
Respecto del déficit proyectado por el PJ, el ministro de Economía prefirió no opinar, aunque sí remarcó las deudas que mantiene la Nación con Santa Fe por el déficit previsional, que incluye sobre esa estimación: “El déficit 2019 es imposible saberlo a la fecha
“Vivimos en una incertidumbre donde de un día para otro nos enteramos que Santa Fe iba a perder 4000 millones por una decisión tomada por decreto por parte del gobierno nacional (los cambios en los impuestos coparticipables). La magnitud del déficit dependerá en gran medida de cuándo gire la Nación lo que nos debe por el déficit de la Caja Jubilaciones”, unos 5800 millones correspondientes a 2018. “Es un monto más que significativo para un gobierno provincial”, cerró Saglione.
Fuente:EñCiudadanoyLaRegion
"Hay funcionarios políticos que buscan quedar en planta por decreto"
Lo aseguró ayer el diputado provincial Leandro Busatto, y dijo que se observaron intentos así en el área de Justicia y del MPA.
Martes 10 de Septiembre de 2019
El diputado provincial Leandro Busatto, quien integra el equipo del gobernador electo Omar Perotti que está monitoreando la transición con la gestión de Miguel Lifschitz, advirtió ayer que "hay funcionarios políticos que intentan por decreto del actual gobernador quedar en la planta permanente del Estado" y remarcó que "quien asumió con responsabilidades políticas debe irse cuando termina la gestión".
El legislador fue más allá y señaló que se han detectado casos de intentos de pase a planta de personal político "en la órbita del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público de la Acusación (MPA)".
Por su parte, el coordinador de la transición, Rubén Michlig, también remarcó que "la planta de personal en la gestión socialista creció un 26 por ciento (entre empleados permanentes y temporarios) y en la gobernación de Miguel Lifschitz aumentó en 1.400 cargos, a los que se sumaron 1.572 contratados".
Las declaraciones de los referentes del perottismo contrastaron con lo que había afirmado el propio Lifschitz días atrás al señalar que "en cuatro años de gobierno no se aumentó la planta. Somos el único gobierno provincial que a lo largo de 35 años no modificó la planta permanente. Tenemos más de 700 cargos vacantes que no vamos a cubrir", había afirmado el gobernador.
Sin embargo, los datos con los que cuenta Michlig no señalan lo mismo. "Durante el proceso de la gestión socialista hubo tres leyes de pase de contratados a planta, con un promedio de 3.000 personas en cada una de ellas, más otra ley especifica para el personal de salud", destacó el coordinar de la transición entre el actual gobernador y su sucesor a partir del 10 de diciembre.
Busatto, en tanto, dijo que su sector "no está en contra del pase a planta de empleados que llevan años precarizados y que sin dudas tienen todo el derecho laboral de pasar a tener una estabilidad en la planta estatal". Pero diferenció esa realidad de la que tienen algunos funcionarios políticos.
"Lo que estamos pidiendo es que se evite nombrar por decreto en la planta permanente del Estado a funcionarios que tienen vinculación política con el gobernador. Entendemos que la persona que asumió con responsabilidades políticas tiene que terminar su mandato junto con el gobernador, por eso estamos en desacuerdo con algunos decretos de nombramientos que estamos viendo fundamentalmente dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y del MPA", puntualizó el legislador.
Así las cosas, la transición empieza a subir en temperatura a medida que se acerca la hora de que la gestión socialista abandone la Casa Gris tras doce años ininterrumpidos de administraciones de ese partido. El justicialismo, en tanto, posa la lupa una y otra vez en decretos y erogaciones de los últimos meses.
Falaz
El ministro de Economía, Gonzalo Saglione, salió al cruce de las versiones que indican que la provincia tiene un déficit de 20 mil millones de pesos. “La interpretación que se quiere hacer de la inversión que está haciendo el gobierno es malintencionada o falaz”, aseguró.
Fuente:LaCapital
La Corte Suprema de la provincia de Santa Fe rechazó un recurso de queja presentado en 2016 por Oscar Licera -quien maneja el tambo- con lo cual avanza la orden de desalojo del lugar.
La Corte Suprema de la provincia de Santa Fe rechazó un recurso de queja presentado en 2016 por Oscar Licera -quien maneja el tambo- con lo cual avanza la orden de desalojo del lugar.
El tambo La Resistencia, ubicado en el barrio Nuevo Alberdi y explotado por la agrupación política Ciudad Futura, se encuentra en un conflicto judicial desde hace algunos años. Tras varios intentos de desalojo, en septiembre de 2016 la Corte había aceptado el recurso de queja presentado por el titular del tambo, suspendiéndose así el desalojo.
Sin embargo, en los últimos días un fallo unánime de los jueces Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuller y María Angélica Gastaldi, declaró inadmisible el recurso presentado por Licera, con lo que el desalojo vuelve a estar en vilo.
Desde la agrupación Ciudad Futura emitieron un comunicado donde sostuvieron que «existen tres leyes, dos nacionales y una provincial, que amparan taxativamente al tambo La Resistencia, a su producción y su permanencia».
«La ley provincial 13.334 que protege al pequeño productor rural e impide su desalojo. La ley nacional 27.118 que defiende a la agricultura familiar de los despojos y, por último, la ley de barrios populares (27.453), que no sólo frena por 4 años los desalojos de los inmuebles que forman parte del registro confeccionado por esa misma ley, sino que declara a esos lotes de interés social sujeto a expropiación», explicó el documento.
Por este motivo, desde el espacio político realizarán las presentaciones que correspondan para que el poder judicial de Santa Fe «se atenga al cumplimiento de la ley y ordene la suspensión definitiva del desalojo del tambo La Resistencia».
Finalmente, desde Ciudad Futura advirtieron que el desalojo del lugar afectaría a más de 200 familias que habitan en la zona rural del barrio Nueva Alberdi.
El caso
El predio donde funciona el tambo La Resistencia es propiedad de Mario Jáuregui, quien en el año 2007 firmó un préstamo de algunas lotes a Oscar Licera para que los explote con fines agropecuarios.
Sin embargo, una vez que el contrato expiró Licera continuó usufructando las tierras y Jáuregui inició un juicio de desalojo. A fines del 2012 la justicia emitió un fallo que ordenaba el desalojo del predio, el cual fue apelado por Licera, argumentando la violación de la ley 13.334 , de «declaración de emergencia y suspensión de desalojo de predios rurales».
Así, se frenó la orden de desalojo mientras que la justicia pidió que la Municipalidad defina si el espacio era considerado urbano o rural. Finalmente, la Dirección de Catastro dictaminó que se trataba de un área urbana.
El caso llegó hasta la Cámara, la cual determinó que la ley 13.334 no podría aplicarse en esta oportunidad. Ante esto, Licera presentó un recurso de queja ante la Corte, el cual fue rechazado.
Fuente:Conclusion
No hay comentarios:
Publicar un comentario