Se viene la etapa de definiciones antes del cambio de gobierno
La transición sale de su cono de sombras
Lifschitz insiste con mandar el presupuesto 2020 al contrario de lo que piensa Perotti. Se contempla un aumento de recursos para el Senado donde domina Traferri que mantiene su disputa interna.
El senador Traferri habla de la unidad del peronismo pero puso muchas piedras en el camino. Imagen: Andres Macera
A un mes del traspaso de gobierno, la eterna transición en Santa Fe, sale del cono de sombra y entra en etapa de definiciones. Ya sea porque se llegue finalmente a un acuerdo entorno a "lo que se entrega y lo que se recibe" -- en cuanto a números principlamente-- o sencillamente porque dejen de lado los infructuosos encuentros a lo largo de los últimos cuatro meses. La "prueba de fuego" será el presupuesto 2020; cuyo tratamiento apura el oficialismo en retirada, contrariando la lógica pero sobre todo los deseos del gobernador entrante. Si bien la llamada "ley de leyes" ofrece variantes para reconducir --de ser necesario-- algunas partidas, es poco probable que ciertas asignaciones puedan ser revisadas y allí se presenta una de las principales objeciones que cerca de Omar Perotti se plantean sin disimulo. De acuerdo a la información que maneja el PJ, Miguel Lifchitz dispondría la ampliación de partidas para la Legislatura. Según trasncendió en la Cámara alta, se trataría de más de mil millones de pesos, cuyo destino manejaría la "comisión de gestión" integrada por cuatro senadores, dos oficialistas y dos opositores que históricamente han funcionado como "hermanos". A propósito del vínculo, y citando la "doctrina Vanrell" --aquella que al irrumpir en la Cámara de Diputados en medio de su juicio político después de un largo tiempo de estar prófugo al grito de "los mellizos son mellizos, hermano"-- se presume que si hay una ampliación presupuestaria para los Senadores, será idéntica la situación para los diputados, solo que en la Cámara baja, el manejo de esos fondos es discrecional para el presidente del cuerpo.
En paralelo con las reyertas de la fallida mesa de transición, el peronismo tiene sus cuitas internas, y en algún punto guardan relación con lo expresado anteriormente. Armando Traferri las ha expresado públicamente, al punto de decir que no se dejaría aplicar "la vacuna de la obedicencia debida", al tiempo que "garantizamos la gobernabilidad" para Omar Perotti, más aún "cuando lo hicimos para el Frente Progresista", dijo el reelecto Senador por el departamente San Lorenzo, que ha perdido fuerza relativa con la llegada a la Cámara alta de dos debutantes: Marcelo Lewandowsky y Marcos Castelló, nada menos que los representantes de los dos departementos más impotantes, Rosario y Santa Fe, recuperados para el peronismo en las últimas elecciones. Traferri, obviamente, es uno de los legisladores que domina la "comisión de gestión", además de proponerse para la de "acuerdos" donde se deciden los nombres de los jueces, y la vez ha elevado un "remito" con algunas de sus pretenciones --al parecer no satisfechas-- a la hora de la distribuciones de funciones en el Ejecutivo, por "su aporte a la unidad en la diversidad" como gustan decir los diferentes sectores que se alinearon detrás de la candidatura del rafaelino. Entre los "aportes" --así visto por ese sector-- está la presencia de la ex-jueza Alejandra Rodenas, quien secundó a Perotti y en un mes más será la vicegobernadora, situacion que según los perottistas "cancelaría" la supuesta acreencia del grupo de legisladores y jefes comunales que impulsaron su nominación.
Lifchitz dispondría la ampliación de partidas para la Legislatura. Según trasncendió en la Cámara alta, se trataría de más de mil millones de pesos.
Entre los hombres más cercanos a Perotti sospechan de un vínculo entre ambas situaciones. Esto podría ser confirmado o desmentido por los hechos en la medida que se remita y se trate el presupuesto antes del 30 de noviembre, o se deje para la nueva Legislatura que elegirá sus autoridades una semana después de esa fecha en una sesión preparatoria que también ofrece interés
Esa elección de autoridades --que hasta hace poco ponía en tela de jucio la futura presidencia de la Cámara baja de Lifschitz-- parece ir definiéndose. Sobre todo en Diputados, donde el gobernador saliente tendría ya acordado el apoyo de los diputados del macrismo --con la nomenclatura que adopten en adelante-- conducidos por Federico Angelini, que deja su poltrona en Santa Fe para instalarse en el Congreso nacional. No sin antes revitalizar un vínculo que se había deteriorado cuando su sector le negó la chance de reelección --vía reforma constitucional que no fue-- a Lifschitz, lo que provocó un "despertar" opositor del dirigente socialista que parece haberse disipado en los últimos días.
Lifschitz, que todavia no se fue, está pensando en volver. Y aunque resulte absurdamente prematuro, su cálculo lo lleva a intentar liderar la oposición no sólo a Perotti, lo cual es lógico y funcional, sino al proyecto nacional que contiene a Santa Fe. Para eso ya ha acercado posiciones con el PRO, ha formulado declaraciones en ese sentido, y si bien sus movimientos se reducen a la dimensión santafesina, la actitud de sus dirigentes nacionales del partido que trató la intervención de la fuerza en CABA donde Roy Cortina integro la lista de "Juntos por el cambio", votando en contra, presagia cuál será su posicionamiento en el futuro, luego de la fallida experiencia con Lavagna-Urtubey.
No obstante, el objetivo de que Enrique Estévez ingrese al parlamento nacional se consiguió. Tal vez esa haya sido la razón de tanta algarabía al dar los números de las mesas testigo, por un joven legislador del lifschitzmo al que se le hacía agua la boca al adelantar que Juntos por el Cambio había ganado los comicios en Santa Fe.
Confirmaron procesamiento y prisión para un Coronel
Por el homicidio de una militante del peronismo
Es el coronel Alberto José Jaime que estuvo prófugo cuatro años y medio. Lo investigan por el "homicidio calificado" de una militante de la JP de Rafaela de 19 años, Yolanda Ponti.
Por Juan Carlos Tizziani
El coronel Jaime fue detenido en abril de este año tras permanecer cuatro años y medio prófugo.
Desde Santa Fe
El teniente coronel retirado Alberto José Jaime estuvo prófugo cuatro años y medio, desde octubre de 2014 hasta abril último, cuando lo encontraron y exhibió el DNI de su hermano. Esta semana, la Cámara Federal de Rosario confirmó su procesamiento y prisión preventiva -más un embargo de dos millones de pesos- en una causa que lo investiga por el supuesto "homicidio calificado con alevosía" de una militante de la JP de 19 años, Yolanda Ponti, el 1º de diciembre de 1976, en el centro de Santa Fe. La Cámara lo consideró presunto "coautor" del crimen. Su "participación fue fundamental porque detectó a la mujer, ordenó perseguirla, planeó la estrategia para aprehenderla, dio órdenes para concretar su objetivo y disparó contra ella", dijo. Y ratificó la detención de Jaime con el mismo argumento que había planteado el Ministerio Público: la "peligrosidad procesal" del imputado que en caso de quedar libre "intentará eludir la acción de la justicia".
En un fallo unánime, el pleno de la Cámara puso en foco la "conducta" de Jaime. El 7 de octubre de 2014, esquivó la orden de detención y el llamado a indagatoria. El 29 de octubre de 2014, se libró la orden de captura internacional. El 4 de noviembre de 2016, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad lo incluyó en una lista de prófugos. Y el 26 de julio de 2017, el Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de 500.000 pesos por su detención. "Efectivamente, eludió la acción de la justicia durante cuatro años y medio", recordó la Cámara. "Recién fue detenido el 9 de abril de 2019" por Gendarmería y también ahí, "intentó burlar su aprehensión, negó su identidad y hasta presentó el documento de su hermano".
El operativo militar en el que murió Ponti, en la esquina de 25 de Mayo y Lisandro de la Torre, le costó la vida a otras tres personas: el chofer de un micro de la Línea 3 en el que viajaba la joven, Arnaldo Santiago Martinazzo, de 38 años; un jubilado de 69, José Roberto Herrera. Y el sargento Oscar Alberto Cabezas, que integraba el grupo de tareas del Destacamento de Inteligencia 122 al mando de Jaime.
Una de las pruebas de la causa es un expediente del Ejército que identifica a siete integrantes del grupo: el capitán Jaime (que estaba al mando), el suboficial Nicolás Correa ("Tío") y un oficial del D2 de la Policía santafesina agregado a la Inteligencia militar, Héctor Romeo Colombini ("Pollo"), que se movilizaban en un Renault 6. Más, el teniente Julio César Dominguez ("Potín"), el sargento Elodoro Jorge Hauque ("Lolo"), Cabezas, y un agente civil de Inteligencia (PCI) -no identificado en el expediente- que operaban en un Dodge 1500.
El sumario del Ejército imputa a Yolanda Ponti las muertes de Cabezas, Martinazzo y Herrera. Pero el fallo de la Cámara desmiente la propaganda del supuesto "enfrentamiento". El voto de la jueza Elida Vidal descubre los baches de la "instrucción" militar, anota un "cúmulo de contradicciones" en los relatos de Jaime, Domínguez, Correa y Hauque (porque Colombini y el PCI no declaran en el expediente). Y coincide con un dictamen de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que la "finalidad" castrense era "ocultar las graves responsabilidades de una banda de agentes de Inteligencia" que "causaron no sólo la muerte de su 'blanco' -que era Ponti- sino la de otras dos personas ajenas al hecho": Martinazzo y Herrera.
"Ponti fue muerta por integrantes de las Fuerzas Armadas" y "no se ha comprobado que su defensa propia fuera injusta y culpable", agregó la Cámara. "La muerte de Martinazzo fue causada también por el accionar de las Fuerzas Armadas en una operación de la denominada lucha antisubversiva".
La Cámara planteó el "contexto histórico" de los crímenes. "La práctica del Ejército de fraguar enfrentamientos para ocultar asesinatos de disidentes era parte de la metodología aplicada en el plan criminal de represión ilegal". Mencionó la sentencia del Tribunal Oral de Santa Fe en el juicio por la masacre de Ituzaingó y Las Heras, el 19 de enero de 1977 -un mes y días después del asesinato de Ponti- que "echa por tierra la versión del enfrentamiento, como pretendían hacer creer los comunicados militares reproducidos por los diarios de la época". Y el asesinato de la docente Elina Jagou de Carlen que la propaganda oficial atribuyó a montoneros, pero fue fusilada por el Ejército cuando intentó cerrar una ventana de su departamento.
Fuente:Rosario12
Los ediles opinan sobre el nuevo gabinete municipal
Por Silvia Carafa
Publicada en 10/11/2019
“Plural, diverso, con experiencia y con juventud”. Así definió el intendente electo, Pablo Javkin, al grupo que lo acompañará en las primeras líneas de gestión. Además dijo que tienen la palabra “solidaridad grababa a fuego”. Lo integran más mujeres que varones y los hay de distinta vertiente política. Para el oficialismo es una gran carta de presentación, para la oposición, por ahora es una expectativa. El Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), gobierna Rosario desde 1989, por primera vez no lo presidirá el Socialismo.
Portavoz del nuevo espacio que asumirá el próximo 10 de diciembre, la edila María Eugenia Schmuck, fue categórica “las expectativas son buenísimas, es un Gabinete con más mujeres que varones, es muy diverso, no le hemos pedidos afiliación política partidaria a ninguno de ellos, vienen de muy diversas extracciones políticas, tiene combinación de juventud y experiencia y vienen del sector público y privado, así que estamos muy contentos”.
Para el edil Roberto Sukerman (Frente para la Victoria), “el movimiento se demuestra andando, en la cancha se ven los pingos, no quiero prejuzgar, uno ve las personas y parecen preparadas, que han estudiado como para poder hacerse cargo de las áreas específicas en las que tendrán responsabilidad”. Además, no pasó por alto que “los secretarios son auxiliares del intendente, hay que ver qué políticas concretas llevan adelante, deseo que Javkin y su Gabinete tengan la mejor gestión y el mejor vínculo con la Nación y la Provincia, por el beneficio de todos los rosarinos y rosarinas”.
Por su parte, Rodrigo López Molina (Cambiemos), expresó: “Cada gestión que comienza por ese hecho, genera ciertas expectativas, sería mezquino de nuestra parte tener una visión pesimista de arranque, sí nos genera enorme preocupación los desafíos que tiene que enfrentar el intendente con su Gabinete”. Y enumeró: seguridad, obras públicas, cuentas públicas, transporte y de un deslucimiento general que hoy vive la ciudad de Rosario. “Todos aspiramos a que el equipo que comenzará a gobernar ponga esas prioridades sobre la mesa y en función de eso trabajen, creo que el desafío a futuro tiene que ver con resolverlos, después podremos sacar la conclusión si se trata de más de lo mismo, de un nuevo capítulo del FPCyS, o que ha encontrado soluciones novedosas a los problemas de siempre”, enfatizó López Molina.
Para Verónica Irízar, edila por el socialismo, se trata de un “Gabinete diverso, plural, que tiene una apertura a la sociedad civil además de la participación de los partidos que componemos el FPCyS, creo que es un buen rasgo el tema de la paridad de género, porque creo que las mujeres tenemos que tener un lugar más importante en la participación política y creo que tiene que ser un Gabinete que le permita a Javkin, avanzar hacia los objetivos que se ha planteado en esta nueva etapa de la ciudad de Rosario”.
Para el justicialista, Osvaldo Miatello, “el Gabinete es una atribución del Intendente y habrá que esperar que esté en funcionamiento, como en todas las cosas hay que verlas andando y deberá enfrentarse con una situación muy complicada, creo que la ciudad está en una situación compleja en lo económico financiero, las cuentas están en rojo con obra pública y licitaciones paralizadas y con sueldos que se pagan desdoblados, así que vamos a ver cómo funciona”.
También de esperar habló Eduardo Toniolli (PJ): “En principio a muchos de los integrantes no los conozco así que no puedo dar una opinión, en todo caso puedo dar una mirada sobre lo que creo hacia donde debería avanzar la gestión y eso va a determinar aún poco nuestro posicionamiento como oposición en el Concejo”. Además, destacó que desde ese lugar mantuvieron “una mirada crítica hacia la gestión del FPCyS, en base a divergencias con respecto a grandes ejes de su política como Transporte, modelo de desarrollo urbano y los déficit en el acceso a la obra y servicios públicos de calidad para muchos barrios de Rosario”. En opinión del edil justicialista, el hecho de que haya continuidad de nombres, hace pensar en una continuidad de esa política como en el caso de Salud, con Leonardo Caruana, un excelente funcionario siempre dispuesto a solucionar los problemas que se le plantean. Y dijo que el posicionamiento a futuro dependerá de cómo se desarrolle la gestión, “es muy difícil a priori prejuzgar”.
Desde Ciudad Futura, Juan Monteverde no pasó por alto la “particularidad de un cambio dentro del no cambio, sigue siendo el mismo FPCyS”. “Creo que la cuestión se va a demostrar andando”, dijo, y agregó que, en términos generales, la fuerza política que representa tiene expectativas en la nueva etapa que se abre en Rosario, la provincia y la Nación, con gobiernos distintos. “Les llevaremos nuestras propuestas, para quienes quieran trabajar en conjunto las ideas que tenemos, porque no nos importa quien la ejecute, nos importa transformar la vida de la gente”, definió. En ese marco, comentó que ya se reunió con el intendente electo. “La idea es poder hacer lo mismo con las nuevas autoridades de Provincia y Nación, que estamos teniendo ya algunos vínculos, lo que se viene no es fácil, hay que reconstruir una patria que está arrasada en muchos aspectos y me parece que el desafío es reconstruir con un nuevo horizonte”.
Desde Iniciativa Popular, María Fernanda Gigliani, consideró que “hay que esperar, las cosas se ven en el andar”. “Lo que sí veo es mucha cuestión técnica, mucho currículum y esta ciudad es difícil gobernar sin territorio y sin conocer su realidad, pero me parece que hay que ser prudente, hay que dar tiempo”, dijo. Y destacó que hay algunos casos dentro del Gabinete que las sorprendieron. “Hay cuestionamientos importantes y graves para con algunas de esas personas que eran de público conocimiento, y relacionado con la Biblioteca Vigil. Pero quiero ser también prudente”.
En tanto, Norma López (FpV), sostuvo con cautela: “Vamos a esperar a que el intendente electo comience a generar políticas públicas y ver el desempeño”. “Hay nombres más de gestión que de política en forma transversal, así que vamos a esperar, hay gente de reconocida trayectoria y comprometida, así que esperemos que funcione, estamos esperando para ver cuáles son las medidas que anuncian”.
Medidas y pensadas, las respuestas de los ediles contrastaron las voces de pasillo, esas de años de ver por dentro la cocina de la administración política de la ciudad. “Sí, veo mucha gente calificada, veremos qué pasa, porque cuando tenés que cortar los bifes, los cortás o te cortan a vos en pedacitos”, dijo una de esas voces que siguió su marcha, no sin antes hacer un guiño, garantizando el sentido del mensaje.
Estas y estos son: Hacienda, Diego Gómez; Gobierno, Gustavo Zignago; Turismo y Deportes, Adrián Ghiglione, Producción y Empleo, Sebastián Chale; Cultura, Carina Cabo, Obras Públicas, José Luis Conde; Planeamiento, Agustina González Cid; Salud, Leonardo Caruana; Desarrollo Social, Nicolás Gianelloni; Género y Derechos Humanos, Mariana Caminotti; Movilidad, Eva Jokanovich; Espacio Público, Diego Leone; Cultura y Educación, Carina Cabo; Control, Carolina Labayrú; Modernización y Cercanía, Germán Giró y Coordinador General de Gabinete, Rogelio Biazzi.
Fuente:RedaccionRosario
¿EN SERIO?
El colmo: empleada del Ministerio de Trabajo denuncia acoso laboral y no pasa nada
Legisladores de distintos espacios advierten dilaciones en la resolución de un caso de acoso laboral denunciado hace ya algún tiempo por una empleada del Ministerio de Trabajo de Santa Fe. Reclaman que los responsables políticos tomen cartas en el asunto ya que los acusados siguen en sus puestos y la víctima no obtiene ningún tipo de respuesta.
La trabajadora realizó en octubre de 2018 una presentación ante la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y en marzo de este año lo hizo la Secretaría de Derechos Humanos provincial, pero hasta el momento no ha recibido respuestas formales y los dos denunciados (el director y subdirector del área donde se desempeñaba) continúan ejerciendo sus tareas con normalidad.
María José es ingeniera y especialista en Higiene y Seguridad, empleada de planta permanente del Ministerio, adonde ingresó por concurso en 2008. Según denunció, el acoso comenzó hace más de tres años pero recién pudo contarlo ahora. Actualmente, se encuentra con licencia psiquiátrica y sin poder volver a trabajar, a pesar de querer hacerlo.
En este marco, la Comisión de Derechos Humanos del Concejo de Rosario elevó esta semana un segundo pedido de informe (el primero fue en junio) en el que se solicita a esta cartera que dé cuenta cómo se está llevando adelante el caso. Lo mismo fue aprobado en la Legislatura de Santa Fe, de la mano de la diputada Silvia Augsburger.
En primera persona
En diálogo con Rosarioplus.com, María José relató lo vivido: "Al principio me separaban del resto de mis compañeros, después me sacaron mi escritorio y terminé trabajando en la cocina. Me mandaban a inspeccionar sola a los barrios más complicados y los varones iban de a dos al centro. Llegaron a iniciarme tres sumarios".
Asimismo, la mujer contó que sus jefes llegaron a utilizar su maternidad como recurso de hostigamiento: "Cuando quedé embarazada de mi tercer hijo, les decían a mis compañeros que iban a tener que trabajar más y que yo me había embarazado para tomarme la licencia y no ir a trabajar".
"Al principio lo tomé como un desafío, no me daba cuenta. Pero cada vez era peor y empecé a sentirme mal. Tenía miedo de perder el trabajo. Llegue a engordar más de 20 kilos y no podía estar con mis hijos. Me abandoné como persona porque estaban todo el día exigiendo cosas que eran imposibles de hacer para uno solo", agregó.
Tras la denuncia, Maria José aseguró que el maltrato fue en aumento: "Los superiores, a los que yo ni siquiera conocía, salieron a despotricar contra mí y se me vino todo encima. Por un lado fue peor denunciar, pero para mí fue sanador. Hoy por hoy estoy mejor. Aunque tomo tres pastillas por día y estoy bajo tratamiento psicologico y psiquiatrico, pude salir del pozo depresivo. Antes no podía contar todo esto sin llorar".
"Hace 15 días, el director me envió una cédula a mi casa pidiendo que le devuelva el equipo de trabajo y después me llegó un expediente que me iniciaron por incompatibilidad laboral y por eso me van a cesantear. Parece que después de 10 años se dieron cuenta de que no puedo trabajar especialista en Higiene y Seguridad y de ingeniería civil.
"No puedo volver al mismo lugar donde están las personas que denuncie. Me hicieron la vida imposible", concluyó la mujer que espera una respuesta por parte del Estado para volver a desempeñar sus tareas en un lugar distinto al de las personas que denunció y que continúan, como si nada, en sus puestos habituales.
Fuente:RosarioPlus
Derechos Humanos
Baldosa por la Memoria: homenajean a militantes desaparecidos
Este domingo a las 11 en pasaje Sarandí 3080 se conmemora la vida de Víctor y Palmiro Labrador y a Edith Graciela Koatz, asesinados por la patota de Feced el 10 de noviembre de 1976. Habrá música en vivo, lectura de poesía y palabras de familiares y amigos de los militantes
Candela Ramírez
Manuela Labrador, sobreviviente del terrorismo de Estado
La noche del 10 de noviembre de 1976, la patota de Feced allanó tres casas de una misma familia en Rosario. Los Labrador vinieron de España y llevaban más de 25 años viviendo en la ciudad cuando la última dictadura cívico militar se cobró parte de sus vidas. Esa madrugada mataron a Víctor y Palmiro Labrador y a Edith Graciela Koatz. Dos meses antes, en septiembre, se habían llevado a Miguel Ángel Labrador, de 25 años, que sigue desaparecido.
Este domingo, a 43 años de los hechos, sus familiares organizaron una actividad bajo el nombre “Baldosa por la Memoria”. Se trata de un homenaje frente a la última casa donde vivieron antes de la masacre. Será a las 11 en pasaje Sarandí 3080 (paralelo a Corrientes, entre Gaboto y Amenabar). Habrá música en vivo, lectura de poesía y palabras de familiares y amigos de los militantes.
El caso de la familia Labrador fue la primera denuncia contra los represores argentinos ante el juez Baltasar Garzón en España. Formó parte de la estrategia de justicia universal. Entre 1996 y 1997 se iniciaron juicios por los asesinatos y desapariciones de 297 españoles durante la dictadura argentina.
Esperanza y Víctor Labrador tuvieron cuatro hijos: Manuela, Palmiro, Tomás y Miguel Ángel. Vinieron a Rosario en 1950, vivieron en barrio Refinería y trabajaron en Arroyito. Todos eran hinchas de Central. Se trataba de inmigrantes españoles que probaron suerte en Argentina huyendo de la miseria provocada por la guerra.
Tuvieron su propia fábrica de calzados y les fue bien, toda la familia trabajó ahí. Palmiro también estudió, se recibió de químico auxiliar. Unos años antes de la dictadura, Tomás falleció electrocutado en la fábrica. Tanto Palmiro como Miguel Ángel militaron en la Juventud Peronista. El 10 de noviembre de 1976 un grupo encabezado por José Rubén “Ciego” Lo Fiego –ex policía del Servicio de Informaciones– allanó tres casas: la de Víctor y Esperanza, la de Palmiro y Edith Graciela Koatz y la de Manuela “Manoli” y su marido Oscar Rivero, “Cacho”.
La patota pateó puertas, rompió objetos, desconectó teléfonos y amedrentó a todos los integrantes de la familia. Esa noche se cobró tres vidas y obligó a que el resto tuviera que buscar ayuda al consulado español para poder comenzar su exilio. El 16 de noviembre, Manoli y Esperanza se tomaron un avión y el resto de la familia se fue en barco. Nuevamente, tuvieron que reorganizar sus vidas.
Pasaron menos de tres meses y Esperanza decidió volver a Rosario a buscar a su hijo Miguel Ángel que estaba desaparecido. No la pudieron convencer de los peligros. Se quedó en su casa de siempre, que estaba desarmada y sin su familia. La fábrica fue saqueada. Es conocido un encuentro que logró Esperanza con el general Leopoldo Galtieri, en el que le dijo que la muerte de su marido había sido “un error” pero que sus hijos eran montoneros. Esperanza lo agarró de su uniforme y le gritó “asesino, criminal”.
A principios de 1977 le llegó una invitación para reunirse con otras madres desaparecidos en Buenos Aires. Desde entonces nunca se alejó de la lucha continua, con cita todos los jueves. Recibió amenazas y tuvo que volver a España en 1978. Le duró poco. Quiso volver para la visita del rey a Argentina. Prometieron recibirla pero no pasó. Recién a mediados de los 90, Esperanza se mudó definitivamente a España. Entonces estaban en plena vigencia las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Sin embargo, viajaron todos los 24 de marzo. Marcharon, escracharon, exigieron justicia, festejaron condenas, hicieron las rondas.
En 1996 el juez español Baltasar Garzón tomó las denuncias de familiares de españoles asesinados y desaparecidos por la dictadura argentina. La primera denuncia que tomó fue la de la familia Labrador. Ahí Manoli hizo sus primeras declaraciones.
Feced III
Los crímenes cometidos contra la familia Labrador se enmarcan en la megacausa Feced, la más grande en relación con centros clandestinos en Santa Fe. Es el juicio contra parte de la patota que operó en el ex Servicio de Informaciones -SI- de la Policía de Rosario durante la última dictadura. Su tercera elevación se inició el 5 de abril de 2018 –antes fue suspendido tres veces– y este año se reinició el 6 de febrero. La causa lleva el nombre de Agustín Feced, ex comandante de Gendarmería que asumió el control de la policía local en aquella época. La etapa de alegatos finalizó el miércoles pasado. Se espera una condena a principios de 2020. La Justicia imputó a Eduardo Ugour, Julio Fermoselle, Héctor Gianola, Ramón Ibarra, José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Scortechini, Ernesto Vallejo y Ramón Vergara. También a Daniel González, Carlos Ulpiano Altamirano y el sacerdote Eugenio Zitelli, que ya fallecieron. Los delitos incluyen privación ilegítima de la libertad, amenazas, asociación ilícita, tormentos, abuso sexual y homicidios, todos en la categoría de delitos de lesa humanidad. No prescriben. La megacausa incluye 155 violaciones a los Derechos Humanos.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
Están en quinto año de la Escuela Comercial y realizan un trabajo sobre los NN enterrados en el cementerio San Roque.
Por Matías Loja @matiaslojamloja@lacapital.com.ar
El grupo de estudiantes de quinto año del secundario junto a la profesora María José Castro organizaron charlas y visitas para reflexionar sobre las huellas de la dictadura en la zona.
El puntapié inicial lo dio a principio de año la profesora de María José Castro y el curso dijo que sí al instante. Ella había leído en La Posta, el periódico local de Arroyo Seco, una nota publicada en diciembre de 2017 donde hablaban de tumbas NN en el cementerio San Roque que podían ser de desaparecidos. “Investiguemos esto”, les propuso la docente; para aprender sobre la dictadura más allá de lo que dicen los manuales y abordar el tema desde un proyecto cercano. Así fue como las trece chicas y el varón que cursan quinto tercera de la Escuela Comercial Juan Bautista Alberdi de Arroyo Seco comenzaron a indagar sobre las posibles huellas del Terrorismo de Estado en esta localidad del sur santafesino. Leyeron mucho, visitaron sitios de la memoria y organizaron charlas en la escuela: hicieron de este proyecto escolar una valiosa experiencia para aprender sobre el pasado reciente. El trabajo ya fue declarado de interés legislativo por el Concejo de esta ciudad.
Es viernes, afuera hace calor y el curso se sienta en ronda en el salón de clases para hablar con La Capital sobre la investigación que los tiene como protagonistas. Lucen unas remeras blancas que les regaló la profe con un estampado en la parte de adelante que muestra a un grupo de personas levantando una bandera que dice “memoria, verdad y justicia”, y detrás el nombre de cada uno de ellos.
Todo surgió en el seminario de investigación histórica en problemáticas contemporáneas que dicta la profe de historia María José en la finalidad humanidades. Camila cuenta que los primeros pasos del proyecto fueron de mucha lectura. “La profe —recuerda— nos trajo mucha información, fotocopias, la noticia del diario y testimonios de hijos apropiados”. Magalí agrega que también utilizaron folletos o videos que trabajaron de manera grupal para debatir y acercarse en clases a esos relatos que hablaban de los años del terror en la Argentina.
Pero no solo había que leer sobre la dictadura, sino empezar a entender acerca de esos cuerpos enterrados sobre los que nunca habían escuchado noticia alguna. “No sabíamos nada, yo no sabía nada hasta que la profe trajo la noticia”, revela Agustín, mientras sus compañeras coinciden a coro y agregan a su relato que por lo general “en Arroyo no se habla de la dictadura” o que aún hay quienes dicen el “por algo será o por algo los habrán llevado”. Otra chica llamada Camila apunta que como Arroyo —ubicada a solo 32 kilómetros al sur de Rosario— “es una ciudad chica”, muchos “hacen de cuenta que por acá no pasó la dictadura, como si fuese un camino de paso, siendo que de acá mucha gente iba a trabajar a Rosario o a Villa Constitución”. La hipótesis que trabaja el curso es que esos NN podrían tener relación con el Villazo, la gesta obrera protagonizada en 1974 por los trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución, y su posterior represión. Desde la Justicia Federal precisaron que el juicio de los hechos que se produjeron en Villa Constitución se encuentra en proceso de instrucción, en el cual se están tomando las indagatorias de los posibles imputados.
Durante esa primera etapa de documentación, los chicos se acercaron también a la historia ocurrida en la Escuela Pablo Pizzurno de Melincué, donde un grupo de alumnos junto a su profesora (Juliana Cagrandi) indagaron acerca de tumbas NN que había en el cementerio. El trabajo de la Justicia y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) permitió años después confirmar que los cuerpos enterrados pertenecían a Yves Domergue y Cristina Cialceta, asesinados en 1976 y abandonados a la vera de un camino rural.
“A diferencia del caso de Melincué, ahí partieron de una denuncia policial que les sirvió como para arrancar. Nosotros nos enteramos por lo del diario y fue bastante complicado conseguir otra información”, describe la docente María José Castro.
Pero el proyecto de Arroyo Seco también salió fuera de la escuela y es Ludmila quien cuenta que junto a la profe, el curso de quinto tercera visitó la Municipalidad de Arroyo Seco para hablar con funcionarios, para luego sí visitar el cementerio San Roque. También recabaron testimonios de testigos de aquella época, como la charla que tuvieron con un ex obrero de Acíndar que vive en Arroyo Seco: “Nos contó muchísimas cosas que habían pasado y que ni enterados estábamos, como cuando se llevaron a personas de la fábrica, los encerraron y los mataron en un sótano”, dice Julieta.
Además, viajaron para conocer el Museo de la Memoria y realizar un recorrido guiado por el Servicio de Informaciones, el principal centro clandestino de detención de la región, ubicado en la esquina de San Lorenzo y Dorrego, en pleno centro rosarino. Como señalaba la investigadora Pilar Calveiro, en una frase que se puede leer en el Museo de la Memoria, “por su cercanía física, por estar en medio de la sociedad del otro lado de la pared, el campo de concentración sólo puede existir en medio de una sociedad que elige no ver”.
Si bien quedan pocas semanas de clases, ahora sueñan por poder concretar un viaje a Buenos Aires para conocer el sitio de la memoria que funciona en el ex centro clandestino que la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma).
La investigación
La iniciativa escolar da cuenta de una investigación de la Justicia Federal acerca de una serie de excavaciones en tumbas NN en la necrópolis de Arroyo Seco, bajo la hipótesis de que en ellas podían haber sido enterradas víctimas del terrorismo de Estado. Ya en 2011, el fuero federal solicitó al municipio de Arroyo Seco los libros de permisos de inhumación correspondientes al período 1975-1983 donde constan dos hombres enterrados en marzo del 79 como NN en el San Roque: uno de General Lagos fallecido por “enfermedad” y otro por “muerte violenta” en Pueblo Esther. A ellos se les suma una mujer que figura con un nombre, oriunda de General Lagos. Sin embargo, hasta ahora los trabajos de los antropólogos del EAAF arrojaron resultados negativos.
“Por más que todavía no esté comprobado ni científica ni judicialmente que sean de la dictadura, la franja de tiempo de esos enterramientos —que podrían llegar a ser ocho en total— hacen que la hipótesis tenga validez”, afirma la profesora de la Escuela Comercial.
Reflexiones
A mediados de octubre, el curso y su docente organizaron dos charlas en el salón de actos de la escuela. En la primera participó el fiscal de la causa Adolfo Villate y el investigador de la Fiscalía José Rubio. Y una semana después recibieron la visita de la diputada nacional Josefina González (ex integrante de Hijos), Victorio Paulón (ex titular de la UOM de Villa Constitución) y del antropólogo Bruno Rosignoli (del Centro de Estudios e Investigaciones en Arqueología y Memoria). “La importancia de lo que ustedes están emprendiendo tiene que ver con el hecho de poder saldar ese agujero en la historia que tiene que ver con los 30 mil detenidos desaparecidos”, dijo Paulón durante el encuentro en la escuela. Y agregó: “Restituir la memoria y poder comprender y conocer todo lo que sucedió no es solamente sanador para los familiares de las víctimas, sino para la propia sociedad, porque los años de la dictadura militar los padecieron no solo las víctimas y perseguidos, sino el conjunto del pueblo argentino”. A su turno Josefina González dijo que “es necesario reconstruir todo los que pasó, hablar con la verdad y romper las mentiras que armaron (los represores) para quedar impunes”. Desde la Fiscalía, por su parte, se mostraron “muy interesados por este tipo de investigaciones en que los jóvenes de la mismas localidad sean los que les pregunten a sus mayores (padres, abuelos o vecinos) acerca de qué saben sobre ciertos hechos que en particular se dieron en la zona, o si conocen o fueron testigos de alguno en aquella época”. Y agregaron: “La pregunta de los jóvenes es una herramienta fundamental para que los vecinos se acerquen y den su testimonio”.
La posta
La idea del curso es, en base a esas visitas, charlas e indagaciones, elaborar un documento escrito que refleje lo trabajado este año, con la intención de que los que ingresen a quinto el año que viene puedan tomar la posta y profundizar la investigación. Y hacer también un video contando del proyecto que presentarán en el concurso de cortometrajes “Hacelo corto”. “La idea —resume Camila— es que ellos, los nuevos alumnos de quinto, tengan también la posibilidad de continuar esto, porque podrían llegar más lejos”. Y Magalí agrega: “También para que se involucren, porque nosotros al ser pibes por ahí no sabemos tanto de la historia y más si vivimos en un pueblo que está callado. Pero esas personas enterradas, sean o no víctimas de la dictadura, tienen derecho a tener una identidad”.
Fuente:LaCapital
Santa Fe aprobó la "Ley Herbalife" que protege a consumidores de venta directa Es la primera provincia que legisla sobre la actividad comercial que mueve más de 45 mil millones anuales
La legislatura santafesina dio marco legal a la "venta directa" o "venta multinivel", el sistema que utilizan muchas cadenas internacionales para comercializar por afuera de los negocios, por catálogo como el caso de Avon, desde 1886, o a través de modalidades similares.
Tal es el caso de los productos para adelgazar Herbalife o la cosmética Nu Skin que requieren una inversión inicial para la compra de un stock mínimo de una canasta de productos de los cuales, algunos son muy caros y difíciles de vender.
Frente a esto, el diputado socialista, Joaquín Blanco, presentó un proyecto que esta semana se convirtió en ley con el objetivo de "dar la protección y garantía de los derechos de los revendedores independientes y los consumidores", sostiene los fundamentos.
"Esta actividad se incrementó muchísimo en los últimos años de recesión económica, sobre todo en mujeres que buscan una forma de aumentar sus ingresos y hasta ahora no tenían ningún reconocimiento jurídico", señaló Blanco, y agregó que "existen empresas que, escondidas detrás de estos modelos de negocios, pueden causarles grandes perjuicios económicos, como son los casos de venta piramidal, que son una estafa".
Según datos de la Cámara Argentina de Venta Directa (CAVEDI), en Argentina, se trata de un negocio que ronda los 45 mil millones de pesos anuales; e involucra unas 900 mil personas, del cual el 89% son mujeres.
"La Venta Directa se realiza fuera de locales comerciales establecidos, en los lugares de trabajo o domicilios particulares, a través de revendedores independientes que suelen hacer una explicación o demostración de los productos que comercializan a sus clientes", explicó el socialista.
Felicitaciones Diputado @jqnblanco !!! Como Director Ejecutivo de la Cámara Argentina de Venta Directa celebro la ley sancionada, que lleva transparencia y reglas claras para una enorme Industria. Esta es la primera regulación sobre el tema en Argentina!!! #ventadirecta
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En ese sentido, el diputado destacó que "las empresas tendrán prohibido incorporar cláusulas de exclusividad en los contratos así como obligar a sus revendedores a la compra o adquisición de un inventario mínimo, superior al pactado entre las partes".
Asimismo, que "los revendedores podrán finalizar el contrato de forma unilateral y en cualquier momento, con aviso previo de forma escrita, recibir información suficiente, clara y confiable y tener respuestas a todas sus consultas sobre las condiciones comerciales y la naturaleza jurídica del negocio al que se vinculan".
Para el control de que las condiciones se cumplan, la nueva ley creará un Registro Único y Obligatorio de Empresas de Venta Directa, bajo la órbita del Ministerio de Producción.
Además, se les exigirá que establezcan una oficina de atención en la Provincia de Santa Fe, abierta al público y de manera permanente, "para responder eventuales quejas y reclamos de consumidores y revendedores", dijo Blanco.
Santa Fe es la primera provincia en legislar una actividad y de imponer fuertes multas y sanciones a quienes las incumplan: Aquellas empresas que no se adecúen a la nueva norma dentro del año de su reglamentación, podrán ser sancionadas económicamente con penas que van desde los 10 mil hasta los 300 mil pesos, y se prevé hasta la cancelación de su autorización para funcionar.
Fuente:LPO
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