Por Lucho Soria
Dic 18, 2019
Los grupos de tareas de ex jueces federales y ex fiscales federales que participaron del terrorismo de Estado, están siendo juzgados y condenados, y otros en procesos de instrucción. El modelo de impunidad es el de Mar del Plata, Pedro Hooft, la Cámara Federal anuló su sobreseimiento en una causa iniciada hace 13 años. En tanto los de Neuquén, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, entre otras provincias, en el 2020 deben estar en el banquillo de los acusados.
La Cámara Federal de Mar del Plata decidió revocar el sobreseimiento que se había dictado en marzo del año pasado a favor de Pedro Hooft, el juez denunciado por ser partícipe y cómplice de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Los jueces Alejandro Tazza, Julio Reboredo y Santiago Martín hicieron lugar a las presentaciones que habían hecho las querellas meses atrás al entender que la resolución del magistrado de primera instancia, Martín Baba, carece de «apoyo fáctico y jurídico».
La causa en la que se le imputa en la llamada Noche de las Corbatas, abogados laboralistas y sus familias fueron secuestrados , desaparecidos y asesinados por el Ejército, en 1977. Norberto Centeno (abogado) asesinado, Salvador Manuel Arestín (abogado) desaparecido, Raúl Hugo Alais (abogado) desaparecido, Camilo Ricci (abogado) sobreviviente, Carlos A. Bozzi (abogado) sobreviviente, Tomás José Fresneda (abogado) desaparecido, Jorge Candeloro (abogado) asesinado, Martha García, esposa de Candeloro sobreviviente, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda (embarazada de cuatro meses, esposa de Fresneda) desaparecida, Néstor Enrique García Mantica desaparecido, María Esther Vázquez de García (esposa de García Mantica) desaparecida, José Verde (ex secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense Mar del Plata) sobreviviente.
En este sentido, se le ordenó realizar al juez un nuevo pronunciamiento, y señalaron que deberá ser “con la celeridad que las especiales circunstancias del caso imponen” ya que remarcaron que proceso que ya supera los trece años de tramitación, ya que se inició con una denuncia efectuada en marzo de 2006. En tanto en procesos de instrucción están el juez federal de Tucumán, Manlio Martínez, en las causa por los hermanos Isauro y Arturo Arancibia, ambos docentes, asesinados en la sede del sindicato ATEP, el 24 de marzo del 76. En la misma es querellante CTERA, y el fusilamiento de combatientes Montoneros, por no cumplir con sus obligaciones como magistrado, como todos los jueces y fiscales de la dictadura, la mayoría de ellos en sus cargos antes del 24 de marzo del 76, y no renunciaron, sino todo lo contrario. Cruzaron el Jordán, sin pudor alguno.
Lo mismo sucede en Santiago del Estero. La Cámara de Casación Penal anuló la absolución del ex juez federal Santiago David Olmedo de Arzuaga en el juicio por la Megacausa III, por crímenes de lesa humanidad cometidos en Santiago del Estero. Los jueces anularon la decisión del Tribunal Oral Federal de la provincia y le indicaron que condene al ex juez. El fallo, firmado por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, se produjo en la causa que investigó la responsabilidad de policías, militares y autoridades judiciales en 38 crímenes.
En Formosa, los ex jueces provinciales Bernardo Montoya, Sergio Martínez y Jorge Vazquez Rey, imputados por su complicidad con la represión, gozan de impunidad porque los jueces se inhiben para integran el tribunal y por ahora la causa sigue paralizada. En Mendoza, el ex juez federal Eduardo Mestre Brizuela fue procesado por no investigar el secuestro de una beba de 9 meses. La Justicia Federal abrió un expediente para investigar el hecho que el 16 de septiembre de 1987 se decidió archivarlo. La decisión fue firmada por los jueces Luis Miret -hoy fallecido- y Eduardo Mestre Brizuela.
Mestre estuvo procesado por el delito de prevaricato , pero la acusación en su contra pasó por varios estadios. En diciembre de 2017 fue sobreseído, en junio de 2018 se dictó falta de mérito y un mes después volvió a dictarse el sobreseimiento Ahora la Cámara Federal de Mendoza decidió volver a procesarlo por ese delito.
Este año quienes fueron condenados en Salta, el ex juez federal Ricardo Lona a 15 años, en el Chaco al ex fiscal Domingo Mazzoni, a 11, en San Luis, el ex juez federal Eduardo Allende a 15, en la Rioja, al ex juez federal Roberto Catalán, la segunda condena a 4 años.
Y no cumplen las condenas en las cárceles, están con arresto domiciliarios. Un andamiaje jurídico y político propician esta situación, desde la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El desafío es ahora revertirla. Que los grupos de tareas de la Justicia de la Dictadura sean condenados.
www.anred.org/2019/12/16/se-anulo-el-sobreseimiento-del-juez-federal-pedro-hooft-en-causas-de-lesa-humanidad/
Fuente:KaosenlaRed
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