Celso Guanipa Castro / Resumen Latinoamericano / 16 de diciembre de 2019
Para el opositor partido progresista paraguayo Frente Guasú, la instalación de una “mesa de trabajo” entre la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), la Fiscalía General y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos significa la entrega de la soberanía nacional, lo que constituye casual de juicio político.
La cuestión parece no preocuparle al mandatario paraguayo que se reunió el viernes 13 de diciembre con el presidente Donald Trump con una clara agenda – lavado de dinero, narcotráfico, financiamiento del terrorismo y corrupción- para facilitar el incremento de la presencia de los “investigadores” estadounidenses en el país.
Abdó informó en un video que se reafirmaron “los lazos históricos entre Paraguay y Estados Unidos. Estamos juntos para defender la democracia en la región, fortalecer la cooperación contra el crimen organizado transnacional e impulsar el comercio bilateral y las inversiones”.
“Principalmente nos enfocamos en fortalecer nuestra relación bilateral, nuestro comercio bilateral, entendiendo que las relaciones se construyen, y son duraderas y son sustentables en el tiempo si hay un beneficio mutuo; si hay una integración y complementariedad en nuestras economías”, manifestó. Agregó que también se conversó sobre la cooperación en términos de fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, Inteligencia y la utilización de tecnología.
Los mandatarios emitieron un comunicado conjunto en el cual acordaron “profundizar la robusta cooperación en materia de defensa y seguridad”.
Abdo Benítez enfatizó la necesidad del Paraguay de contar con asistencia para reformar la Policía Nacional y el sistema penitenciario. Trump anunció que Estados Unidos ofrecerá dos eventos del Programa de Intercambio Combinado de Entrenamiento de las Fuerzas Especiales en Paraguay en el 2020 y 2021, y que el Comando Sur ejecutará un ejercicio de respuesta conjunta a crisis regionales en Paraguay en el 2021.
Estados Unidos proveerá financiamiento para Entrenamiento Militar y Educativo Internacional al Paraguay”, refiere la declaración conjunta. Abdo Benítez informó que también conversaron sobre “el rol que está cumpliendo Paraguay como Presidente Pro Témpore del Mercosur” para avanzar hacia un Tratado de Libre Comercio del bloque regional con EE.UU.
En la reunión ampliada participaron, por EEUU: el vicepresidente Mike Pence; el secretario de Estado, Mike Pompeo; el jefe de Gabinete Mick Mulvaney; el asesor presidencial del Consejo Nacional de Seguridad Robert O’Brien; el presidente de la Corporación Internacional de Finanzas para el Desarrollo (DFC), Adam Boehler; y el asesor presidencial para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver-Carone.
Por el Gobierno del Paraguay, asistieron el canciller Antonio Rivas; el embajador en EEUU. Manuel Cáceres; el ministro de Hacienda, Benigno López; y el asesor Federico González Franco.
El parlamentario del Frente Guasu Hugo Richer, destacó que “sigue siendo Estados Unidos el único referente de la política internacional del Paraguay en materia política, comercial y económica”, y destacó que con la instalación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos en Paraguay evidentemente, “hay varios grupos políticos y económicos que no van a estar tranquilos”.
Richer agregó que Paraguay tiene una “fragilidad institucional” muy grande y el Ministerio Público no tiene la fuerza suficiente para combatir la impunidad. El viernes 13 de diciembre, el presidente Mario Abdo Benítez se reunió con Donald Trump y luego destacó que este le aseguró que están juntos para defender la democracia, fortalecer la cooperación contra el crimen organizado, impulsar el comercio e inversiones.
La reunión presidencial se concretó luego de que integrantes del FBI y del Departamento de Justicia de Estados Unidos se reunieran con autoridades de la Secretaría Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General a fin de conformar una mesa de trabajo para “tratar asuntos sensibles de interés bilateral”.
Poco antes, el FBI y el Departamento de Justicia estadounidenses aprehendieron en Estados Unidos a la exdiputada oficialista Cynthia Tarragó por lavado de dinero y narcotráfico. Asimismo, recientemente el Departamento de Estado de EEUU. prohibió de por vida el ingreso a ese país al exsenador –también del gobernante Partido Colorado- Óscar González Daher y el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón por hechos de notoria corrupción.
Vale señalar que el Supremo Tribunal de Justicia del Brasil, dejó sin efecto una orden de captura librada por un juez de primera instancia contra el ex presidente Horacio Cartes a quien acusó de haber amparado la fuga de Darío Messer, uno de los principales acusados de la megacausa “Lava Jato” que investiga la red de lavado de dinero más importante del gigante sudamericano.
Un gobierno genuflexo
Messer, “el doleiro de los doleiros”, como se lo conoce en Brasil, estuvo prófugo de la justicia durante más de un año y fue detenido en San Pablo el pasado 31 de julio en el lujoso barrio Los Jardines.
Enrique Bacchetta, presidente de la bancada colorada que responde al presidente Abdo Benítez en el Senado dejó en claro la línea oficialista: “Ese tema es propio del Frente Guasu, el de tratar de llevar en todo momento el juicio político al presidente. Todo lo que provenga de ayuda para lograr el país que tenga la mejor calificación, gana el Paraguay”.
El senador Pereira afirmó que de esta manera se autoriza a los estadounidense a que “entren ya formal e institucionalmente, pues siempre actuaban estos órganos de investigación en forma solapada”. Insistió en que todos los delitos involucrados en la investigación son de competencia del Estado nacional.
Tras calificar de “genuflexo”, al gobierno consideró que la actitud tomada «es ponerse de rodillas a un país que se cree gendarme del mundo ¿Quiénes son ellos para venir a investigarnos?»
Señaló a su vez que Estados Unidos criminaliza y utiliza artimañas para quedarse con los recursos naturales de los países de la región: «Aquí nos hacen llamar como EPP, terroristas, cuando el negocio de fondo es el Acuífero Guaraní, puzolana, uranio y mármol. En Bolivia fue el tema del gas y litio; en Colombia el uranio, en Venezuela el petróleo, gas. “¿Cuántos narcotraficantes hay en EEUU y se consideran gendarmes del mundo?”, se preguntó.
* Periodista y politólogo paraguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Corte Interamericana de Derechos Humanos deja impune al Estado por caso de tortura y desaparición forzada
Resumen Latinoamericano*, 16 diciembre 2019.
“Así como el levantamiento del asilo y probable extradición del fundador de Wikileaks Julián Assange, y el encarcelamiento e intento de extradición del delegado de los diálogos de Paz de La Habana, Jesús Santrich, la sentencia de la Corte IDH sobre el caso de Arrom-Martí es un signo de nuevos tiempos de estrechamiento de los márgenes de acción democrática y sometimiento de toda la legalidad internacional a los intereses de la acumulación del capital y de las potencias imperialistas”.
Así resume en un comunicado del comité central del Partido Comunista Paraguayo la resolución pasada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso emblemático de la impunidad y Terrorismo de Estado del Paraguay, el Caso Arrom-Martí.
Eran dirigentes en esa época del Movimiento Patria Libre e integrantes de la izquierda paraguaya que incluso este reportero pudo entrevistar en la gira del 2001 en el país sudamericano. Eran optimistas ante la perspectiva que la izquierda legal pudiera avanzar en las entonces próximas elecciones.
Pero los planes fueron impedidos después de haber sido secuestrados y torturados durante dos semanas en enero 2002 por agentes del estado. Pero fueron rescatados por el pueblo ante cámaras y medios de comunicación después que se había filtrado información sobre su ubicación, que era una casa de tortura de los agentes.
Los tres líderes de la izquierda paraguaya se vieron obligados de exiliarse 2003 en Brasil y fueron “abrigados” por el Estado y la Comisión de Refugiados (CORE), la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Durante el gobierno de Ignacio ´Lula´da Silva se permanecieron en seguridad, pese a las repetidas exigencias del estado paraguayo de ser extraditados de vuelta a Paraguay.
Con Jair Bolsonaro en el poder la situación se volvió incierta. Y con la sentencia de la Corte de la IDH se puso directamente peligrosa. Los tres dirigentes se pasaron a la clandestinidad al mismo tiempo que buscaron adonde podrían irse para no ser extraditados de Brasil.
Pasaron al Uruguay en donde hicieron los trámites para poder llegar lo más lejos posible y cayeron a final de éste año en Finlandia.
LA SENTENCIA de la Corte de IDH es totalmente CONTRARIA a la recomendación y sentencia de la COMISIÓN Interamericana de DDHH (CIDH).
El caso 12.685 que se tramitó en la Comisión de IDH, desde su admisión en el año 2008, tuvo ese final lamentable en la Corte IDH: la no condena del Estado paraguayo por un claro caso de desaparición forzada y tortura.
Según se desprende de comunicados oficiales “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 12.685, Juan Francisco Arrom Suhurt, Anuncio Martí Méndez y familiares, respecto de Paraguay. El caso se relaciona con la desaparición forzada y tortura de Juan Francisco Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, líderes del movimiento político Patria Libre, durante los días 17 al 30 de enero de 2002. Ambos denunciaron que fueron detenidos por agentes estatales que los interrogaron constantemente sobre sus actividades políticas».
«La Comisión concluyó que el Estado de Paraguay es responsable por la violación de derechos humanos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Las autoridades de Paraguay no actuaron con debida diligencia cuando conocieron la posible desaparición de Juan Francisco Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, ni en el curso de la investigación; no iniciaron la investigación de oficio y violaron el principio de presunción de inocencia de las víctimas al emitir propaganda estatal que los calificaba de responsables de un secuestro sin condena en firme. Asimismo, existen múltiples elementos que apuntan a la participación directa de agentes del Estado, elementos que no fueron investigados diligentemente. La CIDH encontró acreditada dicha participación», dice la Comisión IDH.
LA CORTE IDH, SI BIEN NO NEGÓ la existencia de los hechos de desaparición forzada y tortura, señala que no encontró nexos para declarar culpables a agentes estatales, y por tanto al Estado, lo que es muy contradictorio con la investigación que realizó la Comisión IDH desde el año 2002, cuando la propia Comisión IDH solicitara, lo que el Estado paraguayo acató, medidas cautelares en favor de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, refugiados políticos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR).
Entre aspectos llamativos e inexplicables de como la Corte IDH se apartó de su propia jurisprudencia, se puede señalar.
- Descartó el valor probatorio de las declaraciones de las víctimas y de testigos directos de los hechos, tanto del secuestro de Arrom y Martí como de su rescate.
- Descartó el valor probatorio de numerosas pruebas materiales, como la filmación y transmisión en directo por la prensa paraguaya del momento del rescate de las víctimas y la localización de las casas donde los policías mantuvieron a ambos secuestrados.
- Descartó la Corte IDH informes médicos realizados en el Hospital Migone de Asunción, firmado por 13 profesionales médicos, inclusive por médicos del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia donde constan en detalle todas las lesiones sufridas por tortura.
- Descartó numerosos laudos de psiquiatras y psicólogos que inspeccionaron a Arrom y Martí al momento de su rescate, como asimismo en tratamientos e inspecciones en los años siguientes del exilio y refugio político de ambos en Brasil.
- La Corte IDH asume resoluciones de la fiscalía paraguaya como suyas, para justificar el sobreseimiento de policías implicados en el caso de tortura.
- En decisión contrária a toda la jurisprudencia del Sistema Interamericano de derechos Humanos (SIDH), la Corte IDH utilizó el sobreseimiento (Impunidad) otorgada por el Ministerio Público paraguayo a los torturadores, como «prueba» de la falta de participación de agentes estatales en estas violaciones a los derechos humanos.
HAY QUE DESTACAR que este caso que colocó en el banquillo de los acusados al Estado paraguayo, afecta hasta hoy a prominentes figuras de la política oficial del partido de la dictadura de Stroessner. Entre ellos, el vicepresidente de la república, Hugo Velázquez, se halla directamente involucrado en estas violaciones a los derechos humanos, al igual que la fiscal general del Estado Sandra Quiñónez. La mayoría de los policías y militares que actuaron en el secuestro y torturas de Arrom y Martí, siquiera fueron investigados, a pesar de las pruebas en contra de los mismos y el reconocimiento que las víctimas hicieron de sus verdugos.
La presión del gobierno paraguayo por la posible condena en instancias de la CorteIDH, motivó no sólo una gran campaña nacional en Paraguay donde políticos y autoridades del gobierno, incluido el mismo presidente de la República, sino que atacaron y menoscabaron de todas las formas posibles al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), diciendo públicamente que podrían abandonar el SIDH y que no cumplirían ninguna resolución de la CorteIDH en caso de una condena al Estado paraguayo.
En señal inequívoca de presión política, el presidente paraguayo, acompañado de su ministro de relaciones exteriores y de una numerosa comitiva de funcionarios del gobierno, hizo presencia en la audiencia desarrollada en la Corte IDH el 7 de febrero de 2019.
RECORDEMOS QUE CINCO GOBIERNOS, en el mes de abril, realizaron una intensa presión en contra del SIDH; por medio de una nota Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Colombia con gobiernos de derecha que violan de forma permanente los derechos humanos, propusieron que el SIDH no “invada” las competencias de los Estados; traduciendo al lenguaje directo, que los organismos de derechos humanos del SIDH, la Comisión y la Corte IDH, no se entrometan cuando hay violaciones a los derechos humanos en esos países.
Las presiones y los acuerdos políticos, con el giro general de tipo conservador y de ultraderecha en América Latina, hablaron más alto que los derechos humanos en la consideración de los jueces de la CorteIDH, para concluir con tan deplorable fallo que le otorga Impunidad al Estado paraguayo en estos crímenes de lesa humanidad.
“EL GOBIERNO MIENTE”
Es cuestionable y lamentable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del 13 de mayo pasado, porque deja impunes graves crímenes cometidos por el Estado paraguayo y permite lavar el rostro de uno de los sistemas judiciales más corruptos del mundo.
Sin embargo, es importante entender que en su sentencia, la Corte Interamericana de DDHH no afirma en ningún párrafo que los ex dirigentes políticos de Patria Libre no hayan sido víctimas de secuestro y torturas en el año 2002, como intencionadamente pretende el gobierno presentar este fallo. En sus conclusiones, la Corte solamente afirma que no se pudo probar la participación de agentes Estatales en estos hechos.
El gobierno de Mario Abdo Benítez tergiversa esta resolución de la Corte IDH afirmando que se demostró que Juan Arrom y Anuncio Martí mienten, y que no fueron secuestrados. Inclusive pretenden presentar esta sentencia como prueba de que Juan Arrom y Anuncio Martí son responsables del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, violando una vez más el derecho a la presunción de inocencia para fortalecer un nuevo pedido de levantamiento del status de Refugiados otorgados en Brasil en el año 2003 a los mismos.
La grave sentencia de la Corte IDH no niega la existencia de los hechos de secuestro y tortura de los que ambos fueron víctimas -y toda la sociedad paraguaya testigo- en el año 2002. Mucho menos significa que ambos fueran responsables del delito secuestro por el cual el corrupto sistema judicial paraguayo los persigue.
¿Alguien cree en la justicia paraguaya?
Sin embargo, esta sentencia de la Corte IDH es grave, ya que legitima la fraudulenta investigación que la “justicia” paraguaya realizó sobre el secuestro y tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí, una investigación cuyo único propósito fue encubrir las responsabilidades penales de sus propios miembros y las autoridades políticas de entonces.
Esta sentencia avala el accionar fraudulento del mismo aparato judicial que ha dejado impunes más de 100 asesinatos políticos cometidos contra militantes del movimiento campesino desde 1989, que ha permitido la extinción de causas penales contra torturadores del régimen stronista, un sistema judicial que de hecho, es continuidad del mismo régimen dictatorial y que por ello ha permitido que la inmensa mayoría de los torturadores, secuestradores y violadores de niñas mueran o sigan campantes entre nosotros sin pagar por sus crímenes.
Es el mismo sistema judicial que ha permitido que las muertes de niños y adolescentes en cumplimiento del servicio militar queden impunes. Es el mismo poder judicial de un Estado que ya ha sido condenado por la Corte IDH por la desaparición forzada de Agustín Goiburú, Carlos José Mancuello, Rodolfo Feliciano Ramírez Villalba y Benjamín De Jesús Ramírez Villalba. Es el mismo sistema judicial –para no ir tan lejos– que condenó como chivos expiatorios y sin pruebas a las y los campesinos sobrevivientes de la masacre de #Curuguaty, masacre cuyos autores reales aún siguen impunes sin ser siquiera investigados. Es el mismo sistema judicial dominado históricamente por intereses de grupos de poder que promueven la coima y el tráfico de influencias (de los González Daher, Dionisio Amarilla, etc.) como mecanismos de acceso a la justicia.
Es este poder judicial corrupto y criminal -que avala y promueve el Terrorismo de Estado- ante el cual el gobierno pretende someter a Juan Arrom y Anuncio Martí, si se da lugar al pedido de levantamiento de Refugio Político en Brasil, son detenidos y finalmente extraditados. Pretenden nuevos chivos expiatorios para no investigar con responsabilidad y castigar a los verdaderos culpables de delitos y crímenes, tal como ocurriera con el caso de los seis campesinos presos políticos extraditados de la Argentina y condenados a tambor batiente en el 2012 a 35 años de prisión sin ninguna prueba por un Tribunal maniatado por la presión política.
Así como el levantamiento del asilo y probable extradición del fundador de Wikileaks Julián Assange, y el encarcelamiento e intento de extradición del delegado de los diálogos de Paz de La Habana, Jesús Santrich, la sentencia de la Corte IDH sobre el caso de Arrom-Martí es un signo de nuevos tiempos de estrechamiento de los márgenes de acción democrática y sometimiento de toda la legalidad internacional a los intereses de la acumulación del capital y de las potencias imperialistas.
Hacemos un llamado a todas las fuerzas democráticas nacionales e internacionales a respaldar la confirmación del estatus de refugiados de Juan Arrom y Anuncio Martí en Brasil, por no existir las más mínimas garantías de un proceso judicial justo para los mismos en Paraguay y a la apertura de un debate abierto sobre estos signos de reducción de garantías para el ejercicio de la disidencia política en nuestros regímenes de democracias restringidas y dictaduras mafiosas.
*radioprimerisima
Envio:RL
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