Mariano Bruera recuperó su libertad y su juicio se reprogramó para octubre de 2022
La Justicia ordenó la excarcelación de Mariano Bruera y Enrique Sette por considerar que no existían riesgos procesales. El juicio oral que iniciaría a fines de agosto fue reprogramado para 2022. Bruera tenía arresto domicilio con permiso de salidas laborales. “La doctrina Irurzun es totalmente inconstitucional. Hay una necesidad urgente de que todos los presos políticos sean dejados en libertad”, aseguró a Info BLANCO SOBRE NEGRO el presidente del PJ La Plata, Luis Lugones.
10/09/2019
Los jueces Carlos Argüero y Raúl Dalto de la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones y Garantías ordenaron la excarcelación de Mariano Bruera y el ex secretario de Gestión Pública, Enrique Sette, por considerar que no existen riesgos procesales. La medida fue dictada la semana pasada pero se efectivizó este martes.
Bruera está acusado de liderar una “asociación ilícita” y Sette está por “exacciones ilícitas” y “cohecho pasivo”. Todo en el marco de una causa que investiga el presunto pedido de coimas a propietarios de terrenos a cambio de su rezonificación.
En octubre de 2017, Bruera obtuvo el beneficio de un arresto domiciliario con permiso de salidas laborales. En una medida tildada como “política” por su defensa, se había dispuesto que el 28 de agosto comenzarán el juicio oral. Sin embargo, por un inconveniente con uno de los abogados de la parte acusatoria el proceso fue reprogramado para octubre de 2022.
En diálogo con Info BLANCO SOBRE NEGRO, el presidente del Partido Justicialista de La Plata, Luis Lugones, aseguró: “Hubo una parcialidad manifiesta de la fiscal Victoria Huergo y su intencionalidad política quedó en evidencia al pedir el juicio oral en una etapa electoral sin haber concluido todos los pasos que requería el procedimiento”.
“No era posible que siguiera con la prisión preventiva que es ilegal e ilegítima. Es una medida totalmente arbitraria porque Mariano Bruera es una persona sin antecedentes penales que siempre se presentó cuando fue requerido por la justicia y además no podía entorpecer la investigación porque ya fue concluida hace un año. Lo que hicieron fue una pena anticipada”, agregó Lugones.
Las exarcelaciones fueron ordenadas la semana pasada y fueron avaladas por la fiscal. Los jueces solicitaron trabar un embargo de un millón de pesos que terminó de concretarse este martes.
A Bruera se lo acusa de encabezar una asociación ilícita que exigía dinero en forma ilegal a propietarios de terrenos a cambio de su rezonificación, en el marco de una ordenanza que buscaba generar nuevos lotes para beneficiarios del Procrear que estaban imposibilitados de comprar tierra a precio del mercado.
“La doctrina Irurzun es totalmente inconstitucional. La cuestión fue planteada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la ONU porque es una arbitrariedad manifiesta”, opinó el titular del PJ La Plata.
Por su parte, Alejandro Montone, abogado de Bruera, aseguró: “En el juicio se va a demostrar que no tienen pruebas. De todos modos, en el hipotético caso de que los declarasen culpables hay que decir que ya cumplieron casi la totalidad de una eventual condena”.
Fuente:BlancosobreNegro
11 de septiembre de 2019
Cinco millones no acceden a los alimentos básicos
Epidemia de inseguridad alimentaria
La disparada de precios del precio de los alimentos en el último año alcanzó niveles extravagantes en lácteos y otros de primera necesidad.
Por Cristian Carrillo
Los precios de los alimentos suben por arriba de la inflación general.
Imagen: Guadalupe Lombardo
Imagen: Guadalupe Lombardo
Mientras el oficialismo insiste en que hablar de emergencia es un slogan de campaña, cinco millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, el doble que cuatro años atrás. La sostenida inflación de estos años, la dolarización de los precios de los alimentos y una política dirigida solo a abaratar costos laborales explican que hoy la canasta básica alimentaria por persona se lleve un tercio del salario mínimo (15.625 pesos desde este mes). Un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) revela la separación que existe entre los precios de los alimentos y el promedio general de la economía, impactando con mayor crudeza en el segmento de la población con menores recursos. El informe advierte que más de cinco millones de argentinos no pueden acceder a una alimentación básica. Los afectados son el doble que en 2016.
“El nivel general del IPC creció interanualmente en el GBA en julio un 53,9 por ciento. No obstante tanto los alimentos (57,3) como las bebidas no alcohólicas (59,8) lo hicieron en mayor medida”, detalla el documento de la Undav. La leche, los productos lácteos y los huevos, por ejemplo, subieron 85,7 por ciento el último año. Es otra señal del descalabro económico, como la tasa de interés del Banco Central, que también escaló a 85 por ciento y pese a ello no pudo contener la estampida inflacionaria.
En el Gran Buenos Aires los aumentos llegaron a niveles extravagantes como en el caso de la leche, los productos lácteos y los huevos, con un alza interanual de 85,7 por ciento a julio. La manteca, grasas y aceites aumentaron 71,7 por ciento. Le siguieron azúcar, dulces, chocolate y golosinas (60,1 por ciento), carnes y derivados (56,7 por ciento) y pan y cereales (54,5 por ciento). En el rubro bebidas hubo aumentos de 70,2 por ciento en café, té, yerba y cacao y de 56,6 por ciento en aguas minerales, gaseosas y jugos. Esto explica que la canasta alimentaria (CBA) y total (CBT) iniciara su ascenso por encima de la inflación general. En julio pasado la inflación fue en el 54,4 por ciento pero la CBA subió un 57,3 y la CBT un 58,6 por ciento. En tanto, el salario mínimo vital y móvil perdió un 24 por ciento de poder adquisitivo desde diciembre de 2017 y 36 por ciento desde mediados de 2015.
En la noche del lunes ingresó al Congreso el proyecto consensuado por el Frente de Todos, el bloque Justicialista, los puntanos de Unidad Justicialista y los misioneros del Frente Renovador de la Concordia que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, la cual vence el 31 de diciembre de este año. La iniciativa dispone “un incremento de emergencia” mínimo de 50 por ciento de las partidas presupuestarias vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición. Desde el oficialismo aseguran que la presentación tiene fines políticos, desconociendo la situación de la población. “En Argentina no hay hambre ni emergencia”, resumió el pensamiento de Cambiemos el secretario de Cultura, Pablo Avelluto.
Hambre y emergencia
“Desde abril del año pasado las familias vienen enfrentando los duros embates de la crisis económica, que azota especialmente a los sectores de menores ingresos. En esta coyuntura, los hogares deben recortar gastos superfluos y maximizar aquellos esenciales”, señala el informe de la Undav. Sin embargo, el margen de recorte no es el mismo para todos los segmentos y en el de menores ingresos, el presupuesto familiar llega a comprimirse hasta presionar sobre consumos básicos como los servicios públicos (electricidad, gas, agua y transporte público) e incluso alimentos”, según el informe.
Pese a que el Gobierno apunta al efecto post PASO, la inflación en alimentos se disparó en abril del año pasado, como consecuencia de la mega devaluación que se inició en ese mes. Un año después, en abril de 2019 el promedio de precios de los alimentos acumulaba un alza de 66,2 por ciento mientras que el nivel general se ubicaba en 55,8 por ciento. “La aceleración inflacionaria que sobrevendrá en agosto –el Indec lo dará a conocer este jueves—y en los siguientes meses impulsados por una nueva suba del dólar de 23 por ciento, impactará especialmente en precios de alimentos”, señala el Observatorio de la Undav.
De este modo se llegó en cuatro años a 14,3 millones de pobres en las zonas metropolitanas del país. Dentro de esa cifra, unos 3,6 millones no logran siquiera acceder a la canasta de alimentos. Es mucho peor si además se cuenta la población rural. Producto de la crisis a la que llevó la política macrista, la asistencia alimentaria directa aumentó entre 2015 y 2018. Pasó del 26,9 por ciento de las niñas, niños y adolescentes del GBA en el 2015 al 40,3 por ciento de los mismos en 2018. Con lo cual el aumento es de 13,4 puntos porcentuales en tres años. “Así se ha visto en el último tiempo una proliferación de mayores consumos de alimentos de segundas y terceras marcas. En otros se observa una contracción en el consumo de determinados alimentos, como leche fresca o carne. En todos los casos se observa un recorte en la dieta alimentaria que demuestra una situación crítica que puede ocasionar daños irreversibles y que deben ser atendidos por el Estado como una situación de emergencia”, advierte la Undav.
Dante Sica confirmó que se otorgará un adicional
Un bono también para los privados
El Gobierno ya anunció un extra de 5000 pesos para los estatales. Esa misma ayuda se extenderá a los trabajadores del sector privado. Todavía no está definido si el monto será el mismo.
Los ministros Carolina Stanley y Dante Sica exponen ante Macri detalles del “plan alivio”.
Imagen: NA
Imagen: NA
El “plan alivio” no alcanzó para frenar la caída libre de la economía ni la de la imagen presidencial. En la antesala de las elecciones, el gobierno anunció que pretende extender a los trabajadores del sector privado el pago de un bono excepcional como el que recibieron un segmento de los empleados públicos. “Quedamos en mirar el índice de inflación del jueves, volver a sentarnos para evaluar la mejor metodología, pero tomamos como referencia el bono que se le dio a los estatales, de cinco mil pesos. Trabajamos sobre eso”, expresó el martes el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. Desde la CGT fueron más contundentes al asegurar tras un encuentro con el funcionario que el paliativo se concretará la próxima semana. Los empresarios, por su parte, abrieron el paraguas frente a la medida que buscará amortiguar el impacto de la aceleración de la inflación sobre la deprimida capacidad de compra de los salarios. Aunque consideran necesaria la recomposición, sostienen que será muy difícil pagarlo.
El tímido paquete de medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri después de culpar al pueblo por la crisis económica que construyó su gobierno contemplaba un bono de 5000 pesos para los trabajadores estatales. El ministro Sica confirmó que los asalariados del sector privado recibirán un pago extraordinario similar. El timing de las negociaciones administradas por el funcionario hará que el bono se pague en octubre, semanas antes de las elecciones presidenciales. “El salto inflacionario que estamos sufriendo producto de la devaluación después de las PASO está generando bastante inquietud por la pérdida de salario real”, consideró el ministro de Producción y Trabajo al referirse al retroceso en la capacidad de compra de los salarios. “Hay que evaluar muy bien el impacto de este tipo de bono en las pequeñas empresas, porque no sólo tenés un impacto inflacionario sino en muchas se secó mucha la plaza en términos de financiamiento de corto y puede generar un perjuicio”, consideró el funcionario.
Acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el funcionario recibió a la conducción de la CGT que realizó un reclamo formal ante la profundización de la crisis económica. “Nosotros pretendemos que sea de carácter obligatorio, en la ecuación trabajador-empresa el que más padece la realidad económica y social es el trabajador. Estamos muy preocupados, la situación de deterioro social viene de hace muchos meses y en los últimos meses se ha acentuado, por lo que todo lo que pueda aliviar o ser paliativo bienvenido sea”, destacó el secretario gremial de la CGT y titular de UPCN, Andrés Rodríguez, durante una entrevista radial con Futurock.
El “plan alivio” no alcanzó para frenar la caída libre de la economía ni la de la imagen presidencial. En la antesala de las elecciones, el gobierno anunció que pretende extender a los trabajadores del sector privado el pago de un bono excepcional como el que recibieron un segmento de los empleados públicos. “Quedamos en mirar el índice de inflación del jueves, volver a sentarnos para evaluar la mejor metodología, pero tomamos como referencia el bono que se le dio a los estatales, de cinco mil pesos. Trabajamos sobre eso”, expresó el martes el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. Desde la CGT fueron más contundentes al asegurar tras un encuentro con el funcionario que el paliativo se concretará la próxima semana. Los empresarios, por su parte, abrieron el paraguas frente a la medida que buscará amortiguar el impacto de la aceleración de la inflación sobre la deprimida capacidad de compra de los salarios. Aunque consideran necesaria la recomposición, sostienen que será muy difícil pagarlo.
El tímido paquete de medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri después de culpar al pueblo por la crisis económica que construyó su gobierno contemplaba un bono de 5000 pesos para los trabajadores estatales. El ministro Sica confirmó que los asalariados del sector privado recibirán un pago extraordinario similar. El timing de las negociaciones administradas por el funcionario hará que el bono se pague en octubre, semanas antes de las elecciones presidenciales. “El salto inflacionario que estamos sufriendo producto de la devaluación después de las PASO está generando bastante inquietud por la pérdida de salario real”, consideró el ministro de Producción y Trabajo al referirse al retroceso en la capacidad de compra de los salarios. “Hay que evaluar muy bien el impacto de este tipo de bono en las pequeñas empresas, porque no sólo tenés un impacto inflacionario sino en muchas se secó mucha la plaza en términos de financiamiento de corto y puede generar un perjuicio”, consideró el funcionario.
El tímido paquete de medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri después de culpar al pueblo por la crisis económica que construyó su gobierno contemplaba un bono de 5000 pesos para los trabajadores estatales. El ministro Sica confirmó que los asalariados del sector privado recibirán un pago extraordinario similar. El timing de las negociaciones administradas por el funcionario hará que el bono se pague en octubre, semanas antes de las elecciones presidenciales. “El salto inflacionario que estamos sufriendo producto de la devaluación después de las PASO está generando bastante inquietud por la pérdida de salario real”, consideró el ministro de Producción y Trabajo al referirse al retroceso en la capacidad de compra de los salarios. “Hay que evaluar muy bien el impacto de este tipo de bono en las pequeñas empresas, porque no sólo tenés un impacto inflacionario sino en muchas se secó mucha la plaza en términos de financiamiento de corto y puede generar un perjuicio”, consideró el funcionario.
Acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el funcionario recibió a la conducción de la CGT que realizó un reclamo formal ante la profundización de la crisis económica. “Nosotros pretendemos que sea de carácter obligatorio, en la ecuación trabajador-empresa el que más padece la realidad económica y social es el trabajador. Estamos muy preocupados, la situación de deterioro social viene de hace muchos meses y en los últimos meses se ha acentuado, por lo que todo lo que pueda aliviar o ser paliativo bienvenido sea”, destacó el secretario gremial de la CGT y titular de UPCN, Andrés Rodríguez, durante una entrevista radial con Futurock.
A diferencia de Sica que no confirmó el bono, Rodríguez afirmó que “con el ministro de la Producción conversamos de que en el término de una semana se concrete la posibilidad de que todas las actividades privadas también puedan tener un bono para aliviar la situación de muchos trabajadores que la están pasando mal”. Sica y Stanley recibieron el lunes a la conducción de la CGT encarnada en el estacionero Carlos Acuña, el líder del sindicato de comercio Armando Cavalieri, el referente de los trabajadores de la construcción Gerardo Martínez, el estatal Andrés Rodríguez y el dirigente de sanidad Héctor Daer. En el cónclave, los gremialistas direccionaron su preocupación por el crecimiento en los índices de pobreza y la elevada inflación que se traduce en los precios de los alimentos y afecta a los sectores humildes y a los desempleados.
El “plan alivio” anunciado por Macri no sólo contempló el bono de 5 mil pesos para los estatales sino que además dispuso que el Gobierno se haría cargo en septiembre y octubre de 2 mil pesos por mes de los aportes personales correspondientes al salario de los trabajadores registrados, con lo cual los ingresos deberían mejorar en esa magnitud. Para el segmento de salarios altos estableció además una reducción del impuesto a las Ganancias que también impactaría en unos 2 mil pesos por mes. Después de las elecciones, todas las medidas vuelven para atrás. Desde el Cetyd de la Unsam estimaron entonces que el incremento en el salario neto promedio entre agosto y diciembre alcanzará al 3 por ciento mientras que la inflación promedio esperada para ese período será del 10 por ciento.
Advirtió sobre el impacto que podría tener el cruce en el marco de inestabilidad económica
Alberto Fernández debate, pero le preocupa la economía
El jueves pasado comenzó la organización del debate , el primero será el 13 de octubre en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y el siguiente será el 20 en la Facultad de Derecho de la UBA, a una semana de los comicios. Ante la Cámara Nacional Electoral (CNE), los apoderados de cada frente ya confirmaron la asistencia de sus candidatos.
La Ley de Debate Presidencial obliga a asistir a todos los candidatos que hayan superado el piso del 1,5 por ciento de la eleccicón primaria. Los que no vayan perderán los espacios de publicidad audiovisual que les corresponde y, durante el debate, su lugar quedará vacío en el escenario “a fin de denotar su ausencia”, según la legislación vigente.
"Es una ley (27.337) y yo no puedo hacer nada por revertir eso", remarcó anoche Fernández para volver a confirmar su presencia. El candidato ya había anunciado en una entrevista con Página 12 que iba a ir. "Si quieren debatir, yo debato", dijo en aquella oportunidad.
Fuente:Pagina12
El gobierno no da respuestas y las organizaciones sociales acampan 48 horas en la 9 de Julio
La protesta redobla la de la semana pasada y se inicia este miércoles a las 15. Durante dos días, harán un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social luego del fracaso de las negociaciones con Carolina Stanley.
10 de Septiembre de 2019
"La reunión con funcionarios del Ministerio de Carolina Stanley fracasó por completo porque el Gobierno no hizo una propuesta que responda a ninguno de los tres puntos centrales que las organizaciones venimos reclamando desde hace meses", señaló Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, y anunció que este miércoles los integrantes de la organización que encabeza, junto con otros grupos, montarán un acampe por 48 horas frente a la sede ministerial de Desarrollo Social.
Los movimientos sociales se congregarán desde las 15 en las avenidas 9 de Julio y De Mayo, y luego se instalarán en inmediaciones de 9 de Julio y Belgrano, donde hace una semana establecieron un campamento en base a las mismas demandas.
"El reclamo de aumento de las partidas de alimentos no tiene porcentajes concretos y no se garantizan los productos esenciales para merenderos y comedores. La oferta de aumento en el monto de los programas no alcanza a cubrir ni siquiera la inflación de los últimos meses", observó Belliboni.
Y agregó: "Ante este panorama las organizaciones retomamos el plan de lucha que fue votado en las asambleas del fin de semana pasado en los barrios obreros de 20 provincias".
Por su parte, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Nacional MTD Aníbal Verón y la Federación de Organizaciones de Base FOB se concentrarán a partir de las 10 en 9 de Julio y Avenida de Mayo y luego marcharán a la Plaza de Mayo.
"Ante la falta de respuestas que den una solución real a las demandas por aumento salarial y nuevos puestos de trabajo, esta semana volvemos a manifestarnos para profundizar el reclamo. De todos modos no vamos a cortar el diálogo y seguimos a la espera de una solución", señaló a Télam Marianela Navarro, delegada del FOL
"Hoy mantuvimos una reunión con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, que no nos ofrecieron aumentos en los haberes, y sólo pudimos avanzar en cuanto a la entrega de alimentos. Seguimos con las negociaciones, pero si no obtenemos respuestas, vamos a instalar una permanencia en Plaza de Mayo", indicó Navarro.
Fuente:TiempoArgentino
Elecciones 2019
Alberto margina a Grabois y elige a Pérsico como interlocutor con los movimientos sociales
El líder del Movimiento Evita integra la mesa chica del candidato presidencial, que monopoliza el diálogo con la CGT. El problema Grabois.
Una de los primeros objetivos del presidente que asuma el 10 de diciembre será evitar la ola de saqueos que amenaza cada navidad y Alberto Fernández ya empezó a evaluar cómo lograrlo.
La figuras que eligió para ayudarlo es Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, aliado de su candidatura presidencial desde el primer día y con diálogo permanente con el actual Gobierno. Relegó a Juan Grabois, líder de Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que este martes sorprendió con manifestaciones en los shopping.
Ambos fueron los elegidos de Carolina Stanley para tercerizar la mayoría de la ayuda social definida en la ley de emergencia social aprobada a fines de 2016, una medida de urgencia motorizada por Mario Quintana para frenar saqueos y corridas en los supermercados en la segunda navidad con Macri presidente.
Los conocedores del asistencialismo aseguran que Pérsico tuvo más poder durante el macrismo que en los años kirchneristas, aunque fue esa época cuando subió a la primera fila del poder político hasta convertirse en una figura necesaria para cada Gobierno.
Alberto no se muestra mucho con él, pero sí con Fernando "Chino" Navarro, ex diputado provincial y referente del Evita, presente en el equipo de campaña que recorrió el país antes del 11 de agosto.
Se los acercó Felipe Solá, quien tuvo a Pérsico como jefe de gabinete cuando fue gobernador de la provincia y es otro de los asesores full time de Fernández, tanto que en su entorno lo consideran como posible canciller. Su alto perfil durante el viaje de España alimenta esa hipótesis.
Demasiado para Grabois, que llegó a calificar a Stanley de "muy buena persona" y por su cercanía con el Papa Francisco, consiguió varias reuniones con Cristina Kirchner que irritaron a los referentes de La Cámpora.
Algunos de ellos interpretaron que su alocada propuesta de hacer una reforma agraria, difundida con un video en su página de Facebook, o sea, una promoción premeditada para complicar la campaña de Fernández.
Alberto tiene más cercanía con los sindicatos, a quienes atiende personalmente, como le gusta hacer con los referentes de poder que más respeta. Chatea a diario con Héctor Daer, líder de la CGT junto a Juan Carlos Schmid, más volcado al academicismo gremial. El candidato de Todos también cena con frecuencia con Hugo Moyano, opositor a la CGT oficial en los últimos años. Todavía no hay gremios dispuestos a embarrar la cancha. Todavía.
Fuente:LPO
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