El candidato hizo un balance de su viaje a Europa Alberto Fernández
"No somos marginales en el mundo planteando locuras"
En charla distendida, se extendió sobre sus ideas económicas y analizó cómo se recortaron mediáticamente declaraciones suyas para transformar su sentido. También le respondió a una nota del diario La Nación sobre su reunión con Galperín, de Mercado Pago.
Por Fernando Cibeira
Gira ibérica, que iba a ser un descanso en la campaña.
Imagen: EFE
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Lo que originalmente había sido pensado como un viaje de descanso en la semana previa al inicio formal de la campaña electoral terminó siendo una primera señal clara del rumbo que tomarán las relaciones exteriores de Alberto Fernández si, como todo parece indicar, resulta electo presidente. La visita a España y Portugal, con inusuales reuniones para un candidato de más de una hora con sus primeros ministros, sirvió para mostrar su afinidad ideológica con los socialismos europeos, una suerte de contracara de los populismos de derecha que asoman por diferentes latitudes y con los que tan buenas migas hizo Mauricio Macri. “No somos marginales en el mundo planteando locuras. Ahí tienen los resultados”, sostuvo ayer en una entrevista, resaltando los puntos en común recogidos durante los encuentros. Fernández también destacó el interés de los empresarios españoles por conocer sus planes y hasta la visita reservada de dos representantes de fondos de inversión que viajaron especialmente desde Nueva York y Londres para conversar con él.
Una cosa fue llevando a la otra y Alberto Fernández terminó cerrando una agenda de actividades casi de presidente en funciones, con contenido político y económico. Por el lado político, con los encuentros con los primeros ministros y con otros referentes del socialismo español como el canciller Josep Borrel y el ex jefe de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Fernández comentó que al rato de reunirse con Pedro Sánchez ya conversaban como si se conocieran desde siempre. Sánchez le adelantó su respaldo para las complicadas negociaciones que se avecinan con el FMI a partir de diciembre.
Si había dudas acerca de su actitud hacia Europa por sus críticas al acuerdo de libre comercio que firmó el Mercosur, Fernández se encargó de enterrarlas. Reiteró en cada ocasión su vocación por estrechar lazos con el Viejo Continente pero siempre cuidando que no perjudique a la debilitada economía argentina. A Sánchez le reiteró su intención de utilizar a España como “la puerta de entrada” de Argentina a la UE, por obvias razones de cercanía. “Me llamo Fernández y Cristina también”, bromeó cuando habló en el Congreso.
Se dio una situación acerca de la unidad progresista y sus ingredientes internos. Sánchez se encuentra en estos días reanundando las negociaciones con el jefe de Podemos, Pablo Iglesias, para recibir su apoyo para continuar en La Moncloa. En caso de no llegar a un acuerdo, deberán convocar a nuevas elecciones. Ya una primera ronda de negociaciones fracasó por las exigencias de Podemos, que incluían varios lugares en el gabinete. Alberto Fernández expresó implícitamente su postura contraria a esas exigencias al no reunirse con Pablo Iglesias. Desde la oficina de Sánchez le habían sugerido que mejor no lo hiciera.
Uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, le preguntó en la conferencia en el Congreso acerca de la unidad alcanzada en Argentina, considerando que “algunos” en España deberían tomar nota, una referencia a Sánchez. Pero Alberto Fernández le respondió que no algunos sino “todos” en España debían tomar nota, para abarcar a Podemos. En privado, Alberto Fernández le recomendó a Monedero que cerraran rápido el acuerdo con Sánchez y no hicieran caer el gobierno porque pagarían el costo. “Va a sacar más votos el PSOE y ustedes menos, la gente se lo va a reprochar”, profetizó.
Desde España le armaron el encuentro con Antonio Costa, el padre del “milagro portugués”, que Alberto Fernández emparentó con lo hecho durante la época que fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y que busca repetir si llega a la Casa Rosada. “Es un modelo audaz en lo económico y rígido en lo fiscal. Como hicimos con Néstor, movieron el consumo y el mercado interno, manteniendo el déficit a raya”, comentó Fernández que se llevó muy buena impresión de Costa, quien le pidió también tener una relación de contacto fluído y actuar como España, como la “puerta de entrada” argentina a la UE. Alberto Fernández también elogió la alianza que armaron en Portugal, que incluye al Bloque de Izquierda, el Partido Comunista y el Verde. Pero es a nivel Parlamento y de políticas, sin que le hayan reclamado lugares en el gobierno para sostenerlo.
Es la economía
Si bien este costado político del viaje, con Fernández acercándose al socialismo europeo y lejos del “chavismo” al que permanente busca asociarlo el macrismo, fue importante, no tuvieron menos trascendencia los encuentros con los sectores empresarios y financieros, que también supuestamente miraban con horror la irrupción del Frente de Todos, pero al parecer no era tan así.
La mandamás del Banco Santander, Ana Botín, el banco privado que maneja más recursos en Argentina, le pidió una entrevista que se hizo en el mismo Parlamento. Luego envió a su segundo a la cena que se hizo en la residencia del embajador de Uruguay, Federico Bustillo, a la que también asistieron representantes del Grupo Prisa, del BBVA, de Telefónica, de Mapfre y del Grupo Hidalgo, dueños de Air Europa, es decir, los principales empresas con intereses en la Argentina. “Querían saber cómo íbamos a hacer para sacar al país de la crisis”, comentó luego Fernández que dijo haberse dedicado a despejar dudas, por ejemplo, sobre sus conversaciones con el Fondo. Les contó que con ellos charló principalmente sobre el futuro, aunque insistió que le parecía “irresponsable” la forma que el FMI le dio dólares a Macri para que se fugaran. Nadie lo retrucó. Es más, el representante del BBVA llevó datos de la salida de dólares de los últimos días. En general, contó luego el candidato a sus colaboradores, notó disgusto por lo que consideraban la “improvisación” de Macri para manejar la economía.
Según le comentó un periodista de una agencia de noticias internacional que se le acercó en un momento de la gira, uno de los empresarios que participó de la cena comentó que se había quedado muy conforme con el análisis de Alberto Fernández, especialmente porque había respondido todas las preguntas. Por otro lado, todos sin excepción confirmaron que seguirán en el país con su plan de negocios.
La espinosa cuestión del “reperfilamiento”, uno de los temas que tendrá en la agenda a su vuelta, fue abordada en las reuniones que tuvo con los representantes de los fondos de inversión con títulos argentinos. Alberto Fernández no quiere dar el ok para un proyecto de ley que todavía no se sabe de qué va, pero que la pretensión de Macri de tener las manos libres para negociar la ve inviable, especialmente después de las charlas que mantuvo en Madrid en las que el macrismo ya era tomado como una etapa superada. Para Fernández lo más lógico sería que el Gobierno empiece a negociar ahora el cambio de la deuda –para lo que no necesita una ley– y que una vez cerrada la envíe al Congreso para su aprobación. Una tarea que tendrá pendiente a partir de mañana, con la campaña electoral ya iniciada.
Ambientalistas planean judicializar la medida
El decreto para importar basura reactivó las críticas a la gestión de residuos en el país
Los especialistas advierten sobre el riesgo potencial de que ingresen residuos peligrosos y señalan que el Gobierno decidió traer de afuera lo que acá no se trata en vez de invertir en infraestructura de reciclado.
Por Alejandra Hayon
Recolectores de basura en el CEAMSE
Imagen: EFE
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El decreto del Gobierno que modificó la Ley de Residuos Peligrosos dejó a la vista un problema de fondo: qué hacen los países para gestionar su basura. La modificación que flexibiliza los requisitos para importar residuos generó la reacción de organizaciones ambientalistas y cooperativas de cartoneros por las consecuencias que podría traer aparejada, entre ellas el riesgo potencial de que ingresen residuos peligrosos, dado que la nueva normativa no exige el certificado de inocuidad del país emisor, y que perjudique seriamente a la única cadena de reciclado que existe en los centros urbanos, los cartoneros. La pregunta que se hacen los especialistas parece obvia: “¿De verdad vamos a pagar por la basura cuando acá enterramos la nuestra?”
Según el último informe del Estado del Ambiente, actualizado en 2017, en Argentina se genera un promedio de 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, lo que equivale a una tonelada de basura cada dos segundos. De acuerdo a los datos brindados por el Ceamse, que sólo opera a la zona metropolitana de Buenos Aires, el 40 por ciento de los residuos corresponde a material orgánico; el 14 por ciento, a papel y cartón; y el 13 por ciento son plásticos. El resto de los materiales son vidrio, residuos textiles y metales, entre otros. Todos materiales que podrían ser parte de los llamados residuos reciclados.
Para los que siguen de cerca la legislación ambiental el decreto cayó como un balde de agua fría. “Inaudito”, fue la palabra que usaron para describirlo. Tanto desde Greenpeace como desde la Asociación de Abogados Ambientalistas no tienen dudas de que la modificación significa, de manera solapada, una flexibilización de los requisitos para poder ingresar residuos.
Qué dice el decreto
El decreto 591/2019 -publicado en el Boletín Oficial el 26 de agosto con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Producción, Dante Sica- modifica los decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos. El objetivo de la nueva norma es permitir el ingreso de “sustancias y objetos”, procedentes de otros países, que puedan ser utilizados para otras finalidades o para los que exista un mercado o demanda específica.
La modificación más importante radica en que el decreto anterior exigía de manera taxativa un “certificado de inocuidad sanitaria y ambiental expedido previo al embarque por la autoridad competente del país de origen”. Sin el certificado de inocuidad quedaba totalmente prohibido el ingreso de cualquier tipo de desechos “procedentes del reciclado o recuperación material de desperdicios”.
Ahora serían el Ministerio de Producción y el rebajado Ministerio de Ambiente –convertido en Secretaria- quienes supervisarían que los residuos cumplan con la legislación vigente, o sea que no sean peligrosos, y que “no generen impactos adversos para el ambiente o la salud”. La crítica radica en que esas consideración se harían una vez recibidos en suelo argentino.
“El decreto es inaudito por varias razones. La primera es que flexibiliza los requisitos al quitar el certificado de inocuidad, algo que se considera una regresión en materia de derecho ambiental y por eso decimos que es inconstitucional. En segundo lugar, abre la puerta a que pueda entrar cualquier tipo de basura y esto no es una especulación basada en la nada. Es lo que vemos que pasó sistemáticamente en los países receptores de ese tipo de residuos como China”, explicó Leonel Mingo, uno de los coordinadores de Greenpeace Argentina.
Según Mingo, las potencias centrales como Estados Unidos y otros países europeos buscan introducir sus residuos en nuevos mercados, casi siempre países en vía de desarrollo. Y para esto usan todo tipo de eufemismos, incluso los que hicieron propios los ambientalistas para dejar de ver la basura como un residuo y pasar a considerarla un recurso.
“No hay que perderse en el juego de palabras que hicieron en el decreto. Los defensores ambientales decimos que hay que dejar de ver a la basura como tal y entenderla como recursos. El Gobierno tomó ese concepto y lo distorsionó”, lanzó el ambientalista y explicó: “Acá los rellenos sanitarios están colapsados, hay basurales a cielo abierto a lo largo del país… la basura sobra, no hay que gastar millones para importarla”. Este es el tercer punto sobre el que reflexiona Mingo; la decisión de traer de afuera lo que acá no se trata.
La respuesta del Gobierno frente a las críticas
El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable salió a responder las críticas. Según Sergio Bergman desde ningún punto de vista el decreto modifica los estándares de importación de residuos. “No se va a importar basura sino solamente residuos que pueden ser utilizados como insumos en la economía circular”, aclaró en diálogo con radio Con Vos.
Con economía circular, Bergman se refiere a residuos que “antes se descartaban y ahora se reutilizan” en diferentes procesos productivos. “No es cierto que se va a habilitar la importación irrestricta de residuos”, volvió a remarcar el funcionario que fue criticado en varias oportunidades por su posición frente a temas ambientales. Según Bergman, si los residuos tienen “la validación de que la industria nacional lo requiera, que haya un mercado específico, que esté regulado y que seamos las autoridades ambientales del país y no del otro país los que certifiquemos que eso forma parte de una economía virtuosa” entonces sí podrá ingresar.
Para el representante de Greenpeace, la propuesta del Gobierno debería ser la inversa. Invertir el dinero en mejorar la infraestructura de los recicladores urbanos, los cartoneros, y extender la recuperación de residuos a todos los distritos donde aún no hay nada. “Me consta que los recicladores trabajan por debajo de su capacidad operativa, es una lástima, porque esos residuos que se quieren importar nosotros los estamos enterrando”, agregó.
Sobre el certificado de inocuidad que ya no será requisito, algo sobre lo que el Gobierno resta importancia porque dice que serán las autoridades locales las encargadas de controlar que los residuos no sean peligrosos, los especialistas aclaran que la intervención local “será la de supervisar”, que no es lo mismo. “Estados Unidos podría mandar algo contaminado. En la aduana lo detectan y lo quieren devolver, ellos bajo ningún punto de vista lo van a recibir de vuelta. Por eso era importante que el certificado sea previo al envío”, opinó Mingo.
Qué pasa con la basura en Argentina
El informe Estado del Ambiente, que elabora la Secretaría de Ambiente, reconoce que en materia de residuos potencialmente reciclables “hay pocos municipios en Argentina con plantas de separación y reciclaje”. Como ejemplo, la Secretaría brinda algunos datos: en 2016 se reciclaron sólo 200.000 toneladas de plástico sobre 1.700.000 toneladas disponibles. Algo similar ocurre con los neumáticos fuera de uso. De las 135.000 toneladas de cubiertas descartadas por año, sólo el 10 por ciento es triturada para reutilizar, lo que se conoce como material granulado.
La Secretaria reconoció también que el país aún tiene “graves problemas ambientales” en materia de saneamiento. Según el informe, existen unos 5.000 basurales irregulares a cielo abierto, que ocupan unas 8.600 hectáreas.
La Ciudad de Buenos Aires es uno de los pocos distritos que fijó mediante una ley metas concretas para reducir de manera progresiva la cantidad de basura que envía a los rellenos sanitarios. La ley de Basura Cero, sancionada en 2005, planteó un cronograma “de reducción progresiva de la disposiciones final de los residuos sólidos urbanos”. Según estos objetivos, en 2010 la ciudad debería haber enviado al Ceamse un 30 por ciento menos de basura; en 2012, un 50 por ciento menos y en 2017, un 75 por ciento. Metas que no se cumplieron.
Según denunció Greenpeace, en 2017 la Ciudad logró reducir sus residuos apenas un 26 por ciento en comparación con la cantidad de basura enviada durante 2004, número que no alcanzaba para cumplir ni la primera de las metas. El año pasado, el oficialismo porteño impulsó la modificación de la ley y extendió los plazos. Ahora el objetivo es reducir un 50 por ciento los desechos depositados en los rellenos sanitarios para el 2021 y un 80 por ciento para el 2030.
“La gestión de basura se sigue manejando igual desde hace treinta años. La Ciudad de Buenos Aires es la única que tiene una ley específica y se incumple sistemáticamente desde su sanción”, agregó el representante de Greenpeace, quien sostuvo que no existe una política "seria" a nivel nacional para impulsar el reciclado. Lo único que existen hoy en día, dice, son los cartoneros. “Si sabés que la mayor parte de los residuos pueden ser reciclados, que hay una industria que los demanda, que hay gente dispuesta a separarlos con sus manos por qué no les damos más herramientas en vez de traer basura de afuera”, volvió a plantear Mingo.
Los envíos de basura en el mundo
Según una investigación del diario británico The Guardian, la mitad del plástico reciclado de Estado Unidos en 2015 fue a parar a China y Hong Kong. El problema fue que gran parte de lo enviado estaba contaminado y no podía ser reutilizado por lo que los países receptores tenían que descartarlo como basura. Por la presión social, en 2017 China restringió la importación de casi todos los plásticos.
De acuerdo con los datos incorporados al informe, Estados Unidos genera más de 34 millones de toneladas de residuos plásticos por año. El cierre de la frontera de China hizo que la administración de Donald Trump tuviera que buscar nuevos destinos para su basura. Primero fueron Vietnam, Malasia y Tailandia; después los envíos de residuos se extendieron también a Camboya, Laos, Ghana, Etiopía y Kenia, entre otros.
The Guardian confirmó que el año pasado Estados Unidos envió, en total, unos 68.000 contenedores con plásticos a países en vías de desarrollo, algunos de ellos los más pobres del mundo. De acuerdo a la investigación, Ecuador sería el único país latinoamericano que forma parte de esa lista.
Qué dice la Constitución
Tanto las organizaciones ambientalistas como las cooperativas de cartoneros estudian presentar algún recurso judicial para frenar el decreto. Aluden que la modificación es regresiva en materia de derecho ambiental y que hasta contradice el artículo 41 de la Constitución, que garantiza el derecho a un “ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano”, mismo compromiso que se mantiene con las generaciones futuras.
El mismo artículo incluye una aclaración en cuanto a la importación de basura. “Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”, aclara. Los ambientalistas consideran este apartado como un logro de la lucha por los derechos ambientales en Argentina.
“No tengo dudas de que esto es inconstitucional, es un decreto cuestionable desde el momento en que permite el ingreso de residuos sin certificado de peligrosidad. El último párrafo del artículo 41 de la Constitución prohíbe de manera expresa el ingreso de residuos tóxicos al país”, aclaró Enrique Viale, titular de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Según explicó el abogado, el decreto viola los principios de no regresión ambiental y el de progresividad, que significa que debe “legislarse hacia adelante”.
Fuente:Pagina12
Posterga el giro de los U$S 5400 millones prometidos. En vez de revisar las metas de junio, se fijará en el nuevo escenario marcado por el default y el reperfilamiento de la deuda.
(Foto: AFP)
Por Marcelo Colombres - @econocolombres
8 de Septiembre de 2019
El Fondo Monetario Internacional ya planea otra reformulación del acuerdo stand by con Argentina. Será la respuesta al nuevo cuadro político surgido tras las PASO y a las recientes decisiones del gobierno que incluyeron el default de las Letes y Lecaps que estaban en poder de inversores institucionales y la apertura de negociaciones para el reperfilamiento de la deuda.
La resolución implica la postergación de facto y sin fecha de las cuotas que restaba girar del programa por U$S 57 mil millones. Entre ellas, la que debía ser abonada el 15 de este mes, por U$S 5400 millones, monto que el gobierno necesita de manera imperiosa para cerrar el programa financiero del corriente año.
Voceros del organismo se lo confirmaron ayer a Tiempo. "Seguimos como lo habíamos comunicado la semana pasada. No hay fechas definidas. Estamos analizando las recientes medidas y continuamos en estrecho contacto con las autoridades argentinas", señalaron.
Con esta determinación, el acento para continuar con la asistencia estará puesto ya no en el cumplimiento de las metas fiscales pactadas, sino en la viabilidad del escenario que se dibujó a partir de la disparada del dólar y la caída de reservas del Banco Central. Allí también se incluyen el cepo a la compra de divisas y las limitaciones a la salida de capitales al exterior.
La resolución es una rotunda respuesta a lo que había dicho el presidente Mauricio Macri el jueves, en relación a la llegada del dinero del FMI. "Sí, esperamos el desembolso porque hemos cumplido con todo", dijo el primer mandatario en su visita a Córdoba. El giro de los acontecimientos y el cambio de criterios para dar por aprobada la revisión dejó al presidente en offside.
Las esperanzas de Macri radicaban en haber alcanzado las metas fiscales comprometidas para el primer semestre del año. Esa era la condición para gatillar otra cuota. Ahora, esa dejará de ser la prioridad.
Es que la misión auditora que tenía que verificar esos números se convirtió en otra de mayor voltaje político, encabezada por Alejandro Werner y Roberto Cardarelli (director del Departamento para el Hemisferio Occidental y monitor del caso argentino, respectivamente), que llegó a la semana siguiente de las PASO y tuvo como prioridad otear el panorama. Para eso se entrevistó con Hernán Lacunza, apenas asumido como ministro de Hacienda, y con Alberto Fernández, el candidato presidencial más votado en las Primarias de agosto.
En esas entrevistas, además, los emisarios se encontraron con una dura posición de Fernández, quien colocó al gobierno y al FMI en el mismo nivel como responsables de la crisis y les reclamó "poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina; para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias". Con el comunicado bajo el brazo, los dos funcionarios volvieron enseguida a Washington y expusieron la situación ante el directorio, que trató el tema de urgencia y fuera de su orden del día.
El tercer acuerdo
En los hechos, el análisis de las nuevas medidas abre las puertas a un nuevo programa, que sería el tercero en menos de 15 meses. El primero, por U$S 50 mil millones y una duración de 36 meses, se celebró en junio de 2018. Tres meses después, ante una nueva ola devaluatoria, vino el segundo acuerdo, en el que se amplió la asistencia financiera a U$S 57 mil millones, se acordó que el dinero sería desembolsado de manera efectiva (en el anterior el acceso era sólo precautorio, es decir quedaba a consideración del gobierno si lo retiraba o no) y se aceleró el cronograma de manera que el 88% de los fondos llegaría durante la gestión de Macri.
En el medio cambiaron recetas y funcionarios. Quedaron en el recuerdo las metas de inflación, las Lebac (reemplazadas por las Leliq), la libre flotación del tipo de cambio y las bandas de referencia. Se alejaron Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger (los firmantes del acuerdo original) y Luis Caputo. La prédica del déficit cero perdió terreno en manos de los congelamientos de precios y los subsidios. A pesar de ello, el dólar pasó de $ 25 a $ 58, la inflación se aceleró y las tasas llegaron al 85%. De los U$S 44 mil millones que llegaron, en las arcas del Banco Central sólo quedaron U$S 3000 millones.
Calzados y descalzados
La demora en la llegada del dinero puede agudizar las tensiones económicas y financieras. La Secretaría de Finanzas tenía los pagos de deuda calzados con los ingresos del Fondo. La incertidumbre sobre esos envíos (hay otro previsto para diciembre por U$S 1000 millones) disparó la decisión de patear para adelante buena parte de las Letes, Lecap y otras obligaciones a cancelar antes de fin de año. Una estimación de la consultora Eco Go señala que de no llegar el giro prometido, el Tesoro tendría un faltante de U$S 1280 millones y $ 255 mil millones para cancelar sus compromisos en moneda extranjera y local, respectivamente.
Algunos economistas son pesimistas sobre ese desembolso. "Lo veo poco probable en el corto plazo. Las señales son de restricción. Hay demora y están revisando si las condiciones se dan", opinó Daniel Marx, negociador de la deuda externa entre 1989 y 1993, en un reportaje de FM La Patriada. En sentido similar, Emmanuel Álvarez Agis (uno de los referentes económicos del Frente de Todos) declaró en Radio con Vos que "es claro que el FMI va a querer hablar con el próximo gobierno y hoy las chances están más del lado de Alberto Fernández que de Macri. Al que tiene la plata le interesa hablar con el próximo".
A ello se suma el vacío de poder que vive el Fondo, inmerso en una transición que puede alargar aun más los plazos. Su directora gerente, Christine Lagarde (sostén de Macri en el mundo de las finanzas internacionales), dejó la entidad y su casi segura sucesora, la búlgara Kristalina Georgieva, recién asumiría el 4 de octubre. Es demasiado tiempo para un gobierno que en siete semanas se juega su continuidad en el poder.
La usina del plan para los primeros 100 días
os equipos técnicos del Frente de Todos cerraron el primer borrador de potenciales políticas públicas. Cómo funciona la red que piensa y diseña el proyecto de gobierno de Alberto Fernández.
(Foto: AFP)
Por Viviana Mariño - @vmarinio
8 de Septiembre de 2019
La primera figura nació asociada a Napoleón Bonaparte. La historia utiliza la etiqueta de los Cien Días para señalar el intenso ciclo entre el final de su destierro en la isla de Elba, el plan para cambiar las reglas de juego en una Francia convulsionada y la capitulación definitiva de Waterloo en 1815. Pero fue la apropiación por parte de Franklin D. Roosevelt la que incorporó el concepto de forma definitiva al manual político de la era moderna. Tras asumir el cargo en 1933 con un sólido respaldo en las urnas, el expresidente estadounidense planteó los primeros cien días de su gestión como un urgente cambio de rumbo que derivó en el New Deal, el paquete de medidas de fuerte intervención estatal para sacar al país de la crisis derivada del crac de 1929. El aval ciudadano se tradujo en un denominado "período de gracia" para fijar el horizonte y los ejes clave del nuevo gobierno.
El resultado de las PASO del 11 de agosto y la agudización de la crisis económico-social que condiciona el trecho que resta hasta los comicios nacionales de octubre recreó un escenario inédito: la fuerza ganadora de ese primer test enfrenta el desafío de garantizar la estabilidad institucional al mismo tiempo que es urgida a definir qué y cómo hará para enfrentar la emergencia en caso de conseguir el triunfo.
Alberto Fernández logró esquivar el rol de cogobernante en la transición al que Mauricio Macri intentó empujarlo en varias oportunidades, pero la proyección de su contundente triunfo en las Primarias dio vuelta el reloj de arena antes de tiempo: la potencial dirección de sus primeros cien días ganó inevitable espacio en el centro de la agenda pública.
Por detrás de las declaraciones mediáticas y el zigzag del diálogo con el oficialismo, el Frente de Todos asumió ese estado de cosas y ajustó la organización de los equipos que trabajan en el trazado de posibles futuras políticas públicas: este fin de semana las 24 comisiones que desarrollan planes y propuestas para la coalición peronista-kirchnerista cerraron el primer borrador final para cada una de las áreas de gobierno.
Integrados por más de 2200 exfuncionarios, dirigentes y referentes de todas las fuerzas políticas que integran la coalición opositora, los grupos de trabajo tienen a la primera semana de octubre como el plazo límite para cerrar el documento, una suerte de plataforma ampliada que incluirá la caja de herramientas –urgente y de mediano plazo– para una hipotética gestión. Para entonces, las producciones deberán haber pasado por la edición final a cargo del rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), Nicolás Trotta, y la exsenadora Virginia García; además de haber conseguido la bendición de Fernández y CFK. Aunque todavía está en discusión la modalidad, la presentación en sociedad del plan y los equipos dará un indicio claro de objetivos, metas y (tal vez) nombres de los integrantes de un futuro Gabinete.
El mecanismo
El trabajo coordinado de los equipos técnicos de la alianza opositora comenzó en mayo cuando Cristina Fernández invirtió el diagrama político y delegó la candidatura presidencial en el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner. El esquema tomó ritmo acelerado después de las Primarias: reuniones periódicas en la sede de la UMET y el apoyo de una plataforma digital para volcar los avances y conclusiones parciales.
Las comisiones –integradas en delicado equilibrio por referentes del kirchnerismo, el albertismo, el massismo y delegados de gobernadores, intendentes y el resto de las fuerzas y organizaciones de la coalición– trabajan en tres frentes: diagnóstico, medidas iniciales de emergencia y plan estructural. La evaluación de la "herencia" macrista y el diseño de propuestas con "datos duros recientes" redondearon el cierre de este fin de semana a cargo de la mesa ejecutiva de 20 integrantes que coordina cada uno de los equipos de trabajo.
Además de establecer a la plataforma que el Frente de Todos inscribió en la Justicia Electoral como un "piso mínimo" para la formulación de los proyectos, Fernández instruyó que todas las propuestas que exijan financiamiento pasen la prueba del ácido en la comisión de Macroeconomía que lideran Cecilia Todesca y Arnaldo Bocco. El objetivo es replicar la dinámica de trabajo articulado de una plenaria parlamentaria y establecer cómo y de dónde saldrán las partidas necesarias.
Además, en línea con el vínculo político que fungió con los líderes territoriales del PJ –"vamos a hacer un gobierno de 24 gobernadores con un presidente", suele repetir el candidato–, Fernández también delineó que los equipos trabajen por zonas y regiones. "La meta es pensar políticas públicas teniendo como parámetro los conflictos específicos de cada área del país. Es un trabajo colaborativo que no tiene nada de tarea de escritorio", señaló García a Tiempo.
La agudización de la crisis que siguió a la estampida del dólar post PASO terminó de configurar al paquete social como el eje de la agenda más urgente. Hace dos semanas, los equipos técnicos realizaron una jornada de trabajo para discutir el reclamo de emergencia alimentaria que en los últimos días derivó en dos multitudinarias marchas de las organizaciones sociales en distintos puntos del país. Daniel Arroyo –diputado nacional y ex viceministro de Desarrollo Social– detalló los alcances de ese pedido. Y Luana Volnovich, candidata a diputada en la Provincia, trazó el diagnóstico de las premisas para los jubilados, uno de los sectores que quedaron huérfanos del último paquete de emergencia del poder central.
El diagrama
El trabajo colaborativo de las últimas semanas obligó a modelar en tiempo récord una convivencia efectiva entre referentes de diferentes sectores, recorridos y liturgias. El armado incluye a las 14 fuerzas que integran el frente opositor, pero ubica a tres grupos en las tareas de liderazgo y coordinación.
Además de Todesca y Bocco, por el espacio más cercano a Fernández participan Aníbal Pitelli, Miguel Cuberos, Guillermo Justo Chávez, Cecilia Miranda, Aníbal Pitelli, Fernando Peirano y Federico Martelli, entre otros. El kirchnerismo –centralmente vía el Instituto Patria– aporta nombres con experiencia de gestión: Daniel Gollán, Judith Said, Cecilia Rodríguez, María Laura Garrigós, Vanesa Siley, Augusto Costa, Horacio Pietragalla, Claudia Bernazza y Estela Díaz forman parte de ese universo. Desde el massimo, en tanto, los aportes de organización quedaron en manos de José Ignacio de Mendiguren, Diego Gorgal, Mirta Tundis, Carla Pitiot y Carlos Selva, entre otros.
La tarea de estas últimas semanas cabalgó en paralelo a las versiones sobre la posible integración de un equipo de gobierno. Esa tensión, reconocen en el armado, forma parte de una dinámica inevitable que se agitó con el resultado de las PASO.
Alberto Fernández esquivó por ahora las definiciones públicas y definitivas. Y apenas reveló que estudia ampliar el organigrama de ministerios con la rejerarquización de Cultura, Trabajo, Ciencia y Tecnología y Salud; y la creación de dos nuevas carteras: Vivienda y de la Mujer.
Fuente:TiempoArgentino
Emergencia alimentaria: en diciembre 5 millones de personas serán indigentes. El país produce comida para 580 millones.
Roberto Navarro
08 DE SEPTIEMBRE DE 2019
El Gobierno se niega obstinadamente a declarar la emergencia alimentaria que incremente de manera urgente las partidas para abastecer de comida a quienes lo necesitan. La situación llegó al límite cuando comenzaron a cerrar comedores que no reciben el apoyo suficiente del Estado y vieron disminuir fuerte el apoyo de vecinos que ya no pueden ayudarlos. En los últimos 20 días las tres compañías de alimentos que manejan el mercado entregaron nuevas listas de precios con aumentos de hasta el 25%.
Según el Indec, la indigencia era del 4,8 por ciento en el segundo semestre de 2017 y un año más tarde del 6,7 por ciento. Es decir, un aumento de 1,9 puntos porcentuales. Como en 2019 se espera un incremento del precio de los alimentos de casi un 80 por ciento, los indigentes superarán el 10% a fin de año.
Desde diciembre de 2015 el precio del dólar subió de 10 a 60 pesos. En una economía cada día más dolarizada, el precio de los bienes se alejó del bolsillo de los trabajadores. Entre ellos, el de los alimentos. El gobierno se niega a subir las retenciones a las exportaciones agropecuarias, medida que podría frenar la suba del precio de los alimentos.
En Argentina se producen cereales, oleaginosas y carne vacuna, porcina, ovina y caprina. También aves, huevos, hortalizas, frutas, azúcar y miel. Además se capturan peces, moluscos y crustáceos. Y la lista sigue. En la extensa geografía nacional se producen centenares de variedades de alimentos. Con cifras de la Secretaría de Agricultura y de cámaras sectoriales y el asesoramiento de profesionales de la Facultad de Agronomía de la UBA, El Destape preparó el mapa de la producción de alimentos básicos del país. En total, este año se producirán 175 millones de toneladas, cantidad suficiente para alimentar a 580 millones de personas. Es decir que con el actual nivel de producción se podría abastecer a una población 13 veces más grande que la que habita en la Argentina. Pero se estima que para fin de año cinco millones de personas no podrán consumir los nutrientes imprescindibles.
En Argentina sólo queda el 7,7 por ciento de la producción: el resto se exporta. Pero el precio que pagan los argentinos se basa en la cotización del mercado de Chicago, que, obviamente, es en dólares.
Argentina no es un país pobre, es un país injusto: la producción de trigo alcanza para elaborar un kilo de pan por día para cada habitante. La de los tambos para tres cuartos de litro de leche por persona por día. Según un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA, Argentina produce el equivalente a 32.000 calorías diarias por persona, pero sólo consume en promedio 2.300. Con el excedente se podría alimentar a 520 millones de personas más, poco menos que la población de la Unión Europea.
La producción de carne vacuna, porcina, ovina y caprina es suficiente para que consuma medio kilo de carne diario por persona. También se produce lo suficiente para que cada argentino pueda comer un kilo de verdura y medio kilo de frutas por día. Una primera lectura invita a pensar que ante semejante abundancia de oferta los precios de los alimentos deberían ser bajos. Pero no es así. La base alimentaria del país surge de unos cuantos granos y oleaginosas. Algunos de ellos, como el maíz, luego son utilizados para alimentar cerdos y pollos. La soja se utiliza para complemento de alimento del ganado. El girasol se usa para producir aceite. Todos estos granos y oleaginosas cotizan en dólares.
También están dolarizados los peajes, el gas, la electricidad, el gasoil y las naftas; que conforman la cadena de fabricación y distribución de alimentos. Y se cobran en dólares todos los insumos de uso difundido utilizados en envases, como vidrio, aluminio, tetra, cartón y plástico.
El país produce una enorme cantidad de alimentos, pero los vende a precios cada vez más lejanos del bolsillo popular. Por eso terminan en las mesas de habitantes de países que sí pueden pagarlo. Los principales compradores son Alemania, Holanda, Italia y Gran Bretaña, países con un ingreso per cápita promedio de 4.000 dólares mensuales, diez veces más que el promedio local. Los especialistas consultados por este medio coincidieron en que la producción nacional de alimentos no sólo es importante en cantidad, sino también en variedad y calidad. Además de ser el primer exportador mundial de aceite y también el primero de girasol, es el segundo en ventas externas de maíz y maní y el tercero de soja. En los últimos años se convirtió además en el líder en los mercados internacionales de miel, de peras y de limones. También está avanzando rápidamente en el ranking de ventas de arándanos y de productos orgánicos. En pocos años se convirtió en un jugador importante en el mercado de aves. Y está exportando incluso equinos, conejos, búfalos y ñandúes.
Con semejante abundancia cinco millones de personas tienen hambre.
Hace poco días el ex gobernador Felipe Solá dijo que se podía pensar en algún otro formato comercial para asegurar el precio de los alimentos en el mercado local. Juan Grabois sugirió una reforma agraria como la que llevó a cabo el liberal Fernando Henrique Cardozo en Brasil. Ambos fueron lapidados por la prensa local.
Los mismos medios que pusieron a la sociedad a discutir la doctrina Chocobar condenan el menor atisbo de intercambiar ideas sobre la distribución alimentaria.
En un país que produce alimentos para 580 millones de personas el hambre avanza y no hay ni siquiera consenso para comenzar a discutirlo.
Fuente:ElDestape
Fuente:ElDestape
Cristina se reunió con Lugo y quieren impulsar una ola regional que enfrente al neoliberalismo
Hablaron sobre la situación del progresismo en América Latina y la recuperación de los espacios políticos cedidos en el continente.
Cristina Kirchner llegó a Posadas para presentar su libro Sinceramente. Además de reunirse con los principales dirigentes del peronismo local, se encontró con el ex mandatario paraguayo Fernando Lugo para impulsar una ola regional que enfrente al neoliberalismo.
La ex Presidenta participó de un acto en el polideportivo Ernesto "Finito" Ghermann, de la ciudad de Posadas. El estadio puede albergar 3500 personas, pero previendo una concurrencia más amplia los organizadores instalaron pantallas gigantes en los alrededores. De hecho más de 15 mil personas quedaron afuera. "Sin movilización", aclararon desde el peronismo.
Antes del acto Cristina se encontró con el ex presidente paraguayo Fernando Lugo, quien condujo a su país entre 2008 y 2012, cuando fue destituido luego de un cuestionado proceso.
La ex Presidenta ya se había visto con Lugo en Buenos Aires en mayo del año pasado por intermedio del ex embajador argentino en el Vaticano Eduardo Valdés. Y desde ese momento quedó armado un grupo.
Uno de los que había participado de la reunión porteña fue Alberto Grillón, senador de Guasú, el de Lugo. Tiempo atrás Grillón se comunicó con Valdés, candidato a diputado por la Ciudad, para coordinar una bilateral en Misiones aprovechando la presencia de CFK.
Los dirigentes paraguayos siguen con mucho interés las elecciones argentinas como un impulso a los procesos populares en América latina y lo ven como un punto de inflexión frente a la serie de victorias que acumuló la derecha neoliberal en el continente.
Según pudo saber LPO en la reunión hablaron de la política de Paraguay, sobre los resultados obtenidos en las Paso argentinas, sobre la situación del progresismo en América Latina y la recuperación de los espacios políticos cedidos en Latinoamérica.
Durante un acto en La Plata la semana pasada la ex Presidenta había pedido que "nunca más" volviera el neoliberalismo.
Como suele hacer durante sus viajes la ex Presidenta se reunió con dirigentes locales, como el gobernador Hugo Passalacqua y el senador Maurice Closs.
Los dos, al igual que Lugo, estuvieron en primera fila durante la presentación junto al vice Oscar Herrera, la diputada Cristina Britez y Ricardo y Joaquín Losada, intendente de Posadas. También participó el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.
Fuente:LPO
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