Falleció Hugo Riera, uno de los sanrafaelinos detenidos durante la última dictadura militar
18 diciembre, 2019
Hugo Riera, expreso político, fue secuestrado durante la última dictadura cívico militar al igual que su compañera de vida, María Esther Dauverné, su suegro y su cuñado. Ocurrió el 12 de abril de 1976 en San Rafael. Tenía 32 años, trabajaba en Malargüe en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) –en la mina de uranio Huemul– y era secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Estuvo detenido-desaparecido durante más de siete meses. Desde el Espacio por la Memoria recuerdan que “los represores llevaron a Hugo al centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en el Correo, luego estuvo 12 días secuestrado en Infantería de la Policía y siete meses en los calabozos de la sede del Poder Judicial de San Rafael, activo CCD conocido como La Departamental. Fue liberado desde otro CCD: Bodegas Garbín”.
A lo largo de su vida prestó testimonio en varias ocasiones y aportó así a la reconstrucción de la historia reciente y de la memoria de sus compañeros y compañeras. Participaba del movimiento de derechos humanos a partir del colectivo de expresos y presas políticas del Sur mendocino.
En su militancia política fue activo participante del peronismo y pasados sus 75 años era parte de cada una de las campañas electorales de su partido, incluso hace unos meses se lo vio acompañando a la fórmula del Frente de Todos.
Fuente:DiarioSanRafael
Las cosas del Poder
Argentina puede ser un faro contra el Lawfare
(Foto: Mariano Martino)
Por César Verduga Vélez - Ex ministro de Gobierno de Ecuador y consultor. Desde México.
17 de Diciembre de 2019
La sorprendente historia de Argentina ha dejado varias lecciones para Latinoamérica en las últimas décadas.
La construcción del primer estado de bienestar bajo el liderazgo de Perón y Evita, entre 1945 y 1955, fue la lección práctica de que en América Latina podíamos tener economías industriales dinámicas y sociedades equitativas.
La resiliencia del peronismo perseguido y los miles de no peronistas que se opusieron a la dictadura militar durante décadas hasta derrotarla fue la lección de que la democracia también puede enraizarse en la cultura política de quienes habitan tierras latinoamericanas.
El enjuiciamiento y sentencia a los militares genocidas, respetando las normas del derecho internacional, fue un hecho histórico único en Latinoamérica, precursor del Tratado de Roma y de la Corte Penal Internacional. La lección fue que la impunidad de dictadores genocidas no es el precio que debe pagar la democracia en América Latina para estabilizarse.
El desmontaje del modelo neoliberal macrista para recuperar producción, consumo, crecimiento y equidad, será lento y difícil. Deberá concitar la acción conjunta de Estado, empresarios, trabajadores, profesionales de libre ejercicio, académicos, articulados por un liderazgo presidencial sabio. Esa lección comenzó a escribirse el pasado 10 de Diciembre.
Hay desafíos ideológicos, culturales, institucionales que si los argentinos progresistas resuelven adecuadamente pueden transformarse en otras lecciones para los países latinoamericanos con estados neoliberales y sociedades civiles en ebullición.
Uno de ellos forma parte de las más pesadas mochilas que deja el neoliberalismo macrista. Se trata de la acción articulada con precisión de relojería entre el lawfare y las fakenews, que crea una falsa percepción de la realidad y motoriza ilegalidades de consecuencias terribles. Y que el gobierno macrista utilizó, no sólo contra líderes políticos destacados, como CFK, (Amado) Boudou, (Carlos) Zanini, sino también contra líderes gremiales y de minorías étnicas como el asesinado Santiago Maldonado. Se ha denunciado la existencia en Casa Rosada de una mesa jurídica que decidía a quienes perseguir judicialmente y desprestigiar mediáticamente. Esa mesa de funcionarios que manejaba el mecanismo de relojería que sincronizaba el lawfare y las fakenews dejó de existir el 10 de diciembre. Sin embargo, las agujas del reloj seguirán en el poder judicial y en los medios hegemónicos de comunicación. La lección para Latinoamérica es que los gobiernos neoliberales no creen en el estado de derecho ni respetan los derechos de las personas cuando son opositores a sus políticas. Pero también que una sociedad organizada y movilizada puede sacarlos del poder con sus votos depositados en las urnas.
La relación entre política, legalidad y comunicación social requieren un cambio histórico en la Argentina post neoliberal. Eso lo ansía también el progresismo latinoamericano.
El lawfare o judicialización de la política es la lucha por el poder político manipulando las instituciones jurídicas para destruir adversarios. Al manipular la justicia, jueces y fiscales dejan de ser tales. Se convierten en operadores políticos desde la función judicial o en operadores judiciales al servicio de los políticos. El Estado de Derecho deja de existir y la democracia se debilita peligrosamente.
Las fakenews son una forma perversa de manipulación de la opinión pública y de inventar realidades inexistentes. Son creaciones virtuales, que adquieren existencia en la mente de las personas porque una mentira repetida mil veces se vuelve verdad, como predicaba el ideólogo hitleriano Joseph Goebbels. Y en esta época de imperio de la imagen en el imaginario social, los asesores neoliberales predican que una imagen manipulada convenientemente vale más que mil palabras que sustentan una verdad.
La indagación judicial de CFK, a pocos días de que asuma la vicepresidencia de la nación es una lección práctica de lawfare , como lo calificó la acusada. Y la descalificación de su intervención de tres horas, por la prensa hegemónica argentina, y la no publicación destacada de la misma en los medios latinoamericanos, es una prueba de fakenews neoliberal.
También está activado el poder comunicacional hegemónico contra el nuevo gobierno. Ya opinan y escriben sobre sus fracasos, cuando recién se ha sentado en su oficina de la Casa Rosada el Presidente Alberto Fernández. Y algunos analistas internacionales de distintas nacionalidades escriben en periódicos latinoamericanos cuestiones semejantes.
El cerco jurídico y mediático al nuevo gobierno peronista ya está montado. Es argentino e internacional. Los intereses neoliberales no le darán ni los 100 días de tregua que la corrección política aconseja practicar con cualquier nuevo gobierno, en cualquier democracia del mundo.
La lección para Latinoamérica es que el neoliberalismo argentino en la oposición puede no ser ni democrático ni civilizado.
Lo que haga el gobierno de Alberto Fernández respecto del cerco judicial interno y el mediático, nacional e internacional, puede convertirse en una nueva lección argentina para Latinoamérica. Debería ser una operación que garantice la victoria de la democracia sobre el neoliberalismo.
Fuente:TiempoArgentino
Era rechazado por la oposición
Emergencia Económica: el oficialismo retira el artículo 85 del proyecto
El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Dario Martinez, informó que se decidió eliminar el apartado que facultaba al Poder Ejecutivo a efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada.
El oficialista Frente de Todos anunció esta mañana en la Cámara de Diputados que el Gobierno accedió a eliminar el artículo 85 de la ley ómnibus enviada ayer al Congreso para facilitar su tratamiento y aprobación .
Al comenzar el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General , previo al informe de los ministros del Gobierno, Darío Martínez dijo que "en acuerdo con el Poder Ejecutivo Nacional se elimina el artículo 85".
Ese artículo decía: "Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar el rediseño organizacional de la Administración Pública Nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias".
Ahora, el mencionado artículo ya no será parte de la ley que declara nueve emergencias.
18 de diciembre de 2019
El Gobierno pagará un plus a los jubilados que ganan menos de 19 mil pesos
Bono para recomponer, movilidad en suspenso
El pago extra de diciembre y enero será de 5000 pesos para quienes ganan la mínima y proporcional hasta el tope de 19.068 pesos. Las claves de la nueva movilidad previsional.
Por David Cufré
Para acceder al bono previsional, los jubilados deberán cobrar un solo beneficio.
Imagen: Sandra Cartasso
Imagen: Sandra Cartasso
El capítulo previsional de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva presenta medidas de aplicación inmediata, como el pago de un bono en diciembre y enero para recomponer ingresos a alrededor del 60 por ciento de los jubilados, y abre las puertas a una nueva reforma de la movilidad de los haberes. Esto último incluye a los llamados regímenes especiales, como los que rigen para docentes, científicos y diplomáticos, cuyos sistemas de actualización de las prestaciones también quedan en suspenso por seis meses. La justificación para todo el paquete que dio el ministro de Economía, Martín Guzmán, fue que se necesita flexibilidad para "fortalecer el carácter redistributivo de las jubilaciones" y, por otro lado, que el mecanismo de aumentos de los haberes que había diseñado el gobierno de Mauricio Macri fue pensado para una economía que crecería a un ritmo del 3 por ciento, cuando en realidad está cayendo a esa velocidad. Por lo tanto, lo que había no es aplicable y se requiere un nuevo sistema.
¿Cómo es el bono?
El plus de diciembre y enero será de 5000 pesos cada mes para quienes perciben la jubilación mínima, de 14.068 pesos en este momento. También cobrarán esa cifra los jubilados a través de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y aquellos que cobran pensiones no contributivas, como las que se pagan por invalidez.
En esta ocasión, el Gobierno resolvió que el suplemento no quede limitado a los sectores de ingresos más bajos, sino que extendió el beneficio a todos aquellos que perciben haberes menores de 19.068 pesos. Como anticipó Página/12, se estableció una curva para las escalas intermedias entre la jubilación mínima (de 14.068 pesos) y ese tope de 19.068 pesos, por la cual los jubilados y pensionados cobrarán la diferencia hasta llegar a ese máximo. Por ejemplo, un jubilado que gana 18.000 pesos, recibirá un bono de 1068 pesos. Si su haber fuera de 16.000, el bono llegará a 3068 pesos.
El suplemento será para quienes cobran un solo beneficio. Por lo tanto, aquellas personas que perciben su jubilación y la pensión por fallecimiento del cónyuge, por ejemplo, quedarán excluidas del bono. Incluso será así si en ambas prestaciones ganara el haber mínimo. El requisito insalvable para obtener el bono es cobrar un solo beneficio. Esto reduce el universo de personas alcanzadas y de allí que serían aproximadamente el 60 por ciento del total de jubilados y pensionados los que accederían al suplemento de diciembre y enero. En cambio, no habrá requisitos para las pensiones no contributivas como la antigüedad del auto o cuestiones patrimoniales que hacía valer el gobierno anterior.
La fecha de pago del bono de diciembre todavía no fue establecida, pero será efectivamente antes de fin de año.
Lo mismo ocurrirá con el bono para los titulares de la Asignación Universal por Hijo, cuyo bono en este caso será de 2000 pesos solo en diciembre.
Movilidad
El segundo anuncio que hizo el Gobierno en materia jubilatoria es la suspensión por seis meses de la ley de movilidad que regía desde diciembre de 2017. La última vez que se aplicó esa polémica norma fue este mes, cuando se otorgó un incremento del 8,74 por ciento. La prestación mínima quedó en 14.068 pesos. De acá en más, la administración de Alberto Fernández diseñará una nueva fórmula de actualización de los haberes. El próximo incremento será en marzo, por decreto, y la intención de las autoridades es que para junio ya esté aprobado el nuevo mecanismo.
"Con el objetivo de fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes y de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos se suspenden por 180 días las distintas leyes que otorgan movilidad a las prestaciones previsionales de diversos regímenes", sostienen los fundamentos del proyecto que presentó Guzmán. De allí surge que la movilidad de los llamados regímenes jubilatorios especiales, como los de docentes, científicos y diplomáticos, también quedan bajo revisión el próximo semestre.
"Durante esos seis meses, el Poder Ejecutivo fijará incremementos trimestrales que atenderán prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos", agrega Economía. Todavía no hay ninguna precisión sobre cómo será el aumento de marzo, pero el Gobierno sugirió que no será uniforme, sino superior para quienes menos ganan. Esa decisión tuvo como justificación lo señalado al comienzo: la ley de movilidad de Macri era para una economía en crecimiento con baja inflación, mientras que el escenario actual es exactamente al revés: fuerte caída del PIB con inflación record.
Sin embargo, la ley de Macri hizo algo más que transformarse en insustentable en términos macroeconómicos. También provocó un fuerte deterioro en los ingresos de los jubilados: en 2018 los haberes subieron 28,46 por ciento, pero la inflación fue del 47,6. Este año, en tanto, los aumentos acumulados llegaron al 51,12 por ciento, contra una inflación que estará arriba de esa cifra, aunque todavía no se conoce el dato de diciembre para hacer la comparación completa.
Los jubilados esperaban en 2020 empezar a recuperar algo de lo perdido, ya que para marzo estaba previsto un aumento del 11,56 por ciento por la alta inflación del tercer trimestre de este año, que era el insumo principal para determinar ese incremento. Ahora, con la suspensión de la movilidad, ese ajuste se cae y el nuevo Gobierno aplicará una suba por decreto. Si el aumento fuera menor a aquel 11,56 por ciento, los reclamos estarán a la orden del día. Es posible que quienes perciben la jubilación mínima no sufran esa retracción e incluso puedan llegar a tener alguna mejora adicional, pero seguramente los sectores de haberes más elevados terminarán cobrando menos.
Frente a esa hipotética situación, para evitar juicios como los que ocurrieron después de 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner también otorgó subas que no fueron uniformes y eso fue penalizado con el fallo Badaro de la Corte Suprema, la actual administración pide que se declare la emergencia previsional. Ese paraguas evitaría los juicios, consideran en el oficialismo. Los funcionarios también afirman que los jubilados tendrán beneficios indirectos, como el otorgamiento de medicamentos gratuitos -todavía en estudio- y la refinanciación de las deudas con la Anses. Sin embargo, aquellos que no cobren en marzo lo que tenían previsto seguramente buscarán una compensación por vía judicial.
La oposición quiere bloquear el tratamiento.
El macrismo no dará quórum y votará en contra de la Ley de Solidaridad Social
En el interbloque de Juntos por el Cambio decidieron votar en contra del proyecto del Gobierno. Además, los sectores más duros, encabezados por la Coalición Cívica, consiguieron arrastar al bloque a la postura de no dar quórum para impedir que se discuta.
Por Miguel Jorquera
Las comisiones de la Cámara de Diputados trabajaron sobre el proyecto de emergencia.
En un clima de arduo debate y reuniones previas para fijar posiciones, este miércoles por la mañana arrancará el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que discutirá el megaproyecto de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica, que llegará el jueves al recinto. Por la noche se impusieron los sectores más duros dentro del PRO, la UCR y la CC, que se pintaron la cara con la idea de no dar quórum. El interbloque de Juntos por el Cambio finalmente decidió, por unanimidad, no acompañar la ley, sosteniendo que "significa anular el Congreso Nacional". Por lo tanto, ya anunciaron, tampoco darán quórum. Sin embargo, el Frente de Todos aún confía en el aporte que harán al quórum y al debate en la sesión del jueves los interbloques Federal (Lavagnista) y Unión Federal para el Desarrollo, que definen la balanza de una Cámara polarizada. Consideran que podrán llegar a la media sanción de la iniciativa, que este viernes el Senado podría transformar en ley con la decisión de los senadores de JpC de dar quórum.
Hoy pasarán por el plenario de comisiones los ministros Martín Guzmán (Hacienda), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Ginés González García (Salud), Claudio Moroni (Trabajo) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social), además de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Este martes hubo una cantidad de reuniones en todos los bloques para definir estrategias, con algunas posiciones encontradas. Las primeras repercusiones llegaron por la mañana, tras los anuncios del ministro Guzmán y el ingreso del texto del megaproyecto al Congreso.
En el FdT insisten en la necesidad de avanzar con las emergencias ante la crisis económica y social. Y también con la imposibilidad de hacerlo sin presupuesto propio, que recién estaría en condiciones de proyectar luego de la renegociación de la deuda externa que contrajo el macrismo. Este martes, el oficialismo dio el primer paso con la conformación de las comisiones de Presupuesto y Legislación General, en las que tendrá mayoría. Presupuesto quedó a cargo interinamente del neuquino Darío Martínez, hasta que jure el dirigente cooperativista Carlos Heller, que reemplazará a Juan Cabandié.
En la oposición hubo opiniones diversas. El jefe de la bancada radical y del interbloque de JpC, Mario Negri, fue uno de los más duros públicamente. “Nos sorprende semejante delegación de facultades porque no estamos atravesando una crisis como la que se inició en 2001. Quieren llevarse facultades hasta prácticamente desguazar al Congreso. Además, advertimos que, en muchos casos, las pretendidas cesiones de algunas facultades establecidas en el proyecto de ley rayan la inconstitucionalidad”, sostuvo el radical cordobés. Sus declaraciones fueron luego del encuentro que un grupo de legisladores de JpC (diputados y senadores) mantuvo con Hernán Lacunza, el ex ministro de economía bonaerense y del gobierno de Cambiemos en la última etapa de su gestión, que ya había derrapado en lo económico con el endeudamiento externo.
La Coalición Cívica anunció desde un principio que no daría quórum para debatir la emergencia. “No vamos a habilitar y delegar ningún tipo de poderes especiales que destruyan la Constitución, el Congreso y facultades que son propias de la Cámara de Diputados”, habían admitido en off, ya temprano. Minutos después su jefe de bancada, Maximiliano Ferraro, posteó la frase en su cuenta de Twitter.
El interbloque lavagnista también se reunió con el candidato a vice, el salteño Juan Manuel Urtubey, para analizar el proyecto. Tras el encuentro, Urtubey reprodujo en las redes sociales la opinión que vertió ante los diputados: “El Gobierno Nacional debe contar con las herramientas necesarias para afrontar esta crisis”. Pero en el interbloque que conduce Eduardo “Bali” Bucca todavía hay dudas sobre algunos temas como las retenciones a los derechos de exportación. En tanto, el interbloque (UFD) que conduce el mendocino José Luis Ramón, dijo que darán el debate en el plenario y en el recinto. Aunque volvió a insistir en “ponerle un plazo razonable a las emergencias” y la “participación de la provincias” en las resoluciones de la crisis.
Por la tarde-noche el interbloque de JpC volvió a reunirse en medio de un clima caldeado y posiciones encontradas en el anexo de la Cámara baja. Los más belicosos impusieron el no dar quórum a la sesión, donde previamente jurarían una veintena de diputados que reemplazarán a los legisladores oficialistas que emigraron al Ejecutivo Nacional. Si se concreta esta estrategia, el macrismo impedirá que el FdT consiga el quórum para sesionar. Algunos advirtieron que “nunca” los diputados se habían negado a permitir el juramento de sus pares elegidos democráticamente. Fue entonces que ganó terreno el argumento reglamentario de intentar bloquear el debate, sin tener en cuenta que durante sus cuatro años de oficialistas, Cambiemos nunca respetó esa interpretación parlamentaria y apuró proyectos en sesiones especiales.
Del otro lado de Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, los senadores de JpC –alineados con una postura más cercana a los gobernadores radicales– plantearon públicamente que darían quórum a una convocatoria para este viernes, en una Cámara mucho más apegada a las cuestiones parlamentarias.
El juez Canicoba Corral ordenó allanar la sede central
Sospechas sobre Carrió: allanamiento en la AFIP
Se investiga la actividad de dos funcionarios vinculados a Elisa Carrió, que habrían filtrado datos protegidos por el secreto fiscal.
Por Irina Hauser
El informe de la anterior administración de la AFIP no conformó al juez.
Imagen: Guadalupe Lombardo
Imagen: Guadalupe Lombardo
Por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral, la Policía Federal allanó la sede central de la AFIP para constatar si hubo fuga de información sensible de bases de datos del organismo con fines de espionaje ilegal. La medida fue dispuesta como parte de un legajo donde se investiga la actividad de dos funcionarios del organismo vinculados a Elisa Carrió, Jaime Mecikovsky y Norberto Sosa, sospechados de filtrar datos protegidos por el secreto fiscal. La causa madre es la que intenta reconstruir maniobras para espiar los movimientos de jueces, fiscales y políticos a través del registro de la Dirección Nacional de Migraciones. El tramo que atañe a la AFIP, también tendría como víctimas a figuras públicas y empresarios. En total habría cerca de 70 víctimas hasta ahora en el expediente. Los dos funcionarios de la AFIP fueron desplazados de sus cargos, pero siguen siendo empleados de planta. Actualmente se tomaron vacaciones.
Canicoba Corral dispuso el procedimiento en el ente recaudador, hoy a cargo de Mercedes Marcó del Pont, porque no lo conformó el informe que el organismo presentó en noviembre último –cuando aún era dirigido por Leandro Cuccioli— donde intentaba desligar a Mecikovsky y Sosa. El dato sobre la presunta participación de estos dos funcionarios surgió en el programa ADN, que emite el canal C5N, donde incluso se señaló entre las posibles víctimas de la filtración de información fiscal a Mirtha Legrand, Susana Giménez, Jorge Lanata, el líder sindical Hugo Moyano, el empresario Angelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri) y el fallecido Franco Macri. La Policía secuestró ayer dos computadoras personales e información contenida en otros dispositivos que será analizada por el juzgado, según informaron a Página/12 allegados a la investigación.
En los inicios de la investigación se detectó la recolección sospechosa de dato sobre entradas y salidas del país de 22 jueces y juezas federales, en su mayoría de Comodoro Py, además de dos integrantes de la Corte Suprema, que son Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Con el devenir de la pesquisa, la Dirección de Migraciones detectó accesos irregulares a su base de datos para conocer información sobre 28 jueces y 4 fiscales más de todo el país.
Lo mismo ocurrió respecto de siete gobernadores de distintas fuerzas políticas, dos diputados y un senador. El mecanismo de búsqueda de datos detectó que fue canalizado desde distintas reparticiones públicas, fuerzas de seguridad (Policía Federal, porteña, Gendarmería) pero también AFIP, Aduana, Unidad de Información Financiera (UIF), la Procuración General y áreas del Poder Judicial. En algunos casos se pudo detectar quiénes fueron las personas o el usuario que se utilizó para las consultas, pero nadie ofrece una explicación que justifique la búsqueda de esa información. Salvo algunas excepciones, no aparecen causas judiciales ni investigaciones administrativas que lo justifiquen, al menos hasta el momento.
El área más reticente a colaborar con la causa ha sido la Unidad de Información Financiera (UIF). El juez aguarda aún información de otros órganos que pueda ayudar a detectar si hubo un modus operandi o alguna dependencia que centralizara el espionaje en cuestión. También pidió informes al Registro de la Propiedad Automotor, al de la Propiedad Inmueble, a Veraz y a Nosis.
Como en otras investigaciones en danza –como el caso de espionaje que tramita en Dolores, donde el fiscal Juan Bidone está procesado por búsquedas de información de Migraciones que le daba al falso abogado Marcelo D’Alessio- todo hace pensar que el tipo de información rastreada es útil para aprietes y a veces armado de causas. Saber, por ejemplo, con qué frecuencia viaja un juez o jueza o funcionarios, con quién lo hace, en qué períodos. Son todos datos sensibles sobre su vida privada y su nivel de gastos. Todavía no está claro el nivel de coordinación de las operaciones en estudio, aunque sí el modus operandi reiterado.
En relación a los dos hombres de Lilita Carrió en la AFIP, sus nombres ya habían sonado en Comodoro Py cuando, por ejemplo, el ex titular del organismo, Ricardo Echegaray, los vinculó con causas en su contra. El ex titular de la DGI, Angel Toninelli, había denunciado a Sosa por falso testimonio, a raíz de que lo involucró en la supuesta protección a Lázaro Báez. La AFIP, en el esquema que tuvo durante el Gobierno de Mauricio Macri, está en el centro de las sospechas por varios tipos de operaciones, como las que apuntaron a los dueños de los medios del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Fuente:Pagina12
El gobierno busca frenar definitivamente los tarifazos e intervenir al ENRE y al ENARGAS
Además, intentará renegociar la Revisión Tarifaria Integral. Estas medidas están incluidas en la batería de reformas que propone el proyecto de Ley de Emergencia Económica que el oficialismo envió al Congreso.
Por Jonathan Raed - @JRaed
17 de Diciembre de 2019
El congelamiento de tarifas fue una de las promesas de campaña de Alberto Fernández. Una semana después de la asunción, los tarifazos son uno de los principales tópicos del proyecto de Ley de Emergencia Económica que el oficialismo envió al Congreso.
En el texto, que declara la emergencia pública en distintos aspectos, el apartado B del Artículo 2 propone reglar con “criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva”, además de “reordenar el funcionamiento de los entes reguladores”.
Sobre el primer punto, no profundiza sobre cómo se hará efectiva esa equidad y sustentabilidad, aunque sí especifica que se faculta al Ejecutivo a “iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario” con un plazo máximo de seis meses, con el fin de lograr “una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020”.
El documento deja en claro también dos aspectos importantes: la marcha atrás del traspaso de Edenor y Edesur a Ciudad y Provincia de Buenos Aires; y la intervención de los organismos de control federales, que son el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas), por un año.
Sobre el primer punto, también queda sin efecto la creación de nuevos organismos de control y tanto Edenor como Edesur continuarán bajo la órbita del ENRE.
Tanto el ENRE como el ENARGAS son entes autárquicos. Durante la gestión Macri, las direcciones de ambos entes fueron duramente criticadas por las organizaciones de defensa al consumidor. “Es poner al lobo a cuidar el gallinero”, graficó Osvaldo Bassano al momento de la designación de Andrés Chambouleyrón como presidente del ENRE, a principios de 2018.
Bassano, presidente de la Asociación por la Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), expresó a Tiempo su lectura del proyecto. “Es una excelente noticia para los consumidores. Es una forma de detener la voracidad de los aumentos. Renegociar la Revisión Tarifaria Integral (RTI) es clave porque las facturas son excesivamente caras por el servicio que prestan las empresas”, aseguró.
La RTI fue la herramienta que adoptó el gobierno de Macri para establecer los aumentos de tarifas, que rondaron el 3.000 por ciento durante los 4 años del mandato. Consistió en que las empresas pedían en audiencias públicas un porcentaje de aumento y luego el gobierno decidía si lo otorgaba o no, a través del ENRE y del ENARGAS. En esas audiencias, se permitía también la participación catártica de usuarios y consumidores.
Sobre la intervención del ENRE y del ENARGAS –que despertó polémica por tratarse de entes autárquicos-, Bassano opinó: “Está perfecta la intervención. Quienes están a cargo son empresarios que velan por el bienestar de las empresas. Tienen una infinidad de reclamos no resueltos y también resuelven en contra de los consumidores. Hay que terminar con la corruptela de estos personajes a cargo de estos entes”.
A partir de estas medidas, “hay que pensar detenidamente cuál es el sistema que le conviene al consumidor y al país, no a las empresas”, apuntó el especialista y agregó: “Las diferencias que hay entre los costos de producción y el precio que pagamos los usuarios son astronómicas. Si a las empresas no les gusta, que se vayan”, finalizó.
La carta de intención está escrita y ahora queda en manos del Congreso determinar si los tarifazos energéticos constituyen una medida a sostener o a modificar.
Las cosas del Poder
El texto completo del proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva
Los cinco puntos centrales del texto que declara la Emergencia Económica: jubilaciones, tarifas, impuesto para la compra de dólares y el uso de reservas del Banco Central para afrontar primeros vencimientos de deuda.
Esta mañana ingresó a la Cámara de Diputados el mega proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández que declara la emergencia en varias áreas. Estos son los cinco puntos centrales del texto de 54 páginas.
- Se declara la emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, social y sanitaria.
- Quedan congeladas las tarifas de los servicios públicos por 180 días.
- Se suspenden por 180 días la ley de movilidad jubilatoria. Los aumentos previstos para marzo y junio los definirá el Poder Ejecutivo por decreto y se considerarán los distintos sistemas como si fueran uno único hasta sancionar una nueva fórmula de movilidad.
- Habrá un impuesto sobre la compra de dólares para ahorro, que será del 30%, igual que al de las compras realizadas en el exterior. El 70% del impuesto será destinado a la Anses. Quedan exentos del gravamen quienes compren divisas para importación de bienes necesarios para la producción.
- El gobierno podrá emitir un bono para adquirir las reservas de libre disponibilidad del Banco Central por hasta 4500 millones de dólares.
También podés leer: Guzmán anunció más retenciones a la soja e impuesto a la compra de dólares
El texto completo del proyecto
18.12.2019
DECLARACIONES
Un gobernador radical se diferenció de los diputados de Juntos por el Cambio
Ante la actitud de legisladores del interbloque JxC que no quieren dar quórum para la jura de los que reemplazarían a los diputados oficialistas que se fueron hacia cargos ejecutivos, un mandatario norteño los acusó de “antidemocráticos”. También había manifestado su buena voluntad ante el proyecto de la triple emergencia y el fin del Pacto Fiscal.
Por otra parte, vio con buenos ojos el proyecto que establece la emergencia social, productiva y económica. “Nuestro interbloque de legisladores evalúa el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva ingresado, que tiene capítulos positivos, otros para analizar, aunque ya anticipamos que no se acompañarán superpoderes”, agregó.
En otra línea, valoró la “instancia de diálogo” promovida por el presidente Alberto Fernández en pos de dejar sin efecto el Pacto Fiscal. “Transitamos una instancia de diálogo y consensos. Tenemos la mejor predisposición de acompañar al gobierno nacional con herramientas legales que viabilicen las iniciativas impulsadas para superar la crisis económica actual”, indicó.
Y remarcó que “la suspensión transitoria del Acuerdo Fiscal, generado en 2017, permitirá flexibilizar la política tributaria en las provincias”. “Es un alivio que tendremos durante un año para sostener un proceso de recuperación económica. Impactará en Jujuy con una recaudación de 1000 millones”, enfatizó. Fuente:PoliticaArgentina
Se entregó un dirigente radical acusado de trata de personas
Miércoles 18 de Diciembre
Se trata de Marcelo Uscheroff, quien estaba prófugo de la Justicia y había sido precandidato de Cambiemos a la intendencia de 3 de febrero.
El exprecandidato a intendente de Tres de Febrero por Cambiemos y dirigente de la UCR bonaerense, Marcelo "Locatti" Uscheroff, se entregó a la Justicia luego de estar prófugo desde marzo último por la causa que investiga una red de trata de personas en el barrio porteño de Flores.
Uscheroff es parte de un caso que sigue el juez federal Sebastián Casanello, quien tiene procesados por la misma causa a otras siete personas y que también había librado una orden de detención contra el hijo del político radical.
Durante la investigación, el ministerio de Seguridad había ofrecido un millón de pesos a quienes ofrecieran datos sobre su paradero y el de su hijo.
El exprófugo será indagado como acusado de haber liderado la banda y quien garantizaba el funcionamiento de los prostíbulos a través de sus contactos con la Policía y el poder político.
La causa se inició en 2008 con una denuncia anónima realizada por un supuesto amigo de una de las mujeres explotadas. Pese a esto, Uscheroff fue precandidato a jefe comunal en las PASO que perdió ante el actual intendente, el historiador y periodista Diego Valenzuela.
Los principales imputados como autores del delito son Norberto Gustavo Medina, su hijo Jonathan, Marcelo Gregorio Uscheroff -ex funcionario del municipio de Tres de febrero y expresidente de la UCR de esa misma localidad- y su hijo, Julián Mauricio.
Fuente:Infonews
Los dirigentes podrían tener un fugaz retorno a la Cámara Baja para contrarrestar la polémica maniobra de Juntos por el Cambio para perjudicar al flamante gobierno.
Ante las trabas que pone el interbloque de Juntos por el Cambio para que no sesionen en la Cámara de Diputados y bloquear la ley de Emergencia Pública, un grupo de legisladores del Frente de Todos que tienen la renuncia pendiente por haber pasado a ocupar puestos en el Poder Ejecutivo, podrían volver a sentarse en sus bancas para dar quórum en la sesión especial.
El plan es sencillo: una vez que los legisladores den quórum, se aprobará la renuncia de 15 legisladores oficialistas que la habían presentado hace una semana y se tomará juramento a sus sucesores para así garantizar el funcionamiento del cuerpo legislativo, que el ala dura de la nueva oposición quiere impedir para que no se apruebe el primer proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional.
Los legisladores del peronismo que volverían a Cámara Baja son: Daniel Arroyo, Juan Bahillo, Juan Cabandie, Carlos Castagneto, Sandra Castro, Eduardo "Wado" De Pedro, Victoria Donda Pérez, Fernando Espinoza, Horacio Pietragalla, Alejandra Rodenas, Agustín Rossi, Roberto Salvarezza, Luana Volnovich, Felipe Solá y Laura Alonso.
Los diputados juraron hace una semana como funcionarios nacionales. En la sesión especial de este miércoles, el Congreso trartará de darle tratamiento al proyecto de Ley de Emergencia Pública.
En tanto, según informaron fuentes consultadas a El Destape los legisladores que asumirán como sucesores de los diputados que renuncien serán: Ana Carolina Gaillard, Francisco Guevara, Carlos Heller, María Liliana Schwindt, Nicolás Rodríguez Saa, Juan Carlos Alderete, Mara Brawer, Marcelo Koening, Esteban Bogdanich, Héctor Fernández, María Jimena López, Jorge Sarghini, Federico Fagiolo, Patricia Mounier y Romina Uhrig.
Fuente:ElDestape
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